La detención de inmigrantes latinos sin historal criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras la de venezolanos se multiplicó por catorce y la de mexicanos por ocho, reveló un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

El documento, divulgado este viernes, documentó un promedio mensual de 6.000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo período de 2024, durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

Subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total, frente a menos de un octavo en 2024, detalló la investigación, con base en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

El estudio encontró que, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin historial criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1.500 a 13.300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la de venezolanos se multiplicó por 14 hasta 5.600.

También documentaron 8.600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6.000 hondureños, una cifra que se elevó casi diez veces, mientras que la de ecuatorianos se incrementó a 2.800, más del doble.

La Administración de Trump deportó a casi nueve de cada diez latinos detenidos sin antecedentes penales y "solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades", según el informe.

"Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son 'lo peor de lo peor', sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen", escribieron los autores Paul Ong, Jonathan Ong y Sonja Díaz.

La investigación también encontró que la mayoría de latinos no criminales que están detenidos tienen de 18 a 54 años, en edad de trabajar.

Además, casi siete de cada diez estuvieron detenidos 15 días o más y al 60 % de ellos los transfirieron fuera del estado en el que vivían.

El documento recordó que la meta de la Administración de Trump es tener un promedio diario de 100.000 inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50.200 personas de gobiernos anteriores.

"Los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual Administración de Trump. Las detenciones, junto a las aprehensiones y deportaciones, probablemente incrementarán, con mucho del crecimiento proveniente de no criminales", concluyeron.

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido el procesamiento de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Brasil, Colombia, Rusia e Irán. Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a EFE la cifra de países afectados, sin precisar cuáles son, aunque la cadena Fox News ha tenido acceso al listado.

Algunos de los países de América Latina y el Caribe incluidos son Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. También figuran Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.

Según Fox News, la pausa comenzará el próximo 21 de enero y se mantendrá de manera indefinida mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de verificación.

Los visados de inmigración son aquellos que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos, mientras que los visados de no inmigrante, destinados a estancias temporales como turismo, estudios o trabajos temporales, no se verán afectados por la suspensión.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, declaró que el objetivo de esta medida es evitar el ingreso a Estados Unidos de extranjeros que puedan recurrir a asistencia social y beneficios públicos.

En noviembre pasado, el Gobierno de Trump ordenó a los consulados de Estados Unidos en todo el mundo aplicar una guía que da instrucciones sobre negar visados a los solicitantes que se considere que probablemente dependerán de ayudas públicas.

De este modo, los funcionarios consulares pueden rechazar visados en función de una amplia gama de factores, como la salud, la edad, el dominio del inglés o la situación financiera.

La Asociación de Mujeres de Guatemala ha denunciado este lunes en el Congreso el "maltrato institucional" hacia las solicitantes de asilo y refugiadas en España, que en muchas ocasiones tienen que esperar hasta 15 meses o pagar hasta 600 euros en el mercado ilegal para obtener una cita con la que recibir su documentación o renovarla. Estas trabas burocráticas, que existen en el país desde hace al menos siete años, hacen que sea imposible para muchas de ellas acreditar que tienen una solicitud de asilo en vigor y, por tanto, trabajar, tener una cuenta bancaria, alquilar un piso o percibir las prestaciones sociales a las que tienen derecho.

Así lo refleja el informe Sin citas no hay derechos: Refugiadas contra la discriminación administrativa, realizado por esta asociación con apoyo de la ONG Oxfam Intermón y presentado este lunes.

La investigación realiza un análisis jurídico de la situación y se nutre del testimonio de varias mujeres solicitantes de asilo y refugiadas en España.

Voces como la de la guatemalteca María Galiego, de ascendencia maya achí, quien tuvo que huir de su país con sus tres hijos por la persecución que sufría por parte del Ejército como "venganza" del activismo que ejerció su madre, pionera en la búsqueda de personas desaparecidas.

Cuando llegó a España en 2019, encontró trabajo en una residencia de ancianos, desde donde vivió "en primera fila" la crisis del coronavirus para después perder el trabajo por no encontrar cita para renovar su tarjeta de solicitante de asilo, con tres hijos menores de edad a su cargo. "Llegó un punto donde no teníamos ni qué comer porque nadie te da trabajo si uno no tiene permiso, por más ganas que tú le quieras echar", ha narrado.

Para estas mujeres, que ya arrastran historias muy duras de violencia, persecución y discriminación en sus países, caer en la irregularidad en España supone una exposición a nuevos riesgos, como la explotación laboral. Una de ellas cuenta en el informe que tuvo un trabajo cuidando a mujeres mayores, de interna, por el que cobraba 20 euros al día: "Estuve veinte días, porque cocinaba, las cuidaba y se aprovechaban de mí", lamenta.

En la presentación también ha participado Marta María Ramírez, activista política y feminista cubana que actualmente tiene su documentación como solicitante de asilo caducada por la falta de citas para renovarla, por lo que no puede, por ejemplo, firmar un contrato de alquiler. Ha relatado otras situaciones de discriminación institucional a la hora de, por ejemplo, abrir una cuenta en el banco o solicitar una beca de comedor para su hija, al pedirle la administración documentación del padre, que está en Cuba, cuando sus abogados no la recomiendan ponerse en contacto con él por su situación.

La práctica imposibilidad de conseguir una cita para solicitar asilo en España o para renovar esta petición es un problema que España arrastra desde 2018, subraya el informe, cuando se implementó un sistema a través del Registro Electrónico Común.

Desde entonces, las pocas citas que se ofrecen son monopolizadas por despachos de abogados, gestorías o particulares a través de medios informáticos avanzados y muchas se ponen a la venta en el mercado clandestino por precios que llegan a los 600 euros.

En 2022, ante la evidente ineficacia del problema, se eliminó la obligatoriedad del sistema telemático y se estableció que cada Subdelegación del Gobierno podría elegir su mecanismo -telemático, correo electrónico, teléfono o presencial- mientras que para la renovación de la documentación el trámite continuaría siendo el telemático.

A partir de 2023, los problemas con las citas se agravaron y la situación se mantiene hasta la actualidad "sin que el Gobierno haya tomado ninguna medida efectiva al respecto", denuncia el informe.

Durante los últimos 30 años, mi familia ha vivido lo que cualquier persona consideraría una auténtica pesadilla. Hemos sido perseguidos por las calles de Guatemala por vehículos del Estado con algunos de sus mejores sicarios a bordo, hemos sufrido atentados con armas de fuego, explosiones de granadas en nuestra casa, allanamientos ilegales, secuestros e, inevitablemente, la fragmentación de nuestra familia a través del exilio. Pero nada nos preparó para la detención arbitraria de mi papá, el periodista Jose Rubén Zamora, y la brutal persecución y la tortura a las que ha sido sometido durante los últimos tres años por parte de la dictadura de la corrupción en Guatemala. 

Esta no es una dictadura con un caudillo, sino una que se ha apoderado del sistema judicial para perseguir a voces críticas y a cualquier persona que considere oposición u obstáculo a sus actos de corrupción, entre ellos mi papá, quien estuvo detenido arbitrariamente y expuesto a tratos inhumanos en una cárcel guatemalteca durante 813 días, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de Naciones Unidas. Aunque hoy finalmente puede defenderse desde un arresto domiciliario, sigue siendo criminalizado por hacer periodismo y continúa enfrentando procesos espurios que los actores corruptos y antidemocráticos dilatan maliciosamente para intentar silenciarlo, coartar su libertad y enviarle una amenaza a todos los periodistas en Guatemala.

Por eso, este ha sido el golpe más brutal que hemos recibido en mi familia, incluso más que cuando intentaron asesinarlo y lo dimos por muerto durante 24 horas. O cuando tuvimos que irnos de nuestra casa durante el autogolpe de Estado de Serrano Elías en 1993, y nos vimos forzados a refugiarnos todos en distintas casas. Mi papá no aceptó a los censores del Estado y nos vinieron a avisar que muy pronto llegarían a buscarnos para intentar silenciarlo. Como de costumbre, imprimió y distribuyó el diario Siglo 21, incluso una edición internacional que en aquel entonces se envió a todas las redacciones del mundo vía fax, cambiando el nombre de la cabecera por Siglo XIV, haciendo referencia a una época de oscurantismo. 

Diez años después, en 2003, la incursión armada en nuestra casa marcó un antes y un después en nuestras vidas. Aquel día, miembros armados de cuerpos de élite del Estado, incluyendo la guardia presidencial, irrumpieron en nuestra vivienda gritando que iban a matarnos a todos. Nos acorralaron violentamente en un solo cuarto, atándonos de pies y manos, mientras simulaban la ejecución de mi papá frente a nosotros. Durante dos horas y media, nos amenazaron, nos golpearon e intentaron humillarnos. La intención no era solo infundir miedo, sino callarnos, hacer que mi papá desistiera de su trabajo periodístico. Pero no lo lograron.

Los ataques no cesaron. En 2008, mi papá fue secuestrado, golpeado y drogado con barbitúricos en un intento de asesinato. Fue abandonado en un terreno baldío, dado por muerto. Un médico incluso comenzó a realizarle la autopsia cuando, milagrosamente, un reflejo de dolor lo delató: estaba vivo. Este intento de asesinato fue planeado con la complicidad de altos funcionarios del Gobierno de entonces. Y, aunque los responsables materiales fueron condenados, al igual que los de los actos violentos de 2003, los autores intelectuales quedaron ambas veces impunes.

El 29 de julio de 2022, mi esposa y mis hijos fueron a la casa de mis padres en Guatemala durante las vacaciones escolares. Todo parecía normal. Pero en una llamada telefónica, escuché el peligro en la voz de mi mamá. Hablaba con mi papá, y escuché la voz de ella, mientras corría hacia él y decía: “Están entrando. Hay gente en el techo y están entrando a la casa”. Era un allanamiento policial, pero al otro lado del teléfono, en EEUU, no podía hacer mucho. Llamé a mi esposa y le dije: “Esconde a los niños en un clóset y prepárate para cuando entren. De ser posible, toma fotos y mándamelas”. Ese día, mi papá fue arrestado por un proceso espurio en su contra. Logramos denunciar ese allanamiento en tiempo real y, con las fotos que me enviaron, los usuarios de redes sociales lograron identificar a la fiscal a cargo del registro irregular, quien tuvo secuestrados a mis hijos estadounidenses y menores de edad ilegalmente por más de seis horas. Lamentable e irónicamente, mis hijos fueron finalmente expuestos a la violencia que tanto les intenté evitar quedándonos a vivir en el extranjero durante los últimos 21 años.

Sin duda, fue un despliegue desproporcionado de fuerza —una caravana de aproximadamente 12 patrullas, decenas de policías con pasamontañas y fusiles de asalto— como si a quien buscaba se tratara de un peligroso capo del crimen organizado y no de un periodista de 67 años, reconocido a nivel mundial y con una trayectoria intachable, que se habría presentado voluntariamente si lo hubieran citado. Ese mismo 29 de julio, mientras el Estado llevaba a cabo ese innecesario allanamiento en la casa donde mi familia ha vivido durante 32 años y detenía a mi papá, las mismas autoridades realizaban otro allanamiento ilegal en las oficinas, redacción e imprenta de elPeriódico.

Ese otro operativo duró 17 horas, durante las cuales los empleados fueron sometidos a interrogatorios intimidatorios. Como si eso no fuera suficiente, se les negó el acceso a alimentos y, a aquellos con problemas de salud, se les impidió tomar sus medicamentos.

El día de la primera audiencia, mi hermano menor y yo intentamos visitar a mi papá en prisión. Cruzamos la ciudad en plena hora pico del tráfico matutino, pero al llegar nos informaron de que ya no estaba allí. Sin otra opción, atravesamos nuevamente la ciudad hasta la Torre de Tribunales, solo para descubrir que nunca había llegado. Empezamos a hacer llamadas y, por unos minutos de angustia, pensamos que el Estado lo había desaparecido. Finalmente, nos enteramos de que la audiencia había sido cancelada mientras lo trasladaban, y a medio camino lo habían regresado a prisión. Fueron momentos de mucha tensión. Volvimos al carro, mi viejo Volkswagen escarabajo de temperamento caprichoso, cuyo único atractivo es la pintura impecable. No arrancó y tuvimos que empujarlo. Al regresar a la prisión, no nos permitieron entrar, pero logramos conversar un buen rato con un joven guardia del sistema penitenciario, un soldado que, curiosamente, se llamaba Hitler. De regreso a casa, mi hermano y yo bromeamos sobre cómo el nombre de una persona podría influir en su destino y en la profesión que termina ejerciendo.

Paralelamente, empezó una persecución contra todas las personas cercanas a nuestra familia y a elPeriódico. Primero fueron los abogados, pero también lanzaron campañas de desprestigio y amenazas contra los anunciantes del diario. Poco a poco, el Estado nos fue aislando hasta el punto de que incluso los anunciantes más leales rompieron comunicación con nosotros. El miedo a ser perseguidos por apoyarnos llevó a que solo quisieran comunicarse a través de aplicaciones seguras y desde teléfonos en Estados Unidos. La criminalización de mi papá generó una paranoia generalizada entre los guatemaltecos.

En los primeros días de su encarcelamiento, las visitas eran limitadas y las reglas cambiaban arbitrariamente. Se nos negaba la entrada en los horarios establecidos con el argumento de que tenía prohibidas las visitas. Cuando logramos verlo, los registros fueron exhaustivos e invasivos, con el claro propósito de humillarnos. En otras ocasiones, los guardias le decían que nadie había ido a visitarlo y que su familia lo había abandonado por ser un criminal.

Desde el inicio de la persecución, embargaron todas las cuentas bancarias de mi papá y elPeriódico, y la estructura corrupta dentro del Ministerio Público y sus jueces cómplices nos bombardearon con requerimientos imposibles de cumplir. En una ocasión, nos exigieron entregar 20 años de archivos administrativos y fiscales en un plazo de apenas 48 horas, bajo amenaza de presentar nuevos cargos y ordenar más detenciones. El equipo trabajó sin descanso, organizando documentos en condiciones de extrema presión, lo que incluso afectó la salud de varios miembros.

