La tarde llega a su fin el miércoles 18 de marzo, cuando se bajan los primeros asientos plegables del antiguo cine Teatro Italia de Ancona. La sala se llena, hasta la mitad, de un público de cierta edad. Desde el escenario, acotado por gruesas cortinas de terciopelo rojo, el presidente del tribunal de Palermo, Piergiorgio Morosini, marca la pauta: “Esta reforma es la más incisiva propuesta desde el nacimiento de la Constitución en 1948, ya que prevé la modificación de siete artículos.”

De pie, con el micrófono en la mano, Morosini sale de la reserva que suele caracterizar a los magistrados. “Esta campaña ha estado marcada por ataques y afrentas”, dice indignado ante un público cuya extrema atención contrasta con el continuo alboroto de declaraciones extravagantes que han saturado los medios de comunicación italianos los últimos días. A cuatro días del referéndum sobre la reforma judicial propuesta por el Gobierno de Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de extrema derecha, los partidarios de ambos bandos libran sus últimas batallas en una Italia extremadamente dividida.

Esta reforma prevé la separación estricta de las carreras entre la fiscalía y la magistratura. Actualmente, jueces y fiscales pertenecen a un único y mismo cuerpo, independiente del Ministerio de Justicia, y pueden pasar de una función a otra una vez a lo largo de su carrera. El Consejo Superior de la Magistratura (CSM) se encarga de garantizar su autonomía e independencia. Un tercio de sus miembros es elegido por el Parlamento, los otros dos por los magistrados.

La reforma prevé dividir el Consejo en dos: uno para los fiscales y otro para los jueces, con dos itinerarios de formación distintos. Los miembros de ambos consejos se elegirían entonces por sorteo: dos tercios entre todos los magistrados y magistradas, y un tercio entre juristas elegidos por el Parlamento. El CSM también se vería despojado de su competencia disciplinaria, que se confiaría a un tribunal disciplinario superior independiente.

A primera vista, no se aprecia una relación inmediata con el fin de la independencia del poder judicial, tal y como denuncian los partidarios del “no”. Leyendo entre líneas, los jueces y magistrados temen sobre todo un debilitamiento progresivo de su autonomía (en particular por la elección en el Parlamento de los miembros de los consejos que se sortearán) y un aislamiento de la fiscalía que la haría más vulnerable a las presiones políticas. Una especie de primer paso para meter en vereda a la magistratura.

Ante el carácter técnico y la complejidad de este proyecto de ley constitucional, numerosos magistrados, abogados o profesores de Derecho se han sumado a las filas de los comités ciudadanos para explicarlo a los votantes.

“Hacemos todo lo posible para que los ciudadanos se impliquen en estas iniciativas”, asegura Stefano Staffolani, presidente del Comité de la sociedad civil por el “no” en Ancona. Confiesa que, como profesor de economía política, no disponía de todas las herramientas para comprender las sutilezas del texto: “Así que, como buen economista, busqué las cifras.” Con sus notas en mano, nos cuenta sus hallazgos.

“Los artífices de la reforma dicen que los jueces están bajo la tutela de la fiscalía, ¡supuestamente porque van a jugar al tenis juntos! Pero en Italia, aproximadamente la mitad de las peticiones de la fiscalía no son atendidas por los jueces, mientras que la media europea es del 34%”, constató.

“Las sanciones contra los magistrados también serían demasiado leves y escasas”, prosigue. “Pero en Italia, casi ocho jueces de cada mil son objeto de una sanción, frente a uno de cada mil en Alemania o cuatro de cada mil en España, y esas sanciones emanan más a menudo del Consejo Superior de la Magistratura que del Ministerio de Justicia, que también tiene competencia al respecto.”

En el escenario, el presidente del tribunal de Palermo, repasando los orígenes de la Constitución, menciona la historia y el asesinato por parte de Mussolini del diputado antifascista Giacomo Matteotti. “Los padres fundadores habían vivido en carne propia la concentración de poderes en manos del ejecutivo, y eso es precisamente lo que querían evitar al dotar de autonomía al poder judicial”, explica quien se ha comprometido con el comité. “Es justo decir no.”

“Esta votación no es a favor o en contra de la magistratura o del Gobierno, sino sobre el mantenimiento o el abandono del principio fundamental de la separación del poder judicial del Estado”, prosigue. Sus palabras son recibidas con fuertes aplausos. “Quieren borrar años de conquistas cuyo único objetivo era tener magistrados libres”, opina Ruggiero Dicuonzo, antes juez y hoy fiscal adjunto del tribunal de Ancona.

La campaña del referéndum, inaugurada oficialmente a mediados de noviembre, se ha recrudecido en las últimas semanas. La última provocación hasta la fecha (“una señal clara de que no es posible el diálogo”, comenta con flema Piergiorgio Morosini) lleva la firma de Francesco Zaffini, senador y miembro de Fratelli d’Italia (FdI), el partido de Giorgia Meloni, quien comparó a la magistratura con “un cáncer”.

Poco antes, Giusi Bartolozzi, viceministra de Justicia, invitaba a los italianos a “deshacerse de la magistratura”, que actuaría como un “pelotón de fusilamiento”. En cuanto al ministro de Justicia, Carlo Nordio, coautor junto con Giorgia Meloni del texto de la reforma, considera que el Consejo Superior de la Magistratura es un “mecanismo mafioso”.

Para justificar esas diatribas, por las redes sociales de los partidarios del “sí” circulan casos concretos que denuncian sentencias demasiado laxas, en particular cuando conciernen a extranjeros. Ante esos ataques, y de forma inédita desde el inicio de su mandato hace once años, el presidente de la República, Sergio Mattarella, presidió una reunión del CSM, recordando su “valor constitucional” y exhortando “al respeto mutuo” de las instituciones. Por lo general, nunca participa en el CSM, que preside en su calidad de jefe de Estado.

La extrema derecha italiana está acostumbrada a los enfrentamientos con los magistrados. Matteo Salvini, líder de La Liga y socio menor de la coalición en el poder, ha hecho uso y abuso de ello desde sus primeros pasos en el Gobierno, en 2018. Pero el Gobierno de derechas y extrema derecha de Giorgia Meloni ha ido un paso más allá, al convertir a la magistratura en su principal oponente político, especialmente en materia de seguridad e inmigración.

Los magistrados y magistradas, señalados por el Gobierno como culpables del fiasco de los centros de internamiento para migrantes en Albania o, más recientemente, de la colocación considerada abusiva de los niños de la "familia del bosque", son acusados de ser partidistas, de ser de izquierdas, e incluso de sufrir “degeneraciones ideológicas”, según las propias palabras de Giorgia Meloni.

Este discurso político de una magistratura partidista no ha dejado de calar en la opinión pública desde los años noventa, alimentado sobre todo por Silvio Berlusconi y Forza Italia, para quienes esta reforma es una vieja quimera. Sus defensores prometen que permitirá a la magistratura volver a ser neutral e imparcial y recuperar la confianza de los italianos, cuando, es cierto, es poco querida y mal vista.

Pero la promesa no se cumple, según Chiara Gabrielli, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Urbino y miembro del Comitato dei 15 per il NO (Comité de los 15 por el No): “Esta reforma no tendrá ningún impacto en la eficacia de nuestra justicia. No introduce ninguna otra forma de responsabilidad para los magistrados, ninguna nueva herramienta para hacer frente a los errores judiciales; todo ello depende de la calidad y la cantidad de los recursos a disposición de la justicia, pero en este punto, el proyecto de ley de presupuestos prevé, según la Asociación Nacional de la Magistratura, una financiación insuficiente”.

En el panorama político, las posiciones están bastante claras: la coalición gubernamental apoya el “sí”, mientras que el Partido Demócrata, el Partido Comunista, la Alianza de los Verdes y la Izquierda y el Movimiento 5 Estrellas apoyan el “no”.

Aunque intenta evitarlo a toda costa, este referéndum tiene para Giorgia Meloni algo de prueba electoral antes de las elecciones del año que viene. Es una de las tres principales reformas prometidas por el Gobierno a los italianos, y no se requiere quórum de participación para que se tenga en cuenta el resultado de la votación. En 2016, el último referéndum constitucional propuesto por el presidente del Consejo, Matteo Renzi, terminó con su dimisión tras el rechazo de los votantes.

Traducción de Miguel López

En todas las sociedades la cuestión del aborto ha suscitado encendidos debates entre los que se autodenominan defensores de la vida que anatemizan y criminalizan a los defensores del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. 

En nuestro país, la controversia adquiere unos niveles de confrontación que no se producen en otras naciones. La Iglesia católica y los cuarenta años de dictadura bajo el nacionalcatolicismo siguen marcando nuestra vida presente. Los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional proclamaban: “La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica. Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación”. El Estado reconoce y ampara a la familia como fundamento natural de la sociedad. Asimismo, fomentará la natalidad incentivándola con los Premios nacionales de natalidad. El récord lo ostenta un matrimonio canario con diecinueve hijos.  

Sociológica y económicamente, este insólito fenómeno es impensable en estos momentos, pero subsisten las amenazas de criminalizar de nuevo el aborto o de recortar drásticamente las posibilidades de llevarlo a cabo. Las estadísticas indican una abrumadora derivación de la práctica de abortos a clínicas privadas ante el rechazo a realizar esta prestación médica a pesar del mandato constitucional y de la Ley General de Sanidad. Por ello creo que es el momento adecuado para plantear su constitucionalización a pesar de las dificultades que presenta el sistema de modificación del texto constitucional.

La sentencia del Tribunal Constitucional que declara la constitucionalidad de la ley de 2010 ha suscitado el rechazo de algunos sectores políticos y grupos provida a los que me gustaría recordar que los que defendemos la libre voluntad de la mujer no somos los novios de la muerte. La Conferencia Episcopal reaccionó con una Nota que seguramente se esgrimirá durante el debate constitucional que se avecina.  Sostienen que el feto no es una cosa, es un ser humano (¿también un anencéfalo). “Es un verdadero sin papeles, candidato a la expulsión del seno materno” que pudiera dar lugar a interpretaciones extensivas en favor de la inmigración. Otra pieza: “Reiteramos que, con esta ley, los derechos y obligaciones del padre del no nacido quedan inhibidos y censurados”. ¿También de los violadores o maltratadores?  La decisión de la mujer es personal e intransferible.

Se anticiparon al debate sobre los Registros de los profesionales de la medicina que se oponen a la práctica de abortos, invitándoles a ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Sería interesante conocer su posición sobre este tema, pero reconozco que no es de su competencia, aunque llevan un registro de apóstatas. Según la última ocurrencia del señor Nuñez Feijoó, la objeción de conciencia debe permanecer en la clandestinidad. Terminan adentrándose por caminos terrenales para afirmar que las democracias que autorizan el aborto se encaminan hacia el autoritarismo.    

Sin duda, la iniciativa de Francia para constitucionalizar el derecho al aborto ha sido el detonante que ha impulsado al Gobierno para presentar su proyecto de incluir en nuestro texto constitucional el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Pero nuestro sistema es rígido y hay que manejar y ensamblar sus posibilidades. Según el artículo 10 CE: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Precisamente por ello la Exposición de Motivos de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo de 2010 se justifica por el respeto a la dignidad de la persona y en el libre desarrollo de la personalidad como garantía de la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. 

La modificación constitucional no va a ser un camino de rosas. Si acudimos a los escasos precedentes de modificación del texto constitucional (Art. 13 derechos de los extranjeros, 49 sustitución de la expresión "disminuidos" por "discapacitados" y el 135 la preferencia de la deuda pública) la decisión estaba reforzada por el hecho de que se apoyaba en compromisos internacionales (Unión Europea y Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad). De igual manera el articulo 95 de la CE, con el que se justificaron anteriores modificaciones, puede servir de apoyo a la inclusión del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por la vía del artículo 43 de la CE que reconoce el derecho a la protección de la salud. 

La vigente ley orgánica (2023) que regula la interrupción voluntaria del embarazo recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relaciona la salud sexual y reproductiva de las mujeres con los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad, a la educación y a la prohibición de discriminación. Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 16, establece el derecho de las mujeres a decidir de manera libre y responsable sobre su maternidad y el derecho a acceder a la información y a la educación que les permitan ejercer esos derechos. 

El Gobierno ha optado, acertadamente, por la vía del artículo 167 CE que permite la modificación constitucional sin necesidad de disolver Cortes, convocatoria de nuevas elecciones y celebración de un referéndum. Propone un nuevo apartado en el artículo 43 CE en el que se reconozca el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo proclamando que “El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. 

La tramitación es compleja. Si no se aprueba por la mayoría de tres quintos en ambas Cámaras (Congreso y Senado), se puede acudir a la creación de una Comisión paritaria (igual número de Diputados y Senadores) para conseguir un texto consensuado. Si fracasan, el texto inicial puede seguir adelante con la mayoría absoluta del Senado o con el apoyo de los dos tercios del Congreso de los Diputados. Si se aprueba el texto, se puede someter a referéndum si lo solicita una decima parte de los miembros de cualquiera de la Cámaras.

En todo caso el debate está abierto y cada uno de los Grupos parlamentarios va a tener que retratarse ante la opinión publica justificando su apoyo o rechazo. Se pueden sostener argumentos basados en la religión o en teorías filosóficas carentes de valor científico, pero en ningún caso se puede desconocer la supremacía de los valores constitucionales que consagran la dignidad de la persona, el libre desarrollo de la personalidad y su libertad de decisión. Nadie es partidario del aborto, ni es tan frívolo como para equipararlo a una operación de cirugía estética. Se trata de ayudar a la mujer embarazada para que decida libremente. En definitiva, que la tolerancia prevalezca sobre la intolerancia y  los dogmatismos morales, cuya supremacía es indemostrable si no es por la vía de la imposición y de la fuerza. 

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José Antonio Martin Pallin es abogado, ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo.

Ese cambio constitucional debería ser para crear leyes durísimas contra la lacra de la corrupción con castigos ejemplares, la eliminación de los aforados –que solo amparan lo que ahora vemos–, la elección de políticos que no se limiten a aplaudir al jefe para tener un estupendo puesto de trabajo, sería elegir a personas con un CV ahora inexistente en donde se aprecie su valía personal y, sobre todo, su honradez, y muchas más tareas que harían muy largo este texto pero que muchos presumimos. Para ese cambio habría que elegir a personas de un gran nivel político, cultural y humano que sean capaces de sentarse, como en su tiempo se hizo en el 78, pero con la intención de crear algo definitivo para este país.

No soy optimista por una derecha que no querrá eliminar sus privilegios, pero por ello es cuando la figura del rey Felipe debe demostrar ser el hombre de Estado que ordene –sí, ordene– este nuevo rumbo de España. Un país que podría volver a la cabeza del mundo por muchos motivos, entre ellos su creatividad en el dominio de la tecnología que nos invade, pero que no se pone de acuerdo más que para que la corrupción sea posible. Y es lo único que no debe ser posible.

Si lo que se haga se limita a lavados de cara, para nada servirá.

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César Moya Villasante es socio de infoLibre.

Una financiación "singular" para Cataluña. Es el anuncio que ha provocado un terremoto político en el resto del país, especialmente en las autonomías gobernadas por el Partido Popular. Una promesa que forma parte del acuerdo ratificado por Esquerra Republicana y el PSC para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat y que, según el documento al que ha tenido acceso infoLibre, debería formalizarse durante "el primer semestre de 2025". En la práctica, supondría la salida de Cataluña del régimen común en materia de financiación, al igual que Euskadi y Navarra, para materializar un "concierto económico solidario", por el que la Generalitat recaudaría el cien por cien de los impuestos.

La reacción inicial de la dirección nacional del Partido Popular al acuerdo fue el silencio. Ni Alberto Núñez Feijóo ni su equipo más cercano lo valoraron hasta el mediodía y, cuando lo hicieron, su respuesta fue menos contundente de lo habitual. Es más, mientras los presidentes autonómicos del PP prometían medidas contra el "atropello a la Constitución" y "golpe de Estado fiscal", en palabras del aragonés Jorge Azcón y el valenciano Carlos Mazón respectivamente, desde Génova se mostraban cautos y apelaban a conocer el texto completo antes de anunciar cualquier iniciativa, tanto judicial como a nivel de movilización callejera.

Es más, el líder del PP mantuvo un perfil bajo y ni siquiera compareció ante la prensa. Únicamente publicó tres mensajes en X, lamentando el "chantaje independentista" y asumiendo que el acuerdo no va a salir adelante o no, al menos, en los términos planteados por Esquerra. "Mintió a Junts con la amnistía. Pretende repetirlo ahora con ERC con una promesa imposible", resumía Feijóo, al tiempo que apelaba a "lo que quede del PSOE" a escenificar su contrariedad como ya están haciendo algunos barones como Emiliano García-Page. Se trata del mismo mensaje que transmitió este martes su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, al asegurar que ese 'concierto' catalán es "inaplicable" porque es "ilegal e inconstitucional".

