Cientos de personas han encontrado en los grandes aeropuertos de España como los de Madrid, Barcelona, Palma o Canarias un techo bajo el que pasar las noches tras haberse quedado en la calle por haber perdido el trabajo o depender de una ayuda social que no alcanza para alquilar una habitación.

El alrededor de medio millar de personas que vive en Barajas se ha convertido en un símbolo del problema del sinhogarismo en la capital pero, según ha comprobado EFE, esta realidad se extiende -y se ha agudizado en los últimos años- a otras provincias de España en las que los problemas para acceder a una vivienda son cada vez más evidentes.

En el aeropuerto de Palma de Mallorca pasan la noche a diario 41 personas, según un recuento realizado en febrero por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, y sus trabajadores han percibido un incremento en los últimos años, especialmente en invierno. Uno de los residentes fijos es José Antonio, valenciano de unos 50 años, que asegura ser "feliz" durmiendo en el aparcamiento desde septiembre de 2023 y recibiendo 650 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital, que no son suficientes para pagar una habitación.

En 2024, Baleares fue la segunda provincia con los alquileres más caros, con una media de 1.598 euros al mes por inmueble, según el Observatorio del Alquiler, y el precio medio de una habitación en Palma supera los 500 euros, lo que ha obligado a vecinos a irse de las islas o a vivir en coches y caravanas.

Un problema al que se enfrenta estos días una pareja de palmesanos, que no quiere que se sepa su situación y esperan que esta sea temporal: "Llevamos cinco días y ya se me está haciendo eterno", dice ella, con los ojos vidriosos.

El caso del aeropuerto de Barajas es el más llamativo, ya que allí pernoctan cada día cerca de 500 personas mientras que Aena, la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid discrepan sobre quién debe abordar el problema.

Uno de ellos es un vecino de Madrid de unos 60 años, parado de larga duración, que lleva más de un año pasando las noches en estas instalaciones porque la pequeña ayuda social que recibe no le llega para alquilar una habitación. O Paloma, de 56 años, con doble nacionalidad -española y guineana- y residente en España desde hace más de 30 años, que también ha encontrado en el aeropuerto su refugio tras perder su trabajo como cuidadora de una persona mayor, que ingresó en una residencia.

Para Asen, búlgaro de 32 años, que se gana la vida tocando un instrumento de percusión en la calle, el aeropuerto es mejor opción que los albergues, donde "no hay plaza" y "te roban todo, sin que nadie se haga responsable de las pérdidas".

En el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat pernoctan habitualmente unas 160 personas sin hogar, un problema que se arrastra desde hace tiempo y que se ha agravado en el último año.

A finales de febrero, en la semana previa al Mobile World Congress, un operativo solicitado por Aena y formado por Mossos d'Esquadra y guardias de seguridad desalojó a los sintecho alegando que había que acometer labores de limpieza. El dispositivo despertó críticas de las ONG, que denunciaron la falta de alternativa habitacional, y puso de relieve la ausencia de coordinación entre administraciones.

Aena señaló que la atención de las personas vulnerables compete a los ayuntamientos -equipos de los consistorios del Prat y Barcelona participaron en el dispositivo- pero el alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni, aclaró que las instalaciones no son de su competencia ni están en su término municipal.

En los aeropuertos de Gran Canaria y de Tenerife Sur también pernoctan personas sin hogar, según fuentes de Aena, y los últimos datos del Ayuntamiento de Telde en Gran Canaria indican que en 2023 eran 40 personas las que pasaban sus noches en el aeropuerto.

Este consistorio es el que atiende principalmente a los sintecho con sus servicios sociales, que evalúan la situación, escuchan a las personas y les facilitan ayuda sanitaria, de psiquiatría y, en el caso de los extranjeros, ayuda burocrática para volver a su país o que venga algún familiar a por ellos.

Según el consistorio, el perfil predominante en el aeropuerto de Gran Canaria es el de ciudadanos de la Unión Europea, generalmente de edad avanzada, que eligen esta instalación porque lo sienten como un espacio seguro.

Según los últimos datos del INE, relativos a 2022, en España viven 28.552 personas sin hogar, lo que se traduce en alrededor de 71 personas por cada 100.000 habitantes.

Para la ONG Hogar Sí lo que ocurre en los aeropuertos es síntoma de que el sistema de atención tradicional no sirve: faltan plazas en los recursos habilitados y estos muchas veces no se ajustan a las necesidades de los afectados. Indican que un 40 % de las personas sin hogar llevan tres o más años en esta situación: "No estamos ante un problema de emergencia y en general, aunque ha habido importantes avances, le seguimos dando una respuesta de emergencia", apunta Gonzalo Caro, de la entidad.

Sugieren evitar una solución "fácil", como el desalojo, ya que esto solo "traslada" el problema a otro lugar, y abogan por garantizar un parque de vivienda asequible, a disposición de administraciones y entidades para llevar a cabo programas más eficaces.

La vivienda se ha convertido en un problema con muchas aristas. A la dificultad de acceso por la elevación de los precios, se han sumado factores como los conflictos vecinales que están provocando contratos como los turísticos y los temporales; o el que fondos de inversión o sociedades inmobiliarias se hayan convertido en activos agentes del mercado de la vivienda junto a los multipropietarios, provocando en ocasiones el desalojo de vecinos que no pueden luchar contra Goliat.

infoLibre ha hablado con varias personas afectadas por alguna de las caras del poliédrico asunto de la vivienda: trabajadores, vecinas que soportan a diario los inconvenientes de los pisos turísticos, estudiantes, propietarios y mujeres desalojadas de sus hogares. Todos cuentan sus historias, con la esperanza de que algo cambie.

A Andrés le ha sacudido lo que a priori era una buena noticia. Pretende mudarse desde el municipio madrileño de Getafe a Cádiz capital, donde ha conseguido una plaza para trabajar en la Administración General del Estado. Tiene 24 años y será administrativo, “con un sueldo de más de 1.500 euros” al mes. Pero no encuentra en su lugar de destino “un alquiler de larga duración para poder estar más de 10 meses en el mismo piso”. “Me quieren obligar a irme en verano a otro sitio para poder ponerlo de alquiler turístico”, denuncia. No puede renunciar a la plaza que “se ha ganado” porque se quedaría en el paro. “En el peor de los casos, me tendré que alejar de mi centro de trabajo e irme a otros municipios como Puerto Real o El Puerto de Santa María pero, por lo que me han dicho, la cosa está muy parecida por allí…”, anota.

Está “agobiado” porque es probable que tenga que incorporarse a su puesto a mediados de noviembre y, “por un lado, están los procedimientos administrativos que tienes que hacer para poder tomar posesión de la plaza, y, por otro, el lío de dónde voy a vivir”, explica. “Cuando tenga la confirmación al cien por cien del puesto en Cádiz, tendré un mes para hacerlo todo y me estoy encontrando con que, en la zona, el 90% de los pisos son de alquiler de temporada y es todo muy difícil”, lamenta. Admite que el proceso le ha “generado ansiedad” al estar “sin saber muy bien dónde” va a “poder vivir en estos meses, pese a ser un trabajador con un salario medio”. De hecho, le parece “dramático” el que “ya dé un poco igual el sueldo que tengas”. “Los alquileres en Cádiz están entre 800 y 900 euros, acercándose al precio de Madrid, pero es que además está el problema del tipo de contrato de alquiler”, explica.

No está solo. El 38% de los españoles ha experimentado angustia o ansiedad ante la perspectiva de perder su vivienda y verse obligado a regresar al domicilio familiar, según un estudio sobre vivienda y salud mental elaborado por GAD3 para el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Un estrés que es más común entre los encuestados que viven de alquiler, quienes también sufren soledad y depresión.

El proceso de exploración del mercado desactivó las expectativas de Pep. Es médico residente y ha optado por pagar 575 euros por disponer de una habitación en un piso que comparte con otra persona para no destinar más de la mitad de su sueldo a la vivienda. Trabaja en el barrio de El Raval, el más poblado de los que conforman el distrito de Ciutat Vella en Barcelona. “Quería un sitio que estuviera a una media hora en transporte público”, algo que no parece descabellado, “pero hay muy pocos pisos por debajo de los mil que no estén en la periferia”, asevera. Hasta en el que gasta su tiempo por fin llegó “no porque fuera el mejor, sino porque era el menos malo”, ironiza.

Por el camino se topó con quienes pedían “precios más altos de los que ponían en el anuncio”. Pretendían subirlo anualmente o reclamaban “hasta dos meses por adelantado, con lo que había que pagar 3.000 euros sólo para entrar a vivir en una habitación”, detalla. Él ya no tiene que escudriñar portales, pero sabe que en la actualidad “se subarriendan habitaciones, se hacen contratos de meses”, se intentan “vender habitaciones muy pequeñas, en las que las que meter una cama individual y una mesa es complicado”, al ser del espacio de un trastero. “En Barcelona la situación está tremenda, y el hecho de que todo esto no esté regulado hace que suban los precios a la gente que estamos buscando un sitio donde vivir para sobrevivir, para que sea nuestra residencia habitual. El mercado está infladísimo”, cierra. De hecho, la capital condal es la ciudad española más cara para arrendar una habitación, con un coste medio de 565 euros mensuales, según un informe de Idealista con datos relativos al segundo trimestre del año.

