La titular del Juzgado de Instrucción 45 de Madrid ha inadmitido la denuncia presentada por Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al no ver delito en la gestión del dispositivo policial desplegado en la última etapa de la Vuelta ciclista a España el pasado 14 de septiembre.

Tras abrir diligencias previas para registrar la denuncia que presentó el autodenominado sindicato Manos Limpias, la magistrada Luisa María Prieto ha determinado que "no ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal", según un auto, al que ha tenido acceso EFE este miércoles.

La jueza ve en la denuncia de esta organización "una queja de un tercero" a las directrices del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid frente al desarrollo de un evento, y eso, subraya, "tiene su cauce al margen del derecho penal".

En su auto, explica que la denuncia hace responsable penal a Francisco Martín de los actos realizados por otros, que "provocaron, se dice, lesiones a los agentes durante el ejercicio de sus funciones, dirigidas a garantizar el desarrollo del evento".

Manos Limpias presentó la denuncia por presuntos delitos de lesiones y desordenes públicos y desobediencia a la autoridad, causados con imprudencia grave en relación al operativo policial de la última etapa de la Vuelta, donde se produjeron protestas contra los ataques israelíes a la población civil en Gaza.

Aquel día, 22 agentes resultaron heridos leves y la Policía identificó a 97 personas -de las que cuatro tenían antecedentes por desórdenes públicos y siete por delincuencia común- en un dispositivo en el que, según ha defendido recientemente el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la Policía "actuó con proporcionalidad".

Además de negar que los hechos denunciados sean constitutivos de infracción penal, la magistrada entra a analizar algunos de los delitos que la organización pedía investigar.

Por ejemplo, el de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad con imprudencia grave, que, sostiene contundente la magistrada, "no existe" porque se trata de un delito doloso que no puede ser cometido de forma imprudente.

Y respecto al de lesiones con imprudencia, sería preciso que haya dolo y "no se describe ninguna conducta voluntaria que pueda tener encaje en este tipo penal".

Por todo ello, la magistrada, que recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal indica que "el Tribunal se abstendrá de la práctica de diligencias" cuando los hechos descritos en la denuncia no revistan caracteres de delito, la inadmite y archiva las actuaciones.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha aceptado que Manos Limpias vuelva a ser parte en el procedimiento con un nuevo letrado, una vez que ha pagado la fianza correspondiente y a falta de que presente un poder en favor de la procuradora.

En una providencia a la que ha tenido acceso EFE este viernes, el magistrado une a la causa el escrito en el que Manos Limpias designa para su representación a una procuradora y al letrado Antonio Lechuga Carreira y precisa que el autodenominado sindicato ha pagado el importe requerido para ser parte.

No obstante, condiciona su personación a que presente una escritura de poder para pleitos o el correspondiente apoderamiento en favor de la procuradora.

Detalla, asimismo, que Manos Limpias actuará junto al resto de acusaciones populares, unificadas bajo la dirección letrada de Hazte Oír.

El juez Peinado expulsó a Manos Limpias esta semana de la causa en la que investiga a Begoña Gómez, tras comprobar que no había entregado el justificante del pago de la fianza que el instructor impuso para ser acusación popular a las partes que así figuran.

El juez tomó esta decisión el pasado día 24, el mismo día en que el abogado Carlos Perales comunicó vía burofax su renuncia a seguir representando al autodenominado sindicato al apreciar que las decisiones de esa asociación responden a "fines de naturaleza política" y que "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos".

En su escrito, el letrado expuso que el planteamiento de Manos Limpias es "incompatible" con los principios del despacho, dado que "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

Perales también recordó que el Código Deontológico de la Abogacía Española impone al letrado el deber de actuar con plena independencia, preservando la función social de la Abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso.

"La utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de naturaleza política, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, sitúa al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en última instancia, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar", argumenta.

En base a esto, el letrado destacó que "la abogacía no puede ser confundida con el activismo político ni con la estrategia de comunicación pública" y que "el abogado debe ejercer como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático". Por tanto, seguir en el caso cuando "los mensajes se diseñan más en clave de repercusión pública que de eficacia procesal", implicaría "diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso".

Manos Limpias fue la parte que dio origen al procedimiento contra Begoña Gómez al presentar una denuncia de siete páginas basada en recortes de prensa -algunos con información falsa- y remitida al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid. El titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, aceptó el escrito, y así surgió el caso Begoña.

El juez Juan Carlos Peinado ha expulsado de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al autodenominado sindicato Manos Limpias, que fue la parte que dio origen al procedimiento al presentar una denuncia basada en recortes de prensa.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE este miércoles la noticia, adelantada por la SER, de que Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido sacar del procedimiento a Manos Limpias por no haber entregado el justificante del pago de la fianza que el instructor impuso para ser acusación popular a las partes que así figuran.

De hecho, el juez tomó esta decisión el pasado día 24, el mismo día en que el abogado Carlos Perales comunicó vía burofax su renuncia a seguir representando a Manos Limpias al apreciar que las decisiones de esa asociación responden a "fines de naturaleza política".

El letrado aseguró en un escrito que el planteamiento de Manos Limpias es "incompatible" con los principios de su despacho, dado que "ha ido transformándose de manera paulatina en un asunto cuya exposición y tratamiento exceden del marco jurídico para situarse en el terreno de la controversia política y mediática".

A su juicio, las decisiones estratégicas del procedimiento "ya no se inspiran prioritariamente en la lógica procesal ni en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en buena medida, a consideraciones de oportunidad política, impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico".

Esa deriva "resulta incompatible con la praxis que rige el ejercicio de la abogacía, fundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios jurídicos objetivos", añadió el letrado, quien recordó que el Código Deontológico de la Abogacía Española impone al letrado el deber de actuar con plena independencia, preservando la función social de la Abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso.

Manos Limpias se define en su página web como "el primer y único sindicato de nuestro país" que tiene como objetivo lograr la independencia del poder judicial y la democratización de las instituciones.

Esta organización fue fundada en 1995 por Miguel Bernad, candidato del partido franquista Frente Nacional en las europeas de 1987. Sin embargo, por lo que se conoce a Manos Limpias es por interponer denuncias y haberse personado como acusación popular en casos mediáticos.

Además de la causa contra Begoña Gómez, Manos Limpias denunció a Sánchez por el acuerdo entre el PSOE y Junts que materializó la ley de amnistía. También se ha personado en la investigación del rescate a la aerolínea Plus Ultra y en el caso Nóos.

Su fundador fue investigado por la Audiencia Nacional a partir de 2016 junto a Luis Pineda, de la asociación de consumidores Ausbanc, por presunta extorsión a empresas y bancos. Finalmente, Pineda y Bernad fueron condenados a ocho y cuatro años de cárcel respectivamente, pero fueron absueltos en 2024 por el Tribunal Supremo.

En España se ha consolidado una maquinaria de demolición política que opera a plena luz del día. Se llama Manos Limpias, Hazte Oír y Abogados Cristianos, pero son solo la punta visible del iceberg. Su fin está contrastado: lanzar denuncias sin pruebas, organizar campañas de odio y enredar a la justicia en guerras ideológicas. Pero esta maquinaria no funcionaría sin los padrinos políticos y mediáticos que les dan cobijo, legitimidad y altavoz.

Feijóo, ese falso político moderado que se aprovecha del fango y que juega con dos barajas, en Europa se viste de estadista moderado, pero en Madrid guarda un silencio cómplice ante las denuncias falsas contra la mujer y el hermano de Sánchez. Sabe que son querellas sin recorrido, pero mientras tanto ocupan titulares, desgastan al presidente y alimentan la sospecha. El barro le está resultando útil, su disfraz de demócrata es una farsa, se lava las manos mientras otros hacen el trabajo sucio.

Abascal, el jefe de la jauría, no tiene complejos. Vox vive de la misma gasolina que alimenta a Hazte Oír y Abogados Cristianos: odio al feminismo, a los derechos LGTBI, a la memoria democrática. Sus discursos parlamentarios son el eco de los autobuses del odio y de las querellas por “ofensas religiosas”. Este al menos no se esconde: alienta, protege y celebra cada una de las campañas de estos grupos, porque forman parte de su estrategia electoral. El fango y la mentira no lo incomodan, lo necesita.

Luego están los altavoces mediáticos, la artillería del barro, el tercer vértice del triángulo: los medios que amplifican el ruido. OkDiario, Libertad Digital, EsRadio o determinados programas de tertulia televisiva se encargan de convertir denuncias ridículas en escándalos nacionales.

