La corrupción es el desagüe por el que se pierde el sistema, una cloaca oscura y subterránea que nos aleja de poder nombrarnos un Estado decente. O una democracia madura. A más corrupción, más tercer mundo político. Lo dijeron hace unos meses, se escribió palabra por palabra: la corrupción cero no existe. Parece que ya no es ni una aspiración primera. El margen de error del oficio: un caso aislado. Dos. Tres. Cuántos no lo convierten en una epidemia. 

Una se imagina a alguien que, súbitamente, tiene su poder y está en un despacho. Y, un día, no consigue evitarlo, una luz verde parpadea y le indica el camino de la tentación. El político, que algo trae dentro que no lo da solo el cargo, decide pasar por encima de todos los códigos éticos, la moral duerme o se apaga, hace unas llamadas, mete las manos en el cajón de lo común, se lucra y se dice a sí mismo: pero qué fácil ha sido. Y también, y aquí está la enajenación segunda: a mí no me van a coger. Porque yo soy más listo que otros. 

¿Más perspicaz que el sistema? ¿Que la justicia? ¿Que el resto de ciudadanos? 

A mayor poder, más grande la corrupción. Intenta una no creer que sea la prueba del Dictum de Acton: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Según la Real Academia Española, la palabra corrupción es sinónimo de putrefacción, descomposición, podredumbre, degeneración, fermentación. Significa deterioro de valores, usos y costumbres. En las organizaciones públicas significa utilización indebida o ilícita de las funciones en provecho de sus gestores. Significa diarrea y descomposición. A la corrupción política todo le encaja: hay algo que huele fatal. 

Dónde comienza la purga que devuelva la confianza. Dónde los obstáculos para lo que parece inevitable. ¿Más transparencia? ¿Mejores salarios para los cargos? ¿Qué más quieren? ¿Más control? ¿Un test ético o científico previo para el que va a manejar lo público?

Decía Rafael Chirbes en Crematorio: “La economía, que tan visible nos parece, tan escandalosa, es solo el decorado, el telón de boca que tapa el escenario por el que se mueve un animal sigiloso, invisible, tan inaprensible que ni siquiera tiene nombre, porque no es poder, aunque participe de él; no es el dinero, aunque se nutra de él; ni es el prestigio, aunque tenga su incorporeidad. Es el eje en torno al cual gira la gran rueda”.

Hay un párrafo en la sentencia que el Tribunal Supremo ha dictado contra el ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama donde los jueces advierten: “Su efecto más grave (de la corrupción) es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía”. Y termina avisando de que la corrupción compromete la estabilidad del propio sistema. 

Pocas cosas duelen más que la irrecuperable pérdida de confianza. Solo se rompe una primera vez. Tira gobiernos, destruye la relación más sólida como una carcoma. Una intenta volver hacia atrás, a la era de la ingenuidad, de la fe, y ya no es posible nunca más. En la política y en el amor, hay traiciones que devastan relaciones. La revelación de la corrupción es ese día en el que eres consciente del desenamoramiento, es el clic que te impulsa y te saca una casa, es lo que te impide volverles a votar. 

Al otro lado, alguien todavía no lo entiende: pero por qué te vas.

Y Alberto no estaba allí después de habernos prometido la llegada de la decencia. Alberto no estaba y tampoco ninguno de su partido. Y uno se pregunta: ¿De qué decencia hablarán? ¿De la que llega con discursos solemnes o de la que se demuestra cuando toca mirar hacia dentro?

Hay palabras que en política tienen una vida curiosa. Una de ellas, por ejemplo, es libertad y la otra podría ser decencia. Aparecen cada cierto tiempo, especialmente cuando algún partido político necesita presentarse como guardián de las buenas costumbres, aunque al abrir el armario de los recuerdos salgan demasiados fantasmas y esté lleno de mierda.

Hemos manoseado la libertad hasta límites insospechados y ahora parece que le toca a la decencia.

Porque vuelve Nevenka Fernández a Ponferrada y su historia vuelve a poner delante del espejo una cuestión incómoda para el PP. Todos recordamos qué ocurrió cuando Nevenka denunció desde una posición de enorme desigualdad un tremendo acoso laboral y sexual por parte de su alcalde y compañero de partido. Cuántos años han pasado sin que nadie del PP haya hecho una revisión profunda de aquel episodio. No hay más que ver sus actitudes actuales, que no han cambiado casi nada. Hace 25 años miraron para otro lado y la culpable era la acosada y ahora, por ejemplo con el alcalde de Móstoles, vuelven a hacer prácticamente lo mismo.

Para el PP ahora parece que es la ocasión de presumir de ejemplaridad, pero la hemeroteca parece querer decir otras cosas. Ahí siguen episodios como la Gürtel, la trama del caso Kitchen, las investigaciones y condenas relacionadas con financiación irregular en diferentes etapas del partido, el caso de Cristóbal Montoro o las polémicas alrededor de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La bandera de la ejemplaridad es fácil de ondear cuando se mira al adversario, pero más difícil cuando toca revisar la propia casa.

La política española tiene una curiosa tradición: algunos creen que la regeneración consiste en cambiar el cartel de la puerta, aunque dentro sigan acumulándose los mismos trastos viejos. La decencia no es un eslogan de campaña, ni es una palabra que se tenga que estrenar en cada legislatura. Es una conducta: consiste en reconocer errores, reparar daños y no pedir a la sociedad que olvide lo que todavía no ha sido explicado. La decencia se anuncia con mucha solemnidad, pero nadie debería confundirse: en la política española casi nadie tiene el monopolio en este terreno.

Ya sabemos que en el PSOE tampoco bajan las aguas precisamente cristalinas. También han tenido sus indecencias, sus contradicciones y sus episodios difíciles de explicar. No me puedo olvidar de los GAL, y ahí quedan las recientes sentencias a Ábalos y Koldo García, ahí está Leire "la fontanera", y por último la reciente imputación de Zapatero.

Quizá el problema no sea el color de la bandera que se ondea, sino la facilidad con la que algunos la levantan cuando están en la oposición y la esconden cuando les toca responder públicamente. Porque la decencia no pertenece a siglas. No es patrimonio de un partido, ni debería ser un arma contra el rival.

La decencia es algo más incómodo: es mirarse al espejo cuando nadie te obliga y reconocer tus malas andanzas. Y algunos espejos llevan demasiados años acumulando polvo.

Y un comentario final. La sentencia de un tal Víctor Aldama: ¿Decencia o indecencia? Ahí lo dejo, juzguen ustedes.

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Alfonso Donnay Gómez de Segura es socio de infoLibre.

La corrupción ocupa un lugar privilegiado en la conversación pública. Escándalo tras escándalo, la política parece dividirse entre corruptos y perseguidores, entre quienes cometen los abusos y quienes los denuncian. La escena resulta familiar: una investigación, una filtración, una comisión parlamentaria, una portada, una declaración solemne y, finalmente, una nueva promesa de regeneración democrática.

Sin embargo, quizá hemos dedicado demasiado tiempo a preguntarnos quién es corrupto y demasiado poco a preguntarnos quién vive de la corrupción.

No me refiero a quienes se enriquecen ilegalmente gracias a ella. Sobre esos existe un consenso razonable: deben ser investigados y, si corresponde, condenados. Me refiero a otra cuestión más incómoda. ¿Qué incentivos genera la existencia permanente de la corrupción para quienes tienen la misión de combatirla?

La pregunta puede parecer provocadora, pero en realidad es bastante clásica. La sociología lleva décadas recordándonos que toda organización desarrolla intereses propios además de los fines para los que fue creada. Los medios necesitan informar, pero también audiencia. Los partidos necesitan representar a sus votantes, pero también diferenciarse de sus adversarios. Las instituciones necesitan resolver problemas, pero también justificar recursos, visibilidad y relevancia. La corrupción no escapa a esta lógica.

Alrededor de ella se ha configurado un ecosistema formado por partidos, medios, expertos, organizaciones, plataformas y actores diversos que cumplen funciones necesarias para la vida democrática. Sin embargo, la existencia continuada de la corrupción también alimenta dinámicas de competencia política, movilización y producción de atención pública.

Quizá por eso la corrupción ha dejado de ser únicamente un problema de integridad institucional para convertirse también en un instrumento de desgaste político.

La cuestión ya no es sólo quién roba. La cuestión es quién logra erosionar la legitimidad de su adversario.

En las democracias contemporáneas, donde la competición es permanente y la atención escasa, la sospecha puede resultar casi tan valiosa como la condena. Una investigación abierta durante años, una sucesión constante de titulares o una cadena ininterrumpida de acusaciones pueden producir efectos políticos profundos con independencia del desenlace judicial.

No se trata de negar la existencia de la corrupción ni de cuestionar la necesidad de perseguirla. Todo lo contrario. Una democracia necesita instituciones capaces de investigar y sancionar conductas ilícitas. Pero también necesita comprender qué incentivos aparecen alrededor de esa persecución.

Porque una sociedad sana no sólo debe preguntarse quién es corrupto. También debería preguntarse qué ocurre cuando la corrupción se convierte en el centro permanente de la conversación pública. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones. Pero la sospecha permanente también puede hacerlo.

Y entre ambas cosas existe una pregunta que apenas nos atrevemos a formular: ¿quién obtiene poder cuando la corrupción nunca desaparece del debate?

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Anna Garcia Hom es doctora en Prevención y Seguridad Integral, socióloga y analista.

El instructor del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha terminado este jueves por estallar contra las continuas filtraciones de sus diligencias que, cada día, ve publicadas en diversos medios de comunicación. La gota que ha colmado el vaso para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, ha sido la publicación íntegra de los anexos del informe de la UDEF conocido este miércoles, que relataba las gestiones del exjefe de Gobierno con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, a favor de un grupo empresarial peruano. Esos apéndices contenían la agenda íntegra de Zapatero de los años 2024 y 2025. También varios chats de su WhatApp con implicados en esa mediación, pero además, el que mantiene con su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, con la que, además de gestionar su actividad profesional, organiza gran parte de su vida familiar y privada. Gracias a la publicación de ambos documentos, cualquiera puede reconstruirla.

La filtración de múltiples datos personales protegidos por la ley en un proceso judicial ya se produjo a lo largo del pasado año con la investigación abierta en el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los informes de la UCO sobre el caso se facilitaron con los anexos que contenían miles de llamadas e intercambios de datos del teléfono del exjefe del Ministerio Público. Entre los afectados aparecieron, por supuesto, múltiples fiscales subordinados, pero también familiares y amigos, que no tenían nada que ver con la causa. Una de esas personas fue su antecesora en el cargo y exministra, Dolores Delgado que, tras la publicación, denunció llamadas anónimas en su terminal. Hasta una vocal del Poder Judicial, y no solo con su número, también con el nombre de un familiar y la dirección de su domicilio particular.

La fuga masiva de información ha sido, si cabe, aún más grande en el caso de Zapatero. "El contenido de los anexos del informe policial [el de la UDEF] fue difundido íntegramente por diversos medios poco después de su puesta a disposición de las partes a través de la plataforma electrónica Cloud", afirmó Calama en su auto de este jueves, que se refería a la "reserva externa de las actuaciones", pero en ningún caso advirtió que se pudiera haber vulnerado el derecho fundamental a la intimidad del investigado. Los anexos publicados, según el juez, contienen "datos incompatibles con su publicación indiscriminada", por lo que su difusión puede constituir un delito de revelación de secretos o de quebrantamiento del secreto de sumario.

Gracias a los mensajes intercambiados con su secretaria, que ocupan nada menos que 1.084 páginas, es posible hacer un traje a medida del expresidente. Porque Zapatero, por ejemplo, le indica las personas con las que quiere quedar, las llamadas que tiene que hacer o los viajes que tiene que emprender para que ella le auxilie gestionando todas sus actividades. Pero también le cuenta datos de su estado de salud o le pide que le compre determinados medicamentos que necesita. En el intercambio de mensajes también aparecen números de teléfono y direcciones de periodistas con los que se reúne –lo que podría afectar al derecho fundamental al secreto profesional de estos últimos– o de amigos con los que comparte su vida social. El chat con Gertrudis Alcázar contiene datos que sí son relevantes para la investigación, pero también otros muchos de caracter íntimo que nadie querría que fueran revelados.