M. A. tiene 66 años y nació en la casa en la que habita en la calle Preciados de Madrid, que se ha convertido en territorio hostil para “los vecinos de toda la vida”. Vive en un edificio con siete pisos, aunque, tres son locales comerciales. El suyo es el quinto. El sexto está destinado a alquiler habitual, el cuarto lo han arrendado estudiantes, y los propietarios del tercero y el segundo los han dedicado al alquiler turístico y temporal. “Esto era una casa de vecinos normal, de las de siempre, pero se han ido vendiendo los pisos, han entrado los turísticos y nos han fastidiado”, se lamenta. “Ha habido hasta ‘camas calientes’ porque sus dueños sólo quieren dinero”, afea.

Enumera con cierta resignación las preocupaciones que ese tipo de negocios le han provocado. “Lo primero es la inseguridad. No sabes con quién te puedes encontrar por la escalera o en el ascensor. Estás vendida”, comenta. A lo que hay que añadir “los ruidos y las molestias” que provocan “constantes llamadas a la Policía”. Es más, relata que una vez tuvo que indicarle ella misma a los agentes donde están los apartamentos turísticos porque “había un inglés borracho perdido por la escalera”. Lo desenreda: “Sus compañeros le habían escrito en un antebrazo la dirección de la calle a donde tenía que ir, pero no el piso, e intentó meter la llave en todos, hasta que alguien llamó a la Policía al pensar que querían entrar en su casa”, recuerda. Las fiestas en el inmueble son habituales. “Hemos tenido una temporada en la que a las 12 de la noche empezaban los cumpleaños felices. Luego la basura la dejan por cualquier lado del edificio y eso genera olores, bichos… Vemos colillas cerca del ascensor, en un inmueble con las escaleras y otras muchas cosas de madera. Hay llamadas al telefonillo y a la puerta a todas horas e incluso usan una buhardilla de almacén y suben y bajan un carrito con sábanas, toallas, cosas de limpieza… A veces se les ha caído por la escalera”, aporta.

El trasiego de gente y maletas es ya parte del bloque. Y además M. A. sabe lo que son las “presiones” para que se marche. “En las reuniones de la comunidad me dicen que por qué no me voy al campo a vivir más tranquila”, cuenta. Pero no tiene intención de hacerlo: “No me van a decir dónde tengo que vivir. Son ellos los que están haciendo algo ilegal”, sentencia. Cerca de 351.400 viviendas turísticas salpican España, según la última actualización de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los vecinos que sufren sus efectos no entran en la estadística. 

Hay otros damnificados por la situación del mercado inmobiliario: los estudiantes. Marina comenzó a buscar alquiler en la capital madrileña el pasado marzo y descubrió que “en barrios obreros como Usera, Villaverde, Aluche o Carabanchel, pisos de dos o tres habitaciones no bajaban de los 900 o los 950 euros” y con que “se publicaban anuncios en los portales inmobiliarios que apenas duran unas horas”. Hechas las primeras cribas, “de 100 mensajes que envías, igual consigues que te contesten diez, y luego los propietarios organizan los días de visitas y es un casting para elegir quién se queda con el piso”. Tuvo que pasar por unos cuantos. Lo referido es “en el caso de que los propietarios sean particulares”, porque “los requisitos de las agencias” son de partida “imposibles para un estudiante”, constata. Para arrancar, les solicitan “ingresos que rondan los 2.000 euros y avales”. “Hay algunas –encadena– que te piden una entrada de cuatro mensualidades, dos para la agencia, que es ilegal, pero te las piden igual, una de fianza y otra de gastos de alta de suministros”. “Es imposible cumplir esas condiciones, si eres estudiante, y es que más del 90% de las ofertas son de agencia”, se queja. Ella compagina estudios de idiomas y una oposición. En su caso el rastreo acabó bien: comparte piso con otra compañera en el barrio de Aluche. “Pero por familiares de familiares de familiares, por los contactos, porque al final conoces a alguien”, matiza. “Como lo intentes hacer a través de los portales inmobiliarios o de agencias, no se puede”, manifiesta.

Desde otro punto del mapa de España, Málaga, un propietario, N. M., confirma que “hay muchos estudiantes que están desesperados” y que al colgar el anuncio de su inmueble en una página web tuvo “un aluvión de llamadas en menos de una hora”. Su vivienda tiene tres habitaciones y está situada en una avenida bien conectada con el centro de la ciudad por lo que la arrienda por 800 euros, que no es un precio muy elevado, tratándose de la capital malagueña. Es más, asegura que, “en varias ocasiones”, le han llegado a “ofrecer más” para poder quedarse con la casa e incluso en alguna “el doble, para que fuera para un joven y un amigo”. No lo aceptó. A N. M. lo que le preocupa es “dar con gente normal” que no le “destroce la vivienda”. Afirma que no quiere “enriquecerse con ella”, pero tampoco que le suponga “una carga o un quebradero de cabeza”. Cree que “ha acertado” con sus inquilinos y puede que ellos hayan tenido suerte con él.

La vivencia de Zohra y su familia se ha hecho pública porque ha decidido darle visibilidad de la mano del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El pasado 24 de julio, ella, su marido y su hijo de nueve años fueron desahuciados de la casa que moraban desde hacía una década en el barrio madrileño de Lavapiés, pese a que un grupo de personas bloqueó la puerta para intentar impedir el desalojo y un activista por el derecho a la vivienda incluso se colgó en el vacío del patio del bloque. Zohra y su familia sobreviven con una pensión y el Ingreso Mínimo Vital, por lo que habían demandado un alquiler social que nunca llegó y que se suspendiera el desalojo, al cumplir con los requisitos de vulnerabilidad exigibles. Pero, según el sindicato, no pudo demostrar que su casero es un gran tenedor “que posee 27 pisos”. En la calle, el Samur Social les ofreció una alternativa habitacional en Las Caracolas, un centro de acogida temporal formado por cubículos prefabricados en los que cada familia dispone de una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas. Pero los han expulsado de ahí igualmente para enviarlos a una pensión, a la que han arribado con los nervios hechos un nudo. Zohra tiene una barrera: la lengua, no habla bien castellano. Y un miedo: que "le quiten a su hijo", según quienes la están acompañando en su batalla.

Lola, con 50 años, ha afrontado con su madre, de 79, un informe de vulnerabilidad oficial y una pensión no contributiva de 500 euros, otro desalojo. El propietario vendió el que era su edificio en Getafe a una sociedad y transmitió a los vecinos que "finalizaban los contratos". Se inició entonces un proceso judicial que terminó en desahucio, fechado para el pasado 11 de septiembre. Intentaron un aplazamiento, pero un juez lo denegó.

La madre de Lola pasó más de una década en su ya antigua casa y más de 70 años en la misma barriada. Ha soportado, según su hija, escenas “muy crueles”. Lola no pudo “ni entrar a recoger” sus “cosas” cuando se produjo un desahucio en el que “no se hizo ni inventario”. Al menos han hallado una solución habitacional gracias a su red familiar: un primo de Lola les ha ofrecido una vivienda a la que se han traslado las dos, hasta que ella vea como su madre "se va adaptando”. “Todo ha sido agotador y de vez en cuando le dan bajones”. Y todavía no ha acabado, el día siguiente al desahucio, el juez “admitió a trámite el recurso” que habían interpuesto. ¿Qué herramientas tenemos realmente los ciudadanos para defendernos”, se pregunta. Y engarza: “Hay gente con 87 años a la que le está pasando esto. Igual hay mujeres que cobran 1.200 o 1.400 euros, pero tampoco se van a poder quedar en sus casas porque, en cuanto compran el edificio, les meten la finalización del contrato y punto”, proclama rotunda.

Mabel, en Palma de Mallorca, ha tenido que destruir universos domésticos construidos. “Me ha costado mucho y ha sido triste”, indica a este periódico. Se refiere a que se ha visto obligada a pedir a una inquilina con la que han "mantenido una relación de 15 años” que deje la casa por la que “ha pagado puntualmente la renta” que acordaron porque la “necesitaba” para su hijo. “Trabaja y quiere emanciparse para vivir con su pareja, pero como los alquileres en esta ciudad están por las nubes y por menos de 900 a 1.500 euros no encuentras nada, hemos tenido que recurrir a esa casa familiar, pero con pena por la inquilina”, reitera. Habla apretando lo dientes y agrega que su hijo ha explorado la compra, “pero no puede dar la entrada que le han pedido los bancos”, sintetiza.

“Hay una inversión de fuera de la isla muy importante y un tercio de la vivienda está siendo comprado en muchos casos por fondos de inversión para especular y dedicarlo al negocio del alquiler turístico. Los demás estamos pagando las consecuencias”, concluye. El precio de la vivienda libre se encareció un 5,7% en el segundo trimestre de 2024, hasta los casi 1.896 euros por metro cuadrado, el importe más alto registrado desde el tercer trimestre de 2009, según la última información difundida por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La Comunidad de Madrid y Baleares se colocaron por encima de los 3.000 euros por metro cuadrado, que no se alcanzaron aún en otros enclaves del país. Números en los que quedan fagocitadas las ilusiones de muchos.

Hacen su aparición de forma fugaz. Julia ha sido testigo este verano de cómo en playas de Málaga “grupos de turistas llegan muy temprano por la mañana, colocan sombrillas y tumbonas vacías en primera línea y se van. Cogen sitio, aunque no vayan a regresar hasta horas después, fastidiando al resto”. Ha presenciado incluso “alguna pelea”. Y eso pese a que, en puntos como en Torrox, la Policía Local multa con hasta 300 euros por esa práctica. Cree que comportamientos como ese “son los que provocan que haya un rechazo local hacia los visitantes, porque ven que los están expulsando de sus lugares”, traslada a infoLibre. Y los llenos se repiten estos meses estivales no sólo en el litoral andaluz. Sucede lo mismo en la costa catalana, donde “cada vez se alarga más la temporada de verano”, según admiten desde la Unión de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Costa Brava; en enclaves del norte como Asturias o el País Vasco, escenarios de postales turísticas abarrotadas; o en las islas, Canarias y Ballears, enroscadas tradicionalmente a esa área económica.

