El plan elaborado hace más de un lustro por el Gobierno de Mariano Rajoy para adelgazar la administración local ha fracasado estrepitosamente. Desde que el Ejecutivo del PP aprobó en 2013 la reforma normativa orientada a disminuir el número de municipios en España, en realidad ha ocurrido lo contrario: ahora existen en España 8.131 municipios, 14 más que hace seis años, según datos oficiales facilitados a infoLibre desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Esa cifra es el resultado de la creación de 16 nuevas localidades tras segregarse de otro municipio, mientras que sólo se produjeron dos fusiones municipales. Estos datos, según los expertos consultados por este diario, demuestran el fracaso de la reforma ideada por el anterior Gobierno. Un plan que no ha funcionado como se esperaba, argumentan, porque está sujeto a la voluntariedad de los municipios y a una política de incentivos que, a tenor de los datos hasta la fecha, se ha demostrado totalmente ineficaz.

El adelgazamiento de las entidades locales era una de las cuestiones que el Ejecutivo conservador comenzó a barruntar nada más alcanzar la Moncloa. En julio de 2012, con la crisis azotando con dureza la economía española, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en el Congreso de los Diputados un amplio paquete de medidas que, entre otras cosas, incluía una voluntad clara de reformar la Administración pública, reduciendo en un 30% el número de concejales en los consistorios en función de los tramos de población. El Ejecutivo calculaba que dicha “racionalización en el número de entidades locales y de sus competencias” le permitiría ahorrarse 10.500 millones de euros, tal y como comunicó entonces a Bruselas en el plan de estabilidad financiera 2012-2015. Con esos mimbres, el Consejo de Ministros dio luz verde en octubre de ese mismo año a la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

En un primer momento, el Gobierno elaboró un primer borrador en el que fusionaba ayuntamientos y colocaba a las localidades menores de 20.000 habitantes bajo jurisdicción de las diputaciones provinciales. El rechazo frontal de los alcaldes obligó al Ejecutivo a revisar de cabo a rabo el plan diseñado. No obstante, el jugoso ahorro que preveía con su medida –7.129 millones entre 2013 y 2015– llevó a la formación conservadora a tirar de su mayoría absoluta en el Congreso para aprobar, en diciembre de 2013 y a pesar de las reticencias de todas las formaciones excepto el PNV, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, una norma que fue en su momento recurrida por la oposición ante el Tribunal Constitucional al considerar que suponía un ataque directo al municipalismo. El texto, aunque no forzaba las fusiones de municipios, incluía “incentivos” para fomentarlas y “mejorar” así la capacidad de gestión de los asuntos públicos.

Catorce municipios más

Pero casi seis años después de la aprobación de la medida, la lista de localidades en España no ha hecho más que engordar. En la actualidad constan inscritos en el Registro de Entidades Locales (REL) 8.131 municipios. Desde el 31 de diciembre de 2012, se han creado en nuestro país hasta 18 localidades nuevas, de las que 16 surgieron tras la segregación de un municipio y sólo 2 se crearon a raíz de una fusión. Teniendo en cuenta que por esta última vía se destruyen dos entidades para crear una sola, puede decirse que desde que se aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local hay 14 municipios más en España. Este crecimiento se apuntaló, sobre todo, en los años 2015 y 2018.. Por el contrario, 2017 fue el ejercicio con menor actividad: ni una sola entidad creada.

En 2013 se crearon Oza-Cesuras (A Coruña) –primera fusión en democracia– y Tiétar (Cáceres) –se segregó de Talayuela–. Les siguieron en 2014 Valderrubio y Dehesas Viejas (ambos en Granada), que se separaron de Pinos Puentes e Iznalloz, respectivamente. Por segregación también se crearon en 2015 otros cinco municipios: Montecorto, Serrato, (ambos en Málaga), Pueblonuevo de Miramontes (Cáceres), Balanegra (Almería) y Játar (Granada). En 2016 nació Domingo Pérez de Granada, que se segregó también de Iznalloz, y Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), la segunda fusión desde que se aprobó la reforma local. Y en 2018, después de un año sin ninguna alteración, se incorporaron al Registro de Entidades Locales otros siete municipios andaluces más: San Martín del Tesorillo (Cádiz) Fuente Carreteros, La Guijarrosa (ambos en Córdoba), Torrenueva Costa y Fornes (ambos en Granada), La Zarza-Perrunal (Huelva) y El Palmar de Troya (Sevilla).

Los nuevos municipios serían uno más ya que la Junta de Andalucía aprobó en principio la creación de Tharsis (Huelva), pero el pasado 10 de enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acordó la suspensión cautelar del decreto de creación.

En definitiva, en los últimos seis años se crearon 14 nuevos municipios en Andalucía y dos en Extremadura, mientras que se redujeron dos en Galicia como consecuencia de sendas fusiones locales.

“Una operación de cirugía de urgencia”

De los 8.131 ayuntamientos existentes, casi 5.000 –más del 60%– tienen menos de un millar de habitantes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para Antonio Calonge, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid, la reforma local no ha conseguido los efectos deseados porque se sostiene sobre la voluntariedad. “Hay reticencias a fusionarse porque la política que se ha seguido tradicionalmente es la del incentivo”, explica el jurista. Entre otras cuestiones, la norma intentaba fomentar estas fusiones estableciendo, entre otras cosas, que la “financiación mínima” que recibirán las localidades que se unan “será la suma de las financiaciones mínimas” que percibían por separado o dando a estos municipios una “preferencia” de cinco años en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones o convenios. Además, introducía cambios normativos para intentar dificultar la creación de nuevas localidades.

Al carácter voluntario de la norma, Calonge añade un segundo factor, de tipo más emocional, que funciona como “una barrera”. “Es una cuestión de sentimientos. Cada uno se siente de su pueblo, y es muy difícil que una medida legislativa pueda romper ese sentimentalismo. De ahí que los gobiernos locales no sean proclives a fusionarse con otros, porque qué alcalde dice a sus vecinos que van a unirse con el pueblo de al lado, que además es tradicionalmente el enemigo”, desarrolla el jurista. El profesor de Derecho Administrativo, no obstante, considera que es necesaria “una operación de cirugía de urgencia” en la administración local. En este sentido, Calonge apunta que tiene que ser “más severa” en unos casos que en otros: “Mientras que en Andalucía los municipios tienen un considerable nivel de población, en Castilla y León la inmensa mayoría son de menos de 500 habitantes”, explica en conversación telefónica con este diario.

De todos modos, añade, esta operación tendría que estar basada en la obligatoriedad. “Es lo que han hecho el resto de Estados de nuestro entorno. Desde Grecia hasta Dinamarca, Suecia o Alemania, todos han hecho unos recortes tremendos en el número de municipios”, recuerda Calonge. Según datos recogidos en 2015 por el jurista en su artículo “La fusión de municipios para la modificación de la planta municipal: una oportunidad perdida”, los mayores tajos se dieron en los países del Norte. Bélgica, por ejemplo, pasó de los 2.669 municipios que tenía a principios de la mitad del siglo pasado a menos de 600 en la década de 1990. En el mismo periodo, Suecia redujo en un 87% el número de localidades. Un 80% los recortó en esa época Dinamarca, que a las puertas de la crisis económica volvió a pegar un nuevo tajo, quedándose con 98 agrupados en cinco regiones. Con motivo del colapso financiero, Grecia también comenzó en 2011 a adelgazar su Administración local, pasando de 1.034 a 325 municipios, en algunos casos a través de agrupaciones voluntarias y, en otros, de fusiones forzosas.

Ciudadanos se olvida de su propuesta

Ciudadanos incluyó en sus programas electorales para las municipales de 2015 y para las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016 la necesidad de promover “la fusión voluntaria de municipios” para “ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios”. “La existencia de más de 8.000 municipios en España está muy por encima de la media en Europa”, argumentaban. Esa propuesta cambió en el programa de Cs para las generales del pasado 28 de abril, donde ya no se hablaba de reducir ayuntamientos, sino de "fortalecer los municipios promoviendo la prestación conjunta de servicios para ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios". De esta forma, la "fusión voluntaria" ser convirtió en "fortalecimiento". No se conoce aún el programa del partido de Rivera para las municipales del próximo 26 de mayo.

Vox también ha puesto sobre la mesa el eterno debate sobre el futuro de las entidades locales. Porque el partido de extrema derecha, además del tajo de enormes dimensiones que pretende dar al sistema fiscal español, también tiene como una de sus medidas prioritarias el adelgazamiento de una administración cuya dimensión actual, según argumenta, supone una “carga” insostenible para las arcas públicas. La propuesta que la formación ha plasmado en su página web, y que se apoya sobre lagunas y algunas mentiras manifiestas, pasa tanto por la eliminación del Senado y las comunidades autónomas como por un recorte importante en los ayuntamientos, donde pretende reducir en un 50% el número de alcaldes y concejales existentes.

Vox no solo quiere pegar un tajo de enormes dimensiones al sistema fiscal español, que probablemente implicaría recortes en los servicios públicos para poder paliar la bajada de la recaudación. El partido ultraderechista también apuesta por reducir muy sensiblemente la administración local, y su propuesta –aseguran– pasa por eliminar "un número aproximado de 81.934 cargos políticos" fusionando municipios y eliminando "organismos públicos locales, asesores y personal de confianza". No obstante, la propuesta se apoya en vaguedades y datos falsos: Vox no ofrece ningún criterio para esta fusión de localidades, y tampoco explica cuánto sería el ahorro total, habida cuenta de que solo el 17% de todos los concejales de España tienen un sueldo por encima del salario mínimo interprofesional anual.

La ultraderecha incluye el adelgazamiento de la administración local como una de sus medidas prioritarias, y argumenta que su dimensión actual es una "carga" insostenible para las arcas públicas. "Los políticos de los partidos que están en el poder quieren seguir en el poder. Los políticos de los partidos que no están en el poder, quieren sustituir a los que están en el poder. Los políticos de Vox, no. Los políticos de Vox quieren librar a los españoles de esa tremenda carga que supone tener que mantener a miles de políticos innecesarios, con todos los gastos que ello conlleva", asegura la formación en su web.

Esta reducción de la administración implicaría la puesta en marcha de dos medidas muy simbólicas: la eliminación del Senado y la de las comunidades autónomas, lo que implicaría acabar con los 266 puestos de senador y con "17 cámaras de representación, con 1.268 políticos autonómicos, más 12.800 cargos ejecutivos de libre designación, cargos en organismos públicos autonómicos, asesores y personal de confianza", apunta Vox. No obstante, el tajo más importante es el que plantea la ultraderecha en los ayuntamientos, donde apuesta por la "reducción del 50% de los alcaldes y concejales existentes". Esta propuesta, según las cifras que ofrece el partido, "afectaría a 34.000 políticos municipales y a más de 33.600 cargos en organismos públicos locales, asesores y personal de confianza".

El problema es que el planteamiento de Vox incluye varias lagunas e inconcreciones, y también algunas mentiras manifiestas. Para empezar, el partido no detalla el criterio que debe seguirse para acabar con la mitad de los alcaldes y concejales que ahora mismo se eligen en España, para lo cual habría que reducir los 8.124 municipios que existen actualmente a 4.062. Como Vox asegura que "por supuesto, no desaparecerán los pueblos cuyas alcaldías" queden eliminadas, se entiende que la formación plantea fusionar municipios para así reducir el número de ayuntamientos.  No obstante, ni la propuesta ofrece más detalles al respecto ni Vox ha querido responder a las preguntas de infoLibre sobre cómo se elegiría qué municipios fusionar y bajo qué baremos.

Pero incluso sin conocer los detalles de la propuesta de Vox, los precedentes parecen pronosticar que la medida tiene poco recorrido, al menos si no se obligase a las localidades a desaparecer. En 2013, y con la intención de reducir costes para las arcas públicas, la reforma local que aprobó el Gobierno del PP incluía "incentivos" para fomentar las fusiones –aunque sin forzarlas–, ofreciendo a los municipios fusionados "preferencia" durante los cinco primeros años en la asignación de planes de cooperación local, subvenciones o convenios y liberándoles de la obligación "de prestar nuevos servicios mínimos". Sin embargo, la reforma fue un fracaso: el número de municipios no solo no ha disminuido, sino que desde 2013 se han creado 11 nuevas localidades hasta llegar a las 8.124.

Solo el 17,3% de los ediles de España cobran más del salario mínimo

En cualquier caso, incluso con el aumento del número de ayuntamientos en los últimos cinco años, la administración local sigue sin ser ese sumidero de dinero público "para mantener a miles de políticos, a sus enchufados, sus amigos y familiares" y su gasto "en viajes, dietas, coches oficiales, edificios oficiales, y un larguísimo etcétera" del que habla Vox. El partido ultraderechista apunta a dos objetivos: los cargos públicos –en este caso, los concejales y alcaldes– y los puestos de confianza que de ellos dependen. Pero no ofrece detalles sobre la cantidad que se ahorraría si se redujera el número tanto de unos como de otros a la mitad.

El supuesto despilfarro que existe en los cargos públicos de la administración local no es tal. En España, según los datos relativos a las últimas elecciones municipales de 2015, hay un total de 67.506 ediles electos, incluyendo en ese conteo a los alcaldes. De ese número, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene datos sobre la retribución de 56.805, el 84,1% del total (aunque entre esos concejales no están incluidos los de consistorios como Barcelona, Granada o Getafe). Y, de entre ellos, el 31,1% –un total de 17.687 representantes– no cobró ni un solo céntimo en 2018 por ejercer como concejal de su municipio.

De hecho, los datos oficiales demuestran que los concejales y alcaldes que tienen retribuciones que, por su cuantía, pueden considerarse salarios, son una exigua minoría: la mayor parte de los ediles o bien no cobran retribuciones, o bien éstas son meramente simbólicas o únicamente les sirven para sufragar gastos puntuales de su gestión. En este sentido, los datos del Ministerio de Política Territorial reflejan que solo el 17,3% de los munícipes cobraron en 2018 más de 12.600 euros anuales, una cantidad que equivale a 900 euros en 14 pagas, exactamente el salario mínimo que acaba de entrar en vigor para este año.

Eso significa que el 82,7% de los concejales y alcaldes o bien no cobró nada por realizar su labor, o bien tuvo ingresos anuales por debajo del salario mínimo interprofesional. Al 31,1% que no ingresó ni un solo céntimo por ser edil en 2018 se suma otro 24% que únicamente recibió entre uno y 1.000 euros en todo el año de las arcas públicas. El 16,7% de los ediles, por su parte, ingresaron entre 1.000 y 5.000 euros anuales por desarrollar su función en 2018. Y un 10,9% recibió retribuciones por valor de entre 5.000 y 12.600 euros (el salario mínimo interprofesional) el año pasado.