Tellado prometió que el PP será el "dique de contención" contra el acuerdo y lo tildó de "ejercicio claro de corrupción política y económica", pero no le dio la importancia que cabía esperar. Es más, inició su comparecencia hablando sobre el resultado de las elecciones en Venezuela y reprochando al Gobierno su posición y la finalizó comentando lo que, a su juicio, era "lo más importante" de la jornada, la comparecencia de Sánchez ante el juez Juan Carlos Peinado. Sobre los futuros pasos de Génova, insistió: "Vamos a ver el texto del acuerdo, cuando lo estudiemos decidiremos las acciones que vamos a llevar a cabo"

La actitud de Génova contrasta con la de los Ejecutivos autonómicos gobernados por el PP que ya han anunciado que llevarán el concierto económico para Cataluña ante el Tribunal Constitucional y no descartan hacerlo ante otras instituciones. El presidente de la Comunidad Valenciana fue uno de los más duros. Anunció que su Gobierno "va a dar todos los pasos hacia adelante legales, sociales, políticos e institucionales que estén a su alcance" en contra del acuerdo que califcó como un "golpe de Estado fiscal": "La Comunidad Valenciana no se puede permitir el lujo de permanecer callada", denunció, destacando que es la autonomía más infrafinanciada. Es más, Compromís ha anunciado que no apoyará el concierto catalán si no se aborda la financiación valenciana antes.

El aragonés Azcón fue uno de los primeros en posicionarse al asegurar que ese acuerdo supone "una ruptura del sistema fiscal de régimen común": "Mi gobierno hará todo lo que jurídicamente esté en su mano para impedir semejante atropello a la Constitución y a la igualdad entre españoles", aseguró. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso cargó directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculándolo también con el resultado de las elecciones en Venezuela en X: "Sánchez apuntala la dictadura bolivariana y rompe la caja común de los españoles. Todo en un mismo día. No nos quedaremos quietos", zanjó.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que el acuerdo "da la independencia fiscal a Cataluña" y supone "un mazazo a la esencia del Estado y un ataque frontal a los intereses de Andalucía". Un mensaje similar al del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al afirmar que "es un robo a Castilla y León y a España". En declaraciones ante la prensa, acusó a Sánchez de "asaltar "la caja común de España para sus pactos políticos". El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, pidió al jefe del Ejecutivo que "rectifique" y "no ceda al chantaje político" de los independentistas.

Por su parte, el presidente murciano Fernando López Miras, que se encontraba este martes firmando un acuerdo de colaboración en torno al turismo religioso con el presidente gallego, Alfonso Rueda, aseguró directamente que el acuerdo es "ilegal" y que él prevé "utilizar todas las herramientas que estén a nuestra disposición jurídicas e institucionales y políticas". Un discurso ratificado por Rueda, que también manifestó que no va a "tolerar que para darle a otros más de lo que les corresponde, nos lo quiten a nosotros". Los barones del PP tratan así de abrir un nuevo frente con el Ejecutivo central utilizando su poder territorial.

La airada reacción de los dirigentes autonómicos del Partido Popular, incluyendo a su líder en Cataluña, Alejandro Fernández, contrasta con su posición en el pasado sobre la  financiación singular de Cataluña. Se trata de una idea que ha rondado durante años en círculos populares e incluso formó parte del programa del PP catalán en las elecciones de 2012. "Desde el PP catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Catalunya, basado en el principio de ordinalidad y con una solidaridad finalista", rezaba uno de los puntos. Es más, Alicia Sánchez-Camacho, durante su etapa al frente de los populares catalanes, llevó la idea también hasta Génova 13, aunque fue rechazada por María Dolores de Cospedal.

Pero hasta el propio Alberto Núñez Feijóo reconoció que esa vía se podía plantear durante una conferencia en 2016 cuando era presidente de la Xunta de Galicia. "No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen los vascos y los navarros. No digo yo que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tienen Euskadi y Navarra", reconocía el actual líder del PP, abriendo la puerta a debatir e incluso aceptar esa cuestión. "Es verdad que las cosas se pueden cambiar y discutir, el problema es cómo nos ponemos de acuerdo en el contenido y en el continente", decía.

Lo cierto es que, cuando ha estado en el Gobierno, el PP ha llegado a acuerdos con la Generalitat catalana relacionados con la fiscalidad. El expresidente José María Aznar reformó aspectos esenciales de la financiación en una negociación con bilateral con Jordi Pujol (CiU) para llegar a La Moncloa tras las elecciones de 1996. Se acordó un nuevo modelo de financiación, que afectaba a todas las autonomías, en el que el PP y los nacionalistas daban "más autonomía" para definir sus ingresos: se cedió el 30% de recaudación del IRPF para los gobiernos regionales. Ese acuerdo también abrió la puerta a los impuestos cedidos de patrimonio, transmisiones patrimoniales, sucesiones y juego.

Es un difícil post-8M para el gobierno irlandés. Mientras que en Francia ha quedado consagrada en la Constitución la libertad de interrumpir el embarazo, en Irlanda el gobierno quería hacer su propia Constitución un poco más feminista sometiendo la cuestión al electorado en referéndum. Pero el bando del no resultó más unificador que el de los partidarios del cambio, juntándose todos aquellos que consideraban que la reforma había sido mal elaborada y muy poco explicada. Una auténtica bofetada al Gobierno.  

La Constitución irlandesa, redactada en 1937 y heredera de la larga y fuerte influencia de la Iglesia católica en la vida pública y privada, sólo considera familia a las parejas casadas –dejando fuera a las parejas de hecho– y asigna a las mujeres, y en particular a las madres, el papel primordial de realizar las "tareas domésticas" en el hogar. 

La primera enmienda, que reconocía a las personas en "relaciones de larga duración" como familias de pleno derecho, fue rechazada por el 67,69% de los votos. La segunda enmienda, que asignaba a todos los miembros de la familia el deber de cuidarse mutuamente por igual, fue rechazada por el 73,9% de los votos. La abstención fue alta, pues más de la mitad del electorado no acudió a votar. Los sondeos llevaban varias semanas pronosticando el sí, con la mayoría de los partidos políticos a favor del cambio, así como el Gobierno de centro-derecha, que había impulsado con fuerza la medida. 

"Es un día triste para quienes han hecho campaña durante décadas para deshacerse de esas palabras sexistas" en la Constitución, dijo la senadora laborista Marie Sherlock en la emisora RTE. "El pueblo ha hablado. Ha hecho oír su voz. Las propuestas del Gobierno han fracasado", señaló la líder del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, partidaria del sí, al tiempo que acusó al Ejecutivo de no haber consultado lo suficiente antes de proponer la reforma. El primer ministro, Leo Varadkar, reconoció que "nos costó convencer a la gente de la necesidad de un referéndum, además de los detalles de la redacción", refiriéndose a un "rechazo general", con "una participación respetable".  

Para entender mejor esta votación, que barrió las certezas de muchos irlandeses, Mediapart ha entrevistado a Agnès Maillot, profesora de estudios interculturales en la Universidad de Dublín y autora de varios libros, entre ellos Les Irlandais (edic. Ateliers Henry Dougier) e IRA: les républicains irlandais (edic. Presses universitaires de Caen). 

Mediapart: Los encuestadores, los comentaristas y muchos políticos estaban seguros de que ganaría el sí y que la Constitución irlandesa se modificaría para ser más inclusiva y menos misógina. Sin embargo, la mayoría de los votantes ha rechazado esos cambios, un 67% para la primera enmienda y un 74% para la segunda. En su opinión, ¿qué explica este desfase entre las certezas de los políticos y la elección de los votantes?  

Agnes Maillot: Hay que matizar estas cifras. Ha ido a votar muy poca gente porque muchos pensaban que ganaría el sí. Además, no ha habido una campaña fuerte para animar a la gente a ir a votar. Ha habido una participación récord, en el mal sentido de la palabra. Recuerdo que mucha gente, sobre todo jóvenes, se movilizó mucho para los referendos sobre el matrimonio para todos y el derecho al aborto. Hubo campañas con carteles, debates en televisión, visitas puerta a puerta y toda una serie de productos de merchandising, bolsas bandolera y camisetas. Toda Irlanda participó. Pero esta vez no ha habido nada. Era tan obvio que se iba a aprobar que no ha sido bien preparado.  

En cambio, la campaña por el no ha hecho un trabajo más eficaz. El gobierno se confió demasiado, comunicó mal y no quedó muy claro qué iba a sustituir a las cláusulas existentes.  

En cuanto a la votación en sí, algunos votantes entrevistados a la salida consideraron que las palabras estaban mal elegidas, que el propósito de la votación no estaba claro y que por eso votaron no. ¿Estuvo este referéndum suficientemente preparado y explicado por el gobierno que lo llevó a cabo? 

No.

Como recordatorio, tenemos una Constitución que data de 1937, que es muy antigua y que fue concebida, en su momento, en una Irlanda ultracatólica, con una enorme influencia de la Iglesia en su redacción. A pesar de las modificaciones introducidas a lo largo de los años, sigue conteniendo cláusulas problemáticas que ya no se corresponden en absoluto con lo que es la Irlanda de hoy.  

Pero las cláusulas propuestas por el Gobierno para sustituir a las ya presentes eran muy poco claras.

La cláusula relativa al papel de la mujer en el hogar debía modificarse para que los "cuidados" fueran responsabilidad de toda la familia y dejaran de recaer únicamente en la mujer, la madre. Entendemos la idea, pero hemos tenido un discurso en contra por parte de las asociaciones de personas con discapacidad, que temían que este cambio diera lugar a que el Estado eludir su responsabilidad para pasársela a la familia. Da a las familias una responsabilidad que no necesariamente quieren o tienen los medios para asumir. Sin embargo, ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de la responsabilidad del Estado respecto a las personas con discapacidad, y eso era necesario. 

La segunda enmienda que quería aprobar el Gobierno pretendía que la familia, como pilar de la sociedad, dejara de estar definida únicamente por la pareja casada y se abriera a otros tipos de familia. Proponían reconocer como familia las "relaciones de larga duración". Pero, una vez más, eso es demasiado vago. Han intentado ir más allá del marco heteronormativo de la familia mononuclear, pero han elegido mal las palabras. ¿Qué significa "relaciones de larga duración"? ¿Es una relación entre dos adultos? ¿Dónde encajan las familias monoparentales? El gobierno quería dejar esa apreciación en manos de los tribunales. La intención era buena, pero la aplicación fue mala.  

¿Pueden los conservadores, opuestos a la reforma de la Constitución, ver en el "no" una victoria ideológica que aprovechar?  

Sin duda lo intentarán. Hay un sector conservador de la población irlandesa que sigue apegado a los principios católicos en la ley, pero es minoritario. No están representados en la política dominante. Pero, como vimos en noviembre de 2023 durante sus manifestaciones, la extrema derecha, aunque marginal y poco representativa de la opinión pública, es muy activa, organizada y se hace oír. 

¿Qué consecuencias tendrán los resultados de este referéndum para la credibilidad del actual gobierno, que apoyó el sí, y para las luchas feministas en el país?  

Va a ser una píldora muy difícil de tragar para el gobierno. Hay elecciones municipales en junio de 2024. El gobierno actual tiene menos de un año para cambiar las cosas y recuperar algo de credibilidad.  

En cuanto a la lucha feminista, no creo que cambie mucho. Esta cláusula de la Constitución no dice nada sobre la realidad del país. No hemos oído que haya que revisar la Constitución para que las mujeres irlandesas puedan emanciparse, trabajar y luchar por la igualdad en la sociedad. Habría sido mucho más serio y concreto votar no al matrimonio para todos o al derecho al aborto. Dicho esto, tendremos que pensar más seriamente en cómo cambiar esta Constitución. Sigue siendo importante.

Traducción de Miguel López

Este jueves tuve la inmensa fortuna de defender la postura a favor de la reforma del artículo 49 de la Constitución en el Senado por parte del grupo socialista. Algo que nunca hubiera imaginado y que, de hecho, si me lo hubieran dicho hace unos años hubiera pensado que me tomaban el pelo. 

Cuando el hombre pisó la luna, dijo: “Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la Humanidad”. Damos un gran paso en nuestra historia, pero un pequeño paso para una persona con discapacidad. 

Necesitamos seguir dando muchos más pasos, en el empleo, en el acceso a una vivienda, en el ocio, en la cultura, en el deporte, es decir, en todos los ámbitos de la vida, para conseguir realmente la igualdad de la que a todos nos gusta presumir. Una sociedad con las mismas obligaciones, pero también con los mismos derechos.

Por fin, la Constitución elimina un término totalmente ofensivo. Un cambio que va a hacer que este texto represente a más personas.  

Es el primer cambio en la carta magna de calado social y es justo reconocer la labor de la sociedad civil que no ha parado de reivindicarlo. Ver en la tribuna de invitados a gran parte de los colectivos que no han cesado de pedir esta modificación, encabezados por Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, y Luis Cayo, presidente del CERMI, fue muy emocionante. Mis más sinceras felicitaciones.

Como dije, hace 8 años yo no era capaz de imaginar lo que era una discapacidad. Llegó a mi vida de repente, sin avisar. Yo también me creía invencible. En esa época no miraba la discapacidad de la misma manera que la veo hoy, y por eso emprendí la misión de hacer ver a la gente que se “cree normal” que en cualquier momento su vida o la de sus personas cercanas puede dar un giro de 180 grados. 

Quise con mis palabras que otros entendieran que un accidente, una enfermedad o simplemente el paso de los años nos puede hacer perder las capacidades que tenemos. Por eso, el que hoy no tenga nada, que lo espere, porque algún día entenderá al fin que un pequeño obstáculo puede ser un muro infranqueable. Una escalera para acceder a una institución pública, un restaurante sin baño adaptado o un bordillo que nos impide avanzar por la acera con una silla de ruedas se convierten en pequeños desafíos cotidianos que implican renuncias mucho más dolorosas de lo que algunos creen. 

Un día le dijeron a mi hijo Iván que yo tenía voz de viejo y por eso es importante que la sociedad, la política, los medios de comunicación den voz a las personas mayores o con algún tipo de dificultad. Para que esas voces no suenen raras, ni a viejo, sino que sean algo normalizado, que escuchemos distintas formas de expresarse, porque lo importante es el mensaje y no la forma de decirlo. Porque las palabras importan. 

Se dice que lo que no se nombra no existe y desde estas páginas yo añado: lo que se nombra de forma indigna, es un ataque a la dignidad de la persona. 

La sociedad o es de todos o no será. 

Con lo que ocurrió en el Senado, no sólo desterramos una palabra denigrante para las personas como yo, restauramos la dignidad de millones de personas. Nuestra Constitución nos nombra por lo que somos y no por el presunto menor valor que tenemos. Y hoy quiero repetir, ni minusválidos, ni disminuidos, ni subnormales, ni retrasados, ni discapacitados. Su país, y la norma fundamental que lo rige, los ve como yo los veo: como personas. 

Así se cambia el mundo. Si somos capaces de algo así, somos capaces de todo. 

Quiero terminar este artículo con una cita que me acompaña desde hace 8 años, de Martin Luther King: “Si no puedes volar, entonces corre; si no puedes correr, entonces camina; si no puedes caminar, entonces arrástrate; pero sea lo que sea que hagas, sigue moviéndote hacia delante”.

España, sigamos avanzando. 

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Juan Ramón Amores es senador socialista por designación autonómica de Castilla-La Mancha y alcalde de La Roda.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido ese miércoles en una entrevista en EsRadio que la reforma del artículo 49 de la Constitución se ha hecho de forma "correcta": "Hay un informe del Consejo de Estado y también hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avala que la discriminación en el ámbito de discapacidad en los menores y en las mujeres es intensa y superior a la de los hombres". En esta defensa, el presidente conservador ha recordado también que ERC y Junts votaron a favor y "cuando un independentista vota que sí a una reforma de la Constitución es que está asumiendo la Constitución. Y para mí, eso tiene valor".

Además, ha criticado que Vox centrara su intervención en la reforma del artículo 49 de la Constitución a "criticarle" a él y se ha preguntado si ésa es la prioridad del partido de Santiago Abascal. "Y después de una crítica feroz en contra de la reforma de la Constitución, lo más sorprendente es que se abstienen, no votan en contra. Y parece que el culpable de todo esto es un tal señor Feijóo, que es el líder del Partido Popular y estamos gobernando en algunos sitios juntos", ha exclamado.

