La Generalitat valenciana acaba de despedir a 37 inspectores de tributosdespedir a 37 inspectores de tributos que se encargaban de la gestión de los impuestos cedidos por el Estado a las comunidades autónomas: patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, y sobre el juego. Pero, al tiempo, la Comunidad Valenciana se gasta millones de euros cada año en pagar a los registradores de la Propiedad para que hagan ese mismo trabajo. En 2014 fueron 12 millones. Los registradores cobran un tanto por ciento del dinero que recaudan. En la Comunidad Valenciana era un 4% hasta 2013, cuando el Gobierno de Alberto Fabra, acuciado por las estrecheces económicas, recortó en un 24% las retribuciones a los registradores. Pretendía así ahorrar un total de 17,2 millones hasta 2017.

Pero no es la valenciana la única comunidad autónoma que paga a los registradores de la Propiedad y Mercantiles por gestionar los tributos cedidos por el Estado. En realidad, lo hacen todas menos Asturias, Baleares, Canarias y Murcia. Y desde hace mucho tiempo, desde 1959 al menos, cuando se les encargó por decreto la recaudación del impuesto sobre derechos reales, lo que ahora sería el impuesto de sucesiones. Sólo que con la cesión a las comunidades autónomas de un puñado de impuestos en 2001, cada una de ellas firmó su correspondiente convenio o encomienda de gestión con el colegio de registradores respectivo. Como queda dicho, se les paga un porcentaje de lo recaudado: el 5% en La Rioja, por ejemplo, aunque en Canarias llegó a ser del 8%.

Así, la Comunidad de Madrid pagará 38,6 millones a los registradores hasta 2019. Cataluña les compensó con 19,4 millones de euros en 2014, a razón de un 1,9% por los primeros 6,89 millones ingresados; un 1,5% hasta 13,8 millones, y el 1% por encima de esa cantidad. También se quedan con el 20,6% de lo que recaudan en concepto de liquidaciones complementarias y sanciones firmes. Andalucía llegó a pagarles 22,7 millones en 2010, aunque desde entonces ya les ha recortado en tres ocasiones los honorarios, la última el pasado mes de enero. No obstante, siguen llevándose el 5% de la recaudación.

infoLibre se puso en contacto con el Colegio de Registradores para obtener su punto de vista y apreciaciones sobre la actividad liquidadora que realizan. Sin embargo, no ha conseguido una contestación en la última semana.

En resumen, ingresan cantidades considerables si se tiene en cuenta que, en buena parte de las comunidades autónomas, las oficinas liquidadoras de los tributos cedidos que gestionan los registradores son las responsables de casi la mitad de la recaudación por este concepto. Según los informes anuales que elabora el Ministerio de Hacienda sobre la gestión de cada administración autonómica, en Andalucía recaudan el 43% de la cantidad ingresada por esos tributos, que asciende a 1.618,4 millones de euros; en la Comunidad Valenciana, el 55% de 1.241,7 millones.

Asturias asumió en 2009 las funciones de estas oficinas; Baleares lo hizo en 2010. Murcia y Canarias suprimieron sus convenios con los registradores en 2013. En todos los casos, el trabajo lo asumieron funcionarios de sus respectivas administraciones. No sin polémica en el caso canario, puesto que los registradores recurrieron los decretos del Gobierno de Paulino Rivero, que fueron anulados primero por el Tribunal Superior de Justicia y, en 2015, por el Tribunal Supremo.

Funciones incompatibles

En realidad, que los registradores de la Propiedad ejerzan de liquidadores de impuestos, además de resultar un trabajo caro, despierta suspicacias legales. En 2009, UPyD presentó una proposición no de ley en el Congreso en la que se instaba a reconocer la “incompatibilidad” entre la función de registrador y de liquidador tributario. La Ley Hipotecaria prohíbe a los registradores ejercer cualquier otro “cargo o empleo público, en propiedad o por sustitución, esté o no retribuido con fondos del Estado, de la provincia o del municipio”. Y si quieren realizar otra actividad deben obtener un permiso del Ministerio de Presidencia para que no se modifiquen ni la jornada de trabajo ni el horario de ambos puestos, que se prestan de cara al público. Además, no pueden percibir al mismo tiempo dos retribuciones, tal y como dispone la Ley de Incompatibilidades de 1984. Y de sumarse ambas remuneraciones, en ningún caso podrían ser superiores al sueldo de un director general.

Según explica la proposición no de ley, existe otro factor que convierte en “manifiestamente ilegal” la figura del registrador/liquidador. Los registradores cobran de los ciudadanos un arancel por registrar el “valor comprobado” de los bienes, y luego, como liquidador tributario, deben comprobar ese valor. Es decir, destaca UPyD, tienen un incentivo que “pone en riesgo su imparcialidad”.

Finalmente, cada Registro de la Propiedad tiene una competencia territorial exclusiva, por lo que, apunta la proposición parlamentaria, su titular ejerce la actividad de liquidador “en régimen de monopolio”. Lo que, a su vez, “desincentiva que los ciudadanos interpongan recursos contra las comprobaciones de valor”. La proposición no de ley ni siquiera llegó a ser debatida en la Cámara baja.

También ha resultado polémico el hecho de que las comunidades autónomas hayan otorgado a los registradores/liquidadores la capacidad de proponer sanciones, de las que, además, cobran un tanto por ciento. Y que el personal de sus oficinas maneje información tributaria pese a no ser funcionarios; son contratados por cada registrador, al que les une una relación laboral de Derecho privado. Hay unos 12.000 empleados de registros en toda España.

Deben cobrar el IVA cuando gestionan impuestos

Los registradores de la Propiedad son funcionarios públicos, pero poseen características especiales. A diferencia de los segundos, no cobran sus salarios de los Presupuestos Generales del Estado, sino que sus remuneraciones proceden del arancel que cobran a los particulares. Dependen del Ministerio de Justicia cuando funcionan como tales, pero están integrados en su correspondiente administración tributaria autonómica cuando ejercen como liquidadores de impuestos.

Las peculiaridades de su figura se evidenciaron, por ejemplo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en noviembre de 2009 que deben cobrar el IVA cuando ejerzan como liquidadores de impuestos. Los jueces comunitarios fallaban así en contra del Gobierno español, que sostenía que, como funcionarios públicos cuya actividad como liquidadores tributarios no tiene “carácter económico”, no debían estar sujetos al régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por el contrario, el TJUE dejó claro que las funciones de los registradores como liquidadores son retribuidas, no sólo con una compensación por las prestaciones que realizan, sino también con una contrapartida económica por encima del gasto que soportan. “Los registradores/liquidadores”, destaca el tribunal europeo, “no ejercen su actividad liquidadora y recaudadora en calidad de órgano de Derecho público, puesto que no están integrados en la organización de la Administración pública, sino como una actividad realizada en el marco de una profesión asimilada a una profesión liberal”.