A lo largo de este proceso, hemos sufrido innumerables y dolorosas pérdidas: el cierre de la versión impresa de elPeriódico el 30 de noviembre de 2022, y meses después, el 15 de mayo de 2023, su cierre definitivo. El Estado silenció al diario y sus 160 trabajadores perdieron sus empleos injustamente. Sin tener ninguna obligación legal, nuestra familia colaboró con el equipo para mantener el medio operando durante casi un año después de la detención arbitraria de mi papá y, finalmente, para cerrar la operación de la manera más ordenada posible, asegurando el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes. Un proceso desgastante y devastador física y emocionalmente.

Durante ese primer año de detención, presenciamos la persecución, encarcelamiento y/o exilio forzado de algunos de los abogados de mi papá, así como de un testigo clave del caso y de diez miembros adicionales de la redacción de elPeriódico. Hicimos todo lo posible por protegerlos y ayudarlos a encontrar oportunidades en el extranjero. Por un lado, el objetivo era dejar a mi papá en estado de total indefensión; por el otro, forzar el cierre definitivo del medio.

Mientras tanto, la situación en Guatemala se volvía cada vez más peligrosa para mi mamá y mi hermano menor. En abril de 2023, mi hermano tuvo que salir del país al enterarnos de que se preparaba un caso espurio en su contra. Incluso lo buscaron en la universidad en la que era catedrático y director de un centro de innovación en alianza con el Massachusetts Institute of Technology. Luego, las amenazas alcanzaron a mi mamá. Cuando finalmente logró salir de Guatemala y llegó a un lugar seguro, durmió 24 horas seguidas tras casi un año de vivir bajo el asedio del Estado.

Desde el 29 de julio de 2022 hasta el 15 de enero de 2024, fuimos testigos de los tratos inhumanos y torturas a las que fue sometido mi papá. Pasó meses encerrado en una celda de aislamiento, oscura, fría y húmeda, durante 23 horas al día. Fue víctima de infestaciones intencionales de insectos, privación del sueño mediante ruidos constantes y registros nocturnos con perros. Incluso le cortaron el suministro de agua por períodos prolongados. Estos abusos se intensificaban la semana previa a sus audiencias, que por más de dos años solo sirvieron para postergar maliciosamente su detención arbitraria.

En cada una de las embestidas del Estado durante los últimos 30 años, mi papá se mantuvo firme. No dejó de denunciar la corrupción, no calló ante las amenazas y no cedimos al exilio permanente. Sin embargo, la represión alcanzó un nivel sin precedentes cuando fue detenido arbitrariamente en 2022. Fue un proceso lleno de irregularidades, en el que se le negó el debido proceso y se violaron todos sus derechos. Su encarcelamiento fue una represalia directa por su incansable trabajo periodístico. Durante 921 días, la parte cooptada del Estado ha utilizado toda su maquinaria para intentar aplastarnos. Nos enfrentamos a ataques diarios, a un aparato judicial corrupto y a una campaña de desprestigio orquestada desde las esferas del poder. Pero para su asombro, no nos han logrado quebrar.

El 11 de noviembre de 2024, el presidente Bernardo Arévalo nos invitó a mi papá y a mí a una reunión con él y la Sociedad Interamericana de Prensa, durante un evento en el que firmó la declaración de Chapultepec sobre libertad de prensa. Llevar a mi papá a esa reunión fue realismo mágico puro. Después de más de dos años encerrado 23 horas al día en una celda de aislamiento, transitamos la ciudad y en todos los semáforos que nos tocaron en rojo, la gente lo reconocía; le bocinaban y gritaban lo mucho que lo admiraban y apoyaban. Ocurrió lo mismo en la corta caminata del parqueo al Palacio Nacional, donde algunos vehículos bocinaban y sus conductores gritaban: “¡Zamora libre!”. Los peatones lo pararon varias veces y preguntaron si podían tomarse fotos con él. En el trayecto de salida del Palacio, lo detuvieron varios periodistas. Algunos de ellos habían trabajado alguna vez en elPeriódico, y de los dos lados se miraba la emoción de esos reencuentros. Al llegar a la puerta de salida, lo paró una persona más. Aunque no lo reconocimos, pensamos que era un periodista. Le dijo que lamentaba mucho la persecución y le alegraba verlo libre. Fue entonces cuando se dio la vuelta y empezó a hablarle en inglés a un grupo de personas, a las que les explicó que se trataba de un gran periodista que fue perseguido por la administración anterior, estuvo más de dos años en prisión y que ahora finalmente estaba libre. Fue entonces que nos dimos cuenta de que se trataba de un guía turístico. El grupo de visitantes aplaudió efusivamente. Esa anécdota, el haber sido parte de un tour por el Palacio Nacional, todavía nos causa reír a carcajadas. Es importante reconocer que, desde la toma de posesión de Arévalo, un presidente genuinamente comprometido con la democracia, pero con un sistema cooptado de justicia en su contra, las condiciones de encarcelamiento de mi papá fueron dignas. Lo que muestra la intencionalidad de la administración de Alejandro Giammattei de torturarlo.

Esta ha sido una batalla entre David y Goliat. Una lucha desigual en la que el Estado ha empleado todos sus recursos para doblegarnos. Pero, si algo nos ha enseñado mi papá, es que la verdad y la justicia siempre prevalecen. Como familia, hemos resistido. Nos hemos sostenido en la esperanza, en la solidaridad de quienes creen en la libertad de expresión y en la convicción de que nuestro papá, a pesar de haber estado detenido arbitrariamente y continuar bajo arresto domiciliario mientras siguen los procesos espurios en su contra, es inocente y sigue siendo libre.

Hoy, miramos hacia atrás y sabemos que hemos sobrevivido a lo impensable. Nos sentimos agradecidos con nuestros padres por ser siempre excelentes guías, por enseñarnos a ser correctos, a tener principios y a vivir con integridad. Nos han enseñado a ser resilientes, a enfrentar cualquier reto con dignidad, paciencia, gratitud, paz y serenidad. Y aunque creemos que nuestro papá ya ha cumplido con su misión de vida y con Guatemala, seguiremos firmes apoyándolo en su lucha hasta que recupere totalmente su libertad. El legado de José Rubén Zamora no es solo la capacidad de sobreponerse al miedo, sino la verdad que ha defendido toda su vida y su entrega total para construir una mejor Guatemala desde las trincheras del periodismo. 

Este proceso nos ha demostrado el lado más oscuro de la humanidad, pero al mismo tiempo el mejor, que sobrepasa por mucho ese lado oscuro, a través de la unidad familiar, el apoyo, solidaridad y cariño de amigos y colegas del mundo entero, así como de los guatemaltecos, organizaciones que defienden la libertad de prensa, la democracia, los derechos humanos y todos los países libres y democráticos del mundo. A todos, nuestra gratitud por no perder de vista el caso de mi papá, ni los esfuerzos de los actores corruptos para cooptar la totalidad del Estado en Guatemala.

Decenas de familias guatemaltecas se vistieron de luto este lunes tras el accidente de un autobús extraurbano que perdió el control en el norte de Ciudad de Guatemala, se desplomó por un barranco y cayó a un río de aguas residuales, dejando al menos 51 muertos, muchos de ellos trabajadores y estudiantes que se dirigían a la capital. Pese a la magnitud del siniestro, al menos 20 personas lograron salir con vida, aunque con heridas de gravedad.

“Mis sobrinas salieron a las cuatro de la mañana desde San Antonio La Paz, venían a la ciudad a estudiar, salí corriendo de casa una hora después de que sucedió el accidente, ahora las acabo de identificar”, indicó a EFE Rosa García, una mujer de 60 años que perdió al menos tres familiares en el accidente. Al igual que García, decenas de personas entre llanto y lamentos acudieron a una morgue provisional que las autoridades guatemaltecas montaron en una casa del asentamiento de Jesús de la Buena Esperanza, aledaño al lugar donde el bus se accidentó.

De acuerdo con Bomberos Voluntarios, el bus se pasó un semáforo en rojo, colisionó con otros dos vehículos particulares y posteriormente se precipitó por un barranco a 60 metros de altura y quedó volcado sobre el río Las Vacas, un caudal de aguas negras de la ciudad.

Entre las 51 víctimas mortales contabilizadas se encontraban dos trabajadores del Organismo Legislativo, varios comerciantes y estudiantes de primaria y diversificado que cada mañana salían desde sus comunidades del noreste del país para estudiar en la capital.

Las tareas de rescate duraron más de cinco horas, el cuerpo del piloto de la unidad fue el último en ser rescatado, debido a que quedó atrapado entre el motor y el volante del autobús y los bomberos tuvieron que acudir a una grúa para poder retirarlo. Unos 50 elementos del Ejército de Guatemala y otros 60 bomberos se encuentran trasladando en grupos de siete a los cuerpos desde la profundidad del barranco hasta un salón comunitario del asentamiento que está siendo utilizado como morgue provisional.

El Ministerio Público (Fiscalía) informó que hasta el momento 25 de las víctimas mortales han sido identificadas y el Registro de ciudadanos ofreció extender de forma gratuita el certificado de defunción a los familiares.

En el lugar de la tragedia habitan unas 500 personas en extrema pobreza sin acceso a agua potable y no todas las viviendas cuentan con electricidad. Aún así, los vecinos del lugar aportaron café, alimentación y espacios de descanso para los cuerpos de socorro. Además, ciudadanos particulares y algunas empresas acudieron al lugar con bolsas de comida y agua para apoyar a las personas destacadas en las tareas de rescate y reconocimiento de las víctimas.

El autobús partió desde San Agustín Acasaguastlán, un municipio de la provincia de El Progreso ubicado a 92 kilómetros al noreste de la capital guatemalteca y se presume que su destino era la terminal de buses ubicada en el centro de la ciudad.

El poblado de donde partió el autobús accidentado tiene 55.080 habitantes, de los cuales el 66% vive en pobreza y el 17% en extrema pobreza de acuerdo con datos de la Secretaría de Planificación de la Presidencia. Además, San Agustín es uno de los 52 municipios guatemaltecos que viven bajo condiciones de pobreza extrema.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó luto nacional por tres días y confirmó que el bus tenía 30 años de funcionamiento y la licencia del conductor estaba vigente hasta junio de este año. El mandatario puso al Ministerio de la Defensa y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres a cargo de esta tragedia.

Los accidentes en carretera dejaron 2.863 fallecidos en 2024, con un total de 8.600 accidentes reportados en todo el país, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Este es uno de los accidentes de tráfico más mortíferos que ha padecido Guatemala este siglo. El peor del que se tiene registro en los últimos años ocurrió en 2002, cuando un autobús se precipitó por un abismo en la zona de La Mesilla, cercana a la frontera con México, y cayó al río Selegua, dejando 55 muertos. Muchos de los cuerpos fueron recuperados por los equipos de socorro en medio de las fuertes lluvias.

Bernardo Arévalo ha sido investido presidente de Guatemala para el periodo 2024-2028 en una ceremonia que ha comenzado al filo de la medianoche en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, después de varias horas de retraso en la toma de posesión por la constitución del Congreso, lo que ha generado una jornada tensa en el país, según informa Europa Press.

"Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala. Este momento no solo representa un logro personal sino un paso firme hacia un futuro donde la participación ciudadana y el cambio positivo prevalezcan", ha declarado Arévalo durante su discurso ante la Cámara.

"Este honor es el fruto de la confianza esperanzada y sincera que millones de guatemaltecos y guatemaltecas han depositado en nuestro proyecto colectivo. Además, refleja la fe que las amplias mayorías de nuestro país mantienen en nuestra capacidad como pueblo para superar desafíos y avanzar hacia un futuro más prometedor. Es un compromiso que asumimos con humildad y con determinación", ha agregado el recién investido presidente.

 "El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial, permitiéndonos estar aquí y permitiéndome ratificar nuestro primer gran compromiso. Nunca más el autoritarismo. Jamás permitiremos que la violencia sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia", ha expresado Arévalo.

El presidente de la Cámara, Samuel Pérez, también del socialdemócrata Movimiento Semilla, ha anunciado la investidura de la vicepresidenta, Karin Herrera, entre vítores en la sala, a la que han acudido delegaciones de decenas de países. Las autoridades les han entregado las insignias de mando, que habían sido entregadas previamente por el presidente saliente, Alejandro Giammattei. "Ante el riesgo de llegar a media noche sin iniciar los actos protocolarios, en este momento hice entrega de los símbolos de la Presidencia al Congreso de Guatemala para que se me dé por separado del cargo como lo establece la Constitución de la República", ha señalado el conservador, según ha compartido a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

La sesión solemne de constitución del Congreso unicameral guatemalteco quedó suspendida durante varias horas y la Corte de Constitucionalidad le dio un plazo de una hora para informarle sobre el proceso. Posteriormente, aprobó la toma de posesión de la X Legislatura 2024-2028 con 83 votos a favor y 26 en contra.

El retraso en la toma de posesión de Arévalo y Herrera ha provocado preocupación a la comunidad internacional, de forma que ministros de Exteriores de Latinoamérica y el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, han firmado una declaración conjunta en la que pedían "entregar el poder" al mandatario.

Esta fecha ha estado en el punto de mira de organismos internacionales que han denunciado una persecución llegando a hablar de "golpe de Estado técnico" ante las presiones judiciales ejercidas por una muy cuestionada Fiscalía contra el inesperado juicio del izquierdista en las elecciones de agosto, que rompió con décadas de gobiernos conservadores.

El Movimiento Semilla centró su campaña en mensajes contra la corrupción y la recuperación de la democracia, en un país en el que durante años el sistema tradicional de partidos cooptó las instituciones en benefició de intereses particulares de políticos, empresarios, militares e incluso del crimen organizado.

Antaño los golpes de Estado se realizaban siempre mediante actuaciones militares patrias y respondían a intereses exteriores y/o muy potentes oligarquías financieras-empresariales del país. Actualmente hay también otras maneras y vías, aunque sean las mismas motivaciones mencionadas, en que agentes externos influyen arteramente en el devenir del país, afectando a políticos que tienen la legitimidad para ejercer el gobierno, intentando derribarles o dificultando sobremanera su ejercicio libre o, incluso, tratando de impedir que otros puedan acceder al poder.

