Verdades y mentiras sobre los impuestos: el margen, la presión fiscal, el informe de los expertos y Ucrania

PP, Vox y Ciudadanos piden al Gobierno que rebaje impuestos para amortiguar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los ciudadanos, pero también como solución para frenar la subida de los combustibles, el gas y la electricidad. En principio, los partidos de la oposición presentaron esa bajada como una medida temporal, limitada al periodo de emergencia provocado por la guerra en Ucrania. Pero es una música que suena conocida y se suma a las reiteradas proclamas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a favor de la desaparición de los impuestos sobre el Patrimonio y de Sucesiones, que tacha de “anacrónicos”, y a la orgullosa defensa de su autonomía fiscal para bajar el resto.

El presidente de la Xunta y futuro presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, enarbola la misma antorcha y este mismo viernes en el Congreso del PP en Sevilla ha dejado claro que su filosofía fiscal trasciende la actual crisis de precios de la energía: “Es posible bajar impuestos, es obligatorio mejorar los servicios públicos, es nuestro objetivo incrementar la inversión y se puede hacer todo esto cuadrando las cuentas públicas”.

Cuando, a comienzos de marzo, el comité de expertos presentó su Libro Blanco para la reforma fiscal, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó aumentar los impuestos. Mientras, los socios del Gobierno insisten en que deben subirse a las grandes fortunas y reclaman un recargo extraordinario para las eléctricas.

Más allá de la batalla política, éstas son las cifras y leyes que determinan la realidad fiscal española.

1. ¿Qué margen tiene España para bajar impuestos?

No demasiado. España está atrapada entre Escila y Caribdis, entre un déficit y una deuda públicos de récord en la Unión Europea. Pese a que los últimos datos publicados mejoran las previsiones del Gobierno y las ratios de 2020, no dejan de ser un corsé que deja sin holgura fiscal a las arcas públicas. España cerró 2021 con un déficit público equivalente al 6,76% del PIB, 3,3 puntos porcentuales por debajo del ejercicio anterior y 1,6 puntos inferior a los cálculos del propio Ejecutivo. Aun así, es el segundo con mayor déficit de la Unión Europea, tras Malta. La deuda pública ha quedado en 1,428 billones de euros, el 118,4% del PIB, 1,1 puntos menos de lo previsto y 1,5 puntos menos que en 2020. Pero sigue siendo la cuarta más abultada de la UE, después de la griega, italiana y portuguesa.

Para hacerse una idea de lo que significan esos volúmenes, basta con comparar con el 70% de deuda pública y el 3,7% de déficit que tiene Alemania. Ése es el músculo fiscal que le falta a España. En cualquier caso, no hay que olvidar que esos 3,3 puntos en que se ha recortado el déficit público español, una reducción inédita, se ha debido a la recuperación de la actividad en 2021–un alza del PIB del 5%– y al consiguiente aumento del 15% en la recaudación fiscal.

2. ¿Es mayor la presión fiscal en España que en el resto de la UE?

No, según los últimos datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE, referidos a 2020. Los ingresos tributarios en España equivalen al 37,5% del PIB, mientras que la media de la zona euro alcanza el 41,8%. Un diferencial de 4,3 puntos porcentuales. España está también por debajo de Alemania –41,5% del PIB–, Italia –43%–, Bélgica –46,2%– o Dinamarca, el país que mayor presión fiscal soporta, con un 47,6% del PIB, y Francia, con un 47,5%.

Esa brecha se reproduce, además, en todos los impuestos. Según Eurostat, el diferencial con la eurozona en la recaudación del IVA –6,3% del PIB– es de cuatro décimas de punto con la media del euro y de seis décimas con la media comunitaria. En el IRPF, la brecha se eleva a 1,6 puntos porcentuales con la zona euro. En España la recaudación del impuesto sobre la renta equivale al 10,8% de su PIB, mientras que en Alemania alcanza el 12,2%, en Francia el 12,5% y en Italia llega al 14,7%. En el impuesto sobre sociedades, la recaudación es cuatro décimas inferior a la media del euro y ocho décimas menor que la francesa. Y, en cotizaciones sociales, está 1,1 puntos por debajo de la media de la eurozona, pero 3,6 puntos por debajo de Alemania y 2,6 por debajo de Francia.

Un documento publicado por el Banco de España y elaborado por David López-Rodríguez y Cristina García Ciria, señala el menor peso de los impuestos indirectos, básicamente el IVA, como la principal particularidad de la estructura impositiva española respecto a la UE. Según sus cálculos, la menor recaudación del IVA y de los impuestos especiales explican hasta en un 75% el diferencial con Europa. La causa de estos bajos ingresos se debe, a su vez, a que el tipo general del impuesto afecta a un porcentaje más reducido del gasto en consumo que en la mayor parte de los países de la UE. Es decir, a la amplia cobertura del tipo reducido.