Y no sólo crece el turismo de sol y playa. Se prevé que estos meses medio millón de personas recorran el camino de Santiago, en Galicia, por ejemplo. Es innegable. El turismo oxigena la economía española. Si 2023 fue de récord, con 85 millones de viajeros, que se gastaron más de 108.700 millones de euros y un aporte al Producto Interior Bruto (PIB) cercano al 13%, todo hace vaticinar que en 2024 la tendencia seguirá siendo positiva. De hecho, la Mesa del Turismo prevé que el desembolso de los visitantes internacionales trepe hasta los 125.000 millones y, de acuerdo a las estimaciones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el sector contribuirá con 225.000 millones al PIB español este ejercicio.

Sólo el pasado julio, el número de pasajeros aéreos internacionales que llegaron al país superó los 11 millones, un 8,6% más que el año anterior, según datos de Turespaña. Los afiliados a la Seguridad Social vinculados a actividades turísticas alcanzaron los 2.904.908, lo que significó un incremento de 97.282 personas. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros rebasaron los 44 millones y los precios en ese tipo de alojamientos se acrecentaron más de un 7%. El Ministerio de Industria y Turismo cuantifica en 97.000 los puestos de trabajo que se crearon ese mes. El empleo turístico supuso ya casi un 14% en relación con el mercado laboral del conjunto del Estado y la suma de afiliados se extendió a todas las ramas turísticas: la hostelería, las agencias de viajes y otras actividades. El número de asalariados se elevó un 4% y el trabajo fue al alza en todas las comunidades, excepto en Extremadura, con las ascensiones más significativas en Madrid y, sobre todo, en Canarias.

Desde esa última comunidad, Pablo Díaz, miembro de Ben Magec–Ecologistas en Acción, sostiene que “se habla de cifras macroeconómicas y es cierto que hay gente que trabaja por el turismo y, si no existiera, no tendría otra cosa. Pero también lo es que las condiciones laborales cada vez son peores, son precarias. Y luego hay otra cuestión: ¿dónde está esa riqueza, a quién va?”, se pregunta. Asegura que “todos los miles de millones que supuestamente están entrando a la economía canaria no se ven en el día a día, los sueldos no suben, la pobreza sí, y los recursos como el agua o el territorio se están agotando. En Tenerife está declarada la emergencia hídrica y hay restricciones para el consumo humano. Es insostenible y posiblemente se llegue a los 17 millones de visitantes este año. En algún momento habrá un colapso”, augura.

No es el único que piensa así. El 69% de los canarios considera que el turismo encarece el coste de la vida para la población residente en las islas, un 76,6% en el caso concreto de la vivienda. Y un 62,1% que trae algunas consecuencias negativas para el medio ambiente, como un mayor consumo de agua, energía o suelo, a tenor de las conclusiones del módulo de turismo de la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (Ecosoc) que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac), con información correspondiente al segundo trimestre de 2024. Igual que el 76,4% de los canarios percibe que la industria turística contribuye al desarrollo económico del archipiélago, el 60,9% opina que genera demasiados residuos y contaminación, el 56,2% que perjudica el tráfico y la movilidad y el 57,1% que dañan los ecosistemas de forma irreparable.

“¿Hacia dónde vamos?”, lanza Díaz. Y se contesta: “Hacia una mayor calidad de vida en el archipiélago parece que no”. Ve “poca democracia en el reparto de beneficios” de ese negocio y critica que se toleren anomalías como las del “conocido hotel Papagayo Arena”. Su organización ha denunciado que “carece de licencia turística e incumple el Plan Insular de Lanzarote y el Plan Parcial, ocupando más de 200.000 metros cuadrados de suelo público”, yendo más allá de “la altura máxima permitida, las plantas construidas, el número de plazas alojativas” e “invadiendo el vial público de acceso a la playa de Las Coloradas”. Pese a todo ello, “el establecimiento continúa abierto y opera con normalidad desde hace 15 años”, censuran.

Desde otro punto del mapa nacional, Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Palma, confirma que las hordas de turistas “ejercen presión sobre temas como la vivienda”. Anota que “por menos de 900 a 1.500 euros no alquilas nada en Palma y se están ofreciendo habitaciones por 800. Conclusión: no hay trabajadores de fuera que vengan, ni siquiera a hacer la temporada, que ahora empieza en abril lo que antes empezaba en junio. Hoteles, bares y restaurantes no encuentran gente. Y hay una sobrecarga sobre los trabajadores de aquí, a quienes se les exigen horas, unas pagadas y otras no”. “Además de que –añade– en torno a los alquileres turísticos, muchos ilegales, se mueve mucho dinero negro y hay una parte de mano de obra sumergida. Las mujeres que los limpian nadie sabe cuánto cobran o si están dadas de alta”, resume.

“El panorama es dantesco. Se calcula que este año a las Islas Baleares, con dos millones de personas, vendrán 20 de visitantes. No tenemos ni los servicios ni las dotaciones necesarias para aguantar esto”, avisa, para recordar que ya en 2023 “pidieron a los residentes que se abstuvieran de coger el coche el mes de julio por saturación”. Aquel ejercicio, el puerto de Ibiza registró 548.969 cruceristas, un 86% más que en 2022. Sobrepasaron en 3,45 veces los 159.180 habitantes que residen allí todo el año. Desde el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza han alertado sobre el “impacto irreversible” que ese volumen puede tener en los “ecosistemas marinos y costeros".

El interior tampoco escapa a los efectos de la rotura de compuertas turísticas. Los resultados de un estudio con big data realizado por la empresa Kido Dynamics, investigadores del Instituto de Historia del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y del grupo Estructura Social y Territorio-Arqueología del Paisaje (EST-AP), han permitido concluir que el paraje natural de Las Médulas, en la comarca leonesa del Bierzo, acogió a 221.370 visitantes en 2019. En poblaciones rurales que apenas cuentan con 500 habitantes, se contabilizaron entre 5.000 y 6.000 foráneos algunos días del año, con las mismas infraestructuras públicas.

En Ben Magec–Ecologistas en Acción tienen claro que “ningún gobierno va a poner freno al turismo”, pero tampoco pueden evitar que “movimientos ecologistas, sindicales, agrícolas y laborales, como el de las trabajadoras de los hoteles, caminen” para agitar conciencias, tras la semilla que se plantó en Canarias el pasado 20 de abril, cuando miles de personas tomaron las calles de las ocho islas para rebelarse contra el modelo turístico. Es más, adelantan a este periódico que trabajan en “un gran encuentro a finales de octubre o noviembre y de una gran manifestación” porque “los datos son cada vez más alarmantes y la vorágine turística no va a parar”. Pablo Díaz lo expresa en corto: “La ciudadanía se está organizando”.

Javier Gil, investigador del Grupo Estudios Críticos Urbanos (GECU) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), admite que “la saturación turística, el crecimiento de la turistificación está haciendo que cada vez sea más tensa, más difícil y más conflictiva la convivencia entre los turistas y la población local, los residentes”. “El malestar se está empezando a manifestar de muchas formas”, amplía, “entre ellas las movilizaciones que estamos viendo, pero también, aunque sea de forma simbólica, en pintadas contra los turistas" o en reacciones contra "los de determinadas zonas", como las muestras de lo que se ha denominado "madrileñofobia", mensajes de rechazo a los procedentes de esa región, que estos días circulan por las redes. "En general reflejan un grado de turistificación muy fuerte que cada vez está tensando más y haciendo más imposible esa convivencia”, defiende.

Preguntado sobre si atisba que pueda haber algún cambio de modelo hacia otro más sostenible, responde rotundo: “Todo lo contrario. En España se sigue apostando por el turismo como elemento central de crecimiento, aunque sea un modelo depredador que saquea los recursos, los territorios, las poblaciones, las culturas… y que no redistribuye beneficios, genera trabajo precario, temporal, con horarios partidos o bajos salarios. Lo que necesitamos es que las movilizaciones cobren fuerza, consigan asentarse y adquirir de verdad” el suficiente brío “como para disputar las ciudades y los territorios al turismo”, cierra.

En relación a las ciudades, el economista y socio fundador de la consultora 3CS Estrategia Económica, José María Zambrano, pone el acento en que el turismo pernocta en ellas, “no visita una comunidad autónoma en abstracto. Las ciudades son las que compiten por la captación de turistas y las que ofrecen servicios y productos para satisfacerlos”. A su juicio, hay que plantearse si “están preparadas para atender a los turistas”, teniendo en cuenta que “tienen sentido de existencia, si son capaces de abastecer a todos sus usuarios, vecinos y visitantes”. “No se puede –advierte– engañar a un flujo constante de turistas a los que se les promete una estancia de calidad y sólo obtienen una visita a un parque temático lleno de gente, donde no pueden apreciar esencias culturales, patrimoniales, paisajísticas, gastronómicas, de ocio, etc., diferentes a la ciudad de la que provienen”.