El caso es que, apoyados en esa doble condición –funcionarios asimilados a profesionales liberales–, los registradores no sólo gestionan tributos autonómicos, sino también municipales. Llevan años firmando convenios con ayuntamientos para liquidar y recaudar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la conocida como plusvalía municipal, que se paga en la compraventa de inmuebles. A cambio, suelen cobrar un 10% de la recaudación. Más de 250 ayuntamientos han firmado convenios de este tipo con los registradores. Otra fuente generosa de ingresos para el gremio.

Como había anunciado el propio presidente del Gobierno en funciones, este jueves, a su vuelta de Bruselas, ha empezado a dar los primeros pasos para cerrar reuniones con los líderes de otras formaciones de cara a la formación de un Ejecutivo. La primera llamada no ha sido al PSOE, la formación más votada tras el PP (85 escaños), sino a Coalición CanariaCoalición Canaria, la que menos escaños obtuvo (1).

El Partido Popular informó esta mañana de una primera conversación de su líder con Fernando Clavijo, presidente Canarias (CC). Los conservadores buscan sumar el escaño que obtuvo esta formación el 26J.

La idea del jefe del Ejecutivo es completar entre este jueves y el viernes las llamadas a los representantes del resto de formaciones con representación parlamentaria.

Desde antes de conocerse los resultados electorales, Rajoy avanzó, sabiendo que iba a necesitar apoyos de otras fuerzas, que su apuesta seguía siendo la de un gobierno de "gran coalición" con el Partido Socialista al que también podría sumarse Ciudadanos, aunque los votos del partido de Albert Rivera no sería necesarios. Este es el plan A. El plan B pasaría por sumar los 137 escaños del PP a los 32 de Ciudadanos, los 5 del PNV y el de Coalición Canaria. De todos modos, seguiría faltando un escaño para la mayoría absoluta (176). Por ello, todas las miradas están puestas en Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canarias.

Posible encuentro

Rajoy y representantes de CC mantendrán un encuentro el martes de la semana que viene, informan las citadas fuentes.

Sólo un día antes, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, insistió en que España necesita un nuevo gobierno. No obstante, su pronóstico fue que no habrá acuerdo para formar gobierno hasta octubre y que no estará encabezado por Mariano Rajoy, porque a su entender va a producirse una "sustitución de líderes" tanto en el PP como en el PSOE.

A juicio de Oramas, no van a convocarse unas terceras elecciones –"estoy convencida de que el PSOE no lo va a permitir"–, pero la organización del nuevo Ejecutivo no se va a resolver "en un plis plas" porque ni socialistas ni Ciudadanos van a apoyar que lo presida Rajoy y porque se van a negociar muchos contenidos. "No es un tema rápido ni una negociación con fotógrafos y periodistas", advirtió, según informa Europa Press.

El PNV, al PP: "Espere sentado"

Por otra parte, el responsable del área institucional del PNV, Koldo Mediavilla, se ha dirigido al ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, para decirle "que puede esperar sentado una respuesta" de su partido sobre su ofrecimiento para entrar en un acuerdo de gobernabilidad.

Además, le recordó que el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP y parlamentario vasco, Iñaki Oyarzábal, todavía no ha pedido disculpas por decir que "la corrupción en el País Vasco tiene las siglas del PNV" cuando denunció "una trama" de supuestas irregularidades en las adjudicaciones en los servicios de comedores de los centros públicos. La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación al no ver indicios de delito.

En una entrevista concedida a Herri Irratia-Radio Popular, recogida por Europa Press, Mediavilla apuntó que "se están haciendo muchas valoraciones en el sentido de que el PNV puede pactar con el PP y que, si no lo hace, es porque tiene unas elecciones autonómicas en otoño", algo que rechazó.

El 75,4 por ciento de los canarios se opone a las prospecciones petrolíferas que se están realizando en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, según la encuesta encargada a las universidades canarias por el Ejecutivo autonómico. Por otro lado, un 15,4 por ciento se muestra a favor.

Estos datos fueron dados a conocer este lunes por los expertos de las universidades que han elaborado la encuesta, cuyos resultados fueron presentados en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife con la presencia del presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero.

La encuesta fue encargada por el Gobierno de Canarias a raíz de la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la consulta popular que debía celebrarse el 23-N, y su objetivo era poner de manifiesto qué opinan los residentes en las islas sobre los sondeos. El trabajo, que empezó en Lanzarote el 7 de noviembre y se fue extendiendo al resto de islas hasta el 19 del mismo mes, ha sido coordinado por José Luis Rivero Ceballos, catedrático de la Universidad de La Laguna y expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias. 

La encuesta consta de diez preguntas sobre las prospecciones, sobre la reacción en este asunto del Gobierno canario y sobre la relación entre los modelos energéticos, turísticos y la calidad de vida. 

Principales resultados

Las principales razones de las personas que están a favor de las prospecciones son el posible impulso que le pueda dar al empleo, el posible efecto positivo sobre el sector de la industria o el abaratamiento de la energía. Los que están en contra, sin embargo, se oponen principalmente por cuestiones relacionadas con la contaminación del litoral.

Dentro del grupo de personas que están en contra, las mujeres representan un porcentaje mayor que los hombres (78,1 y 72,1 por ciento), y las personas de menos de 39 años están más en contra que los mayores de 40 (81,6 por ciento). A pesar de esta diferencia, el porcentaje de encuestados que se oponen al petróleo es muy elevado.

Las personas que manifiestan estar en contra de las prospecciones suelen ser las que tienen menores niveles de renta, y para el grupo de personas con ingresos superiores a los 2.000 euros al mes, el porcentaje en contra desciende hasta un 57,4 por ciento. 

De la encuesta también se desprende que prácticamente no hay una diferencia entre los niveles de estudio y la oposición de las prospecciones, y, por lo general, están todos en torno al 75%, aunque los que tienen más estudios se muestran un poco más en contra que el resto.

A la pregunta "¿Cree usted que un sistema energético basado en el gas y el petróleo es compatible con un modelo turístico respetuoso con el medio natural de Canarias?", las personas que perciben esta incompatibilidad llega a un 71,2 por ciento frente a un 18,7 que cree que ambos modelos sí son compatibles. Dentro del grupo de personas que ven incompatibles ambos modelos, el porcentaje de las mujeres es superior al de los hombres. En cuanto a los grupos de edad, también las personas jóvenes son las que perciben una mayor incompatibilidad entre ambos modelos de desarrollo.