Dicho esto, ha reiterado que él no va a perder "un minuto" en "enfrentarse" con Vox porque para él la prioridad es defender la unidad de España y la Constitución ante los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas. "Ahora bien, si el Vox considera que enfrentarse con el PP le da votos, pues hombre, yo la verdad es que no hay un político más contento con esta situación que el señor Sánchez", ha advertido.

En otro orden de cosas, Feijóo ha acusado este miércoles al Tribunal Constitucional (TC) de "suplantar" al Tribunal Supremo (TS) de forma reiterada al enmendarle sentencias como la del exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Para el líder del PP, "esto no solamente es grave, sino que el Tribunal Constitucional está probablemente de forma consciente e intencionada mandando un mensaje al Tribunal Supremo".

Así se ha pronunciado tras la decisión del Constitucional de estimar el recurso de amparo del exdiputado de Unidas Podemos contra la condena que le impuso el Supremo por darle una patada a un policía durante una manifestación en 2014 en La Laguna (Tenerife). El Constitucional ha anulado la condena de cárcel e inhabilitación contra Rodríguez y mantiene solo la multa ya pagada, por lo que enmienda así al Supremo. A juicio del TC, el TS le impuso un "desproporcionado sacrificio" porque supuso que perdiera su escaño.

Feijóo, que se ha declarado perplejo por la decisión del TC, ha incidido en varias ocasiones en que no existen antecedentes de que "el Tribunal Supremo esté siendo corregido, es decir, esté siendo suplantado por el Tribunal Constitucional" desde "contenidos jurisdiccionales a contenidos de tipificación de penas, de graduación de las mismas".

Para el jefe de la oposición, "esto no solamente es grave, sino que el Tribunal Constitucional está probablemente, de forma consciente e intencionada, mandando un mensaje al Tribunal Supremo": "Está diciendo que se ha convertido en un tribunal de instancia, que al final el Tribunal Constitucional es el único que puede interpretar la Constitución y además revocar sentencias del Tribunal Supremo".

Y dada la configuración del Tribunal Constitucional, "pues todavía preocupa más", ha continuado, para hacer hincapié en que ahora son magistrados de la corte de garantías el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la excargo de Moncloa Laura Díez, "unido" ello a que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, fue fiscal general del Estado en los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero.

Tras apuntar que estas circunstancias provocan "mucha inseguridad" a los ciudadanos, Feijóo ha señalado que el PP está estudiando y reflexionando con un grupo de juristas "qué es lo que está pasando y qué es lo que el Tribunal Constitucional está haciendo en algunas sentencias de una forma reiterada".

AsimismEl líder del PP ha asegurado que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "pacta cosas" con Junts que los ministros de Pedro Sánchez "ignoran" y, por lo tanto, los deja en "ridículo", como le ha ocurrido al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. A su entender, se trata de un "juego de tahúres" a ver quién es "el que más miente y el que mejor engaña".

"Si soy sincero, prefiero que se reúnan en el Congreso a que se reúnan en Waterloo, con el mediador salvadoreño. Entonces dentro de lo malo o lo peor, pues mire, prefiero que se reúnan allí", ha admitido Feijóo ante la reunión que mantienen en la Cámara Baja Cerdán y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

Dicho esto, ha destacado que Cerdán "pacta cosas que los ministros ignoran" y cierra acuerdos con Juns que "no se sabe en que consisten". "En fin, es un juego de taúres en cuál es el que más miente y el que mejor engaña", ha afirmad.

Así, ha destacado que ahora "parece ser que las políticas de migración no se van a ceder como estaba previsto" cuando el acuerdo entre PSOE y Junts habla de "cesión integral". "Aquí de lo que se trata es que las comisarías de extranjería e inmigración, que son los únicos objetivos que tiene la Policía Nacional en Cataluña, desaparezcan, es decir, que desaparezcan los escasos policías nacionales que hay en Cataluña", ha asegurado.

Según Feijóo, lo que se pretende es "crear un estatus de una comunidad autónoma que vaya por encima de cualquier otra", algo que, puede provocar que "automáticamente" los vascos quieran "lo mismo". "Y al final una competencia del 149, competencia exclusiva del Estado que además está refrendada por los socios europeos, pues en este momento en España no se sabe quién la va a gestionar", ha apostillado.

Feijóo ha recalcado que Marlaska ha dicho a la Policía Nacional que "nada va a cambiar" pero ha añadido que Cerdán en sus acuerdos con Junts "deja en ridículo" al titular de Interior y al ministro de Políticas Sociales "porque la inmigración y las políticas sociales tienen una relación directa". "Y supongo yo que está negociando en nombre del presidente del Gobierno, con lo cuál el señor Cerdán deja en ridículo a todo el Consejo de Ministros, que no es poco poblado con 22 ministros", ha aseverado.

En tiempos de crispación, los acuerdos —aunque los haya— no suelen protagonizar el debate público. Ni siquiera si se trata de una reforma constitucional; la tercera desde que el texto vigente se aprobó en 1978 y la primera con una clara vocación social.

El próximo martes, en la sesión que el Congreso celebra en el Senado, se tomará en consideración la propuesta de reforma del artículo 49 de la Constitución presentada por los grupos del Partido Popular y Partido Socialista, y si nadie lo impide el jueves se aprobará. Nuestra ley fundamental ya no hablará de “disminuído”, sino de “personas con discapacidad”, dando así un paso fundamental en el avance por la igualdad y la inclusión de nada menos que 4,32 millones de personas que, en nuestro país, tienen algún tipo de discapacidad.

La trascendencia de esta reforma viene dada por el cambio de una palabra que a su vez refleja un cambio de paradigma, de forma de entender la realidad de las personas con discapacidad, pero también por lo que supone de saber adecuarse al cambio social que se ha producido en estos años en el entendimiento, comprensión y gestión de la discapacidad.

El camino hasta llegar aquí no ha sido fácil. Fue en 2018 cuando todos los portavoces de ocho grupos parlamentarios que formaban la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso —Jordi Xuclá, del PdCAT y en ese momento presidente de la citada Comisión; Carolina Telechea, del Grupo Esquerra Republicana; Marisa Saavedra, de Unidas Podemos; Joan Ruiz, del Grupo Socialista y expresidente de la Comisión; Paco Vañó, del Grupo Popular; Marcial Gómez, de Ciudadanos; Íñigo Barandiarán, del Grupo Vasco e Íñigo Alli, del Grupo Mixto— acordaron dicha reforma. Desde entonces, han tenido que pasar más de cinco años.

Es cierto que la convulsa vida política del país no ha dejado tregua para algo como esto, pero también lo es que finalmente, y pese a todos los miedos a que esta reforma pudiera abrir la puerta a debates sobre otros temas pendientes, todo indica que el próximo jueves se conseguirá el acuerdo. ¿Qué ha pasado para que, esta vez, sí?

Seguro que hay muchos motivos que se entrecruzan, y es difícil calibrar la importancia de cada uno de ellos, pero hay dos que saltan a la vista y que conviene entender bien para aplicar a otros casos.

En primer lugar, lo escandaloso de la situación. Que en pleno siglo XXI la Constitución española siguiera dirigiéndose a más de cuatro millones de españoles y españolas como “disminuidos” podría llevar a cuestionar a España como Estado “social y democrático” según el propio artículo 1.1 de dicha Constitución. La sociedad española reacciona ante lo que ya entiende como un arcaísmo en términos de consideración social, lo que dice mucho de cómo ha evolucionado la percepción al respecto. Como decía Alex Grijelmo en esta reciente columna, los términos evolucionan al calor de su consideración social. “El término “subnormal”, que hoy tan mal nos suena, fue empleado en los años sesenta para desplazar a “mongólico". (...) Llegó más tarde el vocablo “deficientes mentales”; y luego, “retrasados”; y después, “insuficientes mentales”; y, cuando se elaboraba la Constitución, “disminuidos”. Y más tarde, “personas con síndrome de Down” o “un Down”. De hecho, hoy hay ya quien considera que el término más adecuado no sería el de “personas con discapacidad” sino “personas con diversidad funcional” o “con capacidades diferentes”. Bienvenido sea el debate si ayuda a entender mejor una realidad que aún se nos escapa entre los dedos, como el recién nacido de la canción de Víctor Manuel. Se podría aducir, no obstante, que esta evolución en la forma de entender un fenómeno social, este cambio de paradigma en la concepción de la discapacidad, ocurre también con otros asuntos y no por eso se consigue un acuerdo para plasmarlo en el ámbito jurídico y político, y es cierto.

De ahí que sea necesario mirar más allá. Muchas causas justas, urgentes e importantes, no tienen quien las defienda. No es el caso de las personas con discapacidad. Una potente red de más de 8000 organizaciones sociales promovidas por familiares de personas con discapacidad han conseguido, a lo largo de décadas, que estas personas vieran ampliados sus derechos, facilitado el acceso a la vivienda y al empleo y disfrutaran de cuidados, ocio, cultura y tiempo libre de una forma próxima a como lo hacen el resto de ciudadanos y ciudadanas. En unos casos, demandando del Estado estos servicios; en otros, poniendo en marcha iniciativas que, desde la sociedad civil y con apoyo público, se han convertido en residencias, pisos tutelados, centros especiales de empleo o de tiempo libre. Una red de entidades sociales que, movilizando recursos públicos y privados, ha evitado que una sociedad desarrollada y rica, como es la española pese a todo, mirara hacia otro lado ante una realidad que necesita ser incorporada con la máxima normalidad posible. A la par, han conseguido, al calor de la ratificación por parte de España en 2008 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas aprobada en 2006, el reconocimiento de derechos mediante la modificación en 2020 —sí, hace apenas cuatro años— del Código Penal para abolir la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente, la reforma en 2022 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad para regular la accesibilidad cognitiva, la reformulación de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, o la ampliación al derecho al sufragio a todas las personas con discapacidad mediante la reforma de la LOREG en 2018.

Quizá en esta tupida red social esté la clave del éxito y la explicación de por qué, en tiempos de crispación, debates imposibles y bibloquismo férreo, se esté a punto de conseguir nada menos que un acuerdo para modificar la Constitución, y hacerlo además en clave social. Como demostró ya antes el feminismo, cuando la sociedad civil exhibe músculo y actúa al mismo tiempo en colaboración con las administraciones y en reivindicación de sus derechos, es capaz de cambiar la percepción de la ciudadanía, y ante eso, no hay bibloquismo que se resista. Enhorabuena a quienes lo han hecho posible.

El PP no quiere que el diálogo que Pedro Sánchez ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo pueda ser utilizado por el presidente para reducir la presión que ha decidido mantener en contra de la amnistía y de la formación de gobierno. Así que ha optado por limitar las expectativas. Y anunciar que, si la reunión se produce, la utilizará para exigir que la medida de perdón no salga adelante y que el PSOE ponga fin a sus negociaciones con Junts y con Esquerra. “La amnistía” y las “cesiones conocidas a los independentistas” estarán en el orden del día que Génova trasladará a la Moncloa cuando le comunique que desea celebrar la reunión.

Sánchez quiere plantear al líder de la oposición la creación de una comisión de trabajo PSOE-PP para hablar de la eliminación del término “disminuido” de la Constitución, desbloquear la renovación del Consejo General Judicial (CGPJ) y abrir un diálogo que conduzca a la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. De los tres asuntos, solamente el primero —un retoque muy concreto de la Carta Magna que reclaman desde hace años las personas con discapacidad— tiene visos de llegar a buen puerto. Los dos primeros son, en realidad, un déjà vu. El presidente planteó exactamente lo mismo al líder del PP en abril de 2022. Sin resultado. La novedad es la financiación autonómica, aunque en este caso el PP se niega a hablar porque defiende que esa negociación debe llevarse a cabo entre comunidades autónomas, no entre partidos.

La desconfianza que transmite el PP es máxima. Retratan a Sánchez como un mentiroso. “Cuando constantemente se miente no se puede hablar de virtud, sino de todo lo contrario. La relación de Pedro Sánchez con la mentira ya es un vicio. Un día tras otro, da igual el tema, siempre está esa tendencia que tiene hacia la mentira”, declaró la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, en un acto de partido en Zaragoza.

No es nada nuevo. Nada más llegar a Génova, el propio Feijóo ya utilizó el palo y la zanahoria. Ofrecía pactos al Gobierno, prometía paciencia y constancia para negociar y, a renglón seguido, afirmaba que la palabra del presidente Pedro Sánchez “no vale nada”.

A tender puentes no está ayudando que Sánchez siga dando detalles de lo que va a plantear a Feijóo a través de los medios de comunicación y que todavía no se haya puesto en contacto directamente con él. Lo que sí ha trasladado el PP, a través de Gamarra, es que no permitirá que ese diálogo sea utilizado por el PSOE para “blanquear” el que ya sostiene con los independentistas.

Exigirán que tenga lugar en el Congreso de los Diputados y, aunque de momento no hay constancia de que Feijóo vaya a poner condiciones previas, tal y como anunció el lunes el portavoz del partido, Borja Sémper, sí ha dejado claro que cuando Moncloa se ponga en contacto con el PP harán público su propio orden del día, en el que estarán, al menos, la amnistía y las negociaciones con Junts y Esquerra. Feijóo quiere evitar que la cita gire en torno a lo que desea Sánchez, así que se dispone utilizarla para exigir al presidente que desista de las medidas gracia y que suspenda el diálogo con el independentismo. Esa será su prioridad.

En materia de financiación autonómica, el PP exigirá, como ha hecho siempre, que la negociación tenga lugar entre el Gobierno y las comunidades del régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra— en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Justo lo contrario de lo que lleva tiempo planteando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, partidaria de someter la negociación a los partidos para simplificar el proceso.

Es más sencillo pactar entre los interlocutores con representación en el Congreso que entre 15 gobiernos autonómicos. Por eso lleva tiempo pidiendo, sin éxito, que tanto PP como PSOE hagan propuestas consensuando previamente las posiciones de las comunidades que gobiernan, una estrategia que trata de poner la pelota en las autonomías del PP, que no sólo son la mayoría, sino que defienden posiciones contrapuestas.

Feijóo no quiere ni oír hablar de ese planteamiento. No negociará con el PSOE el modelo y dejará que sean las comunidades las que se peleen entre sí en el CPFF. Allí es donde se debe hablar de financiación, sostiene, pero también de las quitas de deuda que el PSOE ha puesto encima de la mesa después de pactarlas con Junts.

Lo cierto es que el PP no tiene una propuesta en esta materia. El modelo caducó en 2014, pero Mariano Rajoy fue incapaz de abrir una negociación sobre este asunto mientras fue presidente. Feijóo se lava las manos y deja a cada uno de sus barones la responsabilidad de defender los intereses de cada territorio, que no siempre son coincidentes. El propio líder del PP, cuando presidía Galicia, maniobró para organizar un frente común de las comunidades con menos recursos para hacer frente a las que reclaman un mayor peso de la población en el sistema, en especial Andalucía, la Comunitat Valenciana y Murcia.

De ahí la ambigüedad del programa electoral con el que el PP se presentó a las generales. En él, eso sí, se deja claro que la negociación del nuevo modelo se debe llevar a cabo “con todas las comunidades, buscando los consensos necesarios para su aprobación”. Sobre su contenido solo se dice que “la reforma partirá de la suficiencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, buscando un reparto equitativo de los recursos, preservará la autonomía fiscal de las comunidades y reforzará su responsabilidad financiera. Se analizarán otros elementos que afecten a las finanzas autonómicas, como la eliminación ordenada del FLA, la revisión del fondo de compensación interterritorial y el encaje con la financiación local”.

En relación con el CGPJ, Gamarra reiteró este jueves que el PP no dará su brazo a torcer. “Nosotros no vamos a cambiar de opinión”, proclamó sin rodeos. Así que, si Sánchez quiere que se renueve este órgano, “deberá comprometerse de manera indiscutible con la independencia del Poder Judicial”, lo que en el lenguaje del PP significa promover un cambio en la legislación actual.

El Consejo General del Poder Judicial lleva más de cinco años en funciones, controlado por una mayoría conservadora que desde hace ocho años no se corresponde con la composición del Congreso de los Diputados.

El acuerdo sobre el CGPJ no tiene, en realidad, ninguna complejidad. Depende únicamente de la voluntad política de PSOE y PP. Bastaría con que Feijóo pusiese fin al bloqueo y cumpliese la ley, participando en la designación de los vocales que deben elegir el Congreso y el Senado. Sería suficiente, también, que Sánchez renunciase al actual modelo y aceptase apoyar la reforma que plantean PP y Vox para impedir que las Cortes elijan a 12 de los vocales a partir de la lista de 50 nombres que desde hace décadas les trasladan las asociaciones judiciales. Pero, de momento, ninguno de los dos parece dispuesto a ceder.