Manos Limpias presenta una querella sin pruebas, los medios afines la inflan como si fuera una bomba, el PP calla y Vox aplaude y el Gobierno queda bajo sospecha. Es el ciclo del fango, repetido una y otra vez. No es periodismo: es propaganda coordinada al servicio de una estrategia de acoso político.

La derechona, a falta de argumentos, decidió abandonar el terreno del debate político para instalarse en la guerra sucia permanente. Feijóo calla, Abascal jalea y los medios afines amplifican. Y mientras tanto, organizaciones minoritarias y ultras se convierten en actores políticos de primer nivel, no por su fuerza real, sino por el respaldo que reciben de quienes deberían defender la democracia y no dinamitarla.

Ya sabemos quién está detrás de Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos. La pregunta es ¿cuánto tiempo más vamos a tolerar que la derecha institucional se esconda tras estas marionetas para derrocar al Gobierno progresista de coalición?

Porque cuando la política se sustituye por el fango, lo que se erosiona no es solo un presidente o un partido: es la propia democracia.

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Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

La actualidad política y judicial española de los últimos años vive instalada en “el ciclo del bulo”. Es un proceso que arranca con la difusión de informaciones sin contrastar —habitualmente publicadas en medios de dudosa fiabilidad financiados desde administraciones controladas por el PP—, continúa con su amplificación a través de declaraciones de dirigentes políticos y alcanza a los tribunales. De ahí, de nuevo a los medios, a los portavoces y vuelta a empezar.

La secuencia, como la desinformación, tiene un propósito claro, más allá de la posibilidad remota de obtener condenas: se trata de desgastar a las personas afectadas y envenenar el debate público. Pero también sobrecarga los juzgados y socava la confianza ciudadana en la justicia y en los medios de comunicación que sí hacen su trabajo, impotentes ante la pérdida de credibilidad que supone verse confundidos con seudomedios creados y alimentados artificialmente con dinero público.

El ciclo suele comenzar con la publicación de una acusación o insinuación grave en portales digitales con baja exigencia profesional o en redes de desinformación alineadas con el ecosistema de la ultraderecha. El objetivo suele ser llamar la atención y colocar en la conversación pública un relato que ponga bajo sospecha a dirigentes o colectivos progresistas. El rigor de la información es secundario; basta con presentar un documento ambiguo o un dato mal interpretado para que, envuelto en titulares impactantes, circule por redes sociales y acabe llegando a los medios más relevantes, muchas veces a través de tertulianos de confianza.

Apenas publicada, esa pieza se replica a continuación en redes y encuentra eco en partidos de la oposición, especialmente Vox —y, en ocasiones, el PP—. Sus redes sociales están plagadas de estas supuestas informaciones, en su gran mayoría falsas o construidas para dar a entender conclusiones que no se asientan en hechos contrastados.

Es un fenómeno que señala claramente a la derecha y, sobre todo, a la ultraderecha. Que los populistas ultras tienen muchas más probabilidades de difundir noticias falsas que los políticos de los partidos convencionales o de extrema izquierda quedó acreditado por un estudio basado en las cuentas de Twitter (ahora X) de diputados de 26 países, entre ellos España. Amplificar la desinformación es parte integral de la estrategia de la derecha radical, según Petter Törnberg, de la Universidad de Ámsterdam, coautor del estudio.

A partir de ese momento, los dirigentes de la derecha y de la extrema derecha incorporan el contenido en sus discursos parlamentarios, lo reflejan en ruedas de prensa —a veces a petición de los mismos seudomedios que los han publicado— o simplemente lo difunden y viralizan a través de mensajes en plataformas digitales.

El bulo adquiere así apariencia de verosimilitud y gana tracción mediática. Algunos programas de televisión o radios, generalmente del espacio de la derecha, más preocupados por la inmediatez que por la comprobación, le dedican tiempo y entrevistan a portavoces que se refieren al asunto como si fuera un hecho contrastado. Los ejércitos de bots y de seguidores reales de los agitadores de la derecha y la extrema derecha ponen también su granito de arena.

La siguiente fase del ciclo se despliega en los tribunales. Asociaciones o colectivos cercanos a la ultraderecha, o incluso los propios partidos, presentan denuncias o querellas apoyándose en los artículos publicados o en testimonios sin identificar plenamente. Lo han hecho durante los últimos años Vox, el PP, Manos Limpias, Abogados Cristianos, HazteOír, el Movimiento por la Regeneración Política de España, la asociación Liberum o Iustitia Europa, todas muy cercanas a la extrema derecha.

Nada de lo que sucede en este ciclo tiene consecuencias. Son rarísimas las condenas por difundir informaciones falsas e inexistentes cuando quienes acusan son políticos. Tampoco hay precedentes de jueces castigados por participar en este entramado. Todo sale gratis.

Los participantes en este mecanismo no siempre buscan una sentencia favorable: el simple hecho de interponer una acción judicial ya garantiza titulares y abre un frente de desgaste. En ocasiones basta con adjuntar recortes de prensa para que la querella sea admitida a trámite, aunque más tarde termine archivada por falta de indicios. La noticia de la denuncia aparece en titulares; el archivo, a menudo, ni siquiera llega a ser noticia.

Un ejemplo es el caso de la supuesta entrega de una ayuda millonaria de manera irregular a la compañía aérea Air Europa, siguiendo, supuestamente, instrucciones de la esposa del presidente, Begoña Gómez. La información original no afirmaba este hecho, pero lo sugería mediante una hábil redacción de los titulares. Suficiente para que portavoces políticos inmediatamente lo diesen por cierto y denunciasen un grave caso de malversación de fondos públicos y tráfico de intereses.

Al final, no había caso. La supuesta ayuda no era tal, sino un crédito que la compañía está devolviendo y que se concedió del mismo modo que otros muchos para ayudar a las empresas obligadas a parar su actividad durante los días del confinamiento por la pandemia. Y no existe ninguna prueba que apoye que se concedió por indicación de Gómez, de la que tampoco hay constancia de lucro alguno relacionado con Air Europa. Tanto es así, que la justicia ha obligado al juez que estaba intentando investigar este supuesto caso a abandonar sus pesquisas.

El daño, no obstante, ya está hecho. Ningún portavoz de la oposición ha rectificado y hasta el líder del PP sigue asegurando que Gómez hacía negocios en La Moncloa aprovechándose de su vínculo matrimonial con el presidente. El señalamiento, lejos de corregirse, no ha cesado.

Es verdad que no todas las investigaciones judiciales ni los titulares de prensa con consecuencias para los políticos son inventados. Y que hay jueces que trabajan sobre indicios reales, como ocurre en los casos Cerdán, Ábalos o Montoro. Pero sobran los ejemplos de lo contrario, como cuando el PP denunció al PSOE por supuesta financiación irregular apoyándose únicamente en testimonios anónimos y artículos de prensa. La querella fue finalmente rechazada, pero la sospecha ya había sido sembrada. Feijóo no solo no rectificó, sino que se reafirmó en su acusación. “Siempre puede reactivarse si surgieran nuevas informaciones”, declaró. “Lo importante cuando se presenta una denuncia no es cómo empieza, sino cómo acaba”.

Y es que no se trata de un error, sino de una estrategia. En julio, el líder del PP sugirió sin pruebas, basándose de nuevo en bulos repetidos desde hace años por seudomedios, que Sánchez habría sido beneficiado por negocios de prostitución vinculados a su suegro fallecido. Al día siguiente, enfrentada por los periodistas al hecho de que no hay ninguna prueba que respalde esa afirmación, la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, decidió que eso le daba igual: “Nosotros tenemos informaciones periodísticas [...] No hace falta que haya pruebas absolutamente de nada”.

El efecto combinado de estos episodios es doble. Por un lado, provoca un desgaste personal y político en quienes se convierten en blanco de las acusaciones. Por otro, erosiona la credibilidad de todos los medios, no solo de los que difunden datos falsos o imprecisos, y de los tribunales que, en ocasiones, dan curso a querellas con escaso fundamento.

La sobrecarga de los órganos judiciales es otro resultado visible. Cada querella, aunque termine archivada, consume tiempo, recursos y atención. Los jueces deben pronunciarse sobre la admisión, solicitar informes, convocar comparecencias. La Fiscalía, cuando interviene, dedica personal y horas de trabajo.