Vox infla el número de asesores en la administración local

Por tanto, los cargos públicos locales no suponen ese despilfarro del que habla Vox. Pero, ¿y sus asesores y cargos de confianza? En este caso, el gasto que se produce en ellos es más complicado de medir, porque no existe ninguna estadística que recoja cuántos cargos de confianza y libre designación –lo que la ultraderecha denomina "enchufados"– existen en los ayuntamientos ni cuánto cobran. Vox asegura que reducir a la mitad el número de estos puestos en la administración local afectaría a "más de 33.600 cargos", lo que implica que tendría que haber en torno a 67.200 puestos de "asesores", "personal de confianza" y que se desempeñan en "organismos públicos locales".

Pero este diario no ha podido contrastar la cifra que ofrece Vox con ningún organismo. La estadística más parecida a la que utiliza el partido ultraderechista para justificar su propuesta también procede del Ministerio de Política Territorial, concretamente del Boletín estadístico de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Según el informe de julio de 2018 –el último disponible–, la administración local tiene trabajando para sí a un total de 60.708 personas que no son ni funcionarios ni personal laboral.

No obstante, ¿significa eso que hay más de 60.000 cargos a dedo? Ni mucho menos. El propio informe señala que en esta categoría se incluye el "personal eventual" –que es el que, precisamente, "realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial"–, pero también el "personal funcionario interino", el "personal funcionario de plazas no escalafonadas" y "otro personal" no encuadrado en ninguna de las categorías anteriores.

Consultado por infoLibre, el Ministerio asegura que este es el mayor nivel de desglose del que dispone la estadística, de manera que es imposible saber exactamente cuántos cargos de confianza hay trabajando ahora mismo en la administración local. Lo que es seguro es que son menos de los 67.200 de los que habla Vox, habida cuenta de que los datos oficiales reflejan que la cifra real es una fracción de los 60.708 trabajadores que se encuadran en la categoría de "otro personal". En 2013, el sindicato de funcionarios CSIF estimó que el número de empleados a dedo era de entre 19.000 y 20.000, teniendo en cuenta todas las administraciones y no solo la local.

La fusión de municipios enfrenta a las derechas

La reducción del gasto en la administración local es un asunto que lleva años planeando sobre el panorama político español, y entre las medidas propuestas, la de fusionar municipios que ahora promueve Vox es una de las que genera más debate. UPyD fue el primer partido en defenderla abiertamente, y posteriormente Ciudadanos ha incluido en todos sus programas electorales –tanto para las municipales de 2015 como para las generales de diciembre de 2015 y junio de 2016– la necesidad de promover "la fusión voluntaria de municipios" para "ahorrarle dinero a los vecinos y ofrecerles mejores servicios". "La existencia de más de 8.000 municipios en España está muy por encima de la media en Europa", argumenta la formación naranja.

No obstante, el PP se ha mostrado contrario, pese a que fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que aprobó una reforma local que trataba de incentivar las fusiones. A sólo un mes de las elecciones generales de diciembre de 2015, los conservadores pusieron en marcha Mi pueblo no se cierra, una campaña para "reivindicar la supervivencia de los pueblos del país" frente a los que "quieren acabar con los pequeños ayuntamientos" y "plantean la desaparición de 7.000 municipios", en palabras del entonces vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo. Durante la presentación de la iniciativa, el dirigente conservador señaló que los españoles que residen en el mundo rural "tienen los mismos derechos que quienes residen en las ciudades".

  VOX NO RESPONDE

infoLibre se puso en contacto en varias ocasiones con el equipo de comunicación de Vox para preguntar más detalles sobre su propuesta para reducir el gasto en la administración local, así como para conocer la fuente de los datos utilizados para sostenerla. No obstante, la formación declinó responder a las tres cuestiones planteadas, que son las siguientes:

1. ¿Qué criterios se seguirían a la hora de reducir en un 50% el número de alcaldes y concejales?

2. ¿Cuál es la fuente donde se refleja que en la administración local hay (como se plantea en la propuesta) 67.200 cargos de confianza, asesores y trabajadores de organismos públicos locales?

3. La propuesta, según Vox, "supone eliminar un número aproximado de 81.934 cargos políticos". De todos esos cargos políticos: ¿cuántos reciben remuneración actualmente?

El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se trasponen al ordenamiento jurídico español directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, está en trámite en el Congreso de los Diputados. Concretamente, este miércoles se celebró la reunión de la ponencia. El proceso para que esta iniciativa reciba luz verde no está exento de polémica. Concretamente, las enmiendas presentadas por Ciudadanos (Cs) y el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) han encontrado ya el rechazo de grandes ayuntamientos. Madrid, Barcelona, A Coruña, Santiago, Ferrol, Zaragoza, Valladolid, Cádiz, Valencia, Huesca y Terrassa –la población de estos once ayuntamientos supera los 7,3 millones de ciudadanos– han hecho un frente común contra unas enmiendas al articulado que, a su entender, "atacan la autonomía local".

Los citados consistorios demandan que las enmiendas sean retiradas, precisamente "para mantener la autonomía local". Algunas de estas ciudades emitieron esta semana comunicados contrarios a las citadas enmiendas en los que subrayan que los textos registrados por Ciudadanos y el PDeCAT obstaculizarían en la práctica los procesos de municipalización en los ayuntamientos.

Además, denuncian que se añade "burocracia" a los procesos, que "quedan supeditados a la aprobación de otras administraciones". Y que el "problema" de plantilla de las administraciones locales se agrava al proponer "que la incorporación de trabajadores y trabajadoras tenga impacto en la tasa de reposición de los ayuntamientos".

Desde el Ayuntamiento de Madrid recuerdan que las enmiendas implican la modificación de varias leyes, como la Ley de Bases del Régimen Local y el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

"Una traba más" para los ayuntamientos

En conversación con infoLibre, Carlos Sánchez Mato,Carlos Sánchez Mato concejal de Economía y Hacienda del consistorio madrileño por Ahora Madrid, insiste en que trasponer la directiva europea no implica que se tenga que "atacar" a la autonomía local. Sánchez Mato considera que las enmiendas suponen "una traba más" para unas instituciones, los ayuntamientos, que ya cuentan con obstáculos a la hora de la ejecución presupuestaria. 

Respecto a la burocracia, el concejal madrileño considera que con las enmiendas presentadas, si el Ayuntamiento de Madrid quisiera rescatar un servicio –remunicipalizar–, los informes previos requeridos añaden unos ocho meses a un expediente. "Intentan hacer complicadas las posibles operaciones de recuperación de un servicio público", insiste Sánchez Mato.

Sánchez Mato sostiene que este frente común no va a frenarse y que seguirán dando pasos. En este sentido, recuerda, que representan a más de siete millones de ciudadanos.

La defensa de Ciudadanos

Sobre el tema de las municipalizaciones, desde Ciudadanos defienden que los requisitos que se han introducido en las enmiendas "son los mismos que están previstos para el caso contrario", es decir, para las externalizaciones.

"Consisten básicamente en la presentación de un informe justificando el cambio de modelo y que el que se propone es el más eficiente a la hora de prestar el servicio; un requisito que además ya está recogido en la Ley de Bases del Régimen Local. Por tanto, no se trata de vulnerar la autonomía de los organismos locales ni de añadir burocracia, sino de asegurar que los procesos, ya sean de internalización o de externalización, se hacen con unas garantías mínimas", explican desde la formación naranja a este diario.

Respecto a la incorporación de trabajadores, el partido liderado por Albert Rivera considera que sus enmiendas no repercuten "en la tasa de reposición cuando se produce por sentencia judicial firme, ni cuando se trata de procesos reglados de contratación de personal en entidades públicas, con los debidos requisitos de publicidad y mérito". "Lo que no es admisible es que se produzcan incorporaciones en condiciones distintas y más favorables que los trabajadores y funcionarios que ya están en esos ayuntamientos", consideran.

"Defender los intereses de las grandes empresas"

Por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, su portavoz y consejero de Economía y Cultura (Zaragoza en Común), considera que "parecen enmiendas dictadas por las grandes empresas". "Son enmiendas dedicadas en exclusiva a defender los intereses de las grandes empresas que hasta ahora están copando las contratas de los servicios públicos de los ayuntamientos de la mayoría de las ciudades españolas y que, además, en muchísimos casos ni siquiera prestan servicios de calidad", subraya en conversación con infoLibre.

"A mi modo de ver lo que tiene que defender un cargo público de cualquier tipo, en este caso diputadas y diputados, es el interés de los ciudadanos, que son quienes les pagan, a no ser que tengan otros intereses que no confiesan", añade Rivarés. 

Rivarés destaca que la iniciativa no sólo está apoyada por las confluencias de Podemos, sino que también hay Alcaldías en manos del PSOE "apoyadas por las confluencias", y ve también "escandaloso" que se pretenda "recortar" la autonomía de los ayuntamientos como "está haciendo con gran éxito el Gobierno de España".

"Nadie mejor que un ayuntamiento sabe si le conviene a su ciudad o no que un servicio público está prestado de una manera o de otro", sostiene. 

El último punto que destaca Rivarés es que "están acabando con la oferta pública de empleo". "Cuando se municipalice o se intente municipalizar algún servicio eso debe contar como oferta pública de empleo que no debe salir al concurso público para parados o para paradas", explica.

También Ecologistas en Acción ha exhibido su malestar con las enmiendas de las citadas formaciones. "El proyecto de ley de contratos del sector público que se está tramitando en el Congreso corre el peligro de impedir la remunicipalización de los servicios públicos por las enmiendas realizadas por Ciudadanos y el Partido Democrata Catalán. A través de sus propuestas pretenden realizar un escrutinio previo a la remunicipalización realizado por los órganos de la competencia e impedir la subrogación de trabajadores y trabajadoras en el proceso de recuperación pública del servicio", señala la organización en un comunicado.

Para Ecologistas en Acción, la trasposición en el ordenamiento español de las directivas europeas relativas a la adjudicación de contratos de concesión y a la contratación pública, a través de la modificación de la Ley de Contratos del sector público, "representa una vuelta de tuerca más en la aplicación de las políticas ultraliberales del Partido Popular en relación con las administraciones locales, toda vez que limitan drásticamente su autonomía y supeditan el interés general al de las grandes empresas al imponer consideraciones de competencia mercantil frente a las del servicio público".

No es la primera vez que los ayuntamientos se unen en defensa de la autonomía local. El pasado 17 de mayo, los consistorios de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, A Coruña y Terrassa presentaron una declaración para denunciar las, a su juicio, amenazas que para la autonomía y financiación locales suponía el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

La nueva corriente favorable a la recuperación de la gestión municipal directa –es decir, sin empresas privadas de por medio– de algunas prestaciones esenciales como el agua, la recogida de basuras, la limpieza... que ha generado el cambio de mayorías en algunos ayuntamientos ha reabierto el debate sobre la pertinencia de uno u otro modelo.

En términos generales, los partidarios de remunicipalizar algunos de estos servicios mantienen que la gestión directa tiene la ventaja económica de que los ayuntamientos se ahorran el IVA y la parte del beneficio que la empresa privada carga en la factura. Mientras, los defensores de que sean operadores privados la que administren estos servicios argumentan que la gestión directa por parte de los ayuntamientos es más costosa –especialmente por los costes laborales– y resulta "más ineficiente". 

Los expertos consultados por infoLibre, por su parte, insisten en que lo más importante es tomar la decisión de optar por una u otra fórmula sin atenerse únicamente a criterios ideológicos. "El Estado es bueno en lo que lo es y el mercado es bueno en lo que lo es", resume Francisco Velasco, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). A su juicio, lo más relevante es que las decisiones sobre el modelo de gestión vayan precedidas de profundos estudios analíticos de las particularidades de cada servicio y de las características de la Administración que lo tiene que prestar. 

Joaquín Tornos, abogado y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona (UB), señala que en un momento en el que está en auge una nueva filosofía favorable a la recuperación de la gestión directa de los servicios públicos es oportuno recuperar documentos como el informe del Tribunal de Cuentas sobre el sector público local del ejercicio 2011 que examinó esta cuestión. A su juicio, es importante hacer un esfuerzo para "desideologizar" este debate. 

Pues bien, en el apartado del análisis de las condiciones de prestación de los servicios públicos municipales, ese informe concluyó que en municipios de menos de 20.000 habitantes, la gestión directa de los servicios analizados como la recogida de basuras y la limpieza viaria es más eficiente que su externalización. Por el contrario, en otros servicios como el alumbrado público, la gestión indirecta (a través de empresas privadas) es más eficiente.

Diferenciación por sectores 

De su experiencia de investigador, Velasco considera que actividades más breves, donde el know how [conocimiento] del mercado está contrastado y que tienen una estructura de costes salariales determinada, sí pueden funcionar bien a través del sector privado. Cita, por ejemplo, servicios como los teléfonos de información ciudadana o de limpieza y jardines, donde hay empresas "afianzadas en el sector y que controlan muy bien los costes". 

Por el contrario, Velasco entiende que sectores estratégicos como el abastecimiento de agua y saneamientos no deberían dejarse en manos de operadores privados. "Se trata de un servicio demasiado serio y permanente como para dejarlo en manos de una empresa efímera. Lo que está claro es que una empresa privada nunca va a invertir en mejorar las instalaciones o buscar sistemas más ecológicos si sabe que en un número de años puede perder la concesión", explica.

De hecho, un informe realizado por el Transnational Institute de Amsterdam [consultar en inglés, aquí] analizó las experiencias de remunicipalización del servicio de agua en varios municipios –París y Buenos Aires, entre ellos– y concluyó que en los casos analizados la entidad remunicipalizada ofrece "servicios más equitativos, más transparentes y más eficientes que el proveedor privado que le antecedió, con más calidad en el servicio y mejor sostenibilidad a largo plazo". 

Tornos, sin embargo, no tiene tan claro este punto. Y rescata el ejemplo de París, donde el suministro de agua fue rescatado del capital privado en 2008. "Es cierto que, en un primer momento, la tarifa para los usuarios bajó. Pero hay que recordar que toda la inversión ya la había hecho previamente la concesionaria y que, por otro lado, el Estado también dejó de ingresar los impuestos que pagaban las concesionarias. Al final el recibo del agua bajó, pero subió el de otros servicios. Es un tema complejo", señala. 

También vuelve al informe del Tribunal de Cuentas, que en el caso del servicio de suministro del agua examinó una muestra de 606 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. En el 48% de los casos la prestación era directa, en el 36% mediante concesión o concierto y en el 11% por mancomunidad o consorcio. Pues bien, la conclusión a la que llegó el órgano fiscalizador fue que en lo que se refiere a los costes promedio por habitante, estos eran más elevados en los casos de gestión indirecta (privatizada) en municipios de menos de 1.000 habitantes y que tendían a igualarse en los municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes.

