La jueza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcalá de Henares ha abierto juicio oral contra la alcaldesa de este municipio madrileño, Judith Piquet (PP), por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos después de que un atestado de la Policía Local alcalaína fuera utilizado para relacionar migración con inseguridad.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, confirma que la regidora y su jefe de gabinete, Raúl Castillo, se enfrentarán a la vista oral en calidad de investigados tras terminar la instrucción que comenzó con una denuncia del PSOE y la imputación de Piquet en agosto de 2024.

Desde el Ayuntamiento complutense, que ha recurrido en varias ocasiones los dictámenes de la jueza instructora ante la Audiencia Provincial, han señalado a EFE que todavía no han recibido comunicación oficial de la apertura del juicio oral.

El portavoz socialista en la ciudad, Javier Rodríguez, ha indicado en un audio enviado a los medios que “Judith Piquet debería dimitir hoy mismo como alcaldesa antes de verse sentada en un banquillo defendiendo lo indefendible y manchando el nombre de Alcalá de Henares”.

El documento oficial presuntamente filtrado por Piquet es un atestado policial publicado por el número dos del PP madrileño, Alfonso Serrano, que recogía la denuncia por parte de una mujer de una agresión sexual cometida por “un joven de raza negra” en Alcalá de Henares.

Serrano, aforado como senador, utilizó el documento para defender las afirmaciones que la presidenta regional realizó en enero de 2024, en las que vinculaba a migrantes con la comisión de delitos sexuales.

Estas declaraciones se produjeron semanas después de que en Alcalá se abriese el Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) de migrantes, en diciembre de 2023.

Los hechos investigados se remontan al 17 de enero de 2024, cuando el Ayuntamiento alcalaíno acogió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

En ese momento, Ayuso anunció ante los medios la existencia de “brotes de sarna y peleas violentas” entre los migrantes del CAED, y afirmó que se habían producido agresiones sexuales a mujeres del municipio por parte de los migrantes del citado centro.

Más tarde, la presidenta regional se justificó diciendo que esta información procedía de “una situación que le transmitió la alcaldesa de Alcalá”. En este contexto, Serrano publicó en su cuenta de X la foto del informe policial. Ahora, la Justicia investiga cómo llegó el documento a sus manos.

En este sentido, el portavoz socialista ha añadido que Serrano “debería decir la verdad y hacerse responsable de sus actos en lugar de ocultarse y tratar de salir indemne”, tal y como, según ha recordado, hizo en su declaración como testigo ante el juzgado de instrucción, donde afirmó que no sabía quién le había mandado ese informe.

La política democrática no consiste únicamente en ganar elecciones. Consiste también en administrar con prudencia el dinero que pertenece a todos y a todas, someterse a controles, explicar las decisiones y actuar con ejemplaridad, especialmente cuando se gestionan millones de euros procedentes de los ciudadanos.

Por eso, la compra de un ático de lujo en el paseo del General Martínez Campos número 35 por Planifica Madrid, sociedad mercantil íntegramente pública adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, no puede despacharse como una operación inmobiliaria ordinaria.

No lo es.

Estamos ante la adquisición, formalizada el 14 de abril de 2026, de una vivienda residencial de aproximadamente 485 metros cuadrados —cerca de 200 de terraza— cuyo precio es de seis millones trescientos mil euros. Tres meses y medio después, el 30 de julio, y cuando apenas había pasado un día desde que la prensa revelara la existencia de la compra, el Gobierno regional anunció que el inmueble volvería a ponerse en venta.

Durante ese tiempo, la vivienda no prestó servicio público alguno.

Esta secuencia —comprar en abril, ocultar la operación durante meses, y ordenar la venta en julio inmediatamente después de hacerse pública— constituye, por sí sola, un fracaso político, administrativo y ético de enorme gravedad.

El primer problema es elemental: lo adquirido no era un edificio administrativo ni un inmueble acondicionado para oficinas. Era una vivienda situada en la última planta de un edificio residencial y, según la documentación examinada, se encontraba ocupada por arrendatarios en el momento de la adquisición.

La explicación inicial del Gobierno madrileño fue que el ático serviría como oficina temporal para la presidenta Isabel Díaz Ayuso y un pequeño equipo mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. Después se dijo que sería utilizado para reuniones institucionales. Más tarde se afirmó que ni siquiera estaba decidido quién iba a trasladarse al inmueble. Finalmente, cuando el escándalo adquirió dimensión pública, se anunció su venta para contribuir a financiar la reconstrucción de los municipios afectados por los incendios. En menos de veinticuatro horas aparecieron varias explicaciones diferentes sobre el destino de una vivienda adquirida tres meses y medio antes.

Cuando un Gobierno cambia repetidamente la justificación de una operación millonaria, el problema ya no es solo de comunicación. El problema es que surge la duda razonable de si existió realmente una finalidad pública concreta, previa y documentada. La situación resulta todavía más difícil de explicar porque la normativa urbanística aplicable impediría, en principio, destinar libremente un ático de un edificio residencial a oficinas administrativas. El uso como despacho profesional doméstico está sujeto a condiciones restrictivas y exige mantener el uso residencial principal.

Dicho de otra manera: antes de gastar seis millones trescientos mil euros de dinero público, alguien debía haber comprobado si el inmueble podía utilizarse legalmente para la finalidad anunciada.

A día de hoy no consta públicamente que esa comprobación se realizara.

La operación resulta socialmente especialmente reprochable en una comunidad donde miles de jóvenes no pueden emanciparse, muchas familias destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler y acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales fuentes de desigualdad.

Mientras los ciudadanos escuchan que la Administración no puede resolver todos sus problemas, una empresa pública adquiere una vivienda de lujo, con una terraza cercana a los 200 metros cuadrados, en una de las zonas más caras de Madrid.

No se compró un modesto espacio de trabajo.

No se alquiló temporalmente una oficina.

No se utilizó un edificio público ya disponible.

Se compró una vivienda residencial de seis millones trescientos mil euros.

La crítica no deriva de que una Administración necesite espacios adecuados para trabajar. Deriva de que debe escoger la solución más eficiente, económica, transparente y proporcionada. Y adquirir una vivienda de lujo para un uso provisional, sin que conste estudio comparativo frente al alquiler o al aprovechamiento de oficinas públicas, difícilmente supera ese examen.

El poder público no puede pedir sacrificios a los ciudadanos mientras se reserva para sí decisiones inmobiliarias que ningún gestor prudente adoptaría con su propio patrimonio.

La operación se produce, además, en un contexto que exige explicaciones especialmente claras. La pareja de la presidenta había puesto en venta las viviendas en las que residían en Chamberí, inmuebles situados igualmente en una zona próxima. Medios de comunicación han informado de la comercialización de dos pisos vinculados a Alberto González Amador por una cifra conjunta superior a tres millones de euros. Fuentes cercanas a la presidenta han negado cualquier relación entre esas ventas privadas y el ático adquirido por PLANIFICA MADRID.

Debe afirmarse con rigor: no existe, con la documentación actualmente pública, prueba suficiente para sostener que el ático se adquiriera como residencia personal de Isabel Díaz Ayuso o de su pareja.

Pero la coincidencia temporal y geográfica hace todavía más imprescindible que se publique inmediatamente el expediente completo.

La mejor forma de desmentir cualquier sospecha no es atacar a la prensa ni invocar campañas de desprestigio. Es enseñar los documentos.

¿Quién propuso concretamente ese inmueble?

¿Quién lo visitó?

¿Por qué se exigió confidencialidad incluso antes de la visita?

¿Quién decidió que una vivienda residencial era preferible a unas oficinas?

¿Quién iba a ocuparla?

¿Existió alguna intervención directa o indirecta de Presidencia?

Estas preguntas no constituyen una acusación penal. Constituyen el mínimo control democrático exigible cuando se comprometen millones de euros de todos los madrileños.

La compra no se realizó directamente por la Administración autonómica, sino a través de PLANIFICA MADRID, una sociedad pública que funciona bajo forma mercantil.

Esa elección no es jurídicamente neutra.

La adquisición directa por la Comunidad de Madrid habría quedado sometida a la legislación patrimonial: necesidad de crédito adecuado y suficiente, procedimiento patrimonial, valoración técnica, informe jurídico, motivación de la adquisición directa, posible autorización del Consejo de Gobierno y fiscalización de la Intervención.

La Ley 3/2001, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, establece como regla general el concurso para la adquisición onerosa de inmuebles por la Administración y exige que cualquier adquisición directa se fundamente en circunstancias justificadas.

La utilización de una sociedad mercantil pública permitió operar mediante un negocio privado, al margen de varios de esos controles administrativos previos.

La doctrina conoce este fenómeno como “huida del Derecho administrativo”: utilizar formas privadas para realizar actividades materialmente públicas, reduciendo las garantías, controles y mecanismos de fiscalización propios de la Administración.

No significa que toda actuación de una sociedad pública sea ilegal. Significa que cuanto menos control previo existe, mayor debe ser la transparencia posterior y más sólida debe ser la justificación económica de la decisión.

En este caso ocurrió exactamente lo contrario.

No se conoció públicamente la compra en abril.

No se publicó el precio.

No apareció una memoria justificativa.

No se hizo pública una tasación.

No se identificó la fuente de financiación.

No se explicó quién ocuparía el inmueble.

La ciudadanía conoció la operación meses después, no por iniciativa del Gobierno, sino porque un medio de comunicación la localizó en el Registro de la Propiedad.

La opacidad, por tanto, no fue una impresión política. Fue el resultado objetivo del procedimiento escogido.

La supuesta necesidad del ático se vinculó a unas obras de rehabilitación de la Real Casa de Correos. Pero unas obras de esa naturaleza no aparecen espontáneamente. Requieren proyecto, aprobación técnica, expediente de contratación o encargo a medio propio, publicación en el perfil de contratante, autorización patrimonial cuando afecta a un inmueble protegido y una previsión cierta de comienzo.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, no se ha localizado públicamente ninguno de esos documentos anterior a la compra del 14 de abril. El último contrato de entidad conocido sobre la Real Casa de Correos se refería a la fachada y fue ejecutado en 2025; otras actuaciones anteriores afectaban a comunicaciones, cafetería, carpinterías y accesos, no a la rehabilitación interior invocada posteriormente.

La fecha de los documentos es decisiva.

Si el proyecto de obras, la memoria de necesidad o la autorización patrimonial son posteriores a la adquisición, la explicación oficial quedaría gravemente comprometida. Significaría que la justificación se construyó después de la compra y no antes de comprometer los fondos públicos.

Y si los documentos son anteriores, el Gobierno no tiene ninguna razón legítima para ocultarlos.

La operación encierra otra contradicción difícil de justificar.

Planifica Madrid ya era propietaria de oficinas en la tercera planta del número 6 de la Gran Vía, arrendadas precisamente a la Consejería de Presidencia y ocupadas por la Comisión Jurídica Asesora. La sociedad llevaba desde agosto de 2025 intentando vender ese inmueble por un precio de salida de 14,2 millones de euros, sin haber encontrado comprador.

Es decir, la Comunidad pretendía vender oficinas ya destinadas a uso administrativo mientras compraba una vivienda residencial para utilizarla, supuestamente, como dependencia administrativa provisional.

La contradicción es evidente.

Si existía patrimonio público apto para oficinas, ¿por qué no se utilizó?

Si estaba ocupado, ¿por qué no se estudió otro inmueble administrativo?

¿Por qué no se acudió a un alquiler temporal?

¿Por qué se escogió una vivienda de lujo y no un espacio funcional?

No consta públicamente un estudio que comparase las alternativas. Tampoco una memoria económica que demostrase que comprar era más barato que alquilar.

En la gestión pública, la ausencia de comparación entre alternativas no es una cuestión menor. Es la diferencia entre administrar y disponer arbitrariamente de recursos ajenos.

Incluso aunque el ático se revenda por el mismo precio —o incluso con una eventual plusvalía—, la operación ya ha generado gastos que no se recuperarán.

La compra de un inmueble millonario puede producir impuestos, aranceles notariales y registrales, costes de gestoría, honorarios de intermediación, seguros, conservación y costes financieros derivados de mantener inmovilizados varios millones de euros.

La posterior venta generará nuevos gastos, eventuales comisiones, tributación local y el riesgo de que una comercialización precipitada obligue a aceptar un precio inferior.

La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas calcula, a título orientativo y utilizando una hipótesis de compra de seis millones de euros, que el quebranto podría superar ampliamente los 400.000 euros y aproximarse al millón, dependiendo de la carga tributaria, las comisiones y el precio final de venta. Se trata de una estimación que deberá verificarse mediante la contabilidad real de la sociedad.

Este es el núcleo jurídico del asunto.

El daño no consistiría necesariamente en el precio del inmueble, porque el bien entró en el patrimonio público. El posible menoscabo reside en los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no produjo utilidad alguna.

Comprar, no utilizar y vender tres meses después no es una política pública.

Es improvisación inmobiliaria sufragada por los contribuyentes.

Tras conocerse la polémica, el Gobierno regional anunció que la venta del ático y de los inmuebles de Gran Vía serviría para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

La ayuda a los damnificados es necesaria y debe ejecutarse con rapidez. Precisamente por respeto a quienes han perdido viviendas, negocios o explotaciones, su situación no debería utilizarse para blanquear una operación anterior que nada tenía que ver con los incendios.

La decisión de vender las oficinas de Gran Vía existía desde agosto de 2025. No nació como consecuencia de los incendios. Agrupar ahora esa venta frustrada con la reventa del ático bajo una cifra global de veinte o veintidós millones produce una imagen engañosa: presenta como respuesta extraordinaria una operación que, en su mayor parte, ya se intentaba realizar desde hacía casi un año.

Además, el dinero obtenido por Planifica Madrid pertenecería inicialmente a la propia sociedad. Para incorporarlo a los presupuestos autonómicos sería necesario articular el correspondiente mecanismo societario y presupuestario, como un dividendo, una reducción de capital o una devolución de aportaciones.

No basta con anunciar desde un incendio que el dinero se destinará a las víctimas. La Hacienda pública funciona mediante procedimientos, créditos y controles, no mediante declaraciones políticas improvisadas.

Será el Tribunal de Cuentas quien deba determinar si existió alcance o menoscabo de caudales públicos, quién aprobó la operación, qué informes existían y si concurrió dolo, culpa o negligencia grave.

Pero la responsabilidad política no necesita esperar años a una sentencia.

Una presidenta autonómica es políticamente responsable de que bajo su Gobierno una sociedad pública adscrita a la Consejería de Presidencia compre un ático de lujo para una finalidad relacionada directamente con Presidencia.

Es políticamente responsable de que la operación permanezca oculta.

Es políticamente responsable de que no se publique el precio.

Es políticamente responsable de que las explicaciones sean contradictorias.

Y es políticamente responsable de que el inmueble se ponga en venta inmediatamente después de ser descubierto por la prensa.

Isabel Díaz Ayuso no puede limitarse a decir que ella no se ha comprado nada. Formalmente, el inmueble pertenece a una sociedad pública. Pero precisamente por eso la cuestión es aún más grave: se pagó con fondos públicos y las consecuencias económicas recaen sobre el patrimonio de todos.

No se discute aquí la propiedad privada de la presidenta. Se discute la utilización del poder público para ejecutar una operación inexplicada, opaca y objetivamente ruinosa si se confirma que no tuvo uso alguno.

La Comunidad de Madrid debe publicar sin demora:

Hasta que esos documentos se conozcan, la ciudadanía tiene derecho a sospechar que no está ante una decisión pública racional, sino ante una operación concebida desde el poder, ejecutada sin transparencia y rectificada únicamente cuando fue descubierta.

