EL DEBATE DE LOS IMPUESTOS

Feijóo pide deducciones del IRPF que ya existen y pone de ejemplo a Polonia, que bajó el IVA sin permiso de la UE

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece tras la reunión con el presidente del Gobierno, en La Moncloa.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó su propuesta fiscal al Gobierno como un alivio para “las rentas medias y bajas” mientras dure el aumento “exponencial” de la inflación. De momento, es un plan genérico, pero ha prometido enviar “en los próximos días” al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, medidas “más concretas”, una vez haya obtenido los datos de la Agencia Tributaria y cerrado la propuesta “desde el punto de vista cuantitativo”.

No obstante, el aún presidente de la Xunta enumeró las cinco iniciativas que él considera necesarias para afrontar la subida de los precios y las incertidumbres asociadas a la guerra en Ucrania. “El proyecto es muy sencillo: tenemos 7.500 millones más de recaudación estos dos meses [enero y febrero], devolvámoslas a los españoles”, fue su resumen.

Para ello, Núñez Feijóo plantea en primer lugar adecuar el IRPF a la inflación. Es decir, bajar el tipo del impuesto sobre la renta en el mismo porcentaje en que han subido los precios. De esta forma se evita que, al haber aumentado los salarios como consecuencia del alza de los precios, algunos contribuyentes salten de tramo y tributen más, pese a que su sueldo real ha perdido poder adquisitivo por culpa de la inflación. Es lo que los economistas llaman “progresividad en frío”. Según Juan Antonio Gimeno, catedrático emérito de Hacienda Pública de la Uned, deflactar el IRPF es una medida “sensata” cuando la inflación escala a los picos que está alcanzando ahora. En España, no se han adaptado los tipos al IPC desde 2008. Pero es que en todos los años de la recesión, la posterior recuperación y hasta el fin de 2021 tras el covid, la inflación se mantuvo muy tímida, incluso en cifras incluso negativas.

En todo caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha descartado ajustar el impuesto de la renta al IPC. Sostiene que no es el momento de bajar impuestos porque la inflación tiene una causa “muy clara”, la subida de los precios de la energía, “y sobre ella el Gobierno ya está actuando” con un paquete de medidas “ajustado”, que componen “la bajada más importante de la democracia” en algunos impuestos. Si se prolongaran las rebajas fiscales hasta finales de este año –de momento se extienden hasta el 30 de junio–, el Estado dejaría de recaudar 12.000 millones de euros, aseguró.

Núñez Feijóo no ha precisado a quiénes incluye en las “rentas medias y bajas”. En el IRPF no están obligados a hacer la declaración quienes ingresen menos de 22.000 euros al año. Y hasta 14.250 euros la retención es cero. De forma que el alivio fiscal propuesto por el presidente del PP dejaría fuera a buena parte de esas rentas bajas de las que habla. Por eso Juan Antonio Gimeno cree “más eficaz” subir el mínimo exento, al tiempo que se aumente el tipo marginal para el 1% más rico.

¿Reducir el déficit bajando ingresos?

También quiere el líder popular bajar las retenciones del IRPF, en general, y agilizar “parte” de las devoluciones de lo que ya se han hecho en enero y febrero. Según sus cálculos, todas estas medidas en el impuesto sobre la renta supondrían un recorte en la recaudación fiscal de entre 3.500 y 3.800 millones de euros.

Al mismo tiempo, Núñez Feijóo se queja del enorme déficit público que sufre España. “Fuimos el país con el mayor déficit de la UE en 2020 y el tercero en 2021”, repite. Y es cierto. Como también que reducirlo recortando los ingresos públicos es una labor imposible. De hecho, en 2021 se ha rebajado el déficit en 3,3 puntos porcentuales respecto al año anterior, un descenso récord, gracias también a una recaudación fiscal histórica, fruto de la reactivación económica tras el covid y de la inflación. En 2022, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que bajará otros 2,7 puntos, por lo que quedará en un 4,2% del PIB, precisamente gracias a unos ingresos que van a compensar el coste de las medidas adoptadas para paliar los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Por tanto, la mayor recaudación permite sufragar las ayudas para los sectores más afectados por la subida de los precios de las materias primas y la energía, aun con un déficit muy elevado. Según los cálculos de la AIReF, por cada punto de inflación Hacienda recauda 2.000 millones de euros más en el IVA.

Polonia, un ejemplo envenenado

Un IVA que también quiere bajar Núñez Feijóo al menos para la luz y el gas. El Gobierno ya redujo el IVA de la luz del 21% al 10%. El líder del PP pretende que se le aplique el tipo superreducido, el 4%. Y lo mismo al gas, que se mantiene en el 21%. Sin embargo, como reconoce el propio presidente gallego, ese cambio debe ser autorizado por la Unión Europea.