En cuanto a la eliminación del término “disminuido” de la Constitución, Gamarra confirmó que “esta reforma no necesita mucha discusión, porque el Partido Popular sigue comprometido con ella”. Siempre y cuando se lleve a cabo “en las condiciones que ya estaban pactadas con el Partido Socialista” y Sánchez garantice que “que no servirá bajo ningún concepto para una reforma indirecta de otras cuestiones” y que en ningún caso exigirá la celebración de un referéndum.

Acordar este punto, efectivamente, es en realidad lo más sencillo de lo que Sánchez va a proponer a Feijóo. Sobre el papel existe un consenso compartido por todos los partidos con representación parlamentaria para cambiar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término “disminuido” a la hora de hacer referencia a las personas con discapacidad. PSOE y PP no solamente lo defienden, sino que lo plantearon a los electores en sus programas electorales.

La dificultad, en este caso, es vencer la desconfianza de Feijóo. El presidente del PP declaró hace apenas una semana su temor a que la reforma utilice “la discapacidad para hacer una reforma constitucional en contra de la convivencia y de la integridad de la nación”. Debe hacerse “por consenso del PP y del PSOE, 258 escaños, y por supuesto sin que sirva para abrir la puerta de atrás a reformas constitucionales que plantean los partidos independentistas”.

Todo indica que, para dar su visto bueno, Feijóo exigirá a Sánchez un compromiso formal de que esta reforma se limitará al artículo 49 y rechazará cualquier pretensión de sus socios, especialmente los independentistas, de abrir el melón de una eventual actualización de la Carta Magna.

En el Palacio de La Moncloa se han tomado la reacción del PP a la propuesta de Sánchez como un ‘no’. A pesar de ello, fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre insisten en que cuando se reúnan el presidente ofrecerá a Feijóo esa comisión de trabajo entre ambos partidos.

En cuanto a la financiación autonómica, que Feijóo que situar en el marco de la CPFF y dejar exclusivamente en manos de las comunidades autónomas, las mismas fuentes aseguran que “hay precedentes de esos acuerdos entre PP y PSOE. En financiación autonómica, cuando Zapatero estaba en la oposición”. “¿Por qué el PP tiene miedo a negociar?”, se preguntan.

En el Palacio de La Moncloa interpretan que la reacción de Feijóo demuestra que el líder de la oposición vuelve a estar temeroso, cuando se habla de pactos con el PSOE, a la reacción de Vox. “Es rehén de ellos”, dicen, y de ala más dura del PP.

Es evidente que España no está en condiciones de abordar una reforma de la Constitución ambiciosa si no se quiere poner el país patas arriba y arriesgar su actual configuración. El debate abriría la caja de los truenos sobre asuntos cruciales de nuestro ordenamiento, como son la Monarquía, el sistema electoral, los derechos fundamentales o la configuración centralista, federal o confederal del Estado.

Por eso hay por parte de los dos grandes partidos del Estado, que son los más prudentes al respecto, una forzada idealización de la Constitución y del proceso de su negociación y aprobación hace 45 años. Apelar a las indiscutibles bondades del texto, que ha funcionado relativamente bien durante medio siglo, minimizando sus pifias, es un acto de conjuro para evitar la posible descomposición de un sistema político que en realidad está cogido por los pelos.

La denominación de las personas con discapacidad como “disminuidos” es, junto a la preferencia del “varón” sobre la mujer en el acceso al trono, el ejemplo más notable de las anacronías contenidas en la Ley de leyes, pero hay otras muchas igual de graves y cuya discusión abriría un debate encendido y hoy por hoy imposible de canalizar en paz.

La N mayúscula de Nación para referirse a España y el sustantivo de “nacionalidades” para referirse a algunas regiones impediría que pudiera hablarse de cualquier nación que no fuera la española. España puede ser para muchos una nación de naciones, pero desde luego esa idea está descartada en la Constitución. Como lo está el uso aislado de las banderas autonómicas en los edificios públicos y en los actos oficiales. Se obliga expresamente a que la bandera española acompañe a la autonómica, un precepto que se incumple de manera sistemática en muchos territorios. De la Unión Europea y de su bandera, por supuesto, no hay una sola palabra. Tampoco ninguna referencia al escudo nacional.

La pena de muerte no queda abolida por completo, dejando su posible implantación a “las leyes militares en tiempos de guerra”. Aunque haya sido suprimido hace casi tres décadas, se hace mención del servicio militar obligatorio, de la objeción de conciencia y de la prestación social sustitutoria. Por cierto, corresponde al rey, “previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz”, lo que quiera que eso signifique hoy en día. De la inviolabilidad del rey a todos los efectos para qué vamos a hablar más. Las consecuencias ya las conocemos: el rey puede hacer básicamente lo que quiera que ante la Justicia española no es responsable de nada.

Aunque ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, un verdadero hito para aquellos tiempos, la Iglesia Católica es expresamente citada para exigir “relaciones de cooperación”, un precepto que hoy no tendría ningún sentido. En otro orden de cosas, a los diputados y diputadas se les conceden amplias vacaciones en teoría (la práctica es muy distinta), fijando sólo nueve meses de sesiones ordinarias, de febrero a junio y de septiembre a diciembre.

Podría considerarse también una anacronía, puesto que al aprobarse no se habían definido aún las comunidades autónomas, la elección de la provincia como circunscripción electoral, que tiene graves efectos sobre la representación electoral. Esa decisión, mucho más que la denostada fórmula D’Hondt, es la causa principal de la sobrerrepresentación de los ciudadanos de las provincias menos pobladas frente a los que viven en las de mayor población.

A este listado de asuntos más o menos extemporáneos, habría que añadir otros muchos que la historia de España y sus características actuales piden revisar. La elección del presidente del Gobierno podría simplificarse para evitar bloqueos por una minoría si en lugar de exigirse mayoría simple del Congreso tras la primera votación de investidura, en la que sí se admiten alianzas, se adoptara la decisión –como en los municipios o en algunas comunidades autónomas– de investir automáticamente al candidato de la fuerza política más votada en la segunda votación. El concierto fiscal con Euskadi y Navarra genera desigualdades y agravios que otras comunidades autónomas –particularmente Cataluña– lleva décadas cuestionando. El Senado se dice cámara de representación territorial, pero su sistema de formación, prácticamente mayoritario y dependiente sobre todo de los partidos políticos, hace de ella una mera cámara de segunda lectura casi irrelevante. Por ser un texto previo a la conciencia sobre la amenaza climática, al consenso feminista y a la era de la información, no se mencionan nuevos derechos de ciudadanía. El estilo de la redacción resulta para la lectora y el lector contemporáneos machista y anticuado, con referencias a las mujeres escasísimas y subsidiarias del papel del hombre.

Dan prueba de que la Constitución puede técnicamente reformarse con rapidez las dos modificaciones que ha sufrido en sus 45 años: el añadido en 1992 del sufragio pasivo para los extranjeros en elecciones municipales derivado del Tratado de Maastrich y la reforma del artículo 135 en 2011 para que, atendiendo a la exigencia de la Unión Europea, se incluyera la imposición de la estabilidad presupuestaria. Ambos retoques se tramitaron en tan solo un mes porque contaban con el acuerdo del PSOE y del PP.

Hay en definitiva un buen puñado de artículos en nuestra Constitución que podrían modificarse con rapidez y con consenso. Pero hay sin embargo otro conjunto cuyo debate enfrentaría a unos españoles con otros. Son estos últimos artículos los que alargan la vida de un texto que, siendo funcional y eficaz en términos generales, no responde como debe ser a las exigencias de un país que, como España, está a la vanguardia mundial en derechos y libertades. Para que la Constitución lo refleje, de momento habrá que esperar.

La Constitución cumple 45 años este 6 de diciembre. Y lo hace con su consecuente crisis de mediana edad, con sus aciertos y errores. Pero durante este año algunos de los artículos incluidos en la Carta Magna se han visto especialmente afectados y erosionados por el clima político actual y la situación económica y social. Estos preceptos presentan los achaques de la Carta Magna:

Artículo 47- "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Este se ha convertido en uno de los puntos de incumplimiento más flagrantes, especialmente entre los más jóvenes. Según Eurostat, en España sólo se ha emancipado el 35,5% de las personas entre 18 y 34 años (lo que supone un descenso de diez puntos respecto a hace diez años, cuando la cifra era del 45,9% en 2012). España está a la cola, según el Observatorio de la Vivienda y del suelo, en Europa en vivienda social (con un 3%), mientras que las mayores cuotas se registran en Países Bajos (30%), Austria (24%) y Dinamarca (20%).

Artículo 122.3- "El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión".

El Consejo General del Poder Judicial lleva ya más de cinco años en funciones por la negativa del Partido Popular de pactar una nueva composición. Los populares, tanto en la época de Pablo Casado como en la actual de Alberto Núñez Feijóo, se han negado poniendo más de 20 excusas. El Gobierno del PSOE y Sumar rechaza ahora cambiar las mayorías para su elección y hace un llamamiento a los populares para que se sienten a negociar, pero Génova 13 exige también cambiar el sistema actual de elección. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este “secuestro” del CGPJ por parte del PP es el ejemplo más paradigmático de lawfare en España. La Comisión Europea considera muy urgente renovar este órgano.

Artículo 14- "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

A pesar de este precepto, España sigue viviendo un drama de terrorismo machista. Con el último asesinato confirmado en A Coruña, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende a 55 en 2023 y a 1.237 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar datos. Además, según los últimos datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio en España crecieron un 3,7% en 2022. Los más numerosos son por racismo y xenofobia (755) y por orientación sexual e identidad de género (245).

Artículo 35- "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo"

Actualmente en España, según los datos publicados este lunes, hay 2,73 millones de desempleados, aunque es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007. Hay 20,8 millones de personas trabajando en estos momentos. El principal objetivo del nuevo Gobierno, según ha prometido el presidente, es lograr el pleno empleo. El sexo sigue siendo una variante de discriminación: las mujeres españolas trabajan gratis desde el 29 de noviembre, y hasta final de año debido a la brecha salarial. Según UGT, por cada euro que ingresa un hombre, la mujer trabajadora percibe 91,1 céntimos. Esto supone que de media las mujeres españolas cobran un 8,9% menos que los hombres en salario/hora, lo que significa que las mujeres trabajan gratis 32,48 días al año.

Artículo 45- "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo"

Según Greenpeace, desde la década de los noventa se ha producido un cambio en la tendencia de aumento de la temperatura imposible de negar. El ritmo de calentamiento en España es, y continuará siendo, más rápido que la media mundial. Se espera un calentamiento de 2 °C en los próximos 20 años. Hasta el verano, España acumuló el 54% de la superficie quemada en la UE y se ha triplicado la media de megaincendios en la última década. Esto choca con que los nuevos gobiernos del PP y Vox, por ejemplo, están eliminando las consellerias de Ciencia (en la Comunitat Valenciana) o de Medio Ambiente (en Balears), además de eliminando carriles bicis (Elche) o recuperando espacios para el coche (Valencia).

Artículo 48- "Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural"

Según la última EPA publicada hace un mes, el desempleo juvenil en España se sitúa en el 27,8%. En cambio, la media en los países de la Unión Europea es del 14,1%. Además, el país tiene otro problema sin solucionar: la tasa de abandono escolar es la más alta dentro de la UE. El nuevo Gobierno de coalición ha creado un Ministerio de Infancia y Juventud, que está en manos de Sira Rego (Izquierda Unida). Las críticas han sido muy duras por parte de la derecha, llegando el expresidente José María Aznar a decir que qué hace este departamento en manos de una “dirigente comunista”.

Artículo 49- "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Desde el Gobierno, el presidente ha pedido a todas las fuerza parlamentarias un gran acuerdo para reformar este artículo para introducir el término de personas con discapacidad frente a “disminuidos”. Para los socialistas, esta modificación permitirá adaptar la terminología constitucional a los mejores estándares internacionales y blindar así los derechos de las personas con discapacidad. El PP también lo reclama, aunque no se consiguió llegar a un acuerdo en la pasada legislatura para acometer este cambio en la Carta Magna.

Artículo 57- "La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos".

La princesa Leonor juró el pasado 31 de octubre la Constitución en un acto solemne ante las Cortes Generales, lo que la sitúa en condición de reinar en caso de que su padre se apartara. Pero la Carta Magna incumple en sí misma el principio de igualdad entre hombres y mujeres que proclama al situar por delante al varón en la descendencia dentro de la Jefatura del Estado.

Artículo 69- "El Senado es la Cámara de representación territorial".

La función de la Cámara Alta sigue siendo una de las grandes tareas pendientes del desarrollo constitucional. En esta legislatura está dominada por la mayoría absoluta del Partido Popular, que trata de utilizar el Senado como arma contra el Gobierno. De hecho, su principal función será intentar tumbar los presupuestos generales del Estado, algo que no está en la línea del debate territorial que los constituyentes imprimieron a esta Cámara.

¿Tiene Feijóo un plan para Cataluña? Cuando el sucesor de Pablo Casado se estrenó al frente del partido dio a entender que iba a impulsar una política diferente en materia territorial, pero 19 meses después su discurso apenas se distingue del que defendía su antecesor.

Por el camino, Alberto Núñez Feijóo nunca ha detallado en qué consiste su propuesta para resolver la incomodidad de una gran parte de la población catalana con el diseño del Estado autonómico y una interpretación de la Constitución que les privó del Estatut que el Congreso, su Parlament y los ciudadanos de Cataluña habían aprobado por mayoría.

Entregado al discurso contra la amnistía, que su partido presenta como una ruptura de la Carta Magna, una violación del Estado de Derecho y una prueba de la supuesta deriva autoritaria de la izquierda —PSOE y Sumar—, Feijóo parece haber abandonado definitivamente las fórmulas alternativas con las que quería impulsar una nueva estrategia del PP en Cataluña y en el País Vasco.

El plan, aparentemente, era aplicar la receta política que Feijóo había desarrollado en Galicia: más pragmatismo ideológico, menos confrontación formal y la vista puesta en identificar correctamente los intereses “de la mayoría”. “Necesitamos abrir y ensanchar este partido” a las “sensibilidades distintas” que forman la sociedad catalana, predicaba entonces a los dirigentes catalanes del partido. “Hay muchas personas en Cataluña que nunca han votado al PP”. Para cambiar eso, aseguraba, es necesario darles “las razones que buscan” y “soluciones útiles” a “los problemas ordinarios y reales de la gente”. 

Cuando “no te votan” hay que “pensar que hay cosas que tú haces mal”, explicó. “Probablemente, no te has explicado bien y no has interpretado correctamente las necesidades de los ciudadanos en el momento concreto y exacto en el que hay que votar”. Aceptar los errores, subrayó, “es fundamental para poder rectificar. Si crees que únicamente tú tienes la razón y que la culpa es de los demás, seguirás solo. Si nadie te sigue, tienes un problema”. 

Feijóo afirma ser consciente de que su fracaso el 23J tiene mucho que ver con el País Vasco y Cataluña. “Sabemos que si no hemos conseguido la mayoría necesaria para gobernar es porque no tenemos un PP fuerte en el País Vasco y un PP fuerte en Cataluña”, admitió esta semana en una entrevista en EsRadio. “Si no hubiésemos cometido errores” en las elecciones generales, en las circunscripciones catalanas “podríamos haber llegado a ocho o nueve diputados y las cosas hubieran sido diferentes”, asegura (el 23J el PP consiguió seis escaños, cuatro más que en en 2019) . 

“En Cataluña hay miles y miles de catalanes huérfanos políticamente. Que no tienen un referente político claro: tenemos ahí miles, yo diría centenares de miles, de posibles votantes. Si lo hacemos bien”, recalca.

Lo que busca Feijóo es atraer a “un votante de centro en Cataluña, de centro reformista”, que identifica con los antiguos electores de Ciudadanos. Pero también a “un votante más conservador” y a otro “más liberal”. “Un catalán que se siente catalán y que es su forma de ser español. Que ama el catalán y el castellano y que respeta el bilingüismo de la sociedad catalana”. Y, sobre todo, que se preocupa por lo que llama “las cosas del comer”: el funcionamiento de la administración, la sanidad, la deuda, el deterioro de las universidades o el retorno de las empresas que cambiaron de domicilio social por el procés.

“Los votos de Ciudadanos, del PP y de Vox son nuestros objetivos”, sintetizó. Pero también los del PSC, a quien pretende “desenmascarar” porque, según él, ha recibido el apoyo de muchos catalanes contrarios a la amnistía. “El proyecto constitucionalista del PSC ha quebrado. Por primera vez en los últimos siete u ocho años ha entregado su posición constitucionalista en Cataluña al señor Sánchez”.