Respecto a la tercera pregunta, un 74,1 por ciento de la población opina que el Gobierno de Canarias debe continuar oponiéndose institucionalmente a las prospecciones, mientras que un 18,7 por ciento cree que debería apoyarlas. Las mujeres vuelven a estar más a favor, un 77% frente a un 71% de los hombres. Por edad, los que más están a favor de que el Gobierno continúe oponiéndose a las prospecciones son los más jóvenes, aunque el porcentaje de las personas de mayores de 65 años también es muy elevado, un 66,9%.

Diseño de la encuesta

José Luis Rivero Ceballos aclaró que este trabajo "no es una encuesta al uso, pues se hace bajo el amparo de la Ley de Participación Ciudadana y, por tanto, es una vía que se establece jurídicamente para que los ciudadanos hagan llegar su opinión a las instituciones canarias".

De igual forma, aclaró que se diseñó una encuesta que fuera "breve" y cuyas contestaciones fueran "nítidas" para hacer una "gran cantidad de encuestas en poco tiempo". Asimismo, explicó que se intentaba detectar lo que cree la población que debe ser la conexión entre el sistema energético y el modelo de desarrollo de las islas porque eso "dará lugar a una visión de futuro".

Respecto al diseño de la encuesta, Luis Javier López, catedrático de la ULL, detalló que se tomó una muestra de 2.773 individuos: 418 de Lanzarote, 420 de Fuerteventura; 630 de Gran Canaria, 618 de Tenerife; 201 de La Gomera; 179 de El Hierro, y 306 de La Palma, una distribución con la que se quiso garantizar que las islas más próximas a las prospecciones tuviesen un márgen de error inferior al 5%.

Las encuestas se realizaron entre el día 7 y 19 de noviembre, y participaron 12 encuestadores, todos licenciados o graduados en Ciencias Sociales.

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha advertido del riesgo de una "rebelión" del pueblo canario si el Gobierno de España "da la espalda" al "abuso" que ha supuesto la autorización de los prospecciones petrolíferas, según recogió Europa Press.

Así lo manifestó este domingo en el acto institucional del 23-N, día en el que estaba previsto celebrarse la consulta sobre los sondeos, y donde más 150 cargos públicos de diferentes instituciones han firmado la declaración en contra de las prospecciones.

En su discurso, el presidente aseguró que la biodiversidad y la economía de Canarias se están viendo amenazados por una actividad que "pisotea" la voz de un pueblo y por intereses que "ni sienten ni quieren a esta tierra".

Paulino Rivero se mostró especialmente crítico con el Gobierno por defender el "interés particular" de una multinacional como Repsol, que esta semana ha iniciado unas prospecciones que, dijo, son una "agresión" a la voluntad de los canarios.

Asimismo, quiso dejar claro que el Gobierno de Canarias "seguirá luchando" para frenar este "abuso", e insistió en que "si se da la espalda a todo un pueblo, ese pueblo se rebelará contra ese abuso".

El acto institucional celebrado hoy en Las Palmas de Gran Canaria se suma al que tuvo lugar esta semana en la capital tinerfeña, donde representantes de la cultura humanística y científica de las islas también se adhirieron a la declaración del 23-N contra los sondeos.

El eurodiputado del PP Gabriel Mato aseguró este sábado que la Comisión Europea (CE) le confirmó que "cierra" las investigaciones sobre el proyecto de prospecciones en busca de hidrocarburos en las aguas entre Canarias y Marruecos. En un comunicado, el popular agregó que para la institución comunitaria "no hay ningún indicio de infracción del derecho medioambiental europeo en el procedimiento llevado a cabo por el Gobierno español para la evaluación ambiental de esos trabajos, informe que se ajusta a la Directiva europea que regula esta materia".

"Podemos anunciar hoy a todos los canarios y personas que pudieran tener dudas sobre este proyecto de prospecciones que la Comisión certifica la total adecuación a la normativa europea de todo el proceso", continuó.

Gabriel Mato explicó que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de la que el eurodiputado canario es miembro, pidió que el Ejecutivo comunitario concretara una vez más su posición sobre esta materia ante las peticiones formuladas por distintas instituciones, colectivos y particulares.

Mato consideró aquí que la respuesta de la Comisión, firmada el día 29 de septiembre, "viene a cerrar la larga cadena de decisiones y sentencias judiciales, la última ayer mismo, que unánimemente ponen de manifiesto que las autorizaciones para estos sondeos se ajustan perfectamente a derecho y se han realizado con todas las garantías para que la sociedad canaria tenga plena confianza en el procedimiento seguido por el Ejecutivo español".

Espera que Rivero "ceje en su afán por confundir"

Por esa razón, esperó que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, "ceje de una vez en su afán por confundir a la ciudadanía trasladando la idea totalmente falsa, como ha vuelto a certificar la UE, de que estas autorizaciones se han realizado sin las debidas cautelas".

En este sentido, reclamó a Rivero que "desista de consultas ilegales y mentirosas y de querer convertir este asunto en su arma de batalla política fundamentalmente contra el ministro Soria y el Gobierno de España, y empiece a trabajar para solucionar los problemas que verdaderamente tienen los canarios, como son el paro, la educación o el acceso a unos servicios esenciales de calidad".

Finalmente, Mato expuso que la posición de la CE "es un mensaje claro al Gobierno canario y a los dirigentes socialistas y nacionalistas de que abandonen el enfrentamiento y dejen de hacer batalla política de un tema que puede ser una gran oportunidad para nuestras Islas y que, como se ha demostrado, se ha hecho de manera impecable".

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, anunció este jueves la fecha de la consulta sobre las prospecciones petrolíferas y la pregunta que se pretende formular a los ciudadanos. El próximo 23 de noviembre, los canarios podrán responder a la pregunta: "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?"

Rivero hizo este anuncio en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife y tras mantener un encuentro con representantes institucionales, partidos políticos y colectivos ciudadanos, informa Europa Press. Horas más tarde, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguraba que "el Gobierno actuará en consecuencia" sobre la consulta, asegurando que desconocía la pregunta formulada por Rivero.

Esta consulta popular queda enmarcado en la Ley de Participación Ciudadana de 2010, cuyo desarrollo se ha impulsado con dos decretos –publicados este miércoles en el BOC– que regulan el Registro de Participación Ciudadana y las consultas a la ciudadanía en asuntos que sean competencia de la Comunidad Autónoma.

El presidente canario también recordó que en febrero el Parlamento aprobó "mayoritariamente" solicitar al Gobierno central un referéndum sobre las prospecciones petrolíferas, posibilidad que recogen, en su opinión, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el propio reglamento de la Cámara regional para asuntos que tienen "gran trascendencia" en las islas, especialmente ahora, cuando hay "serias discrepancias" entre la administración autonómica y la central.