El dinero público no es del Gobierno de turno.

No es de la presidenta.

No es del consejero que dirige la sociedad.

Es de todos los madrileños.

Y quien compra un ático de lujo con el dinero de todos tiene la obligación política, jurídica y moral de explicar hasta el último euro.

Porque el verdadero escándalo no es solo haber comprado una vivienda millonaria sin finalidad pública acreditada. El verdadero escándalo es que quienes gobiernan Madrid parezcan considerar normal que las explicaciones se den únicamente cuando la prensa descubre aquello que el Gobierno decidió callar.

La gravedad política de este episodio se acentúa al confrontarlo con el discurso público de la propia presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez por, según sus palabras, “amparar la corrupción y el desastre”, y ha denunciado que España estaría gobernada por “minorías totalitarias”.

Todo dirigente democrático tiene derecho a exigir responsabilidades políticas al adversario. Pero ese derecho pierde credibilidad cuando no se aplica el mismo estándar a la gestión propia.

Quien reclama dimisiones por la mera proximidad política con actuaciones controvertidas no puede responder con victimismo, descalificaciones a la prensa o acusaciones de campañas de desprestigio cuando la operación cuestionada se produce en el núcleo mismo de su Gobierno, afecta directamente a la Consejería de Presidencia y tenía como destino inicialmente anunciado el uso de la propia Presidencia autonómica.

La responsabilidad política no puede funcionar como un arma reservada exclusivamente para el contrario. O constituye una regla general de ejemplaridad democrática o se convierte en simple propaganda partidista.

Si la presidenta considera que Pedro Sánchez debe dimitir por “amparar” conductas ajenas, con mayor razón debería ofrecer explicaciones exhaustivas sobre una operación inmobiliaria ejecutada por una sociedad pública integrada en su propia Administración, sufragada con dinero de los madrileños y vinculada institucionalmente a su Presidencia.

No se trata de equiparar supuestos jurídicos distintos ni de anticipar responsabilidades que deben ser investigadas. Se trata de aplicar una regla elemental de coherencia: quien exige transparencia, dimisiones y responsabilidades a los demás debe empezar por practicarlas en su propia casa.

Resulta especialmente paradójico llamar a la movilización ciudadana contra la supuesta degradación institucional del adversario mientras se mantiene oculto el precio de una vivienda millonaria adquirida con fondos públicos, no se exhibe la memoria que justificaría su necesidad y se modifica su destino tan pronto como la operación es descubierta.

La ejemplaridad no consiste en elevar el tono contra el Gobierno de España. Consiste en rendir cuentas cuando el dinero cuestionado procede del presupuesto propio.

Antes de presentarse como fiscal moral de la política española, Isabel Díaz Ayuso debería responder ante los madrileños a una pregunta mucho más sencilla: ¿por qué se compró aquel ático, quién tomó la decisión, por qué firmó un acuerdo de confidencialidad y pidió privacidad y discreción durante toda la operación a la inmobiliaria promotora que anunció el ático en venta?

La democracia no se defiende únicamente exigiendo dimisiones al contrario. También se defiende asumiendo responsabilidades cuando las explicaciones propias no resultan convincentes.

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Roberto Granizo Palomeque es el presidente de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).

Señor Feijóo, señores del PP: no en todos los partidos existen ladrones, prevaricadores y corruptos. También hay personas en otros partidos que no lo son, que luchan por la igualdad, por ampliar los derechos humanos y por aumentar el bienestar. Pero eso, para ustedes, no sirve. Su cruel táctica, su innoble patriotismo, su falta de respeto por la democracia, y ese permanente "y tú más" resultan tristísimos. Pero, ¿cómo se atreven a comparar varios casos a los cientos de casos de corrupción que tienen, han tenido y volverán a tener si vuelven al poder? Y, si pasa, unos cuantos togados, comprados y miserables, los dejan en libertad o dilatan los procedimientos durante años, hasta que los delitos prescriben. Son capaces de utilizar las instituciones, la policía y pseudomedios de comunicación. Y, en cuanto a algunos periodistas, son sus propios amigos quienes los ponen a su servicio.

Mire, señor Feijóo; señor Abascal; señora Ayuso; señor Aznar: argumentar con mentiras para alimentar el odio lo único que consigue es cargarse la democracia. Y eso lo pagarán, porque una parte de la ciudadanía no lo vamos a permitir. Además, quienes hoy los apoyan acabarán dándose cuenta, más pronto que tarde, de que han sido utilizados y de que, en el fondo, ustedes son peores. Es cierto que el poder corrompe y el bipartidismo favorece esa corrupción. Por eso el pueblo lleva tiempo diciendo que no acepta ni quiere un sistema bipartidista. Quiere pluralidad de partidos, quiere aumentar su bienestar, quiere nobleza, quiere diálogo y, sobre todo, no quiere ni odio ni crispación. Y, aun así, me gustaría dirigirme a esa ciudadanía que los apoya para pedirle que reflexione sobre a quién está respaldando: a un partido con actuaciones más propias de una mafia, utilizando la justicia, las instituciones, etc. Basta ya, señores del PP y de Vox. No todos son iguales. Existen políticos honestos, incluso dentro de su partido, señor Feijóo. Pero está claro que eso no es lo que ustedes quieren. Lo que buscan es que sus dirigentes, para llegar al poder, sean cada vez más irracionales, más corruptos y más generadores de odio y crispación. Esa es la realidad de esta oposición.

La ciudadanía y los partidos que todavía creen en la democracia, y que rechazan a quienes actúan contra ella, pueden hacer algo ya: decir, alto y claro, basta. Porque, digan lo que digan los peperos y los voxeros, somos más. Lo único que tenemos que hacer es salir, hablar y actuar. Y, aunque me cueste decirlo, quizá ese proceso no deba estar liderado por el PSOE, sino por otro dirigente. Todavía queda tiempo para demostrar que el refrán "piensa el ladrón que todos son de su misma condición" no define a la izquierda. Para ello hay que poner en marcha, sin descanso y día tras día, políticas como una mayor presión fiscal sobre quienes más tienen; que la Iglesia pague lo que le corresponda y devuelva lo robado; que los grandes tenedores de vivienda sean sancionados si no ofrecen alquileres sociales; que se afronte de verdad el problema de la vivienda; que aumente el salario mínimo interprofesional; que crezca el empleo y se facilite más empleo público. Y, si fuera necesario, que se nacionalicen aquellas empresas energéticas que aumentan sus beneficios elevando el precio de sus productos. También habría que limitar el precio de los alimentos para evitar la especulación y conseguir que los bancos devuelvan lo que deben, dejen de cobrar determinadas comisiones y no se aprovechen de los índices hipotecarios.

Ya sé que pueden parecer soluciones utópicas. Nadie pide que se implanten ya; requieren tiempo, igual que otras medidas sociales, de igualdad y de mejora del bienestar. Pero hay que empezar, no solo sobre el papel, sino con hechos. No podemos permitir que personas como Mazón o Ayuso, con sus víctimas por sus ineptitudes, o señores como Aldama, Bárcenas y otros, estén en la calle mientras otras personas, condenadas por delitos "menores", se estén pudriendo en la cárcel. Y, ante todo, hay que reformar la justicia y depurar a quienes utilicen su posición en el poder judicial para hacer política y golpes de Estado a la democracia, porque no se puede aceptar que se actúe contra la democracia ni que se impida que la ciudadanía amplíe sus derechos para preservar privilegios.

En resumen, no todos son iguales. El refrán “piensa el ladrón que todos son de su misma condición” solo sirve para esos dirigentes del bipartidismo que han visto en la política no una solución para ayudar a la ciudadanía, sino una herramienta para aumentar su patrimonio y las de aquellos y aquellas que les corrompen y les ayudaron. Al final ven que, con ayuda de “sus togados”, les sale muy bien: salen libres y todavía les pagan. Irracional y desdeñable.

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Ximo Estal es socio de infoLibre.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes para remitirlo al Congreso el proyecto de ley orgánica de integridad pública, una norma que busca prevenir la corrupción en la contratación pública, detectar esas posibles prácticas y castigarlas con mayor dureza.

En la rueda de prensa de balance del curso político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado que la ley crea una agencia independiente de integridad pública y ha confiado en que los grupos parlamentarios tengan la "altura de miras que exige el momento" y voluntad de diálogo para aprobarla.

La iniciativa forma parte del plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por Sánchez en julio del año pasado, cuando compareció en el pleno de la Cámara Baja para abordar el caso Koldo y tras la entrada en prisión provisional de quien fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Según ha explicado Sánchez, que ha destacado el asesoramiento de la OCDE para diseñar el texto, tras aprobarse el anteproyecto en febrero se han incorporado a la ley aportaciones de organismos estatales y autonómicos y también de la sociedad civil.

El proyecto de ley modifica seis leyes orgánicas y endurece las penas aplicables, amplía de cinco a siete años la prescripción de determinados delitos, refuerza la valoración de la reparación económica para acceder al tercer grado y mejora los instrumentos de localización, preservación y decomiso de activos.

Entre las leyes modificadas para impulsar las buenas prácticas, destacan las que afectan al régimen electoral, a la financiación de los partidos políticos, al régimen penitenciario, al Poder Judicial y a la protección de datos, junto a varios artículos del Código Penal, con el objeto de desarrollar "una cultura de la integridad" en el conjunto de las Administraciones.

Sobre la financiación de los partidos, establece que las formaciones políticas no podrán financiarse a través de criptoactivos y se refuerzan las restricciones y controles sobre la financiación procedente de Gobiernos, organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o vinculadas a ellos.

Otra novedad será la de no poder aceptar publicidad gratuita en redes sociales, además de reformularse el régimen sancionador sobre publicidad de donaciones o aportaciones.

Se dotará de un mayor peso a las unidades de auditoría interna obligatorias, de tal forma que será la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la que las controle.

Las sociedades mercantiles, la contratación pública y la financiación de los partidos políticos son las tres áreas destacadas en las que se han centrado para reforzar el control y la prevención de la corrupción con el establecimiento de nuevos sistemas de publicidad para conocer al detalle su actividad.

En el ámbito de las empresas, se buscará conocer quiénes están al frente de las mismas o cómo se han realizado transmisiones de las participaciones, ya que en ocasiones adolecen de publicidad registral suficiente.

En lo que se refiere a la contratación pública, se fomentarán medidas como la contratación centralizada, pliegos tipo, procedimientos estandarizados o las mesas de contratación más profesionalizadas. Otra novedad destacada es la puesta en marcha de auditorías ciudadanas sobre la gestión pública.

La Agencia Independiente de Integridad Pública constituirá el eje de este nuevo sistema que integrará servicios antes dispersos en el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de IGAE, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y la Oficina de Conflictos de Intereses. Para subrayar su independencia, su responsable será elegido a través de una convocatoria pública abierta, y se exigirá una mayoría reforzada en el Congreso para confirmarlo.

La protección al informante será un área determinante de tal forma que a quienes adviertan de prácticas posiblemente fraudulentas en el ámbito público se les respaldará con medidas cautelares frente a posibles represalias, aparte de darle apoyo psicológico y financiero o indemnizaciones por posibles daños o lucro cesante.

A través de una reforma en el Código Penal, se endurecen hasta un máximo de 20 años la pena de inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas del Estado, el acceso a contratos del sector público o beneficios en determinados tributos o en la Seguridad Social a los que realicen actuaciones corruptas.

Zapatero a tus zapatos, reza el refrán. Querido presidente, viendo a los críticos, a los denunciantes y demás, recuerdo aquello de “extraños amigos de cama hace la política”, y también “la amistad” a la que alguno se acoge para pillar, y si vienen mal dadas, se transforma en acusación o venganza. ¿Es el estilo de zafarse de los propios delitos?

Grave error confundir amigo con amiguete, esa afinidad superficial y circunstancial. Cuánta tribulación han provocado la amistad y el amor mal entendidos. Los sofistas atribuían la amistad a las necesidades del hombre; Cicerón enseña que la amistad real solo se halla entre los hombres de bien. Si la amistad toma su razón de ser en la necesidad, el futuro será oscuro; si no, ya se ocupará “alguien del entorno” de llevar la oscuridad. Esos a quienes no importa el Estado de derecho.

Para muchos, su culo es superior a su dignidad y seguirá siendo así, ¿caso Trump? Y parafraseo a nuestro filósofo, cuando escribe que los que se arriman arguyendo amistad solo buscan el favor, la riqueza, el poder... Después decae el favor, la riqueza, el poder, etc., y el benefactor se convierte en un apestado. Algunos, incluso, si les es posible, ayudarán a que parezca un delincuente en su caída, aunque sea injusta. Todas las artimañas valdrán.

Regla incuestionable: en las alianzas entre partidos, el interés prima. Lo fue en la coalición de Gobierno y lo será en la coalición de la oposición. Los políticos pretenden hacernos creer que los pactos serán eternos, entre amigos, cuando sabemos que solo les une la necesidad o el interés: poder, provecho, utilidad, ganancia; de resultas siempre será en detrimento del otro, lo que propenderá a reventar, ¿que no? Recordemos: Ciudadanos, UPYD, PSOE-Podemos, PP-Vox. Estudien el tránsito patético hasta Junts, desde Pujol.

Debería estar prohibida la amistad entre los poderes institucionales en el ejercicio de sus responsabilidades —la buena relación no es amistad, ni fe ni cariño—; sabemos que en la mayoría de los casos buscan las puertas giratorias, el favor para cargos y ascensos. En el elector no debe primar la amistad, sino lo que conviene a la nación frente a salvapatrias y devastadores de la sociedad de bienestar y de lo público.

Es vital conocer antes de elegir qué quieren hacer y con quién; eso nos ahorraría muchos sinsabores. Nunca olvidemos a los ansiosos de poder a cualquier costa; no son amigos de nadie ni de la verdad, dañan sin argumentos, ni aproximación a la realidad. La justicia poética les espera, a todos.

Son tiempos de deslealtad, indignidad y patrañas. Quienes nos deshumanizan deberían enfrentarse a severos castigos penales. Es tiempo de farsantes y fingidores. Recuerde usted mismo: ¿dejó el trabajo? Revise su agenda. Sí, un amigo es un tesoro: ¿cuántos tesoros le quedan? Pues eso.

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 Mariano de la Puente Mayenco es socio de infoLibre.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigados a Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, consejero delegado y presidente de Plus Ultra, respectivamente. Los interrogatorios tendrán lugar los próximos 7 y 8 de septiembre en el marco de la causa que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

La decisión del magistrado llega después de que ambos directivos presentaran escritos ante el juzgado en los que vincularon al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con las gestiones realizadas para conseguir la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Martínez Sola y Roselli explicaron que la compañía contrató al empresario Julio Martínez Martínez por su relación con Zapatero y admitieron el pago de importantes cantidades por su mediación.

No obstante, los responsables de Plus Ultra aseguraron que no llegaron a tener constancia de las actuaciones concretas que el expresidente habría realizado para influir en la concesión del rescate.

En paralelo, Calama ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa de Zapatero. La decisión se debe a que el escrito fue registrado fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones.

La defensa del expresidente había presentado el pasado 25 de junio un incidente de nulidad de actuaciones en el que solicitaba que se declarara la vulneración de varios derechos fundamentales y reclamaba la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas las que autorizaron la entrada y el registro en la oficina del expresidente del Gobierno y la que abrió una pieza separada para investigar el origen de las joyas incautadas en su despacho.

