El pasado 24 de marzo, Soledad Iparragirre, Anboto, histórica exdirigente de ETA, salió de la prisión de Martutene, parapetada tras una gafas de sol y varios allegados que trataban de evitar, sin éxito, una imagen que causó dolor en las víctimas del terrorismo, pero que el Gobierno Vasco enmarca en el camino de la reinserción.

Su salida se ajusta a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el mismo que permite salidas de la cárcel a Garikoitz Azpiazu, Txeroki, otro exjefe de ETA, y que esta semana se ha aplicado también sobre el recluso de la organización terrorista Ángel Tellería. Este artículo no ha sufrido cambios desde 1996, año en el que el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar aprobó la norma.

En la actualidad, algo más de una veintena de presos de ETA disfruta de la flexibilización de su condena por la aplicación del artículo 100.2, según los datos facilitados a EFE por la Asociación de Víctimas del Terrorismo -a la que el Gobierno Vasco notifica todos los casos- y la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, que concreta que son 23 los penados por delitos de terrorismo actualmente en este régimen.

Esta cifra podría ser algo mayor, ya que Etxerat no cuenta a los miembros de ETA arrepentidos que abandonaron o fueron expulsados del colectivo de presos de la organización terrorista (EPPK).

La aplicación de esta vía de reinserción no es nueva ni ha sido iniciada por el Gobierno Vasco, que gestiona las cárceles vascas desde el 1 de octubre de 2021. Muchos presos de ETA se beneficiaron de la medida antes del traspaso de la competencia, incluso antes del final del terrorismo. En la mayoría de los casos reclusos enfermos o que se habían distanciado de ETA.

De hecho, una de las aplicaciones más polémicas de este artículo tuvo lugar en marzo de 2007, cuando Instituciones Penitenciarias se lo concedió a Iñaki de Juana Chaos, quien estaba en huelga de hambre.

Además de Anboto y Txeroki, disfrutan actualmente de ese régimen otros destacados reclusos de ETA como José Ramón Carasatorre, Jon Olarra Guridi y José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri.

Desde el 1 de octubre de 2021, cuando el Gobierno Vasco se hizo con la competencia de prisiones, el Departamento vasco de Justicia ha aplicado el 100.2 a 142 reclusos, de los que 48 estaban vinculados a ETA, según datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno Vasco ha concedido además 2.002 terceros grados, de los que 119 corresponden a 97 presos de ETA (algunos lo han recibido más de una vez al haber sido revocados).

Esta vía de flexibilización ha sido criticada por las asociaciones de víctimas, ya que, para aplicarse, no necesita requisitos específicos exigibles a los condenados por terrorismo y porque se trata de una medida "excepcional", tal y como detalla el reglamento penitenciario.

Las Juntas de Tratamiento proponen la medida, la autoridad penitenciaria -en este caso el Gobierno Vasco- la aprueba y, posteriormente, el juez de vigilancia penitenciaria la avala o no. Para hacerlo puede pedir un informe a la Fiscalía, que puede expresar su postura pero no presentar recurso. En el caso de Anboto, el juez aún no se ha pronunciado.

En el caso de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó a favor del régimen de flexibilización y reveló que este antiguo jefe de ETA había participado en encuentros restaurativos con víctimas del terrorismo, que de forma muy discreta sigue organizando el Gobierno Vasco.

Para la concesión de terceros grados o libertades condicionales, la legislación actual impone condiciones específicas para los presos de ETA o de otras organizaciones terroristas, como la colaboración efectiva con las autoridades, la petición expresa de perdón, y desvinculación de la organización terrorista.

Por este motivo, las organizaciones de víctimas cuestionan la aplicación del 100.2, al entender constituye una vía para eludir estos requisitos y suavizar las condenas de presos de ETA que no se han desvinculado de su pasado terrorista.

El colectivo de víctimas del terrorismo Covite califica esta vía como una "trampa", ya que se emplea "como un atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado".

Por su parte, el Gobierno Vasco alude a la aplicación de la ley y al principio de reinserción que guía su actuación en materia penitenciaria, aunque comprende que las salidas de prisión de destacados militantes de ETA causen dolor a sus víctimas.

Cuando se van a cumplir 15 años del fin del terrorismo, quedan algo más de 120 presos de ETA, la gran mayoría en las tres cárceles vascas. También hay tres en la prisión de Pamplona y dos en Francia.

De todos estos, 102 pertenecen al llamado EPPK y otros 10 abandonaron el colectivo al no estar de acuerdo con su estrategia, por lo que ahora están amparados por la agrupación Tinko, que exige la amnistía total. Fuera de la órbita de estas organizaciones quedan los presos desvinculados totalmente de ETA.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este sábado que, durante los últimos días y con motivo de las fiestas de Navidad, se han celebrado al menos seis actos de apoyo a presos de ETA en el País Vasco y Navarra.

En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Covite critica que "la izquierda abertzale -Sortu y EH Bildu- y sus satélites, como Sare, siguen pidiendo más impunidad para todos los etarras".

"Utilizan las fiestas navideñas para amplificar su mensaje", advierte la asociación de víctimas, que describe y acompaña de imágenes las seis "exhibiciones" públicas de apoyo a presos etarras que ha detectado en los últimos días.

Cita sendos pasacalles con un "Olentzero" y otros personajes de la tradición vasca navideña, junto a carteles en favor de la excarcelación de cuatro reclusos de ETA en las localidades guipuzcoanas de Oiartzun y Villabona.

Covite informa y documenta asimismo una representación de una mesa de Nochebuena con tres sillas vacías en Galdakao (Bizkaia) reivindicando la libertad de otros tantos reclusos y una concentración en el barrio bilbaíno de Santutxu en favor de cuatro más.

Lesaka y Pamplona son los dos municipios navarros en los que también denuncia sendas actividades en las que se reclama la amnistía de tres presos de ETA.

La ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá a los presos etarras descontarse las penas que han cumplido en Francia y adelantar así su salida de prisión, entra en vigor este viernes. Tal y como publicó el Boletín Oficial de Estado (BOE) el pasado 19 de octubre, la norma, que transpone una directiva europea y provocó un fuerte enfrentamiento entre Gobierno y oposición, entra en vigor ahora, de manera que varios terroristas podrán acumular las penas cumplidas en un país europeo y contabilizarlas para salir antes de prisión.

La red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha calculado que 52 presos podrán beneficiarse de la reforma legal, de los cuales 7 podrían salir de prisión antes de que acabe el año. Según sus datos, actualmente hay 140 presos de ETA en cárceles vascas y navarras -en distintos regímenes- más otros 4 en Francia.

Para beneficiarse de la norma, cada preso tendrá, a través de su abogado, que solicitar ante la sala condenatoria -en España, la Audiencia Nacional- que se les aplique la ley para poder salir antes de prisión.

Esta reforma legislativa, sin embargo no aplica para quienes los tribunales ya tuvieron en cuenta el cumplimiento de parte de la pena en Francia. Sería el caso del exjefe de ETA, Francisco Javier García Gaztelu, Txapote. La Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena impuesta por un tribunal francés al acumular sus condenas, de modo que previsiblemente este reforma legal no implicaría su salida de prisión antes de tiempo.

La aprobación de esta ley provocó un duro enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Fue la Asociación de Víctimas de Terrorismo (AVT) la que advirtió de que la norma contenía una enmienda, introducida durante su paso por el Congreso por Sumar, que suprimía un artículo y la disposición adicional que impedía, hasta ahora, que los condenados etarras pudieran descontarse las penas que han cumplido en Francia.

El texto, con dicha enmienda, fue debatido y aprobado por unanimidad en el Congreso y pasó por el Senado sin que ningún grupo introdujera vetos ni enmiendas. Tras ello, el PP acusó al Ejecutivo de incluir "de tapadillo" dicha enmienda y afirmó que apoyó el texto por error, mientras que desde el Ejecutivo defendieron que el PP conocía lo que votaba y que el texto es el mismo que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha anunciado este lunes tras la votación en contra del pleno a la ley de antecedentes penales que permite conmutar penas de prisión en otros países a varios etarras, que entiende ese rechazo por mayoría absoluta como un veto y por ello la devuelve al Congreso, según informa EFE.

Aunque inicialmente se preveía que la norma saliera adelante al haber superado todo el trámite parlamentario previo, que hacía a priori irrelevante la votación de este lunes, la interpretación de Rollán apoyada en un informe de los letrados de la Cámara, supondrá un retraso en su aprobación definitiva.

El presidente del Senado ha informado de esta interpretación sobre el veto al proyecto de ley después de anunciar el resultado de la votación, con 148 votos en contra, que suponen el rechazo por mayoría absoluta, 111 votos a favor y dos abstenciones.

Rollán ha basado esta postura en un informe de la Secretaría General del Senado, fechado el pasado viernes y al que ha tenido acceso EFE, que aduce que un rechazo por mayoría absoluta en el pleno "ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados".

"Ha de entenderse que el pleno del Senado ha vetado el texto", ha afirmado Rollán ante los senadores, enarbolando el artículo 90.2 de la Constitución y el 106 del Reglamento de la cámara, tras el debate de un proyecto de ley que no había recibido enmiendas ni vetos.

La posibilidad de devolver el texto al Congreso no ha sido mencionada en ningún momento del debate previo a la votación de este lunes.

El informe de los letrados, solicitado por Rollán, señala que "no existen precedentes comparables", pues en anteriores tramitaciones hubo vetos que fueron rechazados o enmiendas aprobadas, mientras que "en el presente caso, la voluntad inequívoca y única de la Cámara es la del rechazo frontal y global en votación final del conjunto del proyecto por mayoría absoluta".

Y eso, argumentan los letrados, es la naturaleza jurídica de un veto: el "rechazo frontal y global de un texto en votación final y de conjunto", aun cuando "no se haya presentado este formalmente". Fuentes del Senado indican que Rollán solicitó este informe, emitido el pasado viernes, al detectar un vacío en el reglamento.

El movimiento hecho por el presidente del Senado ha llegado después de varios días en los que el Partido Popular ha trasladado que la única vía para frenar esta reforma legal era que el Gobierno retirase el proyecto de ley, una posibilidad que el Ejecutivo tiene siempre hasta el fin del trámite parlamentario.

En los últimos días Vox ha instado tanto a la Mesa del Senado como a Rollán a buscar una fórmula jurídica para introducir enmiendas pese a que el plazo hubiese terminado, pero en sus propuestas no se incluía esta interpretación del resultado de la votación que ha sido empleada.

La senadora del PP María del Mar Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en 1997 Miguel Ángel Blanco, ha sido la encargada de defender el voto en contra en una intervención en la que ha pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Blanco ha cargado contra el Gobierno y el PSOE por no retirar la "infamia" de la ley y por lo que considera una "maniobra oculta y calculada" para colar "de manera cobarde y miserable una enmienda para liberar a terroristas sanguinarios".

Ha mencionado a Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, condenado por el asesinato de su hermano, del que ha dicho que mencionar su nombre le "repugna" y ha afeado que Sánchez no tiene problema de beneficiarle para seguir pagando el "alto precio" del alquiler de la Moncloa, pese a que esta reforma no afectará a este exjefe de ETA porque la Audiencia Nacional ya tuvo en cuenta en 2014 la pena de un tribunal francés.

La senadora del PSOE Elena Diego ha calificado de "espectáculo lamentable" la actuación del PP y ha reclamado un debate "sin insultos, sin carteles y con el máximo respeto a las reglas del juego democrático parlamentario". Ha acusado al PP de colocar a todo el país en la preocupación y en la confrontación y de crear "una realidad paralela" al inventar un nuevo relato y afirmar que han sido engañados, al tiempo que le ha censurado de que, con su mayoría absoluta, haya retrasado el debate. 

La Audiencia Nacional presentó el pasado diciembre una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que ese órgano analice el encaje con el derecho europeo de la ley que impide el reconocimiento en España de las sentencias dictadas contra los presos de ETA en Francia. Se trata de la misma norma que el Congreso, con el apoyo del PP, pretende reformar para permitir a ese colectivo—y a cualquier ciudadano español que haya sido condenado en otro Estado de la UE— la convalidación de las condenas en otros países miembros. El PP, que apoyó inicialmente la modificación, pretende ahora obligar al Gobierno a retirarla y le acusa de engañarle y "colarle" la iniciativa, pese a que sus diputados que apoyaron el texto han asegurado que sabían lo que hacían al votar a favor. El hecho de que haya una cuestión prejudicial pendiente de resolución en el TJUE sitúa a España ante el riesgo de que el tribunal europeo anule la norma dando un fuerte tirón de orejas por el incumplimiento de derechos fundamentales y principios penales básicos.

La cuestión prejudicial de la sección segunda de la Audiencia se presentó el pasado 4 de diciembre de 2023 durante el proceso abierto contra la dirigente de ETA Soledad Iparragirre, Anboto. Los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y María Fernanda García, absolvieron a la jefa de la banda por considerar que los hechos por los que había sido juzgada en España, ya habían sido condenados en Francia, donde Iparragirre había cumplido una condena de 20 años y había desarrollado toda su actividad criminal. Pero el Supremo anuló la sentencia de la Audiencia al considerar que los hechos por los que había sido sentenciada en el país vecino no eran los mismos que se juzgaban en España y le ordenó redactar una nueva. Antes de hacerlo, la Audiencia decidió presentar la cuestión al tribunal de Luxemburgo.

En su escrito, los magistrados recuerdan que tanto el ordenamiento español como el europeo prohíben que una persona pueda ser juzgada dos veces por los mismos hechos, lo que en el argot jurídico se conoce como el principio de non bis in idem. Pero también advierten de que, en caso de tener que condenar a Anboto tal y como les ordenó el Supremo, a la dirigente se le aplicaría una pena en España cuyo cumplimiento efectivo máximo sería de 30 años. Esos 30 años, sumados a los 20 ya cumplidos en Francia antes de su entrega a las autoridades españolas, supondrían que Iparragirre pasaría un total de 50 años en prisión, un tiempo muy superior al de 30 años que el Código Penal español establece para su caso. El rigor del castigo superaría incluso a la aplicación de la prisión permanente revisable, la pena más alta en nuestro país que, sin embargo, permite su revisión tras 25 años entre rejas.

