Laura, de 50 años y madre de dos hijas menores, asesinada en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes (Asturias), y Gloria, de 44 años y madre de una hija, en un centro comercial de Murcia, son los últimos crímenes machistas que elevan a 35 las víctimas de violencia de género en 2026.

Igualdad ha confirmado que en estos dos crímenes machistas cometidos este miércoles existían denuncias previas.

Con estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por violencia en la pareja o expareja asciende a 1.376 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Además, 26 menores han quedado huérfanos por violencia de género este año y 536 desde 2013.

En Llanes (Asturias), Laura, guardia civil y madre de los gemelas de 14 años y de un hijo de 18 años, fue asesinada en el cuartel por su expareja, de 49 años, también agente del Instituto Armado, tenía expedientes abiertos por violencia machista en el juzgado de esta localidad.

Gloria, que tenía una hija menor, fue asesinada en un centro comercial de Murcia, en el lugar de trabajo del agresor, de 38 años, que ha sido detenido este jueves en un área de servicio de la localidad murciana de Puerto Lumbreras y que habría confesado el crimen a varios familiares y a un compañero de trabajo.

Tras estos crímenes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reclamado todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

La anulación de la licencia de obras del hotel del Algarrobico, aprobado el pasado martes por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), ha vuelto a situar en primer plano uno de los conflictos urbanísticos y medioambientales más prolongados de España. La decisión no implica que el edificio vaya a ser demolido de manera inmediata, pero elimina uno de los principales obstáculos administrativos que han mantenido en pie durante más de dos décadas este hotel levantado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.  

El acuerdo municipal culmina un procedimiento de revisión de oficio que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía había instado a resolver. La anulación salió adelante por siete votos a favor. Cuatro concejales abandonaron el pleno antes de la votación y una quinta edil no asistió. 

El Ayuntamiento declaró nulo el permiso concedido en 2003 a la promotora Azata del Sol para construir un complejo hotelero de 21 plantas y 411 habitaciones a escasos metros del mar. Aunque la empresa todavía puede recurrir la decisión, la resolución abre un nuevo escenario para que el Estado y la Junta de Andalucía activen los trámites necesarios para ejecutar el derribo y restaurar el espacio.

Luis Berraquero, responsable de Greenpeace de Andalucía, considera que la decisión "llega con 23 años de retraso". La organización ecologista, una de las que más ha presionado durante todo el proceso, sostiene que la promotora previsiblemente recurrirá, pero defiende que eso no debería impedir que las administraciones comiencen a preparar la demolición mientras ningún tribunal ordene paralizarla. “No se trata únicamente de tirar un edificio; ahora hay que devolver ese espacio a la naturaleza”, afirma Berraquero en conversación con este diario. 

El origen del conflicto se remonta al 13 de enero de 2003, cuando el Ayuntamiento de Carboneras concedió a Azata la licencia para construir el hotel. 

Las obras avanzaron con rapidez. Cuando fueron paralizadas, el inmueble estaba prácticamente terminado y se había convertido ya en un símbolo de la especulación urbanística salvaje en la costa.

Las primeras grandes movilizaciones contra la construcción del hotel llegaron en 2005. Greenpeace protagonizó en noviembre de aquel año una de sus primeras acciones contra el proyecto para exigir la paralización de las obras y denunciar que invadían un espacio protegido.

Ese mismo mes, el Boletín Oficial del Estado publicó el deslinde de costas que afectaba al edificio, lo que llevó al Gobierno a iniciar un procedimiento de expropiación que continúa abierto.

El conflicto dio el salto definitivo a los tribunales en 2006. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería ordenó la paralización cautelar de las obras tras una demanda presentada por la asociación Salvemos Mojácar. 

Poco después, el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves (PSOE), anunció la intención del Gobierno andaluz de demoler el edificio para restaurar la playa. La promesa, sin embargo, no llegó a materializarse. 

A partir de 2007 se multiplicaron las acciones ecologistas y las resoluciones judiciales. Greenpeace pintó en la fachada el lema "Hotel ilegal", y un año más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la suspensión cautelar de las obras.

En 2008, el mismo juzgado declaró nula la licencia al considerar que vulneraba la normativa urbanística y medioambiental.

La presión social continuó. En 2009, alrededor de sesenta activistas de Greenpeace cubrieron el edificio con una lona verde de 18.000 metros cuadrados para reclamar su derribo. Ese mismo año, la Fiscalía General del Estado abrió diligencias para investigar posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio relacionados con el proyecto.

Durante la década siguiente se sucedieron más resoluciones judiciales, recursos y reclamaciones de las partes implicadas. Algunas decisiones fueron inicialmente contradictorias, lo que prolongó la incertidumbre sobre la clasificación de los terrenos y la legalidad de la construcción. 

El caso terminó acumulando decenas de pronunciamientos judiciales. Greenpeace cifra en más de 40 las sentencias y resoluciones que respaldan la ilegalidad del proyecto.

En 2016, el Tribunal Supremo dio la razón de forma definitiva a la Junta de Andalucía al confirmar que los terrenos sobre los que se levanta el hotel son un espacio protegido y no urbanizable. 

La sentencia fue considerada un paso clave para despejar el camino hacia la demolición. Aun así, el edificio continuó en pie debido a la existencia de otros procedimientos pendientes, entre ellos la vigencia formal de la licencia municipal concedida en 2003.

En 2021, la Audiencia Nacional rechazó que las administraciones tuvieran que indemnizar con 70 millones de euros a la promotora. La empresa reclamaba esa cantidad por los prejuicios derivados de la paralización del proyecto.

Dos años después, el Ayuntamiento de Carboneras adaptó su planeamiento urbanístico y clasificó definitivamente los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección, en cumplimiento de una sentencia firme del Tribunal Supremo.

Este cambio eliminó otra de las contradicciones administrativas que habían acompañado al caso desde sus inicios.

En 2025, el Gobierno central dio un nuevo impulso al proceso al iniciar la expropiación de parte de los terrenos y declarar de utilidad pública la actuación para facilitar la futura demolición del edificio.

El procedimiento quedó después suspendido a la espera de que concluyese la revisión de oficio de la licencia. Ese era uno de los principales obstáculos que permanecían abiertos.

El último paso se produjo el martes de la semana pasada, cuando el pleno de Carboneras declaró nula la licencia de obras concedida en 2003. No obstante, esto no supone que la demolición vaya a comenzar de inmediato. La promotora puede recurrir la decisión municipal y solicitar medidas cautelares. Además, las administraciones todavía deben concretar el procedimiento, el calendario y la financiación de los trabajos.

Desde 2011 existe un protocolo de colaboración entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía que distribuye las responsabilidades. El Estado asumiría la demolición del edificio y la retirada de los escombros, mientras que el Gobierno andaluz se encargaría de la restauración ambiental y de la gestión de los residuos.

El coste de la demolición y de la recuperación del entorno superaría los siete millones de euros. Greenpeace reclama que los presupuestos públicos incluyan ya las partidas necesarias para ejecutar ambas actuaciones.

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, considera que la anulación demuestra que “la movilización ciudadana ha frenado en seco la codicia empresarial". "Ganó la naturaleza, nuestro tesoro más preciado”, indica en un comunicado de prensa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y ha prometido fondos para los afectados por el incendio de Almería, que se ha cobrado la vida de 13 personas.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Sánchez ha destacado también la colaboración entre el Ejecutivo central, la Junta de Andalucía, la Diputación de Almería y los ayuntamientos afectados por el incendio.

El acuerdo "frente a las emergencias", ha abundado Sánchez, debe servir para reaccionar cuando se producen, pero también para prevenirlas e introduce medidas como la formación de jóvenes y del resto de la población ante "incendios y emergencias civiles".