Como las complicaciones en el estado de salud de familares, revelaciones sobre la vida sentimental de personas cercanas, el clásico intercambio de fotos propias y de parientes que se suele hacer con estas aplicaciones de mensajería... También hay algunos datos sobre los movimientos de su esposa, Sonsoles Espinosa, que nada tiene que ver con el caso. Aparecen informaciones sobre las declaraciones de impuestos de la pareja o sobre sus propiedades para nada relacionadas con la causa; su rutinas deportivas y hasta los memes están en el anexo que contiene esa conversación de WhatsApp. Todo ello junto a citas con cargos públicos españoles y dirigentes extranjeros cuyas actividades junto al expresidente, sin comerlo ni beberlo, también han sido reveladas.

Calama ha puesto medidas para intentar que no se repita. En primer lugar ha deducido testimonio (es decir, lo ha denunciado) ante el Tribunal de Instancia de Plaza de Castilla para que que se indaguen las filtraciones y se identifique a los responsables. Se trata de investigaciones que –salvo en el caso del anterior fiscal general, que fue condenado sin ninguna prueba directa– se suelen archivar por falta de autor conocido. El instructor también ha obligado a las partes a poder consultar los vídeos de las declaraciones únicamente en la oficina judicial, para evitar que se emitan por televisión o en medios digitales. A partir de ahora, solo el PP podrá acceder a las diligencias, el resto de acusaciones populares quedan excluidas. Sin embargo, las restricciones llegan tarde, cuando el mal ya está hecho y cada uno de los pasos y actos de un expresidente en los últimos dos años circulan por todas las redacciones.

Españoles y españolas, presidenta, personal del Congreso, invitados e invitadas, medios de comunicación y mayoría de señorías, buenos días.

Al resto de señorías, gracias por cumplir con la obligación de asistir a esta comparecencia. Sé que no van a escucharme, yo a ustedes sí. Es una de las virtudes que hacen a la izquierda superior a la derecha.

Ahora pataleen y golpeen sus escaños y después suban esas imágenes a las redes sociales o dénselas a National Geographic. No desentonarán con las del comportamiento de ciertos antepasados nuestros cuando alguien invade su territorio.

He venido a hablar y a escuchar, pero, diga lo que diga, ustedes se van a limitar a leer una réplica escrita con la ayuda de una IA llena de descalificaciones recicladas y mentiras repetidas. Lo único que tienen que hacer es no improvisar no vaya a ser que se escape un “anotop”, ¿verdad, señor Feijóo? O un “escribido”, ¿verdad, señor Abascal? O confundir “un control de la Guardia Civil con el secuestro de un soldado”, ¿verdad, señora Muñoz?

Ustedes no han venido hoy aquí para convencer a nadie, solo a tratar de que todo suene a delito y a catástrofe a pesar de que los datos de la economía española nunca han sido mejores.

Ustedes han venido hoy aquí a hacer lo que llevan haciendo desde junio de 2018, que es nada por la patria y todo por ustedes y sus amigos. Nada por los españoles y españolas y todo por apartarme del cargo que ostento porque así lo quiso la mayoría de los españoles y españolas: mentiras, pruebas falsas y la infame acción de magistrados y magistradas afines a su fascismo que hacen –o tratan de hacer– por la vía jurídica, lo que ustedes son incapaces de hacer por la vía política.

Porque que el talento no brilla en la derecha cuando está en la oposición, es innegable e irrebatible. El problema es que tampoco brilla cuando gobierna. Pero al menos los próximos tres años les podrán echar la culpa a los eclipses que habrá en nuestro país.

Comparezco hoy ante ustedes no para defenderme. Tampoco para justificar ciertos comportamientos que me dan asco. Todo lo contrario que a algunas de las señorías hoy aquí presentes que disfrutan chapoteando en el fango más que un mimo en el coche del silencio del AVE.

Y lo hago dos días después de que el Tribunal Supremo haya condenado a quien fue mi ministro y secretario de organización y a uno de sus asesores y premiado a un corruptor buscando sin duda –les sonará la expresión– un “efecto llamada”.

Confié en quien no merecía mi confianza. Y de esa confianza respondí yo como marcan los estatutos del partido. Ahora la Justicia ha hecho su trabajo condenando a esas personas.

Esa es la diferencia entre unos partidos y otros. Entre los que expulsan a quienes cometen irregularidades y los que premian a quienes tienen ese deleznable comportamiento. O tienen sus sedes en edificios pagados de forma ilegal. O cobran sobresueldos en sobres. O destruyen pruebas. O crean policías paralelas que secuestran. O buscan togas que en lugar de instrucciones de lavado lleven instrucciones partidistas.

El pasado lunes, el Supremo dictó una condena dura. Bienvenida sea. Porque la prueba de una democracia no es no tener corruptos —los tienen todas— sino tener tribunales que los condenen. Pero, sobre todo, gobiernos y partidos que no los protejan.

Algo que sucede en mis gobiernos y en mi partido y que ni ha estado, ni está ni se espera en gobiernos del Partido Popular. Y mucho menos en el partido. Y ahora sus diputados y diputadas pueden volver a golpear los escaños y a patalear porque las verdades duelen.

Mírense luego, señorías de la oposición. Son como los perros de Pavlov. Dentro de poco bastará con que suba aquí y diga buenos días para que actúen como primates.

Les anticipo que no va a ser un discurso largo pero sí honesto. Brutalmente honesto diría. Y en el que pediré perdón a los españoles y españolas. A todos y a todas. Nos votasen o no.

Un discurso en el que hablaré de dos cuestiones que algunos tienen interés en confundir y que yo tengo el deber de diferenciar. Una es la corrupción: hechos, pruebas y una sentencia. Ante eso, contundencia y cero excusas. La otra es el uso de los tribunales y la mentira para tumbar el veredicto de las urnas.

Pero antes de entrar a fondo en estos asuntos, quiero decir algo de manera clara. Despacio y con el debido respeto a esta cámara y a la Justicia y ninguno a la interpretación que ustedes hagan de mis palabras.

Vayan contra mí, no les tengo miedo y tengo al tiempo y a la Justicia que me darán la razón. Pero cuidado con atacar a mi familia con mentiras o violando su intimidad. Ahí igualmente se van a encontrar con los tribunales. Pero también conmigo.

Así habría empezado yo el discurso de la comparecencia de este miércoles si yo fuera presidente.

Pero no lo soy. Afortunadamente.

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Alfredo Díaz es socio de infoLibre.

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía ha vuelto a señalar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como líder de "una organización criminal" dedicada "al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes". La operación reseñada esta vez no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra. Se trata de una mediación a favor de un grupo empresarial peruano con el expresidente de Bolivia Luis Arce para tratar de poner solución a un pleito millonario en ese país, por la que el exlíder del PSOE habría obtenido 200.000 euros. Fuentes del entorno de Zapatero han asegurado a infoLibre que esa actividad investigada por los agentes fue "una actividad de consultoría por completo legal". También señalan que "sería inaceptable hacer una investigación prospectiva sobre la actividad profesional del expresidente" y consideran "un escándalo sin precedentes" que se publiquen "agendas y conversaciones privadas de un presidente".

El documento policial señala muy detalladamente todos y cada uno de los trámites para que Zapatero llevara a cabo esa gestión. La petición partió de la sucursal en Bolivia de la consultora Kreab, en concreto de su asesora senior Carmen Almendras, que fue embajadora en España entre 2007 y 2015. La consultora, a través de su asesora, pidió ayuda al expresidente español el 8 de mayo de 2024 para que prestara auxilio al más alto nivel al Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano. Una de las empresas de ese grupo, Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), fue condenada en Bolivia por competencia desleal con la cementera Fancesa (Fábrica Nacional de Cemento SA), de la que Soboce era propietaria de un tercio del capital que luego fue expropiado por el Estado boliviano. Fancesa demandó a Soboce y el Tribunal Supremo del país andino condenó a esta última a pagarle 107 millones de dólares (94 millones de euros al cambio actual).

Para prestar ese servicio, Zapatero se desplazó el 15 de septiembre de 2024 a Bolivia, donde se entrevistó con el expresidente Luis Arce –actualmente en prisión preventiva tras su detención en diciembre acusado de varios delitos de corrupción– y con su ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Las gestiones del expresidente español en Bolivia para el Grupo Gloria siguieron produciéndose a lo largo de 2025, con nuevos contactos telefónicos con el expresidente Arce y con el entonces Procurador General (fiscal general) del país, Ricardo Condori, con el que habló el 6 de mayo de ese año. A finales de mes, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce, y suspendió provisionalmente el pago de la millonaria indemnización a Fancesa.

El informe contiene dos conexiones con la supuesta operativa ilícita detallada por Calama en el auto que dio inicio a la investigación contra Zapatero. La primera es que el dinero que obtuvo por sus gestiones se le transfirió a través de una empresa interpuesta. Se trata de Focus Social Research, una sociedad con la que el propio Zapatero firmó un contrato de prestación de servicios de asesoría. Fue esa firma, cuyo objeto social, según los agentes, es el marketing, la que canalizó supuestamente los tres pagos (uno de 100.000 y dos de 50.000 euros, respectivamente) que le habría abonado, en realidad, el grupo empresarial peruano Gloria. Focus Social Research, según el informe de la UDEF, "habría sido empleada como sociedad interpuesta". En el auto del instructor con el que imputó a Zapatero aparecían otras mercantiles que supuestamente actuarían como tapaderas: Inteligencia Prospectiva, Softgestor, Grupo Aldesa...

La segunda conexión con los hechos que sirvieron a Calama para actuar contra Zapatero es la presencia de los hermanos Guillermo y Domingo Amaro Chacón, ambos empresarios venezolanos y titulares, precisamente, de Inteligencia Prospectiva. El instructor señala a esta sociedad sin actividad como canalizadora de fondos a la trama y una de las entidades con las que una empresa china habría intentado obtener cupos de petróleo en Venezuela gracias a la relación personal del expresidente español con la actual presidenta encargada y anterior ministra de Petróleos del Gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Uno de los pagos registrados a WhaTheFav, la empresa de las hijas de Zapatero, procedió directamente de esta sociedad sin personal que justificaba el dinero que entregaba a través de ampliaciones de capital. Los hermanos Amaro Chacón fueron con Zapatero a Bolivia en el viaje en el que el expresidente hizo las gestiones a favor de Gloria con Arce.

En su declaración ante el juez Calama, Zapatero aseguró que había desarrollado "una intensa tarea de consultoría" con los hermanos Amaro Chacón, con los que, sin embargo, afirmó que no mantenía el contacto. "Me he reunido con ellos en innumerables ocasiones, me han consultado absolutamente todas las vertientes políticas, económicas, he viajado con ellos y he estado en reuniones con ellos", declaró. El expresidente también negó haber mediado a favor de ninguna empresa china para que obtuviera petróleo. "No he tenido ninguna relación con ninguna empresa china más que mi actividad en China, que ha sido dar conferencias", aseguró.

Hasta febrero de 2024, Víctor de Aldama era un desconocido para la opinión pública, aunque llevaba décadas cerca del poder, tanto en España como en México. Fue ese mes cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo detuvo —junto al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García— por un presunto amaño de un contrato millonario de mascarillas del Gobierno durante la pandemia, aunque quedó en libertad provisional. Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, Aldama volvió a ser detenido, en ese caso por un presunto fraude en el negocio de los hidrocarburos que asciende, según Hacienda, a más de 231 millones de euros.

Sin embargo, el comisionista únicamente pasó 42 días en la cárcel de Soto del Real de Madrid. Su abogado, exmagistrado de la Audiencia Nacional, le indicó al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que su cliente quería colaborar. Y, más de dos años después, el Tribunal Supremo lo ha exonerado de la cárcel y esquivado la multa millonaria que para él exigía la Fiscalía Anticorrupción tras ser condenado a cuatro años y medio de prisión por organización criminal y cohecho. “Han demostrado que son justos y la colaboración en este país sirve”, se congratuló el comisionista tras conocer la resolución.

De esta manera, Aldama ha culminado una de las transformaciones más llamativas de la política española reciente. Pese a que su participación delictiva en el caso mascarillas ha quedado acreditada judicialmente este lunes —la UCO lo considera el jefe de la trama criminal— , se ha convertido en una suerte de denunciante heroico para amplios sectores de la derecha política y mediática. Una figura presentada como pieza clave en la lucha contra el Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno más cercano.

La sentencia del Tribunal Supremo que ha cerrado el caso mascarillas no presenta precisamente a Aldama como un ciudadano ejemplar, sino como el corruptor que empezó a colaborar con la justicia una vez ya imputado, tras comprobar que le podía beneficiar en el juicio. Los magistrados aprecian la atenuante análoga de colaboración como muy cualificada. Y, en base a esto, le rebajan la pena en dos grados respecto a los delitos de organización criminal y cohecho continuado, pese a que participó activamente en la trama y obtuvo beneficios económicos millonarios que no tendrá que devolver.