El daño reputacional, además, suele ser irreversible. Incluso cuando una información se desmiente o una causa se archiva, la huella del bulo permanece. Las rectificaciones rara vez alcanzan la misma difusión que el titular inicial. Las redes sociales actúan como multiplicador y conservan los mensajes originales mucho después de que hayan quedado desacreditados.

El ciclo del bulo contribuye, asimismo, a intensificar la polarización política, en este caso de manera asimétrica, porque en casi todos los casos nace de la derecha y de la extrema derecha. Cada vez más estudios acreditan que la amplificación de la desinformación en las redes sociales se alinea con ideologías específicas y se ha convertido en un arma central para los actores políticos de derecha en las democracias liberales.

La discusión pública se desplaza desde el examen de políticas o propuestas hasta el intercambio de acusaciones, insinuaciones y expedientes judiciales. Se fomenta un clima de sospecha permanente, donde cualquier cargo público o activista crítico puede convertirse en objeto de una campaña que combina titulares agresivos, denuncias y declaraciones incendiarias. El debate democrático se empobrece y se convierte en una sucesión de escándalos efímeros que apenas dejan espacio para el análisis reposado o la búsqueda de consensos.

El resultado es un paisaje informativo y judicial más tóxico. Los ciudadanos se ven obligados a descifrar qué parte de lo que leen responde a hechos comprobados y qué parte forma parte de una estrategia de erosión política. La sensación de que la verdad es un bien escaso favorece el cinismo y alimenta la desconfianza hacia todas las instituciones, desde los medios de comunicación hasta los tribunales. La frontera entre información y propaganda, entre investigación legítima y maniobra partidista, se vuelve cada vez más difusa.

Manos Limpias ha interpuesto este martes en el juzgado de guardia de València una querella contra la jueza Nuria Ruiz, titular del Juzgado número 3 de Catarroja que instruye la causa de la dana, por tres presuntos delitos de prevaricación judicial, según informa EFE.

Así lo ha explicado este martes el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, que ha comparecido en València para anunciar la denuncia y los motivos que han llevado a su organización a presentar la querella contra la jueza que, ha dicho, "no es espuria en beneficio propio" .

"Hemos presentado una querella por irregularidades clarísimas y manifiestas en la instrucción. Se está llevando de una manera politizada y sectaria mirando solamente para un lado y hay tres presuntos delitos de prevaricación judicial", ha afirmado.

En su comparecencia ante los medios, ha sostenido que su "intuición" le dice que hay una veintena más de víctimas por la dana que las 228 oficiales que se contabilizan, motivo a su juicio, de prevaricación.

"Aunque creáis que es un bulo, sigo pensando que hay más víctimas de las que nos ha dicho el Gobierno y si eso creéis que es un bulo o noticia falsa, ahí están los juzgados", ha apuntado, al tiempo que ha indicado que lo denunciará "a su tiempo" porque ahora no tiene "la certeza" sino la "sospecha" de la existencia de más víctimas.

Preguntado por la decisión de la jueza de expulsarlos de la causa, después de haber pagado los 6.000 euros, ha dicho que ha sido una presunta "prevaricación judicial" y ha explicado que cuando se les informó de la decisión, actuó "de manera contundente": presentó a la jueza un certificado de que el abogado de Emilio Argüeso, uno de los dos investigados, no era jefe de los servicios jurídicos de Manos Limpias.

"No le interesa que esté Manos Limpias, quiere unas acusaciones populares con partidos políticos a los que pueda manejar", ha sentenciado.

Bernad ha explicado que han abierto una cuenta de gmail para que se dirijan a ellos cualquier víctima o familiar "que haya quedado descolgado".

Durante mi niñez, la Semana Santa venía impregnada de la tradición religiosa, que dejaba caer todo su peso de la mano de la dictadura franquista. Con el agravante de que los Carnavales que debían preceder a estas fechas estaban prohibidos, así que esos días resultaban oscuros y, para la mirada infantil, algo siniestros. Se celebraba en términos de luto la muerte de nuestro Señor, lo cual, considerando que se trataba de una ejecución sangrienta y con torturas diversas, resultaba muy duro de digerir. 

Procesiones y misas se sucedían durante la cuaresma y en la semana de pasión, en medio del fervor popular. Eran tiempos solemnes, de expiación y tristeza, en los que ciudadanos, guardias civiles, policías, legionarios, regulares y militares en general se ponían al servicio de esa tradición oscura en la que el gobernador y el cura ocupaban todo el espacio detrás de los tronos y “pasos” procesionales, y con la desventaja, además, de no poder comer carne. Si algún adulto te pillaba riendo, la regañina o el capón eran de campeonato. Sobre todo, durante los días de jueves y viernes santo. El bacalao en sus diferentes acepciones y el potaje, de bacalao también, con espinacas y garbanzos, eran los platos preferentes. El único consuelo dulce venía de las torrijas, que en cada casa se hacían de una manera diferente, todas buenísimas. Con miel, con anís, con vino, o solo de leche, azúcar y canela.

No había colegio y eso al menos marcaba la diferencia. Por lo demás, esperabas al sábado con interés para que se relajase la guardia sobre tus acciones —no correr, no cantar, mantener un tono bajo y preocupado—. En Semana Santa, en el cine veías películas edificantes, Marcelino Pan y Vino, por ejemplo; producciones sobre la Biblia, que llevaban a grandes peliculones como Ben Hur, Quo Vadis. Las Sandalias del Pescador o la Túnica Sagrada pongo por caso, y que aún se repiten en algunas cadenas ultraconservadoras.

Por Semana Santa se liberaba a algunos reclusos (tradición que se mantiene todavía) en un magnánimo gesto que data de tiempos cuasi ancestrales, emulando la historia de Barrabás. En 1447, durante el reinado de Juan II de Castilla (padre de Isabel la Católica), una Ley otorgaba a las cofradías el privilegio para proponer indultos en esos días. Hoy, las cofradías mantienen el derecho a continuar tal prerrogativa que nació en Burgos en aquella fecha, aunque, en nuestros tiempos, debe ser concedida por el Ministerio de Justicia y sancionado por el Consejo de ministros. 

La II República no hizo ascos a las fiestas de tradición como la Semana Santa, conceptuándola en este caso como “una interpretación del pueblo hacia lo sagrado” y no como un acontecimiento estrictamente religioso. Llegó, incluso, a subvencionarlas. 

Durante la dictadura, el franquismo vivió una relación simbiótica con la Iglesia, y ese vínculo, que estaba presente de forma absoluta en la sociedad española, tenía su máxima expresión durante la Semana Santa, aún más si cabe que durante las fiestas navideñas. 

Se procesionaba por toda la geografía española, siendo Andalucía un punto clave del fervor religioso, y donde las hermandades preparaban durante todo el año la semana de pasión. 

Pero no es extraño ver todavía aquí y allá símbolos y detalles relacionados con el dictador. Leo en un artículo de La Marea que no hace tanto tiempo, en el año 2000, Carmen Franco Polo donó un fajín de su padre a la Hermandad del Baratillo, en el Arenal de Sevilla, para la Virgen de la Caridad. En Cartagena, la Asociación de la Memoria Histórica realizó esfuerzos continuos para que, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007, el hermano mayor de la cofradía de California dejara de portar un emblema franquista. La lista de estas devotas y políticas uniones es variada. No en balde el dictador ostentaba cargos honorarios en diferentes entidades, como la presidencia de honor de la Cofradía del Descendimiento y Santísimo Cristo de la Buena Muerte, con que se le distinguió en 1940.

Lo cierto es que el ministro Fraga Iribarne y su proyecto de turismo para España motivaron que la Semana Santa se convirtiera en un objetivo para el desarrollo, iniciando la desacralización extrema de esta fiesta, y con la transición, las cosas empezaron a cambiar en el terreno de las festividades. En el libro El franquismo se fue de fiesta, sus autores refieren: “Fue una transición dulce, no tan dura como en lo político y social: lo que había entonces eran ganas de divertirse”. “Cada autonomía comienza a construir su hegemonía cultural a partir de las fiestas”. Un caso evidente: de nuevo, el andaluz que consideraba lo festivo como algo indisociable de su idiosincrasia.

La presencia del franquismo en la Semana Santa parece haberse extendido hasta nuestros días. Recientemente, en Guadalajara ha saltado la polémica, pues Izquierda Unida de esa localidad ha exigido al Ayuntamiento “la retirada física y digital de todos los programas de Semana Santa por hacer apología de la sublevación militar de 1936”, así como «su reedición en términos que sean admisibles por una democracia».