En su opinión, “ver tiendas de souvenirs, bares con tapas de estándares universales, paseos por calles donde no pueden interactuar con ningún vecino, donde solo hay ofertas para turistas de alojamiento o de ocio, sin un comercio tradicional, no es una experiencia que cuide a nuestra gallina de los huevos de oro. Este tipo de gestión exprime al turismo, no lo cuida, es competir con los parques temáticos, pero sin tener el parque de forma óptima”. Tras la sacudida, Zambrano aboga por que “las regeneraciones urbanas, auspiciadas por la Agenda Urbana Española”, no dejen de lado “los nuevos retos, sean para vecinos o visitantes”. “No pensar en las respuestas a estos es permitir la degeneración de los equilibrios de la ciudad”, manifiesta, para engarzar: “España ha hecho sus deberes respecto a las acciones de captación de flujos turísticos, pero no lo está haciendo bien respecto al servicio real que presta basado en precios bajos”.

Desde esa convicción, apuesta por que los ayuntamientos tengan “más competencias y recursos sobre su planeamiento urbano” para “poder atender de forma adecuada a sus usuarios”, sean habituales o pasajeros. “De igual forma –une– deben tener más competencias sobre su financiación. Las ciudades son las hermanitas pobres del proceso de configuración del Estado español, ni pueden por sí solas establecer una tasa turística de 1 euro para que los visitantes contribuyan directamente al uso que hacen de ellas, ni decidir el planeamiento urbanístico de uso turístico de su área de gestión”.

Insta, en definitiva, a “aprovechar los esfuerzos en regeneración urbana para realizar una planificación que contemple el uso turístico. Para ello hay que dotar de mayores competencias a los ayuntamientos" y exigirles, de otro lado, que cumplan sus compromisos con sus "habitantes permanentes, ocasionales y turistas”, recalca.

El ministro del ramo, Jordi Hereu, no ha podido esquivar estos días el fenómeno de lo que se ha bautizado como "turismofobia". Interrogado por él, ha aceptado que es algo que "en algunos puntos se puede dar" y que "se debe gestionar". ¿Cómo? "A través de desconcentrar, diversificar y generar valor añadido en el sector", ha enumerado. Fácil no parece.

Carles Manera, catedrático de Historia Económica de la Universitat de les Illes Balears, es consciente de la complejidad del asunto, cuando se tiene "una economía muy orientada al turismo de masas, con regiones donde representa el 40 o el 50% del PIB". “Nadie tiene una solución mágica”, afirma, si bien aporta que existe un “instrumento” para “poder inducir una reducción del número de turistas” y “eliminar masificación”. Se refiere al impuesto sobre pernoctaciones al que se ha recurrido “en destinos turísticos maduros como pueden ser Venecia o París” para recaudar y “destinar ese dinero a un objetivo finalista”.

"Si multiplicas por tres o cuatro ese impuesto", sugiere como hipótesis, "puede ser que haya turistas que decidan no ir, es disuasorio, pero hay un problema: vas a tener al sector empresarial en contra", previene. Es más, en las zonas de España donde se ha tirado de ese gravamen como Ballears o Cataluña, la reacción de los hoteleros fue "crispada", constata. Es "algo concreto" por donde se podría empezar a trabajar, aunque "a sabiendas de que supondría una contestación inequívoca de los empresarios. Y es lo que hace temer a los gobiernos", finaliza.

En ese sentido, desde el ámbito activista arrojan otro mensaje: "A los que repiten que no se le pueden poner puertas al campo porque el turismo tiene que ser para todos, y no para las elites, no se les oye con el mismo ímpetu exigiendo una sanidad o una educación para todos", proclaman. Y es que mirar paisajes o degustar pintxos en un bar determinado del centro de una ciudad vasca y tal vez poder evocar emociones después, no debería implicar expulsar a los autóctonos de la foto.

La terraza del Medusa Beach Club, que se derrumbó la pasada semana en Playa de Palma causando cuatro muertos y 16 heridos, no disponía de licencia de actividad ni de ocupación. Lo ha confirmado este martes el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa en la que ha dado cuenta de varios informes emitidos por los departamentos municipales de Obras, Actividades, Disciplina Urbanística, Protección de la Edificación y Bomberos, según recoge Europa Press.

Martínez ha adelantado que el Consistorio dará traslado del contenido de estos informes a la Policía Nacional y a la Fiscalía y que, en caso de abrirse una causa penal, se personará.

El jefe de Bomberos de Palma, Eder García, por su parte, ha apuntado como principal hipótesis del derrumbe a la suma de los sobrepesos provocados por unas obras anteriores y por una sobrecarga de comensales. Sobre este último extremo, García ha apuntado a la posibilidad de que una recolocación puntual de las mesas para acoger a un grupo de 12 personas acabara por provocar el colapso que desembocó en el derrumbe. En la terraza, ha añadido, habría en aquel momento una veintena de personas.

Respecto al contenido de los informes, el del área de Actividades confirma que la planta sótano dispone de licencia de bar musical, la planta baja tiene licencia de restaurante, mientras que la terraza, como ha adelantado el alcalde, no tiene ni licencia de actividad ni de ocupación.

El informe de Obras, por su parte, constata que no había ninguna solicitud de licencia de obras y el de Disciplina Urbanística, que se abrieron expedientes en 2013, aunque ninguno referido a la zona concreta del derrumbe. Sin embargo, en aquel año sí que se hicieron unas obras en el local que, entre otras medidas, supusieron la aplicación de una capa de mortero de unos cuatro o cinco centímetros y el recubrimiento de baldosas en la terraza, lo que provocó el sobrepeso al que se ha referido el jefe de Bomberos. Aquellas obras se hicieron a pesar de la solicitud de la actuación había caducado.

A raíz de aquella obra se abrió un expediente sancionador. Esta obra afectó a toda la cubierta superior a excepción de los dos extremos. Es decir, se reformó la parte de arriba del forjado, a excepción de la parte que colapsó.

Los Bomberos investigan igualmente cuántos kilos podía soportar realmente esta terraza y para ello están analizando partes del forjado y la vigueta con los que realizar algunas pruebas de laboratorio. Así se podrá definir completamente dónde se produjo la rotura y las causas exactas.

En 2023, además, el inmueble recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, aunque no se comprobó si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias.

En este punto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha apelado a la responsabilidad de los propietarios. "La solución sería poner un funcionario en la puerta de cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma. Parece una obviedad, pero no se pueden hacer obras ilegales ni se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad", ha reiterado. Según han añadido, una decena de funcionarios se encargan de estas cuestiones.

El primer edil ha anunciado además el inicio de una campaña, ya prevista, de controles en la zona. Será una campaña transversal, que afectará a diversas áreas municipales. En este punto, Martínez ha aprovechado para reiterar la necesidad de que se acometan inversiones para la transformación de zonas turísticas maduras, como Playa de Palma.

Cabe recordar que el derrumbe de la terraza del Medusa Beach Club, en la calle Cartago de Playa de Palma, provocó la muerte de dos turistas alemanas y dos trabajadores, senegalés y española, además de 16 heridos de diversa consideración, uno de los cuales sigue ingresado en planta. Además, el Ayuntamiento de Palma correrá con los gastos de la repatriación de dos de las víctimas a Senegal.

Al menos cuatro personas han fallecido en el derrumbe de un edificio en Playa de Palma. Las víctimas mortales son dos turistas alemanas de unos 20 años, una trabajadora española de 23 años y un hombre senegalés de unos 44 años. Se han contabilizado además al menos 16 heridos de distinta consideración, según las últimas actualizaciones ofrecidas por los servicios de emergencia que recoge Europa Press. El incidente ha ocurrido en un restaurante de dos plantas alrededor de las 20.30 horas de este jueves en la calle Cartago, 35.

Los 16 heridos -nueve muy graves y siete graves, según el último balance- permanecen ingresados en varios hospitales de Mallorca. En el Hospital Son Llàtzer permanecen ingresadas seis personas, ninguna de ellas en la UCI. Se trata de un paciente con una crisis de ansiedad, dos con traumatismos craneales leves y tres con politraumatismos.

Según ha confirmado la Policía Local entre ellos hay dos jóvenes de 29 años y tres mujeres de 26, 27 y 28 años respectivamente. Todos ellos se encuentran estabilizados, pasando de estar en situación grave a estable. Todos los ingresados en este hospital son de nacionalidad holandesa. Además, el propio jueves por la noche fueron dadas de alta dos mujeres de 27 y 28 años y un hombre de 29 años.

En Son Espases, por su parte, está ingresada una mujer de 26 años con traumatismo torácico, neumonía por aspiración y heridas faciales. Tampoco ha precisado ingreso en UCI. Por su parte, un joven holandés de 35 años que fue ingresado en la Clínica Palmaplanas y no corre ningún tipo de peligro y se encuentra en situación estable. El resto de heridos están ingresados en centros hospitalarios privados.

Según los primeros datos de la investigación, la antigüedad de la estructura del edificio derrumbado en Playa de Palma y un posible sobrepeso en la terraza es seguramente lo que ha provocado el desplome de la infraestructura. En concreto , parece que la terraza de la primera planta se ha venido abajo, seguramente por sobrepeso, y del impacto -de tres o cuatro metros- ha caído sobre una bóveda, que también ha cedido. Debajo, en el sótano, estaba ubicada la zona de los comensales, que es donde se han encontrado más víctimas. Así lo ha explicado este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de Bomberos de Palma, Eder García.

Los Bomberos de Palma están investigando cuáles son las posibles causas del siniestro y, de momento, las primeras hipótesis, apuntan a una "causa combinada", según ha precisado. En detalle, todo apuntaría además de a un posible sobrepeso en la terraza a una estructura antigua, ha añadido. Preguntado por la edad del edificio, el jefe de Bomberos de Palma ha dicho "desconocer la edad del edificio" pero, según ha señalado, "la bóveda que cedió es de marés" y ese, ha continuado, "es un material que se utilizaba en construcciones antiguas".