Según él, hay una "fractura" entre lo que piensa el Estado y la sociedad e instituciones canarias "mayoritariamente", por lo que la consulta, subraya, "encaja" con la Constitución y el Estatuto.

Además, lamentó que el Estado "no se haya dignado" a responder a la petición cursada por el Ejecutivo y el Gobierno en febrero, cuyo objetivo es que "los canarios hablen". Por ello, se ha puesto en marcha el desarrollo de la Ley de Participación Ciudadana para impulsar una consulta a través del artículo 20.

En esa línea, también remarcó el apoyo "unánime" del Consejo Consultivo de Canarias, lo que da "fortaleza normativa" a la decisión adoptada este jueves por el Ejecutivo regional, destaacando que la "fuerza" del Gobierno viene dada por el "compromiso" de partidos políticos, instituciones y colectivos ciudadanos. "Son los verdaderos artífices de esta decisión", indicó.

El modelo económico canario, "en riesgo"

Para el presidente, es "constatable" que las prospecciones "ponen en riesgo" el turismo y el medio ambiente, principales elementos del modelo económico de las islas, por lo que ha criticado la "falta de respeto" y el "desprecio" del Estado con Canarias, ya que considera que no ha habido "lealtad" ni "diálogo" entre las instituciones cuando se trata de un asunto "relevante". 

En su opinión, las prospecciones "entran en confrontación" con el modelo de desarrollo basado en el turismo y los valores naturales.

Sobre la respuesta que tendrá el Estado, ha dicho que la pregunta es "consistente" como para defender las competencias del archipiélago, y ha dicho que está "pensada" para que el 23 de noviembre haya consulta.

También detalló que en esta consulta podrán votar el 23 de noviembre los residentes canarios mayores de 16 años y las entidades y personalidades jurídicas que se inscriban en el Registro de Participación Ciudadana.

La votación se hará de forma telemática o personalmente, aunque el presidente apunto que prefieren que "tenga peso el tema presencial, independientemente de que aprovechando las nuevas tecnologías se pueda emitir la opinión".

La reacción de Sorira

Tras participar en la asamblea general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Soria declaró ante los medios "cualquier comunidad, en el ámbito de sus competencias, puede consultar a los ciudadanos, pero no puede consultar sobre algo que no le compete".

Además, añadió que "si hubiese una consulta sobre una cuestión que no compete a la comunidad de Canarias, no sería conforme a derecho, y por lo tanto sería ilegal y el Gobierno actuaría en consecuencia". El ministro también aseguro desconocer la pregunta y saber "si se va a convocar" la consulta.

Canarias también quiere pronunciarse. En esta ocasión, no es la independencia como Estado lo que está en juego. Tampoco un modelo de gobierno. Se trata de otra cosa: los canarios quieren decidir si Repsol lleva a cabo las prospecciones petrolíferas en su territorio.

En marzo de 2012, el Consejo de Ministros autorizaba a Repsol las primeras catas para el inicio de estas prospecciones a 60 km de las costas de Canarias y Fuerteventura, siguiendo así una propuesta del ministro de Industria, el canario José Manuel Soria, que se refirió a este hecho como “una oportunidad a la que Canarias no puede renunciar”.

Desde ese momento, el Gobierno canario mostró su oposición a estas primeras catas, advirtiendo de la falta de competencias del Ejecutivo de Mariano Rajoy para autorizarlas. No han sido los únicos: PSOE, Izquierda Plural, Grupo Mixto, a escala estatal, y Nueva Canaria y PSOE wen el ámbito regional, también rechazan estas búsquedas de petróleo. Por el momento, solo PP y UPyD se han mostrado favorables a estas prospecciones. El diputado del partido magenta Carlos Martínez Gorriarán se quejaba en el Congreso de que los canarios "sí quieren subvenciones para la energía pero no quieren correr ningún riesgo con un recurso imprescindible".

Incluso dentro del propio Partido Popular ha habido voces discordantes, como la del vicesecretario general del PP Esteban González Pons, que declaró en su cuenta de Twitter que ''ese petróleo que destruiría el mar y el turismo no daría beneficio más que a la multinacional que se lo lleve''.

Pero la negativa a que Repsol lleve a cabo prospecciones petrolíferas no solo ha quedado dentro de los límites parlamentarios. Desde que el Gobierno central anunciara su aprobación no han parado de nacer organizaciones, plataformas y movimientos sociales de protesta en diversos puntos del archipiélago.

El pasado 7 de junio convocaron una movilización en numerosas localidades de Canarias  para mostrar la fuerza de la oposición a las prospecciones bajo el lema “Canarias, una sola voz”, y que, además, tuvo manifestaciones de apoyo en otros lugares, como Madrid, Bilbao, Berlín o Nueva York. La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones, mira con orgullo estas movilizaciones y señalan que están preparando nuevas convocatorias para octubre. Además, ya han puesto en marcha medidas de boicot contra Repsol y la Caixa, su principal accionista, con las que se pretende que no se consuman sus productos ni se utilicen sus servicios bancarios.

También recuerda que esta lucha comenzó en 2001, cuando el gobierno de Aznar intentó llevar a cabo las prospecciones, con la oposición de ecologistas y movimientos sociales. Aunque el proyecto se paralizó hace una década, el ministro Soria lleva desde 2012 intentando que Repsol prospecte en Canarias, aunque ahora con una oposición mucho mayor.

La seguridad de las prospecciones

Repsol considera seguras las prospecciones, remitiéndose a la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en junio. Además, añaden que en la fase de la investigación en la que se encuentran "se debe determinar si hay o no hidrocarburos", por lo que "supondría una actividad económica complementaria, compatible con otras como el turismo y la pesca". El presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Germán Suárez Domínguez, señala que si bien les "preocupan los efectos que provoca cualquier actividad económica", confían en que "el proyecto de sondeo autorizado se ajusta a las normas".

Sobre esa Declaración de Impacto Ambiental, el comisionado del Gobierno de Canarias para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, denuncia que se ha hecho "prácticamente dando la razón al estudio de impacto de Repsol, que es muy deficiente, yendo incluso en contra de informes de organismos públicos, como el Cedex". "Hay una connivencia escandalosa entre el Gobierno español y Repsol", acusa.