“¿Por qué el efecto de Castelldefels o de Badalona no podemos extenderlo a otras ciudades o a otros lugares?”, se pregunta Feijóo. “Probablemente porque no tenemos líderes como el alcalde de Badalona o el alcalde de Castelldefels. Tendremos que buscar esto”, concluye, anticipando el motivo por el que planea relevar al frente del PP a Alejandro Fernández, el dirigente catalán que ha discutido su intento de abrir un diálogo con Junts para sacar adelante su investidura.

¿Y qué significa para él “hacerlo bien”? Repetir “lo que hemos hecho en Valencia, en Aragón, en Andalucía, en Madrid; lo que llevamos haciendo en Galicia desde hace mucho tiempo”. Respetar los que llama “las singularidades” de cada territorio, porque en cada comunidad “no se perciben las cosas de la misma forma”. “Aunque los elementos comunes, por supuesto que los vamos a seguir defendiendo”, precisa. “Les guste o no les guste a determinados poderes fácticos en Cataluña o en cualquier otro sitio, somos un partido que va a defender la Constitución desde el principio hasta el final. No vamos a cejar en esto. Vamos a defender la unidad de la nación de España desde el principio hasta el final, nos cueste lo que nos cueste”.

Lo que el líder del PP sigue sin concretar es en qué consiste ese respeto a la “singularidad” ni es ahí donde cree que hay margen para hallar solución al problema de “encaje” de Cataluña en España cuya existencia él mismo reconoció en plenas negociaciones para su investidura: “Sé que debemos dar una propuesta y debemos de buscar un encaje del problema territorial de Cataluña”, declaró. Aunque, eso sí, precisó, “será o un pacto de Estado o no será. Se hará de acuerdo con la ley o no se hará. Se hará en el encaje constitucional o no se hará”.  

Del plan para reescribir el ideario del partido en Cataluña apenas sabemos otra cosa que su título: promover el “constitucionalismo catalanista”. Una idea vaga que apuntaba a un nuevo un intento de conciliar un cierto grado de elementos identitarios, en particular la lengua, con la defensa del autonomismo para así reducir el rechazo creciente que el partido ha sufrido en todas las elecciones celebradas en los últimos años. Un declive que comenzó con Mariano Rajoy hace casi 20 años liderando la oposición a las demandas de mayor autogobierno respaldadas por la mayoría de la sociedad catalana.

“Vamos a trasladarle a todo el pueblo catalán que el constitucionalismo catalanista lo vamos a defender con todas sus consecuencias. Vamos a seguir trabajando desde el autonomismo constitucional, desde el catalanismo constitucional, para volver a la cordialidad”, proclamó en la Diada de 2022.

En coherencia con ese planteamiento, Feijóo empezó su mandato al frente del PP nacional defendiendo lo que desde que gobernaba Galicia define como la “cordialidad lingüística” y respaldando la protección del catalán, aunque haciéndolo compatible con la utilización del castellano. Ahora, en cambio, su partido está aprobando medidas contra la lengua catalana, como acaba de hacer el gobierno balear de Marga Prohens eliminando la obligación de conocer las dos lenguas cooficiales para ejercer la medicina en la sanidad pública de las islas.

La realidad se ha impuesto: su planteamiento es de mano dura. Lo confirmó en Catalunya Radio, también esta semana, en plena escalada verbal contra la investidura de Pedro Sánchez, haciendo una encendida defensa de la intervención de la autonomía catalana y de la destitución del Govern a través del artículo 155. “Es un hecho excepcional y en este caso absolutamente motivado”, aseguró, aunque admitió que tal vez no con toda la intensidad que hacía falta, asumiendo así la tesis de Casado y de los duros del PP: “Se puede discutir incluso si era necesaria una mayor intensidad”, proclamó.

Es más: cuando el entrevistador le preguntó si le gustaría que la Constitución española dejase fuera de la ley a los partidos independentistas, algo que reclama desde su fundación la extrema derecha de Vox, su socio preferente, Feijóo se limitó a decir que no está entre sus prioridades. “Reabrir en este momento esa cuestión no es la prioridad”, respondió.

Cambiar el modelo territorial español implica una reforma de la Constitución imposible sin el concurso simultáneo de los dos grandes partidos que han dado soporte al sistema durante los últimos 45 años. Y aunque la modernización de la Carta Magna es una necesidad asumida desde hace tiempo por todos los partidos con representación parlamentaria, el alcance de los cambios e incluso la dirección que deben tomar tienen sesgos muy diferentes en cada fuerza política.

En un extremo están los partidos soberanistas a los que, más allá de una delimitación más clara de las competencias, les gustaría que los cambios incluyesen mecanismos para que los habitantes de un territorio pudiesen decidir en referéndum sobre su independencia. Del otro está Vox, la tercera fuerza política en el Congreso, partidaria de recortar drásticamente o incluso suprimir el Estado Autonómico, subordinar las lenguas cooficiales y hasta ilegalizar a los partidos que defienden la independencia de sus territorios.

En medio se mueven las posiciones federalistas del PSOE y de Sumar, la apuesta del PP por la transformación del Senado en una verdadera Cámara de representación territorial e infinidad de propuestas académicas en las que expertos en derecho constitucional han trasladado desde hace tiempo la necesidad, cada vez más imperiosa, de aclarar el modelo.

El debate ha permanecido velado en los últimos años, pero ha vuelto con toda su fuerza impulsado por un resultado electoral que obliga a los grandes partidos —PP y PSOE— a tomar en consideración las propuestas de las organizaciones políticas que defienden un nuevo modelo o que, en línea con la fractura que tuvo lugar en 2017, cuando el Govern catalán organizó un referéndum y proclamó (durante unos instantes) la independencia, siguen pidiendo la convocatoria de un referéndum de autodeterminación.

Lo cierto es que la reforma, hoy por hoy, con el reparto de escaños decidido el 23J, no parece posible, entre otras cosas porque el mecanismo para llevarla a cabo está diseñado para hacer de la Carta Magna un documento virtualmente inexpugnable. Pau Bossacoma Busquets, profesor de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y miembro del consejo académico creado por la Generalitat para guiar y dar forma a un acuerdo de claridad que siente las bases de una propuesta catalana para un referéndum acordado de independencia, es de los que creen que el mecanismo de reforma constitucional traza una ruta infranqueable.

“El arduo camino que traza el [procedimiento fijado en el artículo] 168 [de la Constitución)] genera, al menos, tres tipos de dificultades”. En primer lugar, “una doble supermayoría al cuadrado” [dos tercios del Congreso y dos tercios del Senado]; “una serie de apelaciones democráticas al pueblo español que incluye elecciones y referéndum de ratificación” y “un sacrificio por parte de los cargos gubernamentales y parlamentarios, puesto que la disolución de las Cortes supone perder sus puestos y escaños. En definitiva, el 168 requiere una compleja conjunción entre los principios y los intereses de las fuerzas que ostentan el gobierno y las de la oposición”, dejó escrito antes de entrar a formar parte del consejo académico que intenta encontrar una llave con la que abrir una puerta jurídica a la autodeterminación de Cataluña.

Sobre lo que no hay duda es acerca de la necesidad de actualizar el modelo. Al menos esa es la opinión más extendida entre los expertos. Algunos creen que es imprescindible una reforma de la Carta Magna, pero otros sostienen que bastaría con aclararlo. 

Esto último es lo que sostiene el profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías. “Lo que hay que hacer es aclarar el modelo. La Constitución configura un modelo territorial de corte federal”, pero “ahora tenemos un Estado que no se sabe muy bien si es un Estado centralizado, si es federal, y que depende cotidianamente de lo que decida en cada momento el Tribunal Constitucional”. 

“Hace falta asentar el sistema territorial, aclarar de una vez por todas el mecanismo de financiación para el futuro”, señalar “bien el reparto de competencias” y hacer, en definitiva, todo lo que la Constitución “dejaba en manos del futuro legislador y nunca se ha desarrollado con el suficiente rango como para impedir que sea el tribunal el que tome estas decisiones”, apunta.

No es nada nuevo. Un grupo de juristas capitaneado por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense (Madrid), ya lo sistematizó en 2017, en pleno conflicto del procés, en un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución. 

Esta propuesta aconseja “remitir al estatuto (de autonomía) todo aquello que no afecta al conjunto: organización interna, institucional y territorial; elementos simbólicos e identitarios, derechos reconocidos en el ejercicio de las competencias autonómicas, etc.”. Los estatutos podrían “incluir la denominación de la comunidad que mejor responda a su identidad histórica”, y la Constitución debería remitir también a las normas autonómicas en lo tocante a “la organización de instituciones propias y la organización del territorio” y también a “las cuestiones simbólicas vinculadas a la identidad”.

Los estatutos, según estos juristas, deberían desligarse de la tutela del Congreso y el Senado y requerir únicamente “la aprobación del parlamento de la comunidad autónoma”, un cambio que de haber existido en 2010 hubiese impedido la modificación del Estatut no decidida en Cataluña que está en el origen mismo del procés, como recordó esta semana el propio líder de Junts, Carles Puigdemont.

“La ‘norma institucional básica’ de una comunidad autónoma no puede ser una ley orgánica más. Por ello, sería conveniente configurar al estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”, señala la propuesta académica de reforma de 2017. Una figura que también “debería quedar despojada de su carácter de ley orgánica pero también de su función en la distribución de competencias, que correspondería a la Constitución”, limitada a “cuestiones internas de la comunidad que no afectan a las restantes”.

Al mismo tiempo, proponen, la Constitución debería “incluir normas fundamentales del sistema de financiación, con aproximación a la atribución de recursos según las capacidades de ingreso y criterios de solidaridad, incluyendo los principios de igualdad social y de ordinalidad”, con el objetivo de poner fin a “una deficiente participación de los territorios en la concreción del modelo” vigente.

Esta propuesta asume también la necesidad de cambiar el funcionamiento del Senado, que es lo único sobre lo que se ha pronunciado favorablemente el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La idea, básicamente, es que la Cámara Alta decida sobre “la legislación del Estado que afecta a las comunidades, especialmente para las leyes básicas que desarrollan y ejecutan” éstas, y “codecidir la financiación”. ¿Cómo se elegiría? Ahí también hay discusión. Hay a quien le gusta más que los senadores sean de designación de los gobiernos autonómicos y quien prefiere que sean elegidos por los parlamentos de cada territorio apra garantizar una mayor representatividad.

Hacer del Senado una auténtica Cámara de representación territorial, siguiendo el modelo alemán, para que deje de ser un hemiciclo redundante y virtualmente inútil, sigue siendo la principal asignatura pendiente de la arquitectura constitucional española. Hacer realidad esta reforma era uno de los elementos más destacados de la propuesta aprobada por el Consejo de Estado en 2006.

De 2017 data el último intento formal de evaluar la posibilidad de una actualización de la Carta Magna: una comisión de estudio en el Congreso, a cuya creación accedió Mariano Rajoy después de que Pedro Sánchez diese el apoyo del PSOE a la intervención de la autonomía catalana, pero que agotó sus días sin llegar a ninguna conclusión.

Como tampoco ha tenido nunca desarrollo, a falta de un interlocutor dispuesto a sentarse a negociar por parte del PP, la propuesta federal que el PSOE acuñó en Granada en 2013 bajo la batuta de Alfredo Pérez Rubalcaba y que sigue vigente a día de hoy. Con el apoyo, entre otros, del barón socialista que con más ahínco se opone ahora a cualquier cosa que tenga que ver con una evolución del Estado autonómico: Emiliano García-Page.

El discurso territorial que defiende en estos momentos el PSOE tomó cuerpo en julio de 2013. La decisión del PSC de defender, en septiembre de 2012, el derecho a decidir a través de una consulta “legal y acordada” abrió una crisis con el PSOE que a punto estuvo de provocar una ruptura. Rubalcaba lideró la tarea de negociar y cerrar un compromiso político compartido por todos los barones socialistas en torno a la idea de una reforma federal del Estado. La Declaración de Granada, que es como se conoce el documento que nació de aquel acuerdo, sentó las bases del proyecto socialista para Cataluña y para España. “Un proyecto para seguir juntos”, en palabras del propio Rubalcaba.

Aquella declaración reivindicaba el Estado de las Autonomías, pero reconocía la existencia de “disfunciones” en su funcionamiento. “La Constitución dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales del modelo autonómico, como la propia determinación de las Comunidades Autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado, el modelo de financiación, la organización de las Administraciones Públicas o los mecanismos de cooperación entre ellas”, precisaba.

En Granada el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.

Fue el PSOE del recién fallecido Rubalcaba, el mismo dirighente qu ahora invoca el PP para arremeter contra el diálogo territorial, el que levantó en Ferraz la bandera de una reforma constitucional dirigida a consagrar una nueva estructura “territorial de carácter federal”. Una reforma que incluyese también la transformación del Senado en una auténtica Cámara de representación territorial “sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal”, que establezca un sistema de financiación autonómica que dé estabilidad al modelo, que incorpore los “hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad y que establezca mecanismos de cooperación y de participación institucional propios de los estados federales. Una reforma, eso sí, “con un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”, precisaba el documento de 2013.

Cambiar la Carta Magna, en todo caso, recuerda Urías, “debería hacerse con un consenso amplio”. No hace falta unanimidad, precisa, pero sí que al menos el 70% del Congreso se pronuncie a favor. “El problema es que no hemos sido capaces de reformar la Constitución y se está quedando antigua”, advierte.

Y aunque “España de por sí ya es un modelo federal, en la medida en que hay competencias autonómicas que están por encima de las competencias estatales”, el problema, apunta Urías, es que en España hay un desequilibrio social, “yo creo que como nunca antes, en cuanto a la percepción de la necesidad de autogobierno”. 

En algunos territorios periféricos, se explica, hay mucha sensación de que es importante el autogobierno. “Son básicamente Galicia, Navarra, el País Vasco y Cataluña. Quizás en Canarias también”, añade. En cambio, otros territorios como Andalucía, Valencia o Baleares, que desarrollaron “un sentimiento identitario” durante los primeros años de la democracia, “lo han ido perdiendo". Y después está “la España central”, donde “nunca lo ha habido”. Es el caso, dice, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid o La Rioja, que “se han convertido en comunidades autónomas sin querer serlo”. La consecuencia es que “tenemos dos Españas que conviven y es difícil dar respuesta a dos tensiones tan diferentes”.

Para lo que no hay hueco en una eventual reforma, explica Joaquín Urías, es para el sueño independentista de una regulación del derecho a la autodeterminación. “Yo creo que no es un tema que pueda incluir la Constitución. La Constitución española explica cómo funciona el sistema jurídico en España. Quien no sea España, pues no está afectado por esa Constitución. No creo que la Constitución tenga que prever nada parecido al derecho a la autodeterminación, ni a la secesión, ni nada de eso. Esos mecanismos son extrajurídicos. Puede pasar que en un territorio en algún momento la población no quiera seguir siendo española y habrá que ver cómo lo resolvemos, pero evidentemente eso no tiene por qué estar previsto”.

Los soberanistas, al menos los que no abogan directamente por la ruptura, como el PNV, creen que sí es posible. De hecho, eso es, en parte, lo que está detrás de la propuesta del lehendakari Iñigo Urkullu de convocar una Convención Constitucional limitada a pactar una reinterpretación del modelo territorial establecido en la Carta Magna a través de la cual conseguir “el cumplimiento íntegro de los marcos estatutarios, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, la bilateralidad, el sistema de garantías o la capacidad de decidir pactada”. 

Lo que busca el lehendakari es una “forma flexible y creativa de plantear una salida a la actual encrucijada política” a través de una “interpretación constitucional específica que, sin necesidad de modificación previa de la Constitución, hiciese posible un avance sustancial en el carácter plurinacional del Estado”. En particular en las comunidades “que contaban con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978” (Galicia, Euskadi, Cataluña y Navarra).

Santiago Abascal se ausentará un año más —y ya van cuatro— del acto central de celebración del aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución Española, hace ahora 44 años, que tendrá lugar este martes en el Congreso. El propio líder de los ultras explicó su decisión en una anotación en Twitter en la que al mismo tiempo que proclamaba respetar las instituciones y no boicotearlas, afirmaba que acudir a “fiestas con quienes la violan y buscan destruirla” es “manchar” la Carta Magna.

Lo que Abascal no dice en su tuit es que su partido tiene el grupo parlamentario más numerosos de cuantos quieren acabar con el modelo constitucional aprobado en referéndum hace casi medio siglo. El “respeto” a la norma nuclear de la democracia española que Vox afirma tener es apenas formal: su objetivo declarado es acabar con muchos de sus artículos y hasta con dos títulos enteros que son clave para entender el pacto de la Transición: el que da soporte el Estado de las Autonomías y el que regula el Tribunal Constitucional. “La hemos defendido en los tribunales y hemos jurado cumplirla en el Congreso“, se jactó este lunes Abascal. No es verdad. Cuando él y sus diputados tomaron posesión de sus escaños, hace ahora casi tres años, lo hicieron jurando lealtad “a España”, no a la Constitución.

