Los fondos buitre vuelan sobre tu casa: ¿quién les ha abierto la jaula?
A un lado, lo de Alicante, las viviendas de protección oficial que se llevaron altos cargos del Partido Popular o sus familiares, notarios y agentes inmobiliarios que participaban en el proceso de adjudicación; al otro, el plan de Pedro Sánchez de invertir veintitrés mil millones de euros en la construcción de quince mil pisos de precios asequibles al año. Si lo segundo se concreta –que en este mundo de promesas esponjosas y ciudadanos desengañados hay que poder tocar los muros de esas casas para creer en ellas–, lo primero se vuelve aún más feo. Es verdad que no sabemos cuándo habrá unas elecciones generales, pero sí que la campaña para ellas ha comenzado, pero también lo es que los antecedentes del partido de la calle Génova son temibles, si recordamos los tiempos de Ana Botella y la entrega de bloques enteros de VPO a fondos buitre, ese pájaro que aparece siempre donde hay muertos.
Las principales preocupaciones de Isabel Díaz Ayuso son la ETA que ya no existe y los problemas judiciales de su pareja, que sí que existen. El principal anhelo de su supuesto jefe, Núñez Feijóo, es llegar a La Moncloa, caiga quien caiga. Los problemas de la gente normal son la escasez de los sueldos –a cuya subida siempre se opone la derecha– y la inaccesibilidad de la vivienda, un derecho constitucional del que nunca se acuerdan los supuestos defensores de la Constitución. Aquí es un viacrucis comprarse un piso, el dinero que se pide por su venta triplica su valor real y condena a quienes tienen más valor que el Guerra a gastarse nómina y media en sufragar ese gasto durante veinte años. Un escándalo. Y el alquiler ya sabemos cómo está. ¿Qué soluciones existen para detener esta especulación? Una evidente es regular el mercado y, como primera medida, reformar la Ley del suelo, pero cuando esa iniciativa se quiso poner en marcha, el PP se opuso, aunque en muchas ocasiones y muchos casos se lo pedían sus propios alcaldes.
La democracia es esperar al que va más lento y ayudar a levantarse al que ha caído
El PP –de sus socios de la ultraderecha ya ni hablamos– enmascara su defensa de los grandes propietarios con el mantra de la ocupación y usando un argumento que sería legítimo, el del casero que sufre las consecuencias de tener unos inquilinos que no le pagan, si no fuese porque es mentira que la ley que ha propiciado la izquierda vaya de eso: de lo que habla es de personas vulnerables sin alternativas, sin sitio adonde ir. ¿Por qué no lo hay? Porque los ayuntamientos y comunidades autónomas, que en un tanto por ciento apabullante de los casos están en poder del PP, no quieren. Cada vez que le preguntan por eso al de Madrid, Martínez Almeida miente y dice lo de costumbre: que la responsabilidad y las competencias en ese terreno son del Gobierno central. Y al parecer hay quien le cree, dado que le votan.
Ojalá la promesa de Pedro Sánchez se haga realidad y esas viviendas anunciadas a bombo y platillo se llenen de personas que puedan llevar en ellas una vida digna. Ojalá la estafa de Alicante no se vuelva a cometer y lo ya hecho sea revertido. La democracia es esperar al que va más lento y ayudar a levantarse al que ha caído.
