Tres magistrados –todos ellos hombres– de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo alcanzarán la edad de jubilación en lo que queda del año. Sus vacantes se sumarán a la ya convocada por el Consejo General del Poder Judicial para juristas de reconocido prestigio en la que conservadores y progresistas, hasta el momento, no han logrado ponerse de acuerdo. A esas cuatro plazas se sumará una más prevista para esa Sala en el decreto que prepara el Gobierno para la disposición de 500 nuevas unidades judiciales este mismo año. En total son cinco plazas libres de las que, al menos cuatro, deberán ser ocupadas por mujeres en cumplimiento de la ley de paridad que obliga a respetar la representación equitativa del 60%-40% entre miembros de ambos sexos.

La Sala de lo Penal es, actualmente, una de las más marcadas por la ausencia de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el Supremo. Las magistradas del tribunal que se ocupa de los políticos y demás aforados y que tiene la última palabra sobre todas las causas criminales que se instruyen y juzgan en España son solo tres: las progresistas Ana Ferrer y Susana Polo, y la conservadora Carmen Lamela. De sus 12 compañeros, tres –Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo– se jubilarán en los próximos junio y septiembre al alcanzar la edad máxima de jubilación, 72 años. La comisión de igualdad del Consejo aprobó a finales de 2024 que, tras la entrada en vigor de la ley de paridad, esta debía cumplirse entre los componentes de cada una de las cinco salas del Alto Tribunal.

Al permanecer aún estos tres últimos en sus puestos, el Consejo solo ha convocado –lo hizo el pasado 23 de julio– la plaza que dejó vacante Miguel Colmenero, retirado en 2024, correspondiente a juristas de reconocido prestigio. La comisión de calificación del órgano de gobierno de los jueces, la que se encarga de preseleccionar a los candidatos para que decida el Pleno, ya ha entrevistado a los 14 aspirantes de los que ha elegido a 12 catedráticos y profesores universitarios, entre los que los 20 vocales y la presidenta del CGPJ tendrán que extraer al nuevo magistrado por una mayoría de tres quintos (13 votos). La falta de acuerdo ha llevado a conservadores y progresistas a posponer el nombramiento a septiembre, cuando haya cuatro vacantes gracias a las jubilaciones y el margen para negociar entre ambos sectores sea más amplio.

Sea como sea, si el Consejo decide seguir el criterio paritario establecido por su propia comisión de igualdad, las cuatro plazas deberán ser ocupadas por mujeres, lo que en principio descartaría a todos los candidatos hombres de la única convocatoria que ya está en trámite. Los consejeros del Poder Judicial y su presidenta tendrían que elegir para el puesto a una de las cinco catedráticas que se han postulado: Silvina Bacigalupo (Universidad Autónoma de Madrid), María del Mar Carrasco y Carmen Juanetey (ambas de la Universidad de Alicante), Alicia Gil (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y María Paz Lloria (Universitat de València). La plaza está reservada para abogados, fiscales, académicos y en general juristas de prestigio con más de 15 años de experiencia en Derecho Penal.

Fuentes del CGPJ aseguran, sin embargo, que el sector de vocales a propuesta del PP solo ha apoyado hasta el momento a aspirantes de sexo masculino en el proceso. La misma situación se dio ante el nombramiento de las dos presidencias clave del Supremo el pasado verano. El Consejo se bloqueó en la designación ante el empeño de los conservadores de promocionar a dos hombres para dirigir la Sala de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo, plazas que, según la ley de paridad, debieron corresponder a magistradas. El nombramiento de los dos candidatos apoyados por la derecha –Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas– solo se produjo cuando las dos candidatas preseleccionadas –Ana Ferrer y Pilar Teso– decidieron retirar sus candidaturas para romper el bloqueo.

Las convocatorias de las otras tres plazas que se liberarán este año –las de Palomo, Hurtado y Berdugo– todavía no se han aprobado. A ellas se sumará, previsiblemente, la prevista en el proyecto de real decreto que prepara el departamento de Félix Bolaños para crear 500 nuevas unidades judiciales, una de las cuales irá a la Sala Segunda del Alto Tribunal. De esas cuatro nuevas vacantes, tres deberían ser cubiertas con mujeres. Con la nueva plaza que prepara el Gobierno, la plantilla de la Sala será de 17 personas. El mínimo legal del 40% para cualquiera de los dos sexos se establece, por tanto, en siete miembros. Quedan, por tanto, cuatro juezas por designar que se sumen a las tres actuales. Para ello es necesario –eso sí– que se presenten candidatas a los puestos.

Tras la aprobación por la comisión de igualdad del Consejo del criterio para aplicar la ley de paridad a los nombramientos discrecionales –que se cumpla entre las presidencias de las distintas salas de cada tribunal y en el seno de cada una de ellas– la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, encargó un informe al respecto a los servicios técnicos de la institución, que afirmaron que la paridad debía respetarse en la totalidad de nombramientos hechos durante los cinco años de mandato de los vocales. El sector progresista rechaza esta interpretación y varios de sus miembros advierten de que, de no respetarse la ley, las designaciones podrían ser posteriormente anuladas por la Sala de lo Contencioso del Supremo, la que resuelve los recursos contra las decisiones del CGPJ.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la apertura de una investigación por la posible violación de los derechos civiles de Alex Pretti, el hombre que murió por disparos de agentes de inmigración la pasada semana en Mineápolis.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, realizó el anuncio durante una comparecencia de prensa para anunciar la publicación de nuevos documentos sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

"Por lo tanto, espero que esa investigación avance teniendo en cuenta esos parámetros", agregó.

Agentes de inmigración mataron el pasado sábado a Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, durante las protestas contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump en el estado de Minesota, la segunda muerte en manos de fuerzas federales tras la de Renée Good el 7 de enero, también en la ciudad de Mineápolis.

Los videos difundidos muestran a Pretti protegiendo a dos mujeres durante el operativo, antes de ser reducido por los agentes, desarmado y disparado por la espalda cuando se encontraba en el suelo sometido.

Blanche dijo durante la comparecencia que "un solo video no debería alterar la percepción del Departamento de Justicia", pues se necesitan más pruebas en la investigación de lo sucedido, que definió como "un evento trágico".

El fiscal adjunto detalló que se trata de una investigación diferente a la que conduce el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dirigido por la secretaria, Kristi Noem, quien ha recibido muchas críticas por lo ocurrido en Minesota.

Al ser cuestionado sobre los motivos por los que el caso de Renée Good no dio lugar a una investigación de derechos civiles, Blanche respondió que en Estados Unidos ocurren miles de tiroteos y que no en todos ellos se investigan posibles violaciones de derechos civiles.

"Tiene que haber circunstancias o hechos, o quizás hechos desconocidos, pero sin duda circunstancias que justifiquen una investigación.(...) Esto no significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal, la división de derechos civiles intervenga", explicó.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión de las fuerzas estatales, mientras que "miles" más han resultado heridos.

La organización con sede en Oslo indica en un comunicado que solo entre el 8 y 12 de enero se registraron al menos 3.379 muertes, incluidos manifestantes y al menos 121 miembros de las fuerzas estatales, cifra que calificó de "mínimo absoluto", ya que nuevos informes y testimonios "ilustran aún más la magnitud de la violencia". La también ONG Human Rights Activists (HRA) asegura que recibe informes de "miles" de víctimas mortales.

Al menos 15 iraníes fallecidos por la represión tenían menos de 18 años, según IHRNGO, que afirma que el número de muertes verificado por sus fuentes desde el estallido de las protestas en diciembre se ha contabilizado en 15 provincias de la República Islámica. Según datos recopilados por la organización, más de 10.000 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas.

La ciudad de Karaj, en la provincia de Alborz, ha sido escenario de una de las represiones más sangrientas, según la ONG. Varios testigos dijeron a IHRNGO que las fuerzas estatales en Karaj utilizaron ametralladoras pesadas DShK contra los manifestantes.

IHRNGO también ha recibido informes sobre una intensificación del despliegue de seguridad y la imposición de condiciones de ley marcial desde el atardecer hasta el amanecer en varias ciudades, particularmente en las regiones kurdas. En Rasht, uno de los principales centros de las protestas, un testigo describió una represión generalizada y asesinatos de manifestantes.

Según el testimonio de un testigo en Rasht recogido por la ONG, un grupo de jóvenes manifestantes quedó atrapado en la zona del bazar, entre incendios y rodeado por las fuerzas de seguridad; alzaron las manos en señal de rendición, pero aun así fueron asesinados a tiros.

IHRNGO también ha recibido numerosos informes sobre personas heridas que fueron "rematadas", y testimonios que señalan que esto ocurrió tanto en las calles como en centros médicos. 

La cadena Iran International afirma que son más de 12.000 las víctimas mortales.

Dos de las reformas legislativas más importantes del plan antibulos que el presidente Pedro Sánchez ordenó poner en marcha en 2024, como reacción a las informaciones falsas que han sido utilizadas para imputar a su esposa, Begoña Gómez, dieron este martes un paso más en el Consejo de Ministros.

La modificación de la ley que regula desde 1984 el derecho de rectificación, con el objetivo de adaptarlo al ecosistema mediático actual de Internet, agilizar su tramitación y facilitar su ejercicio, será enviada en los próximos días al Congreso. Más retraso lleva la reforma de la ley de protección del derecho al honor y a la propia imagen, que data de 1982. Este martes ha pasado el primer filtro para convertirse en anteproyecto de ley y salir, en las próximas semanas, a información pública, por lo que no es probable que vuelva a la mesa del Consejo de Ministros a corto plazo. Esto demorará el inicio de su tramitación en la Cámara Baja como mínimo hasta otoño.

El Ministerio de Presidencia, responsable de ambas iniciativas, no facilitó a infoLibre el articulado de la doble reforma, de manera que resulta imposible examinar, de momento, cuál es su ambición real y hasta qué punto van a cambiar una regulación que se viene aplicando desde hace más de cuarenta años.

Según el titular de este departamento, Félix Bolaños, el objetivo de la primera reforma, la del derecho de rectificación, es ampliar su ejercicio a los entornos digitales cuando alguien se sienta afectado por la difusión de hechos que considere falsos. Si la ley consigue superar la tramitación en las Cortes, para lo cual deberá afrontar un largo debate, las plataformas digitales y los usuarios relevantes de redes sociales —aquellos que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas en las que estén presentes—, y no solo los medios de comunicación convencionales, tendrán que atender las solicitudes de rectificación que les sean presentadas, siempre y cuando admitan haber difundido hechos falsos o inexactos.

En caso contrario, como ya ocurre en la actualidad, los afectados podrán invocar la protección de los jueces, que seguirán siendo quienes decidan si procede o no difundir la rectificación. La novedad será que los llamados usuarios de redes sociales y plataformas con muchos seguidores —al igual que los medios digitales— deberán implementar un mecanismo gratuito, accesible y visible que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación.

El plazo para presentarla pasará a ser de diez días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales, o de veinte si ha sido difundida en medios digitales o en cuentas de influencers. Podrán ejercer este derecho los menores de edad que tengan “la necesaria madurez”, ha dicho el ministro, y, en todo caso, los mayores de 16 años. En el caso de personas fallecidas, podrán solicitarlo sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido designados expresamente.

El Gobierno quiere que los medios digitales que rectifiquen a petición de los afectados o de los jueces estén obligados a crear un nuevo enlace a la información original, con relevancia semejante a la que tuvo la publicación inicial, y que las plataformas en línea la difundan en un lugar visible junto con la información original. Deberán hacerlo, según la propuesta, en el plazo de tres días, y no tendrán que incluir solo hechos, sino que será posible “incorporar opiniones o valoraciones que no resulten excesivas ni sean impertinentes en el objeto de la rectificación”.

La nueva ley simplifica el procedimiento judicial al que pueden acudir los ciudadanos a los que se les deniegue la rectificación, aunque se desconocen los mecanismos concretos a través de los cuales el Gobierno quiere conseguir este objetivo.

Bolaños, en cualquier caso, dio por seguro que, cuando la reforma sea aprobada y entre en vigor, los “desinformadores habituales dedicados al bulo de manera diaria” tendrán más difícil seguir haciendo su trabajo. “Se trata de que cualquier ciudadano esté protegido frente a injerencias, desinformaciones, falsedades, inexactitudes y mentiras que le afectan”, subrayó, y de que tenga, por tanto, “un derecho fácil, accesible, rápido y ágil para poder rectificar esa información”.

Más lenta va la preparación de la prometida reforma de la ley del derecho al honor y a la intimidad personal. Aunque en España ya se podía invocar esta norma para perseguir imágenes falsas susceptibles de dañar la propia imagen, Bolaños la ha presentado como una vía para perseguir los deepfakes: contenidos audiovisuales falsificados mediante técnicas de inteligencia artificial que permiten manipular o generar imágenes, vídeos o audios hiperrealistas en los que una persona parece decir o hacer algo que en realidad nunca ocurrió.

Para mejorar la persecución de este tipo de prácticas, que no existían cuando se promulgó la ley original en 1982, el borrador de la reforma plantea considerar ilegítimo el uso sin autorización de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada con IA o tecnologías similares. Existe, no obstante, una salvedad: en el caso de personas con proyección pública, en un contexto creativo, satírico o de ficción, se podrá utilizar inteligencia artificial, siempre que se haga constar que se trata de imágenes falsas.

Lo único que ha trascendido del anteproyecto, que el Gobierno tampoco ha querido difundir, es que, en materia de consentimiento, se quiere impedir que compartir imágenes personales en una red social suponga que terceros puedan utilizarlas en otras redes o canales de difusión.

Según Bolaños, el texto mejorará también la protección de los menores y establecerá en 16 años la edad a partir de la cual se podrá prestar consentimiento para facilitar la propia imagen.

Por primera vez, si la norma consigue ser aprobada, se regularán los casos de personas ya fallecidas, ampliando las personas que pueden ejercer el derecho en su nombre, incluyendo, por ejemplo, a las parejas de hecho o a quienes mantuvieran una relación de afectividad análoga a la matrimonial. También será posible que la persona afectada pueda, mediante testamento, prohibir la utilización de su imagen o de su voz para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga tras su fallecimiento.

A petición del Ministerio de Igualdad, que ya promovió una medida similar a través de un anteproyecto de ley sobre violencias vicaria pendiente todavía de examen en el Consejo de Ministros, Bolaños ha anunciado que, para proteger a las víctimas de delitos, se considerará un daño al honor que el victimario obtenga algún tipo de rendimiento económico o proyección personal cuando alguien produzca un contenido audiovisual contando lo ocurrido.

Si la ley, que ahora es un mero borrador, llega algún día a entrar en vigor, los jueces dispondrán de criterios para calcular las indemnizaciones a partir de la gravedad de las intromisiones en el honor: repercusiones sociales, reincidencia, gravedad de las expresiones empleadas, etc. En ningún caso la indemnización podrá tener carácter simbólico.

Seguirán exceptuadas, en todo caso, las informaciones protegidas por el derecho a la información, como la difusión de comunicaciones privadas con contenido noticiable por referirse a asuntos de interés general.

Las leyes originales de 1982 y 1984 han sido sometidas en numerosas ocasiones a interpretación por parte del Tribunal Constitucional (TC), que ha sido clave en el desarrollo y aplicación de los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al derecho de rectificación en España, especialmente en su relación con la libertad de expresión y de información. Desde los años ochenta hasta hoy, su jurisprudencia ha definido límites, ponderaciones y garantías fundamentales.

El TC ha señalado que el derecho al honor no es absoluto: debe ponderarse con la libertad de expresión e información. Cuando la información versa sobre asuntos de interés general o personas públicas, el derecho a la información prevalece; pero si se invade el ámbito estrictamente privado sin relevancia pública, prevalece el derecho a la intimidad u honor.

Eso sí, la información debe ser veraz para estar protegida, lo que, en términos del TC, significa que debe ser producto “de una investigación diligente”; o, lo que es lo mismo, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información. A nadie se le exige una “verdad absoluta”, sino una “forma de proceder” en aras de la protección de los derechos del público a la formación de una opinión pública libre, basamento de la democracia.

La doctrina constitucional también establece limitaciones para los cargos públicos, que están obligados a soportar un nivel mayor de crítica que los ciudadanos en general.