En la cuestión prejudicial, los magistrados españoles se quejan de que la ley que traspuso la directiva europea de 2008 que implica el reconocimiento de las sentencias dictadas en otros países de la UE impide de facto ese reconocimiento. Sobre la prohibición de condenar dos veces unos mismos hechos en España y Francia, la Audiencia advierte "serias dudas" sobre la posibilidad de apreciarla "de atenernos a la regulación contenida en el ordenamiento español", que excluye, según el escrito, "cualquier efecto de las sentencias anteriores dictadas por tribunales de otros Estados miembros". Es decir, que la ley que ahora el PP defiende a toda costa y cuya reforma quiere frenar, impide los objetivos de la directiva europea que traspuso. La sala invoca otro principio básico en derecho penal, la proporcionalidad de las penas, al advertir de la dureza del castigo que se verían obligados a imponer a la etarra que, en total, cumpliría 50 años de cárcel.

La directiva que dio lugar a la ley española que el PP quiere ahora conservar para evitar que a los presos etarras se les descuenten las penas cumplidas en Francia obliga a los Veintisiete a evitar que "el hecho de que, con motivo de un nuevo proceso penal en un Estado miembro, se disponga de información sobre una condena anterior dictado por otro Estado miembro, dé lugar a que el interesado reciba un trato menos favorable que si la condena anterior hubiera sido dictada por un órgano jurisdiccional nacional". En el caso de Anboto, si solo hubiera sido condenada en España, cumpliría un máximo de 30 años, en lugar de los 50 que le podrían conllevar las sentencias de Francia y España conjuntamente.

Esa especial dureza en la respuesta penal hacia los miembros de ETA es, precisamente, lo que el PP trató de preservar durante la tramitación parlamentaria para la trasposición de directiva. Esa norma europea, aprobada en 2008, se tradujo en España en la Ley Orgánica de Intercambio de Información de Antecedentes Penales y Consideración de Resoluciones Judiciales Penales en la Unión Europea, en vigor desde noviembre de 2014. Durante su debate en el Senado, el Grupo Parlamentario del PP introdujo las enmiendas que impiden la convalidación de las condenas de Francia y del resto de países europeos. En su motivación, los senadores populares argumentaron aspectos técnicos como una mayor concreción y "motivos de seguridad jurídica", según se recoge en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).

Pero las razones reales se distribuyeron a los parlamentarios en un documento interno del partido. En él se hablaba de "la acumulación de condenas cumplidas en Francia" como un "asunto estratégico" por su relación directa con la lucha contra ETA. También se explicaba que las enmiendas habían sido redactadas por "expertos del Ministerio de Justicia y de la Abogacía General del Estado, tras el impulso dado al asunto desde el Ministerio del Interior", que entonces dirigía Jorge Fernández Díaz. En el papel se hablaba del "riesgo de aplicación sistemática de acumulación de condenas en Francia a casi 90 presos de ETA potencialmente afectados, lo que supondría una rebaja considerable de su estancia en prisión (entre 5 y 6 años de media) y en muchos casos su excarcelación anticipada".

Después, enumera lo que denomina "modificaciones de calado". "Las condenas en otros Estados miembros no se aplican para revisar límites de cumplimiento ni condenas ya impuestas en España con anterioridad (etarras condenados en entregas temporales) ni tampoco a las impuestas posteriormente pero por hechos anteriores a la sentencia extranjera (caso más frecuente con miembros de ETA), dice el documento. "Tampoco serán de aplicación, en general, las condenas de otro Estado miembro anteriores al 15 de agosto de 2010", añade. Ese fue el método seguido por el PP para convertir una directiva europea en una nueva norma de excepción contra la banda terrorista.

La tormenta política desatada por el PP tras aprobar el Congreso -con sus propios votos- la reforma que convalida penas cumplidas en Francia a los presos etarras y permite reducir sus condenas, es solo una muestra de la dificultad de las instituciones españolas para superar la legislación de excepción en materia terrorista. Trece años después de su cese de actividades y tras los seis transcurridos desde su disolución unilateral y definitiva, ETA sigue formando parte del debate político español. La utilización del terrorismo de la banda por los partidos de derecha y extrema derecha y las acusaciones a sus adversarios en el Gobierno y en la izquierda en general de actuar a favor de los presos de la desaparecida organización polarizan el debate político y fomentan un populismo punitivo en los medios que hace casi imposible el desmontaje del entramado de reformas penales y penitenciarias sucesivas diseñadas a lo largo de 60 años para acabar con el fenómeno y que han suscitado las críticas de organizaciones como Naciones Unidas y la Unión Europea, que, en algunos casos, las han considerado abusivas por afectar a los derechos fundamentales de los detenidos.

La reforma que ha desatado el pánico en el partido de Alberto Núñez Feijoo deroga una de esas medidas excepcionales aprobadas a lo largo de los últimos años. Para evitar la salida anticipada de los presos de ETA, el Gobierno de Mariano Rajoy impuso en noviembre de 2014 que la convalidación de las sentencias cumplidas en otros países de la UE, recogida en una directiva europea de obligado cumplimiento para España, solo se aplicara a partir de 2010, algo no previsto en la disposición aprobada en Bruselas y que, según expertos penalistas, podría afectar a dos derechos fundamentales de estos reclusos. El primero, la prohibición de ser sancionado en dos ocasiones por la misma conducta. También la obligación de aplicar retroactivamente las disposiciones penales más favorables para el reo. Esa normativa de excepción es la que ahora, tras haber votado a favor de su derogación, el PP quiere mantener a toda costa. Los defensores de estas medidas extraordinarias argumentan que, aunque ETA se haya acabado, sirven para combatir otros tipos de terrorismo, como el islamista. Gran parte de la doctrina apuesta, sin embargo, por su eliminación. Estas son algunas de estas disposiciones de excepción. Varias siguen vigentes a día de hoy.

El régimen general de las detenciones policiales, recogido en la Constitución, establece que esta "no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario" para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, "en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición" del juez. El propio texto constitucional establece una excepción en su artículo 55.2 para los casos de "bandas armadas y elementos terroristas". La norma fundamental estableció que una ley orgánica podría determinar la suspensión de los límites temporales del arresto así como la de los derechos a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones en esos supuestos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal es la que establece un régimen especialmente duro para el arresto en los supuestos de terrorismo. El plazo total que un detenido por estos delitos puede permanecer bajo custodia se extiende 48 horas más, es decir, en lugar de las 72 horas del régimen general, puede extenderse a los cinco días antes de que el imputado comparezca ante el juez.

Esa misma norma establece que la policía pueda solicitar al juez, siempre en esos casos, la incomunicación del detenido, incomunicación que empieza con esa solicitud y antes de que el instructor la autorice. Estar incomunicado supone no poder designar un abogado de confianza y contar únicamente con un defensor de oficio con el que, a diferencia de cualquier otro, tampoco podrá entrevistarse de manera reservada ni acceder a las actuaciones que se han iniciado contra él. Tampoco podrá poner en conocimiento de su familia o de la persona que quiera el hecho de su detención y el lugar en el que se encuentra, como en el régimen aplicado al resto de delitos. El incomunicado solo puede comunicarse con el juez, el fiscal o el médico forense. El régimen fue bendecido por el Tribunal Constitucional en 1987 argumentando que perseguía la defensa de la paz y la seguridad ciudadana protegidos por la norma fundamental. Una investigación del Arateko (defensor del pueblo vasco) indicó que, solo en 2001, la incomunicación se aplicó a más del 96% de los detenidos por terrorismo.

El régimen de incomunicación ha sido denunciado hasta por la Audiencia Nacional –el tribunal del terrorismo– cuya Sala Penal ha llegado a rechazar las declaraciones obtenidas de los detenidos al considerar que se realizan en un "contexto inquisitivo y secreto" que no ofrece garantías procesales. En el caso del diario en euskera Egunkaria, por ejemplo, su exdirector, Martxelo Otamendi, llegó a relatar que, durante los cinco días que permaneció aislado, los agentes lo mantuvieron de pie durante tres días sin dejarle apenas dormir. También le obligaron a hacer ejercicios físicos vestido y desnudo y sufrió vejaciones homófobas, como obligarlo a mantener posturas sexuales durante los interrogatorios. La Audiencia, que absolvió a todos los encausados en 2010, sostuvo que las denuncias de las torturas sufridas por el periodista eran compatibles con los informes que redactó el forense durante el arresto. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó a España por no haber investigado su terrible relato. Ese mismo órgano también obligó al Estado a indemnizar con 30.000 y 50.000 euros a Igor Portu y Mattin Sarasola, los autores del atentado de la T4 de Barajas, por no indagar los supuestos tratos inhumanos y degradantes sufridos durante su detención.

La detención incomunicada también ha sido denunciada por el relator sobre la tortura de Naciones Unidas, que, en 2004, pidió su supresión porque "crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y puede en sí misma constituir una forma de trato cruel o degradante o, incluso tortura". Ese mismo relator recogía entre sus recomendaciones que España garantizara en esos casos "el derecho de acceso a un abogado" al que se pueda consultar "en privado". También el de ser examinado por un médico de su elección, aunque ese examen se haga en presencia de un médico forense. O el de poder informar a los familiares "del hecho y lugar de la detención". Además, reclamaba que todas las declaraciones se grabaran en vídeo y que en las imágenes se identificaran todos los intervinientes en el interrogatorio.

Si el régimen de la detención de los supuestos terroristas ha sido cuestionado tanto en España como a nivel internacional, todavía más se ha criticado en esos ámbitos el régimen penitenciario excepcional al que están sometidos que dificulta especialmente el acceso a la libertad condicional al final de sus condenas así como sus posibilidades de reinserción. Para lograrlo, un preso común debe cumplir tres requisitos: estar clasificado en tercer grado (semilibertad), haber cumplido tres cuartos de su pena y tener buena conducta. Sin embargo, en el caso de los presos por delitos de terrorismo, tanto el acceso a la libertad condicional como al tercer grado penitenciario (la semilibertad) es mucho más complejo.

Además de satisfacer las indemnizaciones contempladas en su condena, se les exige que demuestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas y además que hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como que los informes técnicos acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos legales que la rodean.

Los sucesivos endurecimientos del Código Penal han obligado, además, a que los presos terroristas cumplan íntegramente al menos la mitad de sus condenas para acceder al tercer grado. En el caso de los comunes, la concesión de esa clasificación puede ser decretada por el juez de vigilancia penitenciaria en atención a la buena conducta y a la progresión y evolución del interno. También se imponen requisitos más duros que en el régimen general para los condenados a prisión permanente revisable. Si el delito tuviera la calificación de terrorista no podría acceder al tercer grado hasta pasados 20 años desde que ingresó en prisión. El resto puede hacerlo a los 15 años. El tiempo efectivo entre rejas también es superior en los casos de terrorismo para tener derecho a permisos: 12 años en los terroristas; ocho en el resto.

Más allá de la legislación penal y penitenciaria, los presos de ETA han sido también objeto de una política gubernamental de dispersión por cárceles de todo el país desde los años ochenta, manteniéndolos alejados de su entorno social y familiar. La decisión, mantenida por ejecutivos de distinto signo desde entonces, trataba de evitar que ese colectivo se reforzara entre rejas organizando protestas, huelgas de hambre y otras medidas de presión. El Ministerio del Interior comenzó a poner fin a estas medidas con la llegada de Pedro Sánchez al poder, en 2018. En marzo de 2023 solo una presa, Natividad Jáuregi, permanecía en prisiones fuera del País Vasco o Navarra.

El endurecimiento de las condiciones de cumplimiento de sus condenas también ha tenido origen en algunas resoluciones judiciales controvertidas. Muchos de los condenados de ETA lo fueron con el Código Penal de 1973, el anterior al actualmente vigente desde 1996. Esa norma permitía a todos los reclusos, también a los terroristas, restarse un día de condena por cada dos de trabajo en prisión. Es lo que técnicamente se denominaba "redención de penas por el trabajo".

El cómputo se hacía sobre el tiempo máximo que el recluso podía permanecer en prisión que, con el anterior Código, era de 30 años. Pero en 2006, con ocasión de un recurso presentado por el sanguinario terrorista Henri Parot, el Tribunal Supremo decidió que la redención de penas por el trabajo debía calcularse por el total de la condena y no por el tiempo que efectivamente el recluso debía permanecer encarcelado. Es decir, si había sido condenado a 200 años, era sobre esa cifra sobre la que había que empezar a restar días, en lugar de los 30 de cumplimiento máximo. La sentencia supuso la práctica abolición de la redención y la imposibilidad de que los presos etarras se acogieran a ella para salir antes.

La doctrina Parot fue derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2013, lo que obligó a excarcelar en los años posteriores a al menos 63 presos de ETA. El tribunal concluyó que, mediante su sentencia, los magistrados del alto tribunal habían creado una pena nueva no prevista, lo que vulneraba el principio de seguridad jurídica contemplado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que también recoge la Constitución.

El Código Penal da una amplia lista de delitos que pueden ser considerados terroristas. Para serlo, los que los perpetran deben seguir alguna de estas finalidades: subvertir el orden constitucional o desestabilizar gravemente las instituciones, alterar gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. El problema es que, dentro del catálogo, se castigan con penas importantes delitos que, sin esas finalidades, tendrían un reproche mucho menor.

Un ejemplo de ellos son los desórdenes públicos. Mientras que en el régimen general están castigados con entre seis meses y tres años de prisión, en el caso de que se hagan con las finalidades terroristas, son castigados con cuatro años y medio de cárcel. El motivo de penalizar de manera tan grave esa conducta cuando se cometa con las finalidades terroristas que contempla el Código, fue la lucha contra lo que se denominó kale borroka, "terrorismo callejero" o "terrorismo de baja intensidad". Gran parte de la academia duda que este tipo de disturbios, dependiendo de los fines con que se ejecuten, puedan ser castigados de manera más agravada. El catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Ignacio Muñagorri, por ejemplo, considera que deberían volver al catálogo de delitos comunes y salir del ámbito del terrorismo para evitar la "intensa funcionalidad punitiva y criminalizadora" que conlleva esto último, como escribió en un artículo publicado en 2014.