Sin embargo, la imagen pública que ahora proyectan numerosos dirigentes políticos, comunicadores y activistas conservadores poco tiene que ver con esa realidad judicial. Aldama no comenzó a colaborar por arrepentimiento o remordimientos, como sí hizo el exconcejal del PP José Luis Peñas con la Gürtel. En ese caso, fue él quien destapó el caso al proporcionar unas grabaciones de Francisco Correa. Aldama, en cambio, colaboró cuando la UCO ya había acumulado una amplia base probatoria sobre el funcionamiento de la trama y cuando él ya estaba en prisión.

En los casos de corrupción, la figura del colaborador aporta información decisiva para descubrir delitos desconocidos o identificar responsables que, de otro modo, permanecerían ocultos. En el caso de Aldama, el Supremo parece obviar que la investigación ya había acreditado buena parte de los hechos esenciales cuando decidió convertirse en colaborador. Pese a ello, el Alto Tribunal considera que su aportación fue suficiente para apreciar una atenuante muy cualificada de colaboración. Sin embargo, también deja fuera algunas de las graves acusaciones que lanzó el comisionista contra Sánchez y su entorno por no considerarlas acreditadas.

Con todo, la transformación de Víctor de Aldama en una figura política de referencia para una parte de la derecha no se ha producido únicamente en los tribunales. También ha sido el resultado de una intensa operación de legitimación mediática y de una red de apoyos públicos que han contribuido a presentarlo como un denunciante perseguido más que como uno de los protagonistas de la trama corrupta que él mismo terminó reconociendo.

Uno de los respaldos más visibles ha sido el de Daniel Esteve, fundador de Desokupa y uno de los referentes del ecosistema ultra español. En diciembre de 2024, cuando Aldama acudió a declarar ante el Tribunal Supremo, lo hizo acompañado por Esteve. Desde entonces, el líder de Desokupa ha actuado como uno de sus principales defensores públicos, celebrando sus éxitos judiciales y presentándolo como víctima de una supuesta persecución política. Tras conocerse la rebaja de su condena y que evitaría la prisión, Esteve difundió varios mensajes de apoyo en redes sociales en los que felicitaba a Aldama y arremetía contra la izquierda.

Pero Esteve no es el único. La exdirigente de Vox Macarena Olona ha llegado a afirmar que "gracias a su colaboración, la Justicia ha condenado una organización criminal dentro del Gobierno de España", presentándolo como una figura que habría asumido "un enorme riesgo personal" por denunciar los hechos. El agitador ultra Vito Quiles también ha celebrado la resolución judicial anunciando que "Aldama ya es libre" y asegurando que está dispuesto a "seguir ayudando a los españoles a derrotar a la mafia", en referencia al Gobierno.

En el ámbito de la política institucional, el Partido Popular ha reivindicado expresamente el papel de sus abogados en la petición de una rebaja de pena para el empresario. Alberto Núñez Feijóo señaló este lunes que se alegraba de que la acusación particular ejercida por los populares hubiera acertado al solicitar esa reducción porque "a aquel que colabora con la Justicia, le corresponde". Esa ha sido la tesis también de las portavoces en el Congreso, Ester Muñoz, y en el Senado, Alicia García. 

Precisamente en la sesión de control de la Cámara Alta, el ministro Félix Bolaños arremetió este martes contra la posición del PP. Señaló que el comisionista “no merece” que se le ensalce y diferenció entre él y el citado José Luis Peñas, tras destacar que muchas de las afirmaciones del comisionista no se han podido probar, al contrario que las de Peñas. Y añadió: "Yo respeto que ustedes tengan tanta admiración por el señor Aldama, que sea su referente ético, su amigo, su aliado. Les propongo que le metan en las próximas listas electorales del PP y que hagan público su amor”.

En paralelo, Aldama ha protagonizado una extensa gira mediática. Durante los últimos meses ha multiplicado sus apariciones en televisiones, radios, periódicos y canales afines a la derecha. Su presencia ha sido especialmente intensa en el universo Mediaset, con entrevistas y conexiones en El Programa de Ana Rosa, Horizonte o los propios Informativos Telecinco. En estos espacios ha reconocido que tuvo ayuda del subdirector de El Español, Jorge Calabrés, para boicotear la rueda de prensa de Leire Díez.

Desde estos medios ha repetido una estrategia basada en anunciar nuevas pruebas, anticipar futuras imputaciones o sugerir revelaciones de gran impacto político que, según sostiene, terminarán afectando al entorno del presidente del Gobierno. La mecánica se ha repetido una y otra vez: anuncio de revelaciones inminentes, promesa de documentación definitiva y expectativa de un supuesto giro histórico en las investigaciones.

Hasta el momento, sin embargo, muchas de esas afirmaciones no han sido acompañadas de evidencia documental ni han tenido reflejo en resoluciones judiciales. Pero todo ello le ha servido para dejar de ser presentado como un empresario implicado en una trama corrupta para convertirse en una especie de acusador permanente del sanchismo.

Así, determinados programas y plataformas digitales han seguido otorgándole una enorme visibilidad, convirtiendo cada nueva declaración en un acontecimiento político. La derecha mediática, además, tampoco parece interesada en someter a Aldama al interrogatorio que merecería cualquier fuente con semejante historial. En la mayoría de esas entrevistas se le pregunta por lo que puede decir contra el Gobierno y se le concede el papel de arrepentido cuando conviene, omitiendo que su relato también es una estrategia de defensa. 

La conversión de Aldama en símbolo político responde también a una necesidad estratégica de la oposición más dura a Sánchez. Su figura permite mantener viva la expectativa de una gran revelación pendiente incluso cuando las pruebas judiciales no acompañan determinadas acusaciones. Pero, en determinados espacios, eso es lo de menos: solo hace falta que Aldama lo diga para publicar. Luego los dirigentes del PP y Vox lo difunden y la sospecha se instala.  

La Guardia Civil ha detenido a seis personas dentro de la operación abierta por la Guardia Civil bajo la dirección del Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial y que ha supuesto el registro del Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE, y de dos domicilios particulares vinculados a la investigación. Entre los detenidos está la concejala de Comercio del municipio Yolanda Santos (PSOE).

Cuatro detenciones se han producido en la provincia de Soria y dos en la Comunidad de Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, que en un principio apuntaron a cinco detenidos en una operación que sigue abierta y que ya suma seis arrestos, sin que se descarten más.

La Guardia Civil investiga la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

A primera hora de esta mañana varios agentes han entrado en el Ayuntamiento de Soria para proceder al registro que, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, tiene que ver con el área de Comercio del consistorio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Soria, del que hasta el pasado mes de abril era alcalde el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes, ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias.

De este modo, el Ayuntamiento, cuyo alcalde actual es el socialista Javier Antón, afirma que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida en el marco de estas actuaciones.

"Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse", añade el comunicado.

Además, el consistorio hace un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales" y pide evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario".

Finaliza la nota reiterando su compromiso con la "transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia".

Por su parte, el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León ha pedido "explicaciones inmediatas" al líder del PSCyL y portavoz del grupo socialista en la Cámara autonómica, Carlos Martínez, y ha trasladado su "máxima preocupación" ante el registro. ç

La concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos (PSOE), es una de las seis personas detenidas en la operación abierta por la Guardia Civil, que ha incluido el registro de las dependencias municipales, aún en marcha. De momento, Santos es una de las seis personas investigadas, cuatro de ellas en Soria y otras dos en Madrid.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado a EFE que será el Tribunal de Instancia número 3 de Soria, que junto a la Fiscalía de la Audiencia Provincial dirige esta investigación, el que tome declaración a la concejala y determine su situación procesal.

El Gobierno ha reaccionado a la dura sentencia del caso Ábalos dictada por el Tribunal Supremo con la idea de que "condena y lamenta" sin matices unos comportamientos que "claramente" han atentado contra sus principios de "transparencia, mérito e integridad".

Fuentes del Palacio de la Moncloa se ha expresado en estos términos después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres medes de cárcel por el caso mascarillas. También se impone una pena de prisión de 19 años y ocho meses al exasesor Koldo García.

El Ejecutivo indica a raíz de esa decisión judicial: "Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público".

"A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello", añaden las fuentes.

Las fuentes subrayan: "Por eso, lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada".

Moncloa no entra a valorar el hecho de que el empresario Víctor de Aldama sea eximido de ingresar en prisión a pesar de haber sido condenado a más de cuatro años. No obstante, ese hecho sí ha sido criticado, por ejemplo, por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la red social X, donde ha escrito: "¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos. pero luego os portáis bien y 'colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora".

El PSOE indicó, tras conocerse la sentencia, que la "Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse": "La posición del partido ha sido clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular. El PSOE actuó desde el primer minuto".

Para el PSOE: "La corrupción no solo define a quienes la cometen. También retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado. Y esa es la diferencia fundamental entre el PSOE y el PP. Nosotros actuamos. Ellos siguen en una sede en la que había caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas. El hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral".

"Antes de lanzar su propia moralina barata, Feijóo debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso", apuntaron desde Ferraz.

No anularía el caso, porque antes de su llegada a la investigación, ya había indicios que señalaban directamente a José Luis Rodríguez Zapatero. Pero si el clonado del teléfono de Rodolfo Reyes, exmáximo accionista de Plus Ultra, realizado por el Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 y entregado por esa agencia de EEUU a la UDEF cinco años después (el pasado 18 de marzo) fuera considerado una prueba ilícita, sí podría sacudir el procedimiento obligando al instructor del caso, José Luis Calama, a eliminar del procedimiento todas las averiguaciones posteriores relacionadas con ella. El abogado del expresidente, el catedrático de Derecho Procesal Víctor Moreno Catena, lo sabe y ha reclamado al juez que pida a Washington datos sobre las circunstancias de ese clonado, si se hizo en el marco de un procedimiento abierto en EEUU contra Reyes y si se respetó la cadena de custodia. Pero este jueves, Calama ha aparcado esa ampliación de información hasta que reciba respuesta del Gobierno estadounidense sobre su posibilidad de utilizarlo en el proceso.

El instructor se refirió a ese informe concreto del HSI sobre el teléfono de Reyes en el extenso auto con el que imputó a Zapatero el pasado 18 de mayo. Antes de tomarle declaración este miércoles, el 5 de junio reclamó a Washington mediante otra resolución "la autorización para la utilización como medio de prueba en el proceso penal español de la extracción telefónica del dispositivo móvil". Lo que quiere el instructor es "autorización expresa para la utilización en el proceso penal español como medio de prueba" –es decir, también en un hipotético juicio oral– y no solo de investigación, como había hecho hasta ese momento tanto la Policía, como la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez de instrucción 4 de la Audiencia Nacional. "La información facilitada por autoridades policiales extranjeras puede servir como fuente de investigación, pero su eficacia como medio de prueba en el proceso penal requiere su adecuada incorporación a las actuaciones", afirmaba el instructor. Y apuntaba a los tratados bilaterales, las solicitudes de asistencia judicial o los canales policiales institucionalizados como vías para conseguir esa eficacia.

El auto de Calama, además, daba algunos datos sobre cómo se obtuvo el clonado del móvil de Reyes, información que, sin embargo, Zapatero consideró insuficiente. El instructor explicó que se obtuvo en el marco de "una investigación trasnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales que incluyen desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Esa investigación se desarrollaba "en coordinación con oficinas de HSI en Nueva York, Tampa [Florida], Miami y Boston y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal, con el objetivo de identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos".

Una de las líneas de esas pesquisas, según explica Calama en su auto, apuntaba a Rodolfo Reyes, antiguo máximo accionista de Plus Ultra, "por blanqueo y evasión de sanciones" que realizaba a través de la aerolínea rescatada en marzo de 2021 con 53 millones de euros, y otras compañías como Capital Bank, la sociedad de valores Panacorp y Dinosaur Bank. El juez también aporta la información de que la copia del teléfono de Reyes se obtuvo "inicialmente orientada al contrabando", aunque luego "reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales", según la resolución que solicita la cooperación judicial de Washington. Por último, el instructor confirma que el informe sobre ese dispositivo se facilitó a la UDEF el pasado 18 de marzo. El número de referencia del documento aparece señalado en tres ocasiones en el auto. Sin embargo, tal y como asegura la defensa de Zapatero, el informe estadounidense, pese a la importancia que le da el juez, no se encuentra entre los documentos del sumario facilitados a las partes.