Tornos admite, no obstante, que los datos aportados sobre la calidad del servicio y la satisfacción de los usuarios recogidos en ese informe eran "irrelevantes" dado el escaso número de respuestas. En el documento tampoco consta el esfuerzo inversor de las empresas privadas así que es complicado establecer una visión completa. 

Estudios y sanciones 

En cualquier caso, Francisco Velasco considera que el movimiento a favor de la remunicipalización de servicios públicos que ahora recorre algunos ayuntamientos españoles debería asemejarse al que se inició en Estados Unidos a partir del año 2000, cuando empezaron a revertirse algunas de las privatizaciones realizadas desde los años ochenta. Se empezó a comprobar entonces que, en ciertos sectores, los costes de ciertos servicios gestionados por operadores privados se habían disparado. Y ahí se decidió cambiar el modelo de algunos de ellos. 

Velasco señala, no obstante, que esos cambios vinieron precedidos de profundos estudios analíticos de cada servicio con informes detallados de los costes de amortización, de capital, de la mano de obra... Una de las conclusiones a las que se llegó entonces fue que, en términos de eficiencia, los servicios muy intensivos en mano de obra y con pocos costes tecnológicos –por ejemplo, el aparcamiento regulado– eran idóneos para ser externalizados.

¿Por qué? "Hay que tener en cuenta que el mercado privado de trabajo es más duro en la negociación de los sueldos que el público, que es más condescendiente. Es decir, el coste del servicio era más bajo porque hundía los salarios y eso es algo de lo que hay que ser conscientes. No obstante, en la gestión de un servicio hay que ser prudente con la dimensión social... es mejor redistribuir después con ayudas o subvenciones que a través de los costes de ese contrato", subraya Velasco. 

Si se opta por la externalización tanto Tornos como Velasco entienden que son claves las "potentes" unidades de control que tendrían que tener los consistorios para analizar de forma rigurosa cómo se está administrando ese servicio. "El ayuntamiento que externalice tiene que hacerlo con el coste asumido de que tiene que estar muy encima del contratista. Si no, por una razón elemental, que es la lógica de mercado, los operadores privados tienden a maximizar los beneficios y eso puede repercutir en el servicio", señala Velasco. 

Cuando hay externalizaciones otra de las cuestiones esenciales, a juicio de Velasco, es la negociación de los contratos. "Normalmente los ayuntamientos no suelen negociar bien y ahí está parte del problema. La realidad es que muchos de ellos –especialmente los de poblaciones inferiores a los 20.000 habitantes– no tienen el personal técnico cualificado para negociar y son las propias adjudicatarias las que redactan los contratos", asevera.

El cambio político que llegó a muchos Ayuntamientos tras las municipales de mayo de 2015 trajo consigo una corriente favorable a la remunicipalización –es decir, la recuperación de la gestión municipal, sin empresas privadas de por medio– de algunos de los servicios que prestan los ayuntamientos como el agua, la zona azul, la grúa, la limpieza, la recogida de basuras, los teléfonos de información ciudadana...

El objetivo, al menos así se plasmó en algunos programas electorales, era dar la vuelta a una situación afianzada desde hace años después de que numerosos consistorios –por motivos ideológicos o económicos, o por una mezcla de ambos– traspasaran la gestión de algunos de estos servicios básicos a compañías privadas. En algunos casos esos contratos son de larga duración (hasta una década) y tienen condiciones blindadas.

Los modelos más habituales de la llamada gestión indirecta son las concesiones administrativas, que suponen la cesión de la explotación de un servicio a una empresa privada a cambio de una cantidad de dinero que le abona la Administración pública, o la venta de parte o de la totalidad de las empresas públicas que gestionan algunas de esas prestaciones básicas, un fenómeno que se ha dado principalmente en sectores como el abastecimiento de agua.

Aunque la mayoría de iniciativas en este sentido propuestas por los consistorios todavía están en fase de estudio y debate, sí hay algunas que se han puesto en marcha. Por ejemplo, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en mayo la modificación de la forma de gestión de los servicios funerarios. Lo hizo creando una nueva empresa de capital íntegramente municipal para la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios. Esos servicios estaban siendo prestados hasta este septiembre por una empresa que fue privatizada parcialmente en 1992. El contrato vencía ahora y se utilizó esta circunstancia para volver a la gestión directa. 

El consistorio que dirige Manuela Carmena también anunció la semana pasada que la gestión del servicio de préstamo de bicicletas (Bicimad), que hasta ahora estaba en manos de la compañía Bonopark, pasará a depender de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), es decir, de una empresa pública ya existente. En este caso el contrato no había vencido pero el Ayuntamiento acordó con la concesionaria revertirlo por 10,5 millones de euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la empresa adquirida pierde 300.000 euros al mes por los daños y robos a sus bicicletas, según una auditoría del propio Ayuntamiento. 

También el Ayuntamiento de Barcelona, capitaneado por Ada Colau, está dando pasos para recuperar prestaciones privatizadas. En este caso asumiendo directamente los servicios, sin empresas públicas o privadas de por medio. Por el momento lo ha hecho con el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) de mujeres maltratadas y el Servicio de Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PiAD) asumiendo los contratos de sus 55 empleadas, que han pasado a integrar la plantilla municipal.

No obstante, aunque ahora parece haber una nueva corriente en este sentido, existen ejemplos previos de servicios subcontratados a grandes empresas y grupos económicos que fueron remunicipalizados. Por ejemplo, el Ayuntamiento de León, liderado por el PP, aprobó en 2012 la reversión de las competencias a la gestión pública del servicio de limpieza viaria, que hasta entonces gestionaba Urbaser.  

Límites a la creación de empresas públicas 

Sin embargo, la reforma local que el PP aprobó en 2013 sólo con el respaldo del PNV y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y que fue considerada la mayor metamorfosis de los ayuntamientos en democracia, puede dificultar que se pongan en marcha nuevos procesos de remunicipalización, tal y como confirman a infoLibre alcaldes, concejales y expertos en derechos administrativo. Además, la subrogación del personal y los costes derivados de las hipotéticas indemnizaciones a las empresas privadas que prestan los servicios amplían el catálogo de obstáculos. 

Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona (UB), explica que la reforma local de 2013 sí puede suponer un escollo para la remunicipalización en el sentido de que establece "límites" a la creación de empresas públicas. Precisamente esa es una de las principales vías de gestión pública, pues es muy poco habitual que los servicios se presten directamente por los órganos ordinarios del Ayuntamiento, que es la opción por la que está optando Barcelona. Lo que hace esta norma es impedir que las corporaciones que están en situación de déficit y sujetas a planes de estabilidad financiera puedan crear nuevas sociedades municipales. 

Este es uno de los escollos que se están encontrando en Zaragoza, donde la voluntad del Ayuntamiento liderado por Zaragoza en Común –coalición apoyada por Podemos– de revertir la gestión privada del servicio telefónico del 010 y del punto limpio de la ciudad tiene todos los visos de frustrarse por esta prohibición de crear nuevas empresas al estar sometida la institución a un plan de ajuste.

Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, explica que el equipo de Gobierno ha encargado los informes jurídicos pertinentes para conocer si pueden integrar estas prestaciones en sociedades públicas ya existentes, pues el problema es que no coinciden con el objeto social de ninguna. "La mejor fórmula para municipalizar manteniendo la estabilidad en el empleo es a través de mercantiles públicas pero es algo que no podemos hacer al estar sometidos a los objetivos de estabilidad", señala. 

Esta misma vía es la que ya ha explorado, sin éxito, el Ayuntamiento de Cádiz, también capitaneado por una coalición apoyada por Podemos. Ante la imposibilidad de crear una nueva sociedad el alcalde de la ciudad, José María González, pretendía que otra ya creada (Aguas de Cádiz) asumiera los tres primeros servicios que quiere absorber el Ayuntamiento: limpieza de la arena de las playas, socorrismo y mantenimiento de los módulos de las playas. En un informe jurídico, el secretario municipal desaconsejó esta opción "por la situación económica y patrimonial" de la empresa pública que los iba a asumir aunque señaló que el objeto social sí se consideraba apto para estos servicios. 

El concejal Cubero insiste, además, en que otro de los obstáculos que se está encontrando Zaragoza en Común en sus intentos de municipalizar servicios es el propio pleno municipal. Y es que la reforma local también establece que cualquier cambio de gestión debe ser aprobado por el pleno. Pues bien, en Zaragoza, los concejales de PP, PSOE y Ciudadanos han votado en contra del proyecto de remunicipalización del servicio de depuración de aguas de la ciudad, que sí lo podría asumir una empresa pública ya creada (Ecociudad) y que, según cálculos de ZEC, supondría un ahorro de 500.000 euros a las arcas municipales. 

Los grupos votaron en contra de esta propuesta argumentando que otros informes, en este caso realizados por la empresa pública que asumiría ese servicio, no hablan del ahorro de 500.000 euros que defiende el concejal, sino que sostienen que el coste del servicio sería mayor y que tampoco se mejoraría la eficiencia del servicio. Por otro lado, los socialistas tampoco están de acuerdo con que se subrogue al personal sin hacer una oposición previa.

También está encontrando la postura en contra de la mayoría de la oposición el alcalde de Santiago, Martiño Noriega (En Marea), en su pretensión de municipalizar el servicio de aparcamiento regulado y la grúa municipal que gestiona la empresa Setex. El asunto todavía no ha llegado al pleno municipal, si bien los representantes de PP y PSOE en el consejo de administración de Tussa, la mercantil pública que lo asumiría, han votado en contra del estudio de viabilidad sobre la conveniencia de esta municipalización redactado por los responsables de Tussa. La operación siguió adelante gracias a los votos a favor de Compostela Aberta y el BNG y está a la espera de llegar al pleno. 

Noriega conoce bien la cuestión de las municipalizaciones porque lideró la desprivatización del suministro de agua en el municipio de Teo (A Coruña), en un proceso que se alargó durante dos años y en el que hubo que crear una nueva empresa sólo para ese fin. Ahora, sin embargo, el mayor obstáculo son las reticencias de PP y PSOE, a los que critica por poner "todo tipo de obstáculos". "Veo un discurso de exigencia a la gestión pública que no lo hay con las concesionarias privadas", dice a preguntas de infoLibre. 

Asegura que su equipo lleva meses "intentando demostrar lo que es de sentido común". "¿Si es rentable para una empresa privada que además paga un canon, cómo no lo va a ser para la Administración?", se pregunta. No duda en calificar el marco actual de "muy restrictivo" para las municipalizaciones. "También es clave el tema del personal, pues la reforma de Montoro está hecha para impedir la dimensión de lo público en lo municipal y para buscar nichos de negocio a la empresa privada", concluye. 

Eficiencia y sostenibilidad 

Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo de la UNED, explica además que la reforma local de 2013 también incluye en su articulado la obligación para los ayuntamientos de justificar que la gestión directa es más eficiente y más sostenible "incluso desde el punto de vista jurídico". Es decir, obliga a los ayuntamientos a optar por la fórmula que no aumente la deuda y posibilite un presupuesto equilibrado. 

En este sentido, Tornos considera que la reforma local de 2013 sí introduce unos límites a la libre decisión de los ayuntamientos, pues les exige que acrediten que la opción escogida es la más eficiente y sostenible. Mientras que, al mismo tiempo, impone una cierta presunción a favor de las formas de gestión a través de empresas privadas, ya la opción por la gestión directa "exige una especial fundamentación" al tener que acreditar que existe ese equilibrio entreel criterio económico de los costes y el objetivo general de una prestación eficaz de los servicios públicos.

Por otro lado, la reforma local también pone condiciones a la continuidad de las empresas públicas, puesa las que hayan incurrido en déficit o pérdidas durante dos ejercicios económicos consecutivos les da un plazo de dos años para hacer efectivo su saneamiento. De lo contrario, se podría proceder incluso a su disolución automática, previa liquidación. 

Trabajadores e indemnizaciones 

Además de estas cuestiones, los expertos coinciden en que la subrogación del personal y los costes derivados de las hipotéticas indemnizaciones multimillonarias a las que los ayuntamientos se enfrentan si deciden abortar las concesiones contratadas antes de que caduquen son otros de los obstáculos a los que se enfrentan los equipos municipales que opten por las remunicipalizaciones.

Tornos explica que aunque el Estatuto de los Trabajadores permite la subrogación de los contratos cuando existe sucesión de empresas, hay que tener en cuenta que el acceso a la función pública requiere que los aspirantes demuestren méritos y capacidad, así que estos empleados pasarían en principio a ocupar puestos indefinidos no fijos pero podrían quedar al albur de superar después el concurso u oposición. Todo eso teniendo en cuenta, además, que hay que cubrir una partida presupuestaria para pagar sus salarios y que desde 2014 está establecida por ley la congelación de plantillas en determinados sectores de la función pública. 

Por ejemplo, según explican desde el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Manuela Carmena decidió renunciar a la municipalización del servicio de recogida de basura –propuesta incluida en su programa electoral– "por la dificultad e incertidumbre de crear una empresa de estas dimensiones" y por cuestiones relacionadas con el contrato del personal que está en plantilla en las empresas concesionarias. Los mismos motivos frustraron una operación similar con el 010 madrileño. 

La otra cuestión clave es la de las indemnizaciones que pueden reclamar los concesionarios, pues la cuantía de la misma puede ser el elemento determinante para llevar o no a cabo la municipalización de un servicio. De ahí que la opción más viable, según los expertos consultados, sea ir recuperando los servicios a medida que los contratos firmados anteriormente se van agotando.

En esta tesitura se encuentran muchos consistorios. El de Madrid, por ejemplo, ha creado un "órgano de deliberación y diagnóstico" integrado por grupos municipales, las empresas concesionarias y asociaciones vecinales para analizar el actual contrato integral de limpieza firmado en 2013, que supuso una reducción del 26% en el presupuesto y un recorte de 2.000 trabajadores en la plantilla, según datos facilitados por el Ayuntamiento.

Y es que aunque el Consistorio ha comprobado que el servicio prestado no cumple las condiciones mínimas aceptables, como los contratos integrales firmados por Ana Botella (PP) preveían un tiempo de duración de ocho años (hasta 2021), el equipo actual no puede rescindirlos sin exponerse a las reclamaciones de indemnización de las empresas adjudicatarias. El objetivo es que en este "órgano de deliberación y diagnóstico" –reclamado también por la oposición– se estudien posibles soluciones. 