No es una opinión sino una constatación afirmar que esto son técnicas que se utilizan desde planteamientos políticos (asociados siempre a intereses) de extrema derecha, aunque desde sectores menos broncos se colabora mucho haciendo una labor de difamación, insulto constante al gobernante y pérdida de todo respeto a quien ostenta la legitimidad democrática. El caso paradigmático por excelencia es el de la democracia-cristiana chilena que, mediante esas formas traicionó al gobierno constitucional de Salvador Allende. Otros, en lugares diferentes y medio siglo después, actúan con igual irresponsabilidad de jugar con fuego mientras se alían con la ultraderecha. A esta última, no les temblaría el pulso si la acción golpista proviniese del estamento militar, pero aquella es más “pulcra” y cuida las apariencias, aunque la línea que separa a unos y otros “hermanos” (o hijos) ideológicos se vaya deliberadamente desvaneciendo. Así lo comprobaremos en nuestro continente en la conformación de un poder unido de ambos grupos familiares tras las elecciones europeas de junio, aunque algunos entonces aparenten sentirse sorprendidos.

En esa aparente pulcritud, para ejercer de contrapoder, han ido apareciendo actores socialmente mejor aceptados (por su pureza aparente y teórica) que se implican y activan procesos de involución política que, en vez de desarrollarlos con uniformes militares, se instrumentalizan mediante otros “profesionales” revestidos con igual elegancia pero que representan no solo el orden sino incluso la propia ley pero que actúan guiados por otros motivos y condicionantes de pensamiento o, a veces, espurios.

Ahí es donde aparecen las Judicaturas y Fiscalías de algunos países como agentes involucrados no en su teórica misión de defensa de legalidad sino en ser contrapoderes ideológicos y activistas políticos y protagonistas de procesos de involución democrática.

Dejo ahora a un lado otros lugares donde eso, aún más incluso que las meigas, existe y se produce, y nos centrarnos en América latina donde este domingo, 14 de enero, es un día muy feliz para la democracia. En efecto, el último lugar donde el intento de derribo de la voluntad democrática de un pueblo mediante artificios judiciales ha sido Guatemala. En ese país existe una larga lucha de los contrapoderes de las sombras contra el poder legítimo el cual ha sido fracturado a veces en una historia convulsa de atropellos a la dignidad de las personas. Es el caso de este país centroamericano y que constituye uno de los lugares más bellos del planeta en naturaleza, historia cultura y diversidad. 

A mí me atrapó hace más de treinta años y hasta sus tragedias y convulsiones históricas he podido vivir allí un autogolpe de un aprendiz del fujimorismo, la guerra, el genocidio de más de 300.000 indígenas, los acuerdos de paz, la oportunidad de participar en la formación de una guerrilla reconvertida después en un partido político fracasado. Y también como observador internacional de la OEA en varias elecciones allí. El haber tenido la oportunidad de vivir estas y otras experiencias en el terreno me han dado especial querencia, conocimiento y compromiso con el país.

La campaña para las elecciones presidenciales en segunda vuelta celebradas en agosto pude vivirlas allí, compartiendo públicamente mi reflexión sobre el gran volcán que es Guatemala pero en la que existe una semilla de esperanza. En los meses anteriores fueron impresionantes todas las manipulaciones que pudieron hacer desde el núcleo oligarca que ha extendido, aún más, un manto de corrupción y ha tomado las instituciones, entre ellas de modo particular la administración de justicia, la cual ha quedado infectada de podredumbre. Los intentos de potenciar incluso con apoyo internacional la lucha contra la impunidad, a pesar de los buenos pasos dados en etapas iniciales en los que participó activamente el fiscal español Carlos Castresana, habían quedado liquidados.

Tras haber impedido presentarse a las elecciones a candidatos como Roberto Arzú o Carlos Pineda, que podían ser incómodos para el cártel de la corrupción cuyo gran activo era el hasta ahora presidente Giammattei, pensaron que no tendrían rival frente a la marioneta de la exprimera dama Sandra Torres. El eslogan de esta era muy patético: “Se puede dar SIN NECESIDAD DE QUITAR A OTROS” (las mayúsculas de la candidata). Sin embargo, no contaban con que pasase el corte de la primera vuelta el candidato Bernardo Arevalo, que, aunque sólo obtuvo algo menos del 12% en los comicios de junio, enseguida se convertiría en un aire fresco para lo que el pueblo demandaba y que él representaba muy claro en dos mensajes nítidos y creíbles: lucha total contra la corrupción que se había apoderado como una enredadera de las instituciones, y, en segundo lugar, la lucha contra las élites, las cuales eran las que producían aquella. Esos grupos convirtieron a Arévalo en un acérrimo enemigo muy peligroso a liquidar. 

Inmediatamente se activaron los resortes corruptos instalados en el ámbito judicial que, tras su proclamación como ganador en la elección definitiva de agosto con un 58%, han hecho lo indecible por evitar que llegase este momento de toma de posesión. Miembros del Ministerio Fiscal han actuado sin escrúpulos ni límites ni interrupción en un entramado dirigido no solo a ilegalizar el partido Semilla sino también a pervertir absolutamente el Derecho y, por supuesto, la democracia. La Corte Constitucional y la Corte Suprema han tenido momentos de vacilación pues en ellos también algunos jueces estaban vinculados a la oligarquía corrupta de la derecha que domina todo esto.

Al nuevo presidente le van a seguir intentando dificultar todo, pues sus representantes en el Congreso son pocos, pero siendo un sistema presidencialista el del país centroamericano, va a tener que entrar sin dilaciones a fumigar y desmontar todos los elementos corruptos del sistema judicial. Así como en Brasil la extrema derecha política con implantaciones fuertes en la judicatura fue a cargarse a Lula para beneficiar al trumpista-ayusista Bolsonaro, en Guatemala ha fracasado el lawfare y ha vencido la democracia. 

Y un elemento muy importante ha sido la implicación del pueblo, que ha tenido claro quiénes eran los hijos de las tinieblas a los cuales no ha creído sus mentiras constantes, acaso porque allí no tenían una manipulación periodística tan sucia como la que existe en un país más lejano donde las empresas y bustos periodísticos están también al servicio de intereses muy sucios. De ese lugar y lo que ocurre con un sector muy activo para sus intereses, hablaremos en otra ocasión. Eso será si a ustedes les parece…

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Jesús López-Medel es abogado del Estado, analista y observador internacional de la OEA, OSCE y UE.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha criticado la "falta de fundamento" de las acusaciones vertidas este viernes desde el Ministerio Público (MP) contra el Movimiento Semilla en relación a un presunto delito de lavado de dinero, en lo que ha descrito como "un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso", según ha informado Europa Press.

Arévalo ha señalado que la "falta de fundamento de los argumentos (del Ministerio Público)" y sus "mediocres presentaciones" no son más que una "muestra de desesperación" a la que han tenido que hacer frente "desde que empezó la persecución política" contra el "binomio presidencial legítimamente elegido por el pueblo de Guatemala".

"Existe un intento de golpe de Estado en Guatemala (...) contra figuras políticas, sino contra la democracia misma. Los actos golpistas del Ministerio Público revelan su plan de reprimir, perseguir e invalidar las elecciones, atacando nuestra libertad y justicia", ha escrito Arévalo en la red social X, antes conocida como Twitter.

A este respecto, ha defendido en una rueda de prensa ofrecida previamente este viernes que, "no existe" credibilidad alguna en las afirmaciones del MP, que "no argumenta ni demuestra lo que está diciendo".

Además, el presidente electo ha denunciado que no han tenido acceso a la carpeta judicial "para poder armar" su defensa frente a unas acusaciones que ha considerado "absurdas" e "infundadas" con el propósito de "socavar la gobernabilidad, la democracia, y la libertad de elección" en Guatemala. "No lo permitiremos", ha agregado.

"Nunca hicimos una gestión de ese tipo. Los argumentos que usa el MP para argumentar (sus acusaciones) no los conocemos. A estas alturas, lo que sabemos es que el Ministerio Público se dedica a mentir, así que esta será otra mentira", ha sentenciado Arévalo en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación.

En este sentido, el político ha asegurado que su equipo contempla ya una "ruta de acciones legales" frente a este "montaje ridículo" y "sin sustento", tanto en el ámbito penal como en el constitucional, y ha adelantado que serán presentadas la próxima semana.

El presidente electo ha apostillado que las votaciones del 25 de junio y del 20 de agosto se llevaron a término "de manera transparente y legítima", por lo que "querer invalidar" su resultado "es burlarse de los guatemaltecos voluntarios que cuidaron el proceso electoral y de su derecho a elegir".

En este contexto, el mandatario ha instado a la "defensa de la democracia" en este "momento crucial" para la historia de Guatemala y ha advertido que en el MP están dispuestos a "quitarles la voz".

Por este motivo, el militante del Movimiento Semilla ha llamado a sus seguidores a apoyar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a reclamar justicia a las cortes supremas.

"Es momento de actuar y de estar unidos por el país libre que merecemos", ha defendido, afirmando que no permitirá que les "roben las elecciones" y tomará posesión de su cargo el próximo 14 de enero.

"Nos presentamos a las elecciones en busca de una transformación, para darle al pueblo instituciones que funcionen, pero no en favor de élites corruptas; para ofrecer la tranquilidad y seguridad que el pueblo necesita; para garantizar que las instituciones están para servir al pueblo y no a minorías corruptas", ha argumentado Arévalo, señalando que este es el motivo de estas acusaciones "absurdas y perversas".

Asimismo, el representante del Movimiento Semilla ha hecho hincapié en que es "claro el nivel de respaldo que existe a la democracia en Guatemala" entre la comunidad internacional, "algo que todos deberían tener en cuenta".

"La OEA ha calificado estos hechos de golpe y, en adelante, ha habido manifestaciones de apoyo de distintas instituciones y países. Por ejemplo, ahora salimos de una reunión con una delegación de senadores y congresistas estadounidenses en la que se ha reiterado el apoyo de EEUU a nuestro país y el apoyo en la lucha por la democracia del pueblo guatemalteco", ha aseverado Arévalo.

En la misma línea, ha recordado que ya existen "sanciones dirigidas a título individual —como la retirada de visados— que se han ido aplicando (...) y que son decisión soberana de los Estados que las imponen. "Pero también ha habido advertencias claras de la Unión Europea y Estados Unidos de reconsiderar vínculos comerciales con Guatemala si se consuma el golpe de Estado que se esta gestando", ha añadido.

Por último, el presidente electo ha afirmado que se ha dirigido en una carta al presidente saliente, Alejandro Giammattei, para abordar la cuestión de los presupuestos en el país y tras la que espera que el mandatario aproveche para "manifestarse respecto a este atentado contra la democracia".

Estas declaraciones llegan después de que el Ministerio Público de Guatemala haya presentado este viernes los resultados sobre su investigación contra el partido Movimiento Semilla por un presunto delito de lavado de dinero y haya insistido en la retirada de inmunidad a Bernardo Arévalo.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), el cuestionado Rafael Curruchiche, ha detallado que la investigación ha determinado siete hallazgos, fundamentalmente con respecto a los informes detallados de ingresos y egresos del Movimiento Semilla, así como de recibos que quedaron sin identificar.

"La República de Guatemala rechaza enérgicamente los precipitados pronunciamientos de algunos actores de la comunidad internacional en torno a acciones que, según sus comunicados, podrían suponer una alteración del orden constitucional", ha planteado el Gobierno en un comunicado oficial.

Así, ha reivindicado su "absoluto respeto" a la Constitución y recuerda que "uno de sus pilares fundamentales es la alternancia del poder". "Reiteramos que en Guatemala no hay acción alguna que pueda impedir que todas las autoridades electas tomen posesión de sus cargos", ha subrayado.

El Gobierno se ha declarado además "respetuoso de la independencia de los organismos del Estado e instituciones autónomas y descentralizadas". "El Gobierno de Guatemala ha sido respetuoso de los resultados oficializados por el Tribunal Supremo Electoral tanto para el binomio presidencial como para los 340 alcaldes así como de los 160 diputados electos", ha remachado.

También el Ministerio público ha publicado un comunicado a última hora del viernes en el que "rechaza categóricamente cualquier narrativa maliciosa que busca confundir respecto a que se pretende anular las elecciones o vulnerar la voluntad popular".

"Lamentablemente el pueblo de Guatemala ha sido víctima de una estructura criminal perversa e inescrupulosa que por su ansia de poder ha socavado la democracia y la buena fe de todo un país, por lo que no se escatimarán esfuerzos para que los responsables enfrenten la justicia", ha argumentado.

El comunicado recuerda que la investigación sobre el Movimiento Semilla que lidera Arévalo revela que el 32 por ciento de sus afiliados son "falsos". "El partido político Movimiento Semilla nunca nació a la vida jurídica, pues su constitución fue mediante acciones corruptas e ilegales", subraya. Igualmente señala a Semilla por "financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero".

Por último, destaca ilegalidades "cometidas por autoridades del Tribunal Supremo Electoral en el proceso electoral de 2023", concretamente en el resguardo de las cajas electorales y por la ausencia de actas electorales.

El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, ha llegado incluso a denunciar "amenazas de muerte, coacciones bloqueos y otras acciones que según fuentes de información están siendo financiadas por un país extranjero".

El TSE dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión, previsiblemente, como presidente el próximo 14 de enero junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera. Sin embargo, el MP insiste en solicitar el enjuiciamiento de Arévalo y ha solicitado la anulación de todo el proceso electoral.

No dejan de llegar cayucos a la isla más occidental de las Canarias. En El Hierro hay ahora mismo niños migrantes solos. Bebés migrantes solos. Los niños de Zamora salen sudando del colegio en octubre. Las hojas caen puntuales, pero las pisamos con sandalias. Hay personas en Cascais con trabajo y sin casa. Trabajar ya no es suficiente. Dicen que ha quedado muy aparente la cumbre europea en Granada, me fascina Granada, no puedo fijarme. Murieron 13 personas en unas discotecas de Murcia que tenían orden de cierre.

Una amiga se sorprendió el otro día porque dije algo sobre fregar. –¿No tienes lavavajillas? –No, no tengo paciencia para esperar a que se manche todo. Anoche me acordé de eso y de un libro que compré estrictamente por el título en una época áspera en Estados Unidos: “Fregar platos es bueno para ti”. Friego con la radio a gran volumen porque el agua sale toda disparatada del grifo, así que, a gran volumen, toda salpicada, escuché en la SER la historia de los bebés de El Hierro. Sus padres miran a los desconocidos que van a partir en el cayuco y eligen, por el rostro, la intuición, una corazonada, a la persona a quien encargar el niño durante la travesía. Al menos durante la travesía.