Para clonar un teléfono en España y en general en todos los países de la UE, es necesario que se haga con autorización judicial. En caso contrario, el material obtenido sería una prueba ilícita obtenida mediante la vulneración del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. También es necesario conocer de manera precisa cómo ha llegado ese material al proceso, para excluir cualquier riesgo de manipulación que pudiera afectar al derecho de defensa de los investigados. Por eso, Zapatero pidió al juez, cinco días después de que este reclamara autorización para usar esos mensajes de Reyes en el proceso, que ampliara su auto pidiendo más información. En concreto, quiere conocer la resolución judicial o administrativa que permitió copiar el teléfono, el proceso concreto abierto contra Reyes en EEUU, los informes del HSI sobre el clonado, cómo se hizo, con qué software y si fue total o parcial, que se verifique que esa información no ha sido manipulada, cómo se ha preservado desde que se obtuvo en 2021 y la cadena de custodia.

El Gobierno de EEUU ha autorizado algunas prácticas de investigación sobre comunicaciones que en España serían radicalmente ilegales. La Patriot Act, aprobada durante el mandato del republicano George W. Bush, por ejemplo, permitió a la Agencia de Seguridad Nacional de ese país almacenar los datos de las llamadas de millones de ciudadanos. La ley, además, daba en la práctica un cheque en blanco a agencias como el FBI para hacer intervenciones telefónicas y restringía los derechos de los ciudadanos extranjeros en territorio de EEUU. Los agentes de aduanas de ese país, además, están autorizados a clonar cualquier dispositivo electrónico en las zonas fronterizas sin necesidad de obtener previamente autorización judicial. En España ha habido procesos basados en intervenciones de comunicaciones ejecutadas por Washington en los que esas pruebas han sido anuladas. Algunas relacionadas con el terrorismo islamista, como la Operación Tigris.

El escrito del defensor de Zapatero reclamando más información sobre la obtención de la prueba por el HSI parece indicar ese camino, el de buscar la nulidad de la prueba. Calama no ha rechazado su petición directamente sino que simplemente ha respondido que ahora no es el momento adecuado. Antes, quiere conocer la información que Washington le pueda facilitar con la solicitud de cooperación que le envió el 5 de junio. "Mientras no se reciba la contestación al instrumento de cooperación jurídica internacional ya acordado, no es posible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o procedencia de los extremos cuya ampliación se solicita, pues dicha apreciación depende directamente del contenido de la respuesta pendiente", afirma el juez en su resolución de este jueves.

En cualquier caso, la hipotética anulación de esa prueba, casi con total probabilidad, no sacaría a Zapatero de la causa ni provocaría la caída de toda la investigación. Antes de su entrega por el HSI estadounidense a la UDEF el 18 de marzo, la anterior instructora del caso, Esperanza Collazos, ya apuntaba al exjefe del Ejecutivo. En su auto de inhibición a favor de la Audiencia Nacional del 23 de febrero relataba que las conversaciones intervenidas en España al abogado y presunto facilitador de la trama en Madrid, Miguel Palomero, y los pagos de Análisis Relevante, la consultora de su amigo, al expresidente y a la empresa de sus hijas analizados por la Agencia Tributaria, ya indicaban su implicación. Un informe de la UDEF redactado más de un mes antes de acceder al material de EEUU aseguraba que había "indicios suficientes para concluir [...] que no sería Julio Martínez Martínez [su amigo] el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería a José Luis Rodríguez Zapatero".

La esperanza que varios dirigentes del PSOE habían expresado en que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero diera explicaciones convincentes al juez de la Audiencia Nacional no ha servido para convencerlo. Las tres horas que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el instructor del caso, José Luis Calama, no lograron "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación", según explicó el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto por el que rechazó las medidas cautelares que se solicitaban. La resolución detalla esquemáticamente cuáles son los indicios contra el que fuera líder del PSOE a los que el instructor da mayor credibilidad y que Calama destaca en su resolución.

Fuentes del entorno de Zapatero aseguran que el interrogatorio ha sido "exhaustivo y reiterativo", pero que Calama ha dejado al expresidente explicarse en sus respuestas aunque ha refutado algunas de ellas. Se ha tratado, según esas mismas fuentes, de un un interrogatorio "formalmente correcto". El entorno del expresidente asegura que las preguntas estuvieron más centradas en "la naturaleza de sus trabajos de consultoría" realizados para Análisis Relevante, la empresa de su compañero de carreras Julio Martínez Martínez. Las contestaciones de Zapatero fueron, aseguran, "mucho más contundentes" en lo relativo a su supuesta participación en el rescate de Plus Ultra.

Sin embargo, el juez no consideró convincente su relato. Estos son los hitos de las pesquisas que, después de escuchar al exjefe del Ejecutivo, el instructor considera inalterados.

En esa fecha, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), autorizados por la anterior instructora del caso, la juez 15 del Tribunal de Madrid Esperanza Collazos, detuvieron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, a su consejero delegado, Roberto Roselli, al abogado Miguel Palomero (presunto conseguidor de la trama de blanqueo investigada en España) y al compañero de carreras de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. También se registró la sede de Plus Ultra y los domicilios de los arrestados. En el auto por el que Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional, la jueza citaba conversaciones encontradas en el teléfono de Palomero con el empresario venezolano Danilo Diazgranados en el que aparecían referencias a "Z", "ZZZZ" o "Zorro" que los investigadores habían atribuido a Zapatero.

En las conversaciones intervenidas a Palomero, cuyo domicilio pidió registrar la fiscalía francesa, también aparecen intercambios verbales con Rodolfo Reyes –el antiguo máximo accionista de Plus Ultra ahora en paradero desconocido–, Julio Martínez Martínez y el empresario peruano Felipe Baca, entre otros. En el ordenador intervenido a Roselli se encontró una carta dirigida al vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, "siguiendo instrucciones de José Luis Rodríguez Zapatero". En las conversaciones entre el expresidente de la compañía, Martínez Sola, y Manuel Fajardo, el supuesto hombre de la trama de influencias del expresidente en Venezuela, este aparece supuestamente denominado como "el amigo". Lo que hasta el momento no ha aparecido es una orden directa que permita acreditar que Zapatero era el líder de la organización, como sostienen Calama y la UDEF.

El pasado 21 de noviembre, la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria elaboró un informe sobre los ingresos y gastos de Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez. Esa unidad fue la que descubrió que Plus Ultra y otras empresas supuestamente dedicadas a canalizar peticiones a la red de influencia cuyo liderazgo el juez atribuye a Zapatero –Softgestor, Inteligencia Prospectiva o Grupo Aldesa– se encontraban entre los principales clientes de la sociedad de Martínez Martínez. A su vez el documento de Hacienda mostró que los principales pagos de esa consultora iban dirigidos al expresidente y a WhaTheFav, la empresa de sus hijas. Esa operativa se repitió en los ejercicios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.

"Los pagos realizados desde la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA, Inteligencia Prospectiva SL y Grupo Aldesa SA, que tienen como destino la sociedad Análisis Relevante SL en los ejercicios 2023 y 2024 representarían los ingresos relevantes que en su práctica totalidad tienen como destino la mercantil Whathefav SL y a José Luis Rodríguez Zapatero", aseguraban los agentes de la UDEF en otro de sus informes del pasado 3 de febrero. En los registros también se intervino un contrato de asesoramiento firmado por otra de las empresas del amigo de Zapatero –Idella Consulenza Strategica SL– con Plus Ultra.

La duración de ese contrato "consta determinada por el tiempo que tarde en emitirse por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] la resolución estimatoria o desestimatoria de la concesión de la ayuda a la aerolínea y en su caso hasta la formalización", dice el documento policial que subraya que el acuerdo estipula como remuneración "el 1% más IVA del importe de la ayuda aprobada por el Fondo de Rescate". Según la policía, ese documento acreditaría la vinculación de Martínez Martínez, el compañero de deporte del expresidente, "con el rescate público de Plus Ultra".

En el auto por el que comunicó a Zapatero que estaba imputado, Calama recogió los nombres y la operativa de alguna de estas empresas. Una de ellas, Inteligencia Prospectiva, carecía de actividad real y solo servía para introducir en España fondos procedentes del extranjero. Esa sociedad, sin embargo, no solo efectuó pagos a Análisis Relevante, la consultora para la que trabajaba el expresidente, sino también directamente a la empresa de sus hijas. Inteligencia Prospectiva está administrada por los hermanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, a los que supuestamente acudían clientes que buscaban la trama de altas influencias investigada para garantizarse cupos de petróleo venezolano, según la investigación.

Otra de esas empresas sería Softgestor, que también abona servicios supuestamente prestados a la consultora en la que trabajaba Zapatero. Sus principales clientes serían empresas radicadas en Estados Unidos con intereses en Venezuela, una de las áreas de influencia de la trama. El juez también se refiere al grupo Aldesa que supuestamente habría contratado con las empresas de Martínez Martínez en concepto de "búsqueda de oportunidades de negocio" a cambio de una comisión del 3% del importe de los contratos que se consiguieran. Una de esas oportunidades habría sido el polémico proyecto del megacasino y centro comercial Hard Rock proyectado en Tarragona. Sin embargo, la ONIF no ha encontrado ningún pago de Aldesa a Idella, la empresa de Martínez con la que firmó el acuerdo.

Calama resalta de nuevo el informe facilitado a la UDEF por el Homeland Security Investigations (HSI), el cuerpo de investigación del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Se trata de un informe sobre el clonado de un teléfono de Rodolfo Reyes, el antiguo máximo accionista de Plus Ultra que actualmente está en busca y captura, y en el que se encontró una de las frases que más ha trascendido del caso ("nuestro pana Zapatero, detrás"). El magistrado asegura ahora que fue facilitado por las "autoridades judiciales de EE UU". Según la investigación, el HSI entregó esa información a la UDEF y Calama todavía no ha recibido autorización de Washington para utilizarla en un hipotético juicio. Acaba de pedirlo mediante una comisión rogatoria.

Zapatero, por su parte, ha solicitado al instructor que requiera información a las autoridades estadounidenses para verificar si esa prueba se obtuvo en una investigación concreta y con autorización de un juez, como exigen las garantías penales en España cada vez que una diligencia judicial afecta a derechos fundamentales, como en este caso, que invade el secreto de las comunicaciones. La petición del expresidente indica que parte de su estrategia de defensa se basa en la anulación de esa prueba, lo que obligaría a hacer lo propio con todo lo destapado gracias a ella. Sin embargo, antes de que el HSI lo facilitara a la policía española –el pasado 18 de marzo– los agentes ya apuntaban al exjefe del Ejecutivo como presunto líder de la trama de tráfico de influencias.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ya ha señalado cuál será una de las claves de su estrategia de defensa tras su declaración prevista para este miércoles. Combatir la legalidad del clonado del teléfono del exprincipal accionista de Plus Ultra, Ricardo Reyes, obtenido en 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU y facilitado el pasado 18 de marzo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Sin embargo, ya antes de esa fecha, la investigación se dirigía contra el exjefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011. El análisis de los pagos de las empresas de su compañero de running Julio Martínez Martínez por parte de Hacienda y las conversaciones entre el abogado de la trama Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Díazgranados permitieron a la anterior instructora del caso, la jueza del tribunal 15 de Instrucción de Madrid, Esperanza Collazos, señalarlo como investigado.

Así se recoge en el auto por el que la jueza Collazos se inhibió a favor de la Audiencia Nacional el pasado 23 de febrero, semanas antes de que la prueba procedente de las autoridades de Washington llegara a manos de los agentes, por considerar que los delitos investigados –en ese momento procesal los de cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y corrupción en los negocios– correspondían a ese tribunal al haberse cometido fuera del territorio nacional siendo de competencia de la justicia española. El auto de inhibición, tras una serie de trámites, hizo que la investigación se traspasara en exclusiva al actual instructor, el juez de Instrucción de la Audiencia, José Luis Calama, que este miércoles tomará declaración a Zapatero.

Uno de los principales indicios que los agentes, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Calama manejan contra el expresidente del Gobierno se obtuvo durante el registro practicado al abogado Miguel Palomero de Juan, en su domicilio cercano al Retiro, en Madrid. Palomero era el abogado que supuestamente se encargaba de abrir sociedades y gestionar el patrimonio en España de la trama de blanqueo investigada en el caso Plus Ultra, en el que lo relativo a Zapatero es solo una parte. Palomero mantenía conversaciones de WhatsApp con varios de los presuntos integrantes de esa organización, como el peruano Luis Felipe Baca, o el venezolano Danilo Díazgranados. En un chat con este último empresario denominado Danilo-España, ambos recogían algunas referencias a sus relaciones con "Zorro" o "Z" o "ZZZZ", según el informe policial que analizó los dispositivos de Palomero. La jueza Collazos ya recogía en su auto de inhibición que, según la investigación, detrás de esas denominaciones estaría Zapatero.