Esta interpretación, claramente favorable a la buena praxis periodística, es muy diferente en el caso del derecho de rectificación, en el que el TC no requiere demostrar falsedad ni daño al honor para ejercerlo: basta con sostener que lo difundido es inexacto o perjudicial para el afectado. Algo que no cambiará con la reforma que promueve el Gobierno, que mantiene el derecho a ejercer la rectificación a criterio del solicitante, aunque los hechos difundidos sean ciertos. La redacción de la ley del derecho de rectificación, tal y como se aprobó en 1984 y que el Gobierno planea conservar, facilita rectificar informaciones falsas, pero también verdaderas. Lo que a menudo se ha traducido en abusos.

En las elecciones generales o autonómicas se revela un horror vacui que nadie quiere nombrar: el miedo a la urna vacía. La abstención en la izquierda convierte ese objeto transparente en un espejo incómodo donde se refleja el desencanto colectivo. Muchos la contemplan con cierto orgullo, convencidos de que su abstención es un gesto de lucidez. “Es que ninguno me representa”, suelen decir, como si la democracia fuera un catálogo hecho a medida y no un espacio colectivo que se construye presencia a presencia. Desde una mirada antropológica, su gesto tiene algo de rito interrumpido: un pueblo que convoca una ceremonia para decidir su destino… y una parte que simplemente no acude.

Pero ese vacío no se queda en blanco. Siempre hay quien está encantado de llenarlo. Y cuando lo hace, lo llena también para quienes decidieron no aparecer. Luego llegan las sorpresas, los recortes, las desigualdades que se ensanchan y hasta nos alcanzan, y ese murmullo final de ‘no pensé que fuera a afectarnos tanto’. Porque la abstención, tan silenciosa y tan limpia, deja un hueco perfecto para que otros decidan cuánto valen los derechos del que no votó y cuánta igualdad le toca.

Es lo que se va a producir por el desencanto de una gran parte del electorado, que se materializará en las próximas elecciones generales, cuando quiera que se convoquen. En este caso hablo de personas bien instaladas en su posición económica, con formación y experiencia vital. No son ricos, ni mucho menos, pero gozan de independencia ganada con su trabajo. Ahora con su pensión garantizada (¿?) incluso se pueden permitir alguna que otra incursión en la sanidad privada, pero ¿hasta cuándo? De momento se conforman, como muchos boomers, con que su herencia logre apañar, de una u otra forma, los problemas de sus hijos.

Tienen lo que se podría decir una ideología generalista de izquierdas. Sin embargo, en diversos momentos tras el 15M no lo ha sido tanto, ante las formas, discursos y propuestas que surgieron desde la muy castigada “izquierda radical”. En el fondo, y un poco sí, el daño hecho, esa carga que todos llevamos, provocó un rechazo en este electorado también y no solo en las derechas, a propuestas que hoy ya se reclaman (cómo no son capaces de arreglarlo, esto y lo otro…), se ven lógicas, y que entonces eran anatema.

Hablo de “entonces”, pensando en el recorrido de la última década. La primera reclamación de subida del salario mínimo interprofesional (y la segunda), la primera propuesta ante la necesidad de implantar como un derecho la renta básica universal (o una aproximación), las primeras iniciativas para renacionalizar la producción de energía, o una banca pública, o medidas de impacto para poder disponer de una vivienda en alquiler asequible o en compra protegida… se recibían con una amplia gama de reacciones propias de la “gente de bien”, aderezadas con gestos y comentarios de “cuñao” ante la aparición de las primeras rastas en el Congreso, o el “qué sabrán estos” ante las propuestas/exigencias de medidas sociales progresistas, feministas, de lenguaje inclusivo, o por la defensa de esa riqueza cultural que tenemos en nuestros territorios, llamada lenguas cooficiales, entre otras…

(Disculpen que tome aire porque noto que me sube la tensión).

Vale, el horror vacui… estamos a punto de enfrentarnos a él porque mucha gente se está instalando en el “me han traicionado los de antes y los de ahora… así que, como no puedo votar a ninguno… ¡a mí que no me esperen!”

Coherencia, amigas y amigos, tomen aire también y repasen qué tipo de apoyo dieron ustedes en su tiempo a las medidas relacionadas anteriormente y a muchas otras. En cuánto contribuyeron, escandalizados, a que los que tenían las buenas ideas y las ganas reales de aplicarlas, fueran defenestrados, acosados y casi expulsados del sistema (sólo ante el Tribunal Supremo y hasta 2021, han sido archivadas 29 querellas). Y si las divisiones habidas no se han comprendido, sean capaces, que lo son, de valorar la imperfección en su justa medida, porque… si a un partido con 146 años de historia, casi destruido por el proceso de “guerra civil” de 2016, hace falta empujarlo para que sea parcialmente resolutivo, ¿qué valor le deberían dar a formaciones que no han dispuesto de ese tiempo para madurar organizativamente, pero que sí han puesto el dedo en la llaga casi a diario? Incluso con sus equivocaciones.

Qué reconocimiento, y esto, por tanto, nos lleva a qué apoyo se debería dar a quienes han sufrido acoso constante, judicial, mediático y social por tierra mar y aire, a quienes un ministro de Interior y parte de su gobierno, presuntamente, han utilizado una llamada “policía patriótica” para intentar destruirlos, sin ni siquiera haber logrado implicarles en conspiraciones bolivarianas y del comunismo radical. Todos no son iguales, pero vamos a sufrir ese horror vacui con montañas de papeletas electorales que no van a eliminar el vacío de las urnas.

Coherencia, por favor, coherencia. Ni nosotros a nuestros años, ni nuestros hijos y nietas se lo merecen. Como en Blade Runner (1982), muchos hemos visto cosas que vosotros nunca creeríais… todos esos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia… una mayoría de hombres jóvenes votando a Vox. La actual diferencia es que el horror vacui de ahora no lo es tanto, porque sabemos lo que hay tras el dragón (Calzado, 2023).

Hemos visto y seguimos viendo, cada vez más, ganancias y beneficios monstruosos en la banca, en las energéticas, en la “industria” turística, etc., y ¡vamos a penalizar a los que ponen la mirada efectiva en ello! Si, como electores, aún no son capaces de reconocer a quienes tuvieron el valor de plantear soluciones (¡¡¡ se rompe España !!!) al menos voten a los de al lado, tal vez con la pinza en la nariz que hemos usado otras veces. ¡Pero voten!, por favor.

La ironía es sencilla: quien dice que “ninguno me representa” termina siendo representado igualmente… solo que por la elección de otros.

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José Javier González es antropólogo y analista de la Fundación Alternativas

Sandra Alloush todavía llora al recordarlo. Seis meses después de su detención por agentes de policía alemanes, mientras viajaba en tren de Estrasburgo a Berlín, la refugiada siria nos dice cuando nos reunimos con ella el 18 de noviembre en Estrasburgo: “Lloro cada vez que cuento esta historia. Todavía arrastro este trauma”. Tras huir de lo peor en Siria, esta mujer de 37 años nunca habría imaginado que la tratarían así en un país europeo. “Si me ha pasado esto en Alemania, ¿en qué otro país podría estar segura?”

Por ella y “por los demás”, decidió presentar una denuncia por control ilegal en las fronteras contra el Ministerio Federal del Interior y el presidente de la policía federal ante el tribunal administrativo de Stuttgart. Sandra Alloush no habría podido hacer nada sin el apoyo de varias ONG. En primer lugar, la European Network Against Racism (Red Europea contra el Racismo, Enar), de la que forma parte, pero también el European Center for Constitutional and Human Rights (Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos, ECCHR) y la Gesellschaft für Freiheitsrechte (Sociedad por los Derechos Civiles, GFF), que la ayudaron a preparar la denuncia presentada el miércoles 26 de noviembre.

El documento, al que han tenido acceso Mediapart y el diario británico The Guardian, hace referencia a una “acción fundada” en derecho. En veintiocho páginas, explica por qué “la identificación de la demandante y las medidas posteriores de la policía federal eran ilegales y violaban los derechos” de la víctima. “Apoyamos esta acción judicial porque las prácticas ilegales no deben normalizarse”, justifica la abogada Laura Kuttler, de la GFF. Y porque nadie debería sufrir violencia, humillación o discriminación, añade, cuando ejerce su derecho a circular libremente por Europa.

Aunque las órdenes dadas a la policía alemana provienen del Ministerio del Interior, la abogada precisa que, desde el punto de vista legal, la denuncia se dirige contra el Estado alemán, con el fin de garantizar que “las autoridades respeten los límites establecidos por la legislación de la UE en materia de medidas fronterizas”. Contactado por Mediapart, el Ministerio del Interior alemán ha comunicado que no comenta casos individuales y que los controles en las fronteras interiores de Alemania se “realizan con flexibilidad en cuanto al lugar y el momento, y sobre la base de la información policial y los informes de situación específicos”.

Sandra Alloush relata la “humillación” que sufrió el 16 de junio, de la que se hizo eco en su momento un artículo de Rue89 Strasbourg. Ese día, el tren hizo una parada en la estación de Kehl, donde subieron a bordo agentes de policía. La eligieron por su aspecto entre todas las personas presentes en el vagón. “Me pidieron mis documentos y les mostré mi permiso de residencia”. Un permiso de residencia de diez años, expedido a las personas reconocidas como refugiadas en Francia. Pero el agente le pidió entonces el pasaporte. Ella le indicó que su título de viaje para refugiados (TVR) estaba en proceso de renovación. “Me pidió una fotocopia y un certificado de renovación”. Se los presentó.

“Me explican que no es suficiente y que tendré que bajar del tren. Estoy conmocionada”. Sandra Alloush, periodista de profesión, decide grabarse en vídeo para documentar lo que le está pasando. Los agentes le ordenan que pare y los siga a la comisaría. “No quiero ir porque sé que allí puede pasar cualquier cosa. Insisto en mi derecho y les pregunto qué ley he infringido. Me acusan de haber entrado ilegalmente en Alemania, yo respondo que eso no es cierto y que conozco mis derechos.”

En la estación, los testigos observan la escena sin reaccionar. Ella espera ayuda externa, “pero la miran como si fuera una delincuente”. Tiembla, explica que es una refugiada de guerra, que ya está traumatizada y se siente insegura. Pero la siria no encuentra “ninguna empatía” alrededor.

“El agente me agarra del brazo, le digo que no me toque. Cuanto más nos acercamos a la comisaría, más violento se vuelve”. Ella le suplica que no le paralice el brazo. “Si no te callas, te romperé el brazo”, la amenazó. Una vez en la comisaría, la encierran en una habitación con una policía que la obliga a desnudarse. Por completo. Registran todas sus pertenencias.

Los gestos de Sandra Alloush se aceleran a medida que avanza en su relato. “Mientras estoy desnuda, un policía intenta abrir la puerta, que no está cerrada con llave”. Esto la angustia aún más. A continuación quedo detenida, nos dice mientras imita los barrotes. La obligan a borrar el vídeo que ha grabado y a vaciar la papelera de su teléfono. En ese momento, ya se imagina siendo expulsada, devuelta a un país en el que escapó de un intento de asesinato en 2012 y donde su vida sigue en peligro.

En la celda, piensa en su hijo de 10 años, que vive en Francia. “Por fin me permiten hacer una llamada. Llamo a un amigo en Alemania, que habla con el agente. Este cambia entonces de tono.” Le toman las huellas dactilares —un paso más en la criminalización— y le piden que firme unos documentos en los que se afirma que ha cruzado ilegalmente la frontera y que se ha resistido a los policías. “Les digo que todo eso es falso. Pero entiendo que si no firmo, no saldré de allí.”

Ella afirma que nunca recibió copia de esos documentos. La liberan en el puente que une las ciudades de Kehl y Estrasburgo, mientras los policías la observan desde lejos para asegurarse de que regresa a Francia a pie. “En ese momento, confiesa, pienso en tirarme al río. El nivel de humillación, violencia, inseguridad... era demasiado”. Desde entonces, ha rechazado oportunidades en Alemania y prefiere irse a Bélgica, o ha elegido hacer reuniones por videoconferencia para evitar volver a hacer ese trayecto.

Poco después de los hechos, Sandra Alloush presentó una reclamación por Internet y recientemente recibió una respuesta en la que se le informaba de que se habían retirado los cargos por entrada ilegal en Alemania, pero no los de “resistencia” a la autoridad. “Lo que he vivido es ilegal”, afirma. Es el deseo de justicia lo que la empuja a “superar ese trauma” y a embarcarse en esta batalla judicial. La víctima está convencida de que no es un caso aislado.

Según las ONG, 40.000 personas se han enfrentado a una denegación de entrada en Alemania desde el restablecimiento de los controles en sus fronteras interiores, decidido en septiembre de 2024. “Si mi caso entra dentro de esas cifras, entonces hay motivos para cuestionarlas”, señala, subrayando que estaba en regla y tenía derecho a viajar a Alemania ese día, como ya había hecho en el pasado. Esas cifras, continúa, sirven sobre todo para satisfacer la “agenda política” de la extrema derecha.

Le sorprende que un país que salvó más de un millón de vidas en 2015, en su mayoría sirias, pueda aplicar hoy en día tales políticas migratorias. Ella afirma estar sin embargo lejos de los clichés que se transmiten sobre los extranjeros: mujer, cristiana, con permiso de residencia, trabajadora. Si siendo refugiada, periodista y políglota, con tarjeta de residencia, Sandra Alloush no ha recibido protección, “podemos imaginar lo que les pasa a los solicitantes de asilo que aún no tienen papeles, que no dominan el inglés o que no se atreven a decir nada”, señala Hanaa Hakiki, directora del equipo de justicia fronteriza del ECCHR.

Para las víctimas de estos abusos, añade, presentar una denuncia contra un Estado como Alemania es extremadamente difícil, “dada su precaria situación migratoria y la opinión pública, que presenta constantemente a los migrantes como chivos expiatorios”. “Lo que hace que el caso de Sandra sea una excepción es su valentía y su compromiso. El número de denunciantes puede contarse con los dedos de una mano”, insiste Hanaa Hakiki.

La abogada Laura Kuttler también cree que es lamentable “una política alemana que presenta cada vez más la inmigración como un problema de seguridad”. “Esa visión ha creado un clima político en el que parecen justificados los controles jurídicamente dudosos, incluso ilegales. Parece que prevenir una supuesta amenaza migratoria prima sobre el respeto del derecho europeo o la garantía de la apertura de las fronteras”. Y recuerda que los controles internos solo están autorizados “en circunstancias excepcionales y muy limitadas”, que en este caso no se daban.

“Alemania no disponía de ningún fundamento jurídico europeo válido para realizar controles en la frontera franco-alemana”, prosigue la jurista de la Gesellschaft für Freiheitsrechte . “Los tribunales alemanes y europeos ya han declarado ilegales esos controles, pero el Ministerio del Interior los mantiene alegando nuevas amenazas.” Para ella, el caso de Sandra Alloush ilustra “de manera concreta lo que significan los controles en las fronteras interiores”: un simple desplazamiento profesional se convirtió en un calvario, cuyas “consecuencias son reales y duraderas para la seguridad, la libertad de movimiento y la salud mental” de las personas afectadas.

El Cimade (Comité Intermovimientos de ayuda a los evacuados) cuenta que ha tenido conocimiento de esos controles discriminatorios en la frontera franco-alemana, en particular a través del servicio de acceso permanente a los derechos que ofrece la asociación de solidaridad con los migrantes en Estrasburgo. “Nuestros voluntarios se encontraron con una persona refugiada que fue controlada en Kehl y a la que se le denegó la entrada en Alemania a pesar de que llevaba consigo su tarjeta de residencia de diez años”, señala Lydie Arbogast, delegada nacional de la organización en la región del Gran Este. Este caso, similar al de Sandra Alloush, se registró unas semanas después, en julio.

Aunque la representante del Cimade afirma que aún tiene muy poca información sobre las prácticas en esa frontera, el caso de Sandra Alloush “revela lo que el control migratorio puede generar en términos de violencia, humillación y violación de derechos”: “Este contexto nos preocupa. Somos conscientes de que en las fronteras francesas con España e Italia, los controles llevados a cabo desde hace varios años se han traducido en controles por perfil racial, procedimientos expeditivos ilegales y riesgos para las personas que desean cruzar la frontera, lo que ha provocado numerosos accidentes y muertes.”