Los pueblos indígenas de Guatemala están parando el país. Son los que ponen el cuerpo para defender la democracia de una nación que los mantiene en los márgenes. Es su sentido de comunidad, explican. En Guatemala un presidente electo en agosto no asume el cargo hasta el 14 de enero a las 14h. Unos meses que este año duran más que nunca, porque los poderes del país, lo que allí llaman el “pacto de corruptos”, intentan evitar que Bernardo Arévalo, un intelectual progresista anticorrupción, llegue a gobernar. Han parado hasta las lanchas sobre el lago Atitlán.

Los guatemaltecos le dicen pena a la vergüenza y a mí me da pena y vergüenza que sepamos al dedillo todos los zascas políticos de la semana y tan poco de tanto que acontece en el mundo, que es nuestro alrededor. Por el rabillo del ojo veo el libro que me espera paciente, El desmoronamiento, de George Packer, y pienso: buen resumen. Están ocurriendo crisis gravísimas, estructurales, repetidas de continente en continente, que amenazan no el bienestar sino el estar mismo, la existencia, el imperfecto mundo conocido.

Quizás evitamos mirar más al todo, detenernos, ahondar, porque da vértigo. Es más fácil imaginar soluciones de kilómetro cero, aunque también fallan, faltan. Parece placebo entretenerse con la comidilla, quedarse en la anécdota, pasar otro día. Agarrarnos a soluciones individuales para problemas que son comunes. Renunciar a la perspectiva. Que unos padres se vean obligados por la intensidad más cruel de este sistema fallido a enviar a su hijo solo en un cayuco no es una cuestión ajena, lejana. Mirar al mundo quizás sirva, sobre todo, para cultivar por lo menos la empatía. 

La revista Time la situó en 2017 como una de las cien personas más influyentes del mundo. Pero seis años después, Thelma Aldana (Gualán, 1959) ni siquiera puede regresar a su Guatemala natal. La ex fiscal general y expresidenta de la Corte Suprema del país centroamericano se encuentra, en estos momentos, exiliada en Estados Unidos. No es, cuenta, la única que se encuentra en una situación similar. "En total, somos 42 jueces y fiscales Anticorrupción los que nos encontramos fuera del país", explica la abogada, contra la que se han llegado a cursar órdenes de detención por parte de las autoridades guatemaltecas. Es el precio a pagar por luchar contra la podredumbre. Una batalla que daría una y mil veces más: "Vale la pena cuando ves que están robando a un pueblo que tiene hambre".

Aldana recibe a infoLibre en uno de los amplios salones de la Casa de América, en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, que durante la semana reunirá en la capital a expolíticos, escritores, poetas o dramaturgos. Durante media hora, la ex fiscal general guatemalteca habla sobre la lucha contra el machismo –una de sus prioridades cuando estaba al frente del Ministerio Público–, la memoria histórica o el futuro de las democracias. Y también sobre la corrupción en su país. Un asunto, este último, que conoce al dedillo. Durante su etapa como jefa de la Fiscalía, se llevaron a cabo las investigaciones más importantes en esta materia, procesos que terminarían salpicando a expresidentes como Otto Pérez Molina o Álvaro Colom.

Cuando estuvo al frente del Ministerio Público de Guatemala, una de sus grandes batallas fue contra la corrupción. Cinco años después, ¿continúa incrustada en las estructuras de poder de su país?

Con la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) se consiguió fortalecer el sistema de justicia. Y durante mi mandato como fiscal general, se impulsaron los casos más importantes de corrupción contra esas estructuras criminales que habían estado incrustadas en el Estado guatemalteco durante mucho tiempo. Logramos llegar a ellas y las hicimos tambalearse. Pero con la salida del Cicig y la llegada de la fiscal general Consuelo Porras, se han recompuesto y ahora están más fuertes.

Cuanto más tiempo haya de impunidad, más difícil es romper con todas esas estructuras podridas dentro del sistema.

Claro. Y, además, están dispuestas a todo.

¿A qué se refiere con "todo"?

El presidente electo ya ha tenido amenazas de muerte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que otorgarle medidas de seguridad. Son capaces de todo.

¿Pero estamos hablando de organizaciones criminales ajenas al propio Estado?

No, se entremezclan. Pensemos en el caso La Línea. Había, por un lado, una estructura interna de tres niveles: el más alto, dirigido por el presidente de la República, Otto Pérez Molina; uno medio al que pertenecía mucha gente; y el más bajo, que incluía a quienes trabajaban en las aduanas, que cobraban las coimas –los sobornos– y que no sabían que el jefe de esa estructura era el presidente. Y, por otro, una estructura externa, igualmente poderosa, donde estaba el teniente Jerez, en la que estaban involucrados operadores de las aduanas que no eran trabajadores del Estado. Por eso digo que se entremezclan.

¿Qué consecuencias personales ha tenido para usted investigar la corrupción en su país?

El exilio, amenazas de muerte...

¿A día de hoy las sigue sufriendo?

Sí. Y, de hecho, tengo las medidas de seguridad decretadas por la CIDH. En las redes sociales me persiguen y me amenazan, la fiscal general me sigue criminalizando. En total, somos 42 jueces y fiscales Anticorrupción los que nos encontramos fuera del país, en lugares como Estados Unidos, España, Costa Rica, México... Todos los que estuvimos al frente de la lucha contra la corrupción estamos amenazados y en el exilio.

¿Y merece la pena correr esos riesgos?

Claro que vale la pena pelear cuando ves cómo están robando a un pueblo que tiene hambre. Es una lucha por el Estado de Derecho, por la ley.

¿Cómo erosiona la corrupción una democracia?

Afecta al tejido social, porque aunque no sea el único elemento, hay un nexo muy grande entre la corrupción y la desigualdad. Al fin y al cabo, el dinero que tiene que usarse para servicios básicos, como la educación, el transporte o la salud, nunca llega. En Guatemala, los Gobiernos que hemos tenido han saqueado el país y lo han dejado en una situación de pobreza extrema. Y eso provoca que algunos sectores, por ejemplo, se nieguen a pagar impuestos alegando que para qué van a hacerlo si ese dinero se lo van a robar.

¿Y cómo se le pone fin a eso si está tan incrustado en el Estado?

Con contrapesos. El problema es que cuando se designa a una fiscal general que está en la lista Engel de los Estados Unidos por sus acciones corruptas, ese contrapeso desaparece. En Guatemala, el sistema de justicia, que es un pilar de la democracia, está capturado por grupos mafiosos. Es territorio, por tanto, para la impunidad.

Muchos casos de este tipo terminan archivados por prescripción de los delitos. ¿Es usted partidaria de que los delitos vinculados a la corrupción sean imprescriptibles?

Sí, es necesario endurecer en relación con la prescripción. Sin embargo, esa no debe ser la tabla salvavidas de nuestros países. La justicia penal, al fin y al cabo, es la última ratio de una sociedad democrática. Es decir, no podemos empezar a transformar un país desde la justicia penal. Lo primero en una política criminal democrática de un Estado debe ser la prevención.

En los últimos años hemos visto cómo han ido proliferando de nuevo los discursos machistas. ¿Le preocupa este avance?

Sí. En Guatemala, las mujeres somo más de la mitad de la población. Sin embargo, la violencia contra la mujer sigue escalando y hay pocos esfuerzos desde el sistema de justicia para luchar contra ello. El machismo es un flagelo que hay que combatir con conciencia, educación y haciendo transversalización de género en todos los espacios, públicos y privados.

La lucha contra la violencia machista fue otra de sus prioridades durante su mandato. ¿Cómo está ahora esta cuestión en su país?

Sí, fue algo que estuvo muy presente durante varios años. Las organizaciones de mujeres lograron que se aprobara la Ley Contra el Feminicidio. Y con el apoyo de la Cooperación española creamos tribunales y juzgados especializados en esta materia. Pero Guatemala se encuentra, en este momento, en regresión. Además, la pandemia vino a agudizar la situación de las mujeres, que no podían salir a denunciar, que no contaban con un sistema de justicia que las atendiera. Se incrementaron los casos. Aumentó la impunidad.

En la actualidad, tanto tribunales como autoridades a veces fallan a la hora de proteger a las víctimas de violencia machista. ¿Por qué sigue siendo necesaria la perspectiva de género?

Porque la cultura machista se impone. Es cierto que en los últimos años, la lucha constante de las organizaciones de mujeres nos ha permitido avanzar a pesar de tanto obstáculo. Es más, yo diría que la revolución de las mujeres es una de las más importantes de la historia de la humanidad, sin armas, con ideas, con conciencia y con sufrimiento. Pero hace falta seguir.

Y siendo más de la mitad de la población, ¿qué representación femenina hay en las estructuras de poder guatemaltecas?

Es muy baja. En las elecciones de este año, por ejemplo, salieron pocas diputadas y un pequeño porcentaje de alcaldesas. Indudablemente, Guatemala necesita una ley de cuotas, pero los diputados se han opuesto a esta normativa. Y en cuanto a las empresas, aunque haya un alto porcentaje de mujeres en las mismas, la mayoría se sitúan en los puestos más bajos, y la cifra se va reduciendo conforme se va llegando al poder.

En España, aún en la actualidad, hay miles de víctimas de la Guerra Civil desaparecidas. ¿Cree que un Estado democrático puede avanzar sin cerrar esa herida?

Es difícil, no se puede avanzar en la lucha contra la impunidad del presente si no se lucha contra la impunidad del pasado. En Guatemala, el caso Sepur Zarco, que se llevó a cabo durante mi etapa como fiscal general, nos muestra la necesidad de cerrar las heridas del pasado. Las mujeres de Sepur Zarco, aunque tuvieron que esperar décadas, al final obtuvieron justicia con una sentencia que es un ejemplo a nivel mundial y que deja claro que si se produjera una nueva guerra en el país las mujeres no pueden ser tratadas como un botín por parte de los combatientes.

Aquí aún no se han juzgado los crímenes de la Guerra Civil o la dictadura. De hecho, algunas familias se han tenido que ir a Argentina buscando esa justicia que se les niega.

La justicia tiene que hacerse en el país, da igual que sea Guatemala o cualquier otro que haya sufrido una guerra donde la población civil no combatiente haya sido torturada, asesinada o desaparecida. La población civil no combatiente no se toca.

¿Cree que el Estado español tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar a todas las víctimas desaparecidas?

No quiero hablar concretamente de la situación de España porque la conozco superficialmente. En Guatemala se han hecho esfuerzos para encontrar e identificar a las personas que fueron enterradas en fosas comunes, permitiendo así a sus parientes darles entierro y cerrar el círculo. Es un esfuerzo que hay que hacer, aunque no sea fácil por los años transcurridos. Hay víctimas que merecen saber la verdad. Es un deber democrático.

Hace no mucho, un barómetro del Open Society Foundations deslizaba que los jóvenes habían perdido confianza en la democracia. Un 42% de los menores de 36 años, según aquel sondeo que se hizo sobre varios países, consideraban que una dictadura militar sería un buen sistema. ¿Cómo lo ve?

En Guatemala acabamos de tener una experiencia que indica lo contrario. Para muchos, que Bernardo Arévalo –líder del partido Semilla– llegara al balotaje, a la segunda vuelta, fue toda una sorpresa. Sin embargo, cuando se revisan los resultados uno se da cuenta de que fueron las y los jóvenes quienes lo llevaron allí y luego le hicieron presidente. Mi experiencia, por tanto, es que en Guatemala la juventud cree en el voto, en la democracia y está en las calles luchando ante el pacto de corruptos que hay en el país.

Pero en los últimos años hemos visto también el ascenso de personajes como Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en Estados Unidos. ¿Le preocupa que haya una especie de ola reaccionaria?

No creo que haya una ola reaccionaria. Lo que veo, más bien, es que hay poblaciones que se cansan del sistema y que, cuando agotados por la corrupción o las desigualdades, se les presenta otra opción, sea la que sea, se inclinan hacia ella y esto puede terminar derivando en un Gobierno autoritario. Creo que, en general, las democracias están fallando. Por eso hay que fortalecer el modelo democrático y no escatimar esfuerzos en ello, porque si la gente se cansa del mismo, no sé hacia dónde nos dirigimos...

La medicina para combatir este mal pasaría, por tanto, por un Estado que funcionase bien y en el que hubiese una mayor igualdad social.

Por supuesto.

Es un terremoto político para Guatemala, un país centroamericano normalmente más acostumbrado a los terremotos de verdad. Bernardo Arévalo, sociólogo y ex diplomático de 64 años, ha sido elegido Presidente de este país de 17,5 millones de habitantes con el 58% de los votos, frente al 37,5% de su rival, Sandra Torres. Tomará posesión de su cargo el 6 de enero de 2024. Se trata de un verdadero avance en la turbulenta y compleja historia de Guatemala, ya que la victoria de este candidato se consideraba improbable hace apenas unos meses.

Bernardo Arévalo es el candidato del movimiento Semilla, un movimiento anticorrupción, más bien de izquierdas para este país tan conservador, que nació en 2015 de la movilización ciudadana destinada a derrocar al entonces presidente, Otto Pérez Molina, acusado de varios casos de malversación de fondos por los que finalmente fue condenado en 2022.

Pero durante ocho años, el sistema político guatemalteco, altamente corrupto y clientelista, había logrado resistir a esa ola ciudadana. Primero con la elección del actor Jimmy Morales, oficialmente un "hombre nuevo", pero cuyo mandato, de 2016 a 2020, estuvo marcado por casos de corrupción. Luego con el actual presidente, el ultraconservador Alejandro Giammattei, también acusado de corrupción.

Para las elecciones de 2023, la alternancia debía producirse de nuevo dentro del sistema, pero nada ha salido según lo previsto. En la primera vuelta, el candidato del partido presidencial obtuvo sólo el 7,85% en un contexto de fragmentación electoral generalizada. Esto permitió a Bernardo Arévalo llegar a la segunda vuelta con un 11,74%. Por supuesto, la favorita en ese momento seguía siendo Sandra Torres, candidata de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), un partido que en su día fue de centro-izquierda pero que se ha vuelto muy conservador, que se impuso con el 15,97% de los votos.

Pero la candidatura de Bernard Arévalo suscitó una verdadera esperanza, que atrajo hacia él a una gran parte del electorado. Es cierto que Sandra Torres es la perfecta representante del sistema político guatemalteco y es normal que los grandes partidos la apoyaran en la segunda vuelta.