La anterior instructora también daba por seguro en esa resolución que el expresidente del Gobierno español habría auxiliado a Díazgranados en algunos de sus negocios a camino entre Madrid y Caracas. "Consta la influencia de Rodríguez Zapatero ante los altos ejecutivos de Repsol para que Danilo Díazgranados obtuviera en diciembre de 2023 la distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela", escribió Collazos el pasado 23 de febrero, antes de que llegara a las autoridades españolas la prueba estadounidense cuya validez Zapatero está ya combatiendo en la Audiencia Nacional. La jueza de Instrucción 15 del Tribunal de Madrid subraya que su auxilio en esas gestiones comerciales, constituiría "un delito de corrupción en los negocios".

Antes de que los datos del teléfono de Ricardo Reyes, clonados por el Homeland Security Investigations (HSI) llegaran a la UDEF, la Policía y la Agencia Tributaria ya habían analizado los flujos de dinero de Plus Ultra y otras empresas sospechosas de pagar al expresidente socialista para valerse de su influencia en España y en la Venezuela de Maduro, como Softgestor –que prestaba servicios a sociedades de EE UU con vínculos en Venezuela– o Inteligencia Prospectiva, sin sede ni actividad y que, supuestamente, sería una tapadera para que determinadas empresas (entre ellas algunas chinas) reclamaran gestiones a Zapatero gracias a su acceso al Gobierno de Caracas para garantizarse cupos de petróleo. Collazos ya apuntaba a que las entregas de esas sociedades opacas a otras de su compañero deportivo, Julio Martínez Martínez, entre ellas la consultora Análisis Relevante, solo tenían por objeto pagar la privilegiada intermediación del expresidente español.

Tras la detención de Martínez Martínez y varios directivos de Plus Ultra el pasado diciembre, el informe con el primer análisis de lo incautado en los registros por la UDEF, ya lo pone como presunto líder de la trama, desplazando de ese puesto a su amigo Martínez Martínez. "Con la información disponible, los investigadores consideran acreditado que José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido entre 2020 y 2025, al menos 490.780 euros de Análisis Relevante", relata ese informe policial del pasado 3 de febrero, más de un mes antes de que llegara la prueba de la agencia estadounidense HSI. "En paralelo, la sociedad de la que son administradoras solidarias las hijas de Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, la mercantil Whathefav, habría percibido al menos otros 236.125 euros en el mismo periodo de Análisis Relevante, así como al menos otros 20.993,50 euros en el año 2020 de Agropecuaria Lucena, otra sociedad cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez", el compañero de carreras del expresidente.

"Se carece de facturación en relación con los pagos anteriores, que permitirían conocer la justificación dada a dichas operaciones, salvo en lo que respecta a cuatro facturas expedidas por Whathefav a Análisis Relevante en 2020, cuyo concepto solo indica 'servicios agencia", continúan los agentes que, a continuación, exponen su conclusión. "Teniendo en cuenta lo anterior, los investigadores consideran la existencia de indicios suficientes para concluir, al menos de manera preliminar, que no sería Julio Martínez Martínez el que tendría capacidad de acceso a personas de la más alta responsabilidad política, sino que este papel correspondería realmente a José Luis Rodríguez Zapatero". Por último, el documento policial señala: "Julio Martínez Martínez [...] actuaría como persona interpuesta, al objeto de canalizar pagos de terceros que habrían sido favorecidos por las gestiones de Rodríguez Zapatero, como en el caso del rescate con dinero público de la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas".

¿Quiénes son? ¿De dónde salen? ¿Cómo llegan hasta las alturas de la política? ¿Les llaman desde el teléfono rojo o se ofrecen ellas y ellos? ¿Quién corrompe a quién? ¿O es que quien no pasa por ese aro, no llega? “A ver, esto tiene que quedar claro”, les dirán, al borde del ascenso a los despachos, “así hacemos aquí las cosas, no vayas a ir por libre y a sacar los pies del tiesto.” Porque eso son los que han venido a llamarse “conseguidores” o “fontaneros”, una especie de correveidiles que orbitan como satélites en torno al poder. El problema para esa gente, que luego acaba en los juzgados o en la cárcel, los Koldos y las Leires, es que no son de fiar tampoco para los suyos, a los que graban y traicionan, y al final sus jefes se pillan las manos que alargaban para que les pusiesen en ellas el dinero sospechoso. “Valgo más por lo que callo que por lo que digo”, ha amenazado la mujer que antes era “una simple militante socialista” que, sin embargo, se codeaba con altos cargos y hablaba con ellos de cómo complicarle la vida a jueces o policías que investigaran a su partido.

La repetición de esos pequeños Nicolás es continua. Se acercan a ministros y empresarios, ofrecen sus servicios, adulan y palmean espaldas, están para todo y a todas horas, solucionan problemas, se hacen cargo del trabajo sucio, reparten billetes bajo cuerda… Y, si sumas todo eso, son el camino más recto a una prisión.

Cuando pintan bastos, amagan con tirar de la manta y los partidos tiemblan, lo niegan todo, se hacen los suecos, tiran balones fuera, encienden los ventiladores del y tú más, primero ponen la mano en el fuego y luego se lavan las manos. Y el resto del mundo se hace preguntas: ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? ¿Por qué nadie sospechó y, si lo hizo, por qué miró a otra parte? ¿Por qué en España siempre fallan los organismos de control? ¿Por qué en esos ámbitos el dinero se vuelve invisible?

La decepción es un veneno, en una pareja y en una sociedad, el "todos son iguales" es un abismo por el que se precipitan muchas de las razones que empujan a las y los ciudadanos a participar en la democracia de su país y a darle un valor ideológico y moral a sus votos. Pero, si da lo mismo ocho que ochenta, izquierdas que derechas, ¿para qué vamos a molestarnos? Eso es lo que matan estos casos desalentadores, esta repetición de los pícaros del siglo XXI que tanto daño hacen y tanto cansancio provocan.

José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional como supuesto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de influencias, entre otros delitos, ha pedido al instructor del caso, José Luis Calama, que reclame a Estados Unidos información sobre las condiciones en las que el Homeland Security Investigations (HSI), cuerpo policial dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, obtuvo una prueba crucial en su caso. Se trata de la copia que esa agencia estadounidense obtuvo en 2021 del móvil de Rodolfo Reyes, el ex máximo accionista de Plus Ultra, en el que aparece el nombre del expresidente del Gobierno español en numerosas ocasiones señalándolo como una persona clave –"Nuestro pana Zapatero"– para que la aerolínea obtuviera el rescate de 53 millones de euros que finalmente le fue concedido por el Gobierno español.

El escrito del expresidente reclamando al juez que pida a Washington más información sobre esa prueba, apunta a que busca su nulidad, lo que haría caer como un castillo de naipes una parte importante de la investigación. HSI colabora estrechamente tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Su información, debidamente judicializada en España y utilizada con todas las garantías del proceso penal, ha servido para desarticular redes de narcotraficantes, o para detener a pederastas que distribuían pornografía infantil por internet. El HSI, que depende del ICE –desgraciadamente célebre por sus redadas contra migrantes alentadas por el Gobierno de Donald Trump– también ha colaborado en la investigación de otros graves delitos como la falsificación de moneda e incluso agresiones sexuales.

Pero, que su colaboración sea determinante en muchas ocasiones en el esclarecimiento de delitos transnacionales, no impide que, a menudo, sus actuaciones se cuestionen en los tribunales, como se intuye que el expresidente español imputado hará próximamente. En al menos dos casos, la anulación de las pruebas proporcionadas por la agencia de EEUU por supuestas vulneraciones de derechos fundamentales y garantías del proceso han acabado con la absolución de los acusados, según el repertorio de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (Cendoj).

Así ocurrió, por ejemplo el 5 de noviembre de 2018, cuando la sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a dos personas acusadas, con informaciones que nacieron del HSI, de formar parte de una organización internacional de narcotraficantes que estarían operando en Sudamérica y Europa dedicada a la introducción en España de importantes cantidades de cocaína. Su modus operandi consistiría en ocultar varios kilos en maletas y enviarlas a través de compañías aéreas con el objeto de que fueran recogidas en el aeropuerto, por lo que la banda estaba realizando intensas gestiones para localizar a una persona que tuviera acceso a las maletas en España. Los americanos reclamaron a la UCO de la Guardia Civil que utilizara un agente encubierto para infiltrarse en ella. Dos semanas después apareció una maleta sin identificar con 28 kilos de cocaína en el Aeropuerto de Barajas. El caso terminó archivado por las sospechas del tribunal de que pudiera tratarse de un delito provocado, algo que está prohibido en España.

El 28 de marzo fue la sección 15 de esa misma Audiencia provincial la que archivó otro caso iniciado por una comunicación del HSI, esta vez con la Agencia de Vigilancia Aduanera. Sus agentes advirtieron de que habían detectado en el aeropuerto de Miami un paquete procedente de Haití con 1.600 gramos de cocaína en su interior, por lo que solicitaban una entrega controlada para cazar a su receptor, un haitiano residente en Madrid. Aduanas informó a la Fiscalía de Madrid, que autorizó la operación, y, tras llegar el paquete a Barajas, uno de sus agentes, disfrazado de repartidor, detuvo al destinatario en su domicilio de la capital después de que firmara haciéndose cargo del paquete, que contenía una bolsa de palos de golf. El tribunal anuló la prueba y absolvió al acusado al no quedar acreditada la cadena de custodia de la prueba desde EEUU. En el interior había una cantidad de droga muy superior a la indicada por el HSI.

Fuentes de la Audiencia Nacional, el tribunal que más en contacto está con esta agencia, aseguran que la información que sus agentes suelen facilitar a sus colegas de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad españolas suele ser muy parca. Y que normalmente rechazan facilitar datos sobre las investigaciones en las que intervienen para no revelar la identidad de sus agentes o confidentes. En el caso de Zapatero, las dudas que se plantean y que su letrado quiere conocer son, en primer lugar, si el teléfono de Rodolfo Reyes que apunta al expresidente se clonó con todas las garantías del proceso penal español y, especialmente, con la autorización judicial que se exige en España para hacerlo. Pero también el hecho de que HSI tardara cinco años en entregar esa prueba a la policía española (se la facilitó el pasado 18 de marzo) ¿Por qué no lo hizo cuando la obtuvo?

Conocerán esa teoría que establece que cualquiera de nosotros está relacionado con cualquier otro con solo seis intermediarios. La idea central es muy potente: cualquier persona del planeta está conectada con cualquier otra a través de una cadena de, como máximo, seis grados. Es decir, tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien… y en seis pasos puedes llegar a cualquier persona del mundo. Según esto, cualquier valenciano puede tener una relación con Ábalos con apenas tres intermediarios y con Aldama, seguramente, el máximo, seis. Teniendo en cuenta esto y si tiene joyas heredadas de su madre, dinero en metálico en casa, varios ordenadores, algunos discos duros, memorias USB, teléfonos móviles viejos de los que no ha querido desprenderse por no tirar las fotos, conexión a internet y un telescopio, puede darse por imputado. Si añadimos a todas estas pruebas de cargo que este año ha tenido un requerimiento de la Agencia Tributaria para explicar un pago de cien euros, empiece a pensar en cuándo la UCO o la UDEF o la fiscalía anticorrupción le pide las cuentas de los últimos diez años para ver si tiene algo que ver con las tramas "Leire", "Zapatero", "Koldo-Ábalos", "Hermanísimo", "Cerdán", "Begoña Gómez" et alter. Supongo que la siguiente trama será la "Salvador Illa" habida cuenta de la petición de todas las cuentas, pagos, ingresos, relaciones con empresas, tiques de compra en Carrefour relacionadas con la última campaña electoral del PSC. Si esa petición no es prospectiva entonces no entiendo el concepto.