La propuesta pactada por el PSOE y Ciudadanos de acabar con las actuales diputaciones provinciales ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre estas entidades creadas hace casi dos siglos a las que ambas formaciones quieren sustituir por consejos provinciales de alcaldes. La medida fue una exigencia "irrenunciable" por parte del partido de Albert Rivera para llegar a cualquier acuerdo. El PSOE –en 2011 Rubalcaba propuso reconvertirlas, pero la propuesta no acabó de cuajar– recogió el guante a pesar de ciertas reticencias internas, especialmente en Andalucía. 

El mantra repetido por los que defienden que la coexistencia de cuatro niveles en la Administración es excesiva es que las diputaciones son entes "opacos" y "poco democráticos", que han sido copiosas fuentes de poder e incluso focos de corrupción para los partidos tradicionales y que sus funciones han sido asumidas en su mayoría por las comunidades autónomas y otros entes locales de gestión.

Los partidarios de su mantenimiento, sin embargo, ponen en valor su papel vertebrador del territorio y el servicio que prestan especialmente en el mundo rural. Lo cierto es que a día de hoy el 84% de los municipios españoles –un total de 6.819– cuentan con menos de 5.000 habitantes. Además, sus defensores aseguran que su supresión no generaría ahorro económico porque las funciones que realizan tendrían que ser asumidas por otros entes de nueva creación. 

España tiene 38 diputaciones de régimen común, que son a las que afectaría el acuerdo. El pacto deja fuera a las diputaciones forales vascas y navarra, a los consejos insulares de Baleares y a los cabildos canarios. Las diputaciones no existen en las autonomías uniprovinciales. Los entes afectados por la posible supresión manejaron en 2014 –el último ejercicio cerrado– un presupuesto de 6.066 millones de euros. De ellos, un 27% se dedicaron a gastos de personal. No es posible saber cuántos empleados tienen las diputaciones de régimen común porque el Ministerio de Hacienda no ofrece datos desglosados. infoLibre los reclamó, pero no obtuvo respuesta. Entre diputaciones, cabildos y consejos insulares el número de empleados públicos ascendía en enero de 2015 a 59.326 personas. 

Las funciones de las diputaciones 

Las funciones de las diputaciones son una especie de cajón de sastre. Asumen tareas tan diversas como la prestación de los servicios de tratamiento de residuos o el mantenimiento de los consultorios médicos en los municipios de menos de 5.000 habitantes. También se encargan de la prevención y extinción de incendios, de la gestión de tributos, de ciertas carreteras o de las políticas de asistencia social. El asesoramiento legal también es una cuestión clave porque la mayoría de alcaldes y concejales de los pueblos pequeños –que no reciben remuneración alguna en función de su cargo– no cuentan con técnicos que les asesoren. 

Las citadas son las competencias que se asignan a las diputaciones en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. No obstante, cuando la crisis puso a estos entes en el disparadero también salieron a la luz ejemplos de infraestructuras promovidas por ellos que, al menos a priori, no encajarían estrictamente en los conceptos recogidos en la legislación. Es el caso, por ejemplo, de las escuelas de tauromaquia promovidas por las diputaciones de Toledo o Castellón, del hotel de lujo impulsado por la de Teruel o del hipódromo que creó la de Ourense, que tuvo pérdidas por valor de 800.000 euros. 

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia por el PP, es firme partidaria del mantenimiento de esta institución, aunque no cierra la puerta a la realización de las reformas que sean oportunas para avanzar en su modernización. "La superficie del País Vasco cabe en la provincia de Palencia. De nuestros 191 municipios sólo cuatro tienen más de 5.000 habitantes. Tenemos pueblos en los que vive menos gente que en una urbanización de Madrid. ¿Cómo van a poder hacer frente estos ciudadanos a los abastecimientos o a una infraestructura que va a costar 100.000 euros? Es lógico que esos pueblos cuenten con una institución intermedia que les apoye en esas cuestiones", explica.

La Diputación de Palencia –asegura Armisén– mantiene más de 1.000 kilómetros de carretera; tiene delegada la recaudación de 182 ayuntamientos, por lo que gestiona al año más de 300.000 recibos de impuestos (IBI, actividades económicas, vehículos, tasas y precios públicos...); emite alrededor de 340 informes urbanísticos o presta apoyo a decenas de secretarios de ayuntamientos en la elaboración del cierre y la apertura de las cuentas.

Aunque la prestación está externalizada, la Diputación de Palencia mantiene también un programa de ayuda a domicilio del que se benefician alrededor de 1.400 personas y que da empleo a 339. Las diputaciones de Zamora, Jaén, Valladolid, Huelva o Córdoba mantienen planes similares de atención a personas dependientes que son muy útiles especialmente en las provincias más dispersas y con población más envejecida. "Si las diputaciones dejan de existir, sería otro organismo el que tuviese que prestar estos servicios. Porque de lo contrario se dejaría a esa gente sin cubrir. Ese servicio no se puede ahorrar", señala un dirigente nacional del PP, partido que rechaza de manera clara la propuesta de suprimirlas. 

El agujero de la corrupción 

Más allá de este papel vertebrador del territorio, lo cierto es que si por algo se han puesto en entredicho estas instituciones en los últimos años es por determinados comportamientos poco ejemplares o, directamente, delictivos. A estos escándalos ha contribuido especialmente la "opacidad" de su gestión, según destacan sus detractores, que también critican que a sus miembros no los elijan los ciudadanos de forma directa. 

Muy destacable es el caso de la Diputación de Valencia, cuyo presidente entre 2007 y 2015, Alfonso Rus, está implicado en el caso Imelsa, en el que se investiga si la empresa Imelsa –propiedad de la institución– contrató supuestos trabajos ficticios con firmas de un hombre de su confianza, Marcos Benavent, que ahora colabora con la Justicia. La Cadena Ser publicó una grabación en la que se le oía contar billetes supuestamente procedentes del pago de comisiones.

En la de Ourense, el que fuera su presidente entre 1987 y 2012, José Luis Baltar, fue condenado por un delito de prevaricación por enchufismo por contratar a 104 afines en el entorno de la celebración del congreso provincial del PP que propició el traspaso del mando en favor de su hijo, Manuel Baltar. La de Ourense es actualmente la única diputación que mantiene el PP en Galicia después de que el hijo del exbarón conservador revalidara en las urnas el legado político que heredó en 2012.

Con la vista puesta en los tribunales también está el actual presidente de la Diputación de Salamaca, Javier Iglesias (PP), que está siendo investigado por el supuesto despido de varios empleados habituales de la feria agropecuaria (declarado ya nulo) para colocar en su lugar a trabajadores vinculados al PP. Se le acusa de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Iglesias fue alcalde de Ciudad Rodrigo entre 1995 y 2015. Sin embargo, al barruntar en las últimas elecciones una derrota que le dejaría fuera de la Diputación se presentó por el pequeño municipio de Beleña, donde fue elegido por 69 votos. 

La falta de transparencia también ha sido tónica habitual en el funcionamiento de estos entes supramunicipales. En 2013 un juez obligó a la Diputación de Sevilla –que siempre ha estado en manos del PSOE– a revelar los datos de su plantilla, que hasta entonces eran una incógnita para los grupos de la oposición y los sindicatos, así como el número de procesos judiciales en curso y la copia de los contratos de alta dirección de las sociedades y organismos de la entidad. El PP llevó a la institución a los tribunales por supuestamente haber incrementado su plantilla en 400 empleados en 2007 sin haber que convocado una Oferta de Empleo Público. La sentencia obligó al ente a ser más transparente. 

La propuesta de eliminación

En cualquier caso, la mayoría de expertos y políticos, de todos los colores, coinciden en que los ayuntamientos pequeños requerirán siempre de una institución que se encargue de mancomunar unos servicios que se tendrán que seguir prestando. Y esa es la función que, en principio, llevarían a cabo los consejos provinciales de alcaldes por los que el PSOE y Ciudadanos sustituirían a las diputaciones. Lo que parece claro es que las diputaciones ejercen dos tipos de funciones –la prestación de servicios propios y la cooperación municipal– que no pueden eliminarse sin que eso genere perjuicios especialmente en los pueblos más pequeños. 

La propuesta –dice un dirigente del partido de Albert Rivera– pasa por reconvertir estos entes en órganos técnicos que sirvan a los Ayuntamientos y vaciarlos de sentido político. "Lo que proponemos es profundizar en la racionalización administrativa y en la eliminación de niveles burocráticos que son superfluos y costosos. Los servicios e infraestructuras para los municipios pueden gestionarse de manera más eficiente de forma mancomunada a través de la creación de esos consejos", sentencia.

Habrá que ver si este intento por adelgazar y democratizar acaba siendo algo más que un cambio de denominación. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado decidido a seguir con las reformas en España para consolidar la recuperación económica y ha advertido ante las "ocurrencias" y "frivolidades" que plantean otras fuerzas políticas, sin citar a ninguna expresamente. Subrayó que "cualquier rectificación de lo hecho comenzaría a ser un gran error".

"España, en materia de política económica, no puede dar ni un paso atrás. España necesita seguir haciendo reformas. No caben en economía ocurrencias ni frivolidades", ha advertido en el III Foro de la Comunicación que el Gobierno español organiza en los márgenes de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, y que reúne a empresarios del sector de la información y la comunicación de la región.

El jefe del Ejecutivo dice estar determinado a "continuar liderando las reformas necesarias para conseguir que la recuperación se consolide, sea más potente y se traduzca en una creación sólida de empleo".

Rajoy ha defendido que las reformas son un "instrumento imprescindible para que las naciones prosperen y el bienestar llegue a los ciudadanos", si bien "nunca resultan fáciles de hacer". "No es fácil encontrar a veces socios para hacerlas, no granjean popularidad" y en ocasiones se usa políticamente por la oposición "para ver qué puede pescar".

Hace dos años, ahora

En su opinión, que las reformas son imprescindibles lo demuestra el giro que, bajo su punto de vista, ha dado la economía española en tan sólo dos años, cuando nadie, ha dicho, confiaba en la capacidad de España de salir adelante.

El jefe del Ejecutivo ha comparado la situación de España hace dos años con la actual. Entonces, ha descrito, estaba "al borde de la intervención, a punto de salir del euro, sin apenas capacidad de financiarse en los mercados, con una recesión y un incremento galopante del desempleo".

Ahora, a su juicio, las finanzas públicas "están en la senda de la corrección", la economía española es la que más crece en la zona euro, está empezando a crear empleo y se empiezan a notar los resultados de las medidas acometidas, ha dicho. Hoy lo que parece "imposible", ha señalado, es cómo pudimos llegar "a una situación tan dramática".

Así se desprende de los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el coste efectivo en 2013 de los servicios que prestan todas las entidades locales del país, según las liquidaciones de sus presupuestos. De la lista faltan los municipios vascos y navarros, con la excepción de la capital guipuzcoana; siguen otro cauce de información a Hacienda por el régimen foral, pero sus datos aparecerán también en el futuro.

La reforma local obliga a los municipios a calcular el coste de los servicios que prestan. Este mes se ha dado a conocer la primera oleada, aunque la información no está detallada sino distribuida en grandes capítulos de gasto. Todos los datos serán publicados anualmente por Hacienda para que los vecinos puedan consultar los de sus ayuntamientos.

Uno de ellos, es el que recoge el gasto en los servicios propios de los ayuntamientos, es decir, el saneamiento, la luz, la gestión de residuos y basuras, vivienda y urbanismo o la limpieza viaria.

San Sebastián, Zaragoza

Distribuido este coste por habitante, la capital guipuzcoana es la que más dinero dedicó a estos servicios según los datos de 2013, 854 euros por vecino (128 millones de euros). Son 20 millones más de lo que gastó en estos mismos capítulos Zaragoza, con medio millón más de habitantes y un gasto per cápita de 158 euros, la cifra más baja del país.

La segunda capital de provincia que más dedica a estos servicios básicos por vecino es Barcelona (674 euros anuales en 2013), seguida de Madrid (592 euros), Tarragona (574), Granada (561), Córdoba (516) y Málaga (507).

Justo por encima de Zaragoza se sitúan Mérida (187 euros por habitante), Cuenca (278 euros), Valladolid (285) y Ávila (295). Casi la mitad de las capitales gastan entre 300 y 400 euros, 26 de ellas en total, y otras 11 invierten entre 400 y 500 euros per cápita al año.

Jóvenes, infancia, mayores

La información de Hacienda y Administraciones Públicas también recoge el gasto de las entidades locales en actuaciones de protección y promoción social, que incluye el gasto en atención y asistencia a jóvenes, infancia, mayores, personas con discapacidad o fomento del empleo.

En este ranking, y también calculando el gasto por habitante según las cifras de 2013, Sevilla es la primera capital de provincia (191 euros por vecino), seguda por Lleida (185), Ávila (177 euros), Lugo (157), Logroño (151) y Soria (150 euros por habitante).

La mayoría de ciudades dedica entre 60 y 100 euros per cápita y por debajo de estas cifras se sitúan sólo Murcia (58 euros), Santiago de Compostela y Badajoz (55 euros cada una), Alicante (52) y Toledo (50) y cierran la lista Teruel y Pontevedra (48 euros por habitante, respectivamente).

También ha incluido el Ministerio la información de la deuda pública de las entidades locales. Madrid ocupa el primer lugar en deuda por habitante (414 euros) y Badajoz, el último (35 euros).

También ocio, economía y gastos generales

Además de estos tres grandes grupos, Hacienda incluye otros tres. El denominado Producción de bienes públicos de carácter preferente incluye capítulos de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, como tiempo libre, ocio, cultura o deporte.

Como actuaciones de carácter económico Hacienda considera los gastos en desarrollo de actividad económica, como agricultura, ganadería o pesca, inversión en infraestructuras básicas y transportes, comunicaciones o I+D+I.

Por último, en el capítulo de actuaciones generales se incluyen los gastos en constitución y funcionamiento de los órganos de gobierno, servicios información, participación ciudadana o administración.

google_ad_section_end

Si el Partido Popular no tenía claro que en eso de su pretendida reforma electoral para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos está solo, este miércoles recibieron una pista más en el pleno de control al Gobierno celebrado en el Congreso de los Diputados. Pasadas las preguntas a los miembros del Ejecutivo, llegó el turno de las mociones. Una de ellas, consecuencia de interpelación urgente, presentada por UPyD con el apoyo de PSOE y CiU, reclamaba al Gobierno que "renuncie" a esta iniciativa a "siete meses" de las elecciones municipales.