A sus 67 años, estuvo casada con el presidente Adán Colom, que gobernó de 2008 a 2012. En 2011, se divorció para sortear la Constitución, que prohíbe a los familiares del presidente saliente presentarse a la reelección, pero su candidatura fue rechazada. En 2015 y de nuevo en 2019, llegó a la segunda vuelta. La derrota del domingo fue, por tanto, su tercera consecutiva. En 2019, fue investigada por la financiación ilegal de su campaña, aunque el caso fue finalmente archivado.

La victoria de Bernardo Arévalo es, por tanto, una sorpresa y podría abrir una nueva página para el país, que lo necesita. Guatemala, que volvió a la democracia en 1985 tras treinta años de régimen militar, es un país atenazado por élites muy poderosas, desde el ejército a los grandes terratenientes y los políticos.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, Guatemala ocupa el puesto 154 de 180 países. Aunque es algo mejor que sus vecinos Honduras y Nicaragua, sigue siendo muy alta. Esto tiene graves consecuencias en términos de desigualdad.

267 familias poseen casi el 57% de la riqueza, según datos de la diplomacia francesa. Por otra parte, la tasa de pobreza por ingresos es del 58%, una de las más altas de América Latina, y el índice de desarrollo humano es el 135º del mundo de los 191 países y territorios clasificados por la ONU, el segundo más bajo de Centroamérica.

Esta situación tiene consecuencias concretas: cientos de miles de guatemaltecos emigran a Estados Unidos. Entre 2000 y 2021, el número de personas nacidas en Guatemala que viven en Estados Unidos pasó oficialmente de 320.000 a un millón.

Por ello, el candidato de Semilla ha hecho una campaña basada en el tema central de la corrupción, prometiendo que la lucha contra este fenómeno permitiría a los guatemaltecos quedarse en el país en lugar de probar suerte en el Tío Sam.

También le ayudaron los excesos autoritarios de Alejandro Giammattei, que persiguió a muchos periodistas y a jueces que investigaban casos de corrupción. Muchos de ellos se han visto obligados a exiliarse. Al mismo tiempo, la situación económica y social del país seguía deteriorándose.

Arévalo surgió como el hombre adecuado para el puesto por varias razones. En primer lugar, se benefició del aura de su padre, Juan José Arévalo, que en 1944 fue el primer presidente del país elegido democráticamente y que, siguiendo una doctrina muy antimarxista de "socialismo moral", introdujo las primeras reformas sociales en un país que hasta entonces había sido todavía muy feudal. Su sucesor fue derrocado por los militares en 1955, y su hijo Bernardo nació en el exilio en Montevideo (Uruguay). Pero su nombre evoca una época dorada para muchos guatemaltecos.

En segundo lugar, porque Bernardo Arévalo es diplomático, fue cónsul en Israel y embajador en España. Es consciente de ser muy progresista en su país, pero ha hecho todo lo posible por desactivar las acusaciones de "comunismo" que le han lanzado sus adversarios, en particular condenando sin ambigüedad al régimen nicaragüense. Pero se opone a las tentaciones de una "guerra contra las pandillas" en la línea del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que se ha convertido en un modelo para Sandra Torres.

Aunque se ha forjado una imagen de moderación, su lema de campaña "sí, se puede" ofrecía la posibilidad de un cambio radical del sistema. Y, nada más ser elegido, confirmó su prioridad en sus primeras declaraciones: "Lo que ha gritado el pueblo es: ¡basta ya de tanta corrupción!. Esta victoria es la victoria del pueblo y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción." Pero no le faltarán dificultades.

En primer lugar, porque tendrá que gobernar en una situación de cohabitación. Semilla es un partido joven, basado principalmente en las zonas urbanas, y hemos visto que el porcentaje de votos del futuro presidente en la primera vuelta de las elecciones legislativas, fue bajo. En el Parlamento, el movimiento sólo tendrá 23 escaños de un total de 160, mientras que la UNE tendrá 28 y Vamos, el partido del presidente saliente, 39. Construir una mayoría será un verdadero reto para el nuevo presidente, sobre todo si quiere atacar los cimientos del sistema de corrupción. 

Aunque muchos creen que la capacidad negociadora de Bernardo Arévalo puede obrar milagros, como señala la politóloga Gabriela Carrera en una entrevista con la BBC, "será complicado porque en este país existe un "pacto de corrupción" desde hace veinte años y será difícil deshacerlo".

Por ejemplo, tiene intención de pedir la dimisión de la fiscal general del país, Consuelo Porras, considerada "corrupta" por el Gobierno americano y que ha liderado la carga contra jueces y activistas anticorrupción. Pero sólo puede pedirla, no imponerla. Además, tendrá que gobernar con decenas de funcionarios nombrados por los partidos tradicionales, que a menudo son también corruptos. En resumen, la tarea es inmensa.

Además, y este es el segundo obstáculo al que tendrá que enfrentarse el nuevo presidente, el sistema no dejará de maniobrar contra él. Desde el inicio de su candidatura, un fiscal, Rafael Curruchiche, ha intentado que Semilla sea suspendido. Afirma que tiene pruebas de irregularidades en el proceso de recogida de firmas para crear el partido. Su petición de suspensión ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional, pero asegura que podrá obtenerla después de las elecciones.

De triunfar, el nuevo presidente será muy débil desde el inicio. Sobre todo porque Sandra Torres ha repetido sus acusaciones durante la campaña. Pero por el momento no hay pruebas. Aunque no hay que hacerse ilusiones por el hecho de que Alejandro Giammattei haya reconocido inmediatamente la victoria de Bernardo Arévalo: las élites del país no aceptarán fácilmente un nuevo sistema.

Por último, el nuevo presidente tendrá que actuar frente al escepticismo generalizado. Las explosiones de júbilo en las calles de Ciudad de Guatemala no deben inducir a error: su elección no ha sido un triunfo. Sólo fueron a las urnas en la segunda vuelta el 45% de los votantes. Muchos, por tanto, no esperan nada de la política. Para convencerles, necesitarán hechos y, en particular, una mejora de la situación económica.

En este punto, Bernardo Arévalo defendió un programa muy "keynesiano" con grandes obras destinadas a crear empleo y mejorar el crecimiento del país. Es una buena idea en un país donde el sector privado invierte poco y prefiere colocar su dinero en el extranjero. Pero también en este caso será necesario, sobre todo, aplicarse contra las estructuras de desigualdad desmantelando el poder de las grandes familias y cambiando la política fiscal.

El éxito de Bernardo Arévalo el 20 de agosto es, por tanto, un primer paso hacia el cambio de régimen. Lo más difícil está aún por llegar.

Traducción de Miguel López

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el máximo tribunal del país, ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral que no oficialice los resultados de las elecciones del pasado domingo hasta que se solucionen una serie de problemas denunciados por diferentes partidos "a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para la elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado", informa Europa Press.

En primer lugar, han pedido a las Juntas Electorales Departamentales y la del Distrito Central que "convoquen una nueva audiencia de revisión de escrutinios" respondiendo a las "objeciones e impugnaciones" que "generen dudas", según ha informado este organismo en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Una vez realizada esta actividad, deberán realizar un cotejo "entre las actas que formaron parte del proceso electoral a efectos de determinar si cada una de ellas cumplió con los requisitos legales".

En el caso de que se establezca que "se pudo haber alterado el resultado de la votación", deberán "introducir las modificaciones pertinentes" o "analizar si concurren los supuestos de anulación que prevé la ley". "Si para ello deviniera necesario un nuevo conteo de votos, así deberán disponerlo en resoluciones debidamente razonadas", han añadido.

En el mismo comunicado han explicado que estas acciones se deben llevar a cabo "con el fin de garantizar la pureza del proceso electoral y que el sistema republicano, democrático y representativo no sufra desmedro".

Ante este movimiento, la Unión Europea se ha pronunciado mediante un comunicado de la Misión de Observación de las Elecciones en el que han instado "a que se respete la clara voluntad ciudadana expresada en las elecciones del pasado 25 de junio".

También han pedido a los partidos que "cumplan con los procedimientos establecidos para la impugnación de resultados en las mesas de votación y acaten las resoluciones emitidas por las autoridades electorales".

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha urgido "a los poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, a respetar la separación de poderes, la integridad del proceso electoral, así como los trabajos y conclusiones alcanzados en este proceso por la Autoridad Electoral de Guatemala".

"La importancia de sostener la referida integridad y el respeto de la expresión del pueblo por el voto es esencial para mantener la más plena confianza en los comicios por parte de la ciudadanía y de la comunidad internacional", han añadido en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Han finalizado explicando que desde la organización continuarán "dando seguimiento y apoyo al proceso institucional y electoral del país".

Guatemala acude a las urnas este domingo en medio del malestar con las élites y la clase política de una ciudadanía que ha visto como las instituciones bloqueaban algunas de las candidaturas que podrían haber cuestionado la supervivencia de un sistema para muchos amañados, recoge Europa Pres.

Entre una veintena de propuestas, los guatemaltecos tendrán que elegir a su nuevo presidente, aunque son tres quienes acaparan mayor número de votos, según los últimos sondeos. Se trata de Sandra Torres, Zury Ríos y Edmond Mulet, todos maniobrando desde la derecha y posiciones muy conservadoras.

Desde 1985, año en el que se instauró la democracia, Guatemala ha estado votando sistemáticamente en contra del gobierno de turno, lo que ha provocado que nunca el oficialismo haya revalidado mandato. En esta ocasión, la propuesta de Manuel Conde por Vamos ni siquiera alcanzaría la segunda vuelta, prevista para el 20 de agosto.

Los resultados de la última encuesta del diario Prensa Libre sostiene que la que fuera primera dama del país, Sandra Torres, bajo el paraguas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y el diplomático de carrera Edmond Mulet por el partido Cabal se disputarían la Presidencia en segunda vuelta.

El apellido Ríos no pasa desapercibido en la política guatemalteca. La candidata, que se presenta por cuarta vez, es hija del general Efraín Ríos Montt, golpista y dictador, que murió sin ser declarado culpable por genocidio y delitos de lesa humanidad después de que el Constitucional anulara su condena de 80 años.

Ríos (55 años), una "cristiana devota", como ella misma se denomina y que tiene a su padre como guía espiritual, ha presentado un programa basado en políticas de seguridad férreas, al más puro estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de quien se reconoce admiradora, y de defensa de los valores tradicionales.

La otra candidata con aspiraciones reales de convertirse en la primera mujer en presidir Guatemala es Sandra Torres (67 años), exmujer del expresidente Álvaro Colom, de quien se divorció para poder presentarse a las elecciones de 2011, aunque el Tribunal Constitucional anuló su candidatura al entender que hubo fraude.

Posteriormente lo ha intentado en dos ocasiones más, la última en 2019, perdiendo en segunda vuelta contra el presidente, Alejandro Giammattei, quien, tal y como prometió en campaña, ordenó investigar a Torres por supuesta financiación irregular en 2015. Estuvo bajo arresto domiciliario unos meses antes de que la Justicia archivara el caso en 2022 por falta de pruebas. Conocida durante su etapa como primera dama por sus programas de ayuda solidaria, ha prometido bajar los impuestos de los productos básicos e impulsar políticas sociales, además también de mano dura contra el crimen.

El tercero en liza es Edmond Mulet (72 años), diplomático de extensa carrera que acude a la cita por segunda vez, tras quedar tercero en 2019. Entre sus propuestas están las de modernizar el Estado, luchar contra la inseguridad, bajar el precio de los medicamentos, o invertir en educación.

Al igual que Torres, también ha tenido problemas con la Justicia. En la década de los 80 fue investigado por su supuesta implicación en una trama de adopciones ilegales a parejas canadienses, pero quedó libre por falta de pruebas.

Ninguno de los candidatos ha mostrado su apoyo público a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas, que desde que se puso en marcha en 2007 ha sido objetivo de las autoridades, que la acusan de violar la soberanía nacional. Antes de cerrar en 2019, dirigió la acusación del expresidente Otto Pérez Molina, en la cárcel desde 2015 por delitos de corrupción.

Estas elecciones tienen lugar en un momento en el que la ya de por sí maltrecha democracia guatemalteca no pasa por un buen momento, en medio además de una actual administración, la de Giammattei, a la que se ha censurado la persecución que ha llevado a cabo contra jueces y fiscales que luchan contra la corrupción.

Un amplio sector de la sociedad, el 45% no votaría por ningún candidato, según encuestas, considera que las élites siguen maniobrando para que no cambie nada. Una sensación afianzada después de que la candidatura del favorito, el empresario conservador Carlos Pineda, fuera anulada por el Constitucional.

Antes que Pineda, el Constitucional hizo lo mismo con Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú, y con una de las pocas fuerzas de izquierda con cierto peso, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, de la líder indígena Thelma Cabrera, cuarta opción entre los electores en 2019.

Este amplio desencantó tiene raíces profundas. Se trata del país más poblado y desigual del hemisferio y con el índice de recaudación de impuestos más bajo, solo el 12% del PIB. Desde 2020, el 59% de su gente vive en la pobreza, unas cifras que alcanzan el 80% entre los indígenas. Todo ello hace de los guatemaltecos parte importante de las caravanas de migrantes que cruzan la región rumbo a Estados Unidos.

Otra de las razones de esta decepción que empaña la vida del país es la persecución judicial contra jueces y fiscales, notoria internacionalmente después de que Estados Unidos incluyera en una de sus listas del Departamento de Estado a la procuradora general, Consuelo Porras, por sus prácticas corruptas y antidemocráticas, las cuales también se aplican contra la prensa.

Una veintena de periodistas han tenido que salir de país, o bien han sido encarcelados. Uno de los casos más llamativos es el de Rubén Zamora, director de 'El Periódico', el diario de investigación más prestigioso, que ha cerrado, mientras que él ha sido condenado a seis años de cárcel.

Además de presidente y vicepresidente, se eligen también 140 diputados del Congreso unicameral, asó como otros 4.000 cargos públicos, lo que hace de esta cita, las mayores elecciones de la historia del país centroamericano. Sin embargo, la sombra de la desconfianza en las instituciones y la clase política presagia una baja participación, como ha venido siendo tónica general en anteriores comicios.

Centroamérica fue uno de los teatros de operaciones más violentos de la Guerra Fría. Durante décadas, los conflictos armados de la región se cobraron centenares de miles de vidas de civiles indefensos sacrificados por la sinrazón de Estado, principalmente en El Salvador y Guatemala, con el propósito de impedir a cualquier precio el triunfo de las guerrillas que replicaban el modelo sandinista de Nicaragua.