"Desde la Administración Central del Estado estamos impulsando esas medidas" porque "hay que concienciarse" de que la crisis climática "se está agravando" y hay que poner los medios para garantizar la seguridad de quienes viven en zonas sensibles, ha explicado Sánchez.

"La emergencia climática mata y tenemos que estar a la altura", ha resumido el presidente del Gobierno, quien ha prometido que su Ejecutivo aprobará fondos para la "reconstrucción" de la zona afectada por el fuego y para paliar con recursos públicos en la medida de lo posible la situación de los vecinos de la zona y que puedan "recuperar su normalidad".

Esto se suma, ha destacado Sánchez, a los medios que el Gobierno central ha aportado para apagar el fuego y para "investigar" sus causas.

El jefe del Ejecutivo ha felicitado por su trabajo a todos los "servidores públicos", así como a quienes lo hacen en las ONG y han estado ayudando estos días a los vecinos afectados por el incendio, quienes "se juegan la vida" por ayudar a los ciudadanos, ha dicho.

El presidente del Gobierno ha recordado que el pasado año un tercio de la superficie quemada en Europa se produjo en España y eso tiene "mucho que ver con el agravamiento de la emergencia climática que vive la Península Ibérica y España en concreto".

Sánchez ha lamentado las 13 muertes provocadas por el incendio de Almería y ha trasladado el pésame del Gobierno central a familias y amigos de las víctimas, en su mayoría extranjeros, pero personas conocidas y apreciadas en sus municipios, ha subrayado.

A ese pésame se han unido, ha explicado el presidente del Gobierno, diferentes países europeos que han trasladado su "solidaridad" con España ya que ellos también sufren en sus territorios los efectos de la emergencia climática.

El juzgado de Vera (Almería) encargado del incendio que se ha cobrado la vida de 13 personas, cuenta ya con la identificación de seis víctimas, un ciudadano español y cinco extranjeros: un hombre y dos mujeres del Reino Unido, otra mujer de Francia y un hombre de Bélgica, todos mayores de edad.

Los fallecidos identificados hasta el momento son por tanto tres hombres y tres mujeres, según han informado el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado hecho público, en el que precisa que el español y una de las ciudadanas de Reino Unido identificadas eran matrimonio.

Las identificaciones corresponden a seis de los 12 fallecidos que fueron hallados en las zonas calcinadas, mientras que la muerte este domingo en un hospital de Almería de una mujer de 93 años, con heridas de gravedad, elevó a 13 el número total de víctimas que deja el incendio.

Según el último comunicado del CID, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera, plaza 3, competente en el levantamiento de los cadáveres, ha avalado ya las identificaciones de esas seis primeras víctimas, los tres hombres y las tres mujeres.

Además, se han iniciado las primeras comunicaciones a los familiares de las víctimas mortales, un aviso que hace de forma presencial personal de uniforme de la Guardia Civil acompañado por un psicólogo.

El proceso de identificación de los seis cuerpos restantes pendientes está concluyendo gracias a la llegada de las muestras biológicas de familiares de los fallecidos.

La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido y Francia está permitiendo la obtención de los perfiles genéticos, por lo que "en un corto periodo de tiempo" se podría tener la identificación de todas las víctimas, ha avanzado el CID.

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya obtuvo el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos.

El único método de identificación primario que está pudiendo ser utilizado para la identificación de las víctimas del incendio de Los Gallardos es el genético.

Todos estos datos se han recogido en el CID constituido para hacer frente a esta emergencia conforme al Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas.

No hay duda de que lo que ocurrió en Los Gallardos (Almería) este jueves fue fruto de una combinación mortífera de meteorología con orografía. Calor y rachas muy fuertes de viento, combinados con poca humedad y vegetación abundante y seca ubicada en una zona de barrancos. El resultado de ese cóctel fue un incendio rápido, muy rápido, que cogió desprevenidos a docenas de vecinos, causando al menos 12 fallecidos. A estas condiciones, que no podían evitarse, se sumó un cuerpo de bomberos forestales lastrado por la falta de personal y de inversión de la Junta de Andalucía.

Sobre las condiciones físicas del incendio, Emilio del Pino, uno de los bomberos que trabajó durante toda la noche del jueves entre las llamas, describe un escenario extremo. "El fuego corría como nunca he visto en 34 años como bombero", asegura este profesional, que trabaja en una brigada de refuerzo y se desplaza a incendios de toda Andalucía. A esta voracidad se sumó que la zona está llena de ramblas con desniveles y recovecos, el típico escenario en el que las llamas saltan con facilidad, los helicópteros antiincendios tienen muchas dificultades para actuar y la maquinaria pesada, como los bulldozer, no pueden intervenir.

Del Pino también destaca la abundancia de cortijos desperdigados por el campo y la presencia de pequeñas urbanizaciones donde la población queda atrapada con facilidad. "Creo que pilló desprevenido a mucha gente. Nuestro trabajo durante la tarde del jueves fue, de hecho, proteger estas casas y aldeas", explica el forestal.

Todos los esfuerzos se centran ahora en controlar el incendio y encontrar a la veintena de desaparecidos. En general, dentro del cuerpo prefieren esperar para exigir responsabilidades por la catástrofe, pero algunos de estos bomberos no pueden dejar pasar que el INFOCA –el dispositivo antiincendios de la Junta de Andalucía– no estaba ni mucho menos preparado para esta temporada de incendios.

Todos los profesionales consultados coinciden en que los retenes –los grupos en los que se divide el cuerpo de intervención terrestre–, que deberían tener siete miembros, están trabajando con tres, cuatro o cinco personas. 

"Los compañeros que han estado en primera línea de Los Gallardos coinciden en que falta personal", afirma Jesús Gil, bombero forestal destinado en Almería y miembro del sindicato CGT. Según explica, si un retén debe tener un conductor de camión, que no siempre puede actuar, y un jefe de grupo que coordina, sufrir un déficit de dos o tres efectivos por la falta de inversión del Gobierno autonómico significa dejar al retén prácticamente sin manos. "Tenemos el INFOCA desmantelado", resume Gil.

También denuncia esta falta de personal el veterano Emilio del Pino, sindicalista de UGT. "Hay retenes que llegan a tener tres componentes de siete, y esos son directamente inoperativos y tienen que unirse a otras unidades. Todavía falta bastante personal", valora. El cuerpo debía estar al 100% el 1 de junio, cuando comienza la época de alto peligro de incendios del plan andaluz. 

La postura oficial de UGT Bomberos Forestales en Andalucía es que "la gestión del incendio ha sido adecuada y que la actuación está siendo sumamente rigurosa y profesional", pero que el cuerpo está incompleto y hacen falta refuerzos para hacer frente a incendios simultáneos en diferentes provincias. "Tendremos la oportunidad de abordar cualquier posible error más adelante", concluyen.

En este caso, el fuego de Almería ha coincidido con otro destacado en Benahavís (Málaga) y tres más pequeños en Sevilla, Córdoba y Huelva. "Venimos denunciando durante un tiempo la importancia de que el dispositivo INFOCA esté completamente operativo, cosa que actualmente no ocurre", subrayan desde el sindicato.

La denuncia de precariedad, que se repite en muchas otras comunidades autónomas, no es exclusiva de la provincia de Almería, sino que es extensible a toda la comunidad y viene de años atrás. Alejandro Yáñez, bombero de las brigadas helitransportadas del INFOCA, no ha acudido a Los Gallardos porque estaba esta semana en el fuego de Benahavís, pero también apunta a los mismo problemas en esa zona.

En Andalucía hay tres brigadas helitransportadas en total, cada una integrada por 11 efectivos, y esta semana cumplen el requisito. "Pero si me llegas a llamar hace mes y medio, cuando nosotros ya estábamos activados al 100%, teníamos un helicóptero con dos personas, otro con cinco y el mío con ocho", asegura Yáñez.