La votación tendrá lugar el jueves. Pero, salvo el partido de Gobierno, todos los grupos que subieron a la tribuna del hemiciclo para fijar su posición, reclamaron que la iniciativa se frene para evitar su tinte electoralista. Todos. El PP no buscaba, evidentemente, un guiño de la Izquierda Plural. Ni del PSOE, que está haciendo bandera de su rechazo a esta iniciativa. Menos se esperaba la postura de los nacionalistas de CiU y PNV, a los que fiaba sus apoyos parlamentarios a esta reforma que, como base, propone que los consistorios sean gobernados por el cabeza de la lista que logre el apoyo del 40% de los ciudadanos. Es decir, que el partido que obtuviese este porcentaje de voto, se llevaría una prima o bonus que le otorgaría automáticamente la mayoría absoluta.

En el caso de CiU, que se sumó a la iniciativa de UPyD vía una enmienda transaccional, el diputado Carles Páramo, reclamó al Gobierno que paralice esta iniciativa hasta, al menos, los comicios de mayo de 2015. En el caso de los nacionalistas vascos, el parlamentario Aitor Esteban, mantuvo que, a juicio de su grupo, no estamos "en el momento adecuado" para ello. No obstante, censuró que UPyD, con su iniciativa, reclame al Gobierno que se frene esta cuestión mientras, al mismo tiempo, demanda que se abra un proceso de negociación para la reforma de la ley electoral. 

El de este miércoles fue el segundo mazazo que reciben los conservadores en este asunto. El pasado jueves, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, mantuvieron un encuentro con la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. La reunión comenzó con la reforma de la ley electoral local dentro del paquete de medidas de regeneración democrática. Y terminó con esta iniciativa fuera de la mesa de negociación abierta en la cámara baja. Serán ahora, ahora la dirección del Partido Popular la que mantengan reuniones con el resto de formaciones sobre este asunto. Reuniones partido a partido. Esta cuestión hizo que más de uno, incluso dentro del partido de Gobierno, se plantease que la iniciativa no verá la luz en los próximos meses, como se había asegurado desde algunos sectores de las filas conservadoras.

El encargado de la defensa de la postura del PP, que, salvo cambios de última hora, será la única formación que vote en contra, fue el diputado Juan Carlos Vera. “Los ciudadanos no votamos para que nos gobierne una coalición de perdedores”, señaló después de afear a UPyD esta iniciativa contra la reforma electoral al tiempo que pide que se abra un debate sobre la misma.

Vera recurrió al argumentario del que vienen tirando sus compañeros de partido desde que Mariano Rajoy anunció en un Comité Ejecutivo Nacional su intención de abordar este tema. A saber: que el Gobierno aboga por el “diálogo”. Que nadie está intentando imponer “nada” y que la oposición, y especialmente el PSOE, no pueden sentirse sorprendidos porque no sería la primera vez que se reforma esta ley. “Lleva en el programa electoral del PP desde 2003. Nos sorprende que se nos impida hablar de ello”, dijo. 

Además, Vera insistió, como ya había hecho la vicepresidenta del Gobierno la semana pasada en la sesión de control, en que los socialistas ya reformaron la ley electoral en 1983 y en 2006 sin consenso. ¿Se trata de un aviso a navegantes? Más bien de un órdago porque cada día que pasa en el PP cunde la idea de que este tema no saldrá adelante.

El diputado del PP cerró su intervención invitando al resto de grupos a que le trasladen sus propuestas de reforma. Antes había escuchado la petición unánime de todos los portavoces de que esto no se haga sin consenso.

Para Susana Sumelzo (PSOE), la iniciativa del PP responde a las prisas por la cercanía de las elecciones. "Para el Grupo Socialista esta reforma es inaceptable", dijo. Desde la Izquierda Plural, Joan Josep Nuet, advirtió al PP de que "si la gente no les quiere, la gente los van a echar". Y, desde el Grupo Mixto, Alfred Bosch, consideró que "sus intenciones no son ni las más buenas, ni las más bonitas".

La importancia de "las formas" en democracia

Por su parte, Unión Progreso y Democracia (UPyD), el autor original de esta moción exigió al Gobierno que “renuncie” a cambiar el sistema de elección de alcaldes “a solo siete meses” de las elecciones municipales y autonómicas. “No se puede tratar de modificar las reglas de un partido mientras se está celebrando ese partido. Ningún ciudadano lo entendería”, sostuvo el portavoz adjunto de la formación, Carlos Martínez Gorriarán.

Martínez Gorriarán, que pactó una transaccional a la moción con PSOE y CiU, recordó que el Consejo de Europa el que recomienda “separar al máximo” las reformas de leyes electorales de los propios comicios. “Es algo muy delicado”, dijo al tiempo que sostenía que "las formas", en democracia, son muy importantes.

No es la única petición que el número dos de UPyD trasladó Gobierno. Al margen de respetar las recomendaciones europeas, Martínez Gorriarán demandó que, ante cualquier reforma, el Ejecutivo debería contar, “como mínimo”, con el mismo consenso que obtuvo en su día la fijación del sistema de elección de alcaldes que hoy está vigente.

Tras más de un año y medio de debate, el pasado diciembre el Boletín Oficial del Estado publicó la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como reforma local. Nació con dudas de su constitucionalidad por parte del Consejo de Estado, sin gustar siquiera a los alcaldes del Partido Popular. Y con amenazas de recursos de inconstitucionalidad ya consumadas. Ahora, siete meses después de que viera la luz, el Ejecutivo ha decidido levantar el pie del acelerador en su aplicación abriendo la revisión de algunos de sus puntos y aplazando compromisos previstos en el articulado para este otoño. ¿El motivo? No quieren rebeliones de alcaldes antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Ni que los candidatos conservadores, ya muy tocados por lo general en las encuestas, pierdan más opciones.

El ejemplo más claro de esta estrategia está, según las fuentes consultadas, en el calendario fijado en la propia ley para que los consistorios hiciesen pública una valoración de lo que les cuesta prestar determinados servicios a la población. Se trata del denominado "coste efectivo". Una cuestión polémica porque, en un principio, la intención del Ministerio de Hacienda era la de fijar un precio estándar para la prestación de los servicios. Esto, en la práctica, suponía que si un ayuntamiento se pasaba de la cifra perdía la competencia a favor de la diputación, lo que encendió los ánimos de los alcaldes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El plan b que encontró el ministro Cristóbal Montoro fue el de olvidar este concepto y sustituirlo por el de coste efectivo, una horquilla en la que se tendrán en cuenta factores como la población, la geografía, la insularidad... Según el texto legislativo, en su artículo 116, "todas las Entidades Locales calcularán antes del día 1 de noviembre de cada año el coste efectivo de los servicios que prestan, partiendo de los datos contenidos en la liquidación del presupuesto general y, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas de las entidades vinculadas o dependientes, correspondiente al ejercicio inmediato anterior". Un precepto que las fuentes consultadas ven difícil que vaya a cumplirse este año puesto que, a día de hoy, el ministerio no ha fijado los criterios a partir de los cuales ha de hacerse este cálculo.

Sin intercambio de documentos

En la FEMP admiten que hasta la fecha no han recibido una sola propuesta ni borrador del departamento de Cristóbal Montoro con el método que los consistorios deben emplear para hacer este cálculo. Y que, ya entrados en el verano, es muy difícil que vayan a cumplirse los plazos marcados en la ley. No obstante, las noticias que les llegan desde Hacienda apuntan a que están trabajando en ello.

¿Qué supondría, en la práctica, la publicación de estos costes efectivos? "A priori, que se establezcan comparaciones entre unos y otros ayuntamientos y surjan enfrentamientos, no sólo entre partidos, sino entre alcaldes de un mismo partido por el hecho de que en un municipio sea más barato que en otro prestar determinados servicios". Un debate que los conservadores quieren evitar a pocos meses de las autonómicas y municipales de mayo.

Hace poco menos de un mes, el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, admitió que Hacienda estaba dispuesta a modificar la ley ya aprobada para retirarle a los equipos de gobierno de los ayuntamientos la capacidad de aprobar planes de ajuste sin el consentimiento del Pleno. Se trata de una observación censurada recientemente en un informe del Consejo de Estado en el que el organismo valoraba el recurso de inconstitucionalidad contra esta legislación planteado por 3.000 consistorios. El total de ayuntamientos en España es de 8.116.

Asimismo, este órgano consultivo ponía en el punto de mira el tema del polémico coste efectivo y el hecho de que las diputaciones asuman la coordinación de determinados servicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

No es la primera vez que el Consejo de Estado dejaba por escrito sus dudas respecto a esta ley. Hace justo un año, el 2 de julio de 2013, este órgano ya se pronunció de forma muy crítica respecto al anteproyecto de ley que le fue remitido desde el Consejo de Ministros. Por entonces, el Ejecutivo respondió asegurando que iba a incorporar al texto definitivo estas recomendaciones.

¿Interés partidista?

Las fuentes del Partido Popular consultadas por infoLibre admiten que el ritmo de aplicación de la ley se ha ralentizado, pero subrayan que se trata de una cuestión "política más que partidista" en la que ninguna formación va a presionar. Pese a esta afirmación hay dos cuestiones importantes a tener en cuenta. Una: que gran parte de los consistorios españoles están en manos de los conservadores. Y dos: que si los partidos no presionan para la aplicación de esta ley es porque sólo PP, PNV y UPN decidieron dar su respaldo a la formación del Gobierno en la tramitación parlamentaria de esta reforma.

El trasfondo: miedo a perder poder territorial

Si en el Partido Popular albergaban alguna duda de que su escenario electoral se ha complicado en los últimos años, las elecciones europeas acabaron de confirmar lo que ya venían mostrando las encuestas. Hasta el punto de que la dirección nacional del partido ha prometido a sus dirigentes un estudio pormenorizado de qué ha fallado con soluciones de cara al próximo otoño, cuando se empiecen a preparar las candidaturas para mayo.

El vicesecretario de Organización y Electoral del partido, Carlos Floriano, se ha reunido en las últimas semanas con representantes de las direcciones regionales y provinciales del partido para analizar los resultados del pasado 25-M, cuando el PP perdió el 33% de los escaños en el Parlamento Europeo. En estos foros, la dirección nacional ha escuchado de forma permanente la queja de que son las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy las que han lastrado los resultados electorales. En este contexto se interpreta el último anuncio de Mariano Rajoy para retener el poder municipal: la elección directa de alcaldes, un salvavidas para que los conservadores puedan retener consistorios que llevan años en su poder y de gran relevancia política, como Madrid y Valencia.

La crisis económica ha puesto en cuestión la viabilidad de muchos municipios españoles. El mantra repetido por los que defienden que las 8.115 corporaciones locales que existen actualmente en el país son demasiadas –el último registro, de 2012, no incluye la fusión de Oza dos Ríos y Cesuras, en Galicia, que tuvo lugar en 2013– es que este abultado número tiene como consecuencia un despilfarro de recursos inasumible para un tiempo como el actual. 

El actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas parece ser uno de los abonados a esta teoría. En mayo del año pasado este departamento sacó a la luz unos cálculos propios que determinaban que 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes y 344 de entre 5.000 y 20.000 eran ineficientes porque prestaban sus servicios a un coste superior del que podrían ofrecerlos, según una información recogida por Europa Press. Aunque en la presentación de esos datos no se dijo que el ahorro pudiera conseguirse por la vía de la fusión, sí se dio a entender que eran inviables económicamente. Y su titular, Cristóbal Montoro, sí ha dicho en más de una ocasión que la dispersión administrativa, en ocasiones, es "muy costosa". 

En la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que siempre se ha opuesto a la imposición de uniones de municipios, dicen no contar con estudios rigurosos sobre el impacto que pueda tener en el ahorro en la prestación de servicios municipales las hipotéticas fusiones a las que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a aludir el pasado lunes ante la plana mayor de su partido, según contó después la secretaria general del PP en rueda de prensa. Y aseguran que cerrar pueblos atendiendo al tamaño no está en la agenda de negociación de la FEMP con el Ejecutivo. 

Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas preguntaron a Soraya Sáenz de Santamaría sobre este asunto y ella esquivó la cuestión. Rajoy, por su parte, desde ese Comité Ejecutivo Nacional del PP en el que, según Cospedal, se habló del tema, no ha vuelto a decir una sola palabra. Ha optado por centrarse en el tema de la reducción de aforados y en la elección directa de alcaldes. Por el momento, el Ejecutivo no ha dado más datos sobre el nivel mínimo de población que considera óptimo para que dos o más municipios se fusionen ni sobre cuántas poblaciones se verían afectadas por este plan. La realidad es que el 95% del total municipios que hay en España (7.717) cuentan con menos de 20.000 habitantes. Los que tienen menos de 5.000 habitantes son 6.803.

Sin embargo, no es la primera vez que actual Ejecutivo abre este melón. El Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas 2012-2015 que el Ejecutivo remitió a Bruselas en abril de 2012 incluía este asunto en su capítulo de objetivos. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en ese momento que España tenía un número de ayuntamientos "muy superior a otros países europeos" y que, por tanto, habría que "introducir medidas de racionalización, eficiencia y reducción del gasto público". 

Finalmente, explican desde la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ese asuntó se canalizó, un año después y de forma descafeinada, a través de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la reforma local. Aunque en los primeros borradores –llegaron a elaborarse casi una treintena– sí se apostaba por forzar la unión de ayuntamientos, finalmente lo que incluye la norma que se aprobó en el Congreso en diciembre de 2013 son incentivos a la fusión voluntaria. Es decir, esta ley no impone que haya fusiones, si bien establece beneficios para los municipios que lo hagan. Entre ellos, incrementar su financiación, darles preferencia a la hora de asignarles planes de cooperación local o de subvenciones o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional. El requisito para que puedan hacerlo es que lo decida una mayoría simple del pleno municipal y no por mayoría absoluta, como establecía la ley anterior.

La fusión de municipios fue precisamente uno de los asuntos más polémicos de una norma que creó más de un quebradero de cabeza al ministro Montoro. Los alcaldes se pusieron en contra desde el principio y el concepto acabó incluso desapareciendo de algunos de los borradores de la reforma, si bien finalmente se incluyó en los términos comentados.

El argumentario oficial de la FEMP, que preside el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna (PP), es que una fusión de municipios sólo puede tener lugar siempre que sea a petición de estos y que se lleve a cabo "respetando la autonomía municipal". No obstante, fuentes de este organismo señalan que este asunto no está sobre la mesa en sus conversaciones con el Ejecutivo, aunque reconocen que sí lo estuvo durante los primeros meses de Gobierno cuando el posible rescate a España era un tema candente. De hecho, explican que es un "tema delicado" y que puede ser "una fuente de conflictos" y que por eso mismo se optó por no incluirlo como obligación en la reforma local. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, intentó hacer algo similar en su comunidad y al final la propuesta también cayó en saco roto. 