El auto explica que, de acuerdo con el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el plazo previsto para plantear un incidente de nulidad es de 20 días y comienza a correr desde el momento en que el afectado tiene conocimiento efectivo del acto que vulnera el derecho fundamental.

Calama recuerda que, en este caso, la defensa de Rodríguez Zapatero indicaba que “la nulidad se plantea a raíz del acceso a la plataforma Cloud y el conocimiento de lo sucedido en las Diligencias de Investigación preprocesales, y tras conocer la singladura procesal que ha llevado la causa al momento presente”.

Ese acceso, tal y como consta en las actuaciones, se produjo el 25 de mayo, cuando se remitió una comunicación a todas las partes personadas que lo habían solicitado para informarles de que, a partir de ese momento, podían consultar los autos en la plataforma de gestión documental habilitada. "En las comunicaciones efectuadas el 25 de mayo aparece documentada la notificación realizada a la representación procesal del expresidente del Gobierno en la cuenta de correo electrónico facilitada por su defensa", aclara el instructor.

En este sentido, el magistrado señala que los escritos sujetos a plazo pueden presentarse válidamente hasta las 15.00 horas del día hábil siguiente, lo que extendía la posibilidad de presentación únicamente hasta las 15.00 horas del 23 de junio. “La presentación efectuada el 25 de junio resulta, por tanto, extemporánea, y la consecuencia no puede ser otra que su inadmisión a trámite”, sostiene.

Por todo ello, el auto concluye que la consecuencia de formular el incidente fuera de plazo es su inadmisión. “La extemporaneidad priva al órgano judicial de competencia para examinar el fondo de la lesión alegada, pues el incidente no puede operar como mecanismo para cuestionar decisiones instructoras que debieron impugnarse en tiempo articulando frente a ellas los oportunos recursos”, concluye.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido este jueves su inocencia y ha negado cualquier intervención en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. En su primera entrevista televisiva desde que comenzó a ser investigado por la Audiencia Nacional, Zapatero ha calificado de "enorme invención" las acusaciones formuladas por el empresario Julio Martínez Martínez, quien esta semana lo señaló ante el juez como la persona que "marcaba los pasos" para conseguir la financiación.

"Estoy convencido de mi inocencia. No me he corrompido, en absoluto. Siempre he respetado la legalidad", ha afirmado el expresidente durante una entrevista en el programa Mañaneros 360, de La 1. Zapatero ha reconocido que necesita ofrecer explicaciones ante la gravedad de la investigación, pero ha advertido de que no pretende pedir a los ciudadanos "un acto de fe".

El expresidente ha rechazado de plano la nueva versión ofrecida por Julio Martínez, amigo suyo durante años y propietario de la consultora Análisis Relevante. "Las acusaciones que hizo Julio Martínez sobre mí son una enorme invención", ha sostenido. Preguntado por si se siente traicionado, Zapatero ha evitado cuestionar personalmente al empresario y ha atribuido sus palabras a su estrategia procesal: "No entro en su estrategia de defensa".

Martínez ratificó el martes ante el juez José Luis Calama que Zapatero estaba informado de los pasos dados para obtener el préstamo y que fue quien le anticipó que la ayuda sería concedida. El empresario también declaró que los honorarios acordados por la mediación ascendían aproximadamente al 1% de los 53 millones del rescate, unos 530.000 euros, aunque admitió que desconoce con qué persona del Gobierno o de la SEPI habría hablado el expresidente.

Zapatero ha insistido, sin embargo, en que no tuvo ningún papel en la operación. "No hablé con nadie del rescate de Plus Ultra", ha asegurado. Según ha defendido, nunca realizó gestiones ante funcionarios, responsables gubernamentales o representantes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para facilitar la concesión del préstamo.

El expresidente también ha negado la creación de una sociedad offshore en Dubái destinada presuntamente a canalizar la comisión. "Decir que creé una offshore es una invención", ha señalado, antes de añadir que atribuirle esa actuación "es como decir que he dado instrucciones para ir a la luna"

Sobre los pagos recibidos a través de Análisis Relevante, Zapatero ha reafirmado que desarrolló "un trabajo de consultoría" y asesoramiento dentro de la legalidad. También ha negado que la consultora funcionara como una sociedad pantalla para canalizar sus ingresos y ha recalcado que sus servicios fueron declarados con su nombre y apellidos.

En cuanto a las joyas, Zapatero ha defendido que fueron un regalo "personal, fruto de una amistad", aunque ha evitado revelar quién se las entregó. El expresidente ha asegurado que, "por respeto al procedimiento judicial", aclarará ante la justicia todas las circunstancias relacionadas con este asunto y ha sostenido que nunca tuvo "afán patrimonial".

Fuentes del PSOE y del Gobierno inciden en que el partido mantiene exactamente la misma posición tras la entrevista: respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia. "El presidente Zapatero ha querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia", añaden desde el partido.

Además, han señalado que la filtración de sus agendas personales "vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho".

La defensa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha pedido su absolución en el juicio de Kitchen porque no se han acreditado "ninguno de los delitos que se le atribuyen", ya que las únicas pruebas en que se sustentan son los mensajes "manipulados" que aportó el que fuera su número dos, Francisco Martínez, para incriminarle en esta operación de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.

El abogado que representa al exministro del Gobierno de Mariano Rajoy en este juicio, Jesús Mandri, además de acusar al exsecretario de Estado de Seguridad de manipular pruebas, ha apuntado a los contactos que este habría mantenido con la trama de Leire Díez en busca de beneficios en el juicio de Kitchen.

A lo largo de su informe final, la defensa de Fernández Díaz ha sostenido que el exministro nunca estuvo informado de esta operación pese a lo que pueda constar en los mensajes que protocolizó Martínez ante notario y con los que ha pretendido demostrar que su superior estaba al tanto de todo.

"Estos mensajes resultan inverosímiles", ha reiterado la defensa del exministro, al destacar que este nunca escribía con la letra "k" en lugar de la "q", ni informaba al secretario de Estado sobre algo relativo a una operación que desconocía o que hablase de un supuesto contacto de Cecilio, que aludiría al CNI, cuando se ha descartado en el juicio cualquier participación del Centro Nacional de Inteligencia en estos hechos.

De este modo, ha defendido "la tesis de que son mensajes que no existieron nunca y si existieron no fueron enviados por Fernández Díaz".

Se trata, ha insistido, de una "manipulación" y ha considerado "muy relevante" que la defensa del exsecretario de Estado no formulara preguntas a los notarios que protocolizaron esos mensajes, ni tampoco a los peritos judiciales y de parte.

"La única persona que ha presentado fuentes de prueba para acreditar que no recibió esos mensajes ha sido Fernández Díaz", ha subrayado el abogado, que ha recordado que no han aparecido en el volcado de sus teléfonos ni de los de Martínez, y se ha preguntado si es que no existieron o si los borró, y en ese último caso qué sentido tendría borrarlo cuando pueden ser exculpatorios.

Además de desacreditar el valor de las actas notariales con los mensajes que supuestamente el ministro le envió a Martínez, el letrado ha restado valor a las anotaciones de Villarejo en sus agendas y al testimonio del empresario Javier Pérez Dolset en relación a unas grabaciones en las que el exscretario de Estado incrimina en Kitchen a Fernández Díaz.

Respecto a esto último, la defensa del exministro ha puesto de relieve las reuniones, conocidas recientemente, que Martínez mantuvo con Leire Díez y Pérez Dolset en las que le pidieron información que perjudicara al PP a cambio de ayudarle con la Fiscalía en Kitchen.

En cuanto a los delitos de los que se le acusa, y por los que se enfrenta a una petición del fiscal de 15 años de cárcel, su abogado ha hablado de "absolución clamorosa" con respecto al delito de malversación de fondos públicos por el pago de fondos reservados al chófer de Bárcenas captado para la operación Kitchen, Sergio Ríos, quien también se sienta en el banquillo.

Sobre ese asunto, el letrado ha expuesto que no ejercía el control de los fondos reservados, que no hay prueba de su participación en la captación y el pago a Ríos, ni que tuviera conocimiento del volcado de los dispositivos de Bárcenas, si estos se produjeron, lo que también ha puesto en duda.

De ser absuelto por malversación, ha considerado que el resto de delitos de los que se le acusa están prescritos.

El Gobierno sigue defendiendo la presunción de inocencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero así como la plena legalidad del préstamo público concedido a Plus Ultra.

Ha sido la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, quien ha reiterado la confianza en Zapatero en la rueda de prensa posterior en la reunión del Consejo de Ministros al ser preguntada por el hecho de que el empresario Julio Martínez Martínez y el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, han implicado al expresidente en el préstamo público concedido a la aerolínea.

Tras asegurar de forma inicial que continúan defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero, ante la insistencia de los periodistas por saber si lo consideran inocente, lo ha afirmado: "Seguimos creyendo en su inocencia y seguimos defendiendo la presunción de inocencia".

Más allá de esa afirmación, ante las declaraciones del empresario Julio Martínez, ha dicho que no iba a comentar las versiones, declaraciones o "estrategias de defensa" en sede judicial en este caso.

Saiz ha hecho hincapié en que se está en una fase inicial de la investigación y en garantizar la plena colaboración con la justicia, y ha repetido en varias ocasiones que todo lo relativo al préstamo a Plus Ultra se ajustó a la legalidad.

"No hay ninguna duda de que la actuación del Gobierno en el expediente del préstamo a Plus Ultra fue correcta", ha sido su respuesta al plantearle si el Gobierno actuó a petición de Zapatero o le informó del proceso, y cómo pudo saber el expresidente que se iba a conceder el préstamo antes de que se hiciera pública la decisión.

Para apuntalar sus argumentos, la ministra ha recordado que el expediente fue tramitado y avalado por los servicios técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y contó con asesoramiento financiero y jurídico externos. También que fue revisado por el Juzgado de instrucción número 15 de Madrid, fue analizado por la Comisión Europea y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló el régimen de ayudas.

En la rueda de prensa ha estado presente también la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien al ser preguntada por este asunto y si desde Sumar iban a pedir algún tipo de responsabilidad a su socio en el Gobierno, ha dicho que ella nunca comenta las causas judiciales, porque cree que no sería responsable hacerlo.

Sí ha recordado que Sumar ha venido defendiendo que Zapatero debe dar explicaciones ante la inquietud, tristeza y preocupación que hay en la ciudadanía. Se ha remitido además a las palabras de Saiz en relación con la concesión del préstamo a Plus Ultra tras señalar que todos los expedientes son públicos y ha instado a dejar trabajar a los tribunales con sosiego, respeto y silencio.

El empresario Julio Martínez Martínez ha vuelto a señalar ante el juez al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, aunque ha indicado que no sabe si realizó alguna gestión o con quién para que el Gobierno concediese a la aerolínea el préstamo público de 53 millones de euros en 2021.

Considerado por los investigadores como el "lugarteniente principal y figura visible" de una trama de influencias para conseguir dicho préstamo, Martínez ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional durante unas cuatro horas tras prometer en un escrito "colaborar" en la causa.

Un escrito que Martínez, con quien Zapatero reconoció tener una relación de amistad, ha ratificado ante el juez José Luis Calama, a quien ha confirmado el cobro del 1% del préstamo público (unos 530.000 euros), abonado por la aerolínea en diferentes plazos a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Y aunque no ha precisado el reparto de esa ganancia, calificada como "comisión de éxito" y no mordida -un término que él identifica como venezolano-, ha dicho que el exlíder socialista le pidió que se cobrase a través de diferentes empresas y en diferido debido a la presión mediática sobre el préstamo, de acuerdo a las fuentes.

El juez sospecha que Zapatero habría dado instrucciones para crear una sociedad en Dubai que podría haber servido de vehículo para el cobro de esa cantidad, pero Martínez ha explicado que dicha empresa no se llegó a constituir, y que fue un asunto que se abordó en una comida en la que el expresidente estaba presente. Un encuentro que Zapatero dijo no recordar.

Tras afirmar en su escrito que era Zapatero quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante —administrada por Martínez—, este empresario ha vuelto a señalar al expresidente como la persona que captaba los clientes: primero Plus Ultra y luego otras tres empresas.

Fue el expresidente del Gobierno quien, según Martínez, le puso en contacto con la aerolínea y le transmitió sus necesidades de financiación, aunque ha negado saber si llegó a hacer alguna gestión concreta para que consiguiese la ayuda pública en 2021, como también ha negado conocer a nadie de la SEPI.

De acuerdo a su relato, él solo intermediaba entre la empresa y el expresidente, momento en el que el juez ha limitado su papel al de "correveidile", apuntan las fuentes.

Martínez ha confirmado de nuevo que fue Zapatero quien le adelantó que Plus Ultra recibiría dicho préstamo unos diez días antes de aprobarlo el Consejo de Ministros, según las fuentes.

Según Martínez, Zapatero era el único consultor de su empresa y, como expresidente, tenía muy buena agenda y muchos estaban interesados en conocer su opinión, especialmente apreciada en asuntos de Latinoamérica. Los informes de asesoría que elaboraban eran reales, si bien buscaban más bien atraer clientes, sin aportar valor añadido, ha reconocido, según las fuentes.

Sobre la contratación de la empresa de las hijas de Zapatero, What The Fav, ha señalado que comenzó a pagarles por maquetar informes de su consultora, si bien a partir de 2022 siguió haciéndolo por no hacer nada, dado que el sistema de contratación era una iguala (un acuerdo de prestación de servicios profesionales donde el cliente paga una cuota fija periódica (generalmente mensual) a cambio de asistencia continua.

Las hijas de Zapatero, Alba y Laura, están también imputadas, pero el juez aún no las ha citado, lo que podría producirse ya en septiembre, según las fuentes.

El empresario ha admitido cobros de la aerolínea Plus Ultra por otros trabajos que él realizó a título personal en Venezuela en relación a gestiones con la administración pública de ese país.

Ha explicado que viajó en varias ocasiones a Venezuela con el expresidente, quien le proporcionó una serie de contactos, entre ellos el de la actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, a quien Martínez ha identificado como su interlocutora en el país, con quien tenía muy buena relación.

Al ser detenido en diciembre, la Policía intervino a Martínez 286.070 euros en metálico repartidos en bolsas, cajas y cajones y hasta en un neceser y un radiador, además de nueve relojes y catorce móviles.

El empresario vincula este dinero a operaciones inmobiliarias ajenas a la causa, si bien, ante el juez no ha sabido detallar qué tipo de operaciones, aunque sí ha admitido que se trataba de dinero negro.

El empresario Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y uno de los principales investigados en el caso Plus Ultra, ha presentado un escrito ante el juez en el que implica al expresidente en el préstamo público obtenido por la aerolínea Plus Ultra en 2021 y confirma el cobro del 1%.

Un día antes de declarar en la Audiencia Nacional, Martínez muestra su voluntad de colaborar en un escrito en el que afirma que Zapatero estaba "puntualmente informado" de "todos los pasos que se iban dando" con relación a la consecución del préstamo de 53 millones de euros y que fue él quien le informó de que el Gobierno lo aprobaría unos diez días antes de que se hiciese efectivo.

Martínez señala que él "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", y que "en su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", según el escrito adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso EFE.

Según este empresario, Zapatero era quien "lideraba" la empresa de asesoría Análisis Relevante —administrada por Martínez y clave en la trama—, pese a que no figurase en el accionariado, y fue quien, "por su condición de expresidente del Gobierno y sus relaciones personales y profesionales", captó a cuatro empresas, entre ellas Plus Ultra.