"Al final, todo suma. Hay tragedias que seguirían sucediendo con 20.000 bomberos, pero cuantas más manos, antes se resuelve. A veces es desesperante porque nosotros nos dejamos todo en el monte, pero simplemente no hay recambios para cuando acaba nuestro turno", añade.

Otro debate que se ha abierto este viernes es sobre la decisión de la Junta de Andalucía de no enviar en mensaje de alarma móvil ES-Alert a la zona afectada por las llamas cuando se supo del peligro que corrían los vecinos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, justificó la decisión en que "mandar un solo mensaje era generar confusión" porque, en función de la zona, unos afectados debían evacuar sus casas y otros refugiarse en ellas.

Los bomberos denuncian también la falta de medidas de prevención durante los meses de frío, como talar, podar o construir cortafuegos, ya que un 40% del cuerpo INFOCA se queda sin trabajo fuera de la temporada alta. En las inmediaciones de Los Gallardos, como en buena parte del país, el extremo calor de estos días ha secado el combustible en forma de pasto y matorral que brotó del suelo gracias a las intensas lluvias de este invierno. Según los mapas de riesgo de incendio forestal de Aemet, el municipio de Los Gallardos lleva desde el día 5 de junio en riesgo "extremo", la categoría más alta.

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería) eleva su balance provisional a 12 personas fallecidas y 23 sin localizar en una jornada marcada por el viento, que ha avivado el fuego, y por el inicio de batidas de la Guardia Civil, aunque sin rastro de momento de nuevas víctimas.

El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido seis de los 12 cadáveres confirmados y los equipos forenses trabajan en el levantamiento de los seis restantes, una tarea sumamente compleja por las dificultades del terreno.

Según el denominado Centro Integrado de Datos (CID), ninguna persona fallecida ha sido identificada aún.

Tras practicarse las primeras autopsias, las muestras biológicas serán trasladadas esta misma noche en helicóptero a la sede central de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid para su análisis genético. La investigación judicial del siniestro la ha asumido el Tribunal de Instancia 3 de Vera (Almería).

Respecto al balance de heridos, se mantiene la cifra de ocho personas: cuatro de mayor gravedad, que presentan quemaduras severas y han sido trasladados en helicóptero a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, y otros cuatro que reciben asistencia médica en Almería.

El Gobierno andaluz ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del incendios, que ha quemado ya unas 3.200 hectáreas.

El incendio evoluciona de forma favorable en la parte oriental, pese a que el viento sigue siendo intenso y ahora preocupa la zona oeste, más abrupta, porque las llamas se dirigen hacia El Marchal, según ha explicado esta tarde el responsable del grupo de intervención, David Rodríguez.

Mientras prosiguen las tareas de extinción, se registran vientos sostenidos del suroeste de entre 20 y 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros.

Aunque "queda mucho trabajo", la mejor evolución con respecto a esta mañana se está dando en la parte más oriental, la más próxima a la autovía, donde los especialistas han practicado lo que denominan 'fuego técnico', que está "dando resultados".

La evolución ha obligado a ejecutar medidas como la evacuación preventiva de unas 50 personas en la zona de El Marchal, en Lubrín, y el corte por segunda vez de la autovía A-7 entre los kilómetros 709 y 714 en dirección a Almería, además de la carretera autonómica AL-6109.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha defendido la decisión de la dirección de emergencias de no emitir un mensaje masivo a través del sistema ES-Alert.

Los técnicos consideraron que un aviso global de este tipo habría generado "mucha más confusión que acierto", ya que las instrucciones que debían seguirse eran distintas según la ubicación de los afectados: confinamiento en unos casos y evacuación por rutas específicas en otros.

Moreno también se ha referido, desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en Turre (Almería), a la falta de precisión de este sistema en una zona que no cuenta con total cobertura móvil y al hecho de que tres estaciones base de telefonía cayeran por el fuego.

Las autoridades han insistido en que los avisos se hicieron de manera personal y "puerta a puerta", aunque constataron que algunos residentes desoyeron las indicaciones de confinamiento o evacuación.

Distintos testimonios recogidos por EFE describen una 'zona cero' de orografía escarpada y alta dispersión urbanística, con cortijos, viviendas turísticas y parajes como el Centro Budista Rigdzin, poblada en su mayoría por turistas o extranjeros de avanzada edad que dependían del GPS y se vieron sorprendidos por las llamas en caminos rurales.

La Comisión Europea (CE) ha activado su servicio satelital Copernicus para proporcionar mapas e imágenes que ayuden a evaluar los daños y monitorizar el perímetro.

La magnitud de la tragedia ha motivado una gran respuesta institucional y política, como la del rey Felipe VI, quien ha transmitido su pésame desde San Javier (Murcia) y ha suspendido su permanencia en el acto para regresar de inmediato a Madrid.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, se han desplazado esta tarde a la zona afectada.

La nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones para hoy de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que recoge EFE.

El valle del Almanzora y Los Vélez en Almería están en alerta roja por rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora.

A su vez, en nivel naranja (riesgo importante) están Baleares, la región de Murcia, Comunidad Valenciana y la ciudad autónoma de Ceuta, por temporal marítimo y viento; Castilla y León, por nevadas y viento; Castilla-La Mancha y Extremadura, por viento, ambas, y en amarillo (riesgo bajo) por lluvia y nieve.

También está en alerta naranja Galicia, por oleaje y en amarillo por nevadas; y la ciudad autónoma de Melilla por oleaje. A estos territorios se suman en nivel amarillo (riesgo bajo) los siguientes: Aragón, Cataluña y Madrid, por nieve y viento; Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, por oleaje; La Rioja, por nevadas.

Se mantendrá la inestabilidad en el país debido a la rápida formación y paso de la borrasca Kristin. Las precipitaciones serán generalizadas; los mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica y especialmente en Alborán y sierras del sur peninsular, donde serán persistentes y localmente fuertes.

Se prevén acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), incluso por encima de 120 litros por metro cuadrado localmente. En Ronda (Málaga), las acumulaciones serán de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular a una cota que irá subiendo de 600/800 metros hasta 1.000/1.200 metros, y en montañas del sureste a partir de 1.200/1.500 metros.

Se prevén acumulados significativos en la meseta norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón.

Habrá espesores de 5 centímetros a partir de 800 metros en amplias zonas de la meseta, en Castilla y León.

Se prevén rachas muy fuertes de viento de componente oeste en Baleares y de forma generalizada, salvo en el extremo norte de la península, pudiendo ser localmente huracanadas en regiones del extremo sureste.

Soplarán vientos de entre 90 y 100 kilómetros por hora en amplias zonas. En puntos de Andalucía como Nevada y Alpujarras (Granada) se llegará hasta 120 kilómetros por hora, y también en Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería).

En el Estrecho, en Cádiz, las rachas serán de hasta 110 kilómetros por hora.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el desprecinto, clonado y análisis exhaustivo de los teléfonos móviles de seis nuevos investigados, en su mayoría empresarios del sector de la construcción, para esclarecer la trama de adjudicaciones irregulares de obra pública derivada del caso mascarillas, según recoge EFE.

En un auto dictado el pasado 2 de enero, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado ordena el volcado de los terminales para rastrear las comunicaciones de cinco administradores de mercantiles adjudicatarias de la Diputación de Almería y de F.J.L.S., hermano del exvicepresidente tercero de la institución, Óscar Liria.

La resolución judicial busca evidencias que confirmen la existencia de una "mecánica delictiva sistémica" en la corporación provincial, que habría evolucionado desde presuntas mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia hasta el amaño generalizado de contratos de obras menores a través de los Planes Provinciales y el Plan Acelera.