Según un informe de Enar que se publicará en febrero de 2026, la discriminación racial es “una práctica sistemática y generalizada” en las fronteras interiores de la UE. Tal y como se ha documentado en las fronteras franco-italiana y franco-española, pero también en la frontera entre Alemania y la República Checa, “las personas racializadas son controladas, registradas, humilladas, a veces expulsadas y víctimas de violencia de manera desproporcionada, sin un procedimiento regular”, detalla Emmanuel Achiri, responsable de políticas y defensa de esta red.

A este respecto, el Ministerio del Interior alemán asegura que “las medidas discriminatorias y la elaboración de perfiles raciales son ilegales y no son practicadas ni toleradas por la policía federal”. Pero, en la práctica, “los viajeros europeos blancos sin documentos pueden pasar, mientras que a los viajeros racializados que llevan consigo un documento de identidad válido les piden más documentos”, constata la ONG. Esto refleja un “régimen de sospecha discriminatorio”, que se nutre directamente de la gestión de las migraciones. “Con la reforma del código Schengen y el pacto migratorio europeo se han reforzado las competencias policiales y de control fronterizo”.

Estos marcos jurídicos crean un “clima permisivo propicio para las prácticas policiales racistas, al otorgar a los agentes un amplio poder discrecional para detener a cualquier persona considerada irregular”, añade Emmanuel Achiri. El informe demuestra que las fuerzas del orden actúan “como guardianes de la inmigración”, decidiendo, a menudo de forma arbitraria, el derecho a entrar en el territorio en función de prejuicios racistas. “El trato violento infligido a Sandra Alloush es una consecuencia directa de esas decisiones políticas”.

Traducción de Miguel López

Estuvo a punto de morir después de que le practicaran un aborto ilegal en México, pero sobrevivió y fundó la farmacéutica que llevó la píldora del día después primero a Estados Unidos y después a millones de mujeres en todo el planeta. No era una científica, una médica ni una política. Sharon Camp, que murió el pasado 25 de octubre en Maryland (EEUU), era una doctora en relaciones internacionales de Pensilvania que constató que la industria farmacéutica no se atrevía a comercializar el anticonceptivo, temerosa del posible rechazo de la población. Y decidió hacerlo ella.

"Tengo un consejo. Al menos una vez en tu vida deja atrás todo por una idea. Una idea grande, descabellada, arriesgada. Yo misma he puesto en práctica esto de la idea descabellada y arriesgada varias veces y, créanme, no hay nada que vaya mejor para desarrollar la capacidad intelectual”, dijo Camp en un discurso que dio en el Pomona College de California, 50 años después de graduarse allí. 

“Eso es sobre todo verdad si no tienes experiencia o formación para esa tarea. Si yo he podido hacerme pasar por un ejecutivo de una farmacéutica durante siete años, tras solo haber cursado genética y astronomía como mis dos únicas asignaturas de ciencias en la universidad, tú también puedes. No pasa nada por empezar con algo pequeño, con unos pocos dólares y unas pocas amigas: solo asegúrate de que puedes tener un impacto enorme, porque no hay nada más divertido que conseguir un gran cambio en las cosas que verdaderamente te importan".

Durante los años 60, ya se usaban altas dosis de píldoras anticonceptivas como píldoras de emergencia para mujeres que habían sido violadas. Pero este uso no estaba aprobado ni tampoco era conocido, ni siquiera en un momento en el que la salud reproductiva y la planificación familiar era un asunto que apoyaban partidos de todo el espectro político estadounidense, al considerar que a más y mejores métodos anticonceptivos, menos abortos. 

En ese momento, Camp trabajaba en planificación familiar y había descubierto las ventajas de ser lobista en el Congreso. Después de estudiar relaciones internacionales, empezó a interesarse por África y por la situación de la mujer. Así comprobó lo que podía provocar la falta de educación sexual y de recursos en salud reproductiva, y pensó que era buena idea presentarse a congresista para luchar por sus derechos. "No estoy segura de que fuese una feminista, al menos en lo que se refiere a estar en organizaciones femeninas, pero recuerdo una charla sobre hogares liderados por mujeres y cómo eran los más pobres entre los pobres, y así comencé a involucrarme emocionalmente en los asuntos”, dijo en una entrevista en 2003.

Pero pronto descubrió que había un camino más sencillo. "Me di cuenta bastante rápido, una vez que me interesé en cómo funcionaba el lobby por el interés público, de que era más fácil hacer política fuera del Congreso que dentro del Congreso". Siguiendo ese camino, Camp fundó a finales de los 80 una organización con el objetivo de llevar lo que popularmente se conoce como pastillas abortivas (que pueden tomarse hasta unas siete semanas después del embarazo) a Estados Unidos. 

Poco después, empezó a interesarse por las píldoras del día después. En los 80, los centros de salud de California habían empezado a empaquetar píldoras anticonceptivas de ocho en ocho, la dosis necesaria para impedir que se produzca el embarazo si se tomaban durante las 72 horas posteriores al sexo. Y en Europa, una empresa húngara estaba fabricando y comercializando pastillas con este uso, pero no conseguía encontrar una farmacéutica estadounidense dispuesta a asociarse con ella. Era 1996 y el movimiento antiabortista estaba ganando relevancia prendiendo fuego a clínicas y disparando contra los médicos.

“Joder, si no lo hacen ellos, tendremos que hacerlo nosotras”, dijo Camp. Así, en 1997 Camp fundó Women’s Capital Corporation, una empresa de solo tres personas, incluida ella, que empezó el largo proceso de investigar desde cero cómo podían comercializar, distribuir y, sobre todo, conseguir la aprobación del medicamento que pretendían vender. Se pusieron en contacto con 150 empresas de capital riesgo que las rechazaron, pero finalmente consiguieron financiación gracias a préstamos de organizaciones que simpatizaban con planificación familiar. 

Pero la financiación no lo era todo. El mayor obstáculo era conseguir la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la agencia federal encargada de regular los productos alimenticios, las medicinas y el tabaco. Fueron unos años de su vida que Camp solía describir con la palabra “thriller” por los muchos reveses que recibieron, pero ella recordaba que seguía luchando porque sabía que si Estados Unidos validaba la píldora como segura y efectiva, muchos otros países del mundo irían detrás y su adopción se dispararía. 

Una de esas batallas fue por el nombre con el que querían vender el medicamento. La FDA rechazó el elegido por la compañía, Plan B, al considerarlo "poco serio". "Pero era muy importante para nosotras que, dadas todas las barreras de acceso, la gente pudiese recordar qué tenía que pedir", explicó después Camp. Y Plan B era fácil de recordar.

Plan B llegó al mercado en 1999 de la mano de la que posiblemente fuese la farmacéutica más pequeña del mundo, y hoy día ese es el nombre con el que popularmente se conoce a la píldora del día después en EEUU. Pero la lucha de Camp no terminó ahí. El siguiente paso conseguir que la píldora anticonceptiva de emergencia se vendiese sin receta, otro logro que Camp no consiguió hasta siete años después, en 2006, y solo para mujeres de 18 años o más. España aprobó la misma medida en 2009, Argentina, en 2023 y Japón lo hizo hace tan solo unas semanas.

A día de hoy, son muchos los que continúan considerando las píldoras anticonceptivas de emergencia como abortivas. Sin embargo, las conocidas comúnmente como píldoras del día después, que se toman en los días posteriores a una relación sexual sin protección o en la que la protección ha fallado, previenen el embarazo al bloquear la fecundación del óvulo, como recuerda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y pese a lo que indica su nombre, son efectivas si se ingieren a lo largo de los cinco días siguientes de la relación, cuando pueden prevenir el 95% de los embarazos. La misma organización recalca que el uso de la anticoncepción de urgencia no tiene ninguna contraindicación médica ni tampoco ningún límite de edad.

A lo largo de los últimos años, el uso de las píldoras de emergencia ha crecido en Estados Unidos, especialmente después de que el Tribunal Supremo derogase la protección constitucional del derecho al aborto en 2022. Actualmente son 41 estados los que prohíben el aborto de una u otra manera (en 12 está prohibido totalmente, en 29 depende del estado de la gestación).

“Sharon fue una figura central en la comunidad mundial de planificación familiar y salud reproductiva, aunque no era muy conocida por el público, incluso cuando el legado de su vida profesional benefició directamente a millones de personas en todo el mundo”, recuerda la Population Action International (PAI), una organización internacional con sede en Washington que trata de mejorar el acceso a la salud reproductiva en todo el mundo y de la que Camp formó parte. “Sus dos décadas de liderazgo en la PAI ayudaron a que el presupuesto de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) para la planificación familiar y para programas de salud reproductiva en países de bajos ingresos aumentase dramáticamente”. “Su obra cambió lo que es posible para las mujeres y las niñas en todo el mundo”, ha añadido su presidenta y CEO, Nabeeha Kazi Hutchins.

Sharon Camp murió en una residencia de ancianos en La Plata, Maryland, a pocos minutos de la capital estadounidense pero sin que el mundo supiese quién era. Tampoco se hizo rica gracias a la píldora de emergencia, ya que la mitad de los beneficios fueron a las organizaciones que financiaron el desarrollo producto y que el resto decidió donarlo a otras organizaciones benéficas. Tenía 81 años.

Reflexionar sobre la realidad que vivimos es necesario no ya para elegir las actitudes y hacernos dueños de las propias ideas, sino para mantener la esperanza, un sentido de la existencia que nos salve de la renuncia. Darse por perdidos puede ser la deriva final del miedo y las desilusiones, el resultado de una impotencia que invita a tirar la toalla cuando los fracasos de la justicia y la libertad se mezclan con el predominio del odio. Comunicar la ilusión es importante para generar un compromiso con las buenas causas. Hay que ilusionar a la sociedad. Pero hoy también es necesario, junto a la comunicación, un ejercicio intelectual profundo y exigente que nos haga activos. Necesitamos su ayuda para mantener una ética del conocimiento o un conocimiento ético del mundo que sostenga el compromiso con aquello que debe ser comunicado y defendido.

Merece la pena debatir sobre los conceptos que animan las noticias y las actitudes. Palabras como libertad, igualdad, individualidad, diversidad e identidad mezclan lo que se dice con lo que ocurre. Y las interpretaciones matizadas a veces son tan importantes como las fronteras entre la verdad y la mentira. La lectura de La sociedad de la desconfianza (Arpa, 2025), el último libro de Victoria Camps, supone una invitación cívica a pensar en los dogmas y los matices del mundo que vivimos, una realidad que le pide al pensamiento tanto el afán de la conciencia crítica como el ahínco a la hora de mantener la esperanza.

Nuestro mundo se caracteriza por un desplazamiento de la libertad hacia la ley del más fuerte, el mandato de un individualismo sin regulación comunitaria. Este individualismo, propio del capitalismo caníbal, se desconecta de las situaciones sociales, de los contextos y las influencias, borra los deberes y hace de los triunfos y los fracasos un recuento de los méritos personales. Se trata de separar la libertad individual de las ilusiones colectivas, por lo que la palabra igualdad queda borrada de la convivencia. Surgen así las dinámicas que caracterizan hoy los argumentos neoliberales, que van del culto impudoroso a los millonarios y de la defensa de la desregulación hasta el nuevo protagonismo agresivo de los discursos machistas, identificando la igualdad de género con una agresión feminazi contra los valores de siempre. Defender derechos o políticas inclusivas y reparadoras se entiende como una amenaza contra la libertad.

Y, en este punto, el ejercicio intelectual democrático debe entender por su cuenta los matices que separan la igualdad necesaria y la homogeneización peligrosa. En los debates de hoy vale la pena tener en cuenta no ya el machismo característico de las relaciones entre hombres y mujeres, sino las perspectivas desde las que podemos fundamentar la rebeldía. Resulta necesario unir el deseo de igualdad con el reconocimiento de la diversidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer rica o pobre, blanca o negra, heterosexual o lesbiana, laica, cristiana o musulmana… Si queremos que el pensamiento se acerque a la vida debemos unir los derechos universales al reconocimiento de las experiencias diversas.

Pero, por otra parte, hay que estar atentos para que este respeto a la diversidad no se convierta en un festival celebratorio de las diferencias que nos haga olvidar el derecho prioritario a la igualdad. La cultura reaccionaria, como indica Victoria Camps, suele manipular la diversidad para borrar o dificultar el compromiso con lo colectivo en un sentimiento común de ciudadanía. Es un matiz importante. Defender el diálogo cauteloso entre igualdad y diversidad me parece imprescindible si queremos mantener la esperanza en una sociedad que no haga de la libertad la ley del más fuerte, sino el aire de una convivencia justa y posible entre derechos y deberes.

La sociedad de la desconfianza, que nos aleja del respeto a lo público y desacredita la política, provoca también identidades fanáticas que se niegan a pensar en los matices. Parece que la reflexión y el diálogo con lo otro son un síntoma de debilidad. La ley del más fuerte invita al fanatismo. Por eso es tan importante contar con maestras como Victoria Camps. Nos ayudan a mantener la esperanza en el fuego de Prometeo mientras meditan sobre la educación, los movimientos sociales y las deficiencias o los mitos de nuestros valores democráticos. Como dice Victoria, la confianza tiene que ver con el saberse frágil y vulnerable: “Son las crisis, los sucesos imprevistos, las guerras, la violencia psíquica o física lo que socava la confianza a la vez que uno se esfuerza por recuperarla”. 

¿En qué momento preciso podremos finalmente creer que ha sucedido lo inimaginable? Por ejemplo, ¿que la democracia estadounidense, bajo el segundo mandato de Donald Trump, ha dado un giro hacia el autoritarismo?

Antes de que los historiadores se hagan cargo de esta cuestión dentro de unos años para intentar resolverla, los contemporáneos se ven obligados a luchar con la realidad, atrapados en los acontecimientos y la actualidad como un conejo ante las luces de un coche, esforzándose por ver los signos de una posible debacle política, mientras el país se prepara para celebrar los 250 años de la revolución contra la monarquía británica.

“La destrucción de las normas democráticas se produce rápidamente en el contexto de la historia de los Estados Unidos, pero sigue siendo lenta en comparación con nuestra capacidad cotidiana, distraída, para comprender lo que está sucediendo ante nuestros ojos”, opina John Avlon, experiodista de CNN.

En un texto titulado "Estados Unidos se inclina hacia el fascismo", el periodista Garrett Graff también considera que el país se despertó el lunes en otro mundo. “Todo lo demás, a partir de ahora, es solo una cuestión de grado, y de saber hasta qué punto empeorará la situación y hasta dónde llegará”, escribe. “¿Acabaremos ‘simplemente’ como Hungría o iremos hasta el final, hacia un Reich americano? Por el momento, después de haber estudiado durante años la Segunda Guerra Mundial, me temo que la trayectoria de Estados Unidos se parece más a la de Berlín en 1933 que a la de Budapest en 2015”.

Para respaldar esta visión distópica, destaca que, desde hace varios días, militares de la Guardia Nacional, procedentes de Estados gobernados por republicanos, están desplegados en las calles de Washington. Los soldados van incluso armados. ¿La justificación? Luchar contra la delincuencia y los delitos.

El lunes 25 de agosto, el “amo” de la Casa Blanca fue aún más lejos al firmar una orden ejecutiva en el que ordenaba a su ministro de Defensa, Pete Hegseth, crear “unidades especializadas” dentro de la Guardia Nacional que se encargarían de mantener el orden. El texto no especifica bajo qué autoridad actuarán. Hasta ahora, esta fuerza militar de reserva se movilizaba a petición de los gobernadores de los Estados.

Pero Trump ha demostrado que se trata sobre todo de utilizarla con fines políticos e imponer su voluntad en los Estados o ciudades controlados por la oposición demócrata, como en California en junio, incluso sin el visto bueno de los gobernadores. Afirmó que quería enviarla a Chicago, Illinois, o a Baltimore, en Maryland.