"Está claramente comprobado que Repsol no es una empresa fiable. Es una de las empresas con más jucios por vertidos y temas ambientales. Y no solo ambientales, también de abusos. Solo miran por su beneficio", dice René Behoteguy, portavoz de la Coordinadora contra las Prospecciones, que asegura que "el simple hecho de prospectar, aunque no se explote petróleo, ya es peligroso, porque incide en que haya un riesgo de derrame y un daño ambiental" . Sostiene que esto sería perjudicial para los cetáceos, que se pueden ver dañados por las prospecciones, así como para el agua de Fuerteventura y Lanzarote, que "es 100% producto de desalar el agua del mar", por lo que "un derrame podría dejar a cientos de miles de personas sin agua potable".

Julio Barea, de Greenpeace, recuerda que "el mayor accidente de la industria petrolera de toda la historia" se produjo durante la fase de prospección. Fue en el año 2010, en el Golfo de México. BP, una industria petrolera con "muchos más recursos que Repsol, utilizó la plataforma más moderna del mundo; no un barco, que es lo que quiere utilizar Repsol" y, aun así, "se produjo un accidente catastrófico con, entre otras terribles consecuencias, once muertes".

¿A quién beneficia todo esto?

Un portavoz de Repsol asegura a infoLibre que este proyecto "ha superado todas las supervisiones y cuenta con todas las garantías", por lo que "solo tiene beneficios". "Beneficios para muchas empresas, empezando por las adjudicatarias de la instalación de la base logística —Hamilton, que es una empresa tinerfeña; y Grosa, que es una compañía grancanaria–, y por las empresas e instituciones que han colaborado en las fases anteriores, como el estudio del fondo marino", añade. Además, la misma fuente apunta que "Repsol lleva más de dos años trabajando para que no se produzca ningún impacto negativo".

Desde el Círculo de Empresarios de Gran Canaria se muestran optimistas sobre los efectos para la economía local que pudieran tener las tareas de Repsol en la zona, recordando que "actividades como las que se pretenden llevar a cabo se desarrollan y se han desarrollado en sitios igualmente turísticos, demostrando que todas las actividades pueden convivir". Añaden que "de los efectos de cualquier actividad económica se benefician "todos. Lo que perjudica a todos es que en una economía no exista inversión y crecimiento."

Por el contrario, la coordinadora considera que "se beneficia principalmente Repsol, que cotizará este petróleo en bolsa, con grandes beneficios, pero también el ministro de Industria, José Manuel Soria, que probablemente acabe siendo consejero delegado de Repsol, dentro de la lógica de las puertas giratorias. Nadie más. Canarias no se beneficia". Su portavoz asegura que "esto no genera puestos de trabajo, más bien los pone en riesgo. No genera impuestos a Canarias, de ningún tipo, por el esquema impositivo del Estado. El precio del la gasolina no va a bajar, porque es una commodity que depende del precio de la bolsa de valores". "Pone en riesgo a Canarias para beneficiar a Repsol: es una lucha entre una multinacional y el pueblo canario que se defiende", añade Behoteguy.

En Greenpeace también creen que Repsol va a ser la principal beneficiaria: "Todo lo que saquen es para Repsol, que no va a ceder el petróleo a España, sino a venderlo en un mercado internacional del que se provee España. No son hermanas de la caridad; quieren hacer negocio".

Un problema de soberanía

“Hace mucho tiempo que los canarios somos un pueblo adulto, que no necesita tutelas. Sólo los canarios debemos decidir cómo gestionamos nuestros recursos, nuestras islas, nuestras aguas”, señala el portal canariassinpetroleo.com, que rechaza las prospecciones no sólo por economía, sino también por soberanía, ya que “autorizar unilateralmente desde el Gobierno de España a Repsol para que realice prospecciones en las costas de Lanzarote y Fuerteventura supone un atropello" al "autogobierno”.

La Coordinadora Canaria contra las Prospecciones defiende que se trata de una “lucha transversal” y que “además de un tema ecológico y económico, es también un tema de soberanía”.

En febrero de este mismo año el Parlamento canario aprobó, con los votos favorables de CC, PSOE y Grupo Mixto y el rechazo del PP, solicitar al Gobierno central la celebración de una consulta popular. Esta estaría amparada por la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Reglamento del Parlamento, ya que todas estas legislaciones permiten la utilización de este mecanismo de participación ciudadana para asuntos de “especial trascendencia”.

Pese a ello, PP y UPyD se opusieron en el Congreso a la celebración de esta consulta.

Greenpeace señala que se trata de "un caso inédito", pues "es la primera vez en una lucha por una cuestión medioambiental, que todo el mundo en el territorio, incluidos los gobiernos y todos los partidos –menos el PP-, están en contra de que se hagan prospecciones en las islas... Pero estamos luchando contra un poder superior, el Gobierno central". 

A pesar de las trabas puestas desde Madrid, el presidente canario, Paulino Rivero, anunciaba a principios de septiembre que la consulta se celebraría antes del 30 de noviembre. A las preguntas de infoLibre sobre la legalidad de la consulta, el comisionado del Gobierno canario explica que "hay dos cosas que diferenciar: el referéndum, regulado a través de la ley del referéndum y la ley electoral general, y la consulta, que la vamos a hacer de acuerdo con la ley canaria de fomento de la participación ciudadana". 

Siguen queriendo que se realice antes de que acabe noviembre y defienden la legalidad de la consulta, por lo que "el Estado no va a tener ninguna razón jurídica para impugnarla, recurrirla o impedirla". Además, detalla que sería vinculante y que podrán votar los mayores de 16 años, extranjeros con residencia legal y entidades ciudadanas. 

Tanto Greenpeace como la Coordinadora Contra las Prospecciones apoyan la celebración de la consulta, y coinciden en que respetarían el resultado si fuera favorable a las prospecciones, ya que "lo importante" es que se exteriorice la opinión de los canarios. El Círculo de Empresarios, en cambio, la considera un "acto populista y demagógico de claro tinte político". 

Sobre la postura de Repsol ante la consulta, la petrolera sostiene que "esa es una cuestión política" y, como tal, no va a "entrar a valorarla".

Los canarios tienen desde este viernes la certeza de que, tras los comicios de 2015, cambiarán de presidente y vicepresidente autonómicos, tras haber renunciado a seguir en la carrera electoral en apenas 24 horas los líderes de Coalición Canaria (CC), Paulino Rivero, y el PSOE, José Miguel Pérez.

La primera sorpresa la dio durante la noche del jueves el actual vicepresidente canario y secretario de Educación en la nueva Ejecutiva Federal del socialista Pedro Sánchez, José Miguel Pérez, que anunció su retirada de la pugna electoral por discrepancias internas.

Este viernes fue el turno de Paulino Rivero, que dejó el camino libre al alcalde de La Laguna y secretario general de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, Fernando Clavijo, que será el próximo candidato de la formación nacionalista en las elecciones autonómicas de 2015.