“La Constitución se defiende escuchando a los españoles, no dándoles la espalda. Respetando sus instituciones, no saboteándolas. Preservando su libertad, no secuestrándola. Protegiendo su unidad, no vendiéndola a golpistas y terroristas. Que no cuenten con nosotros para esa burla”, anunció el líder de Vox.

No es un discurso nuevo. El año pasado Abascal tampoco fue al Congreso el Día de la Constitución —nunca lo hace— y fue su portavoz en la Cámara, Iván Espinosa de los Monteros, quien asumió allí la voz de la extrema derecha. “Celebramos el aniversario de la Carta Magna en el año en el que más en peligro la están poniendo aquellos que la deberían estar defendiendo”, denunciaba entonces el representante de los ultras. La razón es la misma que ahora: “Los enemigos de la Constitución” están en el Gobierno. “Todos aquellos que quieren acabar con la Constitución, la libertad, la unidad de España, el pluralismo político, la justicia y la libertad son los que conforman la dirección del Estado", ha denunciado.

Nada muy distinto de lo que, el mismo día y en el mismo escenario, también en ausencia de su líder, decía el mismo portavoz un año antes, en 2019: España está siendo “atacada” por “todos los enemigos de España”. Entonces se estaba gestando el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y Espinosa de los Monteros decía: “Vox, como tercera fuerza parlamentaria, doblará sus esfuerzos en defensa de la Constitución que estos días está siendo atacada por todos los enemigos de España”, que “están dentro del Parlamento”. 

La defensa de la Carta Magna que hace Vox, sin embargo, sólo es parcial. Su portavoz nacional, Jorge Buxadé, lo dejó claro este lunes enumerando los artículos que, desde su punto de vista, el Gobierno está incumpliendo. Desde la unidad de la nación española a la defensa del castellano en las comunidades bilingües. Desde el derecho a la igualdad —que la extrema derecha considera socavado por la legislación contra la violencia de género o en defensa de los trans— al derecho a la vida —Vox denuncia la legislación sobre el aborto o la eutanasia—. Del derecho a la libertad —afirman que el confinamiento lo violentó— a la independencia del Poder Judicial.

Este año, aunque Abascal no vaya a estar en el Congreso, Vox sí acudirá “a las puertas del Congreso para celebrar como debe ser el día de la Constitución, pero no a participar en esa farsa”, anunció Buxadé sin dar más detalles. En ocasiones anteriores los ultras enviaron a un portavoz a hacer declaraciones; la última vez fue Macarena Olona, hoy exdiputada del partido.

Lo cierto es que, pese a onderar la bandera de la defensa de la Constitución en casi todos sus discursos, el programa de Vox busca el modo de dinamitarla. Un objetivo que esperan conseguir con la ayuda del PP, el socio con el que quieren gobernar España a partir de 2023. 

El núcleo de la Carta Magna que Vox quiere enterrar es el el título VIII y todo lo que tienen que ver con el Estado Autonómico. Los ultras desean poner fin a la descentralización consagrada por la Carta Magna y anhelan que las competencias de las comunidades regresen al Gobierno de España, donde estuvieron hasta el final del franquismo. 

En esa misma línea, un objetivo central de Vox es acabar con la igualdad que la Constitución otorga a las lenguas cooficiales allí donde se hablan, así como hacer de la religión católica la única confesión con espacio asegurado n la enseñanza pública. 

Su reforma constitucional incluye la supresión de Tribunal Constitucional —regulado por un título completo de la Carta Magna— y la transformación del Consejo General del Poder Judicial en un órgano exclusivamente dependiente de los jueces y magistrados.

Para ilustrar mejor la España constitucional de Vox y la verdadera naturaleza de su compromiso con el pluralismo político, Buxadé recordó este lunes una de sus principales propuestas: plantear en referéndum la prohibición de los partidos que defiendan la independencia de una parte de España.

Vox gobierna en la actualidad con el PP la comunidad de Castilla y León y es clave para que el partido de Alberto Núñez Feijóo conserve el control del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Laura Díez, la catedrática designada por el Gobierno para ocupar un asiento en el pleno del Tribunal Constitucional, defiende reformar el artículo 149.1 de la Carta Magna, que delimita la competencias exclusivas del Estado frente a las comunidades autónomas. A su juicio, "el papel del Estado está desdibujado, y prueba de ello ha sido el estado de alarma", según informa Europa Press.

Así se pronunció en el marco de las Jornadas Aragón y la España territorial: una hoja de ruta para un futuro inmediato, que se celebraron tras conocerse que era una de las dos elegidas por el Gobierno, junto al exministro Juan Carlos Campo para acceder al Alto Tribunal.

En su ponencia, recogida por Europa Press y que llevaba el título de Las relaciones intergubernamentales: pasado, presente y futuro, Díez sostenía que para mejorar las relaciones de colaboración entre las CCAA y el Estado se deben abordar diferentes reformas y mejoras para "clarificar el papel que tiene la coordinación del Estado" que le asigna ese artículo 149.1 de la Constitución.

Para la catedrática de Derecho Constitucional los límites de coordinación del Estado no son claros y en su exposición apuntaba a que prueba de ello "ha sido en cierta medida el estado de alarma y el papel de coordinación en materia de Sanidad".

Cabe recordar que en marzo de 2020, cuando el Ejecutivo decretó el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus, Díez acababa de llegar a la Dirección General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

En su intervención en estas jornadas, Díez no quiso entrar en el detalle de lo sucedido durante el estado de alarma, pero apuntó que lo que ocurrió —el propio TC al que ahora accederá lo declaró inconstitucional— le hacía suscribir esa "preocupación" por el papel de coordinación estatal.

La catedrática defendió que delimitar el ámbito de la coordinación estatal debe suponer un engarce entre esta competencia y las atribuidas a las comunidades autónomas y, añadía, se puede llevar a cabo, por ejemplo, a través de la vinculación de las conferencias sectoriales con las conferencias de presidentes.

Para Díez, otra de las reformas necesarias es la del Senado, que debe ser "una cámara territorial", si bien lamentaba que los intereses partidistas impiden que en España esa cámara se configure como tal.

Con todo, señaló que son "necesarias y urgentes" reformas normativas para mejorar las relaciones de colaboración intergubernamentales, y sostuvo que la regulación que incluye la Constitución al respecto "es parca y podría modificarse".

En este sentido, Díez comentaba que esa reforma constitucional debería extenderse al sistema autonómico en su conjunto porque de nada serviría si se soslayaran "aspectos básicos como la distribución competencial o la financiación".

No obstante, la catedrática se mostró escéptica y dijo que en estos términos una reforma de la Carta Magna no es factible desde un punto de vista político. Pero añadió que en el ámbito legal, si bien la norma no lo soluciona todo, hay camino por recorrer.

"Con la experiencia de 40 años de Estado autonómico se deberían potenciar mecanismos que han funcionado efectivamente. Por ejemplo las comisiones bilaterales, (...) que siguen cumpliendo una función esencial", comentó.

Por último, Díez sostuvo en su intervención que tras estudiar durante años el sistema político alemán, aboga por "dejar de mirar un poco" al país germano porque se ha comprobado que determinados mecanismos "no funcionan en un momento determinado".

La respuesta ha sido contundente: Chile ha dicho "no" a la nueva propuesta constitucional en todas las regiones del país. El rechazo al texto que contemplaba el mayor número de derechos sociales del mundo ganó con el 61,97% de los votos, frente al 38,03% de la opción "Apruebo". Un resultado que ni siquiera las encuestas más audaces podrían haber predicho. Una diferencia indiscutible en una jornada histórica en la que, por primera vez, han votado más de 13 millones de personas, una participación de casi el 86%. A diferencia de la votación inaugural del proceso constituyente, esta vez el voto era obligatorio. Además, por primera vez, las personas encarceladas votaron, y de forma abrumadora, por el rechazo.

"El pueblo chileno no está satisfecho con el proyecto de Constitución y por eso ha decidido rechazarlo claramente en las urnas", declaró el Presidente Gabriel Boric en un mensaje televisado. Claudia Pizarro, líder del movimiento pro-constitución y alcaldesa de La Pintana, un municipio obrero, dijo que "el problema no era con la gente, sino con la parte política". 

La tensión comenzó a primera hora del domingo, día del referéndum, cuando se empezaron a conocer los primeros votos de los chilenos en el extranjero. Se imponía la opción "Apruebo" con un 60,92% de los votos, lo que suscitó la esperanza de quienes estaban convencidos de que la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, podría ser modificada en este día simbólico para el país: el 4 de septiembre se cumplieron 70 años del primer voto femenino en Chile y el aniversario de la victoria del candidato socialista Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970.

Sin embargo, a medida que pasaban las horas, la incertidumbre aumentaba debido a un nivel de participación sin precedentes.

Alrededor de las 18:00 horas, el recuento en la región de Magallanes, en la Antártida chilena, de donde es originario Boric y donde se cerraron los primeros colegios electorales del país, mostró que la balanza se inclinaba a favor del "no". Una hora más tarde se conocía el resultado final. Los partidos de la oposición, unidos en la alianza Chile Vamos, se declararon dispuestos a continuar el proceso constituyente.

"Pido al Gobierno y al Presidente Boric menos improvisación. El tiempo y la forma son importantes, por lo tanto Chile Vamos está disponible para continuar nuestro proceso constituyente, pero no de cualquier forma. No podemos volver a equivocarnos con improvisaciones", declararó Francisco Chahuán, presidente del partido de derechas Renovación Nacional.

En su sede del centro de la capital, Santiago, los partidarios del "sí" guardaron silencio, a pesar de las peticiones de los medios de comunicación. Eran más de las 20 horas cuando varios diputados y los portavoces Vlado Mirosevic (Partido Liberal) y Karol Cariola (Partido Comunista) subieron al estrado para reconocer la derrota. 

"Hemos escuchado la voluntad de la mayoría de Chile, y lo hacemos con humildad. La mayoría de los ciudadanos ha hablado y, a pesar del fuerte deseo de tener una nueva Constitución, ha rechazado la propuesta de la Convención Constitucional", dijo Mirosevic, y añadió: "El país merece tener una nueva Constitución que recoja el sentir mayoritario del pueblo chileno."

"Esta voluntad firme y clara que nos ha llevado hasta hoy no se pierde con este resultado. La Constitución de los años 80 no nos une y no nos representa, la decisión de darnos una nueva Constitución sigue siendo válida y ha sido reconocida por los representantes, incluidos los representantes del rechazo. A lo largo de su campaña, prometieron al país que la Constitución, los abusos y la dictadura serían cosa del pasado", declaró Karol Cariola.

Más allá, con una camiseta morada, tres mujeres de la asociación Yo Cuido llevan pancartas y comparten su tristeza. "Es una decepción que nuestro país rechace una Constitución que avanzaba en derechos nunca antes reconocidos, como el derecho a la salud, los derechos de las personas con discapacidad y la paridad. Esto no es normal", dice Paloma Olivares. 

A su lado, Romina Fuentealba dice estar "destrozada". "Fue un proceso maravilloso en una democracia absoluta, donde se reconocían derechos, y no tendremos otra oportunidad como ésta. Esperamos que haya otro proceso, pero no se conseguirá lo que este texto ha logrado para el medio ambiente y la salud en general. Estábamos en primera línea y el mundo nos observaba.”

El resultado ha sido tan sorprendente que aún es difícil interpretar por qué en un municipio como Petorca, con graves problemas de sequía y cuya población depende de los camiones cisterna para tener agua, ganó el "no", a pesar de que la propuesta constitucional reivindicaba el agua como un derecho humano. Lo mismo ocurrió en Quintero y Puchuncaví, dos localidades consideradas "zonas de sacrificio" por la contaminación que afecta gravemente a su población, que tampoco aceptaron sustituir la actual Constitución, a pesar de que el texto proponía artículos que defendían el medio ambiente y una vida libre de contaminación. 

A una manzana de la sede del "sí", la Alameda, la principal avenida de la capital chilena, está vacía. Sólo tres días antes, había acogido un multitudinario y alegre acto de cierre de campaña que había dado esperanzas a quienes apostaban por un cambio en la Constitución. Las paredes siguen cubiertas de graffitis, carteles y mensajes contra la dictadura, la desigualdad y a favor de las revueltas sociales. 

Tras las protestas sociales de 2019, un acuerdo político había dado lugar a este proceso constituyente. En octubre de 2020, en una votación voluntaria, el 80% de los chilenos lo aprobó, allanando el camino para que la Convención Constituyente trabajara durante un año a partir de julio de 2021.

Sin embargo, la oposición al texto empezó a crecer, especialmente en los últimos meses. Y la derecha, que se puso al frente de la defensa del "no", había prometido, sin embargo, que si éste ganaba, se comprometería a reformar la actual Constitución. 

El domingo, en su mensaje presidencial, Gabriel Boric anunció que pondría en marcha un nuevo proceso constituyente, con el Congreso como protagonista, y aprovechó para confirmar una remodelación ministerial. Tras seis meses en el poder, el índice de popularidad del presidente es bajo y el resultado del domingo lo debilita aún más.

La oposición ha respondido que no acudirá a la invitación a La Moneda, sede de la presidencia, mientras el presidente "no ponga su casa en orden" y no reflexione sobre el resultado del 4 de septiembre. La extrema derecha, liderada por su antiguo rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, José Antonio Kast, ha anunciado que no negociará con el Gobierno.

Mientras el presidente se dirigía al pueblo chileno, los partidarios del "Rechazo" celebraban su victoria en una plaza de un barrio de clase alta de la capital. Los del "Apruebo" se reunieron en la Plaza Baquedano, rebautizada como Plaza de la Dignidad durante el movimiento social de 2019. Algunos jóvenes levantaron barricadas mientras, a lo lejos, se oían las sirenas de los coches de policía.

Lee el texto original en francés a continuación:

"Es difícil decir quién soy porque este Estado no nos reconoce. No puedo decir quién soy con la cabeza alta. Nos gustaría caminar libremente. Hemos crecido con vosotros, hemos caminado y hemos trabajado juntos, también hemos participado en la construcción de este país, pero este Estado no nos reconoce, reniega y se burla de nosotros." 

La Convención Constitucional apenas llevaba un mes cuando Luis Vásquez Chogue testificó ante ella, con la voz temblorosa y al borde de las lágrimas, como representante del pueblo selk'nam. En un vídeo que se ha hecho viral [ver abajo], se le ve relatando su historia familiar con emoción. 

Los selk'nam, procedentes del sur de Chile, de la Gran Isla de Tierra del Fuego, fueron víctimas de un genocidio. El número de víctimas aún se desconoce, ya que este pueblo, también conocido como Ona, ha sido invisibilizado por la historia oficial chilena y no es reconocido como un pueblo vivo, pero la presencia de José Luis Vásquez Chogue en la Convención no pasó desapercibida.  

El proceso constituyente comenzó así con una agenda que mostraba la urgencia de ciertos sectores por incluir la plurinacionalidad en las páginas del texto constitucional. La primera etapa ya estuvo marcada por un acuerdo que incluyó la participación de 17 escaños reservados a los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente, un hecho inédito en un proceso electoral chileno. 

En julio pasado, un año después de su instalación en el hemiciclo del antiguo Congreso Nacional, los 154 constituyentes entregaron el resultado de un trabajo intenso, rico en debates y en controversias. "Chile es un Estado social y democrático de Derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico", dicen las primeras líneas del artículo 1 de la nueva Constitución. Esta afirmación ha causado controversias y ha alimentado la división entre quienes apoyan la propuesta del nuevo texto y quienes prefieren definir el país como una sola nación, tal y como se describe en la actual Constitución, vigente desde 1980, cuando el país se encontraba en plena dictadura cívico-militar.

Junto a los cambios formales y de fondo del modelo político y económico que rige en la actualidad, la nueva Constitución incluye, entre las cuestiones más destacadas, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la definición de Chile como un país que "reconoce la convivencia de los diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado". 

Para la antropóloga e investigadora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR), Natalia Caniguan, era lógico que la plurinacionalidad fuera uno de los temas más esperados en el proceso constituyente, ya que fue una demanda de los pueblos indígenas que saltó a la palestra con el retorno de la democracia, cuando en 1989 el ex presidente Patricio Aylwin hizo su campaña presidencial y prometió el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Natalia Caniguan afirma que la actual inclusión forma parte de la deuda histórica del Estado chileno con los pueblos indígenas. 