El gobernador de este último Estado, Wes Moore, dijo que se negaría, al considerar que la medida no era “sostenible” debido a su coste, además de “inconstitucional”. “Esto desvía la atención del hecho de que las desastrosas políticas económicas del presidente encarecen todo para los americanos de a pie”, añadió el político demócrata.

En el Despacho Oval, durante la firma de la orden ejecutiva, Donald Trump respondió a los periodistas que a muchos americanos “les gustaría tener un dictador”. “Mucha gente dice: ‘Quizás nos gustaría tener un dictador’. A mí no me gustan los dictadores. Yo no soy un dictador. Soy un hombre con mucho sentido común e inteligente”, explicó. Pero, como siempre con Trump, hay que juzgarlo por sus actos y no por sus palabras.

Eso es lo que llevó a J. B. Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, a calificarlo de “dictador”. El lunes, en Chicago, Pritzker denunció la decisión de Trump de “utilizar al ejército para ocupar una ciudad americana, castigar a sus disidentes y ganar puntos políticamente”. “Si eso ocurriera en cualquier otro país, no tendríamos ningún problema en calificarlo de peligrosa toma de poder”, afirmó, y añadió dirigiéndose al presidente: “No venga a Chicago. Aquí no es usted deseado ni necesario”.

Esta militarización al servicio de la política autoritaria de la Casa Blanca no puede sino reforzar las certezas de quienes llevan meses alertando sobre la deriva actual.

En este contexto, el cese de varios altos cargos del ejército no ha pasado desapercibido. El teniente general Jeffrey Kruse, que dirigía la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), ha sido destituido. No se ha dado ninguna explicación, pero el presidente había expresado su descontento con un informe de la DIA que, en contra de lo que él afirmaba, estimaba que los ataques llevados a cabo en junio por Estados Unidos en Irán no habían destruido totalmente los objetivos.

Antes del despliegue de la Guardia Nacional en la capital federal, el presidente también otorgó más medios y poderes a la policía de inmigración (Immigration and Customs Enforcement, ICE). Sus agentes, que, con el rostro oculto, detienen en plena calle a quienes les parecen sospechosos, se han convertido en el símbolo más aterrador de la represión que se está viviendo.

El presupuesto aprobado antes del verano —la "gran y hermosa ley", como la ha denominado Trump— dedica más de 175.000 millones de dólares a la lucha contra la inmigración, mientras que la Administración se ha comprometido a llevar a cabo una expulsión masiva de inmigrantes indocumentados. De ellos, 75.000 millones de dólares adicionales van exclusivamente al ICE, lo que la convierte en la agencia mejor dotada del gobierno federal.

Como destaca la revista The Atlantic, estos 175.000 millones de dólares “superan el presupuesto militar anual de todos los países del mundo, excepto Estados Unidos y China”. Todo ello sin ningún tipo de control sobre el gasto, lo que puede llevar a que las empresas privadas cercanas a la Administración, encargadas de gestionar las prisiones, se llenen los bolsillos.

Al igual que durante el primer mandato de Trump, no faltan los conflictos de intereses.

La persona que nombró ministra de Justicia, Pam Bondi, que fue fiscal general de Florida, trabajó hasta 2019 como lobbista para el grupo GEO, gestor de prisiones privadas que ya había invertido 70 millones de dólares en previsión de un aumento de su capacidad incluso antes de la elección del candidato republicano. Su “zar de las fronteras”, Tom Homan, fue consultor de GEO durante la Administración de Joe Biden.

Esta ola represiva no solo se dirige contra los indocumentados, sino también contra quienes se atreven a interponerse en el camino de Trump, tanto demócratas como algunos republicanos.

Convencido de que fue víctima de una caza de brujas con Joe Biden y de que le robaron las elecciones de 2020, Trump decidió presentarse de nuevo a las elecciones para llevar a cabo una operación de venganza contra sus enemigos reales o supuestos, como relata el periodista Michael Wolff en su libro All or Nothing (Todo o nada, edit. Penguin Random House), publicado en marzo.

Sus allegados nombrados al frente de las fuerzas policiales y del ministerio de Justicia no necesitan que se les recuerde su misión. El viernes 22 de agosto, el FBI llevó a cabo un registro en el domicilio y la oficina del neoconservador John Bolton, asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato, convertido en uno de sus críticos más feroces.

Se ha dado muy poca información sobre los motivos de esta medida. Donald Trump había reprochado a su exasesor haber utilizado información clasificada en un libro publicado en 2020. La investigación abierta a raíz de ello se abandonó en 2021, tras la victoria de Joe Biden.

En un editorial, el Wall Street Journal evoca una “vendetta” contra el exasesor, estimando que “cada vez parece más claro que la venganza ocupa un lugar importante, incluso preponderante, en la forma en que definirá el éxito de su segundo mandato”.

“Quizás el presidente también espera que el registro del FBI silencie a Bolton, pero conociéndolo, nos cuesta imaginar que eso vaya a funcionar. El verdadero culpable aquí es un presidente que parece creer que puede utilizar los poderes de su cargo para llevar a cabo venganzas. Dijimos que este era uno de los riesgos de un segundo mandato de Trump, y está resultando peor de lo que imaginábamos”, concluye el diario conservador.

Anteriormente se habían abierto investigaciones sobre cuatro antiguos responsables de la Administración Trump durante su primer mandato: James Comey, que fue director del FBI, John Brennan, que dirigió la CIA, Miles Taylor, exjefe de seguridad interior, y el teniente coronel Alexander Vindman.

Aunque, oficialmente, la Administración Trump quiere destapar la “instrumentalización de la justicia” bajo la Administración Biden, utiliza los medios del Estado federal para ajustar cuentas. Hay otras dos figuras demócratas en el punto de mira: Letitia James y Adam Schiff. La primera, fiscal general de Nueva York, había llevado a cabo la investigación contra la Organización Trump y sus dirigentes, acusados de haber inflado el valor de los activos para negociar préstamos ventajosos con los bancos. El segundo era miembro de la comisión de investigación sobre el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio.

Las autoridades federales han iniciado de este modo investigaciones penales sobre transacciones financieras personales que parecen ser ahora el sello distintivo de la venganza de Donald Trump.

La última víctima de esta “vendetta” es Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Reserva Federal (Fed) y la primera mujer negra en ocupar este cargo. Trump anunció su destitución en una carta publicada en su red social, Truth Social, en la que la acusa de fraude por un préstamo hipotecario personal. Se trata de algo inédito en la historia de la Fed.

Lisa Cook respondió que no se iría: “El presidente Trump ha invocado un ‘motivo válido’ para despedirme, cuando no existe según la ley, y no tiene poder para hacerlo. No voy a dimitir. Seguiré desempeñando mis funciones para ayudar a la economía americana, como lo vengo haciendo desde 2022.” Una nueva ilustración de la “toma autoritaria del poder”, según la senadora demócrata Elizabeth Warren.

Para Garrett Graff, autor de America Plunges into Fascism (Estados Unidos se hunde en el fascismo), “la situación sin duda va a empeorar: Trump busca claramente aferrarse al poder de forma ilegítima”. “Aún no sabemos si podremos recuperarnos de este momento”, continúa. “Pero hoy está claro que Estados Unidos es diferente y, aunque luchemos, nunca volverá a ser el mismo”.

El lunes 25 de agosto, se desplegó un enorme retrato de Donald Trump en la fachada del ministerio de Trabajo en Washington. Un culto a la personalidad más propio de Corea del Norte con Kim Jong-un. Un líder al que Trump le gustaría volver a ver “en un futuro adecuado”, según declaró el lunes al recibir al presidente surcoreano Lee Jae-myung, con quien se lleva muy bien...

Trump prometió el martes que se solicitaría la pena de muerte para cualquier asesinato cometido en Washington, a pesar de que esta pena fue abolida en la capital federal en 1981. “Si alguien mata a alguien en la capital, Washington D.C., pediremos la pena de muerte. Y eso es fuertemente disuasorio”, declaró el presidente americano durante un consejo de ministros en la Casa Blanca.

La Administración Trump podrá solicitar esa pena en los casos de asesinato que puedan ser juzgados a nivel federal, pero no en los que se juzguen a nivel local. Sin embargo, el presidente republicano, ferviente partidario de la pena de muerte, podría intentar modificar la legislación vigente en la capital, bastión tradicionalmente demócrata. Washington no forma parte de ningún Estado y tiene un estatus especial, ya que el Congreso tiene derecho a supervisar los asuntos de la ciudad.

En 1992, tras el asesinato de un asistente parlamentario, el Congreso impuso la celebración de un referéndum para restablecer la pena de muerte en Washington, pero dos tercios de los habitantes la rechazaron.

A su regreso a la Casa Blanca a finales de enero, el republicano firmó una orden ejecutiva en la que pedía que se ampliara su uso “para los delitos más viles" y daba instrucciones a los fiscales federales para que interpusieran este tipo de acusaciones con mayor frecuencia.

Traducción de Miguel López

No es poca cosa, 80 denuncias. Porque ese es el número de alertas que se han enviado oficialmente a Pharos, la plataforma de denuncia de contenidos ilícitos en Internet dependiente del ministerio del Interior, en relación con el canal de streaming Jeanpormanove en Kick, donde un hombre murió en directo hace unos días.

La información proviene de la propia ministra de Transición Digital. Invitada a France Inter el lunes 25 de agosto, Clara Chappaz declaró: “Pharos, la plataforma de denuncias de contenidos, ha recibido varias denuncias y las ha tramitado. Si tenemos en cuenta el número que se ha recibido, antes, durante y después de la publicación del artículo, unas 80, mientras hay 200.000 personas que pagaban por ver este contenido...”.

Lo que la ministra da a entender es que muchos más internautas deberían haber denunciado este triste espectáculo, ofrecido casi todas las noches por los streamers Owen C., Safine H. y Gwen C., que maltrataban regularmente a hombres vulnerables para generar visitas y donaciones online.

Pero este número de denuncias contradice en realidad la idea de que nadie sabía lo que estaba pasando en Kick, esta plataforma de vídeo australiana poco conocida en Francia, y su canal más seguido, Jeanpormanove, con 190.000 suscriptores.

El ministerio del Interior no ha respondido a la solicitud de contacto de Mediapart.

En Pharos, cualquier ciudadano puede alertar a las autoridades si encuentra contenido ilícito en Internet, por ejemplo: “violencia, puesta en peligro de personas, amenazas o apología del terrorismo, injurias o difamación, incitación al odio racial o la discriminación, delitos contra menores”, enumera la página web oficial. El proceso de denuncia dura unos minutos, ya que hay que proporcionar una dirección URL, calificar el contenido manifiestamente ilícito y rellenar un formulario de identificación.

En 2024, Pharos recibió 222.364 denuncias, según datos del ministerio del Interior, de las cuales 697 fueron “tratadas con carácter de urgencia absoluta, con el fin de salvaguardar la vida humana”, según se indica. El número total es astronómico, teniendo en cuenta el escaso número de agentes de la Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia (Ofac) encargados de tramitarlas: según la web ZDNet, hay 180 personas en la sede de Nanterre (Hauts-de-Seine) y 200 repartidas por las delegaciones territoriales.

Los equipos de Pharos tienen autoridad para pedir “a los operadores técnicos que retiren o limiten la visibilidad de los contenidos ilícitos denunciados”, cuando se trata de abusos sexuales a menores o de contenidos terroristas. También pueden “notificar a los proveedores de alojamiento” para pedirles que retiren los contenidos denunciados, en otros casos como los contenidos discriminatorios.

¿Qué ha sido de esas ochenta denuncias recibidas, e incluso “tramitadas” por Pharos, como ha confirmado Clara Chappaz? En France Inter, la ministra indica que “las herramientas de que disponemos permiten a los servicios del ministerio del Interior, a través de Pharos y la Ofac, solicitar a las plataformas de las que tienen conocimiento de contenidos manifiestamente ilícitos que los retiren”. Lo que significaría que, en el caso que nos ocupa, los agentes decidieron que los contenidos del canal Jeanpormanove no eran manifiestamente ilícitos.

El fiscal de Niza abrió diligencias previas el 15 de diciembre de 2024, al día siguiente de la publicación de dos artículos de Mediapart que sacaban a la luz lo que parecía ser un negocio de maltrato en el canal Jeanpormanove.

Se imputaron tres cargos: “Provocación pública por medio de un medio de comunicación electrónico al odio o la violencia contra una persona o un grupo de personas por motivo de su discapacidad, violencia voluntaria en reunión contra personas vulnerables y difusión de imágenes relativas a la comisión de delitos de atentado voluntario contra la integridad de la persona.”

En enero de 2025 fueron detenidos y se les incautó su material informático dos de los streamers que organizaban las retransmisiones en directo y solían golpear a Raphaël Graven y a Stéphane, un hombre discapacitado apodado Coudoux. Las dos víctimas fueron interrogadas por la gendarmería y ambas dijeron que eran consentidores.

Unas semanas más tarde, se reanudaron las retransmisiones. Primero en Malta, donde los streamers se exiliaron durante un tiempo, y luego en el mismo local de Niza donde tuvieron lugar los abusos descubiertos por Mediapart. En el verano de 2025, la máquina se puso definitivamente en marcha, a pesar de que las diligencias previas seguían abiertas. Volvieron a multiplicarse las largas retransmisiones en directo, las privaciones de sueño, los lanzamientos de pintura, las bofetadas, los gritos y las humillaciones.

Todo ello delante de las narices de las fuerzas del orden, que pasaron nada menos que cinco veces por el local de Niza el mes anterior a la muerte de Raphaël Graven, según descubrió Mediapart.

· 17 de julio de 2025, hacia las 21:00 horas. La gendarmería interviene en directo, pocas horas después de que Safine H. diera una vuelta en coche con Raphaël Graven encerrado en el maletero del vehículo. “La gente llama diciendo que hay un problema [...] Nos dicen que han metido a alguien en el maletero del coche”, se oye decir a un agente. Pero éste se marcha. Naruto se queja entonces de que los espectadores hayan avisado al PSIG (pelotón de vigilancia e intervención de la gendarmería) y se burla de que les han mentido sobre la presencia de Raphaël Graven en el maletero.

· 24 de julio de 2025. “Está ahí la poli”, dice Owen C. antes de salir del campo de la cámara. Raphaël Graven está cubierto de pintura, después de que Safine H. le haya disparado con una pistola de paintball. También sale de la habitación para hablar con las fuerzas del orden. Los tres hombres regresan. “Son majos”, dice Owen C. riendo, “han visto a JP lleno de pintura, le han puesto la linterna encima y han dicho: «¡Ah!”. Los agentes se marchan.

· 13 de agosto de 2025, a las 17:00. Los gendarmes vuelven a aparecer en directo. “Intenten concienciar a sus... no sé cómo se dice... a sus followers, no sé, porque tenemos otras cosas que hacer”, dice el gendarme. Y se marcha.

· El 14 de agosto de 2025, a las 7 de la mañana. A la mañana siguiente, dos gendarmes vuelven a la habitación donde los hombres duermen en directo, el lugar donde Raphaël Graven murió cuatro días después. Piden los documentos de identidad. Coudoux se levanta, demacrado, y se quita la cadena falsa que le rodea el vientre. “¿Se graban durmiendo o qué?”, pregunta un gendarme, que se marcha diciéndoles: “¡Buenas noches, chicos!”.

· 14 de agosto de 2025, a las 18:00 horas. Dos agentes más mayores vienen a realizar un nuevo control de identidad. Raphaël Graven lleva una minifalda y medias de rejilla. Owen C. le hace una foto discretamente junto a los agentes y luego muestra la imagen a sus espectadores, divirtiéndose con el contraste. “Fijaos en esta foto, es legendaria”, dice riendo. Las fuerzas del orden se marchan.

Al ser preguntados también sobre este punto, en el ministerio del Interior no ha respondido.

