RTVE exige al Consejo de Informativos que rectifique el informe sobre ‘Mañaneros 360’ y ‘Malas lenguas’

Ocho argumentos numerados, una petición de rectificación y una pregunta que recorre todo el texto como una corriente de fondo: ¿puede un órgano institucional acusar de delitos de odio, sesgo sistemático y mala praxis a periodistas concretos a partir del análisis del 3% de su producción? 

La respuesta que la corporación pública ha dado este martes es un ‘no’ rotundo. El consejo de administración de RTVE (su máximo órgano de gobierno) ha aprobado por mayoría absoluta —con los votos del bloque de investidura y el rechazo de los consejeros propuestos por el PP— adherirse a un documento elaborado por la dirección de TVE que rebate de forma pormenorizada el informe que el Consejo de Informativos (CDI) publicó el pasado 13 de enero contra Mañaneros 360 y Malas Lenguas, e insta al CDI a rectificar.

El conflicto viene de lejos. En mayo de 2025, el Consejo de Informativos anunció que abría una investigación de oficio sobre los dos programas de actualidad —producidos en colaboración con empresas externas— tras recibir supuestamente más de cien quejas internas. Ocho meses después, publicó un informe de 144 páginas en el que concluía que ambos espacios “incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales para la elaboración de información“ en RTVE. 

Las acusaciones eran de calado: sesgo sistemático a favor del Gobierno y del PSOE, difusión de noticias falsas, responsabilidad editorial opaca, uso ilegítimo de la marca VerificaRTVE y —la más grave— emisión de contenidos que podían constituir “mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad“. El informe fue remitido a más de mil personas de la plantilla de TVE y obtuvo una amplia repercusión mediática, además de dar lugar a encendidas intervenciones en la comisión del control del Congreso.

La réplica de la corporación ha tardado un mes en llegar y su tono es inusualmente contundente para un texto institucional. El documento aprobado este martes identifica ocho “hechos verificables” que, a juicio de la dirección, refutan las conclusiones del CDI. 

Metodología cuestionable

El primero y más estructural afecta a la metodología: el Consejo de Informativos analizó apenas 13 programas de un universo de más de 400 emisiones, es decir, aproximadamente el 3% del total. “Un análisis basado en 13 observaciones no permite, según los estándares metodológicos de la investigación social, realizar inferencias válidas ni generalizar resultados”, afirma el texto. Con ese tamaño muestral, y sin acreditar criterios de selección aleatoria, sistema de codificación replicable ni control de sesgos, la dirección de RTVE considera “improcedente” presentar como habitual o reiterada una supuesta mala praxis y, más aún, trasladarla como un “identificativo de la Corporación”.

Pero es en el segundo punto donde el documento eleva la apuesta. La frase del informe del CDI que aseguraba que “es impropio que RTVE sirva de altavoz a mensajes de odio que contribuyen a la polarización de la sociedad” recibe una respuesta que va más allá de la discrepancia editorial para adentrarse en el terreno jurídico. 

La corporación subraya que “mensajes de odio” no es una etiqueta retórica ni un adjetivo intercambiable; es un concepto con carga jurídica y social, estrechamente vinculado a conductas que el ordenamiento sanciona y que, en determinados supuestos, pueden constituir delito”. Imputar a RTVE que “sirve de altavoz”, argumenta el texto, no equivale a reprochar un enfoque periodístico discutible, sino a atribuir a la corporación “una actuación activa de amplificación o legitimación de discursos de odio”. Una acusación de esa naturaleza, concluye, exige una prueba que el informe del CDI nunca aporta.

Responsabilidad editorial

El tercer punto desmonta lo que la dirección califica de falsedad “objetiva y documental”. El informe del Consejo de Informativos afirmaba en dos pasajes distintos que no le había sido posible identificar a los “verdaderos responsables editoriales” de los programas. 

Sin embargo, en el propio cuerpo del documento figura una respuesta escrita de la directora de Magacines de TVE en la que se identifica expresamente el marco de responsabilidad editorial: “La línea editorial la marca la Dirección de Magacines y la dirección de TVE y en cada programa hay personas de RTVE en el equipo de dirección que trabajan diariamente en la escaleta y la selección de contenidos”. El adjetivo “verdaderos”, utilizado por el CDI, no matiza nada, sostiene la réplica: directamente convierte una afirmación desmontada por la propia documentación del informe en una insinuación de opacidad.