El terrorismo también se ha ampliado a otros comportamientos que tienen que ver con la libertad de expresión. El delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, por ejemplo, ha servido para criminalizar y procesar manifestaciones artísticas, como las de los raperos Pablo Hasél o Valtònyc. También publicaciones en redes sociales, como las del exlíder del grupo Def con Dos, César Strawberry, o los tuits del exconcejal madrileño Guillermo Zapata. El enaltecimiento no implica la incitación a cometer delitos, sino simplemente "una apología genérica". "Se está castigando con una pena nada liviana [hasta tres años de prisión] conductas que, en realidad, están muy cercanas a la libertad de expresión, tan cerca de la libertad de expresión que la pena resulta manifiestamente desproporcionada", asegura la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón María Luisa Cuerda Arnau en su artículo Delitos de terrorismo. Aspectos sustantivos y procesales. En cuanto a la modalidad de humillación a las víctimas, la profesora aboga por sacar el delito del Código Penal para que se depuren en el ámbito civil mediante procesos sobre el derecho al honor en los que las víctimas del terrorismo que se sientan menospreciadas o humilladas puedan reclamar una indemnización.

Una reforma legal del Gobierno de Pedro Sánchez ha acabado generando una crisis dentro del Partido Popular, que ha tenido que pedir perdón por su "error injustificable", en palabras de su líder, Alberto Núñez Feijóo. El motivo es que el pasado 18 de septiembre su formación votó a favor de la norma del Gobierno sin advertir —según insisten desde la formación conservadora— de que convalidaba las penas de presos que han cumplido condena fuera de España. Es más, el diputado del PP que intervino en el debate, José Manuel Velasco, reprochó al Gobierno que el texto no se aprobara antes. "Es una directiva que debería haber sido traspuesta hace dos años".

Lo que pasó desapercibido, hasta que El Confidencial lo publicó, es que la norma permitirá convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron en Francia, lo que beneficiaría a unos 40 presos etarras, de los cuales 23 fueron condenados con delitos de sangre, entre los que se encuentran Francisco Javier García Gaztelu, alias Txapote. Es decir, el PP —al igual que Vox, que también votó a favor— habría contribuido al excarcelamiento del dirigente de ETA, utilizado recurrentemente, especialmente en la campaña del 28M, para atacar al Gobierno de Sánchez.

Tras conocerse las consecuencias de la reforma la reacción inicial del PP fue decir que se trataba de "un error generalizado" en palabras de su portavoz nacional, Borja Sémper, que trató de echar balones fuera y culpó al Gobierno de haber "adulterado" el proceso legislativo a base de "artimañas" y "subterfugios". "Nos preocupa mucho esta jugarreta que ha hecho el Gobierno para posibilitar que presos etarras muy sanguinarios puedan salir de la cárcel sin cumplir con sus penas impuestas en España. Vamos a hacer todo lo posible por impedirlo", señaló Semper.

Por lo pronto, el PP retiró este martes de la orden del día en el Senado la votación final de la normativa, aunque la Cámara Alta no tiene instrumentos legales para frenar la ley y deberá pronunciarse antes del 14 de octubre. Conscientes de que no hay forma de pararla — la formación de Feijóo, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, tampoco reparó en estas consecuencias durante su trámite en esa Cámara— los conservadores han reclamado al Gobierno que la retire, una posibilidad que el Ejecutivo ya ha descartado.

Así se lo ha trasladado el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra en una conversación telefónica. Según fuentes gubernamentales Bolaños reprochó a la número dos del PP su "cambio de opinión" sobre la norma. "Todos estos textos eran públicos y sobradamente conocidos: es imposible que el PP no los conociera y, por lo tanto, es exclusivamente a este partido a quien le corresponde dar las explicaciones pertinentes por su cambio de opinión", señalan desde el Gobierno.

El PP ha tratado de defender, tanto en público como en privado, que su voto afirmativo se produjo como fruto del desconocimiento —por culpa del trámite de urgencia y la falta de informes preceptivos, que sin embargo no hubieran alterado el resultado final— tras incluir Sumar una enmienda para eliminar la disposición adicional que incluyó en 2014 el PP, con el Gobierno de Mariano Rajoy a la cabeza, para limitar el efecto de la reforma y limitarla a los condenados después del 15 de agosto de 2010, lo que dejaba fuera a algunos de los terroristas de ETA.

Sin embargo, lo cierto es que los tres diputados del Grupo Parlamentario Popular que participaron en la reunión de la Ponencia de la reforma firmaron haber "estudiado con todo detenimiento" la reforma que beneficia a los presos de ETA, y todas "las enmiendas presentadas". Tal y como adelantó El Mundo, en el acta de la ponencia los diputados María Jesús Moro, José Manuel Velasco y Rafael Benigno afirman que conocían la iniciativa y las enmiendas presentadas, al igual que los dos ponentes de Vox, Emilio Jesús del Valle y Pedro Fernández. Todos ellos han puesto sus cargos a disposición de la dirección, pero ni PP ni Vox la ha aceptado.

Aunque el PP está tratando de situar toda la responsabilidad en el Gobierno central, lo cierto es que de puertas hacia dentro en el grupo parlamentario se palpa el malestar tras lo ocurrido. El portavoz y responsable del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, ha eludido tomar medidas tras el error. "Hoy no se trata de depurar responsabilidades, sino de buscar soluciones", afirmó a preguntas de los periodistas. Sin embargo, dentro del partido hay quien sí considera necesario que se identifique de manera clara a los responsables y Tellado es uno de los nombres a los que se dirigen las miradas.

Además de situar el foco en los tres ponentes, con especial énfasis en Moro por su rol de portavoz del PP en la Comisión de Justicia, dentro del partido también se mira hacia Esteban González Pons, vicesecretario general de Asuntos Institucionales del PP y hombre fuerte de Feijóo en el Parlamento Europeo. Las fuentes consultadas por infoLibre dentro de la formación conservadora creen que Pons debería haberse implicado al ser también responsable de los temas de Justicia, si bien también destacan que su sede operativa es más Bruselas que Madrid.

"Corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez paralizar esta ignominia y dejar de hacer concesiones a los herederos de la banda terrorista a cambio de permanecer en el poder", señalaba el vicesecretario del PP a través de X. "Con esta treta parlamentaria, la bajeza moral de Sánchez y sus socios ha rebasado todos los límites éticos", zanjaba, insistiendo en que el voto afirmativo del PP se debió a una "treta" pese a que las actas indican lo contrario. El europarlamentario ya ha estado en otras ocasiones en el centro de la polémica. La última vez tras acusar al Gobierno de ser "cómplice" del golpe de Estado de Nicolás Maduro.

A todo eso se suma la presión interna de dirigentes como Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña lo calificó este martes como "un error gravísimo por parte de la oposición", si bien matizó que "al menos se está intentando solventar". Y añadió que el Gobierno "está colaborando diariamente con el entorno de ETA" para "dejar a España totalmente indefensa". La líder del PP madrileño también afirmó que la banda terrorista "está más viva que nunca" más de una década después de que la organización dejase de representar una amenaza para la seguridad de nadie.

El hecho de que el PP haya entornado el 'mea culpa' y el propio Feijóo llamara a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, para disculparse "personalmente" por lo ocurrido se debe a que quieren evitar que se produzca una reacción en su contra como sucedió durante el Gobierno de Mariano Rajoy, como explican fuentes de la formación a este periódico. "Ya tuvimos nuestros problemas y no queremos repetirlos", señalan. Feijóo busca mantener esas relaciones con la AVT pero igrnora a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que lamentó que todos los partidos "son responsables" de lo ocurrido.

Las relaciones entre la AVT y el Partido Popular sufrieron un bache en octubre de 2013, cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo tumbó la 'doctrina Parot'. Por aquellas fechas, la asociación que presidía Ángeles Pedraza convocó una concentración, en la madrileña Plaza de Colón, contra la sentencia europea. Y, tras un arduo debate interno en las filas conservadoras sobre la conveniencia o no de acudir a un acto que se les podía volver en contra, la dirección nacional decidió que acudieran en representación del partido los vicesecretarios Esteban González Pons, Carlos Floriano y Javier Arenas.

Presencia gubernamental no hubo. El por entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya había advertido con insistencia de que no cabía recurso alguno contra la sentencia que derivó en la excarcelación de etarras, entre ellos Josu Uribetxeberria Bolinaga, autor del secuestro de Ortega Lara. Como el PP se había temido, la cita se les volvió en contra. Y, gran parte de los cánticos y las pancartas fueron dirigidos contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Gran parte de los asistentes en nombre de la dirección nacional del partido fueron insultados.

La asociación lamentaba haber sido utilizada con fines electoralistas. "Las víctimas del terrorismos queremos dejar de ser el instrumento que se utiliza para la obtención de votos y a las que se deja tiradas sin contemplaciones cuando dejamos de ser rentables", rezaba el comunicado de la asociación, que se sentía "abandonada" por el " peor ministro del Interior de la historia de la democracia", en referencia a Jorge Fernández Díaz.

El fiscal de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación de ongi etorris -actos de homenaje- a presos de ETA ha recurrido la decisión del magistrado Manuel García Castellón de prorrogar la instrucción para ampliar la investigación a chats presuntamente administrados por Sortu en los que se impartirían directrices e instrucciones sobre cuestiones relacionadas con presos y fugados porque no encuentra delito en los mismos y son ajenos a la investigación. En once páginas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal Carlos García Berro indica a la Sala de lo Penal que la decisión del juez "dista mucho de ser ajustada a derecho" y recuerda que el propio magistrado ya en octubre de 2023 consideró "finalizada la instrucción".

Dado que la decisión de prórroga fue adoptada por el juez en enero a raíz de un escrito de Dignidad y Justicia (DyJ), el fiscal se detiene en los argumentos de la asociación de víctimas y explica que los hechos a los que hace mención son "completamente ajenos a la instrucción" y que sólo se refiere como única diligencia de instrucción que restaba por practicar "al libramiento de mandamiento judicial a la compañía Telegram para que informara sobre la titularidad de canales así como la identificación de los administradores de los mismos".

El Ministerio Público acusa a DyJ de pretender realizar "una suerte de inquisición general contra todo aquel relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA, sin que exista apariencia delictiva en las conductas que se exponen". Cabe recordar que García Berro pidió al juez que acordase el procesamiento de los etarras Antón López Ruiz, alias 'Kubati', Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, 'Pipe', el de los dirigentes de Sortu Haimar Altuna y Oihana Garmendia, así como la miembro de 'Kalera Kalera' Oihana San Vicente.

La asociación de víctimas, sin embargo, pidió al magistrado que diese marcha atrás a su decisión de cerrar la investigación y siguiese adelante con la misma al considerarlo una decisión prematura. El magistrado, que coincide en este punto, señala que del análisis de los dispositivos informáticos de Eguilaz y San Epifanio se desprenden una serie de indicios. En uno de los chats administrados por Sortu, Eguilaz recibiría según el juez "abundante información sobre actos y movilizaciones y mensajes sobre la puesta en libertad de los presos de la organización terrorista ETA, que después eran difundidos por organizaciones como Etxerat o la revista Kalera.info".

"En dicho canal se publican directrices e instrucciones relativas a la actividad en determinados ámbitos, y la aplicación posterior de dichas directrices por parte de los medios de difusión de Sortu", sostenía el magistrado. El juez, además, también ponía el foco en un canal de Telegram, que estaría administrado por la red ciudadana Sare.

El fiscal, que combate esta ampliación de la investigación, defiende que "en ningún caso podrán ser acordadas la práctica" de nuevas diligencias porque han sido solicitadas fuera del plazo, subraya que lo que se investiga son esos actos de homenaje a etarras a su regreso o por su fallecimiento, y fija que lo que se ha investigado es una "organización criminal de carácter no terrorista (...) que tiene por objeto la comisión de hechos constitutivos de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento de los que han participado en actos terroristas".

Matiza que "descartado el delito de enaltecimiento del terrorismo, habría un delito de enaltecimiento del terrorista y de humillación a las víctimas (...), figuras más cercanas al delito de odio" por lo que se estaría "ante un supuesto de ausencia de potencialidad de generar un riesgo real dada la ausencia de terrorismo de ETA por disolución de la banda".

Una vez fijada su posición sobre lo que considera que debe abarcar la investigación, el fiscal analiza los chats de Telegram y el uso dado de los mismos por el investigado Sáez de Eguilaz. Resalta que de uno de ellos denominado sortu - herritmoa bizitu, del que el instructor considera necesario saber la identidad de los administradores, ya existe un informe de la Guardia Civil que aclara que lo administra Sortu y que "la información pretendida es perfectamente inútil" porque las noticias de excarcelaciones "afluían por muy distintos canales".

Destaca además, en contra del criterio de García Castellón, que en ese chat "ni se imparten directrices e instrucciones ni la actividad desplegada en dicho medio de comunicación social es constitutiva de actividad criminal de ningún género", por lo que apunta que en caso de ser investigado se estaría "incurriendo en una investigación prospectiva". Recuerda que esos canales de Telegram son unidireccionales y por tanto no permiten interacciones con los suscriptores, por lo que el hecho de que un suscriptor reciba un mensaje no presupone interacción alguna. E indica que es el caso de Sáez de Eguiluz que en septiembre de 2020 recibió un mensaje en el que se decía 'el preso vasco Rufino Arriaga natural de Ordizia en libertad tras 23 años en prisión'.

"¿Dónde se quiere ver aquí la impartición de una directriz o de una instrucción?, ¿qué actividad de apariencia delictiva se quiere ver en esta publicación?, ¿qué conexión se ansía ver en una publicación abierta con la organización criminal objeto de imputación?", se pregunta el fiscal. Tras esto, explica que en el canal de Telegram de Sare tampoco "se atisba indicio de criminalidad alguno ni tampoco se intuye qué relación pudiera existir, más allá del mero voluntarismo, con la organización criminal que es objeto de imputación".