Traducción de Miguel López

Nadie puede ser condenado por conductas que, al momento de cometerse, no estén tipificadas en el Código Penal o en cualquier otra ley como delito. Es el principio de legalidad penal, una garantía básica contenida en la Constitución que aprende cualquier estudiante en los primeros años del grado de Derecho. Se trata de un derecho fundamental que, además, obliga siempre a aplicar al procesado la ley penal más favorable para él. Pese a tratarse de normativa elemental, el Tribunal Constitucional ya acusó al Supremo de saltársela en su sentencia sobre el caso de los ERE de Andalucía provocando un enorme malestar entre los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que llevó a algunos a plantear incluso la posibilidad de abrir causas a miembros del órgano de garantías por prevaricación, algo de todo punto ilegal. El recurso de amparo de Puigdemont puede replicar a partir de septiembre la misma situación: que el Constitucional reproche a la Sala de lo Penal, en teoría la más garantista con los derechos fundamentales de los reos, la vulneración del principio penal más esencial.

En el caso de los ERE de Andalucía, la vulneración del derecho a la legalidad penal que encontró el Constitucional se basó en el hecho de que, tanto la sentencia de la Audiencia de Sevilla como la del Supremo, condenaron por prevaricación y malversación a los principales dirigentes políticos de la Junta de Andalucía —entre ellos a dos expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y a varios exconsejeros— por la aprobación en el Gobierno andaluz de los anteproyectos de ley de presupuestos en los que se contenían las partidas a través de las cuáles se cometió el fraude.

El órgano de garantías explicó algo tan obvio como que un anteproyecto de ley es un texto sin valor hasta que se convierte en ley tras su votación en el Parlamento. Una vez aprobadas esas leyes de presupuestos, nadie las recurrió ante el Tribunal Constitucional, el único organismo que puede enjuiciarlas. La conclusión fue que los políticos cuya sentencia se anuló o rebajó pudieron creer que la Junta actuaba legalmente amparándose en esas leyes de presupuestos andaluces, a diferencia de otros cargos de los que sí se comprobó que conocían que los fondos de las partidas aprobadas por ley se dedicaban en realidad a fines fraudulentos.

En el caso de Puigdemont y el resto de exconsellers catalanes procesados o condenados en el juicio del procés, el Supremo se ha negado repetidamente a aplicar la ley de amnistía a los investigados o sentenciados por malversación. Y ello pese a la literalidad de la norma y a su intención expresa, recogida tanto en su exposición de motivos como por los grupos que la apoyaron en el Parlamento durante su tramitación, de hacerla efectiva para el expresident y los demás dirigentes procesados. El caso es similar al de los ERE: una supuesta vulneración del derecho de legalidad penal —porque la ley de amnistía, recientemente avalada por el TC, establece que sus delitos están perdonados— a la que se sumarían otros derechos fundamentales básicos, como la retroactividad de las normas más favorables para el reo o el de tener acceso a un proceso con todas las garantías.

Salvo algunas excepciones, un gran número de expertos penalistas, procesalistas y constitucionalistas de diferentes universidades –incluso algunos que confiesan que están políticamente en contra de la norma– han considerado (al igual que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la magistrada de la propia Sala de lo Penal Ana Ferrer, que en julio de 2024 firmó un voto particular discrepante) que la interpretación del Supremo y su decisión de inaplicar el perdón a la malversación es forzada, contraria a los criterios de interpretación del derecho español –la propia textualidad de la ley, pero también la intención de la norma y la del legislador– y que busca el efecto contrario al que persigue la norma jurídica: perjudicar a las personas a las que esta estaba destinada a beneficiar.

Para hacerlo, el Alto Tribunal recurre a un argumento de lo más retorcido. Que el delito de malversación que se imputa a Puigdemont y compañía, fundado en el uso de fondos públicos de la Generalitat para gastos del procés, provocó un "beneficio patrimonial" en los condenados y procesados que, según los magistrados, se materializó en el hecho de no tener que afrontar esos gastos con su dinero. "Siendo consciente de que el legislador ha querido amnistiar aquella malversación", sostuvo el excatedrático de Derecho Administrativo, exministro y expresidente del Consejo de Estado Tomás de la Quadra-Salcedo, el Supremo "entiende que una cosa es lo que quiera el legislador y otra lo que la ley dice", recogió en un artículo en El País el pasado enero. "Parece evidente que no es solo el legislador quien lo quiere, sino la propia letra de la ley".

El revolcón del Constitucional al Supremo con la sentencia de los ERE dejó una herida abierta en el Alto Tribunal. Tras la presentación de querellas por prevaricación contra los magistrados progresistas del órgano de garantías por grupos ultras como Vox o Hazte Oír por la anulación de las condenas, la Sala que hasta noviembre dirigía el conservador Manuel Marchena las archivó, pero advirtió de que el Alto Tribunal podría abrir una causa por ese delito. Se trata de algo ilegal, proscrito por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece que las resoluciones del órgano "no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado" y permite a sus miembros anular cualquier resolución que lo intente. En el Constitucional, esas resoluciones se recibieron como una amenaza directa procedente del Supremo al que acusaron de estar actuando "en el campo de la política" e incumpliendo "flagrantemente" una norma de rango legal.

El escozor por las sentencias que supusieron la excarcelación de varios ex altos cargos andaluces se ha traducido también en una decisión insólita de la Audiencia de Sevilla. Los magistrados de su sección primera se han negado a redactar una nueva sentencia conforme a los parámetros impuestos por el Constitucional y han llevado las sentencias de este último ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los expertos no auguran un gran recorrido a esta maniobra que consideran meramente dilatoria, pero en el órgano de garantías se ha interpretado como un conato de rebelión que intenta socavar su jurisdicción en la línea del PP y de la derecha judicial, que, desde que perdió la mayoría en el órgano en 2023, acusa a sus miembros de actuar políticamente.

Si, como se espera, el Constitucional otorga finalmente el amparo a Puigdemont y acusa de nuevo al Supremo de vulnerar garantías penales básicas, podría producirse un nuevo choque de trenes. El instructor de la causa del procés en el Supremo, el magistrado conservador Pablo Llarena, lanzó un aviso a navegantes el pasado abril en un acto en Granada al afirmar que el Constitucional solo puede analizar la constitucionalidad de la ley de amnistía, algo que ya ha hecho avalándola el pasado junio, pero no decidir "a quién se aplica y a quién no se aplica", dijo, porque eso solo corresponde a los tribunales ordinarios. Es decir que, según el magistrado del Alto Tribunal, él y sus compañeros carecen de cualquier tipo de control sobre sus resoluciones. Aunque vulneren, a sabiendas y con argumentos forzados y retorcidos, derechos fundamentales básicos de las personas que comparecen ante ellos.

Dada la mayoría que el PP y Vox tienen en el Ayuntamiento de Jumilla, el requerimiento del Gobierno enviado al municipio para que anule el acuerdo que impedirá de facto la celebración de festividades musulmanas en el pabellón deportivo municipal de la localidad cuenta, a priori, con muy pocas opciones de prosperar. Pero el escrito supone el último trámite administrativo antes de que el Ejecutivo recurra ante los tribunales de lo contencioso-administrativo la moción presentada por Vox y luego blanqueada por el equipo de gobierno del PP con el objetivo claro de impedir en dependencias municipales los actos religiosos que la comunidad musulmana de esa localidad venía celebrando desde hace décadas sin ningún tipo de problema y siempre con licencia del Ayuntamiento, según explicó el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal.

El escrito de la Abogacía del Estado, firmado por la delegada del Gobierno en Murcia, María Dolores Guevara Cava, se basa en el texto inicial de la moción de Vox (luego enmendada y apoyada por el PP), las declaraciones de sus dirigentes y las reflejadas en sus perfiles en redes sociales para concluir lo obvio: que el acuerdo que insta al ayuntamiento a "proteger" y "defender" los "valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país" y le obliga a reformar el reglamento de instalaciones deportivas para impedir su uso para "actividades culturales, sociales o religiosas" tiene una única finalidad: la voluntad política de impedir las celebraciones religiosas musulmanas en esas instalaciones. Un objetivo que sus promotores —el único concejal de Vox y el grupo municipal mayoritario del PP— no solo no ocultan, sino que reconocen expresamente.

El acuerdo, aprobado el pasado 28 de julio, parte de una moción presentada por Juan Agustín Navarro, el único concejal de Vox en el Ayuntamiento. En ella, el edil reclamaba al Gobierno Local la prohibición de la celebración pública del Eid al-Adha, la fiesta del cordero musulmana, y "otras conmemoraciones similares ajenas a nuestras tradiciones". También le pedía que reclamara a las autoridades promover "la gastronomía y carnicería tradicionales españolas frente a la expansión de los sellos extranjeros como el halal", el que certifica que el animal se ha sacrificado conforme a la tradición islámica. En la motivación de la declaración aseguraba, además, que esa fiesta suponía "un retroceso cultural" y un "agravio comparativo hacia quienes conservan las tradiciones españolas". Para aprobarla, el equipo de gobierno del PP la enmendó retirando toda la parafernalia racista y antimusulmana de Vox, pero manteniendo su esencia discriminatoria: que se reformara la normativa municipal para evitar que los musulmanes siguieran desarrollando su celebración en el pabellón deportivo.

Que el objetivo era ese también se desprende de las declaraciones posteriores a que se aprobara el acuerdo. "Solo estamos defendiendo nuestras tradiciones frente a la constante ofensiva ideológica de la izquierda por imponernos costumbres ajenas a nuestra identidad", dijo el concejal de Vox a un periódico local. El edil también aseguró que, a partir de ese momento, "no se volverá a celebrar ni el fin del Ramadán ni el rezo del cordero". En su perfil de X, la formación ultraderechista se vanaglorió de haber conseguido que se aprobara "el primer decreto que prohíbe las ceremonias islámicas en lugares públicos en España". "España ha sido y seguirá siendo un pueblo cristiano", añadió.

Todo ello conduce a la Abogacía del Estado a concluir que, "aunque el texto final del acuerdo formalmente parece orientado a organizar el uso de las instalaciones deportivas municipales [...], la conformación del acuerdo revela una intención distinta y subyacente que incurre en vulneraciones añadidas de nuestro ordenamiento jurídico". "Se observa así que la motivación real del acuerdo se encuentra en la voluntad política [de Vox y también del PP] de impedir las celebraciones religiosas musulmanas en instalaciones deportivas municipales", añade el escrito del Gobierno. Esa finalidad real revela que el texto que finalmente se aprobó supone "un supuesto manifiesto de desviación de poder", es decir, un uso de las potestades políticas administrativas contrarias al ordenamiento jurídico "que deriva indefectiblemente en la anulación del acuerdo afectado por tal vicio". En realidad, insiste el abogado del Estado, "bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa".

El recurso recoge también una profusa descripción de lo que supone ese derecho fundamental recogido en el artículo 16 de la Constitución. En primer lugar recuerda que ese precepto constitucional así como la ley orgánica que lo desarrolla establece que el único motivo por el que la libertad religiosa puede limitarse es el "mantenimiento del orden público". "La exclusión de actos religiosos ajenos al ayuntamiento sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos constituye una restricción injustificada de este derecho fundamental" que "afecta directamente a la comunidad musulmana de Jumilla, impidiendo el ejercicio colectivo del culto sin una justificación objetiva", según los servicios jurídicos del Estado.

Pero, además, el acuerdo propuesto por Vox y apoyado por el PP incumple otro precepto constitucional: el que obliga a que cualquier regulación o limitación de cualquier derecho fundamental —y la libertad religiosa es uno de ellos— solo pueda hacerse mediante ley que, además, tiene que ser orgánica. Y cita una sentencia del Supremo que anuló la prohibición del uso del burka en dependencias municipales del Ayuntamiento de Lleida. "Según el referido precepto constitucional, todo el ejercicio del derecho fundamental está reservado a la ley, y no puede por ello ser objeto directo de regulación por una ordenanza municipal", estableció el Alto Tribunal en 2013. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce el derecho a reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y obliga a los "poderes públicos" a adoptar "las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos".

El Gobierno considera igualmente que la moción ultra vulnera el principio de neutralidad religiosa de la Administración, establecido por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la máxima autoridad en derechos fundamentales reconocida por el derecho español. Ese principio establece la garantía de acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos, sin obstaculizar el ejercicio de derechos en función de la confesión religiosa implicada. "La neutralidad institucional en cuanto a la religión impide que las administraciones puedan inmiscuirse en debates estrictamente dogmáticos o de moral religiosa, debiendo conciliar los intereses de diversos grupos y garantizar el respeto de todas las creencias", dice el recurso firmado por la delegada del Gobierno en Murcia.

Una vez enviado el requerimiento, el Ayuntamiento de Jumilla tiene un plazo de un mes para aceptarlo y anular el acuerdo, o rechazarlo. A partir de ese momento, el Gobierno tendrá abierta la vía para recurrir ante el juzgado de lo contencioso-administrativo que corresponda, aunque la ley también faculta al Ejecutivo a saltarse este trámite y acudir directamente a los tribunales.

Un nuevo incendio volvió a golpear este viernes al Sector 6 de la Cañada Real, apenas diez horas después del registrado el jueves 17 de julio. Las llamas, visibles durante la madrugada, pusieron de nuevo en juego la supervivencia del barrio. Aunque el cambio climático y el abandono del campo es un factor clave en el aumento de los incendios, la Asociación Cultural Tabadol señala a otro culpable: "En Cañada Real, son una consecuencia directa de años de abandono, negligencia institucional y políticas deliberadamente racistas y clasistas".

La Asociación Cultural Tabadol, como entidad defensora de los vecinos de la Cañada Real, ha emitido un comunicado de urgencia para denunciar el insuficiente apoyo por parte de los servicios públicos. A pesar de que el Sector 6 de la barriada ha sufrido dos incendios en menos de 24 horas, ningún protocolo de emergencia ha sido activado. La organización no esconde su indignación y denuncia la inasistencia del barrio madrileño como “una forma de violencia institucional”.

El primer incendio, declarado a las 16.00 horas del pasado jueves, afectó a varias viviendas de la zona y a una nave industrial. Entre los locales quemados, se encuentra precisamente el hogar colectivo de la Asociación Cultural Tabadol, un centro de apoyo para la Cañada Real frente al abandono institucional. Su pérdida sitúa a la barriada en una situación de aún mayor vulnerabilidad. Las causas de ambos incendios se desconocen.

La mañana previa a los incidentes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió un aviso por temperaturas extremas, lo que motivó a la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid a activar el nivel máximo de riesgo por incendios forestales. Sin embargo, la Asociación Tabadol insiste en no ignorar la "clara geopolítica de las llamas”. La organización cultural sostiene que la falta de auxilio está directamente relacionada con la identidad de los vecinos de la Cañada Real: “Gente pobre, racializada, migrante, gitana”.

La Asociación Cultural Tabadol rechaza normalizar los cortes de luz, la falta de servicios y los incendios que amenazan la dignidad de los vecinos de la Cañada Real. Promete no guardar silencio y emite una serie de exigencias concretas.

Entre ellas, la organización reclama la restauración inmediata del suministro eléctrico en todos los sectores afectados, especialmente en el 5 y el 6, donde miles de personas viven sin acceso a un derecho básico desde 2020. Exige también la implementación de un protocolo de emergencia específico, que garantice una respuesta rápida ante incendios y otras situaciones de riesgo.

Además, pide el reconocimiento institucional de las organizaciones vecinales, como Tabadol, que durante años han sostenido el tejido comunitario en condiciones extremas. Sin olvidar la necesidad de medidas estructurales de realojo digno, con participación activa de las familias afectadas y respeto a su arraigo.

La Asociación Cultural Tabadol subraya la urgencia de sus demandas, pues no luchan contra incendios, sino por el derecho de los vecinos de la Cañada Real a vivir con dignidad. 

Una peregrinación atrae cada año a miles de personas a una pequeña ciudad del sur profundo de Estados Unidos, donde la esclavitud y luego la segregación reinaron por mucho tiempo, provocando sufrimiento y resistencias. En Selma, en el Estado de Alabama, acuden para rendir homenaje a los activistas afroamericanos del movimiento por los derechos civiles que, en 1965, con su determinación y su negativa a ceder a la arbitrariedad y la violencia, consiguieron que su país aprobara la ley del derecho al voto.

El domingo 9 de marzo, con motivo de las celebraciones del 60º aniversario de estos acontecimientos tan trágicos como liberadores, decenas de miles de personas se reunieron detrás de estos “soldados rasos”. Aunque hoy en día la mayoría se encuentra en sillas de ruedas debido a su edad, su compromiso sigue intacto. Y su presencia anual lo demuestra.