También es inferior la recaudación de los impuestos sobre hidrocarburos, transporte, tabaco y alcohol, a los que se aplican tipos inferiores en comparación con los europeos. Sólo en los impuestos medioambientales, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) calcula una brecha de recaudación con la UE de 6.200 millones de euros.

3. ¿Pide el Libro Blanco que se suban los impuestos?

El PP presentó una proposición no de ley en el Congreso el pasado 15 de marzo en el que, además de pedir una rebaja temporal del Impuesto Especial de Hidrocarburos y del IVA del gas y los combustibles, instaba al Gobierno a “renunciar al aumento general de la fiscalidad de los hidrocarburos propuesta por el comité de expertos” que ha elaborado el Libro Blanco para la reforma fiscal. También Isabel Díaz Ayuso ha arremetido contra la propuesta del citado comité para armonizar los impuestos de las comunidades autónomas, entre ellos el de Patrimonio y el de Sucesiones, bonificados al 100% en la Comunidad de Madrid.

Pero lo cierto es que el Libro Blanco son casi 800 páginas de propuestas para una “reforma tributaria estructural a medio y largo plazo”. Por lo que sus autores recomiendan al Gobierno que consolide la recuperación económica antes de empezar con las reformas. Y que éstas se aprueben de forma gradual. Es decir, sus recomendaciones no fueron pensadas para arreglar la actual crisis de precios ni mucho menos está previsto que se aprueben y aplican en este momento.

La filosofía general del Libro Blanco es aumentar el potencial recaudatorio del sistema tributario español, mejorando el diseño de los impuestos sobre la renta, el consumo y la riqueza. Para ello, los expertos prefieren ampliar las bases sujetas a tributación en cada impuesto antes que subir los tipos. También invitan al Gobierno a examinar los llamados beneficios fiscales, las deducciones y exenciones que rebajan la recaudación de muchos impuestos y que se conceden con el fin de estimular la inversión, por ejemplo. Los expertos piden que se evalúe si son realmente eficaces para decidir sobre su mantenimiento o supresión.

Los expertos plantean subir los impuestos a los consumos más contaminantes –gasóleo y gasolina– y aumentar el IVA, suprimiendo de forma gradual los tipos reducido y superreducido de este tributo indirecto. 

Para ensanchar las bases imponibles del IRPF los expertos proponen examinar también las exenciones, reducciones, deducciones y regímenes especiales, y suprimir los “no justificados”. En el impuesto sobre sociedades, el comité de expertos defiende los esfuerzos que en el G-20 y la OCDE para aplicar una tributación mínima internacional, ese 15% que se aprobó el verano pasado para las multinacionales. Además, desecha que se suba el tipo del impuesto, porque perjudicaría “la inversión y la competitividad de la economía española”, aunque también que se baje, porque su reducción generaría problemas de “equidad vertical” y erosionaría la capacidad recaudatoria de otros impuestos: crearía un incentivo para que los contribuyentes trasvasen sus rentas personales a una sociedad.

En España, siguiendo la misma tendencia que en el resto de la UE, el tipo general de Sociedades se ha reducido en 10 puntos en menos de una década. De modo que, en 2021, el 25% español está por encima del promedio de la UE, pero aún es casi cinco puntos inferior al de Alemania, 3,4 puntos inferior al de Francia y 2,8 puntos menor que el de Italia.

Sí que recomiendan los expertos que se suprima el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que recaudan los ayuntamientos y los expertos consideran “arcaico” y con una estructura “anacrónica”. En cambio, piden que se conserven los impuestos de Patrimonio y Sucesiones. Es lo contrario que defiende Madrid y otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, pero coincide con la línea de pensamiento de la OCDE y el FMI.

4. ¿Hay margen para rebajar los impuestos de hidrocarburos y el IVA de los combustibles?

Vox y Ciudadanos secundaron esta misma semana en el Congreso la propuesta del PP para rebajar el IVA de los combustibles y el gas, así como del Impuesto Especial de Hidrocarburos, que fue rechazada por el resto de los grupos parlamentarios. También se han mostrado a favor de ajustar el IRPF a la inflación, de forma que el tipo del impuesto incorpore el aumento de los precios.

Según la derecha, la solución a la escalada del precio de los combustibles está en bajar esos impuestos, en lugar de la opción elegida por el Gobierno de subvencionar los precios en el surtidor. Sin embargo, esas reducciones fiscales dependen de Bruselas, lo que en principio impide una solución rápida. La gasolina no se encuentra en la lista de productos a los que se puede aplicar tipos reducidos. Y en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos deben respetarse los “niveles mínimos” que marca la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía, aprobada en 2003 y actualizada el pasado mes de julio. Esa puesta al día, después de 17 años sin que se modificaran los límites mínimos, va en la dirección opuesta a la rebaja fiscal. Por ejemplo, antes se aplicaba un tipo mínimo más bajo al gasóleo que a la gasolina. Ahora es al revés. Prima el criterio ecológico, por lo que se grava más a los combustibles más contaminantes. También se eliminan las exenciones y reducciones nacionales, dejando a los Estados miembros “un margen mucho menor para fijar tipos por debajo de los mínimos para determinados sectores”, explica la Comisión Europea. Se permiten esos tipos más bajos sólo para “los productos energéticos avanzados producidos a partir de fuentes renovables” y para la agricultura.