Esto viene a cuento porque me resulta particularmente sorprendente que sean argumentos circunstanciales los que se convierten en noticia y, por tanto, los que recibe la mayor parte de la ciudadanía, esa misma ciudadanía que no tiene tiempo, ganas ni conocimiento para leerse cientos de páginas de autos, informes y sentencias. Desde mi humilde punto de vista, el caso "Begoña" debería ser el caso "Juez Peinado"; el caso "Hermanísimo" deberían haberlo enviado al contencioso-administrativo sin más; el caso "Leire" debería llamarse "Los cuentos de Leire" y el caso "Zapatero" no se sustenta ni con pegamento. Sobre el caso "Ábalos-Cerdán-Koldo" me abstengo, aunque algunos errores de bulto de los investigadores apuntan a serias dudas de que vaya más allá de conductas más que deplorables. En este estado de cosas, no sé si será prueba de cargo dentro de poco las veces que alguno de los acusados tuvo "amor propio" pero, visto lo visto, todo es posible.

Con todo esto, algunos de los tertulianos-acusadores comentando los casos, a la vista de las escasas evidencias, correcciones de tribunales superiores y menudencias administrativas, acaban siempre con lo mismo: "Es que hay algo que me chirría, que no es ejemplar". Pero, por más que busco en el Código Penal la pena por conductas chirriantes o no ejemplares, no encuentro cuántos años de cárcel les corresponde a los ya condenados. Porque no les quepa duda, querido lector, que el hermano, la esposa y el compañero Zapatero del presidente del Gobierno serán condenados aunque sea con un sustento como el que ha tenido el fiscal general del Estado. Es decir, se les condenará porque "no existe una explicación alternativa razonable que permita cuestionar" [...] "un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente, que lleva necesariamente a afirmar, como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien entregó el correo para su publicación". Es decir, como no hay alternativa, la mía vale aunque no haya pruebas concluyentes. En este caso, definir jurídicamente "entorno inmediato" (así lo dice en la página 137 de 233) me parece relevante, ¿no creen? ¿será su entorno familiar? ¿Alcanza a los vecinos de la escalera donde reside el interfecto?, ¿el barrio?, ¿todo Madrid? Suponemos, pero solo suponemos –porque en ningún momento se dice–, que se refiere a su entorno funcional, pero aunque así fuera dónde queda el principio “indubio pro reo”. De lo que se trata no es de hacer justicia sino de tener una condena a sabiendas de que será revisada por instancias superiores y, seguramente, anulada.

La pregunta subsiguiente es razonable: ¿existe entonces una conspiración entre periodistas, acusaciones, jueces, fiscales? La respuesta es otra pregunta: ¿es necesaria una conspiración para llevar adelante todas estas actuaciones? Pues la verdad es que no, ya que no es difícil pensar que, de los 600 funcionarios de la UCO y los cientos de policías de la UDEF, hay, pongamos por caso, un diez por ciento de extrema derecha o muy conservadores a los que no les gusta nada el gobierno actual. Tampoco es difícil pensar que algunos de estos hayan hecho caso a rumores, noticias autosostenidas de OKDiario, The Objective y otras lindezas digitales, y que, a consecuencia de estas noticias, hayan transmitido a jueces, fiscales o a la Audiencia Nacional la importancia de hacer caso a estas noticias y que estos hayan dado el visto bueno a que se investigue. ¿Quién en este circuito ha cometido una ilegalidad? Nadie. Cada cual ha cumplido con su obligación como buen intelectual orgánico que sigue la máxima de quien pueda hacer que haga, aun sabiendo la debilidad de los argumentos de partida. Solo que en ese círculo algo huele a podrido y es en el todo donde se descubre la mentira. Porque, me pregunto yo, por ejemplo, ¿cómo saben que la directora general de la Guardia Civil se reunió en un bar cercano a la sede de la Guardia Civil con la "cuentista Leire" si no es que había alguien haciendo estas labores previamente? Por cierto que los informes no destacan que, si ambas querían ser discretas, no parece muy lógico entrevistarse en un bar cercano a la propia sede de la Guardia Civil al que, seguro, más de un miembro de la UCO iba a tomarse una Coca-Cola. Pero bueno, detalles.

En muchos aspectos, las investigaciones de ambos organismos se parecen mucho a constructos narrativos que siguen un razonamiento tautológico cuyas conclusiones coinciden con las previsiones sin que se añada más información que la propia hipótesis inicial. Por otro lado, partiendo de la teoría de los seis grados, podemos encontrar cualquier relación si echamos todas las cosas encima de la mesa, de la misma forma que podemos ver figuras en las nubes o unas caras en Bélmez. De hecho, además de todo lo dicho al principio, si por casualidad, querido lector, estuvo de vacaciones en Cáceres en la época en la que el hermano de Pedro Sánchez era contratado por la Diputación y se quedó escuchando a un músico callejero tocar el violín, puede usted haber participado en la trama. Todo es cuestión de imaginación. Pero claro, la diferencia es que cuando lo dice la UCO o la UDEF (o una parte de ellas) lo hace con el aval de todo su prestigio institucional. Y lo más parecido a las “inferencias” de algunos investigadores es la comparecencia en el Senado norteamericano del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de EE. UU. David Grusch afirmando que el gobierno norteamericano guarda ovnis y restos orgánicos de seres extraterrestres. ¿Pruebas de sus inferencias? Ninguna, o circunstanciales no delectivas; su rango y su currículo. En fin, denme dos puntos de apoyo y cambiaré un gobierno.

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Alfonso Puncel es socio de infoLibre.

Las dos fiscales anticorrupción del caso Leire Díez, el que investiga los supuestos manejos de la llamada fontanera del PSOE y de otras personas que actuaban con ella para torcer la voluntad de la Fiscalía y de la UCO en las causas por corrupción que afectan al partido y al Gobierno, se han desentendido de los canales internos por los que se comunican habitualmente los miembros del Ministerio Público. En su lugar, han pedido al juez Santiago Pedraz que sea él quien solicite a la Fiscalía General del Estado información relevante para la instrucción.

La petición de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen al instructor de la Audiencia Nacional, y el hecho de que haya sido este quien la curse, ha generado, como mínimo, desconcierto en la cúpula de la Fiscalía. Fuentes oficiales del organismo que dirige Teresa Peramato rechazan pronunciarse sobre aspectos concretos de una investigación en curso y aseguran que actuarán con la máxima colaboración con el juez. Pero algunos fiscales consultados consideran que esa forma de actuar podría trasladar a los ciudadanos una sombra de sospecha sobre la Fiscalía General o, al menos, una falta de confianza de esa fiscalía especial en sus superiores.

El auto notificado el pasado lunes por Pedraz se hacía eco de las diligencias solicitadas por las fiscales del caso. Entre ellas se encontraba una petición de información a la Fiscalía General del Estado "para que informe en relación con el total de las denuncias formuladas por Koldo García Izaguirre [el exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos] que hubiera recibido ante dicha institución entre los meses de enero a junio de 2025 y el trámite dado a las mismas". También solicitaba información sobre las "reuniones mantenidas" en la sede de la máxima jefatura del Ministerio Público entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, que actuaba junto a ella, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, también imputados y el abogado del comisario jubilado relacionado con las cloacas del Estado José Manuel Villarejo, José García Cabrera. "En el supuesto de que tales reuniones hubieran tenido lugar, se solicita se informe si consta registro de las visitas, fecha y hora de las mismas y la/s persona/s que participaron en aquellas", añadía.

El principal informe policial de la UCO que consta en el sumario de la causa dedica un capítulo a las supuestas gestiones prometidas por Leire Díez y su grupo con la Fiscalía General. Los agentes reflejan cómo la fontanera y sus supuestos cómplices habría ofrecido a sus interlocutores beneficios en los procedimientos en los que estaban incursos –como en el caso de Villarejo o Francisco Martínez en Tándem o Kitchen–. En otras ocasiones aparece como destinataria de escritos o denuncias de la trama, como los relacionados con la instructora de la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, o las denuncias contra la propia UCO y sus agentes. "Desde el punto de vista de la posición estratégica y capacidades de esta supuesta organización", dice el documento policial, sus integrantes tendrían "capacidad demostrada (...) para acceder a esta Fiscalía e incluso, aparentemente, al propio fiscal general del Estado, en ese momento Álvaro García Ortiz", añade.

Varios fiscales consultados aseguran que lo más habitual es que, cuando una fiscalía –la del Supremo, Anticorrupción, la de la Audiencia Nacional o cualquiera de las provinciales– necesita información para una causa que investiga o en la que participa, lo normal es recurrir al fiscal jefe para que se ponga en contacto con su homónimo del departamento al que se requieran los datos a través de un oficio. Esas mismas fuentes aseguran que, de ese modo, la fiscalía que requiere la información la puede aportar directamente al juez a través de sus escritos e informes para que la incluya en la causa. Lo normal, sostienen, hubiera sido que las fiscales anticorrupción hubieran recurrido a los cauces internos del Ministerio Público y solo en el muy hipotético caso de que no consiguieran por esa vía lo solicitado, recurrieran directamente al juez. "Lo contrario parece una muestra clara de desconfianza a los compañeros", dice uno de los consultados. Otros sostienen que esa forma de actuar "lanza sospechas" sobre la cúpula de la Fiscalía en un momento en que la institución se encuentra muy dividida tras la condena del anterior fiscal general por desmentir un bulo.

Anticorrupción también ha pedido a Pedraz que sea él quién exija a otra fiscalía, en este caso la Fiscalía Superior de Extremadura, toda la documentación sobre la denuncia presentada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada –instrumentalizado supuestamente por el grupo de Leire Díez– contra Biedma, la instructora de la causa abierta en Badajoz contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, por su contratación como responsable de los conservatorios de esa provincia, cuyo juicio ha concluido este martes. Según las fuentes fiscales consultadas, también en este caso hubiera bastado con recurrir a los cauces internos habituales. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, dirigida por el fiscal de Sala jefe Alejandro Luzón, depende jerárquicamente, como todas las fiscalías especiales, autonómicas o provinciales, en última instancia, de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y está sometida, según el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a sus instrucciones.

El otro día, sentado en una terraza, leía con cierta pereza noticias sobre la supuesta implicación de Zapatero, según el periodista, en una trama de facturas falsas. No había terminado de leer cuando me llegó la conversación de dos mujeres que, desde una mesa cercana, intercambiaban quejas de amores. ‘Juan me ha dicho que te quiere’, señaló una. ‘Eso es falso, ¡me odia!’, respondió la otra. Embotado por la prensa, resistí una ligerísima tentación de intervenir y abrir con la pareja un debate de diferencias entre lo cierto y lo real. ¿Es falso que te lo ha dicho, o es falso lo que te ha dicho? En este segundo caso, puede ser mentira, pero no diría que falso.

La lengua es rica y podemos recrearnos en matices de las acepciones. Pero son malos tiempos para la lírica; flota en el aire un creciente empobrecimiento del lenguaje, una tosca simplificación cuando se habla de conductas extrañas o que no se comprenden: lo bueno es bueno y lo malo es delito. Esto es singularmente apreciable en noticias que, como la que leía en la terraza, dicen fundarse en fuentes policiales. Si es un peligro que el periodista enarbole la bandera de su informador, mucho más que reproduzca de forma acrítica el enfoque que interesa a la fuente, de quien se convierte en pregonero gratuito. Cuando leía la pieza sobre las facturas falsas de la trama, me asombraba que esta inclinación del espíritu hubiera llevado al reportero a comprar sin más el relato policial, orillando una de las controversias más agudas, complejas y fascinantes que han ocupado a la dogmática penal en los últimos decenios: los límites de la falsedad y, por extensión, la definición de lo que es un documento falso. Expongamos algunos apuntes, sobre todo para el debate.

Un documento es una cosa que informa de alguna cosa, con lo que podría reconocérsele un carácter dual: tenemos el utensilio y tenemos la información, el papel y la letra. El juicio de falsedad puede afectar tanto al sustrato como a la idea que incorpora y en este juego comienzan las dificultades sin cuento, porque un documento real puede tener un contenido falso, de la misma forma que un documento falso puede tener un contenido real. Nos adentramos en el laberinto.

La idea se incorpora al documento como una cubierta, una carcasa, una epidermis. Esta membrana puede incorporar una idea falaz, un elemento infeccioso que en ocasiones, pero solo en ocasiones, infecta al cuerpo. En el resto de los casos, la falsedad se queda en la superficie. Si en una carta a un amigo digo, por ejemplo, “la señora Y. me ha dado mil euros”, siendo incierto, la carta conserva la autenticidad: sigue siendo mi carta. En estos casos hablaríamos de una mentira más que de una falsedad; o, si lo quieren, de una falsedad que afecta solo a la idea incorporada al documento. En nuestro Código Penal esta mentira o falsedad ideológica es impune.