El asunto es que la formación ha detectado que el Ayuntamiento reproduce textos de las distintas cofradías sobre las procesiones que se van a llevar a cabo, en los que en algún caso consideran que “permite llamar a la sublevación cívico-militar encabezada por Franco y a la Guerra Civil 'Cruzada de Liberación', asumiendo la terminología franquista y nacional-católica”.  Esto ocurre con la Cofradía del Cristo Yacente del Santo Sepulcro, fundada en 1948 con el nombre de “Hermandad de Caballeros Cruzados Ex Combatientes del Santo Sepulcro". La explicación prolija de estos orígenes y refundación en 1989, también de la mano de excombatientes, ha motivado la protesta.

Hoy la semana Santa se mantiene con su luz de tradición y sus sombras aún no despejadas de un pasado rancio en que Iglesia católica y dictadura se daban la mano, de modo que la maquinaria religiosa preconizaba a la sociedad sumisión y agradecimiento a un régimen que la constreñía. Por supuesto, existe un fondo de genuina fe en multitud de personas que acuden a las procesiones y a las celebraciones religiosas siguiéndolas con respeto y recogimiento. Aún me recuerdo a mí mismo dando el pregón de Semana Santa en uno de mis destinos profesionales, en Villacarrillo (Jaén), y su reproducción reiterada durante años en la COPE de Sevilla en la madrugada del Viernes Santo.

Pero no es menos cierto que la Semana Santa se ha convertido en una fecha vacacional esperada y disfrutada, que los hosteleros esperan con avidez crematística y en la que la religión, para una gran mayoría nacional y extranjera, es un reclamo curioso, escenario de series y películas (que algunos confunden con los sanfermines), y propio de estas fechas. 

Ello es normal en un Estado constitucionalmente laico y a nadie debería sorprender. 

Aunque es verdad, también, que los elementos más fanáticos se revuelven contra la pérdida del objeto ostensiblemente religioso inicial.

Sin ir más lejos, no hay que olvidar que en esos ambientes se ha mostrado la oposición a la proposición de Ley socialista que entró en enero de este año en el Congreso de los Diputados y que contempla la supresión del delito de ofensa a los sentimientos religiosos previsto en el artículo 525 del Código Penal, en base a lo dispuesto por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El TEDH expone que “la libertad de expresión recubre también las ideas que ofenden, conmocionan o perturban, de modo que las personas que profesan una religión no pueden esperar razonablemente la exención de toda crítica, sino que deben tolerar y aceptar que otros rechacen sus creencias de manera pública». En su proposición, el PSOE indica que el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) “tiene como límite el discurso del odio (…) de tal manera que sólo en ese punto, y no antes, nace la obligación positiva de intervención por parte del Estado”.

Hasta ahora, el artículo 525 castiga “a quienes, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican”, además de a los que “hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna”.

Lo que se pretende al derogarlo es garantizar que se pueda hacer una crítica pública y legítima a las creencias de una religión, “que es lo mínimo exigible en un Estado democrático que garantiza en un sentido real el derecho a la libertad de expresión y creación”. 

No tardaron elementos de ultraderecha como Abogados Cristianos y Hazte Oír —que tan activa se muestra en algunos procesos judiciales que afectan a instituciones públicas, como la Fiscalía General del Estado o en relación a la esposa del presidente del Gobierno— en poner el grito en el cielo, dicho esto sin ánimo de molestar, al considerar que el citado 525 protege el derecho fundamental a la libertad religiosa. Tantos años después seguimos con las mismas cantinelas fundamentalistas.

Dicho todo esto, animo a que cada cual celebre la Semana Santa y la Pascua como su formación, su espíritu y su conocimiento mejor le hagan entender. Que la vivan con devoción si así lo sienten; que se alegren con unos días de holganza; que les sirva para disfrutar de la familia, de la naturaleza y de los viajes. Y que, en todo caso, aprovechen para conocer una tradición que cuenta con obras de arte formidables y llena las calles de historia, aunque sea una historia cruenta y políticamente instrumentalizada durante décadas por las élites político religiosas dominantes del momento.

Les deseo una semana apasionante, pero no olviden que las víctimas actuales de dinámicas genocidas y contra la humanidad están hoy en día en Palestina y, especialmente, en Gaza. Espero que, durante estas fechas de exaltación religiosa de la muerte y la resurrección, haya un mínimo tiempo para exigir justicia.

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Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.

I.- Muchos se preguntan, desconcertados, cómo es posible que en un país —España— en el que va tan bien la economía, con récord de crecimiento y empleo, aumento histórico de pensiones y salario mínimo, reducción de jornada, exista esta sensación, en amplios ambientes, de que vamos mal. Incluso en un momento en que la corrupción política acreditada judicialmente está mucho menos extendida que en tiempos recientes, la impresión mediática es que nadamos en una charca de corruptelas y latrocinios, de las que se habla a todas horas en casi todos los medios.

Creo que buena parte de la explicación de tan malévola paradoja radica en lo que vengo en llamar la táctica de las cuatro fases, que se practica en la actualidad con profusión de instrumentos. No es ningún secreto que destacados y variados sectores del poder no soportan que exista en España un gobierno que se viene sustentando sobre lo que, a su criterio, son tres jinetes del apocalipsis —el comunismo, el separatismo y los herederos del terrorismo—. Lo que modestamente me he permitido en calificar de fantasmas, que sólo existen en sus calenturientas imaginaciones e impuros intereses. 

II.- A partir de aquí, todo vale para acabar con tan tenebroso gobierno. Y para ese menester no hay nada como practicar esa táctica de las cuatro fases, cuyo objetivo no es sólo embarrar el terreno de juego político, sino, sobre todo, impedir que se hable de lo que va bien. La primera fase consiste en que múltiples y opacas plataformas o asociaciones de ultraderecha —Hazte Oír, Manos Limpias, etc.— se dediquen a presentar denuncias a troche y moche, sin fundamento, contra personas cercanas al ejecutivo o a la persona del presidente del Gobierno. La segunda se alcanza cuando un juzgado las admite a trámite, pues en principio los jueces suelen hacerlo, por lo menos para investigar.

La tercera fase se consigue  de inmediato cuando tal admisión a trámite se filtra con lujo de detalles a los medios de comunicación afines o no, los que debido a pereza intelectual, ignorancia o interés afirman que tal o cual persona está “imputada” —de imputar: “atribuir a otro una culpa, delito o acción”— cuando en realidad esta figura no existe desde el 2015, pues fue sustituida, con razón, por la de “ investigado” —“de investigar o hacer diligencias para descubrir alguna cosa”—, que no presupone la comisión de delito alguno. Lo cierto es que esa “imputación” se convierte en escándalo mediático y, en su cuarta fase, pasa al Parlamento, donde se transforma en perpetuo pasto de oposición al Gobierno, al tiempo que la mayoría de los medios ya no hablan de otra cosa mientras dura la tramitación judicial. Una investigación judicial que suele durar meses e incluso años, no sé si por falta de medios, porque hábiles letrados plantean múltiples diligencias de prueba o porque hay jueces a los que les gusta hacer “prospecciones”, pero el resultado es nefasto para el justiciable, pues pase lo que pase con el procedimiento el sujeto afectado termina chingado.

III.- Así, en los temas que están en el candelero ocurren cosas realmente sorprendentes. Por ejemplo, en el caso del fiscal general, el asunto ha alcanzado niveles esperpénticos. El jefe de gabinete de la presidenta de Madrid lanza un grave bulo o mentira sobre una falsa propuesta de la Fiscalía, para llegar a un acuerdo sobre unas infracciones de impago de impuestos que habría reconocido la pareja de dicha presidenta. La Fiscalía lo desmiente como es su obligación, pues la realidad de los hechos había sido exactamente la contraria, dado que, como suele ocurrir, es el infractor el que propone a la Fiscalía un acuerdo de conformidad sobre el delito cometido, con el fin de eludir la prisión o aminorar la pena. A partir de aquí se desatan todos los rayos y truenos del averno, no contra el posible delincuente sino sobre el fiscal general, hasta el punto de que el juez instructor ordena a la Guardia Civil que entre en la sede de la Fiscalía y examine todos los instrumentos digitales —ordenador, móviles, etc.— del alto servidor público. Acto temerario y desproporcionado si tenemos en cuenta la altísima importancia para la seguridad del Estado de la información concentrada en la referida Fiscalía General. Es de esperar que no se le diera traslado a las otras partes del resultado.