La idea era que Zapatero emitiera informes sobre estrategia y relaciones internacionales. Estos informes los "finalizaría" Sergio Sánchez y los maquetaría la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, "con quien se estableció una iguala" de 3.000 euros mensuales, "que se pagó" hasta 2025.

Martínez, quien dice que únicamente intermediaba entre "cliente y consultor (Zapatero)", explica que el expresidente le adelantó en mayo de 2020 que recibiría una llamada de los directivos de Plus Ultra, y le puso al corriente de la necesidad de financiación de la aerolínea.

En esa búsqueda de financiación, según el empresario, Zapatero les "sugirió" ponerse en contacto con el vicepresidente del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya, para conseguir un crédito ICO, o con La Caixa, si bien "esas vías" no dieron resultado.

Al conocer Plus Ultra la posibilidad de obtener una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las gestiones "se dirigieron" en ese camino y el 30 de julio de 2020 la aerolínea acordó pagar 5.000 euros mensuales a Análisis Relevante.

Según Martínez, con independencia de la redacción del contrato, "los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero".

Además, en enero de 2021, la aerolínea firmó un contrato con la empresa Idella —representada por Martínez—, por la que "se comprometía a abonar el 1%" de esa ayuda si se conseguía dicho préstamo.

Martínez reduce su labor en aquel momento a acompañar a Plus Ultra "para la obtención de la financiación solicitada" y asegura que "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero".

Es más, dice que fue el expresidente quien el 26 de febrero de 2021 le "comunicó" que "la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra". El Consejo de Ministros lo aprobó finalmente el 9 de marzo.

"En total, la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado", añade Martínez, si bien "se decidió diferir el pago" hasta 2026 debido a la "presión mediática" que existía sobre el préstamo público.

Según el juez del caso, no hay "constancia" del pago en España de ese 1% (unos 530.000 euros), lo que, en su opinión, "refuerza la hipótesis" de que se hubiese "canalizado" a través de una sociedad en Dubai, presuntamente creada por "instrucciones" de Zapatero.

Martínez indica además en su escrito que "tras el éxito" de esa primera operación con Plus Ultra, se mantuvo la relación profesional con Análisis Relevante sobre "cuestiones a resolver en Venezuela por dificultades técnicas y logísticas de la empresa".

En paralelo, según el empresario, Análisis Relevante suscribió otros contratos "tipo" con las empresas Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa para recibir asesoramiento de Zapatero en cuestiones relacionadas con Venezuela, entre otros asuntos.

Martínez, a quien la Policía incautó 286.000 euros en su domicilio, asegura que se trata de dinero procedente de la venta de activos inmobiliarios sin relación con la causa.

Por su parte la representación legal de Plus Ultra ha remitido un escrito al juzgado en el que también muestra su "intención de prestar la máxima colaboración" y para "la comprobación, y corrección, en su caso, de cualquier eventual falta de control" en la empresa.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha asegurado que José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez "tenían la pretensión de cobrar" por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para "salvar" la aerolínea.

En un escrito remitido a José Luis Calama, al que ha tenido acceso EFE, Martínez Sola revela que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Martínez Martínez en el que se asumía el pago de "elevadas cantidades de dinero (el 1%)" por las labores de "acompañamiento" en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero.

Aun así, el presidente de la aerolínea dice que ni él ni el director financiero de la compañía, Roberto Roselli, tuvieron "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI)".

Ambos "tuvieron plena conciencia de que el Sr. Martínez Martínez y el Sr. Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar, (así que por [ahí] vendrá la mordida)" dice el escrito refiriéndose a una frase incluida en una de las conversaciones que mantuvieron el exdirectivo de la aerolínea Rodolfo Reyes y el financiero Roberto Roselli.

Y añade que eso "fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener" Julio Martínez y Rodríguez Zapatero.

Martínez Sola asegura, asimismo, que Plus Ultra pagó el 1% del dinero obtenido, que asciende a 530.000 euros, a través de tres sociedades: Análisis Relevante S.L., Voli Analítica S.L. y IOT Domotic Europe, vinculadas todas ellas a Martínez Martínez.

La firma de este contrato con la sociedad Idella Consulenza, propiedad de Martínez Martínez, agrega el presidente de Plus Ultra, vinculaba "directamente la remuneración al resultado del procedimiento ante la SEPI", y estipulaba este 1% del total más IVA.

La cifra pagada a las tres sociedades, "junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados a Julio Martínez Martínez por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros, es decir, un 1% de los 53 millones", apunta en el escrito.

"El citado 1% por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL, 110.799,47 a IOT Domotic Europe SL", desgrana en el escrito.

El presidente de la aerolínea explica que el primer contacto con Zapatero se produjo mediante una llamada tras contactar por teléfono con el empresario venezolano Manuel Fajardo.

Fue esta persona, dice en el escrito, quien le dijo que Zapatero "podría ayudarle" a acceder "a un crédito o ayuda pública" que mitigase la mala situación financiera de la compañía fruto del Covid-19.

El 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada de José Luís Rodríguez Zapatero a través de un número oculto, que duró diez minutos y en la que el empresario trasladó al expresidente "la difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO", ya que "en ese momento todavía no existía ni se conocía el –más tarde denominado– Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas".

Zapatero "manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas", precisando que "de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez".

"En dicha conversación con D. José Luis Rodríguez Zapatero no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones", añade el escrito, que relata cómo fueron las gestiones siguientes, centradas luego en la obtención de las ayudas de la SEPI.

Afirma Martínez Sola que no conoció presencialmente a Zapatero hasta 2024, en el Hotel Santo Mauro de Madrid, "aunque sí tuvo noción de que estaba detrás del asunto por referencias de personas cercanas e intermediarios".

No sé si os habéis enterado de que estamos en pleno Mundial de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol, es una de las pocas ocasiones en la vida en las que podemos ver a a multimillonarios sentados en un banquillo.

Hoy quiero poner en valor otros pelotazos que me han llamado la atención estos días y que igual quedan injustamente opacados por las hazañas de los dioses del balompié: los Mbappé, Messi, Haaland, Lamine Yamal…

Empezamos por Madrid, el kilómetro cero de la especulación en nuestro país.

El alcalde y la presidenta de la Comunidad, dos expertos en pelotazos –incluso vía transmisión sexual–, han acordado la cesión de 19 parcelas públicas para residencias de mayores con explotación “público-privada” que, os traduzco, significa que los recursos públicos van a parar a manos privadas.

Cuando estas parcelas vuelvan a la titularidad pública no es que se nos haya olvidado su existencia, es que habrá acabado la nuestra, porque su explotación –nunca mejor dicho en el caso de residencias de mayores– la van a disfrutar durante 75 años de nada.

Unas cesiones que se unen a las que se vienen haciendo en la capital para favorecer los negocios de la Iglesia, de los colegios privados y concertados o de ese nuevo modelo de negocio que consiste en vender terreno público para construir viviendas de cooperativas dedicadas al alquiler durante 15 años, pero que pueden alquilarse ¡a sí mismos! Economía circular.

Hakuna Matata, el círculo de la vida cañón para los especuladores.

Pero no sólo de Madrid viven los pelotazos urbanísticos. Pasa también, por ejemplo, en Navarra, donde más de 500 viviendas financiadas con un tercio de dinero público y social siguen estando en manos privadas y cobrando alquileres abusivos.

O en Alicante, aunque lo de allí más que un pelotazo es una goleada:

Viviendas públicas cuyos beneficiarios son exconcejales de Urbanismo, exjefas de contratación el Ayuntamiento, un arquitecto municipal, policías locales o, en el mismo rellano, la exmujer y la excuñada del alcalde.

La guinda al pastel es que se dieron las concesiones de estas viviendas a personas que falsearon sus datos, incluso a algunas que se empadronaron allí aunque vivieran en el extranjero, o que hay nada menos que cinco miembros de una misma familia viviendo en ellas.

Pero no os preocupéis, porque hay un control estatal; la única pega es que a la mujer del funcionario encargado de ese control también le adjudicaron uno de los pisos.

En Asturias, en la playa de la Isla, en Colunga, se están proyectando 28 chalets unifamiliares a sólo 20 metros del mar, gracias a una modificación “puntual” de las normas que prohiben construir a menos de 200 metros de la playa.

Total, ¿qué son unos cuantos chalets que impedirían bajar a la playa por ese lado de la costa o que están en medio de una zona de tránsito? Detalles sin importancia. Pelillos a la mar, nunca mejor dicho.

Pero si hablamos de pelotazos no podemos dejar de hablar de la nobleza, expertos desde hace siglos en el noble arte de hacerse Robin Hood inversos, robar a los pobres para repartírselo entre los ricos.

La penúltima es de la ilustrísima Casa de Alba, que construyó unos pozos ilegales de agua, nada menos que en Doñana, para regar sus abundantes posesiones, previamente subvencionadas también por Europa y por nuestro país.

Un beneficio “ilícito” durante más de una década calculado en más de 5 millones de euros, sin contar los daños medioambientales en un entorno protegido que ahora, ¡sorpresa!, el Parlamento andaluz de PP y Vox quieren legalizar.

¿El truco para conseguir tanta impunidad? Fácil, rápido y para toda la familia, como diría Arguiñano: al ser los nueve pozos ilegales, no tenían contadores de agua y a la Guardia Civil que investiga el caso le es imposible calcular el volumen del agua que se ha extraído.

Ya sabemos que lo nuestro es suyo y lo suyo es suyo.

A seguir disfrutando del Mundial de fútbol ,pero sabiendo que, en el caso de estos pelotazos, nosotros no somos la corrupta FIFA, somos los árbitros y con nuestro voto podemos sacarles tarjetas roja y del partido. Que no se nos olvide.

Ahora que comenzamos el verano, si no es que lo tenemos totalmente encima, nos podemos liberar de los aires enfermizos que nos dejaban más que fríos por tantas tormentas que nos obligaban a ponernos a buen recaudo de los bulos que siempre nos atormentaban y atormentan a diario.

Ahora nos parece mentira poder disfrutar de una aparente estabilidad sin que funcionen los ventiladores políticos de la marca “Y tú más”, porque ya contamos con un aire acondicionado que nos ofrece mejor clima familiar y político.

Podemos descansar de malos vientos y ventoleras que nos asedian con bulos que nos rodean a diestra y siniestra, como también de silencios cómplices de escándalos que flotan intensamente o bucean para no ser vistos.

Podemos considerar que es hasta ventajoso que las noticias y tertulias se hayan abierto con un esfuerzo titánico para poner en la palestra fantasmas ocultos y meigas que desde Galicia no dan la cara, pero sí prestan su voz y sus misteriosas andanzas marítimas que han trocado el saberlo todo en no saber nada y hasta decir que no se acuerdan de nada y que desde el resentido dictador hasta sus paisanos de hoy siguen teniendo alergia a una saludable memoria democrática.

Podemos constatar, sin embargo, que buena parte de la libertad está administrada desde estancias privilegiadas del poder, no omnímodo, si queremos, pero sí ciertamente interesado para que la aparente democracia no sea total, no vaya a ser que tengamos que lamentarnos de movidas futuras, porque no aprendimos de aquellas tres penosas elecciones generales pasadas, que consiguieron meternos a Vox en el Parlamento.

Podemos, mientras tengamos tiempo, ver cómo corregimos los entuertos del pasado y que, aunque sea a regañadientes, se corrijan aquellas actitudes de desconfianza a quienes no engañan ni roban ni abandonan por más que hayan sido acusados de tantas cosas que sabemos quedaron orilladas, casi silenciosamente, por el peso de las punitivas miradas de gente de bien.

Podemos, a pesar de los dudosos avances, fijarnos en que no hay tanta claridad ni justicia aperturista cuando en los informativos oficiales, por sus horarios de posibles mayores audiencias, se nos impide que podamos escuchar todas las palabras de todas las opciones políticas, aunque se nos conceda el pastel informativo en un horario poco accesible al común, cuando la mayoría de la posible audiencia está trabajando y no tiene un democrático acceso a todas las opiniones, aclaraciones y propuestas alternativas que nos hablan claro de que la “prioridad nacional” es la vivienda de los españoles, y no la de los fondos buitres totalmente extranjeros y demás colaboradores nacionalistas que hasta desahucian a españoles —muy españoles y más españoles—.

Tampoco nos enteramos bien de que sean unas “prioridades nacionales” una educación y una sanidad públicas y sean ninguneadas cada vez más, como estamos viendo con los últimos pactos políticos, sin líneas rojas y sin ponerse, siquiera, colorados. Es que el personal es capaz de coger el “colorín” —sarampión— y ponerse verde, como el color de algunos billetes de curso normal.

Ya no basta con el abandono progresivo de la sanidad pública ni con las reformas de criterios para cambiar el sistema educativo. Ahora, sin quitar los conciertos con centros educativos que segregan por sexos y por “posibles” de las familias, se quiere, también, concertar el Bachillerato, que no es obligatorio, y ahondar en los cimientos de los viveros de votos a través de una educación elitista y adoctrinadora, que, para colmo, suele acusar de adoctrinamiento a la educación pública.

Sabemos, además, por experiencia, que en la educación pública hemos “convivido” con compañeros y compañeras de otras ideologías y creencias religiosas.

Es más, se están suprimiendo unidades educativas públicas, pero no concertadas, para mayor desconcierto, por supuesto, de la pública.

No tenemos más remedio que aclarar que en todo este “cotarro” del que algunos quieren apropiarse nos falta un verdadero sentir de no dejarnos llevar por el “ni más ni menos” corrupción y hacer votos, dar los firmes pasos y optar, de una vez por todas, por el “nada” de corrupción y engaño.

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Jose Maria Barrionuevo Gil es socio de infoLibre.

El enigma de los vínculos de dependencia entre la Agrupación Nacional (RN) del dúo Le Pen/Bardella y el sector más radical de la extrema derecha francesa se asemeja a la famosa máxima de El gatopardo, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Todo debe cambiar para que nada cambie.” En efecto, a pesar de las investigaciones judiciales en curso y de las declaraciones públicas sobre un supuesto distanciamiento, la RN sigue enriqueciendo, en condiciones sospechosas, a la denominada “GUD Connection”.

Mientras que la Fiscalía Europea llevó a cabo la semana pasada una oleada de registros en el marco de una investigación sobre las condiciones de adjudicación de contratos por parte del grupo parlamentario de la extrema derecha europea durante el periodo 2019-2024, un nuevo informe oficial del Parlamento Europeo, fechado a mediados de junio, al que ha tenido acceso Mediapart, señala posibles irregularidades financieras atribuibles a RN en un periodo más reciente (2024-2025).

Según nuestra información, este documento de 37 páginas, elaborado por la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo, se encuentra actualmente en manos de la Comisión de Control Presupuestario, que debe emitir un dictamen el 14 de julio sobre las medidas que deben adoptarse al respecto. Estos nuevos elementos podrían por tanto ser remitidos a la justicia.

Al igual que en la investigación en curso, los hechos descubiertos por los servicios financieros del Parlamento Europeo se refieren a los contratos de comunicación adjudicados por RN, con fondos públicos, a una pléyade de empresas que tienen en común estar en manos de directivos que mantienen vínculos personales y políticos con la “GUD Connection”.

Esta denominación engloba una nebulosa vinculada a antiguos activistas del Grupo Unión Defensa (GUD, antiguo sindicato de estudiantes anticomunistas y de extrema derecha, ndt), entre los que se encuentra su emblemático líder en la década de 1990, Frédéric Chatillon, acusado de alimentar la nostalgia por el III Reich, de frecuentar cada vez más a figuras antisemitas y de defender una proximidad ideológica con dictaduras extranjeras, como la Siria de Bashar al-Assad o la Rusia de Vladímir Putin, por ejemplo.