Un cuarto de millón de muertos y treinta y seis años después del comienzo de las hostilidades, Guatemala firmó en 1996 unos Acuerdos de Paz modélicos, que sin embargo encontraron escasa aplicación: una cosa es hacer la paz y otra, mucho más difícil, construirla. El conflicto no terminó, solo se transformó. A falta de los consensos necesarios, los crímenes de la guerra quedaron impunes, a pesar de haber sido expresamente excluidos de la amnistía; y los mismos grupos clandestinos provenientes de la inteligencia militar, que se habían infiltrado durante la guerra en el aparato del Estado para controlarlo con fines de contrainsurgencia, siguieron aprovechándose de él en los años siguientes.

Se aliaron para ello con las élites empresariales y los políticos corruptos, convirtiéndose progresivamente en grupos de delincuencia común y finalmente en delincuencia organizada. Una década más tarde, esas redes seguían secuestrando la voluntad de los ciudadanos al tiempo que coexistían pacíficamente con los cárteles de la droga con quienes se repartían el territorio, las instituciones, los servicios públicos y las fuentes de riqueza. El interés común de todos ellos era la preservación del statu quo de impunidad, un acuerdo de protección mutua para mantenerse por encima de la ley.

En 2007, cuando la ONU constituyó, a petición de un gobierno guatemalteco acuciado por los escándalos y la presión de la opinión pública, la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), el país se había convertido en el lugar más violento del mundo. Morían más personas en las calles de la ciudad de Guatemala que en Kabul o Bagdad. Las cifras de homicidios duplicaban las de los tiempos de la guerra. Unidades de élite de la policía cometían sistemáticamente ejecuciones extrajudiciales de pequeños delincuentes, las maras eran dueñas de las prisiones y de las calles del extrarradio, y los empresarios mantenían sus propias estructuras de seguridad resolviendo los secuestros de sus familiares sin hacer prisioneros. El sicariato era un negocio floreciente, y a partir de 300 dólares —la tarifa oscilaba dependiendo de la importancia de la víctima y la capacidad económica del victimario— se podía matar a cualquiera. 

La violencia y la corrupción se habían adueñado del Estado y de la sociedad, y el sistema de seguridad y justicia, cooptado por los grupos criminales, se encontraba virtualmente colapsado. 

La CICIG, que me tocó dirigir durante los primeros tres años de su andadura, fue recibida con gran escepticismo. Otra misión de la ONU había acompañado previamente al país desde la firma de la paz, y sus esfuerzos no habían logrado impedir el deterioro de la convivencia. Quizá por esa razón, porque nadie esperaba nada de nosotros, pudimos emprender la tarea sin apenas oposición. Fuimos restaurando con paciencia el tejido social e institucional destruido. Formamos abogados, policías y fiscales, creando en la capital tribunales con jurisdicción en todo el territorio nacional y ayudando a seleccionar sus jueces y magistrados. Promovimos la aprobación de las reformas legales indispensables, y aportamos los medios y los equipos técnicos de investigación forense que son habituales en otras latitudes, pero de los que carecían los guatemaltecos. Ayudamos a depurar la policía, el ministerio fiscal y el poder judicial –cinco de los trece magistrados de la Corte Suprema, y dos fiscales generales, fueron separados de sus cargos–. Se consiguió incluso que el gobierno abordase la construcción de una prisión de máxima seguridad que paliara las insuficiencias del sistema penitenciario.

Los resultados llegaron. El presidente Álvaro Colom fue exonerado de una acusación falsa de asesinato que perseguía acabar con el gobierno constitucional. El expresidente Alfonso Portillo fue capturado e inculpado por corrupción cuando estaba a punto de escapar del país por cuarta vez consecutiva, siendo extraditado a Estados Unidos, donde resultaría condenado. Y se llevó ante los tribunales a los intocables, aquellos que hasta entonces se habían sentido por encima de la ley. En tres años se pasó de un 98% de absoluciones a un 100% de condenas en los casos de alto impacto, los más graves de corrupción y delincuencia organizada. 

Entonces, la cifra de homicidios empezó a descender; y a los diez años de haberse iniciado la tarea, se había reducido a la mitad. La estimación, en términos estadísticos, es que en ese periodo se salvaron diez mil vidas. Sobreponiéndose al desencanto, la sociedad civil guatemalteca se movilizó para apoyar a la Comisión al comprobar los primeros resultados positivos, sumándose poco a poco al esfuerzo hasta alcanzarse el apoyo del 90% de la opinión pública, según las encuestas de los medios de comunicación. La CICIG es un estado de ánimo, señaló por entonces una analista política. Ese esfuerzo ímprobo estuvo acompañado siempre por la comunidad internacional. Se logró más adelante la inculpación por corrupción del presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, que fueron destituidos por el Congreso mediante una votación democrática, en medio de una grave confrontación social, pero sin el menor incidente de violencia. 

Ninguno de esos logros hubiera sido posible, sin embargo, sin la contribución callada pero decisiva de los policías, abogados, jueces y fiscales guatemaltecos, la mayoría de ellos muy jóvenes, quienes a pesar de los enormes riesgos personales que asumían, se incorporaron con ilusión ejemplar al esfuerzo de convertir a Guatemala en un país con futuro, de construir un modelo sostenible de convivencia en el que las controversias se resolvieran únicamente con las herramientas del Estado de derecho, sin recurrir a la corrupción y a la violencia, superando todas las dificultades del pasado para hacer realidad el sueño de un país mejor. Esos profesionales dedicados recibieron finalmente con humildad el reconocimiento de una sociedad agradecida. Aquella jornada de la destitución de Pérez Molina, las mujeres guatemaltecas emularon a las portuguesas de antaño poniendo claveles en los fusiles de los mismos policías a los que poco antes habían temido y denostado; y a los fiscales les aplaudían en la calle al llegar al edificio de los tribunales.

Desgraciadamente, las buenas obras nunca quedan sin castigo, como señaló Gore Vidal. Los grupos criminales reaccionaron, volvieron a organizarse, promovieron la elección de un humorista sin gracia como presidente, y una vez elegido, no cejaron en sus esfuerzos hasta lograr la desaparición de la CICIG. Bajo la siguiente presidencia, se han neutralizado la Corte Suprema y la Corte de Constitucionalidad. 

Los grupos organizados han recuperado el terreno perdido, han vuelto a capturar al Estado, y desde las instituciones están destruyendo de nuevo la democracia guatemalteca levantada con tanto afán, infiltrando e instrumentalizando otra vez el aparato de seguridad y justicia, al que han regresado muchos de aquellos que habían sido depurados, dirigiendo desde él una verdadera cacería contra quienes fueron actores decisivos del cambio. 

Dos ex fiscales generales, Claudia Paz y Thelma Aldana, la magistrada Claudia Escobar, el fiscal jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, y muchos otros fiscales, jueces y abogados han tenido que abandonar el país, amenazados y perseguidos, o están a la espera de recibir asilo o refugio.

En este momento hay cinco ex fiscales y abogadas de la CICIG y de la FECI, todas mujeres, detenidas. Eva Siomara Sosa y Leily Santizo están privadas de libertad desde el 10 de febrero en el centro penitenciario del acuartelamiento militar Mariscal Zavala, sin que se les haya decretado prisión. Pueden ver y escuchar a Leily en este link. Hasta cincuenta antiguos integrantes guatemaltecos de la Comisión Internacional y de la Fiscalía Especial están siendo perseguidos penalmente en procedimientos inquisitoriales promovidos por los mismos individuos, civiles y militares, previamente procesados por ellos, y son víctimas además de una feroz campaña mediática anónima de desprestigio en las redes sociales. 

Cuando dejé Guatemala en 2010, expresé a la ONU mi preocupación por el personal de la CICIG y por los policías, abogados, jueces y fiscales que nos habían ayudado. Es preciso —dije entonces— diseñar una estrategia de salida, un plan para el día después, para cuando la Comisión deje de existir. Ya habíamos sufrido intensas persecuciones mediáticas calumniosas, muchas amenazas y algunas represalias, afortunadamente sin consecuencias irreversibles. Cabía prever, sin embargo, que los militares y policías, políticos, funcionarios, profesionales, empresarios e integrantes de los grupos criminales que habíamos procesado, a los que habíamos privado de ese statu quo de impunidad del que habían disfrutado, volverían a intentar apoderarse del Estado de derecho y entonces, desde las instituciones que siempre han considerado su botín de guerra, obtener su revancha. 

Ese momento ha llegado. El personal guatemalteco que nos ayudó perdió después cualquier oportunidad de permanecer en el servicio público, la policía, la fiscalía, los tribunales. Los despachos profesionales y las empresas, las universidades, les han cerrado sus puertas. Las organizaciones internacionales tampoco les han ofrecido trabajo, ni en su país ni en otro. Y ahora están siendo perseguidos. 

La Organización de Estados Americanos; la ONU, su Secretario General, el ACNUR, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, los diferentes Relatores; la comunidad internacional, en particular los países latinoamericanos y los que desde fuera de la región auspiciaron y sostuvieron la CICIG, significativamente España; y la sociedad civil guatemalteca; las organizaciones internacionales de abogados, de magistrados, de fiscales, de policías, no pueden permanecer impasibles ante esta situación. Es necesario actuar, porque el silencio es cómplice; y hay que hacerlo ya, antes de que la situación empeore más aún. La vida de cualquiera de esos valerosos servidores públicos y operadores jurídicos no vale nada en una prisión de su país.

Yo comprendo que en estos momentos toda la atención está volcada en Ucrania, pero dejo en el aire la pregunta: si no se actúa ya, si no se detiene esta cacería indigna, si no se protege a quienes nos han servido con riesgo de su vida y de su bienestar, ¿quién aceptará incorporarse a las próximas misiones internacionales de restablecimiento del Estado de derecho en las regiones post-conflicto?

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Carlos Castresana Fernández es fiscal del Tribunal de Cuentas de España.  Entre 2007 y 2010, con rango de Subsecretario General de la ONU, fue el primer Comisionado Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

José Efraín Rios Montt, condenado a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes contra la humanidad, ha sido trasladado por la Policía Nacional Civil de Guatemala al centro penitenciario de la base militar San Rafael de Matamoros.

El traslado ha tenido lugar después de que Jazmín Barrios, la presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, sentenciara que se ponía fin al régimen de arresto domiciliario en el que permanecía Ríos Montt desde enero de 2012. La sentencia decía: “Se ordena la inmediata detención por la naturaleza de los delitos y se ordena el ingreso directamente a prisión”.

En su primera reacción, el ex dictador ha reiterado su inocencia, y después de escuchar a la presidenta del Tribunal, ha definido el juicio de “show político internacional”. El resultado del proceso judicial, según Montt, afectará “al alma del pueblo”, “pero nosotros tenemos la paz porque nunca derramamos o nos manchamos las manos de sangre de nuestros hermanos”, ha asegurado. También ha dicho lamentar por su familia su ingreso en prisión, pero ha afirmado no sentir angustia porque, en su opinión, ha “cumplido con la ley”.

Francisco García Gudiel, abogado del exdictador, ha informado de que recurrirá la sentencia, “que se cae por su propio peso” y exigirá anular el proceso judicial. Según el abogado, la sentencia es un fracaso “de la justicia, porque se han violado sistemáticamente los derechos de un procesado”. Además, se ha mostrado confiado de que otra instancia judicial anule la condena, “el fallo todavía es susceptible por muchas instancias, ustedes –los periodistas- fueron testigos de la violación al debido proceso”, declaró Gudiel, según recoge el diario guatemalteco Prensa Libre. Considera que la Justicia de Guatemala debe pronunciarse sobre los doce recursos interpuestos contra el procedimiento seguido en este caso, informa Europa Press.

Después de la lectura, la Policía Nacional Civil ha detenido a Ríos Montt, ante el rechazo y protesta de algunos familiares, amigos, y la defensa del exdictador. A la salida del tribunal, algunos activistas de ONG´s han enseñado una manta negra con letras rojas donde podía leerse: “Sí hubo genocidio”. Mientras tanto, en la entrada del cuartel militar esperaba un grupo de personas que ha celebrado la condena con cohetes y cánticos.

Es entonces cuando el director de Admisión de Riesgos cumple la formalidad de pedirle a su empleada que aporte la firma. Cuando se niega, él le sugiere que firme, pero “con reparos”. La analista lo rechaza de nuevo: “No tiene sentido que la firme con reparos, cuando ya he puesto mi sanción desfavorable”, insiste. Jesús Sanz accede pero, unos minutos después, escribe al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, informándole de la negativa de la analista a firmar la resolución del comité de riesgos. Y como los avales con importe de más de 50.000 euros deben ser sancionados por dos personas, la analista y él mismo, Sanz le indica que no puede aprobar en solitario el de la empresa en cuestión, Asesoría Hispanoamericana de Inversión. La operación ascendía, en principio a 120.000 euros, que luego se rebajaron a 60.000. Aun así, superaba el límite. “Este comportamiento [el de la analista] nos lleva de nuevo ante una situación que podemos denominar como ‘dictadura del analista’ que, con su actitud, evita que se puedan asumir algunas operaciones que podrían ser viables y está poniendo reparos a las directrices y políticas que tratamos de implementar algunos directores de departamento”, le explica a Pedro Embid.

El aval, finalmente, no se concedió, pero la presión ejercida para aprobar la solicitud terminó en el canal de denuncias anónimas de Avalmadrid. Y el pasado mes de abril Jesús Sanz fue despedido.

A preguntas de este periódico, un portavoz de Avalmadrid niega que la sociedad tuviera un interés especial en aprobar este aval. “En este caso concreto, se aplicó de manera estricta y rigurosa la política de riesgos por parte del órgano que denegó la operación”, asegura, tras apuntar que su “único interés” es “facilitar el acceso [el crédito] a pymes y autónomos madrileños, siempre que se cumplan los criterios establecidos en las políticas y normativas aplicables”. En el análisis de las operaciones, continúa Avalmadrid, “se tienen en cuenta únicamente criterios objetivos ligados al riesgo del cliente; en ningún caso entran en juego otro tipo de consideraciones, y menos aquéllas de carácter subjetivo”. infoLibre ha intentado también recabar la versión de Jesús Sanz sobre lo ocurrido, pero éste ha declinado alegando que su despido es una cuestión “privada”.