El magistrado justifica esta injerencia en el secreto de las comunicaciones ante la gravedad de los indicios acumulados contra la cúpula política de la Diputación, descabezada tras la detención y dimisión de su presidente y su vicepresidente, Javier A. García y Fernando Giménez, ambos del Partido Popular, el pasado noviembre.

El auto detalla la utilización de un lenguaje encriptado en mensajes de Whatsapp por parte de García, Giménez y Liria, quienes usaban términos odontológicos para referirse presuntamente al cobro de comisiones ilegales.

Según la resolución, los implicados hablaban de "ir al dentista", "cambiar la piñata", "muelas picadas" o realizar una "limpieza" en contextos de conversación "absurdos" que, a juicio de los investigadores, ocultaban el reparto de beneficios ilícitos y el blanqueo de capitales.

Por ejemplo, el 8 de abril de 2020, a las 20:53 horas, "solo tres minutos después" de firmar el decreto de adjudicación del contrato de mascarillas a la empresa Azor Corporate, el dirigente popular envió "un emoticono de un diente o muela", un símbolo que la UCO vincula directamente con el éxito de la operación fraudulenta.

El auto alude a conversaciones previas en las que el exvicepresidente segundo solicitaba a Óscar Liria una televisión a modo de "aperitivo" días antes de la firma de los contratos investigados. La investigación patrimonial incluida en el auto dibuja un escenario de presunto blanqueo de capitales que salpica al entorno familiar de los políticos.

El juez reseña la "inexistencia de retiradas de efectivo" en las cuentas bancarias del expresidente, lo que sugiere que sus gastos diarios se cubrían con fondos opacos, y confirma el hallazgo en el domicilio de su hermana de una nota manuscrita junto al dinero en efectivo con la frase: "Este dinero es de Javier Aureliano".

También se investigan pagos de hipotecas y compras de parcelas mediante ingresos en efectivo fraccionados para eludir los controles fiscales.

El rastreo de los móviles de los empresarios y de F.J.L.S. pretende cerrar el círculo sobre la rama de la obra pública. El instructor describe cómo empresas instrumentales como Pulconal y OYC Servicios Urbanos -vinculadas a testaferros de Óscar Liria y de su tío, el exalcalde de Fines- recibieron decenas de adjudicaciones (16 y 17 contratos respectivamente) mediante un "concierto previo".

El 'modus operandi' descrito en el auto implicaba instrucciones directas desde la Diputación. El juez cita mensajes en los que personal técnico indicaba a las empresas la cifra exacta que debían ofertar, con expresiones como "reste un 4%" o aplique una "baja simbólica", para simular competencia y garantizarse la adjudicación.

En otros casos, era el poder político el que decidía el destino de la obra con órdenes en WhatsApp, como el mensaje "Los Gallardos pasa", enviado por Liria para descartar a una empresa en favor de otra de la trama.

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por lluvia en el litoral sur de la provincia de Valencia y la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es_Alert a la población de esa zona. El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Mientras, prosigue el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas.

En el mensaje emitido a la población, la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20:00 horas, según la previsión de la Aemet.

Se recomienda evitar desplazamientos, cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico; asimismo, se insta a no realizar actividades en cauces y sus proximidades y buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en áreas inundables.

En relación al río Segura, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de su cuenca por el aumento de caudal.

Según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, la mayor cantidad de lluvia se concentra en las comarcas de La Safor y La Ribera, especialmente en Simat, Carcaixent, l'Alcudia y Guadassuar. El conseller ha pedido precaución a los conductores que circulen por la A-7, por embalsamientos de agua, y también a los de la A-3, especialmente en las zonas e Buñol, Utiel y Requena, porque se pueden encontrar con granizadas.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del río Segura por el aumento de su caudal.En un aviso especial este domingo, el CCE señala que los municipios deben mantener la observancia de la evolución de la cuenca del río y adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso a las riberas de las personas.

Murcia también está en alerta. El Gobierno de López Miras ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del azarbe del Merancho entre este y el río Segura, en la zona norte de esa localidad y de la de Santomera en dirección a la alicantina de Orihuela.

Por otra parte, Aemet mantiene el aviso naranja en Almería hasta las 21:00 horas, en el levante y en el Valle del Almanzora y los Vélez, y en la costa de Granada hasta las 15.00 horas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Región de Murcia ante la activación de estos avisos por fenómenos meteorológicos adversos. Ha trasladado que tanto ella como su equipo están siguiendo con atención la evolución de la situación y se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los ciudadanos mantener la "máxima precaución" ante las fuertes lluvias y el temporal que afecta a distintos puntos del país y ha aconsejado informarse a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales.

En su cuenta de la red social X, Sánchez ha agradecido además "la labor de todos los servicios de emergencia que trabajan por la seguridad de la ciudadanía".

Además, hay tres personas desaparecidas por las intensas lluvias caídas en las últimas horas en Andalucía y a las que busca la Guardia Civil, dos de ellas en Alhaurín el Grande (Málaga) y otra en el término municipal de Íllora (Granada).

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha absuelto a un hombre que había sido condenado previamente por la Audiencia de Almería a dos años y medio de prisión por un delito de abusos sexuales a una menor de 14 años, al apreciar "serias dudas" sobre la solidez del relato de la denunciante.

La sentencia de apelación de Sala de lo Civil y Penal revoca el fallo dictado en marzo de 2024 por la Sección Tercera de la Audiencia almeriense, que consideró probado que el acusado, un joven nacido en 2001, realizó tocamientos a su vecina en la terraza comunitaria de un inmueble en uno de los núcleos de población de Níjar (Almería), en diciembre de 2021.

El alto tribunal andaluz estima el recurso de la defensa y aplica el principio de presunción de inocencia al concluir que el testimonio de la menor presentó "desde el comienzo de las actuaciones inestabilidad y claras inconsistencias que no ha sabido o podido explicar".

Los magistrados destacan las contradicciones de la víctima respecto al número de ocasiones en que ocurrieron los hechos, ya que en la denuncia inicial habló de episodios reiterados, mientras que en el juicio osciló entre "una o dos" veces, para decir luego que "solo una" y finalmente admitir que fueron más sin concretar.

Asimismo, el fallo subraya que la denunciante se mostró vacilante sobre las circunstancias del encuentro, variando su versión sobre si el acusado la siguió hasta la azotea o si ya se encontraba allí cuando ella subió.

El TSJA señala que las pruebas periciales psicológicas no pudieron avalar la credibilidad del testimonio debido a que el relato de la menor no fue lo suficientemente extenso ni detallado.

Aunque la Audiencia Provincial intentó salvar estas dudas reduciendo los hechos probados a un único episodio, el TSJA considera que no se puede afirmar "sin duda razonable" la autoría de los actos, por lo que absuelve al procesado del delito y deja sin efecto la pena de prisión, la libertad vigilada y la indemnización de 4.000 euros impuesta originalmente.

Los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la operación contra la presunta trama de corrupción en la Diputación de Almería, investigada en el caso Mascarillas, se han saldado con la incautación de un arsenal irregular, dinero en efectivo con notas manuscritas, dispositivos de última generación y obras de arte ocultas en garajes, según informa EFE.

Según recoge un atestado, al que ha tenido acceso EFE, uno de los hallazgos más relevantes en materia de seguridad se produjo en el domicilio de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la institución y mano derecha del expresidente. Durante el registro de su vivienda de la capital almeriense, los agentes localizaron una "caja de cartón con pistola detonadora".

El informe policial señala que este dispositivo ha sido intervenido al tratarse de un "arma presumiblemente prohibida", motivo por el cual se ha dado parte a la autoridad administrativa competente para su valoración y la adopción de las medidas sancionadoras correspondientes.

El armamento también apareció en el corazón de la trama empresarial. En el registro de las oficinas de la sociedad GESA Andalucía 2004 S.L., en la localidad de Fines (Almería) y vinculada al exalcalde de este municipio, Rodrigo Sánchez, y su hijo, la UCO halló "cinco escopetas" en la zona del almacén.