El documento también confronta al Consejo de Informativos con lo que denomina su “doble rasero”. El CDI ha sostenido de forma reiterada que los especiales informativos deben recaer en los Servicios Informativos de TVE y no en programas elaborados por productoras externas. Esa exigencia, señala la dirección, se ha aplicado de forma específica cuando los especiales guardaban relación con la política —comités federales del PSOE, congresos de partidos—, pero no cuando otros programas producidos también externamente han cubierto emergencias meteorológicas de alcance nacional. 

La pregunta que formula el texto es directa: “¿Por qué el Consejo de Informativos de TVE no ha denunciado cuando el programa de productora Aquí la tierra ha elaborado especiales sobre los temporales de febrero?”. El órgano de representación no ha respondido todavía a esa pregunta.

En el extenso anexo que acompaña al documento —firmado directamente por los equipos de ambos programas—, las acusaciones de sesgo ideológico son rebatidas con los propios datos del informe. En los 13 programas analizados por el CDI, Leire Díez aparece en 103 ocasiones, Santos Cerdán en 70, Ábalos en 15 y Koldo García en 10: un total de 198 menciones a asuntos sensibles para el PSOE. “Resulta, por tanto, difícil sostener que los programas ‘dejan en un segundo plano’ lo incómodo para el Ejecutivo”, señala el texto, que recuerda que Mañaneros 360 llegó a realizar especiales con los ingresos en prisión de Ábalos, Koldo y Cerdán.

Sobre la acusación de no rectificar los errores cometidos —en particular el relacionado con el episodio de la “bomba lapa”: el programa difundió una información que resultó errónea sobre mensajes de WhatsApp de un agente de la UCO—, el anexo documenta que la corrección se realizó “de forma inmediata, clara, explícita y reiterada” en el primer programa posterior al error. 

Rectificación en ‘Mañaneros 360’

El presentador Javier Ruiz explicó públicamente la interpretación correcta, se emitieron rótulos aclaratorios y el propio informe del CDI tuvo que modificar su redacción inicial quince días después de publicarlo, sustituyendo la acusación original de que los errores no se habían corregido “como marca la ley” por el más impreciso término “adecuadamente”. “Ninguno de los medios que habían publicado la primera versión se hicieron eco del reconocimiento del error”, apunta el texto con evidente ironía.

Quizá el fallo metodológico más revelador es el que afecta al análisis del pluralismo de Mañaneros 360. El CDI utilizó un listado de “analistas habituales en plató” para evaluar el equilibrio ideológico del programa. De los nueve colaboradores citados, cinco nunca habían aparecido en pantalla y un sexto no pertenecía al medio que se le atribuía. El margen de error en el elemento básico sobre el que se sustentaba la acusación de desequilibrio era, en consecuencia, del 66%. El Consejo de Informativos suprimió la tabla silenciosamente, también quince días después de la publicación y sin que los medios que habían difundido el informe informaran del cambio.

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La exigencia de rectificación no es una mera declaración a beneficio de inventario. El consejo de administración ha anunciado que examinará en su próxima sesión de marzo la respuesta que reciba del CDI y que adoptará entonces “las medidas que considere pertinentes”. 

La pelota está, pues, en el tejado de un órgano que nació precisamente para vigilar el rigor ajeno y que ahora se enfrenta a una exigencia de acreditarlo en el propio. El texto de la dirección lo formula con la precisión de quien conoce bien el terreno: “Si el Consejo aspira a ejercer su función con autoridad, debe empezar por aplicar a sus propios informes el mismo estándar de rigor, verificación y responsabilidad que exige a los demás”.

En juego, más allá de los programas de Ruiz y Cintora, está la arquitectura de los controles internos en la televisión pública. Y qué ocurre con el daño reputacional infligido, entretanto, si un informe plagado de errores verificables ha circulado durante semanas entre miles de profesionales y en decenas de medios de comunicación.