Sobre los mensajes en el canal al que estaba suscrito San Epifanio, otro de los investigados, y en concreto el de BarneKorm -"Comité Interno" de Sortu- relativo a la detención de Josu Ternera, el fiscal recuerda que el objeto de la causa es la organización criminal Kalera Kalera, dirigida a la organización de los ongi etorris, es decir, los actos de homenaje a los presos de la banda terrorista ETA cuando salen de prisión, pero no cuando ingresan. El fiscal usa el mismo argumento para los mensajes relacionados con otras detenciones e insiste que "puede haber instrucciones y directrices, pero orientadas a concentraciones totalmente ajenas a los ongi etorris".

Tras esto, el fiscal ataca la petición de Dignidad y Justicia de que se tome declaración como imputados al parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, al exconsejero de Justicia vasco Joseba Azcárraga, al etarra Jorge García Sertucha y al abogado Txema Matanzas porque se piden en base a un informe que lleva unido a las actuaciones cerca de dos años. "Más que una cuestión referida al tiempo del estudio de lo instruido parece una cuestión referida a acompasar la instrucción a los tiempos", lamenta.

Por último, sobre el bloque de mensajes que comprenderían comunicaciones de alguno de ellos con responsables de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, el fiscal recuerda que Dignidad y Justicia no explica qué delitos podrían encontrarse" en las mismas.

"No se aprecia atisbo alguno de prevaricación, es decir, de dictado de resoluciones arbitrarias a conciencia de su injusticia, toda vez que todas la cuestiones relacionadas con la política penitenciaria a las que se hacen referencia (progresiones en grado, permisos, excarcelaciones, etc) están sujetas al control del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria con intervención del Ministerio Fiscal", añade. Así, descarta la prevaricación y además también la revelación de secretos "puesto que no hay secreto alguno que revelar".

El juez de Vigilancia Penitenciaria ha revocado los terceros grados concedidos el pasado mes de mayo por el Gobierno vasco a los presos de ETA Iñaki Bilbao Gaubeka y Gorka Martínez Ahedo por la falta de un perdón expreso a las víctimas de sus delitos.

De esta forma, el magistrado José Luis Castro estima los recursos presentados por la Fiscalía contra el régimen de semilibertad acordado el 18 de mayo para ambos etarras, según dos autos a los que ha tenido acceso Europa Press.

En el caso de Martínez Ahedo, condenado por asesinato y por intentar matar en cinco ocasiones al expresidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, "no existe manifestación de perdón a las víctimas de su actividad delictiva".

El juez explica que las victimas "ni siquiera" se referencian en el escrito que Matínez Ahedo remitió el pasado 20 de abril, donde manifiesta un "reconocimiento sincero como víctimas" tanto de las personas asesinadas como de sus familias.

"Deseo presentar mis condolencias y disculpas a todas las personas a las que he causado daño (...) Puedo asegurarles que lamento en lo más profundo no haberlo hecho antes en términos tan explícitos, lo que considero un error", sostiene el preso de ETA.

Aunque el juez no duda de la "sinceridad" de las "reflexiones" de Martínez Ahedo, recuerda que la ley exige como "requisito" para la concesión del tercer grado una "petición expresa de perdón a las víctimas" del delito.

Además, Castro apunta que el etarra solo ha abonado 160 euros de los más de 343.000 que le corresponden en concepto de responsabilidad civil. "Es evidente que la cantidad satisfecha no cumple mínimamente ese requisito legal", resuelve.

Con todo, entiende que con Martínez Ahedo "debe potenciarse la vía tratamental", concretamente valorando que se le incluya en el programa de justicia restaurativa "para poder observar un posicionamiento real y efectivo frente a las víctimas de sus delitos, que actualmente no se aprecia".

En la misma línea se expresa en relación a Bilbao Gaubeka, condenado por los delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y estragos —hizo seguimientos para atentar contra el ex consejero de Interior Juan María Atutxa y el presidente del PP en Euskadi, Carlos Iturgaiz— y por un delito de terrorismo cometido en el seno de organizaciones criminales.

El juez indica igualmente que, aunque observa "datos positivos" sobre Bilbao Gaubeka, en su escrito del pasado 21 de abril "no personaliza su posicionamiento frente a aquellas personas sobre las que atentó", a pesar de que su informe psicológico muestra que "existe una empatía hacia las víctimas".

Castro subraya que, si bien "reconoce el dolor y el daño causado por la organización terrorista y por él mismo; señala un 'sincero reconocimiento' a las víctimas que les permita, en lo posible, atenuar el sufrimiento generado; y rechaza medios violentos", no es suficiente para pasar a tercer grado.

Valora, sin embargo, que Bilbao Gaubeka "cuenta con elementos positivos o factores de adaptación, como es la antigüedad de los hechos delictivos, el avanzado estado de cumplimiento de la condena y la cancelación de sanciones".

Asimismo, destaca que "su comportamiento es bueno y adaptado a la normativa penitenciaria". En este sentido, detalla que trabaja como "auxiliar de biblioteca" y que su relación con el personal penitenciario "es correcta y educada" y tampoco tiene problemas con el resto de los internos.

Tanto Martínez Ahedo como Bilbao Gaubeka se han visto beneficiados por los últimos acercamientos. El primero pasó de la cárcel de A Lama (Pontevedra) a El Dueso (Cantabria) y el segundo fue trasladado desde el centro penitenciario de Zuera, en Zaragoza, a la cárcel de Basauri (Bizkaia).

La Audiencia Nacional ha considerado que el perdón "no es en absoluto un requisito legal" para conceder el permiso a un preso de ETA; en este caso, a Gorka Loran Lafourcade, miembro de la organización terrorista que cumple pena en el Centro Penitenciario de Araba.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal han indicado que el hecho de que no conste un escrito del etarra "manifestando su arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas no es en absoluto un requisito legal" para que obtenga un permiso penitenciario, según informa Europa Press.

Según ha precisado el tribunal la redacción de una carta en la que pida perdón a las víctimas solo permite una "única posible valoración admisible en este momento" y es "a título puramente indicativo (no como obligación) de una buena evolución penitenciaria, lo que también es deducible de otros elementos".

Así consta en un auto de 3 de junio en la que el tribunal además ha subrayado que "no aparecen víctimas concretas" de la actividad delincuencial de Loran, "ya que no fue condenado por ninguna muerte ni lesión a persona alguna, sino por la colocación de artefacto explosivo que no llegó a explotar, siendo calificados los hechos de tentativa de asesinato".

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Ricardo De Prada, se ha estimado el recurso que presentó la defensa del etarra contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciara de denegarle un permiso ordinario de salida aprobado por la Junta de Tratamiento en septiembre de 2021.

Así las cosas, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado la negativa y ha considerado pertinente conceder el permiso a Loran. Según ha señalado el tribunal, dicho permiso tiene como fin "la preparación para la vida en libertad, dado el estado de cumplimiento de la condena y próximo horizonte de libertad".

El borrador de dictamen de la misión europea sobre los crímenes de ETA sin resolver recoge propuestas como que los posibles beneficios penitenciarios para presos de la banda terrorista sean supeditados a la colaboración con la Justicia o que los delitos no puedan prescribir al ser considerados de lesa humanidad.

El texto, consultado por Europa Press, incluye las propuestas de la delegación de eurodiputados que visitó España durante varios días el pasado mes de noviembre. Ya entonces explicaron que su compromiso era publicar un informe que atendiera a las demandas de colectivos de víctimas que se quejaban de los beneficios sin colaboración previa con la Justicia, los homenajes públicos conocidos como "ongi etorri" o la negativa de algunos países a extraditar etarras huidos.

El borrador de informe fue enviado a los miembros de la misión —que tuvieron hasta el 4 de febrero para aportar sugerencias—, por lo que el texto resultante se elevará el 14 de marzo, abriendo un plazo de enmiendas que desembocará en el voto en comisión, previsto para el 20 de abril.

La misión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo viajó a España por petición de la asociación Dignidad y Justicia, y durante su estancia en España se reunieron con colectivos de víctimas y miembros de la judicatura y fuerzas de seguridad. Entre los españoles estaban Dolors Montserrat (PP), Maite Pagazaurtundua (Cs), Jorge Buxadé (Vox) o Cristina Maestre (PSOE).

Dentro de las conclusiones se insta a las instituciones competentes a que los privilegios penitenciarios que puedan concederse a los condenados por terrorismo estén vinculados a su cooperación en la resolución judicial de los más de 300 crímenes de ETA sin condena, entendiendo que lo anterior sería la demostración de un "verdadero arrepentimiento".

En el borrador se aboga por que todas las instituciones competentes eviten la "exaltación pública" de los terroristas condenados a su salida de prisión, los conocidos como ongi etorri, así como prevenir la humillación de las víctimas de ETA dentro de futuras reformas legislativas.

Sobre los más de 300 crímenes de ETA sin condena judicial instan a propiciar una investigación con datos actualizados haciendo partícipe de ello al Ministerio Público y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, más allá de si se trata de delitos prescritos. El objetivo sería que todas las víctimas sean informadas del resultado de tales investigaciones, aunque no desembocaran en reproche penal.

En este sentido, incluyen cambios en el Código Penal que refuerce la posibilidad de condenar a los dirigentes de ETA por ser "instigadores" de los atentados terroristas, así como llamar desde las instituciones europeas a que los países miembros cooperen en los mandamientos sobre prófugos de la justicia española.

La violencia de género se ha consolidado como tercer delito entre los 47.351 presos de las cárceles españolas al representar el 9,8%, por detrás de los internos que cumplen condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (34,6%) y los de contra la salud pública (18,6%).

Según el avance de la estadística de 2021 de Instituciones Penitenciarias, consultada por Europa Press, el 92,8% de los internos en las cárceles españolas son hombres, frente al 7,2% de mujeres. El 15,7% (7.422 presos) son internos preventivos, diez puntos menos que la media europea, sobre una población estabilizada con respecto al dato de cierre de 2020.

En el balance de 2020 ya se reflejaba el peso de la violencia de género dentro de la población reclusa. Instituciones Penitenciarias informó de que, además de condenados a penas de cárcel, había gestionado cerca de 63.000 nuevos mandamientos judiciales para el cumplimiento de penas y medidas alternativas a la prisión, la inmensa mayoría condenados a Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) o a someterse a programas de tratamiento para evitar el ingreso en prisión.

Más de 23.000 penados lo fueron por delitos de violencia de género, de los que más de 6.000 se sometieron al PRIA-MA, el programa específico para esa tipología delictiva. El segundo delito más común en condenas no privativas de libertad era en 2020 el delito contra la seguridad vial, con cerca de 19.000 penados.

En el avance de la estadística de 2021 se recogen los datos de todas las prisiones españolas, excluidas las de Cataluña -que contabiliza más de 7.000 internos-. A partir del 1 de octubre de 2021 se ha ejecutado también la transferencia en materia penitenciaria a favor del Gobierno del País Vasco, aunque en este ejercicio sí se incluye la población reclusa de esta comunidad autónoma, donde hay casi 1.300 internos, 81 de ellos presos de la banda terrorista ETA.

Los cumplimientos de condena y la política de acercamientos de presos de ETA impulsada con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno a mediados de 2018 ha rebajado a 107 el número de internos de la banda terrorista en cárceles de la Administración General del Estado regentadas por la institución dependiente del Ministerio del Interior, de los 183 que cumplen condena en España.

Por su parte, el terrorismo de corte yihadista en todas sus variantes contabiliza 102 presos en las cárceles regentadas por Instituciones Penitenciarias. Solo en 2021 hubo 40 detenidos en 23 operaciones policiales, según datos del Ministerio del Interior.

Es decir, al cierre del año la cifra de internos por yihadismo en cárceles bajo supervisión del organismo del Ministerio del Interior es similar a los de ETA, un colectivo que llegó a sumar más de 700 presos cuando la banda terrorista estaba activa.

A lo largo de 2021 se han aprobado ocho terceros grados para presos de ETA y otros seis han obtenido la libertad condicional por mediación judicial. Además, ha habido diez licenciamientos definitivos por cumplimiento de condena. Además, hay otros 16 condenados por vínculos con el GRAPO y seis lo hacen por el terrorismo gallego.

En el avance de la estadística de Instituciones Penitenciarias figuran otros datos, alguno objeto de polémica por las críticas de sindicatos como las agresiones a funcionarios. Hasta noviembre de 2021 se han contabilizado 142 agresiones, frente a las 176 en todo 2020 y las 223 en 2019. En comparecencias parlamentarias se recordó que en 2017 se contabilizaron 305 agresiones, el doble que hasta noviembre del presente año.

Concretamente, en una comparecencia en el Congreso el pasado mes de octubre, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, aportó otros datos como que en la actualidad está cubierta el 88,91% de la plantilla y que el 11% restante se hará cuando se complete la oferta de 2020 y 2021, que suma 2.193 plazas.

Pese a las críticas por las concesiones de terceros grados, sobre todo tras asesinar un interno en libertad condicional a un niño en La Rioja, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la eficacia de las medidas de reinserción penitenciaria. "El grado de civilización se mide por el trato a sus presos y la conclusión es que estamos en el buen camino", señaló en noviembre al recoger un premio del Colegio de Abogados de Madrid.

Instituciones Penitenciarias alude al Informe Space del Consejo de Europa para defender otros datos como que la ocupación de las cárceles españolas es del 68,5%, frente a la media europea del 86,6%. También recuerda que la condena media para el 25,4% de los internos es de entre cinco y diez años, frente a los doce meses y tres años de condena del 21,9% de la media europea.

Alrededor de 200 manifestaciones celebradas en diferentes localidades de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra han reclamado, este sábado, el fin de la "política de excepción" para los presos de ETA, convocadas por la red ciudadana Sare. La marcha central, en Bilbao, ha contado con la presencia de representantes de formaciones nacionalistas catalanas, que se ha sumado a organizaciones vascas como EH Bildu, Podemos, ELA, LAB, CCOO y UGT, según informa Europa Press.