La empresa que había pedido el aval el pasado mes de febrero, Asesoría Hispanoamericana de Inversión, fue constituida apenas un mes antes por dos socios, Eduardo Hernández-Ripoll Aznar y Carlos Isidro Echeverria Perera, que aportaron el capital mínimo necesario, 3.000 euros. En la solicitud del aval, aseguraban que su contacto con Avalmadrid era Rodrigo Tilve, el presidente de la sociedad de garantía recíproca. Hasta la disolución del anterior Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la convocatoria de elecciones anticipadas, Tilve fue viceconsejero de Economía en el departamento que entonces dirigía Manuel Giménez, independiente elegido por Ciudadanos.

Hernández-Ripoll conoció a Tilve en 2012, cuando ambos trabajaban en Guatemala. El primero estaba empleado por la consultora Ostossola, del estratega político Antonio Sola, quien fue asesor de José María Aznar, Mariano Rajoy y del presidente mexicano Felipe Calderón, entre otros líderes latinoamericanos. Según su currículo, Eduardo Hernández era entonces asesor de presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien renunció al cargo en 2015 y permanece en prisión desde entonces por varios casos de corrupción. Mientras, Rodrigo Tilve ejercía como consejero económico y comercial en la Embajada de España en Guatemala y pertenecía al consejo asesor de la Cámara de Comercio española en el país centroamericano. El presidente de Avalmadrid no ha querido comentar con este periódico ningún aspecto de la operación o de su relación con Hernández-Ripoll. Pero éste sí admite conocer a Tilve, con quien “coincidió hace ocho años”. “Pero no he vuelto a hablar con él desde entonces”, asegura a este periódico. Tampoco sabía que el director de Admisión de Riesgos había sido despedido. Y apunta que si Tilve se tomó algún interés especial en la solicitud de aval de Asesoría Hispanoamericana de Inversión debió de ser únicamente porque “se acordaría” de él. “Me sorprendería que se hubiera producido nada irregular, porque es una persona impoluta e intachable, superrecto en lo personal”, subraya.

Salarios de hasta 100.000 euros para cada socio

Hernández-Ripoll y Carlos Echeverria, que es abogado y fue embajador de Costa Rica en Trinidad y Tobago entre 1999 y 2005, crearon la empresa para asesorar a pymes españolas que quieran abrir negocios en Latinoamérica, incluyendo tareas de lobby, análisis de situación e inteligencia de mercado, de acuerdo con el plan de negocio aportado para solicitar el aval. También ofrecen a sus posibles clientes “una estrategia fiscal que maximice los ingresos” aprovechando los convenios para evitar la doble tasación que España ha suscrito con países latinoamericanos. A cambio, piden unos honorarios mínimos de 100.000 euros por operación o  una participación en el negocio, bien en efectivo bien en acciones u otros valores.

La analista denegó el aval porque pedían el préstamo para cubrir, básicamente, los sueldos de ambos socios, a la vez únicos empleados de la empresa: entre 70.000 y 100.000 euros anuales se reservan para cada uno, cuando su presupuesto de gastos estaba calculado en una horquilla de 162.900 a 222.900 euros. “Su plan de inversión apenas presenta gastos justificables frente al importe solicitado”, dictamina la analista. Además, como avalista sólo presentan al propio Hernández Ripoll, que carece de patrimonio, vive en régimen de alquiler en Alicante y únicamente posee 2.000 euros en una cuenta de ING. Carlos Echeverria también carece de patrimonio inmobiliario, sólo anota un fondo de pensiones voluntario de 80.000 dólares. “Los accionistas no aportan datos de solvencia ni de patrimonio, así como tampoco de generación de ingresos independientes al negocio”, se lee en el informe. Ambos sólo justifican mediante facturas 10.000 de los 30.000 euros que dicen haber gastado para poner en marcha la empresa, entre ellos la mudanza internacional desde la República Dominicana de Eduardo Hernández. Y dan la referencia de un único cliente, una empresa de construcción naval de Barcelona con la que firmaron la búsqueda de un astillero en Trinidad y Tobago para comprarlo. No obstante, Hernández-Ripoll precisa que el contrato se encuentra “parado”, ya que el espacio aéreo permanece cerrado por culpa del covid-19.

“Como no nos concedieron el aval, seguimos buscando financiación, un socio privado”, indica Eduardo Hernández, a quien también le negó ayuda Enisa (Empresa Nacional de Innovación), una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria que financia a pymes mediante préstamos participativos. “Si acudimos a Avalmadrid”, relata, “fue porque creímos que los avales para emprendedores estaban pensados para empresas que no tienen nada, como la nuestra, y necesitan un empujón”.

“Creo que deberíamos valorar si debe seguir en el departamento”

El portavoz de la sociedad de garantía recíproca destaca que la denegación del aval a Asesoría Hispanoamericana de Inversión es un “ejemplo de la rigurosidad con la que Avalmadrid aplica las distintas políticas internas en el análisis de las operaciones”. Sobre la relación entre Rodrigo Tilve y Eduardo Hernández-Ripoll se limita a mencionar que forma parte de la “labor institucional y comercial” del presidente de la sociedad “dar a conocer la oferta de productos de Avalmadrid” y que el solicitante del aval indicó en el formulario que esa oferta la había conocido a través de Tilve.

Hernández-Ripoll estudió Ciencias de la Información y militó en Nuevas Generaciones del PP. Tras pasar tres años en el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Villena (Alicante) cuando lo gobernaba el Partido Popular, llegó en 2012 a Guatemala y en 2014 trabajó para The Trump OrganizationThe Trump Organization, la empresa del expresidente de EEUU Donald Trump, para “velar por sus intereses reputacionales en Ciudad de Panamá”. Ahora, revela, está buscando clientes en la República Dominicana para Asesoría Hispanoamericana de Inversión.

Avalmadrid no ha querido explicar la tramitación de la denuncia que se cursó a través de su canal anónimo, gestionado por una empresa externa. Tampoco los motivos por los que despidió a Jesús Sanz. “Son estrictamente confidenciales”, precisa, “pero objetivos y concretos”. Sólo ha indicado que el exdirector de Admisión de Riesgos “llevaba poco tiempo en la compañía”. Concretamente, desde febrero de 2020, por lo que apenas superó el año en el cargo. Jesús Sanz Martín, no obstante, tenía una larga experiencia en su campo, puesto que había sido responsable del departamento de riesgos del Banco Popular durante 26 años. En el mismo correo que dirigió al director general de Avalmadrid, Pedro Embid, lamentándose de la “dictadura del analista”, Jesús Sanz le destaca los reparos que ponía esta empleada a “ver de forma constructiva las operaciones”constructiva, su “lentitud en las resoluciones” y sus “comentarios inapropiados”, una “actitud” que ya le había comentado previamente, le recuerda. “Creo que deberíamos valorar si debe seguir en el departamento”, termina el mensaje. Sanz Martín fue despedido dos meses después.

Cientos de manifestantes han salido este sábado a las calles de Ciudad de Guatemala para expresar su rechazo al presidente, Alejandro Giammattei, y han tomado la sede del Congreso y han prendido fuego al edificio. Los manifestantes exigen al presidente que vete el polémico presupuesto general para 2021, aprobado por los diputados el pasado 18 de noviembre, según informa Europa Press.

Un grupo de manifestantes rompió los ventanales del Palacio Legislativo e iniciaron un incendio sin que se produjera intervención alguna de la Policía Nacional Civil (PNC). Otro nutrido grupo de manifestantes que se ha concentrado en la Plaza de la Constitución, enfrente del Congreso y del Palacio Nacional. La manifestación estaba programada para las 14.00 horas, pero después de tres horas los manifestantes seguían concentrados, por lo que ya casi entrada la noche fueron lanzadas bombas lacrimógenas. Los manifestantes se dispersaron en un primer momento, pero luego han regresado a la plaza.

La protesta culmina dos días de llamamiento en redes sociales para acudir este sábado a todas las plazas del país centroamericano y expresar su rechazo al Gobierno de Giammattei.

Estas protestas se producen después de que el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, propusiera este viernes al presidente del país que ambos renuncien a sus cargos "por el bien del país" porque "las cosas no están bien" en el Gobierno.

Además de la renuncia de ambos, Castillo ha pedido a Giammattei vetar los presupuestos de 2021 porque tienen "anomalías", por lo que debería ser devuelto al Congreso y ser modificado, ha explicado, apelando a "la eficiencia, transparencia y austeridad para no tener más endeudamiento" para esta modificación.

Sin embargo, este mismo viernes Giammattei ha defendido los presupuestos para el 2021 y ha anunciado que no los vetará, pese al fuerte rechazo de numerosos sectores sociales, ya que seguir con el presupuesto de 2020 conllevaría más déficit que el propuesto para el próximo año.

Guatemala, en el corazón de Centroamérica, es una zona de intenso conflicto social debido, entre otros motivos, a la pugna entre la población autóctona y las centrales hidroeléctricas. En 2017, la ONG Alianza por la Solidaridad-Action Aid denunció un caso de incumplimiento de derechos humanos en las obras de la hidroeléctria RENACE, a cargo de la compañía española Grupo Cobra, filial de ACS, la empresa que preside Florentino Pérez. Tres años después de la denuncia, el Punto Nacional de Contacto (PNC) –organismo responsable de favorecer el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las multinacionales–, que pertenece al Ministerio de Industria español, ha reconocido en un informe [ver aquí] que el Grupo Cobra no actuó de forma adecuada, informa la ONG.

Las obras de RENACE afectan a más de 29.000 personas de la etnia q'eqchi que viven junto al río Cahabón, donde se está construyendo esta infraestructura, que será el complejo hidroeléctrico más grande de toda Centroamérica. Grupo Cobra es el contratista del proyecto –que depende de la guatemalteca Corporación Multi Inversiones (CMI)– y fue denunciado por no haber cumplido con el derecho de los pueblos indígenas, reconocido internacionalmente, a ser consultados sobre concesiones de sus territorios y sus recursos.

El documento del organismo integrado en el Ministerio de Industria no menciona el nombre de la compañía española, pero da la razón a la ONG Alianza por la Solidaridad en cuanto a las reclamaciones por vulneraciones de derechos y deja claro que el hecho de ser contratista no exime a la multinacional de su obligación para con el cumplimiento de los derechos humanos: "La posición de contratista no exime a la empresa española del cumplimiento de los más altos estándares internacionales, más allá del mero cumplimiento de la legalidad en el país de destino. Es más, tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla”, ratifica el informe.

Dicho informe coincide, además, con el encuentro de representantes de las comunidades afectadas por el caso RENACE con el embajador español en Guatemala, Alfonso Manuel Portabales, a quien han expuesto también la situación de líder comunitario Bernardo Caal Xoc, encarcelado por la defensa de los ríos frente a hidroeléctricas en la misma región que la obra de ACS, Alta Verapaz. 

El pasado julio, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictó una sentencia que obligaba a realizar una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas por RENACE. En esta línea, el PNC indica también que Grupo Cobra debe ajustarse a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, por lo que la compañía española debe asegurarse de que antes de la realización de un proyecto “se lleve a cabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas”.

La reclamación de Alianza por la Solidaridad al PNC es la primera de una ONG en España que cuenta con un dictamen. Para Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo Sostenible de la ONG, “es muy importante que se den pasos como este informe para que las empresas entiendan que respetar los derechos humanos no depende de si la empresa actúa como inversor, contrata o subcontrata”.

No obstante, al carecer de capacidad sancionadora, y teniendo en cuenta que la obra está prácticamente terminada, el PNC tan sólo insta a la filial de ACS a disculparse ante los afectados y a colaborar con la justicia guatemalteca para mitigar y remediar los daños ya causados.

Según Alianza por la Solidaridad-Action Aid, los últimos datos indican que 32 personas que lideraban la lucha por su territorio y los recursos naturales han sido asesinadas entre 2018 y 2019 en Guatemala, donde los enfrentamientos ligados a la explotación de los recursos superan ya los 1.500.

Justo después de publicar mi primera novela en Guatemala, a mediados de 2003, me tomé una cerveza con el escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya, que estaba viviendo en aquella época en el país. Nos juntamos en un viejo bar llamado El Establo. Nomás verme entrar, Castellanos Moya alzó su botella de cerveza, me felicitó, esbozó una ligera sonrisa de diablo y me advirtió que huyera de Guatemala lo más pronto posible. *

Mi entrada al mundo literario había sido tan inesperada como accidental. Yo tenía entonces 32 años y no había publicado nunca, nada. No solo sabía muy poco del ambiente literario en Guatemala, sino que sabía aún menos de Guatemala en general. Había salido del país en 1981 —el día después de mi décimo cumpleaños— con mis padres y hermanos, a Estados Unidos. Crecí en Florida y luego estudié Ingeniería en Carolina del Norte. En el colegio siempre fui el niño matemático. Nunca leí libros. Nunca me gustaron. Y en 1994, al terminar la universidad, volví finalmente a Guatemala, un país que ya apenas conocía y con un español muy rudimentario. Me puse a trabajar como ingeniero en la empresa de construcción de mi padre y, poco a poco, empecé a encontrar mi camino de vuelta a mi país y a mi lengua materna; aunque siempre invadido por un profundo sentimiento de desasosiego o desubicación, un sentimiento de no pertenecer. Hoy comprendo que aquella angustia existencial resulta habitual más o menos a esa edad, al salir de la universidad, pero en aquel entonces me sentía como un hombre sin país, sin lengua propia, sin profesión (estaba, literalmente, en la de mi padre), sin un sentido real sobre quién era ni qué debía hacer. Y esa frustración continuó creciendo en mí durante los siguientes cinco años, hasta que decidí buscar ayuda. Pero mi concepto de ayuda, siendo tan metódico y tan ingeniero, fue buscar respuestas no en la psicología ni en la religión, sino en la filosofía. Acudí a una de las universidades de la capital, la Universidad Rafael Landívar, a preguntar si era posible inscribirme en un par de cursos de Filosofía, creyendo que quizás así encontraría algún tipo de respuesta. Pero en Guatemala, como en otros países de Latinoamérica, la carrera es doble: Letras y Filosofía. Si uno quiere estudiar una, debe también estudiar la otra. Y eso hice. En pocas semanas caí enamorado de la literatura, de los libros, de la ficción; y en menos de un año había renunciado a mi trabajo como ingeniero y estaba viviendo de mis ahorros y leyendo ficción a tiempo completo, un libro al día, como una especie de yonqui de la literatura.