Sin embargo, hay ocasiones en que la mentira es tan grave que permea al propio tejido del documento, provocando una sepsis generalizada que termina con él. La cosa se empieza a complicar: si al hacer un recibo anoto, faltando a la verdad, que “la señora Y. me ha dado mil euros”, lo mismo que antes, en este caso el recibo no es real sino falso. La carta soportaba la mentira; el recibo no puede. ¿Dónde está el matiz? ¿En qué momento se atraviesa esa epidermis y la mentira de la letra se convierte en falsedad del papel? Diríamos que cuando lo mendaz ataca la esencia del documento y lo destruye, dejándolo reducido a un instrumento que no responde a su finalidad; sería solo un artilugio inventado, fabricado en falso, un artefacto falsificado.

En cierta medida, ahora que lo pienso, tal vez suceda lo mismo con las noticias: si leemos que han matado a un personaje famoso y su cadáver ha aparecido en una cuneta, cuando en realidad fue hallado en el río, podríamos excusar al periodista diciendo que la noticia no es falsa, aunque incorpore un dato inexacto; la noticia nos sigue informando sustancialmente de algo que ha ocurrido de verdad. Pero si no hubo muerte alguna, entonces la falacia aniquila la noticia, que desaparece. No hay noticia.

Una factura es real si cumple su fin: si es emitida por su autor verdadero, remitida a su auténtico destinatario y responde a una relación jurídica existente. Y aquí viene la primera conclusión provocadora: si en la descripción de los trabajos realizados se falta a la verdad, no hay delito de falsedad; la factura sigue siendo una factura.

Poner en un documento algo diferente a lo que sabemos o queremos no es ilícito. Imaginen que un padre quiere hacer un regalo a su hijo y, para ello, le contrata en su empresa pero le dice que no vaya a trabajar. (Ya sé que su imaginación les llevará a otro ejemplo más actual; no me importa). El contrato es real, la relación jurídica existe; no se falsifica nada. Podríamos decir que se trata de una donación bajo la fórmula de un contrato de servicios. Imaginen que necesitamos dinero; un amigo nos compra la casa, nos la paga y, al cabo de un tiempo, nos la vende de vuelta. El contrato no habría sido falso; hablaríamos de un préstamo simulado bajo la forma de una compraventa. Y aquí viene la segunda conclusión provocadora: firmar un contrato simulado no es delito. Por el contrario, desde los tiempos del Derecho Romano estos contratos son válidos, salvo si se pretende engañar a un tercero. Nuestro Código Civil, en un delicado escorzo, confirma en su artículo 1276 que los contratos lícitos, como pueden ser las compraventas, préstamos o donaciones, serán válidos aunque se encubran expresando una causa falsa. Vean la ley reconociendo la validez de una falsedad; más bien, de una mentira.

Una factura falsa es una factura falsificada, lo que remite a un proceso de creación. Falsificamos cuando fabricamos un documento de la nada, inventándolo con un logo de fantasía, un número imaginario, un concepto irreal, fingiendo una relación inexistente, urdiendo un documento que nos permita, por ejemplo, presentarla ante Hacienda y obtener deducciones. También es falsificación manipular o alterar una previa factura real, para hacerla pasar por la verdadera.

“Very dificult todo esto”, dijo nuestro jurisconsulto. Y realmente lo es. El Tribunal Supremo se ha desesperado en resoluciones contradictorias sobre estos aspectos, con jurisprudencia muy oscilante. En supuestos idénticos, advirtieron falsedad en el caso Filesa pero no en el caso Argentia Trust. [Es curioso cómo, ante asuntos parejos, el Supremo tiende a castigar al político y absolver al banquero; recuerden los casos Atutxa y Botín]. Los magistrados tuvieron que juntarse y elaborar una línea más homogénea, que va en el sentido expuesto y cuyo caso más reciente ha sido la sentencia de las obras de la sede del Partido Popular en Génova pagadas con dinero negro, sobre la base de contratos y documentos mendaces, donde el Supremo absolvió por falsedad: “lo simulado es el contrato; no el documento”, concluyeron los magistrados. Ahí lo tienen.

Entiendo que puede parecer un juego bizantino, pero estas reflexiones son fundamentales para delimitar la falsedad y poner alguna puerta al derecho penal. Tanto más esenciales son, diría, ahora que los cuerpos y fuerzas de seguridad han tomado el timón de la Justicia, dándole al Poder Judicial, tan independientes que se creían, el sopapo valenciano para ponerse en su lugar y (sin haber estudiado ni saber de leyes) investigar delitos, imputar a gente, tomar declaraciones y condenar a todo el mundo pretendiendo ver todos los delitos a la vez en todas partes, contando siempre con el seguidismo de voceros que frivolizan sobre cuestiones complejas.

De verdad, no todo es delito. Créanme. Terminé de leer la noticia sobre la trama de las facturas y, como era de prever, no vi ninguna falsedad ni de lejos. A la UDEF podrá llamarle la atención que los interesados hablen entre ellos y negocien el contenido de las facturas, y debatan si poner consultoría o asesoría, o si agrupar el importe de lo debido en una factura o hacer varias. De todas estas conversaciones, ¡que son el pan nuestro de cada día!, me llamó la atención una en especial, donde alguien proponía prescindir en una factura del término “comisión”, que un pobre infeliz había puesto de buena fe. Ahí tienen otro ejemplo de la depauperación del lenguaje del que les hablaba al principio. Desde hace ciento cuarenta años nuestro Código de Comercio regula el contrato de comisión, limpio y legítimo, pero la tendenciosidad de esta lengua tabernaria y maniquea en que hemos convertido el discurso del delito, bajo el impulso de gente iletrada, ha llevado este término honesto, probo y decente al límite de lo deplorable. ¿Usted cobra comisiones? ¡Pues a la cárcel!.

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Carlos López-Keller es abogado, especialista en derecho penal; no ha escrito ningún libro.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se habría reunido al menos tres veces con Leire Díez, la supuesta fontanera que actuaba a las órdenes de Santos Cerdán para tratar de desactivar causas abiertas al PSOE y al Gobierno. Lo dicen los informes de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano del cuerpo policial que investiga los principales casos de corrupción y cuyos agentes, en última instancia, dependen de ella. Al mismo tiempo, varios mandos principales de la UCO, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, se encuentran entre las víctimas de las maniobras de Díez que se investigan en ese mismo caso. Otro de los perjudicados por las artimañas de la supuesta fontanera y su grupo, según el sumario del caso que instruye el juez Santiago Pedraz, sería el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, del que buscaron información comprometedora para, supuestamente, tratar de torcer sus investigaciones. La UCO es la unidad en funciones de policía judicial en la investigación de la trama y Anticorrupción ejerce la acusación pública en el caso.

El auto por el que Pedraz mandó el pasado 26 de mayo a la Guardia Civil a la sede del PSOE y a la propia dirección general del cuerpo policial para requerir documentación relataba, entre las gestiones supuestamente ilegales de Díez, la promesa de favores al exmiembro de la UCO implicado en el caso Koldo Rubén Villalba. La enviada de Cerdán le ofreció, según las actas que redactó el agente tras sus encuentros con ella, desde un puesto como asesor en la dirección general de la Guardia Civil hasta sufragar su defensa o devolverle la trayectoria profesional truncada por el caso de corrupción en el que estaba incurso. A cambio, Villalba debía proporcionarle información comprometida de mandos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas o el capitán Juan Vicente Bonilla.

De Villalba, según consta en el sumario, no consiguió nada. Pero sí de otro guardia civil imputado en el caso Hidrocarburos, el capitán Juan Sánchez Yepes. "Mira, la composición, funcionamiento, los nombres de la UCO son secretos, por ley", le dijo Yepes a Díez, según el auto del juez de la Audiencia Nacional. "Porque eso mañana se publica y saben que soy yo y me machacan hasta en el carnet", añadió. Pese a ello, según el instructor, accedió a informarle sobre la estructura interna de la unidad así como aportando datos de algunos de sus miembros, centrándose sobre todo en el teniente coronel jefe del departamento de Investigación Económica y Anticorrupción del grupo policial, Antonio Balas. "A raíz de esa reunión, el teniente coronel pasó a convertirse en uno de los principales objetivos del grupo", aseguraba el instructor en su resolución del 26 de mayo.

Varios magistrados del orden penal de diferentes tribunales, alguno con varios años de experiencia en la Audiencia Nacional, aseguran que el hecho de que la Guardia Civil y, en concreto, varios responsables de la UCO, fueran las presuntas víctimas del grupo de fontaneros liderados por Díez, podría generar un conflicto de intereses que afectaría a la actuación de esa unidad en funciones de policía judicial en el caso. Esa posible afectación a la apariencia de imparcialidad de los agentes también podría derivarse de que parte de la investigación se focaliza en la máxima responsable del cuerpo, la directora general Mercedes González, a la que por el momento el juez no imputa ningún delito, en relación con el intento de la trama de Leire Díez para que se abrieran expedientes disciplinarios por filtraciones periodísticas a miembros de la UCO.

Los jueces consultados, alguno de ellos con experiencia de varios años en la Audiencia Nacional, recuerdan que en los casos en los que se ven afectados miembros de los diferentes cuerpos judiciales, la investigación se suele encargar a otra fuerza policial. Así se hizo, por ejemplo, en el caso de la fuga de otro antiguo director general de la Guardia Civil (en varios Gobiernos de Felipe González), Luis Roldán, fugado a Laos, donde finalmente fue arrestado, tras su implicación en un caso de corrupción. La investigación de su caso y su detención fue encomendada por la instructora –la actual magistrada del Supremo Ana Ferrer– al Cuerpo Nacional de Policía.

Un caso más cercano en el que también se produjo un conflicto similar fue el caso Faisán, que investigó el chivatazo a un miembro de la red de extorsión de ETA para que no fuera al lugar al que iba a ser detenido en medio del proceso de paz que terminó con la actividad de la banda terrorista. En esa causa, pese a que los principales investigados eran policías, fue ese mismo cuerpo el que investigó, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia puso en duda la imparcialidad del equipo policial investigador. El resultado fue que el instructor del caso, por entonces Pablo Ruz, tuvo que entregar a la UCO todos los informes redactados por la Policía. La unidad de élite de la Guardia Civil, finalmente, validó la investigación de sus compañeros del otro cuerpo de seguridad.

Entre los perjudicados por Leire Díez también aparece en los autos el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. La fontanera, según se desprende del sumario del caso y del auto de Pedraz, trató de sobornar con supuestos favores, ascensos o promociones profesionales a otros fiscales que son o han sido subordinados de Luzón, como José Grinda o Ignacio Stampa. Ambos miembros del Ministerio Público, que se negaron a acceder a lo que la fontanera les solicitaba y denunciaron los encuentros en Fiscalía. El caso terminó en manos del juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego, el que lo instruía anteriormente y al que Pedraz ha solicitado la inhibición porque entre los delitos que se imputan, hay uno –delito contra las instituciones del Estado– cuya competencia corresponde en exclusiva a la Audiencia Nacional.

Que Luzón haya sido uno de los supuestos perjudicados por las gestiones de Díez no significa que la fiscalía que dirige, Anticorrupción, no pueda seguir actuando en el caso Leire Díez. Las fuentes fiscales y judiciales consultadas explican que, en caso de aparecer un conflicto de interés, las causas de abstención y recusación solo actuarían sobre la persona afectada. Es decir, si se demostrara que, efectivamente, Luzón ha sido víctima, el deber de abstención recaería únicamente sobre él, y no sobre la fiscalía especial que dirige. En el caso concreto que investiga Pedraz, es Anticorrupción quién actúa como Ministerio Público, pero no es el máximo responsable de ese departamento quien lleva el caso, sino otras dos fiscales de ese mismo organismo.

Fernando Varela, (Caracas, 1963) es, junto a Jesús Maraña, uno de los fundadores de infoLibre ligados al diario digital desde su creación, en 2013. En su caso como redactor jefe. Sus artículos suelen centrarse en el tejido informativo y de empresas de medios de comunicación y tecnologías. Previamente había trabajado para Xornal Diario, La Voz de Galicia, La Opinión de A Coruña, El País y Público. Es también profesor de Periodismo de Proximidad, Comunicación Institucional y Verificación Informativa en la Universidad Carlos III de Madrid.