Hay que advertir, amigo lector, que todo este embrollo o berenjenal se refiere a una posible filtración de información, en un país como el nuestro en el que dichas filtraciones están a la orden del día, incluso las que se deslizan desde la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, o las imágenes que se cuelan desde juzgados sobre declaraciones que afectan a la intimidad de las personas. Para más inri, el reproche recae en el perseguidor del posible delito, mientras que al que ha reconocido la infracción penal ni tan siquiera se le ha tomado todavía declaración y la viene eludiendo varias veces con excusas torticeras. Menos mal que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado el intento de que se declarase nulo el nombramiento del fiscal general, que era otra vertiente de la cacería organizada. 

IV.- En otros casos el asunto es todavía más chungo, como en el procedimiento del hermano del presidente del Gobierno. Se están investigando cuestiones que tienen difícil encaje en el derecho penal, como es el de cubrir plazas en la Administración, que más bien pertenecerían a la jurisdicción contenciosa. O si tenía despacho o no, si había incurrido en absentismo en el trabajo, que pertenecen que yo sepa al derecho laboral. Igual que con el caso de la esposa del presidente, sometida a un auténtico ensañamiento durante meses, con algunas pruebas abracadabrantes, sin que se haya probado de momento nada.

Todo lo anterior, según parece, forma parte de la Gran Corrupción, cuando todavía no hay nadie acusado de delito alguno, ni tan siquiera el exministro Ábalos, pues no se ha pasado, en ningún caso, de la fase de investigación. Pobre principio de presunción de inocencia.  El asunto es tan misterioso o extraño que a otro “supuesto delincuente confeso”, de nombre Aldama, en un grave asunto de hidrocarburos se le pone en libertad por estar dispuesto a colaborar con la justicia. Y lo primero que hace es acusar de múltiples delitos a medio Consejo de Ministros, sin aportar prueba alguna; pero eso sí, aireándolos a troche y moche, en cualquier medio que se preste, como hace poco en la Cope. Como si fuera poco, ahora resulta que la famosa UCO de la Guardia Civil sospecha que tal sujeto se podría estar dedicando a destruir o camuflar pruebas, lo que debería devolverle a prisión de ser cierta tal sospecha.

 Y los que más truenan y hacen de estos asuntos el centro de su oposición, con el fin de tumbar al Gobierno de izquierdas, son aquellos que tienen en su reciente historial a un vicepresidente del Gobierno y a varios exministros condenados y encarcelados por corrupción, además de varios exconsejeros de la Comunidad de Madrid.

V.- Claro que el ambiente de descontento en sectores de la población no se debe sólo a lo anteriormente descrito. También hay causas objetivas, de naturaleza real, como pueden ser los bajos salarios en muchos sectores o las dificultades de acceso a la vivienda, que afectan sobre todo a la población joven. Si sumamos estos elementos a que la mayoría de la población no tiene ni idea de lo que significó la dictadura y sus consecuencias de todo orden, tendremos una buena parte de la explicación de por qué hay personas que se sienten atraídas por posiciones de ultraderecha autoritarias y antidemocráticas, que pululan por las redes sociales y se manifiestan en el voto.

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Nicolás Sartorius es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. Su último libro se titula 'La democracia expansiva o cómo ir superando el capitalismo' (Anagrama).

¿Es compatible dirigir la causa judicial de un pseudosindicato contra el Fiscal General del Estado y ser, al mismo tiempo, asesor del Partido Popular con un sueldo a cargo del erario público? Formalmente sí. Es, de hecho, el caso de Víctor Soriano que cobra 56.937 euros anuales desde enero del pasado año como personal eventual adscrito a la secretaria primera, Eva Ortiz, del grupo parlamentario del PP y, al mismo tiempo, representa a la organización ultra en la causa que investiga si desde la Fiscalía se filtró un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La clave para que el Senado reconozca la compatibilidad de Soriano como asesor y abogado está en el puesto que desempeña Eva Ortiz al ser miembro de la Mesa de la Cámara Alta. Así, cualquier "personal eventual miembro de Mesa" puede compatibilizar su "actividad pública principal" con actividades privadas como la docencia y la abogacía. En cambio, los asistentes y asesores del resto de senadores solo pueden hacerlo con la docencia.

Soriano, de hecho, se ha dedicado a ambas mientras ejercía como asesor del PP en el Senado. Además de dirigir el despacho 'Soriano i Piqueras' desde septiembre de 2023, también fue profesor ayudante de Derecho Administrativo en la Universidad Europea de Valencia, tal y como él mismo desgrana en su perfil de LinkedIn, hasta septiembre del pasado año. Un perfil en el que también detalla que actualmente también es administrador de Metrópolis Abogados y "tertuliano de actualidad" en el programa El Faro de la cadena autonómica valenciana 'La 8 Mediterráneo'.

Ese trabajo en televisión no es compatible, según el Senado, con su puesto como personal eventual de la Cámara por lo que, teóricamente, no debería percibir remuneración alguna ya que no está ejerciendo su "actividad privada" como abogado sino como "tertuliano". Pero no es la única labor que desempeña en los medios, ya desde la derecha mediática —Libertad Digital y Okdiario, entre otros—, le consultan como "experto en derecho" o simplemente "abogado", obviando su condición de asesor y militante del PP, sobre cuestiones de actualidad.

Sin ir más lejos este mismo jueves Soriano ha participado en unas jornadas jurídicas organizadas por el medio de Eduardo Inda en Marbella en las que también han estado —en otro panel distinto— los jueces Eloy Velasco, Enrique López y Manuel García-Castellón, a los que se les ha ofrecido una remuneración que ronda los 1.000 euros, según adelantó Canal Red.

Desde el Partido Popular se han tratado de desvincular del nombramiento de su asesor. "No es un asesor del grupo parlamentario del Senado", arguyó el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, en rueda de prensa. "Es un asesor de una persona que cumple funciones de secretaria primera". Una explicación similar a la que dieron desde un primer momento fuentes de la Cámara Alta, que confirmaron a infoLibre que la intención de Ortiz era mantenerlo en el cargo. En Génova aseguran que no conocen a Soriano, que ha desarrollado su trayectoria política en el PP valenciano y lleva militando en la formación de Feijóo desde hace 18 años, tal y como él mismo ha reconocido.

Si hay alguien que lo conoce bien es el vicesecretario de Acción Institucional del PP y hombre de confianza de Feijóo, Esteban González Pons, que en en 2011 tuvo que salir del paso y pedirle perdón a la entonces diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà, tras los insultos recibidos por parte de Soriano, militante en esa época de Nuevas Generaciones y exportavoz de una entidad universitaria afín al sector cristiano liderado por Juan Cotino. Soriano se dirigió a Mollà como "sra di puta da" en redes y Pons lo condenó y se solidarizó con ella.

"Es un asistente de un miembro de la Mesa" insistió Tellado, obviando los vínculos con el PP valenciano y que la contratación de los asesores es discrecional, es decir, deben contar con el aval del grupo parlamentario. No tienen por qué tener una titulación concreta, pero lo que más suelen proliferar son perfiles con la carrera de derecho, ciencias políticas o periodismo. Dentro de esta categoría hay puestos de lo más diverso: asistentes, secretarios, coordinadores de grupo, directores de asuntos jurídicos, directores de comunicación o asesores especializados. Soriano pertenece a la categoría más alta, la A, que cobra el doble que un asistente.

No es la primera vez, sin embargo, que Soriano ejerce como asesor y abogado al mismo tiempo. Ya lo hizo durante 2019 hasta en 2022 en Les Corts, donde ejerció como responsable de asesoría jurídica del PP y trabajó al mismo tiempo en el despacho Gómez-Acebo & Pombo. Desde ese cargo, pagado también con dinero público, dirigió las ofensivas judiciales del PP de Carlos Mazón contra el por entonces president, Ximo Puig, y su familia. Hace pocos días el despacho del que es fundador lanzó un programa dirigido a "perseguir la corrupción del adversario".

Fuentes de la dirección nacional del PP subrayan que por su parte no hay "ningún problema" en que compatibilice ambos trabajos e insisten en que no han tenido acceso a información privilegiada en la causa contra el Fiscal General, mientras que el asesor de la formación conservadora asegura que ha "rechazado tres cargos públicos" por, precisamente, no ser compatibles con el "ejercicio de su profesión" y ofrecer "salarios bajos".