Montse Muñoz

, secretaria del Área Institucional de IU, cree que el número de municipios no genera en sí mismo problemas económicos porque son precisamente los consistorios más pequeños los que tienen menos problemas financieros. "Lo que sí hay que fomentar son fórmulas de colaboración para garantizar una correcta prestación de servicios a todos los ciudadanos", señala. A su juicio, la fusión de municipios abriría una brecha de desigualdad entre los habitantes del entorno rural y los que viven en espacios urbanos y también restaría elementos de expresión democrática a la ciudadanía, pues son los pueblos más pequeños donde más participación en la gestión suele haber por parte de los vecinos. Abel Caballero (PSOE), alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, declinó opinar para este reportaje. 

Motivación económica

Aunque nadie se opone a la fusión voluntaria, sí hay expertos que consideran equivocada la motivación económica. Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, cree que no tiene sentido sustentar un plan de este tipo en un pretendido ahorro que, a su juicio, "sería una gota de agua en el mar del déficit de las administraciones públicas, no de las entidades locales que, salvo algunas excepciones, tienen sus cuentas saneadas". De hecho, según datos de la Comisión Europea, las administraciones locales cumplieron sobradamente su objetivo de equilibrio presupuestario en 2013, registrando un superávit equivalente al 0,4 % del PIB.

Embid recuerda que la mayoría de alcaldes y concejales de los pueblos pequeños no reciben remuneración alguna en función de su cargo y que sólo cobran determinadas dietas para desplazamiento u otro tipo de gastos derivados de sus funciones. Embid cree que ese "pequeño ahorro" que podría lograrse sería consecuencia de lograr economías de escala que sí son más eficientes. "Es cierto que es más barato recoger la basura de mil habitantes que de cien", asevera, si bien concluye que ese tipo de servicios se pueden abordar de forma conjunta a través de otras fórmulas de colaboración como las mancomunidades, que ya utilizan muchos municipios para la gestión del agua, las basuras, los bomberos... E incluso otro tipo de fórmulas como los consorcios para la prestación de servicios o las comarcas que, por ejemplo, existen en Aragón. 

Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, cree, no obstante, que sí es imperioso debatir sobre el reparto competencial. Sin embargo, no es tan partidario de asentar el sistema de las mancomunidades, especialmente para municipios que superan los 5.000 habitantes. "La reforma local las considera instituciones intermedias basadas en la voluntad de los regidores del municipio. Eso puede generar problemas de transparencia de cara a los ciudadanos u otro tipo de conflictos especialmente dentro de un momento de crisis. Por ejemplo, si uno de los municipios está pasando por una situación económica peor y deja de aportar lo que debe a la mancomunidad, ¿sus habitantes se quedan sin la prestación de esos servicios o son los otros pueblos los que tienen que compensar la cantidad que no se ha aportado?", se pregunta. 

Parejo considera que una de las soluciones puede pasar por gestionar los servicios a escala provincial. Aunque para eso habría que regular el papel de las diputaciones –"consideradas entidades de segundo grado y no acostumbradas a las prestación de servicios directos", explica–, algo que no incluye la recién estrenada reforma local. 

La realidad es que no se conocen estudios económicos rigurosos que ayuden a decantarse por la supresión de entidades locales. Y el anuncio de esta semana, a juicio de los expertos, aparece más ligado a una situación de crisis o de oportunidad política que a otro tipo de cuestiones de carácter operativo. "Cualquier tipo de reforma del régimen local, pensable y, por tanto, perdurable, parece incompatible con los márgenes temporales de una situación de crisis y es también relativamente presumible que sus efectos económicos, sobre todo, pero también de otra índole, se percibirían ya fuera de la misma", señala Embid. En este sentido, celebra que la reforma local vaya a hacer más transparentes los costes de suministro de los servicios públicos locales, pues la norma obliga a los ayuntamientos españoles a publicar lo que les cuesta cada servicio. A partir de entonces se podrán establecer comparaciones por la mayor o menor eficiencia de los gobiernos municipales.

La fusión de municipios no es algo que resulte ajeno a la realidad de otras naciones europeas. Si bien, señala Embid, hay que tener en cuenta las particularidades de cada país y la forma en que se define su territorio. El último país que ha llevado a cabo un proceso de fusión ha sido Grecia. En situación de bancarrota y alentado por la feroz crisis económica y la supuesta voluntad de ahorrar dinero público, el país heleno acabó con 679 municipios. El ahorro que pretendía lograrse a través de la colaboración en la prestación de servicios se calculó en torno a los 1.185 millones de euros. Suecia, Holanda, Dinamarca o Bélgica también llevaron a cabo grandes procesos de fusión, aunque lo hicieron a mediados del siglo pasado. Según Parejo, en Inglaterra también se eliminaron más del 70% de los municipios y, en Alemania, casi la mitad. 

La realidad es que el debate está ahí. Y por eso conviene determinar quién sería el encargado de establecer ese nuevo mapa. Los procedimientos de fusión, coinciden Embid y Parejo, corresponden a las comunidades autónomas. Aunque, claro está, el Estado puede regular este asunto a través de una ley básica que correspondería después a las autonomías desarrollar en el ámbito de sus competencias. Parejo señala, sin embargo, que una norma de este calado podría plantear algún conflicto en términos de inconstitucionalidad "no por el hecho de que se lleve a cabo la fusión, sino por quién la lleva a la cabo", porque la Carta Magna también reconoce ciertos espacios de autonomía a las entidades locales. En todo caso, Embid considera que, de abordarse este asunto, sólo tendría justificación si estuviera respaldado por un gran pacto nacional. 

Pero además del terreno legislativo, los expertos coinciden en que este tema puede hacer florecer tensiones históricas y culturales en un país con gran tradición localista. Y es que, como sentencia con ironía Embid, "en España la gente es muy de su pueblo". 

Cerca de 3.000 ayuntamientos de toda España gobernados por distintos partidos de la oposición han presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra la reforma local impulsada por el Gobierno del PP.

Encabezados por el vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, representantes de la política municipal han acudido al TC para entregar 80 cajas que contienen los acuerdos alcanzados en los plenarios de esos ayuntamientos y que forman parte del recurso de inconstiticionalidad contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Abel Caballero ha calificado la reforma local como "el mayor ataque al municipalismo que se hizo nunca en democracia" y ha advertido de que tendrá unas "enormes consecuencias negativas para millones de españoles".

PSOE, Izquierda Plural, UPyD, Coalición Canaria, ERC, BNG y Compromís han presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la reforma local al considerar que priva a los ayuntamientos de su autonomía y supone "el mayor ataque a la democracia".

El recurso [consúltalo aquí en PDF] ha sido presentado en la sede del Tribunal Constitucional por el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, acompañado del secretario de Política Local y Autonómica de los socialistas, Gaspar Zarrías, la diputada de IU Ascensión de las Heras, la de UPyD Irene Lozano, Ana Oramas por parte de Coalición Canaria, el de CHA Chesús Yuste y el de Compromís-Equo, Joan Baldoví.

Jáuregui ha explicado que el recurso lo firman más de 130 diputados de estos grupos parlamentarios más de 130 diputados de estos grupos parlamentarios. Fuera del recurso sólo quedan los parlamentarios del PP, del PNV –que apoyó la reforma local en su tramitación en las Cortes Generales–, CiU –que sí va a presentar recurso desde el Gobierno y el Parlamento catalán– y varias formaciones del Grupo Mixto.

"La ley va a provocar enormes dificultades para la gestión de los ayuntamientos en España. Ya las está provocando", ha denunciado Jáuregui, para añadir que la norma, en vigor desde 31 de diciembre de 2013, también priva a los ayuntamientos de su capacidad de gestión de la política social, de recursos y de instrumentos para poder llegar cerca de la gente necesitada, algo "absolutamente imprescindible en la España de la pobreza de hoy".

2.300 ayuntamientos de toda España y varias CCAA

El recurso se suma a los de los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Cataluña, Canarias y Asturias, a los de los parlamentos de dichas comunidades así como los de Extremadura y Navarra, y al que ayer registró el Ayuntamiento de Barcelona en representación de 2.300 municipios españoles a través de la vía denominada conflicto en defensa de la autonomía local.

A este respecto, Jáuregui ha destacado que se trata de la primera vez en la historia democrática de España que se va a presentar un recurso en nombre de los ayuntamientos, los cuales representan, en este caso, "a más de 16 millones de españoles". "Es un recurso ampliamente representativo de una amplia mayoría social española. La mayoría política del PP es minoría social en este recurso", ha apostillado.

Para la diputada de IU, Ascensión de la Heras, la norma supone "uno de los mayores ataques a la democracia", a la autonomía local y a la de las comunidades autónomas. "Ante este ataque sin precedentes, una respuesta sin precedentes, por tres vías: desde las comunidades autónomas, desde más de 2.000 ayuntamientos por primera vez en la democracia, y hoy, la culminación con este recurso que representamos los diputados mayoritarios de la oposición", ha explicado. Al igual que Jáuregui, De las Heras ha denunciado que el Gobierno del PP está tratando "demoler" los servicios de proximidad que prestan "con mucha dificultad los ayuntamientos", en un momento "absolutamente imprescindible de atención al ciudadano".

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas también ha advertido de que ni los partidos, ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas están dispuestos "a que un Gobierno del PP evite que se atienda a los ciudadanos en la peor época que está pasando España". "Los ayuntamientos pueden dejar de asfaltar las calles, que son competencia propia, pero lo que nunca pueden dejar de hacer es atender al ciudadano que va allí con una problemática social, ni cerrar la guardería, ni quitar la atención domiciliaria, ni dejar de atender a las mujeres maltratadas, aunque no sean competencias propias", ha avisado.

"Chapuza injusta"

Por su parte, la diputada de UPyD Irene Lozano ha criticado que la reforma local es "un ejemplo de cómo el PP piensa que por tener mayoría absoluta puede hacer lo que quiera". "Es una chapuza con graves consecuencias", ha agregado, para rechazar asimismo que mientras se recortan la prestación de los servicios sociales, se les mantiene a los ayuntamientos el urbanismo y también que en lugar de acabar con las Diputaciones provinciales, se refuerza su papel.

Por último, el diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, también ha tachado la norma de "chapuza" y de ser "injusta", porque se está alejando la Administración de los ciudadanos en temas "tan sensibles" como son las políticas sociales. "No pararemos hasta que esta chapuza de ley se venga abajo", ha avisado.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha asegurado este viernes que la reforma local aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es "plenamente constitucional" y ha acusado al PSOE de guiarse "solo por razones partidistas" al recurrir esta norma. Para Arenas, está "seguro" de que la ley de reforma local –que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013– cuenta con el apoyo de la mayoría de los ayuntamientos y de la mayoría de los ciudadanos.

Según los promotores, se trata de la primera vez que se moviliza un número tan elevado de Ayuntamientos contra una ley del Gobierno. Asimismo, han confirmado que será el consistorio de Barcelona el que solicite el dictamen del Consejo de Estado, paso previo a la presentación de este tipo de recurso ante el Tribunal Constitucional que presentarán los 2.000 ayuntamientos que lo suscriben, cumpliendo "sobradamente" los requisitos, informa Europa Press.

Así, el portavoz de Constitucional del PSOE y número dos de la candidatura socialista a las elecciones europeas, Ramón Jáuregui, manifestó en declaraciones a los medios durante el acto que los promotores tiene la esperanza de que el recurso prospere "porque tiene una legitimación de ciudadanía enorme como no ha tenido ningún otro recurso en la historia democrática española". "Es imprescindible ganar este recurso", apostilló.

Además, destacó que el acto celebrado este sábado, en el que por parte del PSOE también participaron el secretario de Ciudades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, la portavoz de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, y 19 alcaldes socialistas, es "inédito en la política democrática española".

"Es la primera vez que millones de españoles representados por alcaldes y diputados recurren una ley gravísima contra la autonomía municipal, una ley que recorta servicios sociales muy importantes para los ciudadanos, que ya están sufriendo los efectos de la ley local, que recorta prestaciones básicas en la atención de los mayores, en educación, en sanidad", denunció.

"Afrenta a la Constitución"

En esta misma línea, el cabeza de lista de IU a las elecciones europeas y miembro de la dirección federal de la formación, Willy Meyer, celebró que "en la historia de la democracia es la primera vez que 2.000 ayuntamientos se suman a este recurso de inconstitucionalidad", al tiempo que ha advertido de que la ley, aprobada a finales del año con el único apoyo del PP y el PNV, "persigue poner fin a la autonomía municipal".

"La ley del PP es una afrenta a la propia Constitución y va directamente en contra del interés de la ciudadanía, porque un ataque a la autonomía municipal es un ataque directo a la propia ciudadanía", denunció Meyer, acompañado por la diputada de IU responsable de temas municipales, Ascensión De las Heras; la secretaria ejecutiva municipal, Montserrat Muñoz, el responsable de Política Municipal, Manuel Fuentes, y varias decenas de alcaldes y representantes municipales de esta formación.

Para el candidato de IU a los comicios europeos de mayo, la medida del Gobierno que va a ser desarrollada en los próximos meses "es un ataque más de los que estamos sufriendo en España para, en primer lugar, poner en cuestión la Constitución a través de una política pactada en Europa, que permite la actuación antidemocrática de la troika sobre la base del 'austericidio'".

En privado, los dirigentes del Partido Popular ironizan sobre una de las críticas más recurrentes que les llega desde los partidos de la oposición y con la que se topan, casi a diario, en los medios de comunicación: la de la aprobación en solitario, sin el apoyo de otras formaciones, de un altísimo número de iniciativas parlamentarias. Lamentan que se les acuse de quedarse solos en las votaciones cuando cuentan con una mayoría absoluta muy amplia –185 diputados de 350 que componen la totalidad del Congreso de los Diputados–. Y, en su descargo, señalan que cumplen con el mandato que le dieron los españoles en las urnas en noviembre de 2011, cuando Mariano Rajoy venció por mayoría absoluta.

Ninguna de las cuestiones más polémicas ha escapado del rodillo de la mayoría absoluta del PP: desahucios, seguridad privada, reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para reducir el número de diputados, reforma educativa, justicia universal... Son sólo ejemplos. No obstante, hay un terreno al que no llega el rodillo parlamentario de los conservadores. Desde que la legislación empieza a tomar forma, e incluso una vez aprobada, diversos órganos consultivos e instituciones ponen peros, en ocasiones muy contundentes, a los textos. A veces, como ha ocurrido con la Ley de Seguridad Ciudadana, han sido los propios ministerios los que han criticado el texto que originalmente presentó el equipo del ministro Jorge Fernández Díaz. En otras, como sucedió la semana pasada, ha sido la defensora del pueblo quien, a instancias de un partido político, ha sacado los colores al partido de Gobierno.