“Es tremendamente revelador que tres personas tan diferentes como la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, socialdemócrata, pero de corte muy conservador en determinadas políticas, una figura como la del Papa, referente moral en muchos sitios más allá del mundo católico y Pedro Sánchez, con una posición en Europa claramente en minoría, confluyan en alertar de manera drástica, radical, sobre los peligros que suponen las tecnológicas para Europa. Nos tiene que indicar que, efectivamente, estamos ante un problema sobre el que ya todo el mundo empieza a ser consciente de que hay que tomar medidas. Los tecnooligarcas, sus políticas y sus plataformas son un problema democrático y es imprescindible tomar medidas. Hay dos debates ahora mismo en el mundo para afrontar este problema. Uno es el de Estados Unidos, es decir, libertad absoluta para que hagan lo que quieran. Y el otro es el modelo europeo, que es el de tratar de impulsar modelos de regulación que pongan freno a esta situación. Eso es lo que expresan la primera ministra, el Papa y Pedro Sánchez, además de otros actores. Por lo menos aquí el problema está encima de la mesa. Otra cosa es que después se estén tomando de verdad medidas efectivas”.

“Ese es un asunto capital. Es decir, el mundo de la comunicación se ha visto condicionado durante muchos años por determinados buscadores, por determinados sistemas de intermediación con el público que acababan decidiendo qué medios tenían más presencia de cara a las búsquedas que hace la gente. Ese fenómeno se está empezando a repetir ahora con la inteligencia artificial (IA). Ya lo veníamos sufriendo muchos medios en las plataformas de redes sociales. No debemos resignarnos a dejar en manos de estas plataformas la tarea de llegar a las audiencias. infoLibre tiene la ventaja de una dependencia menor del mercado publicitario. Tiene una voluntad de vínculo directo con los lectores. De todas maneras, a todos los medios, sobre todo a los medios independientes, a los más pequeños o de ámbito local les va a suponer un problema.

La inteligencia artificial añade una capa de intermediación a las que ya había y va a dar más presencia a los grandes medios que ya están empezando a firmar acuerdos para tener más presencia en los buscadores de inteligencia artificial. A medios como infoLibre, lo que todo esto nos indica es que tenemos que seguir apostando por nuestro principal capital, que es la relación directa con los lectores y ofrecer lo que tenemos que ofrecer, que es nuestra credibilidad. La que hemos estado construyendo durante años”.

“Los medios tenemos que hacer también una tarea didáctica. La gente tiene que entender que la información nunca ha sido gratis. Hacer buena información cuesta dinero, no sale espontáneamente. No es algo que alguien enciende el ordenador y aparece en internet por arte de magia. Para que haya información tiene que haber periodistas que la busquen, que la traten y que seleccionen los contenidos para ofrecérselos a la gente. Esa es la única manera en que puede asegurarse la contribución del periodismo a la democracia. Sin periodismo no hay democracia. Y no es gratis. Y la inteligencia artificial tampoco es gratis. Va a obtener financiación bien mediante cuotas, bien mediante publicidad, bien mediante acuerdos con medios a los que les interesa pagar para estar. Lo que la gente tiene que entender es que no son neutrales ni son inocentes, como tampoco lo eran los buscadores, como tampoco lo es Google, claro”.

“Lo que tienen que hacer, tanto los distintos gobiernos como la Unión Europea, es establecer regulaciones. No podemos permitir que nos ocurra lo que nos pasó con las redes sociales, con otras plataformas. Hemos visto que en los últimos años han acabado condicionando los debates políticos. Han generado los fenómenos de polarización y que incluso sabemos, porque nos consta, que tienen capacidad para redireccionar votos, para generar resultados políticos e incluso para contribuir a cambiar gobiernos. Tenemos que ser capaces de regular la inteligencia artificial para ponerle límites.

Y tenemos que ser capaces de producir inteligencia artificial europea. No podemos seguir dependiendo de plataformas de Estados Unidos eternamente y menos de las de IA, algunas vinculadas a personajes que defienden la desregulación gubernamental mundial, un gobierno corporativo mundial. Creen en la capacidad de las empresas para gobernar el mundo y acabar con la soberanía de los países. Estados Unidos está presionando muy duro para que Europa desregule. Aquí tenemos una serie de normas que ponen coto a muchas de las cosas que hacen las empresas de inteligencia artificial y plataformas como Meta o X. La Unión Europea está empezando a titubear. Han decidido aplazar algunas normas hasta fin de año. Parece que no sabe muy bien cómo gestionar el chantaje que está haciendo la administración Trump. Pero la única manera que tenemos de sobrevivir como democracias es poniendo coto a quienes quieren intervenir la democracia”.

“Yo no creo, y nadie ha puesto encima de la mesa, que exista una sala clandestina en la que se toman estas decisiones y que un grupo de personas se pongan en contacto unos con otros para coordinar este tipo de actuaciones. Pero lo que sí estamos documentando es una sincronía de intereses. Una sincronía de intereses que lo que hace es alimentar lo que llamamos el ciclo del bulo, en el que participan organizaciones de ultraderecha como Hazte Oír, por ejemplo, como Manos Limpias, en la que intervienen algunas instancias judiciales, en la que intervienen algunos medios del ecosistema de la derecha y pseudomedios, y determinados partidos.

El ciclo del bulo puede empezar en cualquiera de ellos. Un pseudomedio publica algo sin ninguna base o sacándolo de contexto. En los últimos días hay una abrumadora lista de ejemplos. Alimenta que un político haga una declaración que otro medio va a repetir y que acaba generando una investigación judicial porque una de las organizaciones de ultraderecha lo utiliza como gasolina para plantear una denuncia. Y esa investigación judicial genera otra nueva noticia que genera una nueva declaración política. Llega un momento en el que no sabemos cómo ha empezado todo esto, pero ya se ha instalado una narrativa de algo que no es cierto o está sacado de contexto. Es decir, da igual que no exista ninguna prueba contra la mujer del presidente, si hacemos una encuesta en la calle, todo el mundo cree que Begoña Gómez ha cometido graves crímenes contra la sociedad”.

“Lo que está generando es una pérdida de confianza en todos los elementos del sistema, es decir, en el ámbito judicial, en los medios y en la política. En una democracia sabemos a lo que conduce, al auge de los populismos y de las autocracias. No me atrevo a decir hasta dónde más puede llevarnos, pero lo que es evidente es que la única manera de combatir eso es que tengamos políticos que sean capaces de trabajar sin apoyarse en el bulo, medios que sean capaces de apoyarse en hechos para reprochar a este gobierno o a cualquiera lo que sea reprochable, pero que se base en hechos, no en fotografías de joyas sacadas de contexto que nadie sabe cuál es su origen, por ejemplo. Y jueces, por supuesto, que sean responsables, que sean capaces de construir sumarios e investigaciones serios, no basados en conjeturas, como algunos de los que hemos conocido en las últimas semanas. En la medida en que todos contribuyeran, podríamos salir de ese círculo vicioso. Sinceramente, soy pesimista. Hay políticos que, por supuesto, no participan de esa manera de actuar. Hay medios, no solo infoLibre, que están haciendo un trabajo muy serio sobre los casos de corrupción que se han conocido. Y jueces que no se prestan a este tipo de prácticas. Efectivamente no somos suficientes. Parece que los demás hacen mucho más ruido”.

“El ecosistema mediático español ya estaba escorado hacia la derecha. No exageradamente, pero sí claramente. Esto es claro si lo vemos en la prensa tradicional, la prensa de papel es básicamente de derechas, hay algún periódico más de centro y un medio que hasta ahora considerábamos de centro izquierda, El País. En las televisiones también, claramente hay una hegemonía de la derecha que ahora se compensa parcialmente en Radio Televisión Española, pero no lo suficiente. Sigue siendo mayoría la audiencia que recibe información editorialmente construida desde posiciones de la derecha.

Lo que está pasando es que un medio, uno de los grandes grupos, o el gran grupo de centroizquierda, que era el Grupo PRISA, que controla El País y la Cadena SER, ha empezado a dar algunos pasos hacia el centro. Ha cambiado la directora de El País y eso ha producido un cierto cambio en la línea editorial y en los enfoques del periódico. Han forzado la salida de Àngels Barceló al frente del programa estrella de la Cadena SER. Vamos a ver hasta dónde va este cambio en el centro de gravedad. Todavía tiene muchos profesionales que son buenos y que no creo que consientan dócilmente ese proceso. Y desde el punto de vista empresarial sería suicida. Va a haber una nueva emisora de televisión que sobre el papel empezará a funcionar en otoño y que su corte va a ser progresista. Pero en todo caso su influencia va a ser limitada porque cuesta mucho tiempo construir una audiencia. Estamos ante un año electoral, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a llegar con un ecosistema que claramente no es favorable al Gobierno”.

“Hay gente que piensa que hay medios que juegan con dos barajas. Entramos en los términos de la opinión y de la percepción. Los lectores comprometidos, los que pagan por contenidos, son muy exigentes con la calidad de la información que reciben y claramente muchos de ellos eligen los medios también un poco porque sienten una identificación ideológica, lo cual no significa que no sean críticos en absoluto. Yo creo que es difícil construir medios de falsa bandera, en mi opinión personal. Las audiencias son más listas de lo que parece y al final se acaba volviendo contra el medio”.

“Hay que prestar atención a las posiciones de los grandes grupos, porque me parece que van a tener mayor trascendencia a medio y largo plazo. Siempre que hay una expectativa de cambio de gobierno –lo hemos visto en los últimos 40 años–, los grandes grupos de comunicación suelen tomar posiciones para asegurar su relación con el nuevo gobierno, con el gobierno que pueda llegar. ¿Por qué? Pues porque España es uno de esos países en los que tenemos un grave problema de dependencia del dinero público que se entrega a los medios a dedo a través de la publicidad institucional. Cuando hay otra publicidad que ya no nos llega, la privada, que se va a las plataformas, los medios se han vuelto mucho más dependientes de todo esto. Entonces, va a seguir habiendo movimientos para estar mejor situados, para lo que venga”.

“Me parece tremendamente relevante. Tremendo en muchos sentidos. Hemos asistido a una competencia por parte de muchos medios para construir titulares que condenaran a Zapatero a partir de un sumario en el que apenas hay elementos que señalen a Zapatero. Más allá de las afirmaciones que repite el juez, muchas veces en condicional. Diciendo cosas como Zapatero sería el jefe de una trama criminal. No lo apoya suficientemente. Hay medios que lo han convertido en una condena, titulares que directamente han dicho que Zapatero es culpable de ser el jefe de una trama criminal. Ya está, no hay más vueltas. Cómo no hay hechos incriminatorios directos sobre él, hay muchos titulares que se han construido sobre ‘el testaferro de Zapatero’, ‘la trama de Zapatero’. Para atribuirle a Zapatero cosas que el auto atribuye a otros protagonistas pero que no está documentado que tengan relación con Zapatero. Es una técnica de desinformación muy bien conocida, que es simplemente descontextualizar los hechos. Tú coges unas joyas que están en una caja fuerte y las conviertes en un hecho sospechoso. Zapatero es culpable porque tiene joyas. Ya está. Lo de menos es si las joyas valen esto o aquello, o si tienen un origen lícito. Muchos medios y periodistas han hecho un trabajo muy serio de tratar de desbrozar la parte de los autos que sí son hechos. Pero otros medios están jugando a otra cosa, a una partida política. Y es muy peligroso. Socialmente estamos alimentando un fenómeno de exposición pública que no tiene pies ni cabeza. ¿Cuántos de nosotros resistiríamos un escrutinio con lupa como el que se está haciendo de hechos privados del presidente Zapatero? Seguramente no muchos, desde luego estoy seguro que no Aznar o no Felipe González”.

“Por algo deberíamos tener derecho a la intimidad. Lo que no tiene sentido es que la UDEF, la UCO, cuando hacen un registro o entran en tu casa, en tus discos duros, en tu teléfono móvil… Lo que no tiene sentido es que aceptemos con esta naturalidad que llega a los medios inmediatamente y se publica todo, tenga o no que ver con el objeto de la investigación. Es imposible no pensar que en esa mecánica hay un interés por destruir socialmente a la persona que se investiga. Luego ya va a dar igual que se la condene o no se la condene. Los que saben de esto dicen que no tendremos una sentencia sobre esta materia hasta dentro por lo menos de diez años. No creo que el expresidente tenga muchas oportunidades de reconstruirse socialmente a menos que haya un proceso judicial rápido, que no va a ocurrir, en el que sea absuelto. También en eso soy poco optimista, sobre las posibilidades que tenga de rehabilitación social una figura como Zapatero en una vorágine como la que tenemos montada ahora mismo”.