Así, el nuevo tipo mínimo para la gasolina y el gasóleo es el más elevado de todos: 10,75 euros el gigajulio. Antes había límites diferenciados. El mayor era para la gasolina con plomo, 421 euros por 1.000 litros, 359 euros el de la gasolina sin plomo y 330 euros el del gasóleo. Es decir, el mínimo ha subido hasta 473,57 euros los 1.000 litros en el caso de la gasolina con plomo, un 12,5%. El impuesto es, además, una cantidad fija, que no varía por mucho que aumente el precio. Así que, según los datos que publica la Dirección General de Energía de la UE, a fecha de 28 de marzo, España grava con un 43% la gasolina –44 céntimos por litro son impuestos– y con un 38% el gasoil. Ambas cargas están por debajo de la media comunitaria, que es del 47% y el 40%, respectivamente. Incluso muy por debajo de los impuestos que pagan en Francia –51% y 45%–, Italia –44% y 38%– o Portugal –50% y 42%–. En todos los países, esos porcentajes han ido disminuyendo mes a mes según iban subiendo los precios de los combustibles.

Durante las negociaciones para poner fin a los paros en el transporte, las patronales del sector desecharon las rebajas en el IVA y en el Impuesto Especial de Hidrocarburos. En el primero, porque es un impuesto que los transportistas también se deducen y en el segundo, porque ya tienen derecho a su devolución.

5. ¿Rebajar los impuestos impacta en los servicios públicos?

En sus propuestas fiscales, el PP esgrime un informe del Instituto de Estudios Económicos, el laboratorio de ideas de la CEOE, donde se asegura que, si España reduce el gasto público en un 14%, ahorraría 60.000 millones de euros, pero seguiría ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos. Es más, calcula que un aumento del 1% del PIB de la recaudación fiscal recorta en otro 1% la eficiencia del gasto. A más ingresos, viene a decir, más gasto y el mayor dispendio, automáticamente, provoca “más fugas de recursos y pérdidas de eficiencia”.

Si así fuera, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, debería tener una sanidad pública modélica. Es la mayor economía del país y posee el mayor PIB per cápita. Pero también es la comunidad con menos gasto sanitario público un 3,7% del PIB, 1,9 puntos por debajo de la media nacional, el 5,6%. Madrid gasta muchos menos en su sanidad pública que Extremadura –8,6%– o Murcia –7,6%–. Como se sabe, la mayor parte del gasto social –sanidad, educación, dependencia– corre a cargo de las comunidades autónomas.

Pero esa austeridad sanitaria se ha traducido en una gestión controvertida, puesta en tela de juicio por los profesionales, los pacientes y los expertos, como ha destapado abruptamente la pandemia. Madrid es la región que menos dinero público dedica a la atención primaria y la que menos personal de enfermería tiene de toda España. Además, es la cuarta comunidad por la cola en camas hospitalarias por habitante. Acaba de despedir a 6.000 de los 11.000 profesionales sanitarios que contrató hace dos años como refuerzo para hacer frente al covid-19, mientras la lista de espera supera el medio millón de personas.

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Un informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) evaluó en 2021 la gestión sanitaria en las distintas comunidades autónomas, analizando las listas de espera, la privatización sanitaria, el gasto per cápita en sanidad, el número de camas y profesionales sanitarios por 1.000 habitantes y el gasto farmacéutico. Según sus conclusiones, la mejor sanidad pública de España es la del País Vasco, que obtiene en el análisis un 98 de puntuación sobre una máxima de 130. Le siguen Navarra (97 puntos), Asturias (96) y La Rioja (92). Madrid es la quinta por la cola, con 72 puntos. Por detrás, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia (60 puntos).

Para comparar ese ranking con el gasto que hace cada comunidad por habitante se puede recurrir a los datos del Ministerio de Sanidad. El País Vasco es el territorio que más dinero público destina a su sistema sanitario: 1.873 euros per cápita, seguido de Asturias, con 1.763 euros. Madrid es la que segunda que menos gasta, 1.340 euros por habitante, sólo por delante de Andalucía, con 1.262 euros.

También se puede buscar un correlato en la Unión Europea. Según Eurostat y con datos de 2019, España dedica una cantidad equivalente al 9,13% de su PIB a la sanidad, por debajo del 10,23% de la zona euro. Y muy por debajo del 11,7% de Alemania, el 11,06% de Francia o el 10,66% de Bélgica.