La elección se realizó durante el Consejo Político Nacional y se formalizó tras dos votaciones. En la primera de ellas, ninguno de los dos obtuvo los tres quintos necesarios, aunque Clavijo resultó ganador por 45 a 40 votos, con 6 abstenciones. Antes de que se produjese la segunda votación, el actual presidente canario retiró su postulación, por lo que Clavijo quedó como único candidato y obtuvo 66 votos a favor, frente a 22 abstenciones y 2 nulos.

Al ser preguntado por la reunión que en el pleno de la Diputación del pasado mes de junio se acordó por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar a Soria para pedirle la paralización de las prospecciones de gas metano que Repsol tiene autorizadas por parte del Gobierno frente a la costa de Mijas (Málaga), Bendodo indicó que mantiene encuentros con el ministro "muchas veces" para "hablar de todo".

De hecho, afirmó en una entrevista con Europa Press, que desde entonces se ha reunido "dos o tres veces" con el titular de Industria, Energía y Turismo y ha hablado otras tantas por teléfono, planteándole "la preocupación que hay en el sector turístico por lo que pueden suponer unas posibles prospecciones" para sus intereses. Precisamente, la preocupación del sector turístico responde, según Bendodo, a "la falta de información, qué es esto, que se va a hacer, qué supondría...", al tiempo que ha lamentado que este asunto "se esté tratando políticamente, llevándolo a la demagogia".

Haciéndose eco de las palabras del ministro de Industria, insistió: "Estemos tranquilos porque no se va a dar ningún paso en el que no haya absoluta información y que cuente con el visto bueno del sector y de las instituciones malagueñas".

Estrategia turística de la Costa del Sol

Bendodo reiteró que en los últimos meses se ha visto "varias veces" con Soria y "he hablado por teléfono muchas veces con él porque es el ministro de Turismo". Y subrayó que, entre otras cuestiones, han hablado de "lo que es realmente importante, que es la estrategia turística de la Costa del Sol como un referente en el turismo nacional".

Así, el presidente de la entidad supramunicipal y del Patronato de Turismo resaltó que ha trasladado al ministro que "por primera vez en su historia la Costa del Sol va a superar este año los 10 millones de visitantes", así como que "estamos trabajando para recualificar el destino".

Acuerdo plenario

La Corporación de la Diputación de Málaga acordó el pasado 17 de junio, con la aprobación por unanimidad de una moción presentada en el pleno por el PSOE, solicitar al ministro de Industria, Energía y Turismo una reunión para instar al Gobierno central a paralizar las prospecciones de gas en el litoral malagueño y trasladarle el "malestar" y el "rechazo" de la provincia a estos sondeos.

Según se dijo en aquella sesión plenaria, a ese encuentro acudirían, junto al presidente de la Diputación, los portavoces de los tres grupos políticosacudirían –Francisco Salado (PP), Francisco Conejo (PSOE) y Antonia Morillas (IU)–. En el pleno del pasado mes de julio del Ayuntamiento de Málaga, el alcalde, el conservador Francisco de la Torre, a instancias de los grupos de la oposición, se mostró dispuesto a participar en ese encuentro.

"Ridiculización" a los canarios

Mientras, el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, mantiene que la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas al archipiélago "es legal y se va a hacer", porque la iniciativa "se atiene escrupulosamente al marco constitucional". Así lo reafirmó este domingo en su blog. Rivero lamentó asimismo que se intente "ridiculizar" el rechazo de los ciudadanos de las islas a los sondeos. 

"Los canarios ni vamos a bajar los brazos ni vamos a dar un paso atrás porque desde Madrid algunas voces carguen contra nosotros. Cientos de miles de canarios no vamos a dar un paso atrás. Todo lo contrario, nos crecemos", aseveró. En este sentido, Rivero se preguntó el motivo por el que desde la península se arremeta contra los canarios por el rechazo al petróleo y, sin embargo, "aplaudan con entusiasmo" el de Baleares.

Además, el presidente canario recordó que en las últimas fechas el proceso de aprobación de las prospecciones ha tenido tres episodios: "La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental la víspera del Día de Canarias, la autorización del Ministerio de Industria en pleno puente de agosto y las declaraciones del presidente Mariano Rajoy defendiendo para Baleares lo que no defiende para Canarias", dijo. "Las reacciones a esa autorización –añadió– han sido múltiples y relevantes. Al margen del propio Gobierno de Canarias, voces como las de los presidentes de los cabildos afectados, patronales turísticas, colectivos ecologistas y ciudadanos, y la inmensa mayoría de la sociedad canaria han expresado su profundo rechazo y su denuncia de lo que a todas luces indica que es un proceso caprichoso y viciado".

"El Gobierno canario no va a quedarse de brazos cruzados"

Rivero matizó que el Gobierno de Canarias "no va a quedarse de brazos cruzados" y que en la actualidad hay tres vías en marcha para proseguir en la lucha por la paralización de los sondeos: jurídica, política y social. Aquí, desde el punto de vista jurídico, comentó que existen dos procedimientos. Por un lado, un incidente de nulidad contra el fallo del Supremo que avala los permisos y, en su caso –si hay respuesta negativa–, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por otro, un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Industria, y posterior solicitud a los tribunales de la adopción de medidas cautelares.

Mientras, en el plano político, el presidente señaló que sigue pendiente de las reuniones que ha solicitado con el rey y con el propio Rajoy. "Espero que ambas se puedan celebrar en el mes de septiembre, ya que los respectivos gabinetes se encuentran en estos momentos trabajando para cerrar las fechas", insistió. "Felipe VI –destacó– debe conocer de primera mano lo que está ocurriendo con Canarias. Rajoy debe manifestar claramente cuál es su posición ante el clamor de este territorio del Atlántico".

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno ha solicitado al Parlamento de Canarias la celebración de un pleno extraordinario la primera semana de septiembre para debatir una comunicación sobre las autorizaciones. Finalmente, en el marco social, Rivero anunció que seguirá adelante e incrementará los contactos y reuniones con todos los partidos y con la sociedad civil "para reforzar ese frente común contra este atentado".

"Es rotundamente falso. Ni de Repsol ni de ninguna otra compañía", señaló el ministro en respuesta a las acusaciones del presidente canario, Paulino Rivero, de que esta autorización se ha hecho al dictado de la compañía petrolera.

Soria, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, recordó a Rivero que él estaba a favor de dichas prospecciones, tal y como recogía "la página 121" de su programa electoral, donde se aseguraba que éstas eran muy importantes para el futuro de Canarias.

En su opinión, Rivero no quiere que nadie que no sea de Coalición Canaria "se apunte el tanto" que supondría el descubrimiento de hidrocarburos en aguas de Canarias. "Así de claro, así de sencillo y así de parroquiano y localista", apuntó Soria.