No es la primera vez que los conservadores apuntan y Manos Limpias ejecuta. Es lo que sucedió con el caso de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a la que Feijóo situó en la diana el pasado año tras la publicación de algunas informaciones en prensa. "Si vuelve a negarse a dar explicaciones, y van tres veces que se las pido", amenazó desde el Congreso,  "habrá una investigación específica sobre los asuntos que le afectan a su entorno más inmediato. Parlamentaria, seguro, y judicial también, si es necesario". Semanas más tarde el pseudosindicato denunció a Gómez en un recopilatorio de noticias sobre ella, algunas completamente falsas y las otras sin carácter probatorio de ningún delito.

De un tiempo a esta parte la organización ultra ha conseguido recuperar gracias a su ofensiva judicial contra el entorno de Pedro Sánchez un foco mediático que había perdido en los últimos años. Tras lo peor de la pandemia, Manos Limpias engrasó su maquinaria y volvió a la carga con querellas de alto voltaje dirigidas contra responsables políticos. Eso sí, apuntando siempre hacia el mismo sitio: la izquierda o el independentismo. Todas ellas se estrellaron, sin embargo, contra el Supremo. Denuncias con mucha repercusión mediática, pero nulo éxito jurídico.

Aunque Soriano defiende que no tiene por qué coincidir con la ideología de sus clientes y presume de haber asesorado también al PSOE y a Compromís, sí defiende abiertamente las demandas del colectivo ultra en redes sociales, donde es abiertamente hostil contra el Gobierno. Después de que eldiario.es destapara su caso y desde el PSOE y el Gobierno lo calificaran de escándalo, escribió en X: "Nunca pensé que un ministro de Justicia justificaría su ataque al Estado de Derecho hablando de mí. Sería un halago de no ser un peligro. Ahora entiendo por qué algo que lleva un año en prensa está hoy en una portada a cinco columnas. Todo orquestado".

El Partido Popular tiene contratado a través de la Mesa del Senado al abogado de Manos Limpias en la causa abierta en el Senado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tal y como ha publicado elDiario.es y confirmado infoLibre. Como asesor de la Cámara Alta, Víctor Soriano cobra 56.937 euros anuales de dinero público desde principios de 2024. Pero no es su única actividad profesional. Desde el pasado verano actúa también como letrado de la organización ultra en la investigación contra el fiscal general por una supuesta filtración de datos relativa a los delitos contra la Hacienda Pública cometidos por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El fichaje de Soriano se publicó en el Boletín Oficial del Senado en enero del año pasado. ¿Su cargo? Personal eventual adscrito a la secretaria primera. Sin embargo, el portal oficial de la Cámara recoge su asignación al grupo parlamentario del PP.

La explicación oficial que ha ofrecido a infoLibre la formación conservadora es que Soriano trabaja directamente para el Senado como institución, en un cargo de libre designación de la Secretaría Primera de la Mesa del Senado, en manos de la popular Eva Ortiz. La propia Ortiz ha asegurado que el letrado tiene concedida la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía como actividad privada, como acredita también la página de la Cámara. Además, el PP insiste en que Soriano no es el abogado de Manos Limpias en la acusación contra el fiscal, sino que simplemente dirige el bufete contratado por la organización. Por todo ello, lo van a mantener en su puesto.

En declaraciones a elDiario.es, el letrado ha defendido que tiene un despacho en el que trabajan más de una decena de personas y con “clientes variados", incluidos, por ejemplo, ayuntamientos del PSOE o expolíticos de Compromís. “No hay ninguna relación entre mi trabajo en el Senado y mi actividad como abogado, que está al margen de cuestiones ideológicas o políticas”, ha añadido.

No obstante, la relación laboral entre Soriano y el PP viene de lejos. El abogado ya fue contratado como asesor de la formación en las Cortes Valencianas entre 2019 y 2022, cargo desde el que dirigió las ofensivas judiciales contra el entonces president, Ximo Puig, y su familia.

La Audiencia Provincial de Madrid aborda este lunes el devenir de la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al estudiar los recursos en los que su defensa y la Fiscalía piden que archive o acote la causa.

Se trata de un día clave en el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.

Una causa que empezó dirigiéndose únicamente contra Begoña Gómez, por su presunto papel en procedimientos de adjudicaciones públicas al empresario Juan Carlos Barrabés, y que ya acumula otros dos imputados más: este empresario y el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.

Ante los intentos de la Fiscalía y del abogado de Begoña Gómez, el exministro y exfiscal Antonio Camacho, para que el juez Peinado aclarase qué es lo que estaba investigando y limitase sus pesquisas, ambos recurrieron a la Audiencia Provincial de Madrid.

La sección 23 de este órgano judicial, que ya avaló hace meses la apertura de la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, se reúne a puerta cerrada este lunes para resolver los recursos, aunque fuentes jurídicas consultadas por EFE ven poco probable que se adelante su decisión ese mismo día.

Según las fuentes, la magistrada y exministra de Justicia Pilar Llop, que forma parte de esa sección, solicitó a la presidenta, Rosario Esteban Meilán, no participar en la terna de deliberación de estos recursos, como tampoco ha hecho en ninguno de los debates jurídicos relacionados con esta causa.

Tres magistrados decidirán si archivan la causa, la acotan o la dejan tal y como la está dirigiendo el juez Peinado, a quien a su vez el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene que decidir si investiga por prevaricación, tras las querellas presentadas por la Abogacía del Estado, en representación del presidente del Gobierno y Begoña Gómez.

La defensa de Gómez solicita a la Audiencia el archivo, al sostener que se trata de una investigación prospectiva y universal, prohibida por la ley, aunque subsidiariamente también pide acotarlo.

Muy crítico con el procedimiento que dirige el juez, el abogado Antonio Camacho recurrió la resolución en la que Peinado señaló que investiga "todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial".

El magistrado añadía que quedaban excluidos los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y que investiga la Fiscalía Europea.

Pero la defensa de Gómez denuncia que el juez ha seguido investigando hechos ajenos a los que se pronunció la Audiencia de Madrid, como el rescate de Air Europa, o el máster de la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

La Fiscalía, por su parte, solicita acotar la investigación en los términos que la Audiencia planteó en el citado auto, tras el que -dice- "daría la impresión de que la causa se habría quedado sin hechos sobre los que indagar".

En su recurso habla de "la amplitud, generalidad y falta de concreción en la imputación de hechos delictivos concretos", y advierte de que el proceso judicial es "genérico y carente de concreción".

Estos recursos fueron presentados a principios de julio, antes de que el juez diera un impulso a la investigación e imputase al empresario Barrabés y al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y citar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al margen de lo que decida la Audiencia de Madrid este lunes, el juez tiene pendiente resolver si asume otra denuncia de la organización ultracatólica Hazteoír contra Begoña Gómez por presunta apropiación indebida de un software para el máster de la cátedra que codirigió.

El juez que investiga a Begoña Gómez ha cedido a la Fiscalía Europea la parte de la investigación abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afecta a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés financiada con fondos europeos, como le había reclamado el órgano comunitario. Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso este martes Europa Press, en la que el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado, acepta la avocación planteada por la Fiscalía Europea en la investigación abierta contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El juzgado, de esta forma, deja al órgano comunitario la competencia para investigar "exclusivamente respecto de los hechos y delitos (...) relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por la entidad pública Red.es a la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley sin perjuicio de las irregularidades vinculadas a los anteriores hechos que pudieran ser constitutivas de ilícitos penales y en las que se vieran afectados fondos europeos".

Un movimiento que se produce después de que la semana pasada la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara, por orden de la propia Fiscalía Europea, en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información con contratos que adjudicó a Barrabés y que están relacionados con la investigación. Cabe recordar que el pasado 26 de abril se interesó por la causa y preguntó al juez que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Gómez si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.

En ese decreto de 26 de abril, al que tuvo acceso Europa Press, el órgano comunitario pidió al instructor que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento "estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley", integrada por una sociedad propiedad del empresario Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las "recomendaciones o avales" de la esposa de Sánchez.

Los fiscales delegados Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate señalaron en dicho decreto que la Fiscalía Europea "podría, en su caso, llegar a ejercer su competencia" para investigar dichos contratos si así lo estimaban pertinente, por lo que solicitó al juzgado que le remitiese la documentación oportuna.

En una providencia, a la que también tuvo acceso Europa Press, el juez de Madrid contestó que en los hechos que investiga constaban "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades 'Innova Next' -sociedad del Grupo Barrabés-, 'SLU Escuela de Negocios', y 'The Valley'". Ante la petición del órgano comunitario, el instructor facilitó copia de los documentos requeridos, aunque entonces no se pronunció sobre la competencia de la investigación en lo relativo a los contratos con fondos europeos, ya que es la propia Fiscalía Europea la que debía determinarlo.