En cuanto a cuánta gente habría en el local en el momento en el que ocurrió el suceso, García ha apuntado que esto también es algo que se está investigando. Si bien, ha comentado que, "cuando tuvo lugar el derrumbe era hora punta" y, teniendo en cuenta la época del año, se puede pensar que el local "suele estar bastante lleno". "En superficie de unos 20 metros cuadrados encontramos 20 víctimas", ha añadido para concretar un poco más lo que se encontraron los servicios de emergencias a su llegada a la zona.

Finalmente, García ha explicado que, en estos momentos, al igual que Bomberos de Palma, policía científica y de homicidios, se encuentran en la zona investigando las posibles causas del siniestro y, a nivel técnico, los técnicos municipales están valorando la estructura del edificio. "En estos momentos, están precintado dos locales. Si bien, se está acabando de valorar si es posible volver a las viviendas o se deja todo el edificio precintado, lo que se decidirá según los técnicos municipales", ha concluido el jefe de Bomberos de Palma.

La presidenta de Balears, Marga Prohens, ha trasladado en un mensaje en redes sociales todo su "afecto y cariño" a las familias de las víctimas y ha deseado también la recuperación de todos los heridos y ha agradecido la labor de los cuerpos de emergencia trasladados al lugar. "Golpeada por la información que me llega del derrumbe de Playa de Palma. Trasladar todo mi cariño y calor a las familias de las cuatro personas que han perdido la vida en este trágico incidente y desear la recuperación de todos los heridos", ha escrito la presidenta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la líder del Ejecutivo balear para trasladar su apoyo ante el derrumbe y poner a su disposición todos los medios y efectivos que sean necesarios. "Quiero mandar mis condolencias a las familias de las personas fallecidas y mi deseo de pronta recuperación a los heridos", ha tuiteado.

También la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha publicado un mensaje en la red social X, señalando que sigue "con mucha preocupación la tragedia". "Todo mi afecto a los equipos de emergencia que trabajan para recuperar a las víctimas y salvar vidas, y todo mi cariño para las personas afectadas", ha reflejado en su mensaje.

La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.

El pleno del Parlament ha aprobado este martes la Ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos de Baleares, que impulsa el PP, y que en la práctica supone liquidar, en el plazo de seis meses, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, según señala Europa Press.

La aprobación de la norma ya supone, en el momento de su publicación en el BOIB, la supresión del cargo de director, que hasta ahora ejercía Tòfol Milan, que ha acudido a la sesión plenaria de la Cámara. Con esta medida, Baleares se convierte en la primera Comunidad Autónoma que elimina un organismo de estas características.

Al margen de la eliminación de la Oficina, la norma contempla que las declaraciones de patrimonio y actividades de los altos cargos pasarán a ser parcialmente confidenciales y que las denuncias no podrán presentarse amparándose en el anonimato. De momento, será un ente dependiente de la Conselleria de Presidencia quien custodie los expedientes que están en tramitación.

La norma crea el Registro de Transparencia como órgano administrativo adscrito al Parlament y la Mesa, encargada de adoptar las medidas pertinentes en relación a los recursos materiales y humanos que sean necesarios para el buen funcionamiento. Este registro, dice la ley, tendrá carácter reservado y, además, cualquier acceso quedará registrado.

El PSIB, que ha criticado que el Govern se convierta en juez y parte, ya ha anunciado que estudia la posibilidad de recurrir la norma al Tribunal Constitucional (TC) y ha acusado al PP de actuar "por venganza" y a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "de no soportar que se investigara la trama de Campos en la que podría estar implicada ella y sus familiares".

El portavoz adjunto de la formación, Marc Pons, ha alertado de que la ley va más allá de la eliminación de la Oficina Anticorrupción y que suprime el régimen sancionador, incrementando la sensación de "impunidad total". Para el socialista, al eliminar las sanciones "da igual" falsear el registro de bienes y actividades.

El diputado del PP Mauricio Rovira, que ha defendido la proposición, ha criticado que el PSIB emplee "casos de corrupción de hace muchos años" para atacar al PP y defender la vigencia de lo que ha llamado "oficina socialista de persecución de la oposición". El popular ha asegurado que las declaraciones de bienes y activiades seguirán siendo "obligatorias y accesibles".

El diputado del PP también ha recordado, recurriendo a la ironía, que la Oficina "no fue especialmente brillante" en materia de prevención en relación al caso Koldo y la compra de mascarillas.

"Algunos no se asustaron mucho a la hora de cumplir órdenes para saltarse procedimientos, a la hora de realizar compras con empresas recomendadas por altos cargos, a la hora de olvidarse de reclamar por productos de mala e inferior calidad de lo comprado, para agilizar su pago a pesar de todo, para certificar que todo era correcto cuando no lo era, para intentar colárselo a la Unión Europea y olvidarse de devolver el producto y dejarlo caducar, para no reclamar el dinero pagado con tanta agilidad", ha señalado.

Al inicio, el pleno ha rechazado solicitar, a instancias de Més per Menorca, un informe al Consell Consultiu en relación a la custodia, por parte del Govern, a través de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios de la CAIB, de los expedientes actualmente en manos de la Oficina, unos 200.

El Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca investiga una trama de blanqueo de la familia del dictador guineano, Teodoro Obiang, que lleva en el poder desde 1979, cuando derrocó mediante un golpe de Estado a su tío, el sanguinario Francisco Macías. Según publica este domingo La Última Hora, un empresario holandés afincado en Baleares, en Son Gual, está en el centro de esta investigación que intenta aclarar si el hijo menor Gabriel, que además es ministro de Minas e Hidrocarburos en Guinea Ecuatorial, empleó dos empresas ubicadas en la isla en una operación para blanquear más de cinco millones de euros.

El principal investigado es el empresario holandés Donald Frank van der Horn van den Bos, que es el supuesto testaferro de Gabriel Obiang, que ha sido detenido e interrogado. En concreto, le habría ayudado a mover desde Guinea Ecuatorial hasta Chipre el fruto de un soborno por la adjudicación de una obra pública que tuvo un coste de 106,6 millones de euros y por la que se habrían pagado cinco millones en comisiones que son los que salen del país africano con escala en Mallorca.

La causa, que está bajo secreto de sumario desde hace más de un año, surge de una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Parte de esta trama está judicializada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha S.A. –Filipe Rego– y este intermediario holandés y supuesto testaferro de Gabriel Obiang, entre otros, según una investigación periodística liderada por el semanario portugués Expresso y el consorcio OCCRP, que publicó en exclusiva en España infoLibre en enero de 2021.

La querella no se dirige formalmente contra el ministro guineano, pero la descripción de los hechos deja pocas dudas sobre su participación. En la querella se acusa a los implicados de los presuntos delitos de corrupción en negocios internacionales, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

En esta investigación periodística ya se apuntó que el testaferro holandés tenía dos empresas domiciliadas en España que forman parte de la trama. Bellezzavecchio SL inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha S.A. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle S.A.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, que se constituyó en septiembre de 2013 y tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha S.A. El intermediario holandés es, en este caso, administrador y socio único. La compañía tampoco presenta cuentas en el Registro Mercantil desde 2015.

Este consulto holandés tiene una tercera compañía, con sede en Países Bajos, que recibió dinero de la constructora portuguesa se llama Flojust Holding B.V.. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha S.A. Hay que recordar que el presunto testaferro fue, precisamente, quien realizó todas las gestiones previas a la adjudicación con la constructora lusa.

El Tribunal Supremo ha dado la razón al Ayuntamiento de Palma y avala que Cort pueda prohibir en la ciudad los alquileres turísticos, según informa Europa Press.

Fuentes cercanas han confirmado que, de este modo, el Alto Tribunal acepta el recurso presentado por el Consistorio contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), que en septiembre de 2021 anulaba la prohibición.

En abril de 2018, el Ayuntamiento de Palma anunció la prohibición del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, siguiendo la propuesta de zona única para Palma.

El Juzgado de lo Social número 3 de Palma ha declarado nulo el despido de un trabajador de una empresa de seguridad privada después de que reivindicase fijar una pausa para comer en la empresa, en la que la jornada laboral era de 8.00 a 20.00 horas en temporada alta. Además, el Juzgado condena a la empresa a indemnizar con 6.000 euros al empleado por vulneración de derechos fundamentales.

En concreto, el Juzgado declara probado que el trabajador había mantenido una conversación con la empresa, en la que reclamaba que los empleados pudieran disfrutar de un tiempo para comer. Según declaró un compañero, se trataba de una reivindicación de todos los trabajadores.

Según consta en la sentencia, la jornada laboral en temporada alta era de 8.00 a 20.00 horas de lunes a sábado, y los domingos de 8.00 a 14.00 horas; y en temporada baja, de 8.00 a 18.00 horas, sin que hubiera reconocida una franja horaria concreta de pausa para comer. Según la empresa, los trabajadores tenían libertad para comer cuando quisieran.

Después de la conversación telefónica con la empresa, el mismo día, ésta comunicó al trabajador que le cambiaba de servicio, algo que el empleado interpretó como una represalia. Mes y medio más tarde, mientras estaba de vacaciones, se le comunicó que estaba despedido.

Dado el escaso margen temporal entre la reivindicación y el posterior despido, el Tribunal entiende que la decisión de la empresa fue una reacción ante la reclamación laboral del trabajador, y que por tanto, vulneró la garantía de indemnidad. En la sentencia la Sala no entra a valorar si se cumplían o no las horas de trabajo realmente posibles o si se les debe reconocer a los trabajadores la pausa para comer.