Al no encontrarse la documentación reglamentaria que amparase su tenencia en ese lugar, la Guardia Civil ha instruido un "atestado aparte por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas" contra los responsables de la mercantil, vinculada a la familia del exregidor de Fines.

En el domicilio particular del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García, los agentes intervinieron una obra de arte de alto valor. El acta de registro detalla el hallazgo en el "sótano garaje" de la vivienda de una "escultura de pequeño tamaño dentro de una caja de madera".

La pieza, titulada La mujer del Almanzora, cuenta con un "certificado del pintor y escultor Antonio López", según especifica el inventario de la UCO, que ha puesto la obra bajo custodia judicial como parte de las evidencias sobre el patrimonio del investigado.

El dinero en efectivo fue otra constante en los registros. El hallazgo más significativo tuvo lugar en la despensa del domicilio de la hermana del presidente, en Balanegra (Almería). Dentro de una caja fuerte, la UCO intervino 7.620 euros junto a un papel con una anotación manuscrita en tinta roja: "Este dinero es de Javier Aureliano".

Asimismo, en las oficinas de la empresa investigada en Fines, los investigadores localizaron "tres sobres con anotación 10.000", un indicio que la UCO vincula con la presunta mecánica de pagos en metálico de la organización.

El nivel de vida de los implicados ha quedado patente en el material tecnológico incautado. La UCO ha intervenido numerosos terminales móviles de la marca Apple de última generación. Tanto el presidente como un empresario investigado poseían un iPhone 16 Pro, mientras que al vicepresidente se le intervino un modelo iPhone 16 Pro Max.

Llama la atención el caso del jefe de sección de la Diputación detenido en la operación, en cuyo domicilio se hallaron dos teléfonos -un iPhone 15 Pro y un iPhone 14- que se encontraban "sin estrenar", según consta en el acta policial.

La Policía Nacional ha liberado en Almería a una mujer que había sido captada en Chipre mediante el método 'lover boy' y estaba siendo sometida en España a agresiones sexuales y a un control extremo por parte de dos hombres, que han sido detenidos, según informa EFE.

La investigación ha permitido acreditar que los arrestados generaban mediante este método una falsa relación afectiva para atraer a la víctima con promesas de estabilidad y empleo, sufragando su traslado para crear una deuda económica con la que ejercer control sobre ella, según ha informado este lunes la Policía.

Una vez en España, la mujer fue trasladada de Málaga a Almería, donde los autores le revelaron sus verdaderas intenciones: debía prostituirse para saldar la supuesta deuda.

La víctima ha relatado que era obligada a enviar videollamadas desde puntos concretos de la vivienda, sufría vejaciones continuas, amenazas y castigos físicos, y que los tratantes la fotografiaban para publicitarla en portales de contacto. Ante su negativa a ejercer la prostitución, uno de los acusados incluso llegó a buscar terceros en Inglaterra para trasladarla allí y continuar la explotación.

La intervención policial se inició cuando la mujer pidió ayuda a familiares, que acudieron de inmediato a dependencias policiales. Agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana lograron localizarla, acompañada de uno de los presuntos tratantes, que amenazó de muerte a los policías antes de ser arrestado.

El segundo implicado ha sido detenido tras un dispositivo de vigilancia.

El operativo se ha desarrollado bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, en funciones de guardia, que ha ordenado prisión para el principal acusado.

Javier Aureliano García ha presentado este viernes su dimisión como presidente de la Diputación de Almería y ha renunciado a su acta como concejal en el ayuntamiento de la capital tras quedar este jueves en libertad provisional después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase del caso Mascarillas.

Según un comunicado remitido por la institución provincial, se trata de "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

La Diputación ha precisado que García ha registrado formalmente su renuncia con el objetivo de “centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia”, después de que el juez instructor lo dejase en libertad provisional con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales por los presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública que se investigan en esta segunda fase.

Según la nota, el ya expresidente toma esta decisión “desde el convencimiento de su inocencia” y en la creencia de que este paso “facilitará la vuelta a la normalidad de la actividad institucional”, así como el desarrollo de los proyectos iniciados en los últimos años.

La institución provincial destaca que García deja “un legado de proyectos transformadores” que habrían impulsado ámbitos como la lucha contra la despoblación, el turismo, la cultura, la agroalimentación o la creación de marcas provinciales orientadas a la proyección del talento almeriense.

El comunicado no menciona su situación judicial, que continúa bajo investigación en un procedimiento en el que la Guardia Civil ha practicado cerca de una veintena de imputaciones entre detenidos e investigados.

La Diputación ha informado también de que Fernando Giménez, vicepresidente segundo hasta su detención el martes, ha presentado igualmente su renuncia como diputado provincial. Giménez, que también quedó este jueves en libertad provisional con las mismas medidas cautelares, abandona “las responsabilidades al frente de áreas claves en los últimos años”, según la nota institucional.

Ambos ceses se producen menos de 24 horas después de que los cinco detenidos -García, Giménez, el alcalde de Fines (Almería), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas- comparecieran ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, respondiendo únicamente a sus defensas.

La investigación, en la que la UCO ha practicado diez registros y ha reactivado la imputación del exvicepresidente tercero Óscar Liria, permanece parcialmente bajo secreto y suma ya en torno a 17 investigados, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Tras estas renuncias, la Diputación deberá activar el procedimiento interno para la elección de un nuevo presidente, previsiblemente en los próximos días, conforme a la normativa provincial.

 El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha acordado la puesta en libertad provisional del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), detenido este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) en una segunda fase del "caso mascarillas" por presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos que adjudicaba la institución provincial durante la pandemia.

Según han indicado fuentes judiciales a EFE, el juez Eduardo Martínez Gamero únicamente ha impuesto al dirigente popular la obligación de comparecer en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes, además se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe abandonar el territorio nacional, tal y como había solicitado el fiscal.

El magistrado ha adoptado la misma decisión e impuesto las mismas medidas a los otros cuatro detenidos el martes: el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP), el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial.

La causa suma al menos una decena de supuestos implicados, entre detenidos e investigados. Entre estos últimos figuran una hermana y un hermano de Javier A. García, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los cinco detenidos por supuestas irregularidades cometidas en contratos públicos de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines han contestado únicamente a las preguntas formuladas por sus letrados y la única acusación que solicitó su ingreso en prisión ha sido la que representa al PSOE, el abogado Javier Salvador.

Tanto la Fiscalía como sus defensas solicitaron la puesta en libertad, que fue finalmente acordada por el Juez de Adscripción Territorial (JAT) que asume por el momento la instrucción, Eduardo Martínez Gamero. El alto tribunal andaluz ha apuntado que la causa se está investigando por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

El TSJA ha precisado que en la causa, además, hay aproximadamente 17 investigados, la mayoría de los cuales han quedado en libertad por decisión de los investigadores de la Guardia Civil, aunque tendrán que comparecer en el juzgado cuando sean citados.

El auto que facultó a la UCO para practicar las detenciones que considerase necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”. La investigación judicial recoge indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto.

El juez instructor subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.

El instructor ha ordenado además medidas de aseguramiento patrimonial respecto de los investigados, que afectan a cuentas en entidades bancarias y cajas de ahorro, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles. Entre estas medidas se incluye la prohibición de ceder o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor, con el fin de evitar la descapitalización de los presuntos responsables antes de que se determinen las eventuales responsabilidades penales y civiles.

Los detenidos en la segunda fase del denominado caso Mascarillas han pasado a disposición del juez instructor, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ampliara este miércoles a una decena el número total de personas implicadas entre detenidos e investigados por las presuntas 'mordidas' vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería, recoge EFE.