Un año después empecé a trabajar en la universidad —primero como asistente, luego como profesor de Letras—, al mismo tiempo que, tímida y secretamente, intentaba escribir ya mis primeros cuentos. Todos muy malos, claro. Quería escribir un cuento entero antes de poder redactar una buena oración. Aún no entendía que teclear no es escribir, que escribir está mucho más cercano a la música, a respirar, a caminar sobre el agua. Pero tenía hambre de aprender, y tuve la suerte de encontrarme con los instructores correctos, en especial con dos: Ernesto Loukota y Osvaldo Salazar, ambos filósofos y colegas míos en la universidad. Ernesto Loukota me enseñó la artesanía del lenguaje. Me pedía que escribiera una línea sobre algo —un árbol, un perro, una silla— y al día siguiente nos juntábamos para comentar esa línea, su gramática y puntuación. Luego, él me asignaba otra línea sobre otra cosa para el día siguiente. Y así. Una sola línea, todos los días. Como si fuera nuestro propio ejercicio zen. Pasó al menos un mes antes de que me permitiera escribir dos líneas. Osvaldo Salazar, en cambio, me enseñó a ser mi propio lector. De vez en cuando, yo le entregaba alguna cosa que había escrito y la estudiábamos juntos, la desmenuzábamos, editábamos no su lenguaje, sino también su estructura, su desarrollo, sus temas y su contenido en general. Si Ernesto Loukota me enseñó la artesanía del lenguaje, Osvaldo Salazar me enseñó cómo ser mi propio y más exigente lector.

Yo pasaba aquellos días dando clases, leyendo libros como un adicto y aprendiendo a escribir como si mi vida dependiese de ello (quizás mi vida sí dependía de ello), y antes de darme cuenta ya había publicado mi primer libro. Así nomás. Casi por accidente. Me había tropezado con los libros y luego había caído en la escritura. Finalmente algo estaba empezando a tener sentido, acerca de mí mismo y acerca de mi país. Y entonces llegó un salvadoreño endiablado y me dijo que huyera de Guatemala lo más pronto posible. *

Durante el último siglo, los escritores guatemaltecos han estado escribiendo, y muriendo, en el exilio. Miguel Ángel Asturias, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967, escribió sus libros sobre Guatemala mientras vivía exiliado en Suramérica y Europa; murió en París y está enterrado allá, en el cementerio Père-Lachaise. El gran cuentista Augusto Monterroso, tras ser detenido por las autoridades militares del dictador Jorge Ubico, tuvo que salir del país en 1944. Huyó primero a Chile, después a México, donde vivió el resto de su vida y donde escribió la mayoría de sus cuentos. Allí está enterrado. Luis Cardoza y Aragón, quizás el poeta guatemalteco más célebre del siglo pasado, sufrió un destino similar: también tuvo que exilarse en México en los años treinta, donde escribió casi toda su poesía y dónde también murió. Carlos Solórzano, uno de los dramaturgos guatemaltecos más importantes, tuvo que huir del país en 1939 —primero a Alemania, después a México— y ya jamás volvió. Mario Payeras, un comandante guerrillero en los años setenta, también escribió mientras vivía exilado en México, donde murió repentina y misteriosamente (sus restos fueron sepultados en un cementerio en el suroeste del país, pero luego desaparecieron). Una de las novelas guatemaltecas más significativas de las últimas décadas, El tiempo principia en Xibalbá, fue escrita por el autor cakchiquel Luis de Lión. En 1984, fue secuestrado por las fuerzas militares, torturado durante 28 días y luego desaparecido. Su asesinato no se confirmaría sino hasta 15 años después, en 1999, cuando su nombre y su número aparecieron en la lista del llamado Diario Militar, un documento tenebroso que detalla el destino de los guatemaltecos desaparecidos por las fuerzas militares entre agosto de 1983 y marzo de 1985. Luis de Lión, nacido José Luis de León Díaz, seudónimo Gómez, es el número 135. Su novela fue publicada póstumamente, el más extremo de los exilios. *

Los escritores guatemaltecos —y los guatemaltecos en general— han estado viviendo durante décadas en un ambiente de miedo. Atreverse a decir algo significaba tener que desaparecer en el exilio, o ser desaparecido, literalmente. Este miedo aún existe, tanto en la vida cotidiana como en el subconsciente de los guatemaltecos, a quienes con el tiempo se les ha enseñado a callar. A no hablar. A no decir o escribir palabras que puedan matarlos, matarnos.

La primera consecuencia de esto, por supuesto, es un silencio general. En Guatemala simplemente no se habla o se escribe de algunos temas. El genocidio indígena de los años ochenta. El profundo racismo hacia el indígena. El alarmante número de mujeres asesinadas. La imposibilidad de reforma agraria o redistribución económica. Los vínculos estrechos entre el gobierno y los narcotraficantes. Aunque todos estos son temas que definen al país, solo son discutidos y comentados en susurros, o entre paredes, o desde fuera. Pero una segunda y quizás más peligrosa consecuencia de una cultura de silencio es un tipo de autocensura: al hablar o escribir, uno no debe decir algo que pueda ponerle en peligro a él o a su familia. La censura se vuelve automática, casi inconsciente. Y el peligro es real. Aunque ya pasaron los tiempo de dictadores, el Ejército es aún muy poderoso, y los asesinatos políticos y militares siguen resultando comunes.

¿Cómo puede un periodista ser periodista, entonces, si su vida está a la merced de los artículos que escribe? ¿Cómo puede un novelista o un poeta decir algo sincero sobre su propia gente, sobre la desigualdad social, sobre los niveles intolerables de racismo y pobreza, si su propia vida depende de las palabras de esa novela o ese poema? No pueden. El periodista no puede ser periodista. El novelista no puede permitirse a sí mismo ser sincero. Y el poeta deja de ser poeta. Salvo que, como muestra la historia reciente, y como me fue sugerido por un endiablado escritor salvadoreño, se vayan del país. *

Me empezaron a seguir. O eso pensé. Fue un par de meses después de publicar mi primera novela en Guatemala, en 2003. Al inicio lo consideré una casualidad, ese sedán negro siempre estacionado cerca de mi casa, y constantemente a la vista desde el espejo retrovisor. Pero después de unos días, la casualidad se volvió paranoia y empecé a hacer las cosas que hacen los guatemaltecos en su estado normal de psicosis, el de todos los días: siempre cambiaba mi ruta, evitando calles oscuras y callejones sin salida, nunca conducía solo por la noche (tengo una amiga que hasta compró un maniquí de un hombre y lo pone a su lado, en el asiento de pasajero, y le habla mientras va conduciendo). También recuerdo que una mañana, en esa misma época, dando una clase en la universidad, dos tipos se pararon afuera del aula y se quedaron observándome por la ventana. Parecían sicarios o tal vez guardaespaldas. Solo seguí dando mi clase, intentando ignorarlos en la ventana y, después de unos minutos, se fueron. Al terminar, me aseguré de salir caminando con mis alumnos, en grupo.

Días después, me abordaron.

Estaba en la librería Sophos, husmeando libros sobre una mesa, cuando un hombre mayor se me acercó, presentándose. Estaba vestido con saco y corbata. Me dijo que había leído mi novela y me habló durante unos minutos de sus impresiones. Luego me estrechó la mano de nuevo y, aún sosteniéndola, me dijo que había sido un honor conocerme, que debía tener cuidado. Le pregunté cuidado con qué. El señor solo sonrió con cortesía y se marchó. Lo consideré extraño, pero no le di mayor importancia. ¿Tal vez solo estaba siendo amable conmigo? ¿Tal vez malinterpreté su despedida? En fin, casi lo había olvidado por completo hasta que unas semanas después recibí una llamada.

Era tarde en la noche. La voz en el teléfono me dijo que no le conocía, pero que me estaba llamando como un amigo, para advertirme de mis enemigos. ¿Qué enemigos? Yo no tenía enemigos. Yo nunca había tenido enemigos. Me ignoró y continuó hablando, y yo no lograba entender a qué se estaba refiriendo. ¿Era algo que había escrito en mi novela? ¿Algo que había dicho en alguna de las entrevistas recientes? ¿Algún comentario crítico sobre el país, sobre los políticos, sobre los guatemaltecos en general? De pronto me puse tan nervioso que dejé de prestar atención. Apenas oí lo que me dijo. Ahora lo he olvidado casi por completo. Pero sí recuerdo tres cosas. Lo primero, pensar que su voz me había sonado familiar, como si ya la hubiese escuchado en alguna parte. Dos, la mención de los nombres de mis padres y hermanos. Y tres, las últimas palabras que me dijo: Mejor no andar hablando demasiado. Luego colgó.

Al día siguiente cambié mi número de teléfono. Hasta cambié de proveedor. Pero igual empecé a dormir menos. Perdí peso. Salía de mi casa solo cuando era absolutamente necesario. Hasta cancelé dos entrevistas que tenía programadas, dándoles alguna excusa de mi trabajo o salud. No tenía ni idea de qué estaba pasando, qué cosa había hecho, dicho o escrito, pero definitivamente algo estaba pasando. ¿O no? Y de pronto, al final de una tarde de lluvia, alguien llegó a mi casa.

Aún hoy, por seguridad, no puedo dar muchos detalles. Pero lo conocía de antes. Entonces, cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, no pensé nada malo. Sí me pareció extraño, claro, que él llegara a mi casa. Le conocía, pero solo casualmente. No le había visto en años. Y nunca antes había estado en mi casa. Me sonrió y me estrechó la mano y hasta me dijo que sentía mucho tener que molestarme en mi casa. Pero luego entró sin pedir permiso y de inmediato, mientras se sentaba en uno de los sofás, desenfundó una enorme pistola negra y la colocó con fuerza y énfasis sobre la mesa de la sala. Me dejó mudo. Me senté en el otro sofá, frente a él. Y ahí quedó la pistola, entre nosotros, en todo su resplandor negro metálico. Él llevaba botas de vaquero y un grueso chaleco lleno de bolsos, como los que usan los fotógrafos. Me habló un poco de menudeces, preguntándome por este o aquel amigo, y luego se quedó callado unos segundos, que a mí me parecieron horas, antes de lanzarse a hablar de Hitler. Yo me sentía perdido. Hasta mareado. Recuerdo percibir gotas de sudor descendiendo por mi espalda. Aunque quería ser discreto, no podía quitarle la mirada de encima a la pistola. Y él solo me seguía hablando de Hitler, a mí, un judío. Me dijo que Hitler era uno de sus héroes. Me dijo que Hitler era uno de los mejores hombres que jamás había existido. Me dijo que admiraba a Hitler porque siempre supo cómo deshacerse de sus enemigos. Me dijo que todos deberíamos aprender de Hitler. Luego me preguntó si había entendido y yo logré balbucearle que sí y él tomó su pistola de la mesa y se puso de pie y se marchó en silencio de mi casa.

*Este artículo está publicado en el número de enero de tintaLibre. Puedes consultar todos los contenidos de la revista haciendo clic aquí.aquí

Los manifestantes de Hong Kong pertenecen a una nueva era pero los motivos de su protesta son antiguos: falta de libertad, represión policial, miedo a ser engullidos por el gigante chino. Tienen un himno, llevan paraguas y empiezan a sospechar muy seriamente que la protesta pacífica no conduce a ninguna parte.

tintaLibre dedica su número de enero a las protestas que, como las que llenan las calles hongkonesas, recorren el planeta y marcan especialmente la actualidad política latinoamericana. La revista está disponible a partir del viernes día 3 en quioscos y librerías, a través de su App para su descarga en teléfonos iOS y Android y, si eres socio de infoLibre, ya puedes leer tintaLibre enero y todos los números anteriores haciendo clic aquí.

En La Paz, como en Novecento, de Bertolucci, bajan las masas con sus banderas indigenistas desde El Alto, tomando la calle porque Evo fue invitado al exilio por el estamento militar en connivencia con un nuevo poder político que habla en nombre de la Biblia. La palabra del dios evangelista, la misma de Bolsonaro, sustituye a la Pachamama en el imaginario simbólico. Hay un trasfondo racista: la clase oligárquica, blanca y criolla, no quiere ser gobernada por los indios, por mucho que estos mejoren la renta per cápita del país y erradiquen el analfabetismo.

Chile despierta de su sueño neoliberal y desempolva las canciones de Victor Jara y Quilapayún como en un flashback amargo delante de la pantalla del televisor. La chispa fue el aumento del precio del billete del metro, pero el descontento estaba ahí agazapado entre los estudiantes, los obreros, los sectores más vulnerables de una sociedad que no comulgó con el cuento neoliberal de las grandes cifras macroeconómicas. Chile pisa las calles nuevamente y hasta Patti Smith canta en un estadio de Santiago El Pueblo unido.

En una calle de Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua, hay una cruz con demasiados clavos en recuerdo de cada una de las mujeres asesinadas impunemente. Al otro lado está El Paso, la frontera, Donald Trump, el sueño y la pesadilla. Muchas mujeres, mucha opresión, mucha violencia.

Eduardo Halfon, escritor guatemalteco, narra la visita a su casa de Ciudad de Guatemala de un hombre que le resultaba conocido y que se sentó en el salón, colocando una pistola encima de la mesa. Halfon, acababa de escribir su primer libro y aquella máscara conocida le avisaba: “No conviene andar hablando demasiado”.

En España salen los grandes notarios del reino diciendo que esto marcha, que la economía toma impulso, que la inflación está controlada y el desempleo cae, pero esa llovizna de datos llega a muy pocos hogares y no salimos del círculo vicioso de la temporalidad y de la precariedad, dos anomalías contumaces del mundo feliz que nos describen los contables. Le siguen los padres de la iglesia de Bruselas reprendiendo al alumno díscolo por las pensiones, el IVA y el salario mínimo y parece que aquí nadamos en la misma placenta que Alemania, que a su vez declara públicamente que necesita millón y medio de trabajadores especializados.

Todo es un tumulto, arden las barricadas, pero la protesta conoce un único lenguaje universal; quizás no vivamos para contarlo, quizás nuestras diferencias sean más grandes que nuestras simpatías, pero sin movimiento todavía puede ser mucho peor. A veces David puede vencer a Goliat.