Soledad Becerril decidió llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) la atribución al alcalde o a la junta de gobierno local de la competencia del pleno del ayuntamiento de aprobar un plan económico-financiero o de acogerse a iniciativas contra la morosidad. Se trata de su primer recurso contra una ley del Partido Popular, la formación que la propuso como candidata a defensora del pueblo.

Becerril dio el paso a instancias de Alberto Garzón, portavoz de Economía de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). En un escrito con fecha del 13 de diciembre de 2013, tras la aprobación del real decreto ley 14/2013, de 29 de noviembre de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, alertaba de que la disposición adicional tercera chirriaba. En ella, se faculta a la junta de gobierno local, e incluso al propio alcalde, para aprobar un plan de ajuste o adoptar medidas económicas que anteriormente hubieran sido rechazadas por el pleno del Ayuntamiento. Se trata de algo que pone en bandeja que se modifiquen a posteriori decisiones cuando no se cuenta con la mayoría suficiente.

"La Institución considera que la disposición adicional tercera de este decreto ley restringe el 'reducto indisponible o núcleo esencial de la institución local' (en palabras del propio Tribunal Constitucional ya desde sus primeras sentencias), que configura nuestro régimen de autonomía municipal", admitió la Defensora del Pueblo en un comunicado.

Pero hay más ejemplos en lo que va de legislatura. A continuación, se repasan los más significativos.

La reforma local y los límites de la Constitución

La reforma local ya es una realidad. Pero han sido muchos los quebraderos de cabeza que este texto ha dado al Gobierno de Mariano Rajoy y, concretamente, al Ministerio de Hacienda, máximo encargado de la misma. Para que saliera adelante, Cristóbal Montoro no sólo se topó con la oposición frontal del PSOE, el principal partido de la oposición, sino que tuvo que hacer frente al enfado de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) –controlada por el PP– y de un importante número de dirigentes conservadores. 

La ley que hoy está ya en vigor tuvo que ser pulida en múltiples ocasiones, sobre todo para frenar las críticas internas de los regidores conservadores que acudieron en más de una ocasión a la sede nacional del partido para marcar sus líneas rojas y amenazar con un plante. Pero también hubo cambios a raíz de un duro informe del Consejo de Estado en el que se cuestionaba la constitucionalidad de la misma. Con algunas variaciones, el texto final pasó por las Cámaras sin problemas gracias a la mayoría absoluta del partido de Gobierno. Pero la batalla aún no ha terminado. Se enfrenta a recursos de inconstitucionalidad planteados desde ayuntamientos y parlamentos autonómicos, como el de Extremadura, donde gobierna el conservador José Antonio Monago, pero sin mayoría absoluta.

En el citado informe, conocido a principios de julio de 2013, el Consejo de Estado puso en duda la constitucionalidad de esta reforma al advertir de que podía reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. Según señalaba, el "coste estándar" de los servicios que prestan los municipios, que incluía la nueva regulación, se convertía en un cheque "en blanco" que se daba al Gobierno mediante el cual se podía quitar competencias a los ayuntamientos.

Antes de llegar a las Cortes, Hacienda suprimió el denominado "coste estándar" y lo sustituyó por el "coste efectivo", lo que implica que se establecen horquillas de coste de los servicios municipales (agua, iluminación, basuras, reciclaje, guarderías...) teniendo en cuenta criterios poblacionales –como dispersión o insularidad– para evitar que los ayuntamientos pierdan competencias. Los partidos de la oposición no tienen muy claro que esto vaya a ser así en la práctica y creen que se trató de un mero cambio cosmético.

El Gobierno es muy consciente de la dificultad de los ayuntamientos para adaptarse a los preceptos de la norma y de que muchos de los conceptos, el del "coste efectivo" entre otros, no han sido todavía asimilados. Hace un mes, Montoro se reunió con responsables municipales y alcaldes de PP, estos últimos les trasladaron la confusión de la ley y a raíz de ahí el Ministerio de Hacienda elaboró una guía para que los consistorios consulten los aspectos básicos de la reforma.

COPAGO EN TRANSPORTE SANITARIO: UNA MARCHA ATRÁS CASI OBLIGADA

El 13 de enero, la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciaba que daba marcha atrás a su intención de imponer nuevos copagos sanitarios a las prótesis, los productos dietoterápicos y el transporte sanitario no urgente. "Las administraciones tienen que continuar poniendo en marcha medidas de eficiencia para mejorar la calidad de la sanidad", justificó la ministra, quien también defendió que "los esfuerzos de los ciudadanos están dando sus frutos" y que, por ello, no se pedirán "nuevos esfuerzos" porque, además, la situación económica ha mejorado a su juicio en los últimos doce meses.

No pasaba por alto que esta decisión llegaba después de un informe del Consejo de Estado sobre el transporte en ambulancia, que ponía en duda el posible ahorro que implicaría la medida incluida en un real decreto sobre el transporte sanitario no urgente. A juicio del órgano consultivo, el coste de gestionar los cobros podría ser superior a la aportación de los propios usuarios.

No obstante, Mato subrayó que su cambio de parecer no tenía nada que ver con ese documento pues el texto no contenía ninguna objeción mayor. 

'Enmienda a la totalidad' al decreto de becas de Wert

Uno de los principales caballos de batalla de José Ignacio Wert en el último año ha sido el de las becas. El pasado junio, el Consejo Escolar del Estado planteó "prácticamente una enmienda a la totalidad" al proyecto de real decreto de becas y ayudas al estudio. En su documento, se plantearon 28 propuestas de modificación sobre el articulado de la norma.

El último Consejo de Ministros previo a las vacaciones de verano, el del 2 de agosto, dio luz a este real decreto. Pero en octubre, el Tribunal Supremo (TS) admitió a trámite el recurso presentado por CCOO contra el decreto de becas. El sindicato alegó que la nueva normativa vulneraba el principio de igualdad y el derecho a la educación al endurecerse los requisitos académicos para acceder a estas ayudas.

En concreto, Comisiones Obreras argumentaba en su recurso que el texto normativo vulneraba el principio de igualdad y no discriminación del artículo 14 de la Constitución española por negar la posibilidad igualitaria de alcanzar una educación y estudios a quien no llegue al umbral académico establecido en el real decreto, beneficiando a aquellos que sin alcanzar esta nota tengan medios económicos para poder seguir sus estudios.

CCOO también solicitaba la suspensión cautelar del real decreto para evitar el daño "irremediable" que supondría la aplicación de esta normativa para los estudiantes que dejaran de acceder a sus estudios por no tener una beca en el tiempo que tarde en pronunciarse el TS. Esta petición de suspensión fue rechazada por el tribunal al entender que "perjudicaría el interés público".

La ley de parques nacionales, en tela de juicio

El pasado 24 de enero, el Consejo de Ministros aprobó remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Parques Nacionales, con el que, según la Moncloa, "se garantiza la adecuada conservación de estos espacios que cuentan con la máxima protección medioambiental en España, y se refuerza la coordinación y la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas, encargadas de su gestión".

Las mismas fuentes sostenían que el nuevo modelo "respeta la gestión ordinaria por parte de las comunidades autónomas, suma la coordinación por parte del Estado; procura una gestión más participativa y abierta a la sociedad; integra en la gestión a los habitantes de los Parques Nacionales y de sus entornos, impulsando el desarrollo sostenible de estas poblaciones". Se trataba, no obstante, de un texto que, un mes antes, había sido objeto de crítica por parte del Consejo de Estado. Hasta el punto de que aconsejaba que se reconsiderase de forma global.

A juicio de este órgano consultivo, había aspectos de la ley que podrían no ajustarse a la Constitución, sobre todo en materia de competencias de las comunidades autónomas. Entre otros aspectos, instaba a reconsiderar el artículo 8, sobre el órgano que puede bloquear la decisión de una comunidad autónoma de que las Cortes declaren un Parque Nacional; así como el 13, respecto al que se reclamaba que se explique y defina lo que se entiende por "emergencia" y de la oportunidad a la comunidad autónoma de actuar y adoptar medidas contra posibles daños irreversibles antes de que el Estado tome el mando.

Fuentes de Agricultura sostienen que el texto definitivo que está en el Congreso recogió las principales aportaciones del mencionado dictamen.

Lo que está por venir: la reforma de la ley del aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, podrá aprobar su polémica reforma de la ley del aborto en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría absoluta de su partido. Y también, gracias a que pocos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular se atreverán a romper la disciplina de voto. La apisonadora de la mayoría absoluta volverá a funcionar. Lo que no evitará será el reproche previo de los órganos consultivos.

El anteproyecto de reforma de la ley del aborto fue presentado en el Consejo de Ministros del pasado 20 de diciembre. Según avanzó infoLibre el pasado 4 de marzo, Justicia ha recibido aproximadamente la mitad de los 29 estudios solicitados. El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón remitió el anteproyecto a los 29 órganos consultivos entre los días 10 y 15 de enero. Ateniéndonos a los plazos oficiales, que conceden un mes para la presentación de las observaciones, el ministerio debería haber recibido ya los correspondientes informes. Pero los órganos tienen la posibilidad de solicitar un mes más de plazo. A día de hoy, el ministerio ha recibido esta petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal, dos de los informes considerados prescriptivos junto a los de la Agencia de Protección de Datos y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Una vez recibida toda la documentación, el paso siguiente que dará el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón será el de estudiar los informes e introducir los cambios que se estimen oportunos. De ahí, el texto pasará al Consejo de Estado. Este organismo no tiene limitación de tiempo para hacer sus observaciones. Con ellas, Justicia volverá a someter a examen el anteproyecto y, si lo cree conveniente, incluirá nuevas modificaciones. Será en este momento cuando podrá hablarse ya de proyecto de ley y cuando el Consejo de Ministros volverá a ponerlo sobre su mesa. Luego partirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. En el Grupo Parlamentario Popular consideran que esto no ocurrirá nunca antes de las elecciones europeas.

No sé sabe hasta qué punto Justicia está dispuesta a modificar el texto original que, como asunto más polémico, acaba con el supuesto de malformación fetal. Lo que sí se sabe es que gran parte de los órganos consultados han remitido o van remitir al ministerio serias objeciones al anteproyecto.

La mayor metaformosis de los ayuntamientos en democracia –o su "destrucción", en palabras de la oposición– ya está en marcha. El Congreso aprobó ayer jueves, definitivamente, la reforma local un año y medio después de que el Gobierno estudiara el primer borrador pero apenas tres meses después de que el proyecto de ley llegara a la Cámara baja. El texto, considerado por la Moncloa como un cambio estructural y medular, ha tropezado con el rechazo frontal de la práctica totalidad de los grupos –todos, salvo PP, PNV y Unión del Pueblo Navarro–, de buena parte de los alcaldes de los 8.116 municipios del país y los recelos incluso del propio partido del Ejecutivo, que frente a los conatos de rebelión de sus regidores se ha visto obligado a suavizar en parte la redacción original. Aparte de por el contundente tirón de orejas del Consejo de Estado.

El Gobierno ha defendido contra viento y marea su Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, con el argumento de que en la práctica el ciudadano no va a sentir la reforma en su vida diaria, y en cambio sí se hará verdad la máxima de "una Administración, una competencia" –para eliminar duplicidades– y se conseguirá un ahorro importante para las arcas públicas. En principio, vendió un ajuste de 8.000 millones de euros para el periodo 2014-2015, una cifra que luego rebajó sustancialmente: ese impacto de 8.000 millones se lograría entre 2013 y 2019. Pero tal ahorro hay que someterlo más todavía en cuarentena, porque parte de la reforma no entrará en vigor hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Además, las entidades locales no son las grandes responsables de la deuda y del déficit. 

Pero, ¿los ciudadanos van a palpar los efectos de la nueva ley? ¿Cómo? La oposición pronostica que se deteriorarán los servicios que hasta ahora prestarán los ayuntamientos y que estos serán más "caros" debido a que se alienta la "privatización", que se "empequeñecerán" los municipios por la pérdida de competencias y la desfiguración programada por el Ejecutivo, que los servicios sociales –tales como teleasistencia, ayuda a la mujer, dependencia, escuelas infantiles...– quedarán condenados en muchos casos a la desaparición. Que lo que pretende Mariano Rajoy, en suma, es el "desmantelamiento" de uno de los pilares básicos de la democracia, las corporaciones locales. CiU se queja de que el texto "no es bueno para Cataluña ni para el resto del Estado" y UPyD, de que mantiene los "chiringuitos" de poder, sin resolver los "muchos" problemas de los consistorios.

5.118 millones de euros en servicios sociales

"A pesar de lo que ustedes digan, es una ley que garantiza los servicios públicos esenciales. Por fin un Gobierno ha sido capaz de aclarar las competencias municipales", defendió ayer en la tribuna el portavoz conservador, Rafael Merino. El PP niega que se abra la puerta a la externalización. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presidida por el alcalde de Santander, el popular Iñigo de la Serna, no quiso ayer detallar el impacto de una reforma que le toca de lleno, pero sí deslizó que no tendrá "incidencia directa en el ciudadano".

Pero números los hay. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADYGSS), una de las que más han elevado la voz de alarma contra la ley salida del despacho del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, advierte de que están en juego 5.118 millones de euros. Esa es la cantidad gastada en 2012 –presupuesto liquidado– en servicios sociales. De ellos, 1.267 millones son fondos de las comunidades destinados a apoyar esos servicios. El resto, 3.851 millones, emanan directamente de las arcas municipales. Ese coste, esos más de 3.500 millones, son los que a partir de 2016 deberían asumir las CCAA, una cuestión que arroja no pocas dudas dada su precaria situación financiera. Pero la asociación, como recuerda su presidente, José Manuel Ramírez, también pone en jaque la prestación que reciben 9 millones de beneficiarios y hace peligrar unos 70.000 empleos. 

La gigantesca reforma del PP nace ya amenazada. El PSOE volvió a recordar que la impugnará en las próximas semanas ante el Tribunal Constitucional, utilizando las firmas de sus parlamentarios, los Gobiernos de las comunidades en los que está presente o liderando un frente de al menos 1.160 ayuntamientos. 

01. LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS, LOS MÁS CASTIGADOS

En España, el 95% de los 8.116 municipios tienen menos de 20.000 habitantes (son 7.717, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, INE). Pues bien, a esos pequeños ayuntamientos se dirige uno de los cambios medulares de la ley: será la Diputación provincial –y en las autonomías uniprovinciales, la propia comunidad– la que "coordinará" la prestación de servicios como recogida de basuras, limpieza viaria, pavimentación de calles, alumbrado, acceso a los núcleos de población, suministro de agua potable o alcantarillado.