Frédéric Chatillon, condenado por estafa en el caso de los kits de campaña del Frente Nacional (FN), es también amigo de la infancia de Marine Le Pen, mientras que una de sus hijas mantuvo una relación sentimental con Jordan Bardella.

Según este nuevo informe del Parlamento Europeo, cuyas conclusiones reveló Politico, los contratos firmados por el grupo Patriotas por Europa (PfE) —del que forma parte RN y que preside Jordan Bardella— con cinco empresas (e-Politic, Hermod Communication, Adhocrat, Recless y Citadelle Communication) plantean serias dudas sobre su legalidad.

Los investigadores señalan, entre otras cosas, “numerosas infracciones de la normativa aplicable”, ofertas que deberían haberse “considerado nulas”, empresas que no disponen de los medios “para cumplir el requisito mínimo de capacidad técnica” para la ejecución de los contratos en cuestión, así como pagos “que no se ajustan al contenido real de las facturas”. Estos investigadores expresan “serias preocupaciones en cuanto al cumplimiento del pliego de condiciones” presentado por el grupo parlamentario. Los importes considerados irregulares ascienden a 197.258,48 euros.

Al ser interrogado por los servicios del Parlamento, el grupo de los Patriotas por Europa (PfE) reconoció, en su respuesta del 20 de abril de 2026, la existencia de “incoherencias y lagunas procedimentales” en “la redacción y la firma de los contratos”. También admitió que la “coordinación y la verificación podrían haber sido, en algunos casos, más rigurosas”, aunque lo achacó a un “enfoque muy descentralizado”. No obstante, aseguró “que los contratos se habían elaborado de buena fe”.

Este argumento no ha convencido a los relatores, quienes consideran, por el contrario, que estas “numerosas irregularidades de carácter fundamental […] no pueden ser excusadas ni compensadas por la supuesta buena fe del grupo”. Contrariamente a lo que afirma este último, insisten, no se trata de “una simple diferencia de interpretación de las normas de contratación pública”, considerando que “las irregularidades se derivan, por el contrario, de violaciones de los principios fundamentales que rigen el derecho de la contratación pública”.

La atención de los servicios financieros del Parlamento Europeo se ha centrado, en particular, en el perfil de los directivos de varias de las empresas implicadas: Paul-Alexandre Martin (e-Politic), Mathieu Balavoine (Recless) y Nicolas Goury (Hermod Communication).

Paul-Alexandre Martin, cofundador de la empresa francesa e-Politic (recientemente rebautizada como e-nvictus) junto con Frédéric Chatillon, lleva casi quince años moviéndose entre RN y los grupúsculos de extrema derecha más radicales. Hoy al frente en solitario de la agencia de comunicación, el que fuera número dos del Frente Nacional de la Juventud (FNJ) nunca ha ocultado su amistad con miembros del movimiento neofascista francés y europeo, a pesar de que se supone que debe encarnar una imagen más presentable de la extrema derecha.

En sus redes sociales, Paul-Alexandre Martin, de 36 años, exhibe su cercanía a su mentor y amigo Frédéric Chatillon, veintidós años mayor que él, figura tutelar de la “GUD Connection”. “Paul-Alexandre Martin es un Chatillon baby”, comenta a Mediapart un antiguo allegado de Marine Le Pen. “Se viste como él, se peina como él.”

El joven empresario, cuyas actividades se han ido extendiendo progresivamente a varias empresas en Francia y en el extranjero, también ha mantenido una relación muy estrecha con Loïk Le Priol y Romain Bouvier, quienes serán juzgados en septiembre por lo penal por el asesinato del jugador de rugby Federico Martín Aramburú en 2022. También comparte sus vacaciones con Logan Djian, exlíder del GUD condenado en múltiples ocasiones por actos violentos, que luce tatuajes neonazis.

Desde su creación en 2014, e-Politic se ha convertido en una pieza fundamental de la comunicación del FN y, posteriormente, de RN, tanto en el Parlamento Europeo como en las campañas electorales en Francia. La agencia también ha dado trabajo a jóvenes militantes del partido que han llegado a ocupar puestos de responsabilidad, como la eurodiputada Julie Rechagneux o François Paradol, actual jefe de gabinete de Jordan Bardella.

Según Le Monde, la empresa de comunicación también ha contratado a Paul-Alexis Husak, un dirigente de la nueva generación del GUD. Tras su paso por los Zouaves de París, el activista fue detenido en 2022 en el marco de la investigación sobre un intento de expedición punitiva en torno a un partido de fútbol entre Francia y Marruecos.

Los perfiles de Matthieu Balavoine y Nicolas Goury, que dirigen respectivamente las empresas Recless y Hermod, no están menos vinculados a ese entorno. El primero es una figura destacada del movimiento identitario de Ruán, portavoz de la Asociación de Apoyo a los Denunciantes (Asla), una organización fundada por dirigentes identitarios para apoyar a los activistas de extrema derecha que son objeto de acciones judiciales.

Balavoine fue condenado en apelación, el 23 de marzo de 2026, a ocho meses de prisión condicional por violencia colectiva tras el ataque a una sede de la asociación SOS Méditerranée en Marsella, en 2018 (condena que ha recurrido en casación). Está casado, además, desde 2025 con una de las hijas de Jildaz Mahé O’Chinal, uno de los amigos más cercanos de Frédéric Chatillon, estrechamente vinculado a los círculos neofascistas italianos.

Nicolas Goury, director de la empresa Hermod, también procede de los círculos identitarios normandos. Delegado departamental adjunto de RN en Sena Marítimo y exasistente parlamentario en la Asamblea Nacional, fue señalado en 2017 por realizar una "quenelle" —un gesto con connotaciones antisemitas popularizado por el cómico Dieudonné— frente a la sede de la CGT en Ruán, de la que había sido expulsado tras afiliarse al partido de extrema derecha.

Se añade que la última empresa contratada señalada por el servicio antifraude, Citadelle Communication, está dirigida por Christophe Boucher, amigo desde hace treinta años de Frédéric Chatillon, con quien había creado una empresa en 2003.

Al ser preguntados por Mediapart, Frédéric Chatillon, Paul-Alexandre Martin, Mathieu Balavoine, Christophe Boucher y Nicolas Goury no respondieron.

El nuevo informe del Parlamento Europeo sobre los años 2024-2025 menciona nada menos que sesenta veces a e-Politic, que facturó 146.444,41 euros durante ese periodo. A esta suma hay que añadir 1.653.012 euros correspondientes a los servicios prestados al grupo Identidad y Democracia (predecesor de Patriotas por Europa), del que formaba parte RN durante la legislatura anterior (2019-2024). En ambos casos, las autoridades de control consideran que no se han respetado las normas de “transparencia” y de “buena gestión financiera”.

En materia de licitaciones, las normas del Parlamento exigen, en particular, una competencia leal y la recepción de un número mínimo de ofertas de empresas. Pero el informe constata que, durante el período 2024-2025, “el grupo PfE no ha cumplido varios de estos requisitos y/o no los ha documentado correctamente”.

Por ejemplo, los relatores dicen haber observado que los proveedores habían facturado al grupo de extrema derecha incluso antes de que concluyeran los procesos de licitación y se adjudicaran los contratos. Lo cual “pone en tela de juicio la credibilidad de la selección de los operadores económicos” y “hace pensar en una distorsión de la competencia”.

Estos nuevos datos se suman a los ya conocidos que justificaron la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía Europea tras la remisión de un informe anterior sobre sospechas de irregularidades que afectaban al grupo Identidad y Democracia.

Este primer informe de 32 páginas, revelado por Le Monde y al que Mediapart también ha tenido acceso, ya alertaba de los “graves problemas de cumplimiento” del contrato firmado con la empresa e-Politic. Su director, Paul-Alexandre Martin, fue además objeto de la serie de registros llevados a cabo el martes 30 de junio, en el marco de las investigaciones en curso por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Otra empresa francesa, denominada Unanime, también ha sido señalada por las autoridades europeas por un contrato de 1,4 millones durante el mismo periodo 2019-2024. Creada en París en 2011, esta empresa fue propiedad de Frédéric Chatillon hasta 2023, antes de que este transfiriera sus participaciones a su holding italiano denominado Edda (el mismo nombre que la hija mayor de Benito Mussolini).

Cuando trabajaba para el grupo de RN, la empresa estaba dirigida además por una tal Sighild Blanc, nieta de dos antiguos nazis franceses, que no es otra que la esposa de Frédéric Chatillon. Fue ella quien firmó, entre otras cosas, varios presupuestos con Identidad y Democracia.

En Bruselas, los servicios de Unanime se centraron en la elaboración (impresión, envío y franqueo) de dos “libros negros”, uno sobre la “gestión de la crisis del coronavirus por parte de la UE” y otro sobre la “calamitosa gestión de la estrategia de vacunación de la UE”, de los que Jordan Bardella se encargó de la promoción.

La empresa también recibió el encargo de la revista del grupo, Vu d’Europe, a pesar de que, según el servicio antifraude, “no disponía de las capacidades técnicas necesarias” para hacerlo por sí misma. Este último señala en su informe que la pequeña estructura francesa “no prestó la mayor parte de los servicios contratados y, por el contrario, recurrió a subcontrataciones en cascada”, sin que ello respondiera, a su juicio, a una “lógica económica”.

Esta cadena de subcontratación hizo que los precios de los servicios prestados se dispararan un 31 % de media. Incluso restando “generosamente” los “honorarios de agencia”, la diferencia sigue siendo superior al 18 %, insiste el informe, que considera que “ninguna de las explicaciones aportadas por el grupo Identidad y Democracia permite subsanar las graves deficiencias constatadas tanto en el procedimiento como en la ejecución del contrato”.

Contactados por Mediapart, Marine Le Pen y Jordan Bardella no han respondido.

El martes 30 de junio, el presidente de RN reaccionó a los registros en las oficinas de sus proveedores publicando en su cuenta de X un mensaje conspiranoico que relacionaba esta noticia judicial con las elecciones presidenciales del año que viene. “Como siempre, los procedimientos judiciales marcan el calendario electoral”, afirmó.

El líder de extrema derecha, sin embargo, no se pronunció sobre los motivos por los que RN mantiene su vínculo con el ámbito de la “GUD connection”, a pesar del riesgo jurídico y reputacional que supone esta asociación.

La investigación de la Fiscalía Europea, que dio lugar a registros en las oficinas de proveedores de la Agrupación Nacional el martes 30 de junio, se abrió por sospechas de malversación de fondos públicos, favoritismo y abuso de confianza.

Paralelamente, RN es objeto de varias investigaciones judiciales. La más lograda se refiere al caso de los puestos de trabajo ficticios en el Parlamento Europeo, que supuso la condena del partido y de varios de sus dirigentes, empezando por Marine Le Pen, en primera instancia. La triple candidata a las elecciones presidenciales fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos firme, a una multa de 100.000 euros y a cinco años de inelegibilidad. La sentencia del Tribunal de Apelación de París se acaba de dictar y la considera culpable, condenándola a tres años de prisión, de los cuales uno en firme, y a llevar una pulsera electrónica durante un año.

El partido de extrema derecha también es objeto de una investigación judicial iniciada en París el 3 de julio de 2024 por sospechas de estafa en el marco de las campañas presidenciales y legislativas de 2022, así como de las europeas de 2024. Este asunto dio lugar a un registro de la sede de RN el 9 de julio de 2025. También está en curso otra investigación en Marsella, relativa a la financiación de candidatos del partido por parte del empresario Pierre-Édouard Stérin.

Por otra parte, según Le Canard enchaîné, la asociación Anticor ha presentado una denuncia, constituyéndose en parte civil, por malversación de fondos públicos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa en banda organizada contra Jordan Bardella, sospechoso de haber presentado una agenda falsa para justificar su actividad en el Parlamento Europeo.

Para terminar, desde 2016, la justicia investiga el dinero ruso del partido.

El informe del Parlamento Europeo señala asimismo que la empresa Hermod Communication firmó un contrato con el grupo de RN a pesar de que dicha empresa había presentado su oferta para la licitación fuera de plazo. Además, el contrato entró en vigor el 3 de octubre de 2024, mientras que se firmó a posteriori, el 23 de octubre de 2024.

Pero eso no es todo: el contrato no lo firmó el grupo de RN (ni su representante), sino el eurodiputado Gilles Pennelle, el mismo que, según Le Monde, habría presentado al director de Hermod como proveedor del grupo en el Parlamento Europeo. Cabe preguntarse si el eurodiputado (y exdirector general de RN) pudo acudir en ayuda del director de Hermod al firmar con su empresa un contrato derivado de una licitación que no había ganado.

Al ser preguntado al respecto, Gilles Pennelle asegura que firmó dicho contrato “tras la adjudicación del mismo”, y no “en nombre del grupo”, sino “para [su] comunicación personal como eurodiputado”. Sin embargo, el contrato, al que ha tenido acceso Mediapart, prevé efectivamente “prestar servicios de redes sociales al grupo PfE” y en él se “designa a Gilles Pennelle como el “grupo PfE’”. Al ser consultado, Nicolas Goury, director de Hermod, no ha respondido.

Traducción de Miguel López

No me considero una persona ingenua, pero estoy empezando a planteármelo. Pensaba que el Mundial de fútbol servía para ordenar un poco el mundo (al menos, para algunos de nosotros). Mal que bien, durante unas semanas todo se mira a través del mismo rectángulo verde y la coreografía es conocida: el árbitro pita, el balón rueda, los hinchas cantan, los comentaristas exageran, los seleccionadores envejecen en el plano corto y con el pitido final todos discutimos la misma jugada. Esa conversación común nos iguala, incluso cuando media humanidad finge saber de defensas en bloque bajo o líneas de contención. Suelen ser los mismos que fingen saber de todo lo demás, así que convivimos con ellos con toda la paciencia que nos queda a principios de este julio abrasador.

Este Mundial me ha recordado que ya nada conserva intacta la ilusión del lenguaje compartido. Donald Trump, que no sabe nada de fútbol pero controla la presión tras pérdida mejor que Pep Guardiola, llamó a su amigo Gianni Infantino al término del Estados Unidos - Bosnia para quejarse de la sanción a Folarin Balogun, que vio una justísima tarjeta roja. ¿Resultado? La FIFA levantó la sanción y el delantero se vistió de corto para jugar ante Bélgica. De poco sirvieron las protestas de la federación belga, porque Infantino se justificó en la independencia jurídica (el tema de moda) y a correr.

No traigo aquí mi sorpresa con la politización del fútbol. Soy gallega y del Depor, así que aprendí hace tiempo que en los despachos se juegan muchas competiciones (y dolorosos descensos), aunque en esos despachos no se sude la camiseta. En el caso de Balogun me parece muy llamativo quién llama y quién tiene el poder suficiente para levantar una sanción. Y es precisamente aquí donde Donald Trump se coloca entre un hecho y su consecuencia. Borrando la consecuencia, para ser exacta. 

Con la información, con las noticias, está empezando a pasar algo parecido. Antes los periodistas pensábamos que nuestro trabajo estaba en contar el partido. Investigar con rigor, contrastar, titular bien. Algunos pensamos que hoy sigue siendo lo fundamental, pero entre el hecho periodístico y su consecuencia (lectores informados) se ha situado una máquina muy diferente a las anteriores y tiene pinta de que el frágil ecosistema está a punto de romperse. Hasta ahora conocíamos bien a nuestros intermediarios: estaba Google, que ordenaba (siguiendo su propio interés, pero ordenaba); estaba Facebook, que distraía; Twitter, que enfadaba; Discover, una especie de Guadiana que aparecía y desaparecía como una promesa de verano. Los periódicos aprendieron a convivir con ellas y con sus vaivenes en una dependencia incómoda, pero reconocible. Y, finalmente, el lector llegaba al artículo.