Según informaron a EFE fuentes de la investigación, entre los nuevos investigados figuran una hermana y un hermano del hasta ahora presidente de la Diputación provincial, Javier Aureliano García (PP), detenido el martes, así como el exvicepresidente tercero de la Diputación Óscar Liria, quien volvió a ser investigado tras haber sido uno de los principales arrestados en la primera fase de la operación.

Junto a García, permanecen detenidos el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez (PP); el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP); el hijo del regidor y un técnico de Obras Públicas de la institución provincial. Las mismas fuentes señalaron que no se descarta que el número de investigados continúe aumentando en los próximos días, aunque no se prevé un incremento de personas detenidas.

Durante la mañana de este miércoles la UCO llevó a cabo un nuevo registro en las dependencias del Ayuntamiento de Fines, después de que el martes los agentes ya hubieran entrado en el despacho del alcalde. Este registro formó parte del operativo que el martes incluyó diez entradas simultáneas en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a las actividades investigadas.

La UCO confirmó a EFE que en uno de esos registros se halló documentación que relacionaría a Óscar Liria con una de las empresas implicadas, motivo por el que el juez instructor ordenó investigarlo nuevamente. Los registros se prolongaron durante más de diez horas y estuvieron dirigidos, entre otros mandos, por el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO.

El auto que autorizó las detenciones y registros sostiene que en este caso existen “sospechas fundadas” de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución judicial, los investigados podrían haber “colaborado o facilitado” la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.

Parte de esas adjudicaciones se habrían tramitado en la Diputación de Almería, aunque el auto señala que algunas podrían haberse producido en el Ayuntamiento de Fines, lo que explicaría el carácter central que está adquiriendo el municipio en esta segunda fase de la investigación.

El juzgado ha autorizado también a la UCO a volcar, visionar y copiar comunicaciones privadas, incluidos documentos electrónicos y mensajes intervenidos en dispositivos de los investigados, y ha reclamado documentación adicional a la Diputación, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles sospechosas para reconstruir el circuito de adjudicaciones y pagos.

Además, el juez instructor ha ordenado medidas de aseguramiento patrimonial, que afectan a cuentas bancarias, cajas de seguridad y bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados.

Los cinco detenidos quedaron a disposición judicial para la celebración de las comparecencias previstas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado este miércoles la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada ayer por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Almería en el marco del caso Mascarillas, informa EFE.

Según han concretado a EFE fuentes de la UCO, con esta incorporación, cinco personas han sido detenidas y tres figuran como investigadas. En este caso, no se ha precisado la identidad del nuevo investigado.

La nueva cifra se conoce después de que este martes se produjesen las detenciones del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, del vicepresidente Fernando Giménez y del alcalde de Fines (Almería), Rodrigo Sánchez, todos ellos del PP, así como registros en diez inmuebles, incluidos el Palacio Provincial y dependencias de Infraestructura Urbana.

Los registros se prolongaron a lo largo de más de diez horas y contaron con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

También fueron detenidos un técnico de Obras Públicas, el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios.

Según el auto que autorizó los registros, la investigación mantiene sospechas fundadas de delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales, y analiza si los implicados facilitaron adjudicaciones irregulares desde la Diputación y el Ayuntamiento de Fines a empresas a cambio de comisiones.

Los detenidos serán puestos previsiblemente a disposición judicial este jueves, mientras la Diputación mantiene la colaboración con las diligencias y el PP andaluz ha aplicado la suspensión cautelar de militancia a los cargos afectados.

El Grupo Socialista en la Diputación de Almería ha solicitado este miércoles la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el gobierno del PP informe sobre la situación creada tras la detención del presidente de la institución, Javier Aureliano García, y del vicepresidente Fernando Giménez, en la nueva fase del caso Mascarillas.

La diputada Noemí Cruz ha señalado a los medios que la iniciativa se ha registrado “esta misma mañana” y ha lamentado que, más de 24 horas después de la operación policial, no se ha facilitado ninguna información oficial.

“Han pasado ya 24 horas, más de 24 horas, y aún en este momento no tenemos ninguna información. Lo que queda de los miembros del Gobierno del Partido Popular y la Diputación Provincial no han hecho ninguna comunicación, no han trasladado ninguna información, no solo al resto de la corporación provincial, sino tampoco a la ciudadanía de Almería”, ha declarado.

Ha explicado que el pleno debe aclarar “cuáles son los expedientes que están en cuestión, cuál es la información, la documentación que se le ha requerido a esta institución, cuál es el alcance de la causa que se está investigando y cuáles son las cuestiones que están implicadas”.

También ha señalado que existen dudas esenciales “que nadie conoce a día de hoy, en este momento”, como si el presidente y el vicepresidente “siguen siendo diputados, siguen siendo miembros de la corporación provincial” y que “no sabemos si han dimitido ya, tampoco si lo van a hacer. Por tanto, queremos que esto en el día de hoy sea aclarado con la máxima urgencia”.

Cruz ha afirmado que “Moreno Bonilla solo tiene dos opciones: una es que dimitan los miembros que están detenidos y, si no lo hacen, desde luego Moreno Bonilla estará siendo un encubridor de esta causa, un encubridor más de esta causa”.

Ha recordado que el caso “viene de largo” y que desde 2021 han denunciado la situación que se ha producido en la Diputación Provincial.

Los detenidos en la operación desarrollada este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Almería han subido a cinco, tras confirmarse el arresto de un técnico de Obras Públicas y del hijo del alcalde de Fines (Almería), según han señalado a EFE fuentes de la investigación y de la UCO.

Estos arrestados se suman a los tres cargos públicos arrestados inicialmente: el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García (PP); el vicepresidente, Fernando Giménez (PP), y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP).

El operativo, tutelado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, incluye el desarrollo de registros en distintos domicilios y dependencias oficiales durante la mañana, sin que por el momento hayan trascendido los delitos concretos investigados ni si esta actuación se enmarca directamente en el caso mascarillas, aunque fuentes cercanas al caso señalan que se trata de una pieza separada.

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha asegurado que la operación “viene a confirmar lo que veníamos diciendo desde el minuto uno”, al sostener que la UCO “ha encontrado los indicios que había desde hace años” y que apuntarían a la existencia de “una presunta organización criminal dirigida por la cúpula del PP en Almería centrada en la manipulación de contratos públicos en el seno de la Diputación”.

Martín ha calificado los arrestos de este martes como “la punta del iceberg” y ha reclamado la salida inmediata de los detenidos “de las instituciones y de todos los cargos que ocupan en el seno del Partido Popular”.

Ha añadido que esta exigencia política “recae sobre los hombros de Moreno Bonilla y de Feijóo”, a quienes ha pedido que “aparten urgentemente a Javier Aureliano García, a Fernando Giménez y a cualquier otra persona implicada en esta causa”.

El dirigente socialista ha recordado que el PP “ha sido capaz de mantener en sus puestos a altos cargos imputados en el caso mascarillas sin un solo reproche”, y que el propio presidente provincial “ha sido capaz de mantener durante años en sus cargos a un alcalde o a un vicepresidente de la Diputación pese a las imputaciones que hay sobre ellos”.

Martín ha explicado que, según la información que manejan, la operación incluye registros “en despachos oficiales y en domicilios particulares de las personas implicadas”, aunque ha reiterado que el PSOE evitará efectuar declaraciones que puedan interferir en la investigación judicial.

El caso mascarillas, en el que ya se encontraban investigados Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez, indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia.

A principios de mes, el PSOE había solicitado que se tomase declaración como testigo a Javier A. García por “la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados” y por nuevos datos del atestado de la UCO fechado el 25 de abril.

La coordinadora provincial de IU en Almería, María Jesús Amate, ha exigido este martes la dimisión inmediata de todos sus cargos del presidente de la Diputación de Almería y del PP de Almería, Javier Aureliano García, tras ser detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el caso mascarillas.