Y, como argumento, exhibe el ejemplo de Polonia, que el pasado enero rebajó el IVA de los combustibles del 23% al 8% y del gas del 8% al 0%. “¿Por qué no nos van a dejar a nosotros?”, se preguntó Feijóo ante los micrófonos de la Cadena Ser este viernes. Quizá porque el Gobierno de Mateusz Morawiecki lo hizo sin autorización de Bruselas. De hecho, el incumplimiento de la directiva comunitaria le puede suponer al Gobierno de Varsovia la apertura de un procedimiento de infracción. La Comisión Europea incluso podría remitir la desobediencia polaca al Tribunal de Justicia de la UE. No sería la primera vez que esto ocurre. Bruselas y Varsovia mantienen un duro conflicto por las vulneraciones del Estado de derecho y la independencia judicial que la UE achaca a Morawiecki, de modo que lo que la Comisión mantiene en suspenso la aprobación del Plan de Recuperación polaco.

En todo caso, la AIReF ya ha confirmado en su último informe sobre los Presupuestos que las rebajas fiscales sobre la electricidad –en el IVA, el impuesto especial y el impuesto sobre la producción eléctrica– se van a traducir en una caída de la recaudación de 5.467 millones, pese al aumento de tipos para las rentas más altas, las menores deducciones en planes de pensiones, la rebaja en la exenciones a los dividendos, la subida en el tipo de las bebidas azucaradas y en las primas de seguro, así como la creación de dos nuevos impuestos: el de transacciones financieras y la tasa Google.

Hasta el 60% de deducción en el IRPF

Otra de las medidas sugeridas por el presidente del PP es dedicar el 7% de los fondos de recuperación a desgravaciones en el IRPF para los contribuyentes que inviertan en “placas fotovoltaicas en el tejado de sus casas o en sistemas de geotermia para su calefacción”. Según dijo, así los fondos europeos serán “gestionados directamente por los ciudadanos”. También sería una solución para el “desbloqueo” de esos fondos, “muy retrasados en su ejecución”, abundó.

Sin embargo, esas deducciones ya existen en el IRPF. Según explican fuentes del Ministerio de Hacienda, el pasado 5 de octubre se aprobó un Real Decreto-ley que permite deducirse en el IRPF entre el 20% y el 60% de la inversión que los particulares hagan en sus viviendas para mejorar su eficiencia energética. Es una de las medidas incluidas en el Plan de Recuperación.

Hay tres deducciones posibles: hasta un 20% con una base máxima de 5.000 euros anuales para las obras que reduzcan un 7% el recibo de la calefacción y la refrigeración; hasta un 40% con una base máxima de 7.500 euros anuales si las obras reducen el 30% del consumo de energía no renovable o mejoran la calificación hasta la clase A o B; y hasta un 60% con una base máxima de 15.000 euros, para las obras que reduzcan el consumo de energía en un 30% o mejoren la calificación energética de todo un edificio residencial.

La AIReF ya audita el gasto público

Además, Núñez Feijóo pidió a la AIReF que realice una auditoría de los “gastos superfluos” del Estado. Tampoco precisó qué gastos considera superfluos. Sí que reclamó una “racionalización del gasto burocrático”. La AIReF lleva desde 2019 acometiendo lo que en inglés denomina spending review, la revisión del gasto público, un trabajo comprometido con la UE. Ya ha culminado dos fases. En la primera, examinó el procedimiento para conceder subvenciones, las políticas activas de empleo, las becas universitarias, los medicamentos con receta médica, el servicio postal universal que presta Correos, los programas de promoción de talento en I+D+i y los de fortalecimiento de la competitividad empresarial.

En la segunda, analizó partidas de gasto que suman 51.000 millones de euros, el 4% del PIB: los beneficios fiscales –deducciones y exoneraciones en el IRPF, el impuesto sobre sociedades, el IVA y los impuestos especiales— que suponen 35.000 millones de euros anuales, el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud en farmacia y bienes de equipo –7.400 millones–, los incentivos a la contratación y al trabajo autónomo –2.000 millones— y las infraestructuras del transporte –7.000 millones–.

La AIReF también ha fiscalizado el gasto en rentas mínimas y el Fondo para la Promoción del Desarrollo, y tiene previsto entregar en breve su evaluación del Ingreso Mínimo Vital. Es más, ha analizado el desempeño de seis comunidades autónomas: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Extremadura.

Finalmente, Núñez Feijóo reclama que los 1.700 millones de euros en ayudas por el covid a autónomos y pymes que se quedaron sin repartir el año pasado vuelven a salir a convocatoria. Se trata de una línea de ayudas directas de 7.000 millones de euros que reservaba 2.000 millones para Baleares y Canarias, cuyo sector turístico fue el más afectado por las restricciones de la pandemia, y 5.000 millones se distribuían entre el resto de las comunidades autónomas. Sin embargo, según denunció en su día el sindicato de autónomos UPTA, sólo Baleares y Canarias otorgaron el 100% de los fondos hasta el 31 de diciembre de 2021, la fecha límite.

Castilla y León y Asturias dejaron sin ejecutar el 40% del dinero que les correspondía, mientras que Andalucía, Madrid, Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha desaprovecharon el 30%.

El Ministerio de Economía no ha aclarado a infoLibre si tiene previsto abrir una nueva convocatoria para repartir los 1.700 millones que han revertido a las arcas públicas. 

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