En la carta de despido la empresa ya reconocía la improcedencia del mismo y ofrecía una indemnización de 1.400 euros. Con todo, el TSJIB ha fijado en 6.200 euros la indemnización que deberá pagar al trabajador; no tanto por los salarios dejados de percibir, sino por la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Estos pasajeros volvieron a ser conducidos al avión, que posteriormente despegó hacia Marruecos en lugar de completar su trayecto hasta Estambul (Turquía). A su llegada estas personas fueron detenidas por la Gendarmería marroquí. Las defensas de los jóvenes que fueron arrestados, y que desde el lunes se encuentran en prisión acusados de sedición, cuestionan el "trato desigual" entre estos dos pasajeros y el resto de detenidos, y entienden que se les debería haber arrestado también en España en lugar de devolverlos a Marruecos.

En general, el informe de Air Arabia recoge el relato del incidente desde el punto de vista de la tripulación. Cabe recordar que, el pasado viernes, este altercado tuvo cerrado el aeropuerto de Palma durante más de tres horas, cuando el vuelo tuvo que aterrizar en Palma por una supuesta emergencia médica y una veintena de jóvenes aprovecharon para escapar corriendo por las pistas.

El informe plasma que una ambulancia se llevó al supuesto enfermo con acompañamiento de fuerzas del orden, y que mientras estaban en la pista el avión aprovechó para repostar combustible. Pasado un rato, la tripulación se dio cuenta de que una salida de emergencia había sido forzada (sin llegar a abrirse, según consta en el auto de la juez, aunque quedó inutilizada).

Los trabajadores procedieron a cambiar de asiento a los pasajeros que estaban junto a la puerta. Uno de ellos admitió ser el responsable, pero dijo que había sido involuntariamente y los viajeros se cambiaron de sitio sin oponer resistencia.

A continuación, el comandante de la aeronave explica que los pasajeros empezaron a quejarse diciendo que querían salir a fumar, y que oyó una voz fuerte y salió a ver qué pasaba. Había pasajeros intentando salir empujando y lo siguiente que vio es a un grupo corriendo por las pistas, según recoge el documento. Además, un tripulante relata que de un empujón se cayó al suelo y se hizo daño. Posteriormente aparecieron las fuerzas del orden y tras una batida volvieron con los dos pasajeros interceptados, que fueron identificados y se les hizo regresar al interior del avión.

El auto de la juez que enviaba a prisión a los 12 detenidos recogía que de la veintena de pasajeros implicados, sólo uno había facturado equipaje en bodega, y que el resto únicamente llevaba mochilas como bultos de mano. En este sentido, otro dato incluido en el informe de la aerolínea es que las mochilas que llevaban los pasajeros huidos como equipaje de mano se quedaron dentro del avión. El documento incluye fotografías de ese equipaje, que fue entregado a las autoridades.

El supuesto enfermo volvió a simular un coma diabético ante la policía 

De los pasajeros que salieron con la ambulancia, uno escapó del hospital y el otro, el que supuestamente estaba enfermo, recibió el alta con un informe de Son Llàtzer que refleja que no se observaban signos de ninguna patología urgente. Esta persona fue inmediatamente detenida porque le constaba una reclamación judicial por un Juzgado de Marbella, por daños, atentado y resistencia en un episodio ocurrido en 2020.

Según informó la Policía, este joven protagonizó otro incidente mientras estaba en los calabozos de la Policía Nacional. Al parecer, agredió a otro de los pasajeros, el acompañante que había ido con él hasta el hospital. Además, volvió a simular otro coma diabético.

Plan orquestado en Facebook 

Las investigaciones apuntan a que el incidente puede responder a un plan orquestado a través de un grupo marroquí de Facebook, en el que al parecer se buscaron voluntarios para ejecutar un plan de entrada ilegal en España por aire.

El auto de la juez de Palma desvela que en el grupo se daban instrucciones sobre cómo llevar a cabo la huida. El plan consistía en tomar un avión rumbo a Turquía, llevando un GPS activado para detectar cuándo la aeronave sobrevuela España, y en ese momento comenzar a gritar e insinuar un problema médico. "La azafata vendrá para pedir paciencia hasta llegar a Turquía, en este momento se levantan los otros para protestar alegando que el pasajero va a morir", recoge el mensaje publicado en la red.

En este sentido, el grupo de Facebook sostenía que si conseguían hacer presión entre varios "el avión realizará un aterrizaje forzoso en España para proteger la reputación de la empresa y para liberarse de responsabilidad".

Los jóvenes marroquíes comentaban en Facebook que les llevarían a un terminal en el que solo habría un agente de seguridad privada que no podría impedir que huyeran. "Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de seguridad privada no va a poder impedirlo, no hay policía en el sitio", prosigue el mensaje investigado, que terminaba diciendo: "Que se apunten los interesados".

"Después del aterrizaje forzoso os llevarán a una terminal que no es de las llegadas, es donde está la puerta desde donde tiene que escapar el 'enfermo'. Luego el resto atacan juntos esa salida. El agente de seguridad privada no va a poder impedirlo, no hay policía en el sitio", prosigue el mensaje investigado, que terminaba diciendo: "Que se apunten los interesados". Este es uno de los mensajes que se han incluido en el auto, fruto de la investigación policial, y que estaba en el grupo Brooklyn de Facebook con el que organizaron el incidenteBrooklyn .

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El auto de la juez recoge las investigaciones de la Policía sobre un grupo de Facebook en el que al parecer se buscaron voluntarios para ejecutar un plan de entrada ilegal en España por aire. En el grupo se daban instrucciones sobre cómo llevar a cabo la huida. El plan consistía en tomar un avión rumbo a Turquía, llevando un GPS activado para detectar cuándo la aeronave sobrevuela España, y en ese momento comenzar a gritar e insinuar un problema médico. "La azafata vendrá para pedir paciencia hasta llegar a Turquía, en este momento se levantan los otros para protestar alegando que el pasajero va a morir", recoge el mensaje publicado en la red.

En este sentido, el grupo de Facebook sostenía que si conseguían hacer presión entre varios "el avión realizará un aterrizaje forzoso en España para proteger la reputación de la empresa y para liberarse de responsabilidad".

Uno de los jóvenes marroquíes huidos del avión en el incidente provocado en el aeropuerto de Palma publicó un mensaje en Facebook horas después del altercado, explicando que estaba huyendo de la Policía en Mallorca después de abandonar el aeropuerto. "Chicos, todavía estoy mareado en España. La Policía desde la mañana nos persigue en el bosque y dispara contra nosotros con balas de goma. Mi teléfono está a punto de apagarse, tengo un 1 por ciento de batería". Se trata de un mensaje recogido en un atestado policial, publicado en el grupo de Facebook Brooklyn, donde supuestamente se orquestó la huida.

13 fugados

Asimismo, la Policía Nacional ha aclarado este miércoles en una nota de prensa que son 13 los jóvenes a quienes se ha puesto una requisitoria policial de busca y captura tras el incidente del aeropuerto de Palma. De este modo, según han informado, junto a los 12 detenidos que permanecen en prisión, serían 25 las personas implicadas.

Otras 12 personas fueron detenidas y este lunes la juez de guardia ordenó su ingreso en prisión provisional por presuntos delitos de sedición, coacciones y favorecimiento de la inmigración irregular.

La Fiscalía de Baleares ha pedido prisión provisional por un presunto delito de sedición en base a la Ley de Navegación Aérea para los marroquíes detenidos tras huir de un avión en el aeropuerto de Palma, informa Europa Press.

En declaraciones a Europa Press, el fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, ha explicado que por el momento se les han imputado estos delitos, aunque se podrían derivar otros, a la espera de las declaraciones de la tripulación y que se practiquen una serie de pruebas.

Ninguno de los detenidos ha querido declarar ante el juez, a excepción del pasajero que supuestamente estaba enfermo y provocó la emergencia médica en Son Sant Joan. Se trata de una persona que ya fue arrestada en la Península en 2020 por daños y resistencia a la autoridad y fue detenido por la Policía por un presunto delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería.

Los 12 detenidos han pasado este lunes a disposición judicial. Alrededor de las 12.00 horas han llegado los seis primeros a los juzgados de Vía Alemania, acompañados de un fuerte dispositivo policial. Será el juez quien determine si procede la devolución a sus países de origen o se adopta algún otro tipo de medida cautelar, como la prisión solicitada por Fiscalía.

El suceso tuvo lugar el viernes, cuando un avión que viajaba entre Marruecos y Turquía tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palma por una supuesta emergencia médica. El afectado fue trasladado en ambulancia junto con un acompañante al Hospital de Son Llàtzer, en Palma. En el momento de la evacuación del vuelo, varios pasajeros del avión, en torno a una veintena, salieron corriendo por las pistas.

El resto de detenidos, fueron apresados en calle Manacor, de Palma; Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan. Además, entre los detenidos figura también el pasajero que se fue como acompañante del supuesto enfermo y otro pasajero arrestado por desacato y agresión a la autoridad en el avión.

Todavía se busca a pasajeros fugados aún por localizar. La Policía Nacional investiga si la huida del avión se orquestó a través de un grupo de Facebook.

El pasajero que provocó la emergencia médica en el aeropuerto de Palma el pasado viernes, propiciando la huida de una veintena de marroquíes, ya fue detenido en España en 2020. Según han informado fuentes cercanas al caso a Europa Press, el hombre ya había sido detenido en la Península por daños y resistencia a la autoridad.