En dicha causa fue detenido e investigado el vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, quien es también sobrino de Rodrigo Sánchez. “Estaba claro que Liria no había actuado sin que los demás se enteraran”, ha manifestado Amate en declaraciones a EFE.

“Lo que esperamos es la dimisión inminente de Javier Aureliano de todos sus cargos. Óscar Liria dimitió de todos sus cargos inmediatamente, algo que fue solicitado por sus propios compañeros”, ha añadido.

Ha recordado que Giménez, investigado, no había dimitido, y ha precisado que aunque no fue detenido en su día, sí lo ha sido ahora junto a García. “Cuando lo han detenido es porque habrán visto algo en el grupo de WhatsApp de los Naranjitos, ha apostillado.

El hallazgo de un nuevo cadáver en la playa de la Almadraba de Monteleva, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, ha elevado a ocho los inmigrantes muertos tras la llegada esta semana de dos pateras a la costa de Almería, han señalado a EFE fuentes cercanas al caso.

El cuerpo apareció este jueves en esta pequeña pedanía del litoral almeriense, a escasa distancia de la playa de Las Salinas, y se da por hecho que procede de la embarcación que arribó a ese punto con 37 ocupantes.

Según las fuentes consultadas, el cadáver fue localizado pasado el mediodía, aunque no se ha podido concretar si lo halló un particular o algún miembro del dispositivo de rastreo que seguía desplegado en la zona.

Ese operativo, en el que han participado Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil y Cruz Roja, se mantuvo activo hasta ayer jueves con el objetivo de localizar posibles supervivientes o más víctimas en el entorno de las playas de Los Muertos (Carboneras, Almería) y Las Salinas (Almería). Hoy viernes ha quedado desactivado.

La Subdelegación del Gobierno en Almería había confirmado inicialmente siete fallecidos: seis vinculados a la patera que alcanzó la playa de Los Muertos en la madrugada del martes, con al menos 26 personas interceptadas en tierra, y uno en la playa de Las Salinas.

En el caso de Carboneras, las labores de rescate se prolongaron durante horas a lo largo del martes, después de que varias llamadas al 112 alertaran de la presencia de cuerpos en el mar frente a Marinicas, Corral y Los Muertos.

Protección Civil de Carboneras recuperó entonces seis cadáveres que fueron trasladados en su embarcación hasta el puerto pesquero, donde quedaron a disposición judicial.

Fuentes próximas al caso han apuntado que algunos supervivientes de la patera de Los Muertos relataron que, debido al fuerte oleaje, varios ocupantes habrían sido arrojados u obligados a lanzarse al agua en el momento de tocar tierra, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente.

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes y verificar si aún podría haber más desaparecidos.

El de Fasgar-Igüeña, en el Bierzo, donde esta tarde ha empezado a llover, es el único gran incendio de Castilla y León en una jornada marcada por las noticias positivas, con una bajada de nivel en varios fuegos de esta comunidad y sin siniestros forestales activos en Galicia y Asturias.

Mientras, ya por la mañana, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, aseguró la mejora en la situación de los grandes incendios de Castilla y León, pero advirtió del peligro ahora en el sureste peninsular, en riesgo extremo, por una meteorología muy adversa.

En Almería continúa activo un incendio de nivel 1 declarado en la noche de ayer.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha estimado este viernes en 393.278,99 las hectáreas afectadas por los incendios en todo este año 2025 hasta el pasado día 24, la mayor parte este mes de agosto.

Los reyes han visitado este viernes diversas zonas de los valles cacereños del Jerte y Ambroz afectadas por el incendio forestal de Jarilla, considerado el más virulento de la historia más reciente de Extremadura y que asoló 17.350 hectáreas.

El de Fasgar-Igüeña es el único gran fuego de Castilla y León que sigue con llama, el más activo de los que arden en España pero cuya evolución podría mejorar esta noche por la lluvia, en una jornada positiva que ha permitido bajar a nivel 1 los incendios de Porto (Zamora), La Baña y Berlanga del Bierzo (León).

De este modo, en Castilla y León hay seis incendios en nivel 1 de gravedad: los rebajados de La Baña, Porto y Berlanga del Bierzo, unidos a los de Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina y Cardaño de Arriba, mientras que ha bajado a nivel 0 el de Garaño y el de Anllares del Sil y se ha dado por extinguido el de Gestoso.

En el fuego de Fasgar-Igüeña, los contrafuegos consiguieron cerrar el avance hacia el valle del río Omaña y, aunque continúa con focos aislados en el sureste, la mejora de su evolución, dentro de la gravedad dado que es el único que está en nivel 2, ha permitido levantar restricciones a la población, y solo quedan dos localidades confinadas.

La situación en León avanza hacia la estabilización, aunque los medios permanecen pendientes de posibles reactivaciones por el viento o nuevos incendios.

En Porto, tras 16 días activo, se trabaja para eliminar las reactivaciones y los puntos calientes.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha defendido este viernes su gestión de los incendios, con un "buen operativo" ante el que no caben "demagogias", y ha usado las palabras de varios ministros del Gobierno para rechazar las críticas y las peticiones de dimisiones de la oposición.

Galicia ya ha conseguido controlar todos sus incendios forestales, tras lograrlo esta mañana en los de A Pobra de Brollón (Lugo), con 900 hectáreas, y Avión (Ourense), con 250. La comunidad continúa así sin fuegos activos por segundo día consecutivo, después de que alcanzara ayer este hito por primera vez desde que empezó la oleada de incendios.

También está restablecida desde esta mañana la circulación en la línea Monforte de Lemos-Ponferrada, que se había visto interrumpida por el incendio de A Pobra.

Asturias ha amanecido este viernes sin ningún fuego forestal activo en su territorio tras 18 días de lucha contra los incendios que han afectado principalmente a las comarcas del suroccidente y que han dañado más de 6.000 hectáreas, según datos aún provisionales.

El incendio forestal declarado anoche en el municipio almeriense de Lubrín continúa activo y en situación operativa 1, con un despliegue de casi 200 efectivos terrestres y 15 medios aéreos.

Durante la tarde, el viento de componente sur-suroeste, con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, ha complicado la intervención, aunque los equipos han logrado contener el fuego en el Barranco de las Minas para evitar que se extendiera al término municipal de Bédar.

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha informado de que el operativo supera los 190 efectivos y más de 60 medios, y ha subrayado que, aunque el incendio no está estabilizado, la población se encuentra asegurada.

En el municipio de Bédar, unas veinte personas fueron desalojadas preventivamente de dos pequeñas barriadas, pero ya han regresado a sus viviendas.

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha afirmado este miércoles que no pueden tomarse “a la ligera” las amenazas que ha denunciado y que presuntamente proceden de Ana Julia Quezada, condenada por asesinar a su hijo en 2018, ni tampoco las que puedan venir de su entorno, después de declarar como perjudicada ante el Juzgado de Instrucción 1 de Almería, según recoge EGE.

A su salida de la Ciudad de la Justicia, Ramírez ha explicado que se ha ratificado en la denuncia interpuesta el 31 de diciembre de 2024, en la que alertaba de amenazas de muerte recibidas a través de terceras personas, supuestamente instigadas por Quezada desde la prisión de Brieva (Ávila), donde cumple condena de prisión permanente revisable.

Ha asegurado que ha contestado a todas las preguntas del juez y ha pedido que la instrucción siga avanzando para esclarecer los hechos y garantizar su protección. “Obviamente ha sido difícil porque son temas complicados, como ya sabéis, pero yo creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir”, ha declarado ante los medios, tras lo que ha confiado en que "se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular".

Ramírez ha criticado la falta de actuación institucional para frenar lo que considera una revictimización constante. “Estar aquí ya es difícil. Lo primero que tengo que agradecer es que inicialmente puse esta denuncia y me la archivaron”, ha lamentado.