En su juventud, estos manifestantes por la libertad fueron atacados violentamente después de cruzar la puente Edmund Pettus, —que lleva el nombre de un esclavista y líder de la organización supremacista blanca Ku Klux Klan después de la Guerra Civil (1861-1865)—, que leva a Montgomery, la capital de Alabama. Un momento conocido como el Domingo Sangriento. Finalmente, las manifestantes pudieron llegar a su destino tras una tercera marcha.

Cada año, el reencuentro de Selma da energía para las luchas futuras y, sobre todo, recuerda su sensibilidad, especialmente en este momento, cuando la democracia americana está en peligro.

“Nos encontramos aquí en tierra sagrada. Estamos aquí no solo para celebrar, sino también para reactivar la lucha”, dijo el domingo una activista del movimiento Black Vote Matters (El voto negro importa) en las escaleras de Brown Chapel, la iglesia metodista episcopal donde se reunían los “soldados rasos” antes de sus acciones.

Una de las dirigentes de la American Civil Liberties Union (Aclu, Unión Americana para las Libertades Civiles), la abogada Yasmin Cader, cree que hay mucho que aprender de su compromiso, ya que un “supremacista blanco brutal en el poder viene a privarles de todo aquello en lo que creen y que defienden”.

“Aquí se enfrentan a estas amenazas desde hace mucho tiempo, de forma frontal y directa”, afirma Yasmin Cader. “Así que tenemos mucho que ganar y aprender de ellos. Este movimiento al que nos enfrentamos, seamos claros, está dirigido de forma marcial. Utilizan el arma del odio, el arma de la supremacía blanca, no solo para atacar nuestros avances, sino para hacer caer nuestra democracia”».

“La democracia no puede morir ante nuestros ojos”, declara otra activista por los derechos civiles, Janai Nelson, presidenta y directora jurídica del LDF (Legal Defense Fund), una de las principales organizaciones que luchan por la justicia racial.

En 2015, con motivo del 50º aniversario, el primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama, se unió a la multitud y cruzó el puente. “En todo el país hay que dar los primeros pasos, recorrer nuevos caminos y cruzar otros puentes”», declaró. El año pasado, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo allí.

Este año, por el sesenta aniversario, aunque el presidente no estaba físicamente presente, sí lo estaba en todos los discursos, en las mentes o en las pancartas: “El mundo de Dios, no el de Trump. No abandonen la lucha. Acuérdense de Selma”, se leía en una de ellas.

“Nos reunimos aquí con motivo del sexagésimo aniversario del ‘Domingo Sangriento’, mientras nuestro país está sumido en el caos”, declara Terri Sewell, originaria de Selma y diputada por Alabama en la Cámara de Representantes, subrayando las restricciones al derecho de voto de los afroamericanos establecidas en muchos Estados gobernados por los republicanos.

Aunque Donald Trump logró mejorar su puntuación entre el electorado negro en las elecciones de noviembre de 2024 (el 20 % votó por él, frente al 80 % que lo hizo por Kamala Harris, cuando en 2016 solo había ganado un 8 %), toda su política muestra que se inclina hacia el supremacismo blanco.

Pero si Selma es un símbolo siempre presente de luchas que nunca cesan, éstas afectan a todo el mundo, mucho más allá de la comunidad negra americana.

Rita Marinoble, profesora universitaria jubilada de 77 años, ha acudido allí por primera vez. Miembro del Partido Demócrata, ha venido desde California, donde vive, porque “ama los ideales americanos de libertad, justicia y democracia y odia todas las formas de opresión”. “Selma representa la lucha contra la opresión en lo que respecta al derecho al voto. Por desgracia, la opresión continúa mientras celebramos los sesenta años del ‘Domingo Sangriento’ de Selma. He venido para sumar mi presencia y mi voz a la lucha actual por la justicia y la igualdad, para los negros americanos y para todos los americanos”.

Para Todd Cox, uno de los dirigentes del LDF que habló el sábado 8 de marzo en un debate, el conflicto en realidad nunca ha cesado: “Ya hemos pasado por esto, y podemos encontrar inspiración y extraer lecciones de aquellos que lucharon contra los intentos de privarnos de nuestros derechos y nuestra humanidad. Estas lecciones pueden ayudarnos hoy a elaborar las estrategias”.

Estas estrategias fueron objeto de debate en una reunión organizada por otra organización, la Coalición por la Justicia Transformadora, que reúne a jóvenes activistas. Una de ellas, Nile Blass, miembro de la Liga de Mujeres Votantes (LWV), subrayó la importancia de movilizar a los jóvenes hablando con ellos de temas que les afectan, ya sea el coste de la vida o de la vivienda.

También pidió que se luche, como han hecho los republicanos, para estar presentes a nivel local, en los consejos municipales o en las comisiones escolares. “Todo el mundo tiene un papel que desempeñar”, dijo. No sin advertir: “Tenemos que espabilarnos”.

La derrota de la candidata demócrata Kamala Harris, en noviembre de 2024, no debe alimentar el desaliento y la desilusión, advirtió, en otro debate, una figura del movimiento de derechos civiles, Benjamin Chavis, que fue asistente de Martin Luther King Jr. “Pudimos sentir decepción cuando Kamala perdió. Pero no es el momento de desilusionarse y pensar que los desafíos son insuperables. Estamos en 2025, pero miro a 2026, 2027, 2028, 2029, 2030... la balanza se inclina de nuestro lado”.

Maxine Waters, representante demócrata por California, se refirió a aquellos que ya se arrepienten de haber votado a Donald Trump en noviembre. “Cuando la Oficina de Protección al Consumidor, el departamento de Educación, el de Vivienda y todo lo demás hayan desaparecido y los funcionarios hayan sido despedidos, algunos de ellos dirán: ‘No sabía que esto me afectaría a mí también’”, dice, subrayando que “esto afectaría a la gente sin importar su raza”.

Sin embargo, continúa, “hay gente ignorante, que está de acuerdo con las políticas de inmigración y la supresión del ius soli, que piensa que son tan privilegiados y tan blancos que no les afectará. Pero cuanto más encuestas salen, más entiende la gente lo que está pasando y son cada vez más los que entienden que van a encontrarse en la misma situación que los empleados en periodo de prueba despedidos, y eso no va a ser bueno para ellos. Quizás entonces, en las próximas elecciones, tengamos un presidente diferente al que tenemos hoy”.

Aún así, sería necesario que desapareciera la división que actualmente afecta a la Partido Demócrata y que se pusieran de acuerdo sobre una estrategia. Uno de sus jóvenes elegidos en Alabama para la Cámara de Representantes, Shomari Figures, de 39 años, pidió la unión en una reunión el sábado, “porque digan lo que digan de los republicanos, digan lo que digan de Donald Trump, hay una cosa de la que no se les puede acusar, y es de no estar unidos. Están unidos, aunque este hombre los lleve al abismo”.

“No podemos”, prosigue, “permitirnos dejar que se creen divisiones en las que las discrepancias individuales se conviertan en la base del conjunto [...]. Independientemente de lo que pienses sobre lo que está sucediendo en Israel y Gaza, ¿cómo crees que se sintieron los que no fueron a votar cuando Donald Trump dijo: ‘Arrasemos con todo, expulsemos a todos los palestinos, vamos a desarrollar la Gaza de Trump?’ Las elecciones tienen consecuencias. Y estamos viviendo esas consecuencias en este mismo momento. Y no nos gustan.”

También haría falta que no lleguemos a lo peor que puede pasar. “¿Qué nos hace pensar que va a haber elecciones presidenciales en 2028?”, se preguntó junto a él el reverendo Mark Thompson, activista, comentarista político y podcaster. “Debemos darnos cuenta de lo que nos espera y prepararnos para ello”.

Traducción de Miguel López

Las publicaciones en redes sociales donde salen menores están normalizadas. Ya no es solo que un niño o una niña tenga un canal de YouTube donde enseñar cómo juega a videojuegos o contar su día a día, sino que muchas veces son los padres y madres quienes publican fotos y vídeos de sus hijos en redes sociales, ya sea para crear una memoria virtual o, en muchas ocasiones, para obtener beneficios.

Ahora, el Gobierno quiere hacer frente a esta situación, que puede ser perjudicial para quienes son expuestos. De hecho, se están estudiando medidas para proteger a los menores de la exposición excesiva en redes sociales, según confirman fuentes del Ministerio de Infancia y Adolescencia. Pretenden centrarse especialmente en el control del llamado sharenting, es decir, que los padres publiquen una gran cantidad de contenido potencialmente sensible sobre sus hijos en plataformas digitales. Para hacer frente a esta práctica, señalan que están trabajando desde distintos enfoques y contando con las recomendaciones aportadas por el informe de cincuenta expertas independientes designadas por el Ejecutivo. 

Está demostrado que mostrar a los menores, a nivel de engagement –y, por tanto, de beneficios–, sale rentable. Según un estudio publicado en la Revista Mediterránea de Comunicación, en el 46% de los contenidos que publican aparecen menores y, estas fotografías y vídeo reciben, de media, un 41% más de 'me gusta' que el resto de publicaciones. “Donde vemos infancia es fácil establecer vínculos, es un mecanismo psicológico, algo que nos llama la atención, más aún cuando los niños están bien”, cuenta a infoLibre Ignacio Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España.

¿Y qué piensan los menores de todo esto? La mayoría de ellos ni siquiera puede opinar cuando su cara aparece por primera vez en alguna plataforma digital: el 81% de los bebés tienen presencia en internet antes de cumplir los seis meses. Respecto a los que ya saben hablar, tan solo el 24% es preguntado si está de acuerdo con aparecer en la redes sociales de sus progenitores, según una investigación de EU Kids Online, y un 42% de ellos asegura que siente vergüenza al ver lo que han publicado de ellos.

“Hasta ahora hemos compartido imágenes de nuestros hijos de forma irreflexiva, respondiendo a las dinámicas de esta plataformas de mostrar una buena parte de nuestra vida”, apunta Guadix. Y es que esto puede exponer a los niños a situaciones potencialmente peligrosas, que van desde que se que los contenidos acaben en pornografía, se generen contactos con desconocidos (grooming) o problemas con sus iguales, como es el caso del ciberbullying. A esta lista de posible consecuencias negativas, Diana Díaz, psicóloga de la Fundación ANAR, añade que los niños pueden sentir vergüenza, ansiedad, frustración, tristeza, que no se reconozcan en los contenidos publicados. Esto puede acabar convirtiéndose en un trauma. 

En ocasiones, relata Díaz, ni los padres son conscientes de estar exponiendo a sus hijos a estos riesgos al compartir sus datos. Estos datos ni siquiera tienen porque darse directamente, y pone el ejemplo de publicar una fotografía donde aparece un niño con el uniforme del colegio, lo cual da pistas sobre su localización durante el horario escolar.

Por otro lado, el problema, en muchas ocasiones llega cuando los padres logran monetizar estos contenidos. Y es que los menores aumentan el alcance en redes sociales, lo que, según fuentes del ministerio de Trabajo, puede suponer una fuente de ingresos para las familias, en muchas ocasiones, por hacer “publicidad encubierta” que influyen en las decisiones de compra de sus seguidores y logran atraer a las marcas.

Para evitar todo esto, Guadix señala la importancia de que, como adultos responsables, los padres pongan en una balanza cómo puede favorecer o perjudicar al menor la publicación de un contenido suyo. Por ejemplo, compartir una fotografía del niño en una cuenta de una red social a la que siguen sólo sus familiares puede ser positivo, ya que ayuda a estrechar lazos; hacer un vídeo que le quite tiempo de ocio, estudio o descanso, sería perjudicial.

También recomienda ser responsables con los hijos y hacerles preguntas antes de publicar un contenido como “¿Te parece bien si publico esta fotografía? ¿Te ves bien en ella?” y generar un espacio seguro donde el niño pueda arrepentirse y pedir que se elimine ese contenido. Esto, señala, ayuda a dar ejemplo sobre el uso responsable de las redes sociales u enseñar buenas prácticas sobre el consentimiento.

Preguntada por la edad a la que un menor está capacitado para dar su consentimiento para que una imagen suya se publique, Díaz apela al "sentido común". "Igual que no soltaríamos a un bebé solo en la calle, tampoco debería estar en el mundo digital", señala.

Asimismo, menciona una serie de recomendaciones para no vulnerar los derechos de intimidad y de imagen de los niños. Por ejemplo, evitar hacer cuentas de menores gestionadas por los padres –y en su lugar publicar los contenidos en las cuentas de los progenitores–; no dar datos personales, incluida la ubicación; o pixelar las caras, al menos, cuando estos son demasiado pequeños.

Por último, incide en la importancia de educar a los hijos para que aprendan a identificar cuando una publicación les puede poner en riesgo. Como padres, apunta, se debe poner en el centro la comunicación y acompañar a los menores en el proceso de entrada al mundo digital.

Además de controlar el sharenting, los ministerios de Infancia y Juventud, Cultura y Trabajo también se encuentran elaborando una reforma del Estatuto del Artista, en concreto, para regular el trabajo de los menores. La idea, según fuentes del departamento que dirige Sira Rego, es “desarrollar un marco lo más garantista posible vinculado a los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

Entre las medidas que plantean, quieren “reforzar los derechos de imagen” de este grupo de edad y pautar “horarios reducidos” para que “la actividad sea compatible con los estudios y el ocio”. Es decir, los niños y niñas de menos de 16 años solo podrán trabajar fuera de su horario lectivo del colegio o instituto y nunca en horario nocturno. 

Esta iniciativa se sumaría entonces a otras ya planteadas como la ley de protección al menor en el ámbito digital, que ya está camino de la segunda vuelta en el Consejo de Ministros, el paso previo a alcanzar el Congreso de los Diputados. La norma, que aún no es definitiva busca garantizar la seguridad de los menores en internet mediante medidas como la implementación de controles parentales en dispositivos, la verificación obligatoria de edad en plataformas digitales, una reforma del Código Penal para castigar el grooming (ciberacoso sexual) y medidas preventivas ante la adicción a las pantallas.

Hace unos días asistí a la presentación del Informe sobre el Estado del Derecho 2024 (en España y con detalle autonómico), un trabajo de investigación que elabora la Fundación Hay Derecho cada dos años, que “mide con datos la realidad de nuestro Estado de derecho.” 

No voy a recrearme en los hallazgos porque el Informe merece mucho la pena leerlo entero. Es un producto de conocimiento de muy amable lectura.

Sí voy a recrearme en señalar algunas ausencias, dos concretamente, que me han llamado la atención –asumo que por deformación profesional y personal–, y que dejo aquí anotadas por si se pudieran tener en consideración de cara a la elaboración de la siguiente edición 2026.   

Sobre una de ellas me remito con autobombo a la tribuna de esta serie de Ideas Propias que titulé “Capacidad de defensa mermada”. No soy jurista, pero el hecho de que el Informe mencione y valore la figura del Defensor del Pueblo español considero que amerita que esa misma figura sea mencionada y valorada en los análisis comparados de las comunidades autónomas. Este mismo comentario aplicaría a las instituciones de control externo, de las que cuatro comunidades autónomas carecen y que el Tribunal de Cuentas de España atiende directamente. 

Sobre la otra ausencia: el Informe no menciona la figura recogida en el artículo 87.3 y siguientes de la Constitución Española y que es parte integrante de los engranajes, pesos y contrapesos de nuestro Estado de Derecho. Me refiero a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que también saco a colación por analogía, dado que el Informe sí menciona y valora la figura de la acusación popular reconocida en el artículo 270 de la Constitución Española, entiendo que por la importancia de la intención de su reforma recientemente anunciada y el espacio mediático que ocupa hoy.

La Iniciativa Legislativa Popular está regulada a nivel estatal y autonómico, porque en ambos niveles hay poderes legislativos. En el caso de Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid y Murcia, además, también se reconoce la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos, una novedad respecto a la legislación estatal.

Pero estas no son las únicas diferencias, que se pueden traducir en desigualdades, que las respectivas legislaciones establecen para el ejercicio de este derecho constitucional. Hay al menos tres tipos de diferencias creo que importantes por sus efectos en los resultados.  