El ministro recordó que España importa el 99,9% de todo el gas y el petróleo que consume, con una factura anual de 40.000 millones de euros, con consecuencias negativas para la balanza de pagos. "Y eso es una rémora para la economía española. No hay país del mundo que renuncie a saber cuáles son sus recursos en materia de hidrocarburos", subrayó.

Soria insistió además en que las prospecciones en Canarias "no afectarán en absoluto" al turismo en las islas. En este sentido, recordó que en todos los países donde conviven la industria de hidrocarburos y el turismo, como México, Brasil y Emiratos Árabes, "justamente ocurre lo contrario", pues estas actividades generan también "movimientos logísticos y demanda de servicios que acaban por repercutir favorablemente en la hostelería y el turismo en general".

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha calificado de "urgente" la reforma de la Constitución para poder iniciar una "segunda transición" en España, dado que el modelo actual está "agotado" y hace "inútil" el funcionamiento del Senado.

En su blog personal, ha dicho que debe ser un asunto "inaplazable" en la agenda de gobierno de Mariano Rajoy, toda vez que hay muchas "voces" que solicitan la apertura de este proceso, como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, o el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, al margen de la "actual encrucijada" de Cataluña.

Según el presidente canario, esta reforma es la mejor fórmula para "defenderla" y reforzar su "armazón legal", y en el caso de Canarias, serviría para "apuntalar" la posición de las islas en el encaje del Estado. "Mientras todo esto y más ocurre en los distintos territorios, Rajoy gana tiempo perdiéndolo", ha señalado.

En esa línea, Rivero ha rechazado la "resistencia numantina" del PP a reformar el texto, y ve "esencial" que se reinvente la convivencia basada en nuevos valores como la pluralidad, la solidaridad territorial o la justicia social.

"Hace años que vengo reclamando la puesta a punto de una Constitución que se gestó voluntariamente flexible y dinámica, unas características que hoy por hoy ya no tiene y que está provocando continuos conflictos", ha comentado.

"Callejón sin salida"

A su juicio, las "tensiones territoriales" que padece España han llegado en muchos casos "a un callejón sin salida", y en el caso de Canarias, la reforma permitiría acometer un "blindaje efectivo" del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el hecho diferencial canario.

Con el cambio, cree que la Cámara Alta se convertiría en un "verdadero" órgano de representación territorial que refleje los hechos diferenciales de cada territorio, que en el caso de Canarias, son "la lejanía y la insularidad".

Además, cree que la modificación debe orientarse a que el archipiélago obtenga nuevas competencias como la delimitación de las aguas, la gestión de puertos y aeropuertos, el litoral o el comercio exterior.

El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este jueves que la consulta ciudadana que ha solicitado al Estado en relación a las prospecciones petrolíferas que se van a realizar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura se convocará el próximo otoño.

En su primera intervención tras el fallo del Tribunal Supremo que avala los sondeos, Paulino Rivero ha dicho que la consulta se llevará a cabo una vez desarrollados los dos decretos que figuran en el artículo 20 de la Ley de Participación Ciudadana, que acaban de ser dictados por el Ejecutivo canario.

Paulino Rivero ha explicado que a partir de ahora se tendrá que someter a todas las fases de información pública, además de que está agosto por medio, por lo que su desarrollo administrativo no se realizará "antes de septiembre u octubre", de ahí que la consulta no se celebrará hasta "el último trimestre del año".

En cualquier caso, ha avanzado que el próximo lunes vence el plazo que tiene el Gobierno de España para autorizar la consulta. "Si no se autoriza, estamos decididos a impulsar los mecanismos que sean necesarios para que los canarios expresen su opinión clara y nítida sobre si están en contra de las prospecciones", advirtió.

Dicen tener más energía y fuerza que la propia central termoeléctrica con la que conviven hace más de 40 años. Eso afirma Candelaria contra la Central, la plataforma ciudadana de la pequeña localidad tinerfeña que se ha sublevado contra la prolongación de una infraestructura, propiedad de Endesa, que tenía previsto su cierre en el año 2015 y para la que ahora sin embargo, se prevé una ampliación que supondrá la construcción de una nueva central de ciclo combinado gas-fuel, una subestación, nuevos tendidos aéreos y un futuro gaseoducto. Unos planes que suponen una bofetada a las esperanzas de la pequeña localidad canaria que lleva décadas soportando la peor parte de un modelo energético tradicional basado en los combustibles fósiles.

La polémica vida útil de la central termoeléctrica Las Caletillas parecía haber llegado a su fin con el Plan General de Ordenación Urbana que en 2007 establecía su clausura en un plazo de ocho años. Se cumplía así con la Ley General aprobada por el Parlamento canario en abril de 2003. A poco menos de un año para alcanzar el cierre definitivo de la central y en contra de lo previsto, la Consejería de Industria aprobó el pasado noviembre la instalación de una nueva subestación y nuevos tendidos eléctricos que darán continuidad a la actividad de Las Caletillas.

El vuelco de la situación ha animado a un sector creciente de la localidad de Tenerife a constituirse en una plataforma que reclama el desmantelamiento de la central y la puesta en marcha de un nuevo modelo energético. Todo ello en un pueblo que lleva soportando al menos cuatro décadas la mayor concentración de tendidos de alta tensión de la isla configurados a lo largo de 20 Km de líneas y más de 70 torres de alta tensión. Una amalgama de cableado que, además de emborronar el paisaje isleño, sostiene la actividad de una central que quema más de trescientas mil toneladas de combustible fósil al año, a la que acompaña la emisión de un humo negro cargado de gases tan contaminantes y peligrosos para la salud pública como el dióxido de nitrógeno o de azufre, y que en múltiples ocasiones han llegado a superar los valores máximos admitidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

“Las igniciones son impactantes”, explica Pilar Macein, portavoz de plataforma vecinal. Protesta, no solo por los riesgos para la salud pública, sino por los “atronadores” ruidos que se derivan de la combustión: “Parece como si la central fuera a reventar”, relata, “incluso los vecinos han llamado muchas veces a Emergencias para ver qué pasaba”. Un efecto molesto y preocupante que la portavoz achaca a la vejez y obsolescencia de una instalación con más de cuarenta años de actividad.