El pasajero, un hombre marroquí, es uno de los 12 detenidos por el episodio que el pasado viernes obligó a cerrar el aeropuerto durante varias horas. Se trata de la persona que tuvo que ser atendida por un supuesto coma diabético, provocando que el avión, que viajaba entre Marruecos y Turquía, tuviese que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Palma sobre las 19.00 horas. El hombre fue trasladado en ambulancia junto con un acompañante al Hospital de Son Llàtzer, en Palma. En el momento de la evacuación del vuelo, varios pasajeros del avión, en torno a una veintena, salieron corriendo por las pistas.

La Guardia Civil empezó buscarlos y, por ello, se procedió al cierre del aeropuerto y se desviaron los vuelos. El pasajero que provocó la emergencia médica fue arrestado en el Hospital de Son Llàtzer, después de haber recibido el alta hospitalaria, como presunto autor de un delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería.

El resto de detenidos, fueron apresados en calle Manacor, de Palma; Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan. Además, entre los detenidos figura también el pasajero que se fue como acompañante del supuesto enfermo y otro pasajero arrestado por desacato y agresión a la autoridad en el avión.

Pasan a disposición judicial este lunes 

Los detenidos serán acusados de desorden público -aunque no se descarta que se les imputen también otros delitos- y pasarán este lunes por la tarde a disposición judicial en Palma. Será el juez quien determine si procede la devolución a sus países de origen o se adopta algún otro tipo de medida cautelar.

La Policía Nacional investiga si la huida del avión se orquestó a través de un grupo de Facebook. se orquestó a través de un grupo de FacebookSe está tratando de determinar si existe un grupo de Facebook de jóvenes magrebíes donde se habla de cómo entrar en España a través de su espacio aéreo, describiéndose un método que sería similar al ocurrido este pasado viernes en el aeródromo de la capital balear.

La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, recalcaba el sábado que "lo vivido en la noche de este viernes en Palma es un acontecimiento inédito, que no se ha producido anteriormente en ningún punto aeroportuario español". Calvo especificó que los detenidos "como mínimo tendrán su expediente de devolución, porque hay que recordar que son personas que han llegado a la comunidad de forma irregular, y cuando la autoridad judicial así lo determine serán devueltos a sus países de origen".

La Policía Nacional investiga si la huida de 21 varones del avión aterrizado el viernes en el aeropuerto de Palma por la emergencia médica de un pasajero, al parecer, por un problema de diabetes, se orquestó a través de un grupo de Facebook, según informa Europa Press. Los 12 detenidos serán acusados de desorden público y continúa el dispositivo para tratar de localizar a los 12 pasajeros siguen fugados. 24 personas no siguieron el viaje el viernes: la persona supuestamente enferma, su acompañante, las 21 que se lanzaron a la carrera a las pistas del aeródromo y una detenida por desacato y agresión a la autoridad en el interior del avión.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, en estos momentos, se está tratando de determinar si es cierto que existe un grupo de Facebook de jóvenes magrebíes donde se habla de cómo entrar en España a través de su espacio aéreo, describiéndose un método que sería similar al ocurrido este pasado viernes en el aeródromo de la capital balear.

Y es que, han precisado estas mismas fuentes, de determinarse que existe un grupo de jóvenes de Marruecos en Facebook, donde se ofrecen pautas para entrar de manera irregular en España, y se logra hallar una conexión con lo ocurrido el pasado viernes en el aeropuerto de Palma se podría confirmar una de las hipótesis con las que trabaja la Policía, que todo estuviera planeado para entrar de forma irregular en España.

De momento, sin embargo, este pasado sábado, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, aseguró a los medios de comunicación que "no hay datos que permitan afirmar que se esté ante una llegada de inmigración irregular enmarcada en un plan".

Los 12 detenidos que viajaban en el avión, que este viernes noche aterrizó en el aeropuerto de Palma por la emergencia médica de un pasajero, al parecer, por un problema de diabetes, serán acusados de desorden público. Fuentes cercanas a la investigación han explicado que se estudia la hipótesis de que todo estuviera planeado para entrar de forma irregular en España.

Según han informado fuentes próximas a la investigación a Europa Press, los 12 detenidos que viajaban en el vuelo de la aerolínea marroquí Air Arabia, y que cubría la ruta entre Casablanca y Estambul, serán acusados de desorden público y por entrar irregularmente en España. Además, no se descarta la posibilidad de que se les imputen otros delitos, tras fugarse algunos de ellos a la carrera por las pistas del aeródromo de la capital balear.

Este sábado por la noche, continúa el dispositivo para tratar de localizar a los 12 pasajeros siguen fugados. 24 pasajeros no siguieron el viaje el viernes: la persona supuestamente enferma, su acompañante, las 21 que se lanzaron a la carrera a las pistas del aeródromo y una detenida por desacato y agresión a la autoridad en el interior del avión.

Mientras, otros 12 ya han sido detenidos, entre ellos, el supuesto enfermo, quien fue arrestado en el Hospital de Son Llàtzer, después de haber recibido el alta hospitalaria, como presunto autor de un delito de favorecimiento de inmigración ilegal e infracción a la ley de extranjería. El resto de detenidos, hasta el momento, han sido apresados en calle Manacor, de Palma; Sa Cabaneta y Es Figueral, en Marratxí; y en las inmediaciones del aeropuerto de Son Sant Joan. 11 están en la Jefatura Superior de Policía, y el restante, el detenido por desacato, permanece en la Comandancia de la Guardia Civil.

Acontecimiento "inéditos"

La delegada del Gobierno de España en Baleares, Aina Calvo, ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía, después de los acontecimientos "inéditos" vividos este viernes en el aeropuerto de Palma, cuando 21 personas se lanzaron a las pistas del aeródromo.

Según ha informado Calvo este sábado en declaraciones a los medios de comunicación, "lo vivido no se ha producido anteriormente en ningún punto aeroportuario español". Por este motivo, y dado que se está ante un escenario abierto de investigación, ha emplazado a la "cautela". Si bien, también, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía porque, ha añadido, "los acontecimientos pudieron ser controlados".

Armengol advierte que lo ocurrido en el aeropuerto "no se puede volver a repetir"

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha advertido que lo ocurrido este viernes en el aeropuerto de Palma "no se puede volver a repetir". Según ha expresado en un mensaje publicado este sábado en Twitter, recogido por Europa Press, "el aeropuerto de Palma ya opera con total normalidad, pero el sentimiento es compartido: lo que pasó este viernes no se puede volver a repetir".

Por este motivo, ha añadido la dirigente autonómica, "se hace necesario que las autoridades competentes revisen sus protocolos para garantizar la seguridad de todos y la movilidad de residentes y visitantes".

Cierre del aeropuerto durante unas tres horas

Alrededor de las 20.00 horas de este viernes, el vuelo aterrizó en el aeropuerto de Palma por una emergencia médica.  En el momento de la evacuación del vuelo, varios pasajeros del avión, en torno a una veintena, salieron corriendo por las pistas. La Guardia Civil empezó buscarlos y, por ello, se procedió al cierre del aeropuerto durante unas tres horas y se desviaron los vuelos.

Este sábado, el aeródromo de la capital balear ya opera "con total normalidad" desde la medianoche de este sábado, después de desviar un total de 13 vuelos de llegada. En concreto, los vuelos de llegada desviados fueron: cinco a Barcelona-El Prat, cuatro a Ibiza, dos a Menorca, uno a Madrid-Barajas y uno a Valencia.

La manifestación no autorizada a favor del rapero Pablo Hasél en Atocha (Madrid) se ha disuelto pasadas las 20.00 horas tras más de una hora de protestas. "Ahora nos vamos a casa pero pronto volveremos y seremos más. No nos pararán", ha gritado uno de los asistentes al finalizar la manifestación, según informa Europa Press.

Las manifestaciones han sido convocadas por toda España por colectivos antifascistas para reclamar de nuevo la libertad del rapero Pablo Hasél tras un mes desde que fuera encarcelado para cumplir una condena por enaltecimiento del terrorismo. La convocatoria, que se ha realizado por las redes sociales, llama a salir a las calles en varios puntos del Estado. "Un día más salimos a las calles para reivindicar todos y cada uno de nuestros derechos y libertades que se ven amenazados y reprimidos. Pedimos la libertad de Pablo Hasél y de todos los presos políticos ¡amnistía total!", señala uno de los mensajes de Distrito 104, "colectivo anticapitalista, antifascista y antipatriarcal".

La concentración de Madrid ha comenzado sobre las 19.00 horas en Atocha y estaba previsto que avanzara hasta la plaza de Cibeles, según consta en el cartel de la convocatoria, que se bajo el lema: 'Por nuestros derechos y libertades. ¡Amnistía total!. Libertad Pablo Hásel'. No obstante, sobre las 19.20 horas los manifestantes han tenido que detener su avance debido a un cordón policial establecido por los agentes de la Policía Nacional.

Frente al cordón policial, los manifestantes, algunos portando banderas republicanas, han pedido la libertad del rapero Pablo Hasél. "De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste. Violencia es no llegar a fin de mes. Aquí están los antifascistas", han coreado.

Asimismo, los manifestantes han exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la libertad de los políticos presos. "Eso te pasa, por votar a Marlaska. Presos políticos, libertad. Madrid será la tumba del fascismo", ha señalado los asistentes a la concentración. Durante la protesta también se han escuchado críticas contra la Policía: "Yo abortaría por si sale policía. Ser policía vergüenza me daría".

Al finalizar la concentración, la Policía ha identificado a los asistentes en la Cuesta de Moyano por lo que, como protesta, los manifestantes se han sentado en el suelo. "Fuera Policía de los barrios de Madrid. Que no tenemos miedo, que sí tenemos rabia. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. Marlaska, fascista, estás en nuestra lista", han gritado durante la sentada.