La IA viene a cambiarlo todo y no sólo por las conversaciones con chatbots o agentes de IA. El Instituto Reuters advierte de la inminente integración en navegadores, móviles o el propio sistema operativo, de forma que tendremos a la máquina viendo la misma pantalla que nosotros y ofreciéndose a resumirlo. Cualquier contenido, resumido en décimas de segundo. Ojo. Si la IA no tuviera un nombre tan bien elegido desconfiaríamos de ella. Inteligencia artificial. Minipunto para Silicon Valley.

La máquina es una suerte de Donald Trump que ha irrumpido con una llamada absurda y se ha cargado el sistema. ¿Quién va a ser el raro que se moleste en leer un reportaje fantástico como el que ha escrito Sabela Rodríguez sobre el décimo aniversario de la violación de La Manada, que lleva detrás investigación, análisis, contexto, fuentes y más fuentes? Puede que pocos, si tienen delante una respuesta sencilla como esta proporcionada por la IA: “A una década de la agresión grupal en los Sanfermines de 2016 en Iruña, el caso de La Manada se consolidó como un punto de inflexión social y político que resignificó el término para visibilizar la masiva respuesta feminista contra la justicia patriarcal. La movilización marcó un cambio cultural sin precedentes al convertir la indignación en un rugido colectivo que arropó a la víctima y exigió cambios estructurales”. Ahí queda esa simpleza. 

La comodidad es un enemigo formidable. La comodidad hizo millonario a Jeff Bezos cuando millones de personas se dieron cuenta de que es más cómodo comprar libros en Amazon (sin moverse del sofá) que en una librería. Los periódicos hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a combatir la mentira y la desinformación, sin darnos cuenta de que el palo en la rueda vendría en forma de facilidad. La IA lo hace todo más fácil, más cómodo… y de ese planteamiento a esta realidad: una de cada diez personas ya usa chatbots para buscar noticias cada semana, según datos de Nieman Lab a partir del informe del Instituto Reuters. Ya han cruzado la puerta cómoda del acceso a noticias y todo hace pensar que es una puerta que van a cruzar más veces.

La IA tiende a obedecer, contesta a lo que pedimos con el tono que le pedimos. Al final seremos gente rara los que sigamos entrando en un periódico para leer noticias. No raros en sentido heroico, que estoy hablando de entrar en un periódico antes de tomar el primer café. Raros porque conservaremos una costumbre que para otros estará en desuso. Raros, porque además de saber qué pasa, queremos saber quién lo cuenta y desde dónde.

Quién sabe si dentro de poco leer un periódico será tan raro como ir al estadio a ver el partido en directo, con tu camiseta y con tu gente. Una decisión menos cómoda, con algo de pertenencia y mucho de resistencia. Una sabe que podría verlo resumido, pero prefiere leerlo entero, mirar al campo y abrazarse a los de siempre a celebrar un ascenso. Igual acabamos pareciéndonos a un club de fans de John Boy: pocos, algo raros y fieles a escuchar el mundo de una forma un poco lenta. Y quizá ahí, en esa lentitud un poco rara, siga quedando una forma de resistencia democrática.

La cúpula de Plus Ultra recurrió al empresario de la comunicación Julio Ariza, expropietario del Grupo Intereconomía y peso pesado en El Toro TV, la cadena con la línea editorial más próxima a Vox, en plena investigación judicial contra la aerolínea, en la que la formación ultra era acusación popular. El presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se apoyó en su "íntimo amigo" –con el que, según se desprende del sumario, estaba en permanente contacto– en la recta final de la instrucción, cuando la compañía buscaba que el partido de Santiago Abascal no impugnara el archivo de la causa. "Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre", anunció Martínez Sola en el chat de directivos, al que ha accedido infoLibre, el 12 de enero de 2023, siete días después del sobreseimiento dictado por la jueza Esperanza Collazos. "Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza", apuntó unos días más tarde Santiago Fernández Lena, secretario del consejo de administración.

Ariza, padre de uno de los principales asesores del líder de Vox, Santiago Abascal, no fue el único personaje conocido al que recurrió la cúpula de la compañía aérea rescatada para que la ayudaran en sus gestiones con el partido político. Tal y como ha publicado este diario, el juez Manuel García-Castellón también se habría postulado para intermediar entre la formación ultra y Plus Ultra mediante una cena con Abascal supuestamente celebrada del 24 de marzo de 2022, según los chats intervenidos. Lo que los directivos de Plus Ultra querían conseguir de ese encuentro entre el entonces juez en activo de la Audiencia Nacional y el líder ultra era asegurarse de que, en caso de que se archivara la causa abierta contra la aerolínea en los juzgados de Madrid, como finalmente ocurrió el 5 de enero de 2023, Vox no recurriera a la Audiencia Provincial para intentar reabrirla.

Las denuncias y querellas de Vox, el PP y Manos Limpias contra la compañía aérea, la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y tres altos cargos del Gobierno por el rescate quedaron tocadas de muerte el 17 de noviembre de 2022, cuando la Audiencia de Madrid concluyó que la jueza del caso, Esperanza Collazos, había llamado a declarar como imputada a Plus Ultra cuando ya se habían cumplido los plazos de instrucción. A partir de ese momento, la causa quedó abocada al archivo. El 5 de enero de 2023, la instructora acordó el sobreseimiento provisional de la misma.

Antes de que Collazos archivara, y antes incluso de que la Audiencia de Madrid concluyera que el plazo para practicar nuevas diligencias por la jueza se había acabado, Martínez Sola –que entonces era vicepresidente en la compañía– envió en junio de 2022 un mensaje al secretario del consejo de administración, Santiago Fernández Lena, que decía lo siguiente: "Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir. Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información". Martínez Sola vuelve a enviar un mensaje similar el 12 de enero de 2023, cuando Collazos ya había decretado el archivo y la causa solo dependía de que las acusaciones populares o las defensas recurrieran. "Me acaba de llamar Ariza", escribió el máximo directivo de la compañía aérea. "Vox no recurre...", añadió.

La formación de ultraderecha no recurrió, según consta en el sumario, el archivo de Collazos. Pero antes de que se produjera el sobreseimiento de la instructora inicial del caso, el partido de Abascal sí intentó la nulidad del auto de la Audiencia de Madrid que lo provocó (el que dictaminó que la juez había actuado fuera de plazo). Fernández Lena contó el 13 de diciembre de 2022, nada más recibir el escrito de la formación ultra: "Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde... no se van a quedar quietos...". "De un primer vistazo no tiene mucho recorrido... pero nos mantiene enfangados", añadió. Acto seguido entró en la conversación el CEO, Roberto Roselli, para añadir: "Pues a ver si Arriza (sic) habla con estos hdp".

Un portavoz de Vox insiste, sin embargo, en que la formación sí recurrió el archivo decretado por Esperanza Collazos, informa Marta Monforte. Este periódico ha pedido a la formación que lo demuestre con el escrito y se ha ofrecido a publicarlo en caso de que se lo facilitaran, pero no lo han hecho. El archivo sí fue recurrido por la Abogacía del Estado (en defensa de la ministra y la SEPI), recurso al que se adhirieron la Fiscalía y Plus Ultra. Esas tres partes reclamaron que el sobreseimiento no fuera provisional, sino definitivo, algo que no impugnaron ni Vox ni el PP. La Audiencia de Madrid rechazó la petición de la defensa de los miembros del Gobierno denunciados.

El 10 de enero de 2023, tras el carpetazo de la instructora, la abogada de Vox, Marta Castro, remitió un escrito al Juzgado de Instrucción nº15 de Madrid avisando de que aún estaba por resolver dicho incidente de nulidad. Una semana después, lo retiró. Ese día, el 17 de enero, a media tarde, Fernández Lena escribe de nuevo en el chat de directivos: "Hola. Nos acaban de notificar este escrito. Comunican al juzgado que se tenga por no presentado el escrito que te mandé ayer. Pero para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza". Lo cierto es que para cuando el abogado escribió ese mensaje, la Audiencia de Madrid ya había rechazado, unos días antes –el 11 de enero–, el incidente de nulidad de la ultraderecha.

En Vox niegan que Ariza intercediera o condicionara a Abascal para que el partido no recurriera el archivo. Preguntados por infoLibre sobre si el empresario “comentó esta cuestión con Abascal u otro miembro de la dirección” del partido, fuentes de su equipo lo niegan de manera tajante. "Absolutamente no. Insisto. Estamos personados", sostienen. Según el sumario, tras darse por concluido el caso, Vox solicitó el 7 de junio de 2023 que le devolvieran la fianza que había prestado como acusación. Diecisiete meses después, en diciembre de 2025, tras tener conocimiento de las detenciones de la cúpula de Plus Ultra y de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la formación ultra pidió de nuevo su personación.

De todas las conversaciones volcadas por la Policía se deduce una relación muy estrecha entre Martínez Sola, el entonces juez de la Audiencia Nacional García-Castellón y el empresario Julio Ariza, los cuales, según informó Público, viajaron juntos a Cartagena de Indias en noviembre de 2022. "Voy a hablar con Julio Ariza. Íntimo amigo", escribía el presidente de Plus Ultra en 2024 a Federico Lledó, quien fuera administrador de otra aerolínea.

Unos meses después del archivo de la investigación judicial, el 16 de octubre de 2023, Martínez Sola y Roberto Roselli concertaron una entrevista con Ariza en su programa Dando caña de El Toro TV. Después de la gran beligerancia planteada por Vox en los tribunales, Ariza no paró de lanzar elogios a los directivos durante la emisión, avalando en todo momento la legalidad del rescate de 53 millones que el Gobierno había concedido a la compañía.

Ariza dijo en antena antes de plantear ninguna pregunta que la "tormenta política" sobre la aerolínea les había cogido "sin paraguas a ustedes y a nosotros". "Resulta que lo de Plus Ultra era un crédito, están ustedes devolviéndolo tan ricamente, tal como estaba previsto, están controlados por la SEPI al minuto y, además, tenían ustedes 300 trabajadores en ese momento y ahora tienen más de 500", afirmó el directivo de la cadena. Las preguntas, todas fáciles y laudatorias, se acompañaron de imágenes corporativas de la aerolínea. "Me resulta curioso que a ustedes les dan un crédito, pero ese crédito multiplicado por cinco o seis veces se lo dan a algunos competidores suyos y no planteó ningún problema", llegó a decir Ariza, en referencia al rescate de Air Europa. De este tenor fueron las cuestiones planteadas en la televisión de referencia de Vox.

En plena investigación judicial, la cúpula de Plus Ultra consideró la posibilidad de invertir en publicidad en el imperio mediático de los Ariza. "Hoy estaré con Julio Ariza y Manolo [el nombre con el que suelen hacer referencia a García-Castellón]. Estoy pensando si hacer publicidad en Inter economía tv (sic). Al ser un medio ultraderecha no sé si es conveniente", escribió Martínez Sola a Fernández Lena en 2022. "Te la aceptaría?", preguntó el abogado. "Sin ninguna duda", contestó el entonces vicepresidente de la compañía.

El pasado 21 de mayo, después de conocerse la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra, Julio Ariza volvió a intervenir en su programa Dando caña para asegurar que se había limitado a "recibir publicidad" de la compañía. "Nosotros no sabíamos nada de esto, ¿o es que los profetas del reino lo sabían todo? ¿O es que Plus Ultra era el único rescate que se podía poner en cuestión?", se preguntó, como si no hubiera pasado los últimos años muy cerca de sus más altos dirigentes. "Nosotros dimos publicidad de Plus Ultra. Y El Mundo, y la Cope, y El País... Puedo hacer la lista entera y les puedo dar las cantidades", dijo en tono amenazante.

"Dejen de tocarnos las bolas porque en esta casa somos muy prudentes y muy discretos", añadió. "Lo que entonces se sabía de todo esto era casi cero; lo que nos contaban. Cuando vinieron aquí los gestores de Plus Ultra nos contaron unas cosas y nosotros las creímos", prosiguió. "El problema es que, como hay una campaña contra Vox y a nosotros nos pilla en medio porque suponen que somos un instrumento de Vox para la publicidad de Vox y para hablar bien de Vox, pues dicen, vamos a utilizar ahora Plus Ultra para atizarles a estos de nuevo. Pues vais a ir mal por ahí, os va a salir el tiro por la culata porque vamos a dar todos los datos".

Para la edición de esta información este diario envió una serie de preguntas a Julio Ariza con el objetivo de que explicara si efectivamente intercedió ante Vox en favor de Plus Ultra, si se reunió con alguien del partido para ello, si desde la formación le garantizaron que no recurrirían el archivo como quería la cúpula de la aerolínea, si facilitó un contacto entre directivos de la compañía y otro de una entidad financiera y si recibió alguna contraprestación por todo ello. A última hora de la tarde de este miércoles, el empresario rechazó en conversación telefónica hacer ningún tipo de comentario. InfoLibre también se ha puesto en contacto con Plus Ultra, que igualmente ha declinado dar su versión sobre estos hechos.

El exjuez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, se ofreció, cuando todavía se encontraba en activo, a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea rescatada con 53 millones de euros en marzo de 2021, con Vox. Así lo afirmó el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, en un chat de directivos de la compañía, al que ha tenido acceso infoLibre, el 19 de marzo de 2022. La intercesión del magistrado con el partido ultra se iba a producir durante una cena privada entre García-Castellón y el líder del partido, Santiago Abascal que, según Sola, estaba fijada para el 24 de ese mismo mes. A la mañana siguiente del día en que estaba previsto el encuentro, Martínez Sola volvió a entrar en la conversación para decir: "Después os cuento, muy bien el tema de Vox".

La noticia al resto de directivos de la compañía presentes en la conversación –el consejero delegado, Roberto Roselli; el responsable financiero, Alejandro Delgado, y el secretario de consejo, Santiago Fernández Lena– sobre la posibilidad de acceder a la cúpula de Vox (que entonces actuaba como acusación popular en la denuncia presentada contra Plus Ultra en un juzgado madrileño) la dio el presidente Martínez Sola el 19 de marzo. A diferencia de en otros pasajes, el máximo responsable de la aerolínea no se refiere a su amigo magistrado como "Manolo", sino con su nombre completo: "El próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox. Se ha ofrecido a hablar de nuestro tema. Quiere un resumen de lo que tiene que decir, aunque mucho ya lo sabe", añade el presidente.

Martínez Sola avisa a sus compañeros en ese mismo mensaje de que lo va a poner en conocimiento de la parte venezolana de la compañía. "Se lo comento también a Rodolfo", se sobreentiende que a Rodolfo Reyes Rojas, entonces máximo accionista de la compañía y ahora en busca y captura internacional, "y a Raif por la parte de allí", en referencia a Raif El Arigie, otro de los accionistas venezolanos de referencia. Después, da instrucciones al resto. "Que cada uno de nosotros aporte ideas y Santiago [Fernández Lena, el secretario del consejo] escriba", dice en el mismo mensaje. "Que no salga el tema de nosotros", prosigue, reclamando discreción. "Creo un chat para este tema", concluye.