Este año, la "gran manifestación" por los "derechos de los presos" que suele acoger a capital vizcaína en enero en Bilbao, ha tenido transformarse, por la elevadísima incidencia del covid y su variante ómicron, y dividirse en diversas manifestaciones en las tres capitales vascas y de Navarra, así como un número importante de localidades de ambas Comunidades Autónomas.

La manifestación en Bilbao, a la que se han adherido representantes de EH Bildu y Elkarrekin Podemos y de los sindicatos ELA, LAB, UGT, CCOO, Steilas, ESK, Etxalde, HIRU, CGT, CNT y ENHE, y ha contado con el apoyo de BNG, ERC, Junts, CUP, ANC, Omnium y Consell per la República, ha partido a las 17.00 horas de la Plaza Moyúa.

Entre gritos reclamando la vuelta de los presos "a casa" y la ruptura de las cárceles, la marcha ha estado encabezada por familiares de presos de ETA alienados en filas, a los que seguía una gran pancarta con el lema 'Bidean' (en camino).

A mitad de recorrido, el portavoz de Sare, Joseba Azkarraga, ha valorado la jornada y ha apostado por poner fin a la actual política penitenciaria de excepción, "avanzando hacia espacios de convivencia". "Es difícilmente entendible que diez años después de la decisión de ETA de abandonar su actividad violenta se arrastre una política penitenciaria de excepción, con el 50% de los presos fuera de las cárceles de Euskal Herria y con un bloqueo en las progresiones de grado", ha criticado.

Por otro lado, ha advertido que si en el presente año 2022 no se consigue poner fin a "esta vulneración de derechos", se estará ante un "fracaso colectivo".

Respecto a la ausencia del PNV en las manifestaciones de este sábado, Azkarraga ha recordado que la formación jeltzale "no suele participar" en las movilizaciones, aunque sí lo ha hecho horas antes en los actos del Palacio Euskalduna. "Respeto absoluto a su decisión", ha añadido.

Por otro lado, y cuestionado por el hecho de que la formación nacionalista se haya mostrado partidaria de una "negociación política" para acabar con la "excepcionalidad" sobre los presos de ETA frente a las movilizaciones, Azkarraga ha afirmado que "los gobiernos y los estados no se mueven por voluntad propia".

"Hay que moverlos y se les mueve desde la calle. Todo es compatible. Nosotros no sustituimos con una movilización la labor política de los gobiernos o de los partidos, somos complementarios con esa labor política", ha justificado.

La manifestación de Bilbao ha concluido en el Ayuntamiento, donde Sare ha leído un comunicado en el que ha reiterado sus reivindicaciones y han defendido que todos los presos de ETA deberían estar "en Euskal Herria". "Tanto por razones de derecho como porque tras la transferencia de la competencia de prisiones cabe un seguimiento positivo y humanitario conforme a las pautas de comportamiento respetuosas con la legalidad que la sociedad vasca se ha dado a sí misma", han expresado.

Tras incidir en que hace 100 días que fue transferida la competencia de prisiones, Sare ha sostenido que siguen "a la espera de que nuevos criterios de actuación tendentes a la aplicación de una política penitenciaria humanizada y respetuosa con la legalidad se conviertan en realidad".

Asimismo, han criticado que el Estado español, "que ha tardado 45 años en sacar a un dictador de su mausoleo y que no investigó ni purgó los miles de crímenes del franquismo y posfranquismo, sigue empecinado en la impunidad de millares de crímenes de lesa humanidad, mirando solo hacia un lado y alentando el fantasma de que ETA sigue viva".

Por último, han argumentado que no reclaman privilegio alguno, sino justicia, algo que "solo se podrá conseguir si los ámbitos político, sindical y social vasco avanzan de manera coordinada". "Estamos reivindicando Derechos Humanos. No estamos ante reivindicaciones políticas. Su defensa nos compete como ciudadanía porque no se puede construir una sociedad reconciliada sobre una base punitiva injusta y vengativa", han finalizado.

Los actos de la jornada se han iniciado esta mañana en el Palacio Euskalduna de Bilbao con una mesa redonda en la que han participado Rosa Lluch, hija del exministro socialista Ernest Lluch; Naiara Zamarreño, hija del concejal del PP asesinado por ETA en Rentería Manuel Zamarreño; Robert Manrique, víctima del atentado de Hipercor de ETA en Barcelona; Maider García, hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL en Hendaya (Francia), e Idoia Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, muerto cuando se encontraba detenido por la Guardia Civil en la Comandancia de San Sebastián.

En el debate, Naiara Zamarreño ha valorado los "pasos" de la izquierda abertzale respecto a las víctimas de ETA pero les ha pedido que sean "más firmes" ante los ongi etorri. "Cuando veo esos recibimiento, duele", ha dicho. Además, la hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por los GAL, ha asegurado que "todas son iguales" y ha pedido "un reconocimiento, para poder avanzar".

Respecto a la reclamación de "derechos" para los presos de ETA, Robert Manrique ha dicho no tener "ningún inconveniente", si "la normativa permite el acercamiento de los delincuentes terroristas a su sitio de origen", mientras Maider García ha afirmado que los reclusos "también tiene unos derechos".

Naiara Zamarreño ha defendido la progresión de grado "cuando hayan cumplido los requisitos de buen comportamiento", aunque ha reclamado la condena de sus crímenes. También Rosa Lluch cree que se debe aplicar a los presos lo que dictan las normas "sin cambiarlas a media partida" e Idoia Zabalza ha afirmado que "la justicia siempre ayudará a seguir adelante".

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha afirmado que los presos de ETA sufren "vulneraciones de derechos fundamentales" que ninguna sociedad "puede admitir" y ha confiado en que 2022 sea el año en que se consoliden las condiciones para "poder hablar de reconciliación y normalización de la vida política y social en Euskal Herria", según informa Europa Press.

La red ciudadana Sare de apoyo a los presos de ETA ha dado a conocer en redes sociales un vídeo en el que Puigdemont traslada su apoyo a las movilizaciones que se desarrollarán el próximo 8 de enero en varias localidades de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra para reclamar el fin de la "excepcionalidad" que se, en su opinión, aplica a los reclusos de la banda.

Tras afirmar que la movilización de Sare mantiene visible "lo que algunos querrían que fuera invisible", el expresidente catalán denuncia así la "vulneración de derechos fundamentales" que, a su juicio, se da contra los presos y que, "por un motivo u otro, deberían estar gozando de libertad, revisión de grado o de simple acercamiento a sus casas y familias".

"Esto no está pasando y son vulneraciones de derechos fundamentales que ninguna sociedad decente puede admitir y callar cuando se producen", ha añadido.

En este contexto, y tras agradecer a Sare su esfuerzo por "aunar voces plurales" hacia un mensaje internacional en favor de los derechos humanos y fundamentales, Puigdemont afirma que "Euskal Herria es una nación hermana" con la que Cataluña "comparte muchas luchas".

"Me gustaría estar presente para apoyar la movilización, pero tristemente en España hay algo persistente que es el estado de represión, que nada tiene que ver con justicia y nada tiene que ver con el derecho a libertad democrática que queremos para nuestra Europa, la Europa que queremos construir desde los pueblos", ha insistido, para añadir que cuando se "viola, vulnera y amenaza los derechos de las personas no se construye la Europa de pueblos fraternales y libres".

Por último, ha confiado en que 2022 sea el año en que definitivamente se consoliden todas las condiciones "sin excepción" para "poder hablar de reconciliación y de la necesaria normalización de la vida política y social en Euskal Herria".

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha expresado este martes la "condena y rechazo más absoluto" al acto previsto para este viernes en Mondragón (Gipuzkoa) que, entiende el Ejecutivo, es en homenaje a tres miembros de ETA, entre ellos Henri Parot, aunque no ha aclarado si pedirán su prohibición, informa Europa Press.

"Como ya hemos expresado en anteriores ocasiones, nuestra condena y rechazo más absoluto a estos actos que ofenden a las víctimas y que reabren su dolor y su drama", ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, no ha aclarado si el Gobierno utilizará los mecanismos a su alcance para solicitar la prohibición de la manifestación convocada por SARE y que mencionaba a los etarras Henri Parot, Pagoaga Gallastegui, alias Peixoto, y Eugenio Barrutiabengoa, Arbe.

La Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas (APAVT) y Dignidad y Justicia ya han solicitado a la Audiencia Nacional que prohíba la marcha prevista para el próximo 31 de diciembre en Mondragón, al considerar que constituiría un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.

Vox, por otro lado, se ha sumado a estas iniciativas enviando un escrito a la Subdelegación de Gobierno de Gipuzkoa en el que solicita la inmediata cancelación del acto.

Tras la polémica, Sare ha eliminado del cartel de la movilización convocada los nombres de los presos o huidos de ETA para "evitar dolor añadido a ninguna víctima", según ha argumentado, y ha asegurado que el acto no es un homenaje a estos reclusos.

Según ha reivindicado, la convocatoria es un acto de denuncia "contra la política penitenciaria de excepción" que se aplica a estos reclusos.

“¡¡Gritad más, que gritáis poco!! Porque mientras gritáis... ¡no matáis!”, replicaba Ernest Lluch a los militantes de la izquierda abertzale que le increpaban durante un mitin del PSOE en la parte vieja de Donostia. Sucedía en plena tregua de ETA en 1999, apenas un año antes de que la banda le asesinara en el garaje de su casa. “O bombas o votos”, les interpelaba Alfredo Pérez Rubalcaba en 2010 para que decidiesen el camino a seguir, el de la política o la violencia, meses antes de que la organización terrorista pusiese fin definitivamente a sus asesinatos y extorsiones.

El clamor de todas las fuerzas políticas era entonces convencer a la izquierda abertzale de que podía defender sus ideas pacíficamente. Y normalizarse en un sistema político que hasta ese momento le discutía la condición de legalidad. 

Pero una década después, las condiciones parecen haber cambiado. Retirar el apoyo prestado a la violencia y haber contribuido a la disolución de la organización terrorista ya no es suficiente. Otras estipulaciones han ido apareciendo en el horizonte. 

Primero, la exigencia de condena expresa y firme de todos y cada uno de los atentados cometidos por ETA y la solicitud de perdón a las víctimas. Segundo, poner fin a los homenajes y recibimientos públicos de los presos cuando cumplen condena y regresan a sus localidades de origen. Tercero, colaboración para la identificar a los autores de los crímenes que las fuerzas de seguridad y la justicia no han sido capaces de señalar. Y ahora, más recientemente, se empieza a mencionar una cuarta: la retirada de los dirigentes de la coalición que hayan tenido un pasado de militancia o proximidad con ETA.

El listón de los requerimientos ha ido subiendo en la misma medida en que la izquierda abertzale avanzaba, lentamente, en el camino del reconocimiento del daño causado. Primero mediante una declaración oficial, leída el pasado octubre por su máximo líder, Arnaldo Otegi, y después a través de un comunicado de la organización que representa a los presos de la desaparecida ETA en en el que los que antes asesinaban o colaboraban con los crímenes de la banda ahora piden expresamente que ya no se celebren más homenajes ni recibimientos públicos cuando salgan de prisión porque son conscientes del daño que estos actos hacen a las víctimas.

La actual expresión política de la izquierda abertzale, EH Bildu, es una amalgama de siglas que sólo en parte echa raíces en el mundo de Batasuna. El resto tiene, en términos de condena de la violencia, un historial contrastado: desde Eusko Alkartasuna (EA) a Aralar, pasando por Alternatiba. 

Algunos de los diputados en el Congreso que a diario tienen que escuchar cómo los portavoces de la derecha, uno tras otro y jornada tras jornada, les señalan con el dedo y les acusan de defender a ETA, han hecho declaraciones de condena que no dejan lugar a dudas acerca de su rechazo de la violencia. Otros no: es el caso de su portavoz, Mertxe Aizpurua, condenada hace 37 años por apología del terrorismo desde las páginas del semanario Punto y Hora.

Que EH Bildu quiere normalizarse como una fuerza política más no es ninguna novedad. Su objetivo es romper su perímetro político para seguir creciendo en línea con el modelo de Esquerra Republicana de Catalunya: ganar peso con el fin de, cuando llegue el momento, poner sobre la mesa su agenda soberanista. 

Entre tanto, su estrategia pasa por acentuar su perfil social de izquierdas y demostrar su constante disposición al diálogo constructivo. Sus demandas soberanistas apenas si afloran en sus intervenciones en el Congreso, en las que destacan, sobre todo, su agenda de izquierdas y sus propuestas de hondo contenido social. Comparados con la CUP, con el BNG o incluso con Esquerra, la izquierda abertzale ocupa un espacio muy moderado en la Cámara baja.

Un buen ejemplo es que EH Bildu dará su apoyo a los Presupuestos del Gobierno del Pedro Sánchez con muy pocas cosas en su mochila en términos de soberanía y mucho menos de presos: la inclusión de la suspensión del procedimiento de desahucio en la próxima ley de vivienda, la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto y la emisión del canal infantil en euskera ETB-3 en toda Navarra.

Pero el contenido del acuerdo no parece importar a la derecha. PP, Vox y Ciudadanos, como si fueran una sola voz, han utilizado el acuerdo para redoblar la invocación de ETA que llevan haciendo desde el mismo día en que Sánchez ganó la investidura en el Congreso.

La consecuencia es que el debate sobre la normalización de EH Bildu está abierto. Y no es sencillo de resolver. Tiene muchas zonas grises, como ha podido comprobar infoLibre en conversación con expertos que, sobre todo, coinciden en una cosa: no hay discusión desde el punto de vista del derecho. Nada se puede reprochar a EH Bildu en esos términos que impida llegar a acuerdos políticos.

El problema empieza cuando nos adentramos en el terreno de lo moralmente admisible. Del recorrido que queda por transitar a la izquierda abertzale para convertirse en una pieza más del tablero político. O de la conveniencia de estimular ese viaje.