El miembro del movimiento anti-represivo de Madrid, Marco Fernández, ha señalado en declaraciones a Europa Press que han acudido a manifestarse una vez más por el encarcelamiento de Pablo Hasél y "por el resto de presos políticos que llenan las cárceles españolas". "Y por todos los derechos y libertades que se nos niegan sistemáticamente", ha sentenciado. Los convocantes de la marcha, según ha explicado Fernández, no han notificado a la Delegación del Gobierno de Madrid esta manifestación porque, a su juicio, el Ejecutivo "ha usado la excusa de la Sanidad para prohibir manifestaciones progresistas". "Decidimos salir sin convocarla. El de manifestación es un derecho democrático fundamental y tenemos plena potestad para ejercerlo", ha dicho.

Barcelona

Alrededor de 250 personas han marchado este sábado desde las 20.10 horas en Barcelona para pedir la libertad de Pablo Hasél. A las 19 horas se han concentrado en plaza Universitat, con fuerte presencia policial tanto de Guardia Urbana como de los Mossos d'Esquadra, y varios participantes han podido hablar por un micro y otros han cantado.

Y una hora después han empezado a caminar, bajando por la calle Pelai, al grito de 'Pablo Hasel Llibertat' y 'Anticapitalistes' y hasta las 20.30 no se han producido incidentes.

Palma

Alrededor de unas 30 personas se han concentrado este sábado en la plaza de España de Palma, para pedir la libertad de Pablo Hasél y de los detenidos en el marco de las protestas. Según ha informado Climent, un militante de Arran, que ha asistido a la concentración, convocada de manera abierta en redes sociales, y autorizada por la Delegación del Gobierno, "este sábado se pide la libertad de Pablo Hasél y de todos los detenidos en el marco de las protestas en contra de los ataques a la libertad de expresión, lo que solo será posible con la amnistía total de todos los detenidos".

Una decena de agentes de la Guardia Civil custodian la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en Palma mientras en su interior se desarrolla el registro iniciado hace unas horas por un supuesto caso de corrupción, informa Europa Press.

Los agentes del Instituto Armado mantienen cerrados todos los accesos al edificio mientras una veintena de empleados de la sede permanecen desde primera hora de la mañana de este viernes a la espera de poder acceder a su puesto de trabajo en el edificio. Además, durante el registro, se ha podido ver a agentes que han salido de la sede para entrar posteriormente con maletas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Joan Gual de Torrella, permanece en las dependencias de la Guardia Civil de la comunidad, junto a otros miembros de la cúpula directiva de la APB. Por el momento se desconoce si están detenidos o retenidos.

Este jueves por la noche el Instituto Armado ya pidió la declaración de personal de la APB. La operación se produce por un caso de supuesta corrupción que estaría relacionado, entre otros asuntos, con una adjudicación de unos amarres en Menorca y unas licitaciones de contratos públicos, que fueron denunciados.

El expresidente del Govern, Jaume Matas, ha admitido este lunes ante la Audiencia Provincial de Baleares haber cometido un delito de prevaricación y fraude a la administración en el marco del caso Son Espasescaso Son Espases pero no ha aceptado haber cometido un delito de tráfico de influencias. Por esto, será condenado a cuatro meses de cárcel.

En respuesta a preguntas de la presidenta del tribunal, Rocío Martín, Matas ha dicho que reconoce los hechos, según los ha presentado su abogado defensor, y ha detallado que no acepta que los mismos representen un delito de tráfico de influencias, como defiende el Ministerio Fiscal.

De esta manera, Matas, será condenado a cuatro meses de cárcel de cumplimiento efectivo por el intento de manipulación del concurso para la adjudicación del hospital de Son Espases con el objetivo de beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL.

El juicio, que estaba previsto para celebrarse hasta el 30 de junio, se resolverá en sólo otra sesión, fechada para celebrarse este jueves. En esta sesión, se tendrá que discernir si el también exministro cometió el delito de tráfico de influencias por el que se le pide un año de cárcel y una multa de 31,6 millones de euros.

En este juicio, la Fiscalía también acusaba a la exconsellera de Salud, Aina Castillo, al exdirector general del IbSalut, Joaquín Sergio Beltrán, y al empresario Jesús Peinado. Estos tres han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal por distintas penas menores de cárcel que serán sustituidas por multa. En concreto, Castillo deberá pagar 4.800 euros, y Beltrán y Peinado, 5.760 euros cada uno. En concreto, han admitido haber cometido prevaricación y fraude.

En concepto de responsabilidad civil los procesados deberán abonar un total de 2.950 euros. A la hora de negociar las penas, la Fiscalía ha tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño por parte de Matas y dilaciones indebidas para todos.

Cabe recordar que Matas lleva en prisión desde junio del año pasado --hace un año-- con motivo de su condena por el caso Nóos. El también exministro de Medio Ambiente fue condenado a tres años y ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial.

Antes, Matas ya había cumplido una pena de nueve meses de cárcel en el marco de la primera pieza que fue juzgada dentro del caso Palma Arena por la contratación irregular de un articulista para la redacción de sus discursos.

Barcelona encabeza la lista de las ciudades más congestionadas de España, pues los conductores pasan un 29% de media de tiempo extra en atascos durante cada viaje, según el TomTom Traffic Index 2018, un informe que detalla la situación del tráfico en 403 ciudades de 57 países de todo el mundo.

Tras la ciudad condal, le siguen Palma de Mallorca (25%) y Granada (24%), mientras que en cuarto lugar se sitúan la capital española, Madrid y Santa Cruz de Tenerife, ambas con un 22%. Por el contrario, de las 25 ciudades españolas analizadas, la que cuenta con menos atascos de tráfico es Cádiz (9%), también a nivel mundial al ocupar el penúltimo puesto (402 de 403), solo siendo superada por Greensboro-High Point, en Estados Unidos.

Según los resultados del informe, la capital de Cataluña ocupa el 118º puesto en el ranking mundial de las ciudades con más tráfico, y el 61º puesto en el ranking europeo. Además, en el último año, el tráfico en la ciudad condal aumentó un 1%.

El tráfico en Madrid también presentó un aumento del 1% en el último año, dejando la ciudad en el cuarto lugar del ranking. La capital de España ocupa el 228º puesto en el listado mundial de las ciudades con más tráfico y el 134º puesto en el ranking europeo.

En Barcelona, la congestión media diaria más alta se presentó el 31 de octubre de 2018, día en que se incendió una grúa en el puerto de la ciudad tras chocarse con un barco, provocando un nivel de congestión del 67%. En Madrid, la congestión media diaria más alta se presentó un día antes, el 30 de octubre de 2018, dos días antes de la Fiesta de Todos los Santos, lo que ocasionó un nivel de congestión del 46% en la capital.

Durante los días laborables de 2018, Barcelona presentó un 60% de tráfico en las horas punta por la mañana, incrementando en 18 minutos los trayectos de media hora. Por la tarde, durante las horas punta, el nivel de congestión baja un 5% (55%), ocasionando el aumento de 17 minutos en los viajes de misma duración.

Por su parte, durante los días laborables de 2018, Madrid presentó un 55% de tráfico en las horas punta por la mañana, provocando un incremento de 17 minutos en los trayectos de media hora. Durante las horas punta en el periodo vespertino, el nivel de congestión cae al 44%, bajando a 13 minutos el incremento de tiempo en viajes de misma duración.

Según el análisis, la mayoría de las ciudades españolas aumentaron su nivel de congestión con respecto a 2017, salvo Alicante, Santander, Vigo, Cartagena y Oviedo (con los mismos niveles) y Granada y San Sebastián (-1%).

Mumbai, la ciudad con más atascos del mundo

A nivel global, Mumbai ocupa el primer lugar del ranking este año. Los conductores en la ciudad india pasaron un promedio del 65% de tiempo extra en atascos durante cada viaje en 2018. Le siguen, respectivamente, la capital colombiana, Bogotá (63%); Lima, en Perú (58%); Nueva Delhi, también en India (58%); y la capital rusa, Moscú (56%).

Con Moscú a la cabeza en Europa, Estambul (53%) llegó en segundo lugar. Le siguen Bucarest (48%), San Petersburgo (47%) y Kiev (46%). Del puesto 6 al 10 se sitúan, respectivamente, Novosibirsk, en Rusia (44%), Atenas (40%), Roma (39%), Varsovia (39%) y Yekaterimburgo, también en Rusia (37%). Ciudades como Bruselas (37%), Londres (37%) y París (36%) ocupan los puestos 11, 12 y 13, respectivamente.

Según el informe, la congestión del tráfico ha aumentado globalmente durante la última década, y casi el 75% de las ciudades que TomTom incluye en el nuevo informe del Traffic Index ha aumentado o bien estabilizado sus niveles de congestión entre 2017 y 2018. En el último año, sólo 90 ciudades presentaron disminuciones considerables de tráfico.

Además, el análisis concluye que hay diferencias significativas entre continentes. Los descensos se midieron principalmente en Asia, con grandes disminuciones en los niveles de congestión en Yakarta y Estambul, mientras que casi todas las ciudades de América del Sur registraron aumentos; el mayor (8%) tuvo lugar en Lima, Perú.

Según indica el vicepresidente de información de tráfico de TomTom, Ralf-Peter Schaefer, que la congestión del tráfico esté aumentando puede ser una buena y una mala noticia: "Por un lado, es positivo porque indica el estado de una economía global fuerte. No obstante, también significa que los conductores pierden su tiempo parados en el tráfico, sin mencionar el enorme impacto ambiental ocasionado".