El Gobierno ha cargado contra la organización ultra Manos Limpias por haber presentado "otra vez" una "denuncia falsa" basada en "recortes de tabloides digitales" que ha llevado a la apertura de diligencias contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y después de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, también a raíz de una denuncia del sindicato.

Así lo ha expresado la ministra portavoz, Pilar Alegría, al ser cuestionada por una valoración sobre la apertura de diligencias contra el hermano de Pedro Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que incluso la jueza que lleva el caso desconfía de los procedimientos del pseudosindicato Manos Limpias.

"Otra vez, Manos Limpias, de nuevo Manos Limpias, que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales", ha dicho Alegría, acusando a la organización de basar su denuncia al hermano del jefe del Gobierno en información "falsa" y bulos.

La ministra ha destacado "la desconfianza que genera este grupo ultraderechista" incluso en la propia jueza, que ha tenido que pedir a Manos Limpias que "formalice los trámites procesales" y pague "una fianza de 10.000 euros" para seguir adelante con la denuncia.

Las declaraciones del Gobierno tienen lugar tras la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias, y un día después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz haya abierto diligencias de investigación contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, así como contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución.

Las diligencias de investigación contra el hermano de Sánchez han sido abiertas por los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a Europa Press. El auto ya se ha notificado a las partes y ahora se ha acordado la práctica de pruebas, entre ellas la remisión del contrato del hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra, que actualmente es coordinador del programa Opera Joven de la Diputación de Badajoz.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo espera que "cuanto antes" se archive la denuncia contra él y el hermano de Pedro Sánchez porque "no hay nada que ocultar" y "está todo hecho conforme a la ley". El también líder del PSOE extremeño ha indicado que el motivo de esta denuncia es "intentar quebrar su reputación" y asume que "eso va en las cargas del cargo" de secretario regional de los socialistas extremeños, al tiempo que ha indicado que todo este proceso "no es casual".

"No es casual que se pidiera por parte del Partido Popular de la Diputación de Badajoz una comisión no permanente, que después viniera una denuncia precisamente de un pseudosindicato que todos sabemos que tiene sucio todo y más las manos y, por lo tanto, no me preocupa en absoluto, lo único que le puedo trasladar es mi interés en que cuanto antes se pueda resolver", ha señalado en declaraciones a los medios este martes en Cáceres antes de asistir a la Asamblea General del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode).

Así, ha subrayado que "confía plenamente" en la justicia de Extremadura "y también en la de España". "Yo no tengo nada que decir, los jueces tienen que hacer su trabajo y su trabajo está en que cuando hay una denuncia, sea falsa o veraz, lo primero que hay que hacer es comprobar y eso forma parte del propio Estado de Derecho, aunque eso signifique que el derecho a denunciar de algunos signifique la quiebra del prestigio de otros", ha apuntado.

No obstante, ha insistido en que "en política no hay nada casual" y ha defendido que hay una concatenación de hechos que se irán demostrando. "No es casual tampoco que cuando se va a abrir el debate sobre el estado de la región, sigan impulsándose denuncias por parte de una asociación que sabemos cuál es", ha añadido.

Según Gallardo, la intención de esta denuncia "es clara" y tiene como objetivo "quebrar la reputación del secretario general del Partido Socialista" porque "eso es lo que le molesta al Partido Popular en Extremadura", ha dicho. "Pero en cualquier caso, el que quiebren esa reputación de forma temporal a mí no me va a distraer en absoluto", ha insistido.

Gallardo ha recalcado que en este asunto "no hay ningún tipo de interés" ya que fue la propia diputación pacense la que aprobó esa comisión no permanente, por lo tanto, "nada que ocultar", ha dicho, al tiempo que ha pedido que, por lo que representa desde el punto de vista del juicio público, que el proceso se agilice "lo antes posible".

"A día de hoy todavía no ha presentado la querella ese sindicato, lo que ha hecho es denunciar, pero no ha hecho una querella para la que tiene diez días y me imagino que intentarán agotar el tiempo", ha señalado el líder de los socialistas extremeños. "No me van a quebrar las ganas, el interés por seguir trabajando por Extremadura, por el pueblo, recuperando fundamentalmente el proyecto socialista para la gente", ha concluido.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias de investigación contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el responsable de Recursos Humanos de esta institución, según Europa Press.

Unas diligencias de investigación que el juzgado ha abierto por los presuntos delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Este auto ya se ha notificado a las partes, y ahora se ha acordado la práctica de pruebas, entre ellas la remisión del contrato del hermano de Pedro Sánchez, conocido como David Azagra, que actualmente es coordinador del programa Opera Joven de la Diputación de Badajoz.

Cabe recordar que estas diligencias de investigación se abren tras la presentación de una denuncia por la organización Manos Limpias, a finales de mayo, contra David Sánchez y Gallardo por malversación

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, publicó este martes una nueva carta a la ciudadanía, tras citar el juez como investigada a su esposa, en la que muestra su decisión "más firme que nunca" de continuar en la Presidencia del Gobierno y en la que defiende que la causa abierta contra Begoña Gómez es "todo mentira, un gran bulo", por lo que ve un interés electoral en ese paso judicial y por lo que pide "condena y rechazo" en las urnas el domingo.

Sánchez en el mensaje indica: "Quisiera trasladar que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes". "Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lectora extraer sus conclusiones", ahonda el dirigente socialista.

Sánchez indica que se ve en la obligación de compartir "una lectura política" de lo sucedido, recordando que en su anterior misiva ya denunció la "deriva de la coalición reaccionaria" formada por Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo "para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal". "Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso como supimos ayer tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura con una alianza contra natura. Todo les vale", denuncia el presidente.

Según el presidente, "lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria". Y subraya que sabía que la "máquina del fango no iba a parar", sino que se iba incluso a acelerar. Pero señala que va a seguir al frente del Ejecutivo a pesar de ese acoso: "La tarea que tiene el Gobierno de coalición es más necesaria que nunca".

El socialista advierte en su carta a los ciudadanos: "En los próximos días será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno". Con esta confesión al hilo: "Begoña y yo sabemos perfectamente para qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja".

A lo que añade el también secretario general del PSOE: "Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ellos por las responsabilidades de su marido. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del Gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos".

Interpela directamente a los ciudadanos otra vez en el mensaje con el aviso de que se escuchará mucho ruido y "aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el señor Feijóo y el señor Abascal". "Todo mentira, un gran bulo", sostiene, con la idea directa: "En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán".

Todo ello le lleva a este punto: "Y, dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores (el señor Feijóo y el señor Abascal) encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazos a sus malas artes". Para concluir así la carta: "Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances".

El juez que abrió diligencias a raíz de la denuncia del pseudosindicatos Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de tráfico de influencias, ha citado como testigos al empresario Juan Carlos Barrabés y a otras cinco personas, entre ellas varios cargos de Red.es, según ha recogido Europa Press.

Fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41, Juan Carlos Peinado, ha citado el 7 de junio a partir de las 09.30 horas a Barrabés. El mismo figura en un informe aportado al juez por la organización ultra Manos Limpias en relación a cuatro contratos por importe de 10,2 millones de euros que presuntamente adjudicó el ente público Red.es a su mercantil, Innova Next SL.

El magistrado también ha llamado a sede judicial el próximo 6 de junio a partir de las 11.15 horas al CEO de Red.es, David Cerco, al que fuera director general de Red.es Alberto Martinez Lacambra, al economista y abogado de Innovanex, Luis Antonio Martín Bernardos; al director de la asesoría jurídica en Red.es, Ignacio Espejo Saavedra Hernández; y a Luis Prieto Cuerdo, director de Economía de Red.es.

Cabe recordar que la decisión del juez de abrir diligencias contó con la oposición de la Fiscalía que, una vez que tuvo conocimiento de que se había abierto procedimiento, presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que ordenase el archivo de la causa, según las fuentes fiscales consultadas.

Manos Limpias acusa a Gómez de actuar "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno: "Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

El sindicato apoyó su denuncia en lo publicado por varios diarios digitales y de papel, así como lo conocido por tertulias televisivas. En una nota de prensa, Miguel Bernad -secretario general de Manos Limpias- recalcó que se basaba en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no fueran ciertas debían ser "quienes las publicaron" quienes asuman "la falsedad".