Fernando Flores, profesor de derecho constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València (IDH), se pregunta si hay diferencia entre pactar con EH Bildu y con Vox. “Pactar es una decisión política. Y como tal los partidos lo hacen en virtud de intereses abstractos, de interés general, y otros que tienen que ver más con la oportunidad política”. Y eso le parece lícito.

“La diferencia es que yo veo a Bildu como un grupo que está saliendo de una posición autoritaria y va en dirección hacia la democracia”. “Con todos sus defectos”, subraya. Y que en cambio en Vox ve “a un grupo que lo que está es arrastrando a la derecha hacia una posición autoritaria”. Son “dos caminos que van en direcciones opuestas”. 

A su juicio, es “aceptable y razonable” acompañar el tránsito de Bildu hacia la democracia siempre que se muevan en esas dirección. “Sin embargo, en la otra parte [la de Vox] lo que veo es un alejamiento del espíritu constitucional”. Lo correcto es “atender más a quien parece que tiene interés, con todas sus defectos y limitaciones, en ir hacia una normalización democrática fuera de la violencia”. 

Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, opina lo mismo. “Yo creo que hay elementos para incentivar los acuerdos con la izquierda abertzale siempre que entre en un grado de evolución aceptable de lo que fue su historia pasada”. 

Lo que hay que hacer, opina, es seguir de cerca esta evolución “hasta que llegue el momento en el que se evidencie un cambio de actitud moral completo por parte de sis líderes”. Y “la manera de acompañar esto no es oponerse por principio a cualquier diálogo” con ellos o a tenerlos en “consideración como actores políticos viables”.

Arbós admite que “hay que tomar en cuenta muchos factores” para resolver el dilema sobre la idoneidad o no de EH Bildu como interlocutor válido, entre ellos “el grado de evolución de la izquierda abertzale” y “la posición de las víctimas”. Este último, precisa, “tiene dos dimensiones: por una parte sus propios sentimiento subjetivos al ver a quienes en el pasado habían justificado los atentados entrar en una situación de normalidad, y por otra, la que es más difícil de solucionar, el hecho de que existen todavía muchos casos por resolver”. 

En busca de respuestas, Arbós se remonta al pacto constitucional. Entonces “se produjo un consenso entre sectores que en su momento habían estado enfrentados. Entre torturadores y torturados. Gente que había practicado la lucha armada contra la dictadura” y exdirigentes del régimen de Franco.

“Ahora nos encontramos en una situación distinta en un aspecto que es fundamental: que no estamos hablando de un orden dictatorial sino democrático. Pero yo creo que, aún así, uno de los elementos de la legitimidad del orden constitucional que lo puede reforzar es su capacidad de rehacer el consenso necesario”.

El sistema político, defiende, sale reforzado “si es capaz de generar nuevos consensos en las circunstancias de cada momento”, y eso incluye la posibilidad de reconocer a EH Bildu con una pieza más del tablero. Y advierte: “Más vale que se acompañe la evolución [de la izquierda abertzale] mediante incentivos”. Para “que no se produzca un aislamiento que pueda llevar una cierta regresión”. 

Arbós se declara contrario a los cordones sanitarios, también para la extrema derecha. A pesar de que él, igual que Flores, considera mucho más peligrosa la evolución de los ultras de Vox: “En el caso de la extrema derecha a mí me parece que se está alejando de las bases del orden constitucional mientras que la izquierda abertzale, aunque le falta trecho, se está aproximando a él”. E insiste: “Cordones sanitarios para nadie. Y todo lo que sea acompañar y facilitar la integración en la legitimidad constitucional, yo creo que puede ser útil”.

En esto no está en absoluto de acuerdo Elisa de la Nuez, abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho. “Es evidente que EH Bildu es un partido legal, esto nadie lo discute. ¿Pero hasta qué punto yo puedo tratarlo como hace la izquierda con Vox, que no lo considera un partido ‘normal’ porque es de ultraderecha?”, se pregunta. EH Bildu “es un poco lo mismo. O peor”, añade, “porque está el aspecto de ls crímenes de ETA”.

Flores cree en la utilidad del acompañamiento a la izquierda abertzale, como Arbós, a pesar de los muchos “peros” que pone a la evolución de la izquierda abertzale. Y se refiere en especial a uno que personalmente le parece inaceptable: los recibimientos públicos de expresos. “Yo no soporto los ongi etorris, no puedo con ellos. Una cosa es recibir a alguien en su casa, en privado. De eso no tengo nada que decir. Pero que tú recibas con una banda de música por el pueblo a una persona que ha matado a otras cuyos familiares están ahí yo no lo puedo entender”.

Otra cosa es la utilización que la derecha está haciendo de ETA en el debate público. El director del IDH tiene claro que “Bildu no es ETA y que ETA ya no existe”. Su experiencia personal le hace concluir que el PP —también Vox y Ciudadanos— tiene “una especie de estrategia de comunicación” en este asunto en la que “los escrúpulos” les dan igual. Llegaron a reprochar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que había presos que salían de prisión después de cumplir condena, recuerda. “La verdad les daba igual”.

Lo que revela esa actitud, y ese es el problema, subraya, es que “el PP va a derribar al Gobierno, no a controlar al Gobierno”. Busca el modo de “pegar lo más fuerte posible para que vaya rompiendo y que caiga”. 

Al mismo tiempo, Flores añade a su reflexión la necesidad de poner fin de la dispersión: “Hay una vulneración de derechos en el alejamiento de los presos a estas alturas, No creo que haya un bien jurídico a proteger en materia de seguridad o de orden público que justifique eso”. Lo único que se hace es “daño a sus familiares” y “eso se llama venganza. La venganza no debería tener cabida en el Estado de Derecho”.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, tiene “la impresión de que a estas alturas EH Bildu tiene muy poca relación con el mundo de ETA”. Pero admite que “la figura de Otegi causa recelo”, a pesar de que fue también “clave para que ETA abandonara las armas. Porque era de ellos y era el que mejor lo podía hacer”.

En estos momentos “Otegi tiene”, en su opinión, “un papel muy secundario en la estrategia de EH Bildu. Sigue siendo el símbolo, la persona que dio la cara, que se pasó años en la cárcel por un delito de opinión que después supuso una condena a España en Estrasburgo”. 

Pero dentro de la expresión política de la izquierda abertzale “hay mucha gente”. Y “el sambenito de que son HB [la antigua Herri Batusuna]”, aunque “algo tiene de cierto, a estas alturas creo sinceramente que es muy difícil” de sostener. 

De hecho, Urías asegura que incluso es complicado poner obstáculos morales a los pactos con el EH Bildu. “Es verdad”, admite, que mantiene una posición “tibia” en asuntos como el de los homenajes a expresos, pero “hay que entender que en un proceso de paz puedes exigir mucho, pero llega un momento en el que ellos también tiene una gente a la que no pueden dejar fuera”.

“Cuando EH Bildu pacta con el PSOE”, remarca, “lo que está pasando no es que el PSOE se acerque al terrorismo. Lo que está pasando es que hay grupos que eran muy radicales que se están centrando en negociar y participar en el Estado”. 

“Lo que me parece muy contradictorio es que a esta gente se le pide una cosa, luego otra y cada vez se le pide más”. Y eso es culpa, señala, de los interesados en mantener un clima de polarización, asegura sin mencionar a la derecha: “Les conviene mucho seguir diciendo: ‘¡Terrorista, terrorista, terrorista!”, algo que “hoy tiene poco que ver con la realidad”.

Fernando Flores, por su parte, aunque reconoce que algunos de los pasos dados por la izquierda abertzale le parecen “estupendos”, es de los que creen que “les faltan otros importantes”. Y se refiere de nuevo a los ongi etorris: “En la medida en que de una manera activa cada vez que haya homenajes públicos a etarras ellos estén presentes o no digan nada, ahí hay un problema”.

Tiene “dudas”, además, sobre la continuidad de personas que tuvieron un papel activo cuando ETA existía. “No lo tengo claro”, reconoce. “Por una lado me produce absoluto rechazo, pero por otra parte esas personas lo que han hecho es pagar lo suyo y por tanto tienen que poder tener una vida como la quieran tener”. Pero que esa vida sea sea como representantes de lo público “a mí me produce rechazo”.

Para que se entienda mejor, hace una comparación: a él mismo también le causaba aversión que personas que fueron ministros en gobiernos de Franco se sentasen en el Congreso. “Que determinadas personas del PP hayan estado allí debía haberse evitado”, sostiene. 

Arbós también cree que a EH Bildu le falta camino por recorrer. “Hace falta un reconocimiento más explícito de que el terrorismo fue un error gravísimo de consecuencias dramáticas, un obstáculo a la misma estabilidad democrática de la vida política en España”.

Y, más allá de “aspectos declaratorios”, que en su opinión siempre habría que “afinar mucho para que pudieran ser aceptables para las víctimas”, señala también la necesidad de un relevo. “Hace falta un cambio de liderazgo visible. Tiene que haber finalmente una nueva generación en la izquierda abertzale que aparezca ante la opinión pública como desconectada de las épocas pasadas en las que esta izquierda daba apoyo al terrorismo”. 

“Puede ser injusto, porque todos tenemos derecho a cambiar”, reconoce, “pero esto me parece que es imprescindible. Mientras no haya caras nuevas desconectadas del pasado no estaremos en un escenario en el que se facilite un cambio en la percepción” de lo que EH Bildu representa.

Elisa de la Nuez sostiene que “de la violencia se han beneficiado políticamente el nacionalismo” y EH Bildu y eso “no se ha reconocido en ningún momento, Ahí hay un recorrido que hacer”. Y pone el foco en la cuestión de los homenajes, porque demuestra que “no ha habido una condena de la violencia” ni de sus consecuencias en “el panorama político”.

Homenajes, insiste, no recibimientos privados. “Una cosa es una celebración privada” y otra lo que está pasando, afirma tajante. “¿Cómo no se van a alegrar tu madre y tus amigos” de que salgas de la cárcel? “Pero claro: si tú en esa celebración incluyes un aspecto político, dices que lo que hicieron merece un reconocimiento”.

Los ongi etorris son una “exaltación de los asesinatos”, con todo lo que eso “supone desde el punto de visto de las víctimas”, a las que causa “sufrimiento y humillación adicional”, por no hablar, añade, “de la intimidación” que aplica a “la población que puede no pensar así”. Un homenaje público, recuerda, es algo que se hace a “las personas que son relevantes para la sociedad y que han hecho algo bueno. Esto es el mundo al revés”.

Por eso, añade, le parece “interesante que ahora los homenajes pasen a ser privados”, como han propuesto los propios presos de la desaparecida ETA. “Es evidente que es mejor”, reconoce De la Nuez, pero aunque sean privados siguen suponiendo pensar que quienes los reciben “han hecho algo bueno”. 

“Eso demuestra el problema que tenemos con la falta de reconocimiento y la falta de condena política y moral a lo que ha pasado en el País Vasco” remarca. Que los homenajes dejen de ser públicos “no digo que no es un avance, porque lo es”, pero “el paso que hay que dar es decir que esto no está bien, no estuvo bien en ningún momento”. Y pregunta a EH Bildu, a modo de conclusión: “¿A ustedes les parece mal que sean públicos o que haya homenajes?” 

La secretaria general de la Fundación Hay Derecho también señala el cambio generacional como un tramo esencial del camino que a la izquierda abertzale todavía le queda por recorrer. “Otegi formaba parte de esto. La gente que hizo esto estaba equivocada y por mucho que haya pagado penalmente esto no está bien”.

Hace falta “que las personas que estuvieron en primera fila dejen de estar”. Eso “debería permitir un alejamiento o una visión mucho más despegada”. “Pero no estamos ahí. Hay mucha gente directamente implicada en esto”.

A falta de ver si cumplen con lo comprometido, los ongi etorris, los actos de recibimiento públicos a etarras que vuelven a casa tras cumplir sus sentencias de prisión, pueden haber llegado a su fin, después de que el colectivo de presos EPPK comunicara su deseo de que se desarrollen de forma "privada" y "discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles. A pesar de la lucha que han mantenido las víctimas de ETA por tratar de impedir con antelación la celebración de estos actos, lo cierto es que el difícil encaje legal para prohibirlos ha supuesto en los últimos años un muro de contención que apenas ha evitado que los etarras hayan sido homenajeados, para escarnio y humillación de quienes han perdido a familiares o sufrido en sus propias carnes la violencia terrorista.

Aunque se hayan acabado los atentados de ETA, los recuerdos de la violencia que desplegó la organización a lo largo de más de cuarenta años no son olvidados por quienes más los sufrieron y los homenajes a los presos que obtenían la libertad condicional o algún permiso penitenciario ahondaban en la humillación que sienten las víctimas. Así lo dijo Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en una reciente entrevista: "Es demoledor para las víctimas y para una sociedad sana. No se puede permitir que familias enteras acudan y den el mensaje a las nuevas generaciones de que todo vale, incluso la violencia, porque luego se justifica".

Han sido muchísimos los mensajes que han dirigido las víctimas a la izquierda abertzale, y en particular a Bildu, en los últimos años exigiendo que cesaran los homenajes a los presos de ETA. Sobre todo porque desde la justicia no se han podido frenar este tipo de actos. Fue el pasado mes de octubre, al cumplirse diez años del fin de la violencia terrorista –y más de tres desde que la banda anunció su disolución–, cuando el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirmó que siente "enormemente" el "sufrimiento" de las víctimas y el "daño causado" y que se comprometía a "tratar de mitigarlo", pero sin condenar la actividad etarra. “Queremos trasladarles que sentimos su dolor y afirmamos que nunca debería haberse producido. A nadie puede satisfacer que aquello sucediera. No se debería haber prolongado tanto en el tiempo", dijo.

Unas semanas después, han sido los presos los que han dado el paso. Para las víctimas, sin embargo, no es suficiente. Aunque ven como un "alivio" el anuncio de acabar con los reconocimientos públicos, han replicado también que si de verdad los aproximadamente 200 etarras que quedan en prisión quieren aliviar el sufrimiento causado, deben colaborar con la justicia para tratar de esclarecer los más de 300 crímenes que quedan sin resolver.