En ese momento, la jueza de instrucción 15 del Tribunal de Plaza de Castilla, Esperanza Collazos, tenía abiertas unas diligencias por el polémico rescate de la compañía aérea en las que Vox, el PP y Manos Limpias eran acusación popular. En ellas se encontraban como denunciados, además de Plus Ultra, Bartolomé Lora Toro, exvicepresidente de la SEPI, el organismo de Hacienda que aprobó la ayuda financiera a la aerolínea; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ex secretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva y el ex secretario general de Industria Raúl Blanco.

Tras el brainstorming puesto en marcha por Martínez Sola en el chat de la cúpula de Plus Ultra, el primero en aportar ideas es Alejandro Delgado, el responsable financiero, que subraya la importancia de los contactos políticos. "En mi opinión, una de las cosas más importantes es poder sentarnos con él y con ahora Feijo (sic)", señala Delgado. Después, Fernández Lena, que como secretario del consejo se encarga sobre todo de temas legales, apunta: "Son políticos. No se mojan ni debajo del agua. Que Manuel [García-Castellón] le haga ver [a Santiago Abascal] que hay una fábula montada alrededor que es importante", sostiene. Luego añade: "Hay dos planos, el político y el judicial. Creo que en este caso nos importa ahora mismo el judicial. Y concluye: "La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran".

En esas semanas, en su actividad al frente del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón había recibido un fuerte revés de la Sala de lo Penal de este tribunal. Tras haber reabierto el juez la causa por la supuesta financiación irregular de Podemos a raíz del testimonio del exjefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo Carvajal, El Pollo, los magistrados le dijeron que sus diligencias constituían una "investigación prospectiva". Para investigar la declaración de El Pollo Carvajal, el instructor había reabierto una antigua causa archivada de plano sobre el llamado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), elaborado por la brigada política de la Policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Un año largo después, la formación de Iglesias se querelló contra García-Castellón por ello.

Del resto de las conversaciones se deduce que la cena del juez de la Audiencia Nacional con el líder del partido ultra efectivamente se habría producido. Al día siguiente del encuentro, Martínez Sola volvió a escribir por el chat grupal de directivos a primera hora de la mañana (a las 7.46): "Después os cuento. Muy bien el tema de Vox", redactó el presidente de Plus Ultra. El único que respondió en la conversación fue el financiero Alejandro Delgado, con dos emoticonos de confirmación de dos pulgares en alto.

Preguntados por infoLibre sobre si esa cena tuvo lugar y si en ella el juez le pidió que no recurriera un eventual archivo de la causa, como finalmente ocurrió, fuentes cercanas al líder de Vox niegan que ese encuentro se produjera, informa Marta Monforte. "Ni cena, ni reunión. Ese día estaba en un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que se alargó hasta la noche", trasladan desde su equipo, que también remarca que García-Castellón "no se ha reunido con nadie de Vox" y añade que, si se hubiera producido, "no tendrían problema" en decirlo. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También niegan categóricamente que la implicación del juez provocara que Vox acabara por no recurrir el archivo.

La jueza Esperanza Collazos archivó provisionalmente el caso Plus Ultra el 5 de enero de 2023 después de que la Audiencia de Madrid le hubiera impedido tomar declaración a la aerolínea, a través de su representante, como persona jurídica imputada, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la denuncia cuando la instructora lo acordó. Ese archivo solo fue recurrido por la Abogacía del Estado (en representación de la ministra y los altos cargos denunciados), la Fiscalía y Plus Ultra para reclamar que el sobreseimiento no fuera provisional, sino libre, lo que hubiera impedido posteriormente reabrir el caso. La Audiencia Provincial lo rechazó.

Inmediatamente después de conocer el archivo del caso, la abogada de Vox, Marta Castro, hizo ademán de recurrirlo al anunciar que su formación había pedido la nulidad de actuaciones respecto del auto de la Audiencia que impidió a la instructora imputar a Plus Ultra. Ese escrito, enviado al juzgado el 10 de enero de 2023, fue retirado una semana después: "Por medio del presente escrito procedemos a retirar el escrito presentado el día 10 de enero", dijo en sus alegaciones en otro documento remitido a Collazos el 17 de enero. El PP, que también era acusación popular en el proceso, tampoco recurrió.

El sumario del caso Plus Ultra refleja igualmente alusiones de los directivos de la aerolínea a otra supuesta gestión de García-Castellón a favor de la compañía mientras seguía estando en activo. El entonces juez de la Audiencia Nacional, según el presidente Martínez Sola, habría puesto en contacto a la empresa con la exconsejera delegada de Bankinter Dolores Dancausa y el departamento legal de la entidad financiera con el objetivo de desbloquear 3,7 millones a favor de la aerolínea rescatada.

infoLibre ha tratado de ponerse en contacto con García-Castellón que, sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas a su teléfono, cuya aplicación de mensajería ha confirmado la recepción de las mismas.

La familia Bongo gobernó durante más de medio siglo Gabón, un país rico en petróleo, y dejó tras de sí un legado de pobreza generalizada y de acusaciones de corrupción que han puesto a la dinastía en el punto de mira de organismos de control internacionales y de autoridades que van de París a Libreville, la capital gabonesa. Ahora, siguiendo un nuevo rastro de registros mercantiles e inmobiliarios, OCCRP ha identificado bienes hasta ahora desconocidos pertenecientes a otro miembro del clan Bongo.

Fabrice Albert Andjoua Ondimba Bongo —hijo del fallecido presidente Omar Bongo y de la juez Marie-Madeleine Mborantsuo— adquirió inmuebles en Dubái por valor de varios millones de dólares mientras ejercía como director general del Presupuesto y las Finanzas Públicas de Gabón, según ha podido documentar esta investigación.

Tras el derrocamiento de su hermanastro Ali Bongo en el golpe militar de 2023, Andjoua pasó a dirigir, bajo el gobierno de transición, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude. Sin embargo, según informó la prensa gabonesa, fue destituido en septiembre de 2025 tras las críticas públicas por estar tratando de gestionar el organismo a distancia, desde Dubái.

Cuánto dinero llegó a ganar exactamente Andjoua durante su paso por la administración sigue sin estar claro. Las autoridades gabonesas no respondieron a una solicitud de información sobre los detalles de su sueldo oficial. No obstante, un decreto de 2015 de la dirección del Presupuesto gabonés al que ha tenido acceso esta investigación indica que el funcionario mejor pagado, con 30 años de servicio, percibiría el equivalente a unos 1.900 dólares al mes, una cifra que contrasta con los millones volcados en una extensa cartera inmobiliaria.

Las revelaciones coinciden en el tiempo con una investigación judicial recién abierta en Luxemburgo en relación con Andjoua y un socio. Según el departamento de Justicia luxemburgués, la instrucción se abrió en mayo, después de una investigación preliminar iniciada a partir de los informes remitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Administración del Registro y de los Dominios.

El departamento de Justicia no detalló qué acusaciones concretas pesan sobre Andjoua o su socio y precisó que "a día de hoy, el señor Andjoua no figura específicamente como objeto de la investigación". Sí indicó, no obstante, a los reporteros de Le Monde —socio de OCCRP e infoLibre en esta investigación— que la causa examina indicios de falsificación y uso de documentos falsos, falta de publicación de las cuentas anuales, blanqueo de bienes y patrimonio, fraude fiscal agravado e introducción de información inexacta, incorrecta o desactualizada en el Registro de Titulares Reales.

Un amplio volumen de datos de sociedades luxemburguesas, analizados por OCCRP y Le Monde, constataron que Andjoua había estado vinculado en los últimos años a dos empresas registradas en el Gran Ducado. Los datos identificaban a Andjoua como titular real último de una sociedad luxemburguesa llamada Epila SCI, que cofundó en 2022 y que sigue figurando como activa en la actualidad. Según sus estatutos, la actividad de Epila incluye "la tenencia de todo tipo de bienes inmuebles y vehículos a motor", además de "la adquisición de participaciones en toda clase de bienes muebles".

Los registros luxemburgueses mostraban también que Andjoua y un socio adquirieron en 2021 una empresa denominada Miura Racing SC y la rebautizaron como Autoword SC. Entre las actividades declaradas de la firma figuraba la tenencia de "bienes muebles e inmuebles, valores, la propiedad privada y el uso de toda clase de vehículos motorizados y no motorizados, así como su puesta a disposición en el Gran Ducado de Luxemburgo o en el extranjero".

Ambas firmas estaban registradas como société civile (sociedad civil). Los reporteros no pudieron determinar si las empresas poseían algún activo, ya que este tipo de sociedades no están obligadas por ley a presentar cuentas públicas. Las autoridades luxemburguesas no quisieron aclarar si estas dos compañías son objeto de la investigación judicial.

Aunque los defensores de la transparencia en Luxemburgo subrayan que estas estructuras son legales, también insisten en la necesidad de reforzar su supervisión: Bastian Schwind-Wagner, de la organización sin ánimo de lucro Luxembourg for Transparency, declina pronunciarse sobre el caso concreto de Andjoua, pero señala que, con carácter general, las empresas en manos de personas con cargos públicos o conexiones con el poder deberían ser objeto de "un escrutinio reforzado" por parte tanto de los proveedores de servicios profesionales como del registro público luxemburgués, "por el mayor riesgo asociado a la corrupción, la contratación pública, las sanciones, la fiscalidad y la recuperación de activos".Los titulares de este tipo de sociedades, añade Schwind-Wagner, "deberían poder explicar por qué eligieron Luxemburgo [como sede], quién controla en última instancia la estructura, el origen de los fondos y cómo se gestionan los activos".

Andjoua no respondió a las consultas remitidas a sus direcciones de correo electrónico, por mensaje de texto y a través de un abogado que representa a un miembro de su familia.

En mayo, dos días después de que los reporteros le trasladaran preguntas sobre la finalidad de las sociedades luxemburguesas, Andjoua y su socio gestionaron la disolución de Autoword, según las inscripciones que presentaron ante el registro mercantil. Pero el rastro documental de Andjoua va mucho más allá de las firmas luxemburguesas. Los reporteros descubrieron una extensa cartera inmobiliaria, hasta ahora no revelada, adquirida mientras trabajaba para el Gobierno de Gabón.

Cuando murió, en 2009, el padre de Andjoua, Omar Bongo, había amasado una fortuna que según las informaciones de la época incluía al menos 183 coches, 39 propiedades de lujo en Francia y 66 cuentas bancarias.

El enriquecimiento de la familia Bongo y de su círculo más cercano mientras ocupaban cargos públicos se produjo sobre un telón de fondo de profunda desigualdad en Gabón, donde más de un tercio de la población sigue viviendo en la pobreza, según el Banco Mundial.

Ocho de los hermanastros de Andjoua han sido imputados en Francia, según informa a OCCRP la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF, por sus siglas en francés). Aunque la PNF no ha especificado los cargos que pesan sobre cada uno, sí precisa que la causa se refiere a la presunta recepción de fondos públicos malversados y a corrupción. La PNF señaló que Andjoua no está investigado en el marco de ese caso.

A lo largo de los años, los abogados de varios de los hijos de Bongo han defendido a sus clientes y han cuestionado la investigación en sus declaraciones a los medios.

En el conocido como el caso de los 'bienes mal adquiridos', la investigación penal se prolonga desde hace más de 15 años, desencadenada por una denuncia civil presentada en 2008 contra las familias gobernantes de Gabón, la República del Congo y Guinea Ecuatorial por la ONG francesa Sherpa, junto a Transparencia Internacional y Survie.

Sherpa explicó que el objetivo de la campaña era "lograr la devolución de activos" presuntamente sustraídos a los ciudadanos de esos países, y subrayó que el valor de los inmuebles supera con creces los salarios de los jefes de Estado y de sus allegados. La PNF añadió que la fiscalía aún no ha emitido su acusación definitiva en esta dilatada causa, y que después será un juez de instrucción quien decida si el caso debe ir a juicio.

Sobre este trasfondo de interrogantes en torno al patrimonio de los Bongo, los reporteros sacaron a la luz las inversiones inmobiliarias de Andjoua en Dubái. Andjoua figuraba como propietario de 43 inmuebles en Dubái, según datos inmobiliarios filtrados. Todos esos apartamentos se habían comprado entre 2020 y 2023 —el periodo en el que dirigió el Presupuesto del Estado— por un total aproximado de 15 millones de dólares.

De los 43 inmuebles que adquirió, 28 eran apartamentos de uno y dos dormitorios situados en un mismo edificio: la torre A de Sobha Creek Vistas, en la exclusiva zona de Meydan, en Dubái. Aunque Andjoua ya ha vendido esos apartamentos, junto a otros varios, los reporteros confirmaron que, a fecha de mayo, seguía siendo propietario de 10 apartamentos en otro edificio de la urbanización de lujo Golf Town.

Los reporteros constataron además que una sociedad patrimonial inmobiliaria francesa llamada Nouo, constituida por Andjoua y su madre, Marie-Madeleine Mborantsuo, posee una vivienda de notable tamaño en Bougival, un elegante municipio a las afueras de París. Adquirida en 2000, la propiedad se asienta sobre una parcela de 754 metros cuadrados dentro de una urbanización cerrada de alto nivel. Bougival, a orillas del Sena, es célebre por haber inspirado a algunos de los pintores impresionistas más importantes de la Belle Époque —entre ellos Monet y Renoir, que titularon sendos cuadros con el nombre de la localidad—.

Los documentos de constitución muestran que Mborantsuo aportó al capital de la sociedad, cuando esta se creó en 2000, el equivalente en francos franceses a casi 590.000 euros. Andjoua —entonces un estudiante de 24 años— aportó el equivalente a 15 euros. En los registros figura como administrador de la sociedad.

No está claro cuánto vale hoy la propiedad, pero una vivienda vecina similar se vendió por más de un millón de euros en diciembre de 2021, según los registros de la web oficial de la Hacienda francesa. Ni Mborantsuo ni Andjoua respondieron a las peticiones de comentario.

Mborantsuo está bajo investigación judicial en Francia desde 2014, por sospechas de "blanqueo agravado de malversación de fondos públicos". La PNF indicó que esa instrucción sigue abierta, pero que no se han formulado cargos. Andjoua tampoco está investigado en ese caso, precisó la fiscalía.

Apodada "3M", Mborantsuo fue la presidenta fundadora del Tribunal Constitucional de Gabón, cargo que ocupó durante más de 30 años. Fue una pieza clave para la perpetuación del régimen de los Bongo: su tribunal supervisó los disputados resultados electorales de 2009 y 2016, y en ambas ocasiones falló a favor de Ali Bongo. Tuvo dos hijos con el difunto presidente Omar Bongo: Andjoua y una hija, Esther. OCCRP y su socio Le Monde ya informaron en 2024 de que Mborantsuo poseía más de 3 millones de dólares en propiedades en Dubái.

Mborantsuo tuvo una pareja sentimental en Gabón, Lin Mombo, que durante más de una década estuvo al frente de la autoridad reguladora de las comunicaciones. Los datos inmobiliarios filtrados muestran que, en 2023, Mombo figuraba como propietario de un apartamento y copropietario de una villa en Dubái; los reporteros confirmaron que sigue siendo dueño de la villa.

Mombo compró también cinco propiedades por más de un millón de euros en Francia, en 2014 y 2015, a través de una sociedad domiciliada en la misma mansión de Bougival que posee la SCI de Mborantsuo y Andjoua, según los registros mercantiles. La sociedad de Mombo fue dada de baja en marzo de 2026. No está claro si por entonces ambos mantenían una relación sentimental.