Por un lado, el número mínimo de firmas necesario para que una propuesta de la ciudadanía se transforme en ILP está determinado por el tamaño del censo electoral. A nivel estatal son 500.000 firmas las necesarias (más o menos el 1,3% del censo de electores, que asciende a algo más 37 millones a cierre de 2024). A nivel autonómico, destaca la Comunitat Valenciana por requerir “apenas” 10.000 firmas (o el 0,3% del censo electoral). Le sigue Galicia también con 10.000 (0,5% del censo), Andalucía y País Vasco (40.000 y 10.000 firmas respectivamente, el 0,6% del censo) y Castilla León (0,75% del censo). En un grupo rondando el 1% del censo se encuentran Baleares (7.500, o el 3% de una circunscripción insular si son asuntos referidos solo a esta), Canarias (15.000 o el 50% si son asuntos referidos a una circunscripción insular), Cantabria (4.000), Madrid (50.000), Murcia (10.000) y Navarra. Con mayor dificultad relativa de ejercer este derecho se encuentran Asturias (10.000 firmas o el 1,2% del censo), Castilla La Mancha (20.000, 1,3%), Aragón (15.000, 1,5%), y La Rioja (6.000, 2,6%). Y fuera de la tabla se encuentra Extremadura, donde se precisa que más de uno de veinte electores (5,2%, o 45.000 personas) firme los pliegos oficiales de la Junta Electoral.

Por otro, la posibilidad o no de presentarlas de forma digital. En 2006 se modificó la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la ILP permitiendo la recogida de firmas por vía electrónica. A nivel autonómico, solo nueve comunidades han adaptado su normativa a la era digital, aunque algunas pendientes de reglamentación: Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco. 

Por último, el ejercicio efectivo de este derecho, cuyo análisis detallado dejo pendiente para una siguiente tribuna por falta de espacio en esta y por la desigual transparencia de la información publicada. Solo adelantar que es desigual y que quizá fruto de la incidencia de los tres criterios expuestos (habilitación de iniciativa de ayuntamientos, número mínimo de firmas y digitalización del proceso de recogida de firmas). 

Ya para terminar, y como somos ciudadanía europea además de española, no está de más recordar que en la Unión Europea disponemos del derecho a la European Citizen’s Initiative, cuya activación requiere al menos un millón de firmas de electores que provengan de al menos siete países miembros. 

La participación ciudadana plena y los condicionantes establecidos para su ejercicio son una dimensión esencial de la salud de nuestro Estado de Derecho. Contar en el Informe con evidencias y datos comparados de su desempeño sería estupendo. 

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Dejemos planteado el debate. La mujer se ha enfrentado históricamente y todavía hoy a una intolerable discriminación impuesta por su condición de tal. El feminismo canalizó su lucha impulsando la presencia de la mujer en todos los ámbitos sociales, desde la reivindicación orgullosa de un género discriminado frente a otro discriminante. La reversión de esta situación imponía activar los derechos de la mujer, defender el ‘nosotras’ con políticas específicamente de género, con normas propias destinadas a la protección y promoción de las personas de género femenino. 

Como movimiento liberador, el feminismo ha confluido históricamente con la reivindicación de la sexualidad llamémosla (no me gusta la palabra) “heteronormativa”: gays, lesbianas, asexuales, bisexuales, transexuales... en luchas que progresaban en paralelo, como los cables de las torretas eléctricas: por uno avanzaba la lucha a favor del género discriminado y por el otro la lucha a favor de las orientaciones sexuales discriminadas. La aparición de una Q, que trasciende a una bien consolidada T, ha provocado un cruce de cables y las chispas del cortocircuito están llegando al suelo. 

Dígase lo que se diga, las aristas son inevitables: aquellos y aquellas que han luchado contra el machismo, contra la discriminación y violencia de género ven con claro recelo las tesis que propugnan, desde el mismo seno del feminismo, que el género no existe o que es una mera “construcción social”, lábil y difusa. 

En este sentido, hay quienes creen que las doctrinas ‘queer’ dificultan la lucha del “nosotras” de las mujeres; consideran que banalizan el motivo de su discriminación, complican las reivindicaciones de género y hacen el juego a la derecha. Es comprensible que muchas feministas contemplen atónitas la promoción de un “nosotrxs” que tacha con una equis el género que tantas veces en la historia se ha querido preterir y tachar.

Hay quienes creen, en sentido contrario, que cuestionar la fluidez de género o forzar la clasificación de las personas por su género y orientación, imponiéndoles que se identifiquen con alguno de ellos, es una intolerable conducta transfóbica. Para unos, añadir más letras al nombre resulta inclusivo; para otros, multiplicar las letras fragmenta al grupo y debilita su potencia reivindicativa. 

No intenten comprender el postestructuralismo; bastará quedarse con la realidad desestructurada: vivimos en una sociedad individualista que promueve un enfoque atomizador de los conflictos sociales. Desde siempre, el poder ha fomentado las diferencias entre las personas para evitar su lucha colectiva. Cada uno tiene su ser y lugar en el mundo, ¡por supuesto!, pero eludir nuestra pertenencia a una clase discriminada o a un género discriminado, haciéndonos creer que somos únicos e inclasificables, dinamita toda lucha sindicada y perpetúa la discriminación. 

En fin, para terminar con la discriminación de género hay dos vías: o terminamos con la discriminación o terminamos con el género. Desde la primera perspectiva, la lucha pasa por activar la progresión social del género femenino; desde la segunda, el género debería desaparecer del DNI. Desde la primera, habría que impulsar la paridad de género en ámbitos empresariales, políticos o judiciales; desde la segunda, preguntar a los miembros de un consejo de administración, ejecutiva política, tribunal o colectivo si se consideran hombres o mujeres, para valorar con sus respuestas la paridad o falta de ella, resulta en sí mismo una pregunta invasiva e impertinente. Las diferencias de enfoque se abren en abismo: desde la primera perspectiva, habría que cuidar el respeto al deporte femenino; la segunda defiende la permeabilidad de las fronteras entre el deporte femenino y masculino, en busca de nuevos paradigmas. 

La cuestión es enormemente interesante, pero no exenta de riesgos. Es proverbial la dificultad de los actos revolucionarios por conseguir un desarrollo sereno de sus avances, pero no nos desanimemos. Confiemos en que este debate culmine perfilando con claridad la aportación específica de la disputada letra Q a una lucha, la de las mujeres, que no puede permitirse ni un solo paso atrás. 

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Carlos López-Keller es socio de infoLibre.

El 1 de agosto, el primer ministro británico, Keir Starmer, habló de la respuesta del gobierno a la violencia de extrema derecha que se extendía por el país desde hacía varios días: "Estos matones son móviles, se desplazan de comunidad en comunidad, y necesitamos una respuesta policial que pueda hacer lo mismo: intercambio de inteligencia, mayor despliegue de tecnología de reconocimiento facial". 

El 29 de julio se produjo un ataque con cuchillo en Southport, en el que murieron tres niñas y resultaron heridos ocho niños y dos adultos. Un tuit en las redes sociales afirmaba que el sospechoso detenido, de 17 años, era un joven que había cruzado el Canal de la Mancha sin permiso de residencia. A pesar del rápido desmentido de las autoridades, la ultraderecha inglesa siguió difundiendo esta versión del refugiado musulmán apuñalando a niñas. Bajo el lema Save our kids (Salvemos a nuestros hijos), estallaron disturbios nacionalistas y racistas durante varios días en todo el Reino Unido.

Ante su primera crisis, un mes después de asumir el cargo, el primer ministro laborista produjo una serie de mensajes televisados y ruedas de prensa para tratar de tranquilizar a los ciudadanos británicos, prometiendo respuestas firmes.

Uno de los principales ejes es la puesta en marcha de un programa nacional de lucha contra este tipo de violencia, basado especialmente en el uso del reconocimiento facial por parte de la policía. Gavin Stephens, jefe del Consejo Nacional de Jefes de Policía del Reino Unido, declaró estar "deseando trabajar con el Gobierno" en este tema. Pero la idea dista mucho de ser consensuada.

"La policía lleva décadas respondiendo a desórdenes públicos y disturbios, así que no hay necesidad de precipitarse con un sistema de reconocimiento facial", afirma Daragh Murray, profesor de la Universidad Queen Mary de Londres especializado en el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos humanos.

De momento, en el Reino Unido no existe ninguna ley específica que regule el uso del reconocimiento facial. "Son las fuerzas policiales británicas las que definen el marco político: con qué fin y contra quién se utiliza. No hay una verdadera supervisión externa, ni debate parlamentario".

A Silkie Carlo, director de la ONG británica Big Brother Watch, que lleva varios años haciendo campaña contra el reconocimiento facial, le preocupa el aumento del uso de una tecnología "peligrosamente imprecisa", que podría convertir a los ciudadanos en "carnés de identidad andantes". La ONG también se muestra escéptica sobre la capacidad de esta inteligencia artificial (IA) para atajar el problema de raíz. "El primer ministro no ha abordado en absoluto las causas de la violencia y el racismo que hemos presenciado en Gran Bretaña. Por no hablar de su fracaso a la hora de hacer frente a las causas de los atroces crímenes con arma blanca que se han cobrado cruelmente tantas vidas."

La declaración del primer ministro es continuista de la política seguida desde hace varios años por el gobierno británico, que permite a la policía utilizar el reconocimiento facial en diversas situaciones, siempre que cumpla los principios de necesidad y proporcionalidad.

Por ejemplo, la policía puede utilizarlo a posteriori, analizando las imágenes de videovigilancia durante una investigación criminal con los expedientes de las personas fotografiadas cuando fueron detenidas. Sobre el terreno, los agentes también pueden utilizar una aplicación específica para tomar una foto de una persona y buscar su rostro en diversas bases de datos.

Pero el uso más controvertido en términos de libertades personales es en tiempo real. En este caso, un software de reconocimiento facial, asociado a determinadas cámaras, puede identificar a un individuo que camina por la calle en cuestión de segundos. Mientras que en Francia solo se ha llevado a cabo un experimento de este tipo en el espacio público –durante un día de 2019 durante el carnaval de Niza–, la policía del sur de Gales y de Londres lo utilizan con regularidad, desde 2017 y 2020 respectivamente. Según las cifras disponibles en su página web, la policía londinense ha desplegado la tecnología en tiempo real en 127 lugares diferentes desde abril de 2023, escaneando un total de 501.570 rostros.

El actual ministro de Policía, Chris Philp, no oculta su atracción por el reconocimiento facial. A finales de 2023, manifestaba su deseo de que la policía duplicara en un plazo de seis meses sus búsquedas en las bases de datos policiales utilizando IA. En marzo, el gobierno británico asignó 230 millones de libras a la policía para desarrollar drones y el reconocimiento facial.

Más recientemente, el gobierno británico invirtió 55 millones de libras para desarrollar el reconocimiento facial en los comercios, con el fin de combatir un supuesto aumento de los hurtos. El ministro Chris Philp declaró que quería utilizar las bases de datos de pasaportes británicos para identificar mejor a los ladrones. A raíz de esto, algunas de las mayores cadenas en el Reino Unido –entre ellas Marks & Spencer, Boots, Primark y Lidl– lanzaron el Proyecto Pegasus. El objetivo es enviar sus grabaciones de videovigilancia a la policía para que ésta pueda utilizar el reconocimiento facial para encontrar en sus bases de datos los rostros de los presuntos ladrones.

"La expansión de la tecnología en los supermercados es una amenaza para nuestros derechos, se dirige a los afectados por la pobreza y no ataja las causas profundas de los hurtos", advirtió Emmanuelle Andrews, miembro de la ONG británica de derechos humanos Liberty. En diciembre de 2023, 65 diputados enviaron una carta a la Oficina del Comisario de Información del Reino Unido sobre la regulación del reconocimiento facial.

En su carta, los parlamentarios expresaban su especial preocupación por las "graves repercusiones que pueden derivarse de una identificación errónea debida a la escasa precisión y al sesgo". Esta imprecisión en el reconocimiento facial, que detecta con menor eficacia a las personas de color, por ejemplo, la han sufrido muchas personas.

A principios de 2024, a Sara* se le negó la entrada en una tienda de Home Bargains. Un empleado le dijo que era porque el reconocimiento facial la había identificado como ladrona. El software en cuestión se equivocaba. La misma desgracia le ocurrió a Shaun Thompson. Durante una patrulla por las calles de Londres, este afroamericano de 38 años, voluntario del colectivo Street Fathers, cuyo objetivo es proteger a los jóvenes y prevenir los ataques con cuchillo, también fue identificado erróneamente por la policía londinense.

"Me decían que yo estaba en busca y captura, intentaban conseguir mis huellas dactilares y asustarme deteniéndome, aunque yo sabía y ellos también que el ordenador estaba equivocado", relató al medio británico My London. Tras ello, decidió emprender acciones legales contra la policía londinense, mientras que Sara lo hace contra Home Bargains y a Facewatch, el software utilizado por la tienda.

Caja negra

* Como la interesada deseaba permanecer en el anonimato durante sus diversas apariciones en la prensa británica, hemos utilizado su alias.

Traducción de Miguel López

El gobierno francés ha dado instrucciones, desde los prefectos hasta la fiscalía, pasando por la policía: mostrar solidaridad con Palestina es un delito potencial. 

Mientras quedan impunes los excesos de los partidarios a ultranza de la causa israelí, expresados en voz alta por el diputado de Meyer Habib (LR), el menor atisbo de ambigüedad sobre las acciones de Hamás o la legitimidad de Israel se utiliza como pretexto para silenciar, intimidar o estigmatizar las voces en favor de Palestina, que son acusadas rápidamente de terrorismo o antisemitismo. 

Juzguemos nosotros mismos. Un sindicalista de la CGT ha sido condenado a un año de prisión condicional por un simple folleto distribuido tras las matanzas del 7 de octubre de 2023. En una formulación inapropiada, que admitió sin reparos ante el tribunal, pretendía denunciar la espiral fatal en la que la violencia colonial desemboca en violencia terrorista. 

Antes del juicio, muchos destacados sindicalistas y activistas asociativos expresaron su preocupación por esta voluntad de "equiparar toda protesta política o social con el terrorismo", mientras que la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, nos alertaba de un "contexto de represión [...] sin precedentes desde la posguerra". Prueba de ello es que el tribunal de Lille siguió al pie de la letra las instrucciones de la fiscal de la República. 

Varias personas, entre ellas la activista antirracista Sihame Assbague, fueron citadas por la policía a declarar por "apología del terrorismo", por haber situado en las redes sociales el atentado terrorista de Hamás en el contexto del largo conflicto israelo-palestino. Entre ellos se encuentra la abogada franco-palestina Rima Hassan, que hace campaña en las elecciones europeas, en el séptimo puesto de la lista de La France Insoumise. 

Rima Hassan fue citada al día siguiente de que su mitin en apoyo de Palestina, que debía celebrar en Lille con Jean-Luc Mélenchon, fuera prohibido dos veces, primero por el rector de la universidad y luego por el prefecto de la región. Su abogado, Vincent Brengarth, denunció "un clima general tendente a acallar las voces que reclaman la protección de los derechos de los palestinos y condenan las atrocidades cometidas por Israel en la Franja de Gaza", y advirtió que se estaba tergiversando el delito de apología del terrorismo "en favor de una evidente criminalización del pensamiento". 

Ese mismo día, el Tribunal Administrativo, en procedimiento sumario, se opuso a la "violación grave y manifiestamente ilegal de la libertad de manifestación" anulando la decisión del Prefecto de Policía de París de prohibir la marcha del 21 de abril "contra el racismo, la islamofobia y por la protección de todos los niños", con el pretexto de que "podría contener consignas antisemitas". En su sentencia, el tribunal subraya, por el contrario, que los organizadores habían previsto "controlar el uso de los micrófonos para evitar cualquier discurso antisemita".  

Estas son sólo las manifestaciones más visibles de una sospecha general amplificada por los medios de comunicación de masas, radio y televisión, que están en manos de propagandistas de extrema derecha gracias a la impunidad audiovisual de que goza el grupo Bolloré en el ámbito presidencial. Pero va mucho más allá e incluye a personalidades políticas que dicen formar parte de la oposición socialista de izquierdas, algunas de las cuales no dudan en transmitir en esos mismos canales ese odio hacia los musulmanes, los árabes y los inmigrantes. 