Tal y como concluyó esta semana el exlehendakari y diputado socialista Patxi López, el anuncio de los presos es "la victoria de las víctimas" y "la victoria de la presión social que no podía tolerar que esto se estuviera haciendo". En un debate en el Congreso sobre una propuesta de Ciudadanos para prohibir por ley estos homenajes a etarras –que tuvo el apoyo de PP y Vox–, López remarcó que "son los tribunales los que deciden estas cuestiones" y que "lo sabe muy bien el anterior delegado del Gobierno del PP en el País Vasco", quien "se hartó de ir a la vía penal y tuvo éxito cero".

Pero, ¿por qué es muy complicado impedir o perseguir penalmente estos homenajes a presos de ETA?

Desde el año 2000 hay un ilícito en el Código Penal que, por su definición, puede encajar perfectamente en la persecución de los recibimientos a etarras que cada vez se han visto con más frecuencia debido a la finalización de las condenas de muchos terroristas encarcelados en los años ochenta y noventa. Es el enaltecimiento del terrorismo. Su introducción se enmarca en la firma del pacto antiterrorista que firmaron PP y PSOE, los partidos con mayor representación parlamentaria entonces, en medio de una violencia de ETA que no cesaba.

El objeto, regulado en el artículo 578 del Código Penal, es castigar todas aquellas conductas que conlleven "justificación pública" de los delitos terroristas o de "quienes hayan participado en su ejecución", así como la "realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares". La pena que se plantea y que aún sigue vigente en la legislación es de uno a tres años de cárcel y multa de doce a dieciocho meses.

La idea era introducir un delito que no requiere una incitación directa o que exista un peligro real a cometer un determinado acto delictivo, por mucho que pueda ensalzar esa conducta, y he ahí la principal diferencia con el delito de apología, que ya existía en la legislación y que también recogen todos los códigos penales de países europeos del entorno más inmediato. El enaltecimiento del terrorismo, por tanto, no tiene equivalencia en las jurisdicciones penales similares a la española.

Pero una cosa es la teoría y otra, la práctica. Más de veinte años después, este ilícito está ya muy desdibujado en su aplicación –no sólo en el caso de los ongi etorris–, en parte por una jurisprudencia ya más que consolidada que acota los límites de su utilización, en parte por la disolución de ETA y de otras organizaciones terroristas. El conflicto que los distintos casos que han llegado a la justicia ha generado con la libertad de expresión o de reunión y, por tanto, las distintas sentencias absolutorias y la doctrina que se ha impuesto en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ha llevado a una caída de las denuncias y, en consecuencia, a una reducción en la apertura de procedimientos en la Audiencia Nacional.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico explica a infoLibre que la introducción del enaltecimiento del terrorismo en el Código Penal eliminó la garantía de que sólo se pudieran perseguir actos de apología cuando hubiera incitación a cometer actos terroristas y que se percibiese un peligro real. Y lo que ocurre cuando se suprime esa garantía es que se den situaciones que esa garantía quería evitar.

Fue la sentencia del Constitucional de 2016 sobre la condena a Tasio Erkizia la que terminó de poner negro sobre blanco en la aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo. Un año más tarde se publicó la directiva europea relativa a la lucha contra el terrorismo, en la que se dejaba claro que "los delitos de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar gravemente a la población", una conducta que "debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de que puedan cometerse actos terroristas".

Y no sólo en Europa se han pronunciado tribunales e instituciones al respecto. En 2008, el anterior relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, advirtió a España de la imprecisión de la palabra "enaltecimiento", afirmando que "cualquier tipificación de delitos relacionados con la incitación al terrorismo debe incluir los requisitos de una intención de incitar a cometer un delito terrorista, así como la existencia de un riesgo real de que tal delito se cometa como consecuencia".

En los últimos años se han sucedido numerosos recibimientos a etarras que no han encontrado reproche penal por parte de la Audiencia Nacional. Por un lado, porque generalmente el tribunal no ha visto motivo para prohibirlos cuando se anunciaban y, por otro, porque en la investigación que se podía abrir a posteriori los jueces no encontraban suficiente prueba para abrir diligencias. Y es que en muchos homenajes no se ensalza explícitamente la violencia terrorista ejercida por los presos o los asesinatos que hayan cometido, sino que consisten en recibimiento de los vecinos en la calle, aplausos, entrega de flores, banderas, un 'aurresku' y algunos discursos.

En una de las últimas resoluciones dictadas ante la petición de prohibir uno de estos encuentros ante la posibilidad de la comisión de un delito de enaltecimiento del terrorismo, de septiembre de este año, el juez José Luis Calama –reiterando argumentos que ya han invocado sus compañeros de la Audiencia Nacional en otros autos–, afirma que “no existe constancia alguna” que permita afirmar “que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno” e invocaba los derechos de reunión y manifestación y el principio de intervención mínima del Derecho penal para sustentar su decisión.

El tribunal mantiene esta misma postura, con apoyo de la Fiscalía, desde hace unos años: rechaza impedir los homenajes, aunque pide a las fuerzas de seguridad que estén vigilantes ante posibles comportamientos ilícitos. Sin embargo, apenas hay denuncias posteriores y la mayoría de las que ha habido han acabado finalmente en archivo.

No obstante, sí hay una causa abierta actualmente por este delito en el marco de los recibimientos a presos de ETA. Es la que indaga en la organización de los numerosos homenajes que tuvieron lugar entre los años 2016 y 2019 y por la que fueron detenidos varios dirigentes de Sortu y el etarra Anton López Ruiz, alias Kubati, a principios de 2020. Pero hay un matiz con otras causas por este tipo de actos abiertas anteriormente: tanto la Fiscalía como la acusación popular que ejerce la AVT centran sobre todo su estrategia en esta causa en la otra pata de este ilícito, que es la humillación a las víctimas.

Para ello, la AVT entregó al juez instructor un informe sobre el impacto psicológico que producen en las víctimas y sus familiares los actos de recibimiento y homenaje a etarras. Pero fuentes jurídicas consultadas por este periódico admiten que el futuro de esta causa está muy en el aire precisamente por esa jurisprudencia del Constitucional y del Supremo que, a raíz del estudio de las sucesivas causas sobre las que han tenido que pronunciarse, delimita la aplicación del delito regulado en el artículo 578 del Código Penal.

Por eso, la AVT había reclamado el pasado noviembre a todos los grupos parlamentarios, a excepción de EH Bildu, que apoyaran su propuesta de enmienda de modificación del Código Penal para tipificar el delito de humillación a las víctimas del terrorismo como un delito autónomo del de enaltecimiento. En paralelo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha prometido en varias comparecencias parlamentarias aprobar un nuevo régimen sancionador por la vía administrativa –previa reforma de la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo– para luchar contra los homenajes, informa Europa Press.

La medida la supeditaba siempre al informe que tiene que realizar la Unión Europea evaluando el delito de enaltecimiento, ya que quería evitar "disfunciones" a la hora de luchar contra este tipo de "ofensas", vista la interpretación que han hecho los tribunales y los pronunciamientos de instancias internacionales.

El Colectivo de Presos de ETA, EPPK, y el Foro Social Permanente han acordado incluir en "su agenda de trabajo" la cuestión de los "casos sin resolver", aunque los condenados por terrorismo rechazan colaborar con la Justicia, ya que rechazan el "afán de perseguir delaciones, enjuiciamientos y condenas que impidan salir de la noria de la venganza y el sufrimiento".

Según ha informado el Foro Social en un comunicado, su coordinador, Agus Hernán, ha mantenido un encuentro en el centro penitenciario de Logroño con los representantes del colectivo de reclusos Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi. La cita ha supuesto una continuación de la mantenida entre ambas partes el pasado 29 de mayo, cuando llevaron a cabo un balance "de la primera fase del cambio en política penitenciaria", informa Europa Press.

De este modo, uno de los temas abordados ha sido la de los 300 casos sin resolver, cuestión sobre la que el Foro Social ha adoptado el compromiso de estudiar "experiencias internacionales y buscar mecanismos innovadores que sean sanadores para las víctimas".

Tal y como ha anunciado el Foro Social, ambas partes han acordado "incluir en su agenda de trabajo este tema", sobre el que el EPPK ha mostrado "su preocupación por el impulso judicial en la apertura de nuevos sumarios que están afectando tanto a personas presas como a otras que han salido en libertad".

"EPPK entiende que hay que obrar con otra perspectiva ante lo que se viene denominando como casos sin resolver, tanto los provocados por diferentes organizaciones armadas (ETA-pm, ETA-m y Comandos Autónomos Anticapitalistas), como los causados por la denominada guerra sucia, las muertes extrajudiciales y los miles de casos de tortura, hechos todos ellos promovidos o causados directamente por el Estado y sus cuerpos policiales y que se mantienen en una absoluta impunidad", ha afirmado.

Para el EPPK, toda esta realidad debiera ser abordada desde una perspectiva de "resolución de conflictos como definen estándares internacionales dentro de una doctrina de Justicia Transicional", con la creación de una Comisión de la Verdad que persiga "la verdad, el reconocimiento, la reparación y la no repetición".

"En ningún caso con el afán de perseguir delaciones, enjuiciamientos y condenas que impidan salir de la noria de la venganza y el sufrimiento y, al fin y al cabo, alejen el definitivo cierre de las consecuencias derivadas del ciclo de las violencias", ha añadido.

Del mismo modo, durante el encuentro ambas partes han valorado la acogida y las reacciones producidas a la declaración del EPPK realizada el pasado lunes en relación con los conocidos como ongi etorris.

Tras afirmar que ambas partes han venido trabajando en esta cuestión desde 2019, el EPPK ha agradecido la labor de facilitación y la construcción de los consensos necesarios realizada desde el Foro Social Permanente "en torno a la empatía con las víctimas y derecho a recibirles de las familias y personas allegadas".

En este sentido, el Foro Social Permanente considera "relevante" la declaración y una aportación a la convivencia democrática y entiende que, con esta decisión, el EPPK hace "causa común con la mayoría social y política de este país, decidida a dar pasos en la resolución del conjunto de consecuencias del ciclo de violencias".

Por otro lado, ambas partes han abogado por afrontar una solución integral a la cuestión de los presos que, a su juicio, pasa por debates nucleares entre los que están "el traslado definitivo de todas las personas presas a las cárceles de su elección, tanto en la Comunidad Foral Navarra, como en la Comunidad Autónoma Vasca".

También reclaman la "superación de la legalidad de excepción" y aplicación de la legislación ordinaria con el consiguiente derecho al acceso a permisos ordinarios de salida, la progresión penitenciaria al tercer grado y el acceso a la libertad condicional, "en función de los cumplimientos individualizados que dan derecho a ello".

Asimismo, apuestan por la definición de un "plan de reintegración generalizado" que, pilotado desde las instituciones públicas y consensuado con los diferentes agentes, incluidos los presos, permita "el acompañamiento a estas en su itinerario individual de reintegración, tanto en el camino de acceso a la libertad condicional como en la posterior reintegración social y laboral".

"Un itinerario de reintegración que deberá reunir las garantías suficientes de que los pasos dados tendrán recorrido y serán acompañados desde Instituciones Penitenciarias, el Gobierno Vasco y las autoridades competentes, poniendo en marcha los recursos y las políticas coherentes necesarias", han añadido.

Desde las dos partes se subraya que, en lo referente al traslado a cárceles de ambas comunidades, es "urgente y de sentido común", superar la actual etapa transitoria y que se debe avanzar de manera decidida hacia el "escenario definitivo de cumplimiento de penas de todas las personas presas en estos centros penitenciarios".

A su entender, esta etapa transitoria no puede ser "de goteo" y estar supeditada a la "crispación permanente" que genera el debate en Madrid, sino que debe abordarse de manera "decidida, generalizada y urgente".

En la reunión de este viernes se ha realizado, además, un análisis de situación sobre "avances y bloqueos en la fase actual, presiones del lobby, transferencia al Gobierno Vasco en materia penitenciaria, décimo aniversario de Aiete, así como estado de los consensos en este tema en los espacios institucionales, políticos, sindicales y sociales".

El colectivo de presos de ETA, EPPK, ha anunciado su deseo de que los recibimientos a los presos de la banda terrorista excarcelados se desarrollen de forma "privada" y "discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles, según recoge en un comunicado enviado a Gara, que publica en su edición digital y que ha recogido Europa Press.

"A través de este comunicado, EPPK transmite a nuestra familia, amigos y compañeros, y a la sociedad vasca, que quiere que las recepciones que se nos hacen cuando salimos a la calle se desarrollen de manera privada y discreta, siguiendo el camino recorrido en general en los últimos meses", indica el texto.

Asimismo, señala que "ciertos agentes y partidos buscan irresponsablemente el enfrentamiento en lugar de la convivencia". "No queremos alimentar ninguna controversia estéril, de ninguna manera: tenemos la voluntad de actuar constructivamente y ser responsables", asevera.

"No nos daremos por vencidos en el camino que hemos tomado —prosigue—, las excusas de quienes se sienten cómodos en las actitudes más pesimistas son cada vez más evidentes para los ciudadanos vascos, sobre todo a medida que su influencia se desvanece".

Tras recordar que han pasado diez años desde que finalmente terminó la lucha armada, destaca que "quienes quieren impedir la paz y perpetuar la imposición, han buscado bloquear y sabotear cada paso adelante desde entonces, buscando venganza y con la voluntad de imponer una historia falsa que distorsione el conflicto, alimentando la historia de ganadores y perdedores".

Por otro lado, el colectivo de presos reconoce que "hay personas que han expresado honestamente que sienten dolor con la bienvenida del público". "Son personas dañadas por las acciones de nuestra militancia del pasado y entendemos que pueden sentirse heridas", manifiesta.

"Aun aceptando que el preso que sale después de muchos años y muy duras condiciones de prisión tiene derecho a recibir el abrazo de sus familiares, [esas víctimas] han expresado que los actos públicos de recepción les causan dolor. Decimos claramente que nuestro deseo es aliviar todos los sufrimientos y abrir nuevas opciones, curar heridas y fortalecer la convivencia entre los ciudadanos vascos", precisa.