"La tensión aquí es que hay efectivamente una subversión del poder, por así decirlo. En otras palabras, los que siempre han sido invisibles, marginados, que siempre han sido vistos como grupos sociales económicamente vulnerables y no como personas con derechos, son los que ahora hablan. Son ellos los que han impuesto una serie de exigencias en el texto constitucional", afirma Natalia Caniguan, nacida en Temuco, en el corazón de la Araucanía, parte del territorio ancestral mapuche. 

Para ella, la oposición a los pueblos indígenas sigue siendo fuerte. Un ejemplo de ello es el discurso del bando del rechazo, según el cual la plurinacionalidad es una idea que se ha impuesto por la fuerza. Sin embargo, señala, el número de escaños reservados en la Asamblea Constituyente para los indígenas fue inferior al de los representantes de centro derecha. "No se puede decir que se trate de una mayoría que haya impuesto su agenda, sino un grupo que pudo negociar sus demandas en la Asamblea Constituyente, demandas que están reflejadas en el texto", dice Natalia Caniguan. 

Los desacuerdos sobre la cuestión de los pueblos indígenas en la nueva Constitución van mucho más allá de su reconocimiento explícito. No sólo es la primera vez que se define el Estado como plurinacional, sino que también incluye el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas, así como el consentimiento previo de los pueblos y naciones indígenas en asuntos que afecten a sus derechos. 

Richard Caifal, abogado y director ejecutivo de la fundación Rakizuam ("pensamiento" en idioma mapudungun), dijo a Mediapart que está totalmente de acuerdo con la lógica del Estado plurinacional, pero admite que una de sus principales preocupaciones es la justicia indígena. "La justicia es uno de los poderes del Estado, de ahí su importancia y la necesidad de trabajar no sólo en el plano político, a través del reconocimiento, sino también desde el punto de vista técnico jurídico. Hay un vacío ahí", dice. 

Por lo tanto, Richard Caifal votará en contra del texto. Miembro de Evópoli, un partido de derechas que aboga por el rechazo, dice que le preocupa que no exista un sistema judicial en el mundo mapuche. "En el mundo aymara o rapa nui tampoco existe un sistema judicial. Lo que sí existe es la costumbre o la tradición, y esta idea se refleja también en la ‘ley indígena’ de 1993, que establece un procedimiento especial. Pero la propuesta constitucional no establece a quiénes afecta", continúa el hombre que pertenece a la comunidad mapuche Ricardo Cayín, al sur de Temuco. Caifal dice que muchos mapuches comparten su sentimiento y que el rechazo es bien recibido en las comunidades. 

La investigadora Natalia Caniguan reconoce que, aunque hay un grupo muy activo de mapuches que trabajan a favor del "sí", también hay otros sectores que han decidido no apoyar la nueva Constitución. Algunos están vinculados a ciertas iglesias evangélicas con visiones más conservadoras que se oponen, por ejemplo, al reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales; otros, más extremistas, se han autoexcluido del proceso constituyente para no negociar ni vincularse con el Estado de Chile. 

Luiz Jiménez, ex miembro de la Asamblea Constituyente por los escaños reservados al pueblo aymara, está actualmente trabajando en reuniones y campañas puerta a puerta en el norte del país para difundir el texto que ayudó a redactar. Dice que ha conocido a personas que piensan votar no basándose en informaciones falsas que circulaban en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. 

"Cuando llegamos, por ejemplo, corría el rumor de que se suprimirían las segundas residencias y que no se respetarían los contratos de agua. También se creía que la plurinacionalidad se aplicaría a los pueblos indígenas de otros países. Pero al recorrer las comunidades y disipar estas dudas, la gente tiende a apoyar el voto a favor. 

El ex miembro de la Asamblea Constituyente de la ciudad de Arica, en el extremo norte de Chile, dice que el contexto de su región es muy diferente al del sur del país, y que los pueblos indígenas valoran sobre todo que el nuevo texto incluya artículos que protejan la naturaleza, el agua como derecho fundamental, y que el "buen vivir" sea considerado el eje central del nuevo modelo constitucional. Esto se suma a la regionalización y tratamiento diferenciado de los territorios rurales y extremos, así como a la consagración de una serie de derechos colectivos que el pueblo aymara viene reclamando desde hace tiempo. 

Unos kilómetros más al sur, en San Pedro de Atacama, Manuel Salvatierra, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, explica a Mediapart las razones por las que decidieron apoyar el sí. El sábado 20 de agosto, las 18 comunidades que integran su organización, ubicadas en la gran cuenca del desierto de sal de Atacama, se reunieron para analizar los temas transversales que afectan negativa y positivamente a los pueblos indígenas en la propuesta constitucional. 

Gracias a la presencia de abogados expertos en diferentes áreas y de la ex miembro de la Asamblea Constituyente, Cristina Dorador, la comunidad pudo hacer preguntas, aclarar dudas y debatir durante horas antes de tomar una decisión. 

En caso de que el voto sea afirmativo, el Estado Plurinacional reconocerá los derechos de once pueblos indígenas y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Por primera vez, el pueblo selk'nam, y los descendientes de sus supervivientes, como José Luis Vásquez Chogue, serían reconocidos como un pueblo preexistente al Estado chileno.

Traducción de Miguel López

Desde principios de julio, un pequeño libro azul circula por los hogares chilenos, por los mercados y virtualmente por las redes sociales. La gente lo lee públicamente, comenta sus artículos y debate –a veces acaloradamente– sobre su redacción. El texto de 170 páginas, redactado por los 154 miembros de la Convención Constitucional elegidos en mayo de 2021, tiene un título sobrio: "Constitución Política de la República de Chile". Se entregó al presidente Gabriel Boric el 4 de julio de 2022, y ahora debe aprobarse en referéndum el 4 de septiembre. Su aprobación marcaría la entrada del país andino, que fue la cuna del ultraliberalismo bajo la dictadura de Pinochet, en una nueva era política.  

"Existe un consenso internacional de que este texto es muy avanzado en relación con el derecho constitucional internacional, ya sea en la cuestión de la paridad, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas o la emergencia ecológica", subraya Emmanuelle Barozet, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) de la Universidad de Chile. Varios economistas de todo el mundo, como Thomas Piketty y Gabriel Zucman, también han calificado el texto de "visionario".  

El epílogo del "estallido social" de octubre de 2019, que obligó al presidente derechista, Sebastián Piñera, a iniciar un proceso constituyente, es por tanto histórico sobre el papel.

Desde el retorno "pactado" a la democracia en 1990, los movimientos sociales chilenos se han topado con la Constitución de 1980, que impide las reformas sociales. El propio dictador Augusto Pinochet había intervenido en el texto de la ley fundamental para ampliar su poder, y la hizo ratificar mediante un plebiscito fraudulento, sin listas electorales y sin oposición política. Sus aspectos más antidemocráticos fueron reformados (como la prohibición de los partidos marxistas), pero en la Carta Magna permanecen algunos apartados autoritarios, así como una rígida concepción de la propiedad privada, que permite, por ejemplo, la mercantilización de los derechos de agua. Así que ya era hora.  

La Convención Constitucional, paritaria, representativa de los pueblos indígenas y dominada por la izquierda independiente y los partidos históricos de la izquierda (por las elecciones de mayo de 2021), ha institucionalizado las causas sociales, feministas, medioambientales y de los pueblos indígenas defendidas por los movimientos sociales en los últimos años, y ampliamente ignoradas por la transición. Así da fe de ello el artículo 1: "Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico.” 

“Es un texto que contiene grandes avances respecto a la Constitución de 1980, que era de matriz autoritaria", explica Antoine Maillet, investigador de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. “Es una Constitución que marca la entrada de Chile en una era progresista e inclusiva, promoviendo la igualdad social y de género, las diferentes culturas y la posibilidad de que el Estado cree empresas públicas.” Las nuevas normas constitucionales incluyen el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, el reconocimiento del derecho al aborto, la inclusión del mar, las aguas, los glaciares y los humedales de Chile como bienes comunes naturales, el fortalecimiento del poder legislativo sobre el ejecutivo y el derecho a la huelga.  

Los avances en la legislación laboral, en particular, hacen palidecer a los empresarios chilenos. Las normas propuestas en este ámbito podrían constituir, si se validan, "una revolución en el derecho del trabajo", afirma Franck Gaudichaud, profesor de historia de América Latina en la Universidad de Toulouse. Entre ellas, el derecho a la negociación colectiva por sector -y ya no sistemáticamente por empresa- o el hecho de que sólo los sindicatos tendrían derecho a negociar. Esto no se veía desde Salvador Allende.  

Además, en este país marcado por el dinamismo de las luchas feministas –que tuvieron representantes en la Convención, como la activista Alondra Carrillo– la nueva Constitución podría convertirse en "la más feminista del planeta", dice Franck Gaudichaud. No sólo se consagra el principio de paridad, sino también el derecho al aborto y el reconocimiento del trabajo doméstico remunerado y no remunerado, que se incluirá en un sistema de seguridad social.

Pero estos logros, que aún deben ser aprobados el 4 de septiembre, se enfrentan a una multitud de problemas. Paradójicamente, mientras que el 80% de los electores votó el 25 de octubre de 2020 a favor de la redacción de un nuevo texto fundamental en un referéndum histórico, ahora el entusiasmo ya no es tan palpable.  

En un contexto de crisis económica y migratoria (sobre todo por la llegada de migrantes venezolanos y colombianos al norte del país), y de explosión de la violencia en las ciudades y en los territorios mapuches del sur, donde se ha prorrogado el estado de excepción, se ha formado una coalición heterogénea para bloquear la nueva Constitución. "No es el mejor clima para pensar en un texto que resolverá ciertos problemas a medio plazo, pero que no resolverá los problemas fundamentales de la desigualdad a corto plazo", dice Emmanuelle Barozet. 

Esta coalición incluye, naturalmente, a la derecha tradicional, que aprovecha la oportunidad para poner a prueba a la izquierda gobernante. "Hay una instrumentalización, sobre todo por parte de la derecha, sobre ciertas posiciones defendidas en el texto. La gente tiene un conocimiento general, circula en papel o en internet, pero lo importante es ver cómo se publica el debate sobre el contenido en la prensa y en las redes sociales", observa Emmanuelle Barozet. 

Sin embargo, por el momento, en la televisión, los partidarios de la aprobación ("Apruebo") dedican más tiempo a luchar contra la información falsa reactivando los viejos temores anticomunistas –por ejemplo, sobre la expropiación de viviendas por el Estado– que a popularizar el texto. "La derecha ha invertido millones de dólares para hacer una campaña en los medios de comunicación, que están en manos de la oligarquía chilena, con el fin de presentar este texto como algo que dividiría la unidad nacional", explica Franck Gaudichaud.  

Pero la derecha no es la única que hace campaña por el rechazo. "El rechazo se ha convertido en algo transversal: incluye a los "Amarillos por Chile" [que reúne a conocidas figuras de la élite política y académica] e incluso a figuras del centro-izquierda”, señala Stéphanie Alenda, directora de investigación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. “La derecha sólo ha capitalizado las dudas de la sociedad chilena sobre ciertos contenidos de la Constitución.” 

Incluso el ex presidente de la República (de 2000 a 2006) Ricardo Lagos, miembro de la ex Concertación (centro-izquierda), se mostró muy distante sobre el texto. "Esta intervención tan activa de Ricardo Lagos, el fantasma de la Concertación, ha abierto el camino a una voluntad a la reforma de lo que algunos presentan como un texto demasiado ‘radical’", añade Franck Gaudichaud. 

Una de las cuestiones más espinosas es la afirmación de la plurinacionalidad del Estado y los derechos garantizados a los pueblos indígenas en la nueva Constitución, que hacen temer a sus críticos la creación de dos categorías de ciudadanos. “El tema de la plurinacionalidad contrasta con la historia y la tradición cultural chilena, que invisibiliza el patrimonio de los pueblos indígenas", explica Antoine Maillet. “Esto es a lo que la derecha da demasiada importancia, la idea de que habrá unos ciudadanos de primera clase y otros de segunda clase, lo que por supuesto se niega. Pero este discurso teñido de una forma de racismo es muy fuerte.”  

En este contexto, el gobierno de Gabriel Boric, obligado a la neutralidad, se conforma con una campaña lo más imparcial posible para que los chilenos "voten bien informados". Pero, previendo los bloqueos que podrían llegar desde el Congreso –que será el encargado de plasmar la Constitución en leyes en caso de aprobación, y donde la derecha sigue siendo fuerte–, el presidente ya cerró un acuerdo con los partidos del Gobierno el 11 de agosto, comprometiéndose a reformar algunos puntos del texto considerados demasiado sensibles. 

Entre otras cuestiones, el Gobierno da marcha atrás en el alcance de los derechos de los pueblos indígenas: su consulta sólo será obligatoria "en las áreas que puedan afectarles directamente", y su sistema de justicia -el ángulo de ataque preferido del bando del rechazo- "no tendrá jurisdicción sobre los delitos penales". "Esto demuestra el efecto de la propaganda de la derecha sobre el fin de la unidad del país", señala Franck Gaudichaud.  

También en el ámbito de la seguridad social, el texto parece querer dar garantías a los agentes privados, sobre todo en materia de sanidad, educación y pensiones. 

¿Serán estas concesiones suficientes para influir en la opinión pública a favor de la aprobación? Es difícil estar seguro, sobre todo porque estas negociaciones podrían alimentar un sentimiento anti clase política que ya es fuerte en Chile. Aunque este gesto puede verse como un esfuerzo por avanzar hacia el consenso, también puede delatar la falta de firmeza por parte del joven presidente, cuya popularidad ha caído considerablemente desde que llegó al poder.  

"Boric tiene dos almas en su coalición: un alma socialdemócrata representada por su ministro de Economía, Mario Marcel, al que Boric apoya, y un alma más izquierdista representada por el PC y el Frente Amplio. El presidente se contradice a menudo, navegando según el contexto, lo que no ayuda a la aprobación", analiza Stéphanie Alenda.  

El hecho de que el voto sea obligatorio en estas elecciones también abre el campo de las posibilidades, en un país en el que la tasa de abstención suele ser superior al 50%. En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021, la movilización espontánea de un millón de votantes más, sobre todo jóvenes, mujeres y personas que viven en barrios obreros, llevó a la elección de Gabriel Boric frente al candidato de extrema derecha José Antonio Kast. Esta vez también la movilización de los ciudadanos será decisiva en el resultado final. 

Traducción de Miguel López

Alberto Núñez Feijóo asegura que lo suyo son “los debates en profundidad”, el “debate de ideas”. Y que ha venido a tender la mano al Gobierno porque el suyo, el PP, es un partido “de Estado”. 

Sin embargo, en su primer mes al frente de Génova 13 está lejos de confirmar su declaración de intenciones. El 7 de abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ofreció acuerdos en relación con una batería de asuntos, desde la política económica y energética al impulso de determinadas reformas legislativas, pasando por el desbloqueo de asuntos que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, utilizaba como trinchera en su batalla contra el Ejecutivo. 

Feijóo y su nuevo equipo se han mostrado dispuestos a abordar algunos de estos asuntos, se han declarado en contra de otros y han ignorado la mayoría. Lo que sigue es un repaso de la posición del PP y de su nuevo líder en relación con todos ellos.

Está pendiente desde el 4 de diciembre de 2021 por decisión de Pablo Casado, que durante su mandato se negó reiteradamente a cumplir la ley que obliga al PP y al PSOE a negociar su composición. El antecesor de Feijóo trataba así de forzar al Gobierno y a la mayoría del Congreso a cambiar la norma que regula la renovación de este órgano desde hace 37 años. 

El retraso en la renovación está teniendo consecuencias, porque al estar en funciones el CGPJ no puede hacer nombramientos y las vacantes amenazan el normal funcionamiento de numerosas salas judiciales, entre ellas algunas del Tribunal Supremo. Además, si se prolonga, puede afectar incluso a la renovación parcial del Tribunal Constitucional que debe tener lugar antes del 12 de junio porque el Consejo sólo podrá designar a dos de sus integrantes si no deja de estar en funciones.

En este punto Feijóo no ha puesto pegas, en principio, aunque sí ha declarado reiteradamente que no le parece un asunto urgente. De momento ha puesto al frente de los contactos con el Gobierno al eurodiputado Esteban González Pons, uno de sus vicesecretarios de confianza. Pero en un mes no ha aclarado si va a mantener la línea roja marcada por su ancecesor o si, por el contrario, aceptará negociar la renovación en los términos previstos en la ley. La derecha mediática, el ala más conservadora de su partido y Vox son partidarios de no ceder ni un milímetro en este asunto.

Es una propuesta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para eliminar de la Carta Magna el término “disminuido” y sustituirlo por el de “persona con discapacidad” y, al mismo tiempo, reestructurar el artículo 49 para incluir las distintas dimensiones de la protección de las personas con discapacidad y reorientar su contenido hacia un enfoque que garantice su dignidad y autonomía.