Palestina sirve aquí de enésimo pretexto para banalizar estos temas discriminatorios que suponen la importación a Francia de un conflicto de civilización, donde Israel sería un bastión occidental frente al peligro islamista. Lejos del ruido mediático, hay que imaginar las consecuencias silenciosas para las personas afectadas, que no son necesariamente activistas, ni mucho menos radicales, pero que están profundamente heridas por todas esas palabras y actos. 

Hasta tal punto que ahora se sienten excluidos de su propio país y se sienten en soledad ante la ausencia de indignación masiva y de solidaridad estatal frente a la estigmatización que experimentan. Pronto llegará a las librerías La France, tu l'aimes mais tu la quittes (Francia, la quieres pero te vas, edit. Seuil), un vasto estudio sociológico sobre la diáspora musulmana francesa que muestra cómo miles de franceses y francesas ya han abandonado su país desde el terrible año de los atentados de 2015 (véase este reciente estudio de Le Monde). 

Si nos fijamos solo en los últimos meses, sería quedarse corto decir que la persecución se ha convertido en algo habitual, aceptado por la mayoría de las corrientes políticas: polémicas recurrentes sobre la vestimenta de las estudiantes musulmanas, sanciones administrativas contra los institutos privados musulmanes, intolerancia del ayuno del Ramadán en el fútbol... Hay que añadir a la mezcla la demonización del compromiso con la causa palestina, como medio polémico para, si hiciera falta, echar más leña al fuego. Un fuego que se extiende desde hace ya tanto tiempo, con sombría indiferencia. 

Las prohibiciones que ahora impiden expresar la solidaridad con Palestina son una continuación de la década pasada. Ya en el verano de 2014, el gobierno socialista de François Hollande y Manuel Valls había aprovechado la anterior guerra de Israel contra Gaza para socavar las libertades fundamentales con prohibiciones previas de manifestaciones. Pero también sirven para equiparar cualquier crítica al sionismo como movimiento nacional judío que había negado sus derechos al movimiento nacional palestino con un renacimiento del antisemitismo (leer mi análisis de entonces). 

Desde entonces, hemos escuchado las mismas cantinelas sobre el islamo-izquierdismo, la caza del wokismo académico y la teorización de un "ambiente yihadista". En 2020, la disolución del Colectivo contra la islamofobia en Francia marcó un salto adelante en la represión de la auto-organización de las poblaciones objeto de estas campañas. En 2021, se dio un paso más con la aprobación de la ley contra el separatismo, de la que rápidamente nos dimos cuenta, con la invención del "ecoterrorismo" contra los activistas ecologistas, que apuntaba a toda disidencia. 

Ningún desacuerdo político sobre el conflicto israelo-palestino puede dar cabida a esta deriva, que en última instancia no sólo arruina la democracia al violar sus libertades fundamentales, sino que sobre todo perjudica a Francia al humillar la diversidad de su pueblo. La referencia histórica apropiada es el macartismo estadounidense de principios de los años 50, que también era homófobo y antisemita. Instauró una ignominiosa "caza de brujas" contra todo lo sospechoso de comprometerse con el comunismo. Sí, todo: ideas, compromisos, creaciones, obras, escritos, biografías, profesiones, relaciones, amistades, compañía, etcétera. 

En Francia, pero también en Alemania, como atestigua la escandalosa censura de Yánis Varoufákis en Berlín, se está imponiendo un nuevo macartismo que aprovecha la tragedia vivida por palestinos e israelíes para acallar cualquier cuestionamiento molesto sobre el peligroso rumbo del mundo, sobre el respeto universal de la igualdad de derechos, sobre la violencia de toda colonización, sobre las exigencias del derecho internacional, sobre la emergencia de la barbarie en el corazón de las civilizaciones, sobre la indiferencia y la ceguera que conducen a las catástrofes, etc. 

El macartismo recibió el sobrenombre de "miedo rojo" (Red Scare), y efectivamente era miedo. La expresión "política del miedo" se acuñó en el debate americano para describir la reacción de Estados Unidos tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y resume una reacción política impulsada por el pánico existencial que, lejos de poner fin a la amenaza y al peligro que pretendía frenar, sólo sirvió para aumentar el desorden que lo alimentaba. Dos décadas después, se ha multiplicado el terrorismo islamista, se ha fortalecido el poder iraní y ha arraigado el resentimiento antioccidental. 

Entretanto, ¡de cuántos principios se ha renegado y cuánta humanidad destrozada! Desde la Patriot Act, ley de excepción, hasta Guantánamo, presidio ilegal, pasando por la autorización de la tortura en los interrogatorios y, sobre todo, por la invasión bélica de Irak basada en una mentira mediática, esta ceguera norteamericana ha violado todos los valores democráticos en nombre de los cuales se dio esa respuesta. El mundo entero está pagando ahora el precio, con un embrutecimiento desenfrenado tanto en las relaciones internacionales como en las políticas internas, con Vladimir Putin y Donald Trump como ejemplos. 

Las voces minoritarias, incluida la notable excepción francesa encabezada por Dominique de Villepin, que advirtieron de esta carrera hacia el desastre, reclamando el derecho internacional y defendiendo la Carta de las Naciones Unidas, tenían razón, aunque fueran impotentes para detenerla. Del mismo modo que hoy tienen razón las voces, entre las que destaca la del Secretario General de la ONU, que condenan la precipitada carrera bélica de Israel, y potencialmente genocida según la Corte Internacional de Justicia, en su respuesta a la masacre terroristas del 7 de octubre de 2023. 

Considerando el atentado de Hamás, al igual que el 11-S, como una amenaza existencial, el aparato político-militar israelí repite esta "política del miedo" infligiendo al pueblo palestino un terrible castigo colectivo que, lejos de garantizar la seguridad futura del Estado de Israel, aumenta su fragilidad geopolítica y su descrédito diplomático. El hecho de que esta semana sólo un solitario veto de Estados Unidos haya impedido el reconocimiento del Estado de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas resume esta espiral fatal en la que la fuerza ciega aparece como una confesión de debilidad. 

Es evidente que el fracaso en la resolución de la cuestión palestina está en el origen de esta situación eminentemente peligrosa donde está en juego la paz mundial. Mientras no se ponga fin a la injusticia cometida contra el pueblo palestino desde hace tanto tiempo, repetida y reiterada, mientras los dirigentes israelíes no reconozcan su derecho a vivir en un Estado soberano después de haber sido en parte expulsados en 1948 y luego colonizados desde 1967, ninguno de los dos pueblos podrá vivir en seguridad interior, y mucho menos en paz con el otro. 

La Historia no se detuvo el 7 de octubre de 2023, como tampoco se detuvo el 11 de septiembre de 2001. La "política del miedo" quiere encerrarnos en un presente eterno, congelado en la fecha de una masacre que no tendría causa, ni historia, ni contexto. Prohibir la explicación, la complejidad y la sensibilidad, es un llamamiento a dejar de pensar diferente y libremente, como resume la exigencia de incondicionalidad que significa renunciar a toda crítica.  

Por consiguiente, en toda su diversidad, la solidaridad con Palestina, que en sí misma no puede ser incondicional, es legítima, aunque sólo sea para salvar el principio democrático de la libertad de pensamiento y el derecho a la crítica. No se trata sólo de una cuestión de humanidad, frente al martirio inconmensurable de Gaza, sino también de una cuestión política, frente a la amenaza autoritaria en Francia. Más allá de sus diferencias y divergencias, todas las fuerzas que dicen ser parte de una democracia viva y pluralista deberían, pues, con una sola voz, unida y firme, exigir que esta solidaridad pueda ser expresada libremente.

Traducción de Miguel López

Para Laura Wight, bibliotecaria de un pequeño pueblo rural del este de Nuevo México, la semana suele empezar y acabar igual, con un mensaje en Facebook, una llamada telefónica y llamadas de socorro: "Necesito ayuda. Soy madre soltera o estoy en una relación abusiva. Estoy embarazada. No puedo tener más hijos. No puedo permitírmelo.”

"Me gustaría ir a buscar a esas mujeres y llevarlas a un lugar seguro", explica a Mediapart Laura, fundadora de la asociación Eastern New Mexico Rising, que lucha por los derechos humanos. Sin embargo, "la mayoría de las veces", la solución a corto plazo está en un sobre que la bibliotecaria enviará por correo al hospital tras haber metido en su interior, entre otras cosas, dos comprimidos de mifepristona, la primera de las dos píldoras que deben tomarse para un aborto inducido con medicamentos. "Siempre envío dos por si la persona que las necesita pesa más de 70 kilos".

Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la "Roe contra Wade", histórica sentencia de 1973 que reconocía el derecho constitucional al aborto, la mayoría de los Estados conservadores del sur cercanos a Nuevo México han restringido estrictamente o incluso prohibido el aborto. No muy lejos, en Texas por ejemplo, un Estado más grande que Francia, ahora está prohibido, incluso en casos de violación.

Muchas de las mujeres que se ponen en contacto con Laura Wight viven en Texas. "La joven que se puso en contacto con nosotros más recientemente tenía 21 ó 22 años, era tejana, latina, del sur del Estado. Ya tenía un hijo y una pareja que le impedía ir al médico. Quería abortar. Le enviamos las píldoras de mifepristona por correo".

A diferencia de sus vecinos, Nuevo México, dirigido por una gobernadora demócrata, se ha convertido en los dos últimos años en un Estado refugio. Se ha derogado la antigua ley que penalizaba el aborto, se han consignado fondos para construir nuevas instalaciones y se han aprobado disposiciones para garantizar que no se emprenderán acciones legales a nivel local contra quienes permitan la realización de abortos. 

Como resultado, se ha producido en tres años un aumento del 220% en el número de abortos practicados, el mayor incremento del país según el Instituto Guttmacher, que estudia la salud reproductiva. "Me siento bien" en Nuevo México, dice Laura Wight. "Pero si saliera elegido un gobernador republicano... Y con lo que está pasando a nivel federal, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados por el Tribunal Supremo...".

La cuestión del derecho al aborto volvió el martes 26 de marzo al más alto tribunal del país, la primera vez desde la desaparición del "Roe contra Wade". Los jueces aceptaron examinar la autorización por la FDA, la Agencia americana del Medicamento, de una píldora abortiva que se utiliza desde hace más de veinte años: la mifepristona.

En los próximos meses, el Tribunal Supremo deberá aclarar las condiciones en las que podrá administrarse la mifepristona en el futuro en Estados Unidos. Un tribunal federal de apelación, que el pasado verano admitió a trámite un caso presentado por una organización de médicos ultraconservadores, ya ha decidido restringir el acceso a la mifepristona.

La mifepristona, actualmente prescrita en Estados Unidos por teleconsulta y entregada por correo desde una serie de cambios normativos introducidos en 2016, también se prescribe para abortos hasta las diez primeras semanas de embarazo, en lugar de las siete originales. 

La sentencia del Tribunal de Apelación conservador, ahora pendiente, restablecería las normas vigentes antes de 2016 lo que supondría un nuevo retroceso. Antes de 2016, la mifepristona solo se prescribía con receta. En ese momento, el aborto requería tres consultas obligatorias presenciales con el médico. 

Laura Wight, que ya entreve un intento de imponer nuevas restricciones al derecho al aborto, incluso en Estados como Nuevo México, donde el aborto sigue siendo legal, "anima" ahora a los 200 miembros de su asociación a "abastecerse" de mifepristona. Ella misma mantiene “una reserva de treinta o cuarenta pastillas en todo momento". 

En Estados Unidos, las píldoras abortivas (más baratas que la cirugía) representan la mayoría de los abortos (63%). Eso representa un aumento del 10% con respecto a 2020. Una tendencia que no ha pasado desapercibida para quienes se oponen al aborto.

Para Rachel Rebouché, profesora de Derecho especializada en derechos reproductivos en la Universidad Temple de Filadelfia, no hay que equivocarse sobre el verdadero objetivo de esta última maniobra judicial de los conservadores. A través de la mifepristona, "el que está en el punto de mira es el derecho al aborto médico".

"Lo que está ocurriendo hoy es muy diferente" de la decisión dictada por el Tribunal Supremo en 2022. En "Roe contra Wade", dice, "la cuestión era si la Constitución americana incluía o no el derecho al aborto. Aquí, se trata de impugnar una autorización emitida por una agencia federal". "Cuando lo piensas, es bastante sorprendente que un tribunal de primera instancia de Texas pueda decirle a una agencia federal como la FDA, que es la agencia experta en seguridad de los medicamentos, que lo que lleva haciendo un cuarto de siglo está mal", sin aportar la más mínima prueba.

Rachel Rebouché considera que la utilización de los tribunales con fines ideológicos es una "amenaza" para el "Estado de derecho", que sólo ha creado más "caos" y "confusión". A ocho meses de las elecciones presidenciales, el acceso al aborto podría ser uno de los principales factores de movilización de la izquierda. En campaña, Donald Trump se ha felicitado por la anulación del caso Roe contra Wade, al tiempo que ha defendido un plazo legal para abortar de unas 15 semanas, frente a las 24 semanas actuales en algunos Estados. 

Sobre el terreno, en Albuquerque (Nuevo México), Lisa Hofler, responsable del centro de salud reproductiva de la UNM, observa a diario esa "confusión". Según explicó a Mediapart, las preguntas de las pacientes ni siquiera se refieren a las condiciones precisas para tomar mifepristona, sino simplemente al derecho a abortar. "¿El aborto es legal? ¿Puedo acceder a él? La respuesta es sí, absolutamente. 

El centro de salud reproductiva afiliado al hospital universitario de la ciudad, situado al fondo de una pequeña zona comercial, atrae, como muchos otros, la presencia de manifestantes antiabortistas, que agitan pancartas con fetos muertos ante los visitantes. Los opositores al aborto "se movilizan más durante las fiestas religiosas... En este momento, estamos en Cuaresma", declaró a Mediapart el responsable operativo del centro. 

Dentro del centro, en un pequeño sofá de la sala de descanso, algunas pacientes que han acudido a abortar comparten sus sentimientos y palabras de ánimo. "Duele mucho, pero agradezco mucho que el médico me coja la mano", escribía una de ellas con letra de adolescente. "Tengo tanto que aprender antes de poder ser madre", decía otra. 

Gracias a un generoso donante, los equipos del centro han sido reforzados recientemente con la creación de un puesto de coordinadora, cuyo trabajo consiste precisamente en ayudar a las mujeres a planificar sus abortos, con ayudas al transporte, alojamiento y fondos para cubrir el coste de todo el proceso, unos 600 dólares (más de 550 euros) un aborto médico y 3.000 dólares una intervención.

"A veces, las mujeres que se ponen en contacto con nosotros no saben que pueden recibir ayuda", explica a Mediapart la coordinadora del centro, una joven con gafas rosas y un jersey con corazones. Muchas conducen más de doce horas desde Houston (Texas) hasta Nuevo México para abortar. Entre 2014 y 2021, abortaron cada año unas 50.000 mujeres texanas.

En el centro se espera "con tristeza" la decisión del Tribunal Supremo. “Sólo podemos contar las historias de las personas que vemos", dice la doctora Lisa Hofler. “Lo que me preocupa la gente que no vemos.”

Dependiendo de lo que decidan los jueces sobre el "cuándo hay que tomar las dosis de mifepristona o su dosificación", Lisa Hofler y los equipos decidirán. "Tenemos un plan", nos dice. "Cuando era estudiante de medicina, el inicio de mi especialización coincidió con el asesinato del doctor George Tiller (asesinado por un anti abortista). Mi profesor me llamó y me dijo: 'No tienes que venir si no quieres'. Acababan de asesinar a alguien por practicar abortos. Y yo dije: 'Iré'". 

Laura Wight tampoco tiene intención de ceder. "Son tiempos muy aterradores. Tengo miedo por mi hija. Hablamos en bromas sobre mudarnos pero, en realidad, no es una broma. No es un buen momento para vivir aquí. No tenemos confianza en el sistema judicial...".

Traducción de Miguel López