Estudio epidemiológico

Las continuas emisiones de gases tóxicos son un asunto que ha ido generando una creciente alarma entre los vecinos de Candelaria. Las posibles afecciones sobre la salud pública preocupan especialmente a la plataforma, que solicitó al Ayuntamiento la elaboración de un estudio epidemiológico independiente que despejara las incógnitas que acompañan a la actividad de la central. “La contaminación pesa sobre nosotros continuamente y sobre todo lo que se cultiva en el valle”, denuncia Maecin, convencida de que las emisiones están pasando factura a los poco más de 26.000 habitantes del municipio. Una preocupación que se extiende a todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento y que ha llevado al Consistorio a solicitar en varias ocasiones estudios al Servicio Canario de Salud. Y unos informes que el Gobierno municipal sigue esperando. “El Servicio Canario de Salud ha sido bastante esquivo, pero continuaremos exigiéndolo cuantas veces quieran los ciudadanos”, explica Domingo Ramos, concejal de Urbanismo de Candelaria. Una dilatada espera que ha disparado las sospechas de los ciudadanos, que desde la plataforma achacan a “intereses económicos”.

Canarias, la Arabia Saudí de las renovables

Los nuevos planes de Endesa para Candelaria han terminado por colmar la paciencia de la plataforma, que ve como los tres proyectos en trámite (la construcción de una subestación, un gaseoducto y nuevos tendidos aéreos) no solo prolongarán la vida útil de la vieja central termoeléctrica, sino un modelo energético cada vez más despreciado por una comunidad que también ha de lidiar con las prospecciones petrolíferaslidiar con las prospecciones petrolíferas que prepara Repsol en las profundidades marinas de su archipiélago. Una política energética para la que este movimiento ya ha encontrado una alternativa menos costosa y más competitiva. “Estamos 30 años por detrás de otros países europeos y creemos que Canarias puede ser la Arabia Saudí de las energías renovables”, asevera Pilar Macein. Los integrantes de la plataforma proponen el soterramiento de las líneas de alta tensión existente y que se aproveche el potencial de unas islas también afortunadas por la privilegiada capacidad de generación de electricidad solar, eólica e hidroeléctrica que le da su estratégica situación geográfica y climática. Una apuesta de futuro no solo por la sostenibilidad medioambiental, sino por el desarrollo tecnológico, económico e industrial de la comunidad.

Por su parte, el conflicto abierto entre el Ministerio de Industria y el Gobierno canario por las conflictivas prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, alienta las esperanzas de la plataforma Candelaria contra la Central, que ahora espera que el Ejecutivo isleño, presidido por Paulino Rivero, secunde sus reivindicaciones. Algo, que según la portavoz de la plataforma, entraría en consonancia con la firme postura proclamada por el presidente canario contra la explotación petrolífera en sus costas y en favor de las renovables.

Una vez más, Canarias se resiste a convertirse en un fósil en el mapa energético europeo. A los planes del Ministerio de Industria con respecto a las conflictivas prospecciones petrolíferas, se añade ahora la decisión del Gobierno Canario de renovar la Central Termoeléctrica de las Caletillas. Unos planes que entran en contradicción con las recientes proclamas del Ejecutivo autonómico en favor de las energías renovables. promesa que ha empujado a la plataforma a exigir un esfuerzo de coherencia a sus representantes.

QUIÉN, QUÉ Y CÓMO

QUIÉN: página de facebook

QUÉ:

CÓMO:

Los medios de comunicación se hacían eco de la noticia y las principales agencias avanzaban lo que parecía un terrible accidente aéreo. Hubo quien dio cuenta de una reunión de la ministra de Fomento –que se encontraba en la isla– con el presidente autonómico. Se llegó a dar el nombre de la supuesta compañía que fletaba el avión...

Hasta que empezaron a llegar las fotos que dieron lugar a la confusión: un remolcador, visto de lejos, tenía un perfil muy similar al de un avión.

La broma estaba servida y, con ella, los montajes:

Aunque afortunamdamente todo ha quedado en un susto que apenas duró media hora, algunos tuiteros criticaron que fuentes oficiales dieran pábulo al bulo, difundiendo informaciones falsas.

El Parlamento de Canarias, con los votos a favor de CC, PSOE y Grupo Mixto (NC-PIL), y el rechazo del Partido Popular, ha aprobado este martes solicitar permiso al Estado para convocar en Canarias una consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas.

Al cierre del debate parlamentario, el presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, ha señalado que el acuerdo es "uno de los más importantes" de la legislatura y ha lamentado la "ausencia" del Grupo Popular. "Es un tema serio y de gran trascendencia social, política y económica, era un asunto para abordarlo de otra manera", ha apuntado.

En su opinión, en Canarias se perciben algunas decisiones del Estado como "injustas" y una ellas son las prospecciones petrolíferas, por lo que ha anunciado que el Gobierno regional "va a utilizar todos lo medios para impedir que se hipoteque el futuro del archipiélago".

Rivero ha dicho, en esa línea, que no se va a dejar solas ni a Lanzarote ni a Fuerteventura, cuya economía depende principalmente del turismo. "La unidad de Canarias vale más que todo el petróleo del mundo", ha recalcado.

El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo que encabeza pedirá autorización al Estado para celebrar una consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas que se van a realizar en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

La pregunta que se planteará en la consulta, para la que aún no hay fecha definida, será la siguiente: "¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?". Según Rivero, esta consulta es "absolutamente respetuosa" con el marco constitucional. "No tiene nada que ver" con la consulta soberanista prevista en Cataluña, ha insistido.

La petición del Gobierno de Canarias va dirigida al Parlamento autonómico, que tiene que pronunciarse por mayoría absoluta. Seguidamente, será el presidente canario quien se tendrá que dirigir al Gobierno de España solicitando la autorización para llevar a cabo esta consulta.

En su intervención, Paulino Rivero indicó que la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento contemplan este tipo de referéndum en asuntos de "especial trascendencia", como es la posibilidad de llevar a cabo prospecciones en el entorno de las aguas canarias.

Así, ha aludido a tres normas. En primer lugar, la Constitución, cuyo artículo 92 establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". En segundo lugar, el Estatuto canario, que en el artículo 32 dice que corresponde a Canarias la ejecución de un "sistema de consultas populares" en el ámbito de las islas y de acuerdo con lo establecido en la Carta Magna y, finalmente, el reglamento de la cámara autonómica, que indica que "requerirán la aprobación previa de la mayoría absoluta del Parlamento de Canarias las solicitudes del Gobierno para las convocatorias, en el ámbito territorial de Canarias, de consultas populares vía referéndum sobre cuestiones políticas de especial trascendencia".

En una comparecencia este lunes, Rivero ha expresado su confianza en que iniciar los trámites para la consulta sirva para suspender cautelarmente cualquier tipo de actuación por parte de Repsol en aguas canarias hasta tanto el Gobierno de España no se pronuncie acerca de esta consulta. Preguntado por una posible negativa por parte del Estado, Rivero manifestó que los siguientes pasos "se irán dando en función de las decisiones que se vayan tomando".