La reforma está empantanada en la Comisión Constitucional del Congreso desde que en junio de 2021 PP y Vox se opusieron a ella. Casado la rechazó con el argumento de que abriría la puerta a una modificación completa de la Constitución —pese a que el PP podría bloquear cualquier intento en ese sentido— y porque la nueva redacción no era “de recibo”: intentaba “añadir ideología” a la Carta Magna, llegó a decir.

La propuesta del CERMI dejaría la nueva redacción en estos términos:

Artículo 49.

Feijóo se ha mostrado dispuesto a apoyar la reforma siempre y cuando se cumplan tres condiciones: que el texto cuente con el visto bueno del Cermi —ya lo tiene—, que el Consejo de Estado emita un informe positivo sobre él y que no se aproveche la ocasión para cambiar otros puntos de la Constitución. 

En realidad en este punto nunca ha habido discrepancia. La propuesta de Sánchez busca agilizar la reforma destinada a facilitar la participación política de los españoles residentes en el extranjero, algo que el PP también defiende y que incluso apoyaba Pablo Casado. 

El Gobierno quiere aprovechar que el 4 de febrero de 2021 el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de Unidas Podemos presentaron una propuesta concreta al respecto que fue tomada en consideración con una amplísima mayoría de 343 votos a favor el 23 de febrero de 2021, pero que lleva más de un año en tramitación parlamentaria.

Desde entonces está en plazo de enmiendas y si hay acuerdo será posible impulsar su tramitación a tiempo de que sea de aplicación en el complejo calendario electoral de 2023.

Pablo Casado lo abandonó en junio de 2021 después de que el pacto censurase la decisión del PP de apoyarse en tránsfugas para derrotar la moción de censura presentada contra su presidente en la Región de Murcia tres meses antes. Fue una violación flagrante de un acuerdo suscrito por casi todos los partidos —Vox no está— que en su día se adoptó con el objetivo de tratar de frenar la compraventa de voluntades políticas para modificar la voluntad de los ciudadanos en las urnas.

Sobre este asunto Feijóo guarda silencio. Ya como líder del PP defendió que el presidente murciano, Fernando López Miras, diese al traste con la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos apoyándose en tránsfugas y definió aquella iniciativa, apoyada en un mecanismo legal previsto en el Estatuto de Autonomía de la región, como “el peor episodio político en cuarenta años de democracia” y un “ejemplo de irresponsabilidad” por parte de Pedro Sánchez.

En el pasado, durante su etapa como presidente de la Xunta, Feijóo se mostró a favor de una relectura del pacto, porque según él no puede servir para que alcaldes que han perdido sus apoyos se blinden en el cargo.

Aquí el desacuerdo ha sido total. El PP votó en contra de su convalidación en el Congreso no porque las medidas incluidas en el real decreto le disgustasen —algunas le parecían incluso “aprovechables” y otras las consideraba “mejorables”— sino porque el Gobierno no aceptó ninguna de las que Feijóo trasladó a Sánchez pocos días antes de la votación en el Congreso, entre ellas una rebaja temporal del IRPF. 

En este apartado Sánchez pidió a Feijóo apoyo en cuatro ámbitos. En primer lugar, para defender ante la Unión Europea el mecanismo ibérico de reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista prenotificado por España y Portugal a la Comisión Europea el 4 de abril de 2022. En este punto, el líder del PP se ha limitado a ignorar la iniciativa, alegando falta de información. No ha habido una sola declaración de apoyo a esta estrategia. Todo lo más Feijóo la ha considerado un fracaso de Sánchez, por ser una excepción para España y Portugal y no un acuerdo que se aplique a los 27 estados que forman parte de la Unión Europea.

En segundo lugar, el presidente pidió apoyo a la aplicabilidad de las medidas de minoración o extracción de los llamados beneficios caídos del cielo que reciben las eléctricas en favor de los consumidores domésticos, PYMES e industria. Y en tercer lugar, apoyo a la acción exterior española en materia de política energética con terceros países exportadores dirigida a garantizar el suministro energético a medio y largo plazo en las condiciones más favorables para nuestro país. El PP, al menos hasta ahora, no ha atendido ninguna de las dos peticiones.

En cuanto a la apelación de Sánchez a Feijóo para que se comprometa a “trabajar conjuntamente en la estrategia de descarbonización de la economía española”, así como la adopción y consecución de los objetivos marcados para los años 2030 y 2050, en línea con los objetivos establecidos por la Unión Europea, el Acuerdo de París y la Agenda 2030, asuntos todos que escuecen especialmente a Vox, el líder del PP no sólo no le ha brindado su apoyo sino que ha llegado a criticar el cierre de las térmicas de carbón y ha apostado por la energía nuclear en una línea semejante a la del presidente francés, Emmanuel Macron, y de la ultraderecha española.

Feijóo ha sido particularmente crítico en este materia. El Gobierno de Pedro Sánchez, según él, no tiene más política energética que la de “la improvisación” y por su culpa “España se enfrenta al riesgo de colapsar la economía por un planteamiento estrictamente ideológico“. 

Durante su gira por España antes del congreso que le eligió presidente se mostró en contra de la forma en la que el Ejecutivo está abordando la transición ecológica, sobre todo en la cuestión del cierre de las centrales térmicas, que considera precipitada.

Cuando se reunieron en La Moncloa, Sánchez también le pidió apoyo para la agilización de la tramitación administrativa de proyectos renovables en las Comunidades Autónomas, mejora de la coordinación y priorización de los expedientes en equilibrio con garantías medioambientales y licencia social. A día de hoy no se conoce la respuesta de Feijóo.

En este punto el presidente pidió al líder del PP “lealtad” en cuanto a la gestión de los fondos, en la comunicación pública y en las declaraciones sobre ellos, tanto en España como en Europa. Es un asunto sobre el que Casado había construido uno de los ejes de su oposición al Gobierno, con denuncias constantes en Madrid y en Bruselas que ponían en tela de juicio la limpieza de las distribución del dinero. Antes incluso de que el plan estuviese en marcha, ya había acusado a Sánchez de “prácticas clientelares” más propias del “peronismo”. 

Sánchez pidió expresamente respaldo para “acelerar al máximo el ritmo de ejecución por parte de todas las administraciones”, “máximo diálogo, voluntad de acuerdo y colaboración en las Conferencias Sectoriales entre el Gobierno y las comunidades para alcanzar acuerdos en beneficio de todos” y un “impulso de las medidas económicas y reformas clave incluidas en el Plan de Recuperación, que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos que determinan el desembolso de los fondos europeos”.

Aquí Feijóo redujo claramente la presión de su antecesor. El combate a los fondos ya no está entre las prioridades del PP, aunque la nueva hoja de ruta sí incluye exigir al Gobierno que modifique su gestión para que el dinero, al menos el que se aplica a mejoras energéticas, llegue cuanto antes a empresas y particulares vía desgravaciones fiscales. 

El líder de la oposición ha abandonando la petición de una agencia independiente para tramitar el dinero —una de las obsesiones de su antecesor— y ha retirado la denuncia que había presentado como presidente de la Xunta contra la distribución de una de las partidas en materia de políticas de empleo —Isabel Díaz Ayuso no siguió su ejemplo—, pero mantiene sus criticas a la mala gestión que, en su opinión, está haciendo el Gobierno con los fondos.

Se trata de una petición al PP con la que el Gobierno trataba de atraer a los de Feijóo a discrepar públicamente de Vox. Se trataría de blindar, mediante la aprobación de nuevas medidas, la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia machista y de impedir que el acceso de Vox a los gobiernos autonómicos o locales lo desactive. Feijóo no se ha dado por aludido. Desde entonces se limita a afirmar el compromiso del PP con ese pacto.

Aquí Sánchez se comprometió a dar al PP una interlocución privilegiada a cambio de su respaldo, del mismo modo que Feijóo prometió su apoyo siempre y cuando las decisiones se tomen de forma consensuada y previa negociación con su partido.

De momento no hay noticias de que ese diálogo haya dado algún fruto. En relación con la guerra de Ucrania el PP ha brindado su apoyo al Gobierno siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes fijados por la Unión Europea y la OTAN. Y en cuanto al cambio de postura sobre el futuro del Sáhara, la discrepancia es completa y pública, también por el hecho de que Sánchez tomó la decisión sin consultar al PP.

Es esta otra de las propuestas del Gobierno a las que Pablo Casado se oponía frontalmente. Llegó a decir que era una “auténtico disparate” que iba “contra las libertades democráticas”. 

Aquí el PP de Feijóo se ha mostrado a favor de llegar a un acuerdo con el Gobierno para definir el contenido de la reforma de la ley, que en su día ya fue pactada con el PSOE cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Nadie puede estar seguro de lo que depararán los resultados de las próximas elecciones generales. En teoría se celebrarán cuanto toca, en 2023, aunque cada vez son más las voces que especulan con la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez puede decidir adelantarlas a la vista de que la guerra de Putin ha puesto patas arriba sus previsiones de llegar al año que viene en plena recuperación económica. 

Sobre lo que sí hay acuerdo es en que existen muchas posibilidades de que de esas elecciones nazca un Congreso de los Diputados aún más fragmentado que el que ha sido la norma desde que en 2015 PSOE y PP perdieron su tradicional posición hegemónica en la política española.

El peligro de bloqueo, que obligó a repetir las elecciones en 2016 y en 2019, está más presente que nunca. Casi todas las encuestas anticipan la posibilidad de que ningún bloque, ni PSOE-Unidas Podemos ni PP-Vox, esté en condiciones de sacar adelante una investidura en un país en el que, a pesar de lo ocurrido en los últimos años, sigue vigente la norma constitucional —el artículo 99— que posibilita a las minorías el bloqueo de las legislaturas. 

Para ser investido, Sánchez tuvo que pactar en 2019 un Gobierno de coalición con Unidas Podemos y llegar a acuerdos con otros seis partidos (ERC, PNV, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG) que hoy, a la vista de los sondeos, serían insuficientes para ganar la votación. 

¿Cómo resolverlo? Los expertos en derecho constitucional que en los últimos años se han ocupado de analizar el problema aseguran que sólo hay dos maneras. La primera, una reforma constitucional para cambiar el procedimiento de la investidura siguiendo el modelo del Parlamento Vasco o el de las Cortes de Castilla-La Mancha. La segunda, un acuerdo entre el PP y el PSOE para facilitar la investidura del partido que resulte más votado.

El presidente virtual del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya está proponiendo la segunda opción. Consciente de que tendrá muy limitadas las posibilidades de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, especialmente si acepta como socio a Vox, Feijóo quiere plantear a Pedro Sánchez que los dos partidos del turnismo parlamentario español durante los últimos cuarenta años se comprometan a facilitar la investidura del candidato más votado. Es a eso a lo que se ha referido insistentemente estos días durante los mítines de su campaña de primarias cuando reclama el gobierno de “la mayoría”. Una fórmula que busca sin disimulo promover el voto útil en torno a las dos grandes formaciones de la política española.

La idea de Feijóo no es muy diferente de lo que el propio Pedro Sánchez defendía en octubre de 2019 en pleno bloqueo de la investidura y que en la práctica suponía una enmienda a la totalidad del ‘no es no’ que defendió en 2016 para negarse a elegir a Mariano Rajoy: “Lo que pedimos es que si [el PP] no tiene una mayoría alternativa, al menos que respete el resultado electoral y que deje gobernar a la lista más votada”. Lo dijo en un mitin en Barakaldo y lo repitió en noviembre en un debate electoral, delante de sus rivales. Pablo Casado rechazó la oferta. 

Con todo, la propuesta de Sánchez de hace tres años introdujo un matiz relevante que la diferencia de la actual de Feijóo: el líder del PP habla de respetar la lista más votada; el presidente pide facilitar el gobierno de quien sea capaz de reunir la “mayoría parlamentaria” más numerosa, el bloque político con mayor presencia en el Congreso.

En España la Presidencia del Gobierno siempre ha recaído en el candidato del partido más votado, con la única excepción de los diez primeros meses de Pedro Sánchez en la Moncloa, a la que llegó gracias a una moción de censura. No obstante, se trata de una regla que todos los partidos han incumplido en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. 

Lo que en realidad le gustaría al presidente del Gobierno, aunque sabe que es muy difícil de llevar a cabo, es una reforma del artículo 99 de la Constitución. Lo propuso por primera vez en julio de 2019, cuando el bloqueo de la investidura empezaba a hacerse visible.

“Este artículo no funciona, hay que reformarlo”, declaró en una entrevista en TVE. “Es el primer acuerdo de país que yo voy a ofrecer” (algo que nunca llegó a cumplir) para que la investidura se parezca a la que rige en los ayuntamientos, donde en caso de no haber mayoría absoluta se convierte en alcalde el cabeza de la lista más votada. “No digo que sea la fórmula para la gobernabilidad de España, pero es evidente que debemos encontrar un mecanismo que permita una investidura e impida coaliciones negativas que aboquen a una repetición electoral”. 

Los socialistas se han comprometido con esta solución. El 40º Congreso del PSOE celebrado en València el pasado mes de octubre aprobó una propuesta muy concreta en esa línea: “Nuestro país no puede estar a merced de las llamadas mayorías de bloqueo. Por eso apostamos por reformar el mecanismo de elección del presidente del Gobierno recogido en el artículo 99 de la Constitución, evolucionando hacia el modelo vigente en comunidades como el Principado de Asturias y País Vasco, permitiendo la presentación de varios candidatos/as al mismo tiempo y garantizando la investidura del que logre un mayor apoyo parlamentario, garantizando la gobernabilidad y despejando la amenaza de repetición electoral”.

¿En qué consisten los modelos vasco y asturiano? En que cada partido puede presentar un candidato distinto a la presidencia y gana el que más votos obtiene. Sigue siendo posible que los grupos lleguen a acuerdos para votar a un aspirante determinado, pero no se puede votar en contra, de manera que es imposible bloquear la legislatura.

No es la única solución posible. En Castilla y León y en Andalucía (en este último caso de forma contradictoria, porque el reglamento del Parlamento dice una cosa y el Estatuto otra), si ningún candidato logra mayoría absoluta para ser investido lo será automáticamente el que encabece la lista más votada, exactamente igual que ya ocurre en los ayuntamientos.

No obstante, no todo el mundo está de acuerdo con este planteamiento. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo ha dejado por escrito que la designación automática de los presidentes le parece “de constitucionalidad más que dudosa, por no decir de una inconstitucionalidad manifiesta, ya que el supuesto que se contempla es el de la investidura de un candidato que no alcanza la mayoría relativa, es decir, un candidato contra el que se pronuncia expresamente la mayoría de la Cámara”. No obstante, el Tribunal Constitucional avaló este procedimiento en el caso de Navarra, donde estuvo vigente durante un tiempo.

Opiniones de expertos hay para todos los gustos. Cada vez son más abundantes los trabajos académicos que apuestan por una modificación del artículo 99 de la Constitución. En Investiduras fallidas y Constitución ignota (2015-2020), Artemi Rallo Lombarte, catedrático de Derecho Constitucional en la Universitat Jaume I, defiende una reforma constitucional que permita la investidura automática del candidato de la minoría parlamentaria mayoritaria, en el caso de que no se hubiera logrado una investidura por mayoría simple.

Otros, como Manuel Aragón, excatedrático de Derecho Constitucional y magistrado emérito del Tribunal Constitucional, no creen que la reforma del artículo 99 sea una solución segura. Es verdad que admite la posibilidad de “modificar su redacción para, al menos, forzar las negociaciones y, en todo caso, evitar una legislatura fallida”, pero en su opinión son fórmulas que “conducirían inexorablemente a un Gobierno de minoría, con los problemas de inestabilidad o de ingobernabilidad que podría comportar”, argumenta en Legislatura fallida e investidura convulsa (Revista Española de Derecho Constitucional).

David Jiménez Glück, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, admite en El bloqueo, evitable, de la formación del Gobierno (Revista de Derecho Político de la UNED), la necesidad de “actuar sin duda en el campo de la cultura política, en el diálogo y la responsabilidad institucional”. Pero defiende, al mismo tiempo, una reforma del artículo 99 para, entre otras cosas, cambiar el sistema de votación con el fin de “que no sea posible votar ‘no’ a una investidura, de tal manera que los diputados tengan que optar por alguna candidatura alternativa en lugar de rechazar la que se les propone”. 

Cambiar el artículo 99 no requiere el procedimiento agravado previsto en la Constitución pero tampoco es sencillo. Requiere, como mínimo, mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Y una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras (35 diputados o senadores) pueden forzar que la reforma sea sometida a referéndum.