También ha apuntado directamente a la administración penitenciaria y al Ministerio del Interior: “Si todo esto viene como consecuencia de que la asesina de mi hijo Gabriel se enfada porque le he cortado el documental, al final donde se tienen que establecer protecciones es dentro de prisiones”.

Ha revelado que tras presentar la denuncia empezó a recibir llamadas desde números ocultos y extranjeros, y que dejó constancia de esos teléfonos en la causa. “Yo suelo ir acompañada a todos sitios, aparezco cada vez menos públicamente... La medida más básica que estoy tomando es recluirme en mi casa y en entornos seguros”, ha confesado.

Ha expresado su temor a que Quezada pueda usar a terceras personas para causarle daño: “Si ya me hizo lo que me hizo sin tenerme manía declarada, ahora que me tiene más, y que no tiene nada que perder, tengo miedo. A mí me quedan muchas dudas de si puede contratar a alguien o si alguien en su entorno puede tomar represalias contra mí”.

Ha insistido también en que el documental que la condenada habría querido grabar desde prisión debe ser vetado por el Estado: “Espero que no se emita. Si alguien lo emite, será responsabilidad del Ministerio del Interior, de los jueces o del Estado. Ningún condenado en sentencia firme puede ganar dinero contando una nueva versión de los hechos”.

Ha recordado que el caso incluye también una condena por un delito contra su integridad moral.

Sobre la imputación de la actual pareja de Quezada, M.A.R.Q., ha señalado que hay “indicios" de que no le cae bien y ha confiado en que sea el juez quien valore si procede adoptar medidas contra ella. “Igual que nunca emprendí una campaña de venganza contra la asesina de mi hijo, jamás lo haré hacia su pareja. Nosotros nos mantenemos en la ley”, ha subrayado.

Por su parte, su abogada, Verónica Guerrero, ha detallado que la jornada ha incluido las declaraciones de su clienta, de la propia Quezada -por videoconferencia desde prisión-, la pareja de esta, que se ha acogido a su derecho a no declarar, y un testigo clave: un trabajador de un tarot que ha confirmado su testimonio previo ante la Policía y aportará material audiovisual. “El testigo ha reiterado todo lo que ya dijo en fase policial. Tiene todo el material grabado, y vamos a aportar un pendrive con toda la prueba audiográfica que contiene las amenazas”, ha explicado Guerrero, que ha señalado que este testigo “no tenía obligación alguna” de informar a Ramírez, pero lo hizo por iniciativa propia, lo que considera una actuación “valiente y excelente”.

Sobre la declaración de Quezada, la abogada ha dicho que “no ha contestado a nada”. “Su letrada no le ha hecho preguntas y el juez ha podido hacer muy pocas porque su respuesta era siempre la misma: "no’, ‘nada’, ‘cero’. No ha aportado absolutamente nada”, ha afirmado.

En cuanto a medidas de protección, Guerrero ha destacado que el juzgado ha accedido a anonimizar el procedimiento completo, eliminando cualquier dato identificativo de Ramírez tanto en Almería como en la causa paralela que se instruye en el Juzgado número 4 de Ávila por presuntos favores penitenciarios para grabar el supuesto documental y acceder a teléfonos móviles en prisión.

Por el momento, las actuaciones continuarán con la incorporación de la nueva prueba aportada por el testigo, tras lo cual el juez decidirá los siguientes pasos.

Un terremoto de magnitud 5,4 ha sacudido a las 07.13 horas el mar Mediterráneo frente a las costas del Cabo de Palos, en España, y una alerta a móviles ha despertado a muchos vecinos de Almería, Granada y Albacete, aunque no ha habido que lamentar desgracias personales y apenas daños materiales, según recoge EFE.

Los servicios de emergencias han recibido decenas de llamadas de particulares en los minutos posteriores al terremoto, registrado a las 07:13 hora local. De momento, las únicas incidencias materiales confirmadas han sido daños en falsos techos: uno de ellos en un concesionario Toyota de Huércal de Almería, y otro en el aeropuerto almeriense, donde se ha desprendido parcialmente el falso techo de la cafetería situada en la zona de facturación. La zona ha sido acordonada y no se han registrado daños personales.

También se han recibido avisos puntuales desde Granada, Málaga y Jaén capital. En ninguno de estos casos se han producido heridos ni incidencias graves.

El ayuntamiento de Lorca, en Murcia, ha activado en su fase de preemergencia su plan territorial de protección civil y está evaluando el estado de algunas infraestructuras del municipio, que resultó afectado gravemente por dos seísmos en mayo del año 2011.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se produjo a las 07:13:27 hora local, con epicentro a unos 3 kilómetros en aguas próximas a la costa española, a una profundidad de apenas tres kilómetros, y se pudo sentir también en zonas de Marruecos y Argelia.

La sacudida, inicialmente fijada en una magnitud de 5,5 y que al final se ha reducido a 5,4, ha sido seguida por al menos una quincena de réplicas menores, la mayor de ellas de 3,4 mbLg. El IGN mantiene un seguimiento activo de esta secuencia sísmica.

El sismo activó el sistema de alertas sísmicas de Android e iOS, que ha enviado notificaciones automáticas a numerosos teléfonos móviles de vecinos de las provincias españolas de Almería, Granada y Albacete.

La alerta enviada a los móviles incluía un conjunto de recomendaciones detalladas para actuar tras un terremoto, entre ellas: ponerse zapatos antes de moverse, incluso dentro de casa, y comprobar si hay olor a gas, en cuyo caso se aconseja cerrar la llave de paso del edificio o evacuar si no es posible hacerlo con seguridad.

También se instaba a apagar incendios pequeños si se detectaban, comprobar posibles daños en el cableado, las tuberías y los electrodomésticos, y recoger agua, medicamentos y provisiones básicas si hay cortes de suministro. En zonas costeras, se recomendaba desplazarse a lugares elevados tras el temblor ante el riesgo de tsunami. Igualmente, anticipaba que podría haber réplicas e incluía acceso a información adicional y configuración del sistema de alertas.

El susto ha sido notable en los testimonios recogidos por EFE. Verónica, periodista residente en un quinto piso de Almería, ha asegurado que tuvo que sujetarse al marco de la puerta: "Venía acompañada de un ruido extraño... un zumbido con tintineo que me ha puesto muy nerviosa. Mi marido gritó 'terremoto' y mi hija se despertó llorando".

Jesús, trabajador público, ha relatado cómo tintinearon las vitrinas y se escuchó un rumor profundo: "Lo que más me ha sorprendido ha sido la duración. Mis hijas, sin embargo, han seguido durmiendo como si nada".

En otros municipios como Los Gallardos, Inma, funcionaria, tomó de la mano a sus hijos nada más recibir la alerta en el móvil. Antonio, vecino de Vega de Acá en Almería, recibió la notificación mientras vestía a sus hijas para la escuela de verano: "Todo ha quedado en un susto", ha afirmado.

Alba, también en la capital, saltó de la cama y buscó refugio para sus perros bajo una mesa. Y Federico, que se encontraba en la calle paseando al perro, percibió el temblor segundos antes de que su mascota comenzara a ladrar: "Una puerta de cochera temblaba. Ha sido espectacular", ha resumido. 

El terremoto se ha producido en una zona de alta actividad sísmica, situada en la frontera entre las placas tectónicas africana y euroasiática.

Horas antes, a las 03:38 hora local (01:38 UTC), el IGN también registró un pequeño terremoto de magnitud 1,6 en el noroeste del municipio de Puerto Lumbreras (Murcia), con una profundidad de 9 kilómetros. Debido a su baja magnitud, este evento sísmico no fue percibido por la población ni provocó incidencias, aunque fue incluido en el sistema de vigilancia rutinaria de la Red Sísmica Nacional.