Después de consultar a los presos de ETA, el EPPK considera oportuno que su "alegría de ser libres" sea compartida con quienes les esperan en la puerta misma de la prisión o con quienes les reciben "con discreción". "En el futuro, solo queremos recepciones en un espacio privado entre familiares", añade.

El EPPK sitúa esta decisión como "una contribución individual y colectiva" que hacen los presos de la banda a la "convivencia, la paz y el reconocimiento del sufrimiento ajeno", además del suyo propio y el de sus familiares. El diario Gara publicará este martes el comunicado completo en su versión original, en euskera.

El portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, ha asegurado este martes que su formación está "en la labor" de llevar a cabo medidas que "corrijan" los actos y celebraciones a favor de los presos de ETA tras salir de la cárcel.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Gómez ha condenado los 'ongi etorri' y ha defendido que su grupo parlamentario "siempre" estará "al lado de las víctimas" de la banda terrorista.

En esta línea, ha pedido a los grupos de la oposición no hacer política ni "atacar" al Gobierno con ETA. "Debemos ser consecuentes y maduros. Ver en qué momento nos encontramos, aunar esfuerzos. Mirar al futuro y trabajar con sentido de Estado", ha apuntado.

El portavoz ha respondido así preguntado por el anuncio del colectivo de presos de ETA, EPPK, el cual trasladaba este lunes su deseo de que los recibimientos a los presos de la banda terrorista excarcelados se desarrollen de forma "privada" y "discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles.

Cuestionado sobre si el Gobierno va a reflexionar sobre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la 'ley mordaza', tras la manifestación de policías este sábado, Gómez ha afirmado que se mantienen en una "posición firme".

Asimismo, Gómez ha asegurado que "van a seguir garantizando" la seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la reforma de la ley, al tiempo que ha señalado que, a su juicio, el Gobierno está "fortaleciendo" a los policías con un aumento de plazas y recursos, y una mejora de las condiciones salariales.

Con todo, Gómez ha defendido que la reforma de la 'Ley Mordaza' eliminará los aspectos que "vulneran los derechos y libertades" de los ciudadanos y, en especial, los manifestantes. Y añade que las modificaciones van "en la línea" de las organizaciones internacionales y la mayoría de la ciudadanía, según apunta, reflejada en el Congreso de los Diputados.

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el comunicado del EPPK sobre los homenajes a presos es "bienvenido" porque es "positivo", aunque llegue "tarde" y, en este sentido, ha instado a que "no hagan esperar tanto y den los pasos que tienen que dar". De este modo, ha subrayado que "el nudo gordiano" es "reconocer que ETA no debió existir, que sus acciones causaron un dolor injusto a las víctimas y un daño irreparable" a la sociedad.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale ha considerado "un paso positivo" el comunicado del EPPK difundido este lunes en el que anunciaba su deseo de que los recibimientos a los presos de ETA excarcelados se desarrollen de forma "privada y discreta" cuando lleguen a sus localidades o en la misma salida de las cárceles.

No obstante, ha señalado que, cuando "uno oye estas noticias, por un lado, dice 'qué bien, ya era hora'", pero también se pregunta "por qué hasta ahora no ha sido así" y por qué, en "una cosa que era tan clara", se lleva "sufriendo, discutiendo, generando esa tensión durante los últimos 10, 15, 20 años, haciendo sufrir innecesariamente a quien ya había sufrido mucho".

De este modo, ha indicado que "bienvenido es cuando ha llegado" porque, aunque "sea tarde, está bien", si bien ha pedido que "ese mundo haga una reflexión porque, al final, terminan haciendo lo que deben, lo que pasa es que lo hacen muy tarde".

Según ha manifestado, "con la experiencia de últimos años, dándose cuenta de que al final tienen que hacer lo que la mayoría les pedimos que hagan", no deberían hacer "esperar tanto". "Que den los pasos que tienen que dar. Saben cuáles son, que los den ya, porque eso seguro que abriría un nuevo panorama político en el país", ha subrayado.

En este sentido, ha dicho que hay un paso "muy básico, que es el nudo gordiano", el de "reconocer que ETA no debió existir, que sus acciones causaron un dolor injusto a las víctimas y un daño irreparable a la sociedad, y que eso sirva como vacuna para que ningún vasco nunca más decida coger ese camino".

Por otro lado, ha rechazado las críticas que ha manifestado el PP sobre este asunto relacionándolo con "el pacto Sánchez-Otegi, presos por presupuestos". Andoni Ortuzar ha considerado que "los presos están saliendo porque les toca salir" y ha añadido que en esto hay que ser "equilibrados y, a veces, da la sensación de que el PP necesita este lío para sacar cabeza".

El presidente del PNV ha advertido de que "la política de 2022 no puede ser la de 1998". "Hay que cambiar los ejes y el PP tiene que renovar un poco su parque móvil de argumentario porque, de esta manera, va a seguir yendo en 600", ha concluido.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha valorado positivamente que el colectivo de presos de ETA EPPK afirme que van a renunciar a hacer 'ongi etorris' a los reclusos a su salida de prisión, pero remarca que "no queremos palabras, sino hechos". En este sentido, ha exigido a la izquierda abertzale "no solo que cesen los ongi etorris, sino toda expresión de legitimación y justificación a ETA".

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, les ha reclamado que "dejen de llamar presos políticos a los asesinos de nuestros familiares, que dejen de exigir su impunidad en multitudinarias manifestaciones, que saquen a ETA del espacio público, de las calles de todos y no hagan pintadas, pancartas, de exaltación a ETA, y que dejen de homenajear también a etarras fallecidos".

Para el colectivo, el trabajo que llevan realizando desde 2016 con su Observatorio de la radicalización "ha sido fundamental para vislumbrar y comprender la verdadera dimensión del problema de la radicalización violenta y de los homenajes públicos a quienes pertenecieron a ETA, una realidad que ha existido desde que ETA comenzó a matar, pero de cuya magnitud no éramos conscientes".

De este modo, ha afirmado haber realizado este trabajo de "denuncia pública y penal de los indignos homenajes a etarras prácticamente en soledad" durante varios años, hasta que, en 2019, con dos homenajes que se produjeron en verano de ese año y que "supusieron un boom mediático", toda la sociedad y la clase política "empezó a ser consciente del problema y a denunciarlo también".

Covite ha acusado a la Audiencia Nacional de ser la institución responsable de la "impunidad con la que se ha venido realizando este culto al etarra", ya que hasta ahora "ha archivado todas las denuncias presentadas por el Colectivo por homenajes públicos a etarras a su salida de prisión". Un total de 27 denuncias desde 2016.

"La Audiencia Nacional ha demostrado que no tiene voluntad de aplicar el artículo 578 del Código Penal, que tipifica los delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, como sí lo hacía hasta hace unos años por los mismos hechos que denunciamos últimamente, llegando a condenar a dirigentes de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi o Tasio Erkizia", ha reprochado Ordóñez.

Por otra parte, Covite ha tachado de "cínico" el comunicado del EPPK, ya que en él acusan a las víctimas de "buscar la venganza con voluntad de imponer un relato falaz que distorsione el conflicto", así como "la confrontación en vez de la convivencia".

Consuelo Ordóñez ha calificado de "inaudito" que "después de que llevemos muchísimos años aguantando las humillaciones y provocaciones de la izquierda abertzale, encima nos acusen a las víctimas de querer venganza y de ser un impedimento para la paz y la convivencia".

"Precisamente si hoy disfrutamos de una convivencia en paz y libertad es gracias a que las víctimas nunca nos hemos vengado ni nos hemos tomado la justicia por nuestra mano", ha remarcado.

En este sentido, desde Covite han acusado a la izquierda abertzale de haber hecho esta declaración "por un cálculo estratégico y no por un reflexión ética". "Prueba de ello es que por ahora siguen llamando presos políticos a los etarras a los que supuestamente han renunciado a homenajear y también lo es que se vayan a terminar los 'ongi etorris' sin que EH Bildu los haya condenado expresamente", ha afirmado Ordóñez.

Así, el colectivo ha recordado que hace apenas tres semanas EH Bildu se negó a suscribir una declaración institucional de condena de estos actos en el Parlamento vasco.

"Que nadie espere que ahora les tengamos que dar las gracias por dejar de homenajear públicamente a asesinos y terroristas. Que nos alegremos por ello es una cosa, y otra muy diferente es que tengamos que reconocérselo como un gran gesto por la paz y la convivencia. Es lo mínimo que pueden hacer y llevábamos reclamándolo muchos años", ha subrayado.

En contra de lo que sostiene el PP, en el vídeo difundido por el periódico El CorreoArnaldo Otegi no dice que tenga un acuerdo con el Gobierno para sacar a la calle a los presos de ETA sino que esa es su prioridad. Y que espera encontrar una solución —que sólo será posible con un Gobierno progresista— en los próximos seis años, antes de que “la ultraderecha” gane las elecciones en España. Por eso, razona el líder de EH Bildu en el mismo vídeo, necesita “tiempo”.

El líder de EH Bildu se refiere a los presos en respuesta a una pregunta de uno de los asistentes al coloquio que recoge el vídeo. “Con los presos con condenas más largas”, que son aquellos a quienes se les aplica la reforma del Código Penal de 2003 que garantiza el cumplimento íntegro de las condenas, “la única opción que existe es cambiar la ley”. “Pero para cambiar esa ley”, admite, “nosotros tendríamos que obligar a un Gobierno como este a introducir un cambio legislativo que favorezca a los presos de ETA, con todo lo que eso quiere decir. Esa es la madre de todas las batallas. No descartamos que eso pueda ocurrir”, añade, “pero no tenemos esa certeza”.

Otegi se queja en su intervención de que sectores sindicales y políticos de la izquierda abertzale presionen para que EH Bildu ponga más énfasis en las demandas sociales y en la autodeterminación. “Algunos sectores están haciendo una lectura [de su apoyo a Sánchez] con mucha frivolidad”, señala. Porque hace falta tiempo, concretamente seis años.

“Lo que nosotros queremos es que pasen estos dos años de legislatura y que este Gobierno cumpla otros cuatro años (…) porque necesitamos solucionar el tema de los presos”. “Necesitamos seis años. Y tal vez en esos seis años lo logremos”, aventuró.

Los presos, añadió, “tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos. Sin ningún problema”. Entre otras cosas porque la alternativa, recordó, es “un Gobierno de la ultraderecha”. “Si no tuviéramos 200 presos no actuaríamos del mismo modo con este Gobierno”, admitió. “Ni por el forro. Pero tenemos esta necesidad y ellos”, el Gobierno, “lo saben”.

La izquierda abertzale reconoce que se ha producido un acercamiento de presos a prisiones del País Vasco y Navarra o próximas a ellas, pero no pierde de vista el problema de los condenados que se enfrentan a décadas entre rejas. Esa, cada vez más, es una de las prioridades de Etxerat, la organización que representa a las familias. “Pedimos que se aplique la legislación ordinaria, la misma legislación que se aplica a toda la población reclusa. De una vez por todas se debe terminar con la excepcionalidad”, defienden.

Otegi ha reconocido implícitamente que no todo es unanimidad en las filas de EH Bildu. “La gente tiene que saber” que un paso como la Declaración del Dieciocho de Octubre “es muy difícil que se produzca”. Como también que “en diez años no haya ningún acto de violencia que pueda ser atribuible” a ETA. “Esto no ha pasado en ningún sitio, no ha pasado en Colombia, no ha pasado en Irlanda. Y eso tiene un valor. Nosotros hemos cumplido nuestra palabra”, declaró Otegi el martes a Catalunya Radio.

Y ha habido resistencias dentro de la izquierda abertzale. “Estas cosas son difíciles de hacer. Hay que hacer mucho trabajo interno. No todos están acuerdo con lo que hemos hecho, tampoco en nuestra casa”, admitió el líder de EH Bildu. Hay miembros de la organización que “tienen dudas y gente que, efectivamente, piensa que nosotros damos mucho y otros no dan nada”. “Tenemos la impresión de que nosotros hacemos cosas y ellos ni tan siquiera se han movido”, remarcó.

Rechazo del Gobierno y del PP

A la vista de cómo reaccionaron este miércoles PP y PSOE en el Congreso, la reforma del Código Penal que persigue Otegi tienen pocas posibilidades de llegar a buen puerto. Al menos en el corto y medio plazo. Quizá por eso el líder de EH Bildu pide a los suyos “tiempo” para conseguir una solución.

El presidente del PP, Pablo Casado, reafirmó este miércoles que no tiene la menos intención de contribuir a esa reforma, contradiciendo así las promesas de generosidad que en su día plantearon los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy para el caso de que ETA decidiese disolverse.

Aznar planteó directamente a ETA en 1998 su reinserción en la sociedad vasca, incluyendo en esa solución a los presos, los refugiados y los exiliados. Los negociadores que envió a Suiza para hablar con la organización terrorista tenían el mandato de ofrecer paz por presos: paz por presos:la libertad de los condenados a cambio del final de la violencia.

El propio Aznar se mostró públicamente dispuesto “al perdón y la generosidad” si ETA renunciaba definitivamente a las armas. En una entrevista en Abc, declaró que “merecería la pena hacer el esfuerzo de la generosidad si con ello conseguimos la paz”. Y llegó a decir: “Si los únicos que han sido inflexibles, que han sido inmovilistas, que han sido irracionales, tomasen la decisión de dejar de serlo, de dejar la violencia, yo sabría ser generoso”.

Algo parecido ocurrió en tiempos de Mariano Rajoy, un vez ETA hubiera renunciado definitivamente a las armas. Fue en la primavera de 2012 cuando su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, envió un mensaje nítido a la organización terrorista: “Las leyes, dentro de sus márgenes de discrecionalidad —que no arbitrariedad—, se pueden aplicar de forma distinta con ETA disuelta. ¿Me he explicado? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Cuando ETA deje de existir, la ley podrá aplicarse de otra manera porque habrán desaparecido las causas de esa política”, aseguró al diario El País. Se refería a la ley que ahora Otegi propone reformar.