La investigación ha descubierto una disputa mercantil de 2023, hasta ahora no revelada, en torno a las propiedades francesas de Mombo. Según la sentencia, Mombo y su hijo habían vendido las participaciones de su SCI a un asesor en Francia por apenas 2.000 euros. La venta se hizo porque Mombo estaba siendo investigado en Francia en aquel momento y quería proteger sus activos, según señaló un tribunal mercantil francés en su resolución sobre el caso. La investigación no ha podido establecer si Mombo fue investigado en el marco de la causa contra Mborantsuo.

La resolución del tribunal mercantil francés recogía: "El señor Mombo, ciudadano gabonés y alto funcionario reconoce que le convenía no figurar en los estatutos de la SCI", y añadía que su asesor en Francia había "ideado y propuesto el subterfugio de transmitir las participaciones por 2.000 euros y cambiar la denominación de la sociedad. El señor Mombo precisa, no obstante, que no tenía intención de renunciar a sus inmuebles".

El asesor traspasó los activos a sus propios hijos antes de fallecer, según consta en la documentación judicial. Mombo presentó la demanda mercantil para intentar recuperar las propiedades, alegando que el precio de la venta no reflejaba su valor real, pero el tribunal desestimó el caso, dado que el propio Mombo había aceptado vender a ese precio.

Ni Mombo ni Mborantsuo respondieron a las peticiones de comentario.

Más allá de su patrimonio inmobiliario en los Emiratos Árabes Unidos y en Europa, la investigación ha hallado otros rastros de la trayectoria empresarial de Andjoua, y de su debilidad por los coches de lujo.

Los registros mercantiles muestran que Andjoua, su madre y otros familiares fueron administradores de una empresa en Sudáfrica entre 2006 y 2012. La compañía fue dada de baja temporalmente en 2011 por incumplir la presentación de cuentas anuales y, por el mismo motivo, fue dada de baja de forma definitiva en 2024.

En Europa se repitió un patrón parecido. Andjoua constituyó en 2023 una empresa belga que, según se anunciaba, ofrecía una amplia gama de servicios, entre ellos la importación y exportación de coches y la venta de inmuebles. De nuevo, la sociedad no presentó cuentas. Vendió sus participaciones en la empresa en mayo de 2024.

Menos de un año después abrió una firma de alquiler de coches de lujo con sede en Las Vegas, More4LessExotics, que alquila Ferrari, Bentley, Mercedes, BMW y Lamborghini por entre 1.000 y 2.000 dólares al día en Miami, Nueva York, Boston o Los Ángeles. Ni Andjoua ni More4LessExotics respondieron a las peticiones de comentario.

El vídeo promocional de More4LessExotics en su web muestra coches de gama alta circulando a toda velocidad por carreteras de costa. Los registros mercantiles de Nevada siguen identificando a Andjoua como socio gestor de la compañía.

Los registros de transporte marítimo obtenidos por OCCRP apuntan a que el propio Andjoua tiene gusto por los vehículos de lujo: en octubre de 2023 hizo entregar un superdeportivo Brabus GLE900 Rocket desde Amberes a Libreville.

Los reporteros rastrearon los registros de envío, que muestran que el GLE900 Rocket salió del puerto belga dos semanas antes del golpe de Estado en Gabón, en agosto de 2023, cuando Andjoua todavía dirigía el Presupuesto del Estado. Brabus, una firma de personalización de coches de lujo, fijó el precio de la serie Rocket en más de 400.000 dólares.

Según la propia promoción del vehículo, solo se fabricaron 25 unidades, y se describe como el SUV más rápido del mundo.

Todo empezó con una posición antidemocrática: la idea de que este gobierno es ilegítimo porque no gobierna la fuerza más votada. No se trata de un desconocimiento del funcionamiento del sistema parlamentario español, en el que la ciudadanía vota al poder legislativo y gobierna quien logra reunir una mayoría suficiente en el Congreso. Lo que había detrás era el resentimiento de una oligarquía que ya se veía vencedora.

En el fondo, la cuestión es siempre la misma: la existencia de poderes, dentro y fuera del Estado, que pretenden coaccionar al legislativo, el único poder elegido directamente por la ciudadanía. Las elecciones se celebraron en julio de 2023 y, ya en otoño de ese mismo año, José María Aznar dio el toque de corneta con su célebre llamamiento: «Quien pueda hacer, que haga».

La corrupción, para quienes —en la estela de Donoso Cortés— consideran que la aristocracia es un elemento de libertad y la democracia un elemento de tiranía, nunca ha sido un problema especialmente preocupante. Las grandes fortunas y muchas de las familias que las poseen hunden sus raíces históricas en formas de apropiación y expropiación vinculadas a la corrupción por sistema.

Se actúa de una u otra forma dependiendo de a quién afecte. El caso Aldama resulta paradigmático. Mientras que José Luis Peñas, el concejal del PP que contribuyó decisivamente a destapar la trama Gürtel, sufrió, junto a su familia, un auténtico calvario, Víctor de Aldama, tras reconocer delitos cuando fue descubierto, ha sido elevado a la condición de referente moral por buena parte de la derecha mediática en su supuesta cruzada contra la corrupción.

Imaginemos por un momento que familiares directos del presidente del Gobierno se hubieran enriquecido mediante negocios vinculados a la pandemia, del mismo modo que se ha normalizado que ocurra en el caso de Ayuso. Resulta fácil imaginar cuál sería la magnitud del escándalo.

Las razones que explican el clima de olla a presión que vivimos no pueden entenderse únicamente a partir de los casos de corrupción. Aunque estos existan y sean graves, el problema de fondo es todavía más peligroso. La idea sería la siguiente: hasta hace poco, el PSOE era funcional al régimen del 78; de hecho, constituía uno de sus pilares fundamentales. Sin embargo, cuando da muestras de querer emanciparse parcialmente de los límites establecidos, comienzan las advertencias. Y eso, desde determinados centros de poder, no se tolera. Al PNV ya le han mostrado la primera cabeza de caballo.

Sin embargo, lo verdaderamente preocupante no son los episodios concretos de corrupción, por escandalosos que sean, sino la existencia de relaciones de poder capaces de ocultar o exhibir la corrupción según convenga a determinados intereses. Lo que quiero destacar es que hay algo todavía más grave que la corrupción de las tramas organizadas: el poder para decidir qué corrupción se persigue, cuál se silencia y cuándo se hace cada cosa en función de la obediencia política al poder oligárquico. Esa arbitrariedad es la que convierte la corrupción en democracia en una corrupción de la democracia.

Esto no pretende relativizar ni minimizar la gravedad de los casos que afectan al PSOE. Lo que busca es situarlos en un contexto más amplio, en el que la consideración de quién es corrupto y quién no parece depender menos de los hechos que de los intereses. Cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en un mecanismo estructural de disciplinamiento político.

Quizá todo este contexto de corrupción estructural ayude a explicar por qué el PSOE, incluso en una coyuntura tan delicada como la actual, no quiere pasar a la ofensiva e impulsar una agenda profunda de reformas democráticas. Actuar cuando aparece la corrupción es necesario —qué menos—, pero resulta insuficiente. Eso significa actuar sobre los efectos y no sobre las causas.

La peor consecuencia de la corrupción no es económica. El daño fundamental es político: la subordinación de la cosa pública a intereses privados. La corrupción es un disolvente de la democracia y, al contrario, reforzar la democracia —a saber, reforzar la igualdad y blindar la cosa pública frente a los agentes privados— significa llevar a cabo medidas extraordinarias que cuestionan a poderes de dentro y de fuera del Estado. Y eso ya significa alterar sustancialmente la manera de funcionar y organizar el poder en España. Y hasta ahí podíamos llegar en la lucha contra la corrupción.

Aznar lanzó su llamamiento contra el Gobierno en 2023. En junio de 2026, el destinatario de sus advertencias ya no parece ser únicamente el presidente, ni siquiera el Ejecutivo. El mensaje se dirige directamente a la sociedad española: si no ganan quienes deben ganar, la convivencia está en riesgo. Quedarse quietos no va a frenar su voracidad. Quien quiera entender, que entienda.

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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.

Hay figuras que no aparecen en el primer plano de la corrupción, pero sin las cuales la corrupción no existiría. No son los grandes protagonistas, ni los rostros reconocibles de la política o las grandes corporaciones. Son el contacto, la bisagra, la correa de transmisión: el “nexo corruptor”. Sin ellos el dinero no cruzaría ciertas fronteras; el favor no encontraría cauces; la ilegalidad quedaría contenida por la fricción institucional.

El caso de Aldama —condenado como articulador de una trama de intermediación entre intereses privados y estructuras públicas— vuelve a colocar esta figura en el centro del debate. Su no ingreso en prisión tras colaborar con la justicia es jurídicamente explicable dentro del marco de la cooperación procesal. Pero abre una grieta profunda en el tejido político y social: la percepción de que quien más sabe, quien más conecta, quien más estructura el sistema opaco, puede también ser quien más fácilmente negocia su salida.

No es una anomalía. Es un patrón.

El capitalismo global ha consolidado un mecanismo donde la responsabilidad penal se fragmenta, se diluye y se vuelve negociable para quienes poseen recursos suficientes. Hay condenas y procesos, sí, pero la desigualdad de medios se traduce en desigualdad de consecuencias.

El sistema judicial opera en un mundo donde la capacidad económica conlleva ventajas. Permite contratar los mejores equipos legales. Alarga los procedimientos hasta el agotamiento institucional. Y transforma cada imputación en una batalla de desgaste. La justicia existe, pero su velocidad, su contundencia y su alcance varían en función del poder adquisitivo de quien se sienta en el banquillo.

El caso de Donald Trump es paradigmático. Su trayectoria judicial —entre imputaciones, condenas, recursos, inmunidades y dilaciones— ilustra una mutación del sistema. La justicia no es horizontal. Se negocia en niveles simultáneos. El proceso se convierte en una extensión del terreno político. Y la capacidad de resistir económicamente se vuelve tan determinante como la verdad de los hechos.

Pero sería un error reducir el fenómeno a individuos concretos. El patrón es estructural y global. En el ámbito corporativo, los grandes acuerdos extrajudiciales en casos de corrupción o prácticas ilícitas se traducen en multas millonarias que no alteran la continuidad del negocio. La condena es riesgo calculado. La multa por irregularidades, coste operativo.

En Europa, los escándalos bancarios posteriores a la crisis del 2008 mostraron con claridad esa tramoya. Rescates públicos masivos, responsabilidades difusas y consecuencias penales limitadas para los altos niveles de decisión. La maquinaria financiera sobrevivió casi indemne, mientras el coste social se trasladaba a la ciudadanía.

Este desplazamiento de la carga no es accidental. Responde a una transformación más profunda. La progresiva subordinación de las instituciones democráticas al poder económico global. No es solo corrupción directa. Es dependencia estructural. Estados que compiten por inversión. Sistemas fiscales presionados a la baja. Regulaciones que deben “no espantar a los mercados”. Y una política cada vez más condicionada por la lógica de la competitividad.

En este contexto, la justicia deja de ser un poder autónomo. Es un territorio atravesado por tensiones económicas. Y la figura del nexo corruptor resulta el comodín perfecto. Concentra información. Facilita transacciones. Conecta mundos que deberían permanecer separados. Y a la postre su cooperación lo blinda legalmente, garantizándole inmunidad.

La cuestión no es solo jurídica. Es sistémica.

¿Qué ocurre cuando las estructuras diseñadas para limitar el poder dependen, de hecho, del mismo poder que deben limitar?

La crisis climática es el ejemplo más evidente de esta contradicción. ¿Por qué no se toman medidas drásticas? No por desconocimiento. La evidencia científica es abrumadora. Por falta de ejecución política en un sistema donde los intereses económicos de corto plazo tienen una capacidad de bloqueo superior a la urgencia colectiva. Las grandes transiciones energéticas chocan con industrias consolidadas. Con activos fósiles ya amortizados en los balances. Y con lobbies capaces de influir en legislaciones nacionales y supranacionales.

El resultado es una política de la dilación. Se reconoce el problema, pero se pospone la solución estructural. Se anuncian objetivos, pero se aplazan las medidas que los hacen posibles. La inacción no es ausencia de decisión: es una forma de decisión condicionada y diferida.

Así, la corrupción no es fenómeno penal. Es lógica cultural extendida. Es la idea de que todo puede ser compensado, negociado o liquidado si el precio es suficiente.

La literatura ha sido lúcida al describir esta deriva. Hannah Arendt analizó cómo los sistemas pueden normalizar lo inadmisible mediante la burocratización de la responsabilidad. Nadie es plenamente culpable, porque todo está distribuido en cadenas de decisión. Esa dispersión produce una forma de impunidad estructural.

Ursula K. Le Guin imaginó sociedades donde la organización económica no era un telón de fondo neutral. Era el núcleo mismo de la moral colectiva. En sus relatos, cambiar la economía equivalía a cambiar el tipo de humanidad posible. Esa intuición es hoy actual: no hay instituciones neutrales cuando la estructura material condiciona los valores.

Margaret Atwood ha explorado, desde la ficción distópica, cómo los sistemas no colapsan de golpe. Se reconfiguran para normalizar lo que antes era intolerable. El abuso. La desigualdad. La excepción jurídica.

Incluso en registros más clásicos, autores como Balzac o Dickens ya mostraban cómo el dinero reconfigura la moral pública. La ley puede ser igual en el papel, pero desigual en su aplicación. La diferencia hoy es la escala global y la sofisticación de los mecanismos.

No hay excepciones. Las excepciones se integran en el funcionamiento ordinario del sistema.

Cuando el nexo corruptor negocia su salida. Cuando el gran capital condiciona la legislación ambiental. Cuando la justicia se convierte en un campo de estrategias económicas. Entonces, el mensaje es claro: todo es negociable, todo tiene precio, todo puede ser absorbido.

Y surge la internalización social de esa lógica.

La ciudadanía lee el mundo en clave de interés económico. Exclusivamente. Las decisiones políticas se interpretan como transacciones. La ética se vuelve un lujo retórico. El lenguaje de los valores financieros sustituye al de los valores humanos allí donde éstos deberían predominar.

El resultado no es solo desigualdad. Es desgaste civilizatorio.

El planeta como recurso finito explotado sin freno. La democracia como sistema sensible a la presión del capital. La justicia como estructura susceptible de negociación. Y la vida cotidiana como un espacio donde la lógica del beneficio individual es el cristal desde el que se contempla cualquier horizonte colectivo.

Una sociedad que acepta que todo puede ser comprado, acaba vendiendo el tiempo político, la reparación del daño, la memoria de las víctimas y la integridad de las instituciones.

El nexo corruptor, ya no figura excepcional, es metáfora general del sistema.

Un sistema donde el intermediario ya no es una anomalía, sino el modelo a seguir, como el propio Aldama se ha encargado de recordarnos al salir de los juzgados. Donde acudió voluntariamente para celebrar la sentencia que le libra de desembolsar una multa millonaria y acudir a la cárcel. En cambio, sus colaboradores, no amparados por el omnipotente estamento capitalista, han sido condenados a 24 y 19 años. La desproporción es significativa.

Y cuando eso ocurre, la corrupción, lejos de considerarse un problema del sistema, se vuelve su lenguaje.

El desenlace es silencioso, pero constante. El mundo se agota por explotación material. Y por debilidad moral.

La tierra se desgasta. La democracia se vacía. La justicia se negocia. Y en ese triángulo, lo único que crece sin límites es la capacidad del dinero para redefinirlo todo.

Hasta el punto que ya no necesita violar las normas.

Le basta reescribirlas.

Pagando.

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Fernando Claudín di Fidio es escritor.