Las diputaciones –instituciones no elegidas de forma directa por los ciudadanos, a diferencia de los ayuntamientos– son las grandes reforzadas, porque ellas podrán prestar directamente esos servicios o hacerlo a través de una gestión compartida "a través de consorcios, mancomunidades u otras fórmulas". La oposición se teme que lo que busca el Gobierno es la "privatización" de estos servicios, pues las diputaciones, como recuerdan el socialista Abel Caballero, vicepresidente primero de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y regidor de Vigo, y Manuel Fuentes, secretario de Política Municipal de Izquierda Unida, "no tienen estructura suficiente" para soportar la cobertura de esos servicios. "Se le da poder a las instituciones más opacas, las diputaciones, para favorecer un negocio seguro, muy jugoso para empresas como las constructoras, muy interesadas en estos servicios. Las diputaciones serán así gestoras de servicios privatizados", resume tajante Ascensión de las Heras, diputada de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA). Si estos servicios estuvieran financiados por tasas –la tasa de la basura, por ejemplo–, serán los órganos provinciales quienes recibirán el dinero, con lo que así las corporaciones perderán una fuente de ingresos. 

La siguiente derivada es que esos servicios en manos privadas "serán mucho más caros" que los prestados por el sector público, y de "menos calidad", como advirtió ayer en el Congreso Gaspar Zarrías, secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE. Manuel Fuentes recuerda el ejemplo de las grandes privatizaciones de los años noventa, de la energía y de la telefonía, que "no redundó en un beneficio del consumidor, sino todo lo contrario". "Se ajustan tasas y precios públicos para asegurar el lucro de las empresas y las subidas tributarias a las familias", señalan los socialistas en un argumentario interno. 

Tercera derivada: los ciudadanos "pierden a su interlocutor más próximo", según incide el alcalde de Vigo. Hasta ahora, si un contribuyente tiene quejas con el funcionamiento de un servicio, puede reclamar en su ayuntamiento. Con la reforma, deberá hacerlo ante las diputaciones, lo que augura una "avalancha de demandas" difíciles de gestionar. 

02. RECORTE DE COMPETENCIAS

El artículo 25 de la nueva ley establece las competencias de los municipios. Un catálogo más restringido que el que recogía la norma anterior, de 1985. Para empezar, porque limita las atribuciones en materias como urbanismo –por ejemplo, sólo podrá promover la vivienda de protección oficial "con criterios de sostenibilidad financiera"– o medio ambiente –parques o jardines, pero no conservación del patrimonio natural– y para seguir porque mutila la autonomía de los ayuntamientos para desarrollar las llamadas competencias impropias. Estas, que venían reflejadas en el artículo 28 del anterior texto, permitía a las corporaciones locales realizar actividades relativas a "la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente". Ahora, pierden estas competencias impropias. "Sólo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública", señala la exposición de motivos. 

El Gobierno, no obstante, preveía un recorte aún mayor de los poderes municipales. Montoro había llevado al borrador el concepto de coste estándar, muy criticado por el Consejo de Estado. Ello suponía fijar el valor de un servicio, sin tener en cuenta otras variables. Si un consistorio se pasaba de ese coste, perdería la competencia a favor de la diputación. El ministro, para calmar la polémica dentro del PP, cambió este concepto por el de coste efectivo, que es el que figura en la ley. Con él, se establecen horquillas de coste de los servicios atendiendo a criterios de población (dispersión, insularidad...) y evitará, en principio, que los ayuntamientos vean reducido aún más su margen de maniobra. Los consistorios estarán obligados a publicar el coste efectivo de los servicios que prestan antes del 1 de noviembre de cada año.

No obstante, las corporaciones que incumplan con el objetivo de estabilidad presupuestaria, o de deuda pública, deberán elaborar un plan económico-financiero en el que deben incluir varias medidas como mínimo: supresión de las competencias que no sean las propias o las ejercidas por delegación, subida de impuestos, adelgazamiento de estructuras o y propuesta de fusión con un municipio colindante de la misma provincia. Sí se mantiene la personalidad jurídica de las entidades locales menores (pedanías, parroquias...), pero estas y las mancomunidades sólo podrán sobrevivir si cumplen con la obligación de rendir cuentas a tiempo. "La fusión que propicia la ley puede dar lugar a situaciones disparatadas como la unión de Barcelona con L'Hospitalet, por ejemplo", ilustra Caballero. 

"Los municipios dejan de ser una Administración territorial con un elenco competencial propio y característico y pasan a ser entidades subordinadas que deben ejecutar materialmente las competencias que les deleguen las comunidades autónomas. Ese texto es un ataque a la Carta Europea de Autonomía Local", dijo ayer Zarrías en el pleno del Congreso. 

03. LOS SERVICIOS SOCIALES, EN PELIGRO

Este es uno de los puntos más conflictivos de la ley del PP. La norma arrebata a los ayuntamientos de las competencias limitadas que tenían en educación, sanidad y servicios sociales, que pasarán ahora a manos de las comunidades. Pero ese trasvase no se hará de forma inmediata. Las CCAA asumirán la titularidad de los servicios sociales con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en la Ley de Financiación Autonómica y de Haciendas Locales. También se supedita al nuevo marco de financiación el traspaso de salud (con un margen máximo de cinco años) y educación. Los consistorios podrían seguir ejerciendo estas competencias si así lo pactan con las CCAA y mediante un convenio que incluya el pago que corresponda.

"Si esta ley va a producir tanto ahorro y a generar tanta eficiencia como dice, ¿por qué lo retrasa hasta que pasen las elecciones municipales de 2015? –interrogó Zarrías al ministro–. Esto es toda una tradición en su partido. Esto es de nuevo el programa en B". 

El problema de la transferencia a las CCAA, según advierten PSOE e Izquierda Plural, radica en que estas no tendrán recursos extra, menos en un tiempo de estrecheces económicas, cuando el Gobierno impone a autonomías y ayuntamientos, en 2014 y 2015, un recorte de 17.471 millones, según comunicó a Bruselas. 

En 2012, las corporaciones locales dedicaron a servicios sociales (teleasistencia, apoyo a la familia, prevención en inserción social, residencias de mayores, atención a discapacitados...) 5.118 millones de euros (3.851 millones directamente de sus arcas), otros 2.411 millones a educación y 802 a sanidad, según los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (ADYGSS), basados en estadísticas oficiales. Los servicios sociales municipales llegan a siete millones de españoles y a nueve millones de beneficiarios –la diferencia se explica porque hay ciudadanos que utilizan más de una prestación–. "Nadie se cree que vayan a pasar a las comunidades. Ya lo dice a las claras el Plan Presupuestario 2014 que el Gobierno envió a Bruselas el pasado octubre. Ahí se habla de supresión de competencias impropias. Eso confirma la destrucción de los srvicios sociales en España. Esto significa –dice José Manuel Ramírez, presidente de ADYGSS– que se rompe la última red que tienen las clases medias, más empobrecidas y marginales. Se quedan sin la última red de protección que tenían. El impacto sobre el ciudadano es brutal. Esta reforma claro que atenta profundamente contra los servicios sociales". La reforma se podría llevar por delante unos 70.000 empleos. 

"Va a costar muy cara en términos de cohesión social"

El presidente de ADYGSS también advierte de que, "lejos de generar ahorro, incrementaría el gasto" el traspaso a las CCAA, tanto por el aumento de la burocracia como por la lejanía", porque "está demostrado que los servicios de proximidad se gestionan de forma mucho más eficaz y a menores costes desde las Administraciones locales". Hay que añadir otra razón: en muchas ocasiones, los consistorios tienen firmados contratos plurianuales con empresas que les prestan los servicios, de modo que romperlos para pasar el poder a las CCAA cuesta dinero. 

La reforma afecta a todos los municipios, pero lógicamente los más afectados son los más pequeños, con los que la ley es "inmisericorde". "Los núcleos rurales habían avanzado en estos 30 años como nunca, y si la población se había quedado en ellos era porque habían logrado tejer una red fuerte de servicios sociales. Ahora eso va a desaparecer. Esta reforma va a costar muy cara en términos de cohesión social. Es una catástrofe", esgrime Ramírez. 

La oposición tampoco ahorra calificativos. "Traerá sin duda un mayor sufrimiento para los de siempre, los más vulnerables", sentencia De las Heras, de Izquierda Plural. De las Heras, como Fuentes, critican el "concepto economicista" que recorre la norma de arriba abajo, al "preocuparse más" por la estabilidad presupuestaria que por los ciudadanos. 

El texto contiene otras medidas, como la limitación del número de asesores municipales o la vuelta a la dependencia estatal de los interventores municipales –colgarán orgánicamente del Ministerio de Hacienda– y los topes de retribución de los alcaldes y concejales, que se ha subido a lo largo de la tramitación parlamentaria. También se garantiza el respeto al régimen foral vasco (razón por la que el PNV votó a favor) y las peculiaridades insulares de Canarias y Baleares. PSOE e Izquierda Plural insisten en que la ley "quita democracia" a los municipios, al trasvasar competencias a las diputaciones y al dar más poder a la Junta de Gobierno local frente al pleno en la prórroga de presupuestos, por ejemplo. 

LA SIGUIENTE BATALLA, EN EL TC

Sobre la reforma ya pesan las amenazas de recurso ante el Tribunal Constitucional. Zarrías subrayó que los socialistas intentarán pararla por las tres vías legales permitidas. Uno, presentando una impugnación suscrita por 50 diputados o 50 senadores por el "ataque a la garantía constitucional de la autonomía local", para lo que el partido de Alfredo Pérez Rubalcaba ha invitado al resto de la oposición, con la que ha convergido en su lucha contra el proyecto del Gobierno. Dos, que las comunidades autónomas presenten recurso. En principio, se prevé que lo hagan Andalucía, Asturias –ambas con presidente del PSOE–, Canarias (que vicepreside el PSOE) y Cataluña. Galicia y Castilla y León, ambas regidas por el PP, se han mostrado beligerantes, pero habrá que ver si se atreven a llevar al TC una ley de Rajoy.

La tercera vía que proyectó Zarrías, más "laboriosa", es la de la "autodefensa de la autonomía local" por parte de los ayuntamientos que quieran protegerse frente a esta "agresión". Ello exige que firmen el recurso un séptimo de los municipios que supongan un sexto de la población, según el artículo 75 ter de la Ley Orgánica del TC. O sea, 1.160 corporaciones que representen a más de 7,5 millones de españoles. 

Ninguna de esas opciones paraliza la aplicación de la ley. Así que esta entrará en vigor en cuanto salga en el BOE, con las moratorias que están contempladas, eso sí, para la transferencia a las CCAA de las competencias en sanidad, educación y servicios sociales. 

La reforma local deberá pasar la próxima semana por el pleno del Senado. De ahí, viajará de nuevo al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva. Tras un proceso complicado que ha durado meses y en el que el PSOE se apartó de las mesas de negociación, los conservadores están cerrando apoyos en los últimos días. Fuentes conocedoras del contenido de estos contactos aseguran que, salvo cambios de última hora, los nacionalistas vascos y canarios votarán con el PP. Las mismas fuentes sostienen que, pese a que van a intentarlo, el apoyo de CiU se antoja más complicado.

El apoyo del PNV ha sido posible gracias al blindaje del régimen foral vasco. Y del de Coalición Canaria, gracias a menciones explícitas a los cabildos.

Pero no es sólo hacia los grupos de la oposición donde el Gobierno y los respectivos grupos parlamentarios en Congreso y Senado dirigen sus miradas. La reforma de la Administración Local, un encargo de Mariano Rajoy a Cristóbal Montoro, ha evidenciado varias fisuras en las filas conservadoras. Primero, durante la elaboración del texto que ahora se está sometiendo a debate en las Cámaras, los ayuntamientos gobernados por el PP se pusieron en pie de guerra y amenazaron con un plante si la ley no recogía lo que ellos consideraban "líneas rojas" del proyecto.

La principal de ellas era la de que diese respuesta al tema de las competencias impropias, es decir, aquellas que corresponden a las comunidades pero que acaban sufragando los municipios. El texto así lo recoge, un extremo que ha escocido en las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Que no haya plazos de transferencia definitiva

Según fuentes conocedoras de estas negociaciones, las regiones en manos del partido de Gobierno han hecho llegar a Montoro desde entonces su malestar por este aspecto. Incluso, cuentan, han reclamado que el texto definitivo no haga mención alguna al tema de las competencias impropias con plazos de transferencia definitiva. Hasta la fecha, la respuesta del Ministerio de Hacienda ha sido no.

A lo largo de todo este proceso de elaboración de la ley, alcaldes y barones del PP han mantenido un pulso por lograr reflejar sus demandas. Mientras, por un lado, los alcaldes lamentaban que la ley no era todo lo ambiciosa que tenía que ser y que quedaba descafeinada por no atreverse a exigir más a las comunidades, estas últimas acusaban a los ayuntamientos de querer desprenderse de competencias para las que no hay dinero.

En este contexto, la intención de las comunidades autónomas en los últimos meses ha sido la de intentar negociar con Montoro para que, en el tema de las competencias impropias, se añade una cláusula de condicionabilidad que incluya que las autonomías no se harán cargo de la sanidad y los servicios sociales hasta que no haya un nuevo marco de financiación autonómica. Dos han sido las comunidades más combativas con esta cuestión: Galicia y Castilla y León.

El texto que tiene todas las posibilidades de ser el definitivo recoge que las comunidades deben asumir en un plazo de dos años los servicios sociales y de cinco para los sanitarios. La educación sí se deja pendiente de la financiación autonómica.

Unas cifras que no cuadran

Las cifras de la reforma local, una de las reformas estructurales clave del Gobierno de Mariano Rajoy, no cuadran. El denominado proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local pasó a finales del mes de julio  por la mesa del Consejo de Ministros rumbo al Congreso de los Diputados. Según explicó el ministro de Hacienda por estas fechas la reforma preveía un escenario de ahorro de más de 8.000 millones de euros para el periodo 2013-2019 –8.024 millones según la referencia que puede consultarse en la página web de la Moncloa–. Se trata de una cantidad que difiere con la remitida por el Gobierno el pasado mes de abril a Bruselas en el denominado Plan Nacional de Reformas, el pasaporte que ha permitido al Ejecutivo de Mariano Rajoy contar con dos años más para el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Según figura en las páginas 23, 91 y 190 del mencionado documento, "el ahorro estimado" de la reforma local para el periodo 2014-2015, es decir para una horquilla de tiempo de dos años, es el mismo (8.000 millones) que ahora se pretende alcanzar en los siete años del periodo 2013-2019.