Responsables de dos medios de comunicación que publicaron las noticias en las que se basó la denuncia han ratificado en sede judicial la "veracidad" de sus informaciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias denunciado por la organización ultra Manos Limpias el pasado mes de abril en relación con los trabajos de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa este martes el diario El País y ha recogido Europa Press.

En un informe enviado a Juan Carlos Peinado, el juez que abrió diligencias contra Gómez tras la denuncia de Manos Limpias, la UCO explica que no aprecia que la esposa del jefe del Ejecutivo tuviera alguna influencia en el rescate de la aerolínea Air Europa ni tampoco en los concursos convocados por Red.es para distintos planes de formación en nuevas tecnologías.

En concreto, según ha analizado la Guardia Civil, "no se tiene constancia" de que el hecho de que Begoña Gómez coincidiera con Javier Hidalgo, uno de los directivos de Globalia (grupo propietario de Air Europa), "pudiera estar vinculado a la decisión ministerial del rescate a Air Europa", según explican fuentes conocedoras del caso citados por el diario.

Por otra parte, examina que dos de las ayudas de Red.es a Innova Next, propiedad de Juan Carlos Berrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía la mujer del presidente, contaron con cartas de recomendación de Gómez, pero que dicha empresa ya había recibido hasta 28 contratos de la Administración pública a lo largo de los últimos años, uno de ellos del Ayuntamiento de Madrid bajo gobierno del PP.

El informe concluye que no se han encontrado vínculos entre esas personas que firmaron las calificaciones de las distintas ofertas y Begoña Gómez. Además, la UCO sostiene que "no se han identificado indicios" de lo que afirmaba la querella de Manos Limpias al sostener que fue Barrabés quien "montó el Máster de Transformación Social Competitiva" de Begoña Gómez. Por último, el Instituto Armado observa también que Gómez no ha recibido ninguna subvención pública, según recoge la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

El 11 de marzo de 2024, el Tribunal Supremo emitió la sentencia 235/2024 en la que absuelve a Miguel Bernad, director de Manos Limpias, de un delito de extorsión consumada y de otro continuado, por los que había sido condenado a tres y un años de prisión, respectivamente, por la Audiencia Nacional. En la misma sentencia, también se absuelve al director de la asociación Ausbanc, Luis Pineda, condenado por delitos de extorsión y estafa por el mismo tribunal. El órgano de comunicación del poder judicial hizo pública su sentencia el 15 de marzo siguiente.

En la sentencia se describen las actuaciones de ambas organizaciones en relación con entidades bancarias y otras empresas durante varios años. Ausbanc, en cuanto asociación de clientes de banca, negociaba con las entidades bancarias contratos de publicidad a insertar en las publicaciones de la asociación, entre otras actividades. Si las entidades no aceptaban los requerimientos dinerarios que Ausbanc les solicitaba por la publicidad u organización de eventos, su imagen o la de sus directivos derivaba en negativa o muy crítica en dichas publicaciones, y /o se iniciaban acciones civiles o penales contra las entidades o sus directivos. Es ahí donde aparece el papel de Manos Limpias, “que articulaba denuncias, estando a la sombra de Ausbanc que le daba directrices sobre cómo y cuándo proceder en los procesos judiciales, presentándose como acción popular”.

Pese a que el Tribunal Supremo reconoce que las conductas de Ausbanc y Manos Limpias no son éticamente aceptables, considera que la “presión" (así la llama) que ambas organizaciones ejercían sobre las entidades bancarias no constituye delito de extorsión ya que no se llega, en opinión del tribunal, a los elementos del tipo definido en el artículo 243 del Código Penal.

Doctores tiene la academia y el foro para analizar, desde un punto de vista jurídico, la sentencia. La argumentación del Tribunal Supremo deja al ciudadano corriente, como el que escribe, sumido en una gran perplejidad. ¿Hasta dónde tiene que llegar la “presión” de organizaciones mafiosas para que se conviertan en delitos? ¿Amenazar con poner o quitar querellas o denuncias dependiendo de que se acepten o no determinadas exigencias económicas sólo es censurable éticamente?

De lo que no hay duda es de que la absolución de Miguel Bernad ha supuesto un espaldarazo y un visto bueno a la actividad que desarrolla Manos Limpias, que rápidamente se ha puesto a llevar a cabo su tarea preferida. A título meramente informativo, el ponente de la sentencia ha sido el magistrado Leopoldo Puente; han formado parte del Tribunal los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Verdugo, Pablo Llarena y Susana Polo.

Menos de un mes después de la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo, el 9 de abril de 2024, Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente de gobierno.

Si en el caso de Ausbanc, Manos Limpias actuaba bajo las órdenes y los criterios de aquella organización, ¿bajo qué órdenes o con la colaboración de quién actúa en esta denuncia? No lo sabemos, pero es muy poco probable que sea una actuación por iniciativa propia.

La denuncia a la que se ha adherido también la organización Hazte Oír se contiene en siete páginas. Como es de suponer, Manos Limpias no ha realizado ninguna investigación propia. Su acusación se basa en ocho noticias aparecidas en diversos medios digitales, que tampoco Manos Limpias se ha molestado en verificar.

Entre las noticias utilizadas aparece la que se ha calificado de carta de recomendación de Begoña Gómez a favor de empresas que obtuvieron contratos con administraciones públicas en 2020. El Confidencial, que no es un libelo, ha publicado esa llamada carta de recomendación sobre la que merece la pena detenerse en detalle, aparte de la fecha de su emisión, que es de julio de 2020, cuando estamos en 2024.

El documento, firmado por Begoña Gómez, como codirectora del Máster en Fundraising  de la Universidad Complutense, se titula Declaración de Interés y Apoyo del Máster de Captación de Fondos de ONLS para el desarrollo del programa Conecta, Formación e Inserción Laboral de Desempleados. Expone que la dirección del máster es conocedora de la Iniciativa de Barrabés y The Valley, empresas promovidas por Red.es y FSE (instituciones públicas), indicando a continuación su apoyo a dicho programa y futura colaboración.

Las empresas citadas licitaron para desarrollar el programa promovido por Red.es y obtuvieron determinados lotes de adjudicación. La declaración del Máster de Fundraising es lo que en el mundo de las organizaciones sociales y ong se utiliza para mostrar el apoyo de una cátedra o institución pública o privada a un proyecto que está alineado con las características de la institución que apoya. Hay que destacar también que Begoña Gómez era codirectora del Máster de Frundraising, en el que no participaba ni como fundador, director o profesor Carlos Barrabés, director de Barrabés, quien sí es fundador y profesor del máster en Transformación Social Competitiva de la que, en la actualidad, también es codirectora Begoña Gómez.

El documento firmado por la codirectora del Máster de Frundraising no tiene destinatario, aunque lo más probable es que fuera dirigido a las instituciones públicas y privadas que se citan en el mismo. Imaginemos, lo que es mucho imaginar, que las empresas Bernabé y Valley utilizaran dicho documento en la presentación de sus opciones a la licitación promovida por Red.es. El artículo 64 de la ley de contratos del sector público señala que los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción... Por otra parte, el artículo 90 de la misma ley regula los criterios de solvencia técnica para evaluar las propuestas presentadas. La institución que promovió la licitación ganada por la UTE Barrabés The Valley en 2020 ha afirmado que la licitación se hizo respetando la legalidad establecida.

De verdad, ¿alguien piensa que una licitación se gana por una carta de recomendación, en el caso de que ésta exista? ¿El corruptor va a dejar su firma en un documento? A estas alturas, se sabe bastante sobre cómo funciona la corrupción en las licitaciones públicas, y no es a través de cartas de recomendación firmadas que podrían figurar en el expediente de contratación.

Por otra parte, la empresa Barrabés ha contratado y colaborado con otras administraciones públicas, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid en el proyecto Madrid in Motion presentada por los responsables de economía, empleo e innovación en el Demoday 2020, siendo alcalde José Luis Martínez Almeida. También colaboró con el Ayuntamiento de Madrid siendo alcaldesa Manuela Carmena, así como con la Generalitat de Cataluña, Cruz Roja y con no pocas empresas privadas. 

La denuncia recayó en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid. El 16 de abril de 2024, el titular del juzgado Carlos Peinado decidió abrir diligencias para la investigación de la denuncia declarando el secreto del sumario, por lo que en estos momentos se desconocen las diligencias practicadas o la posible citación de testigos. A pesar de que el Tribunal Supremo ha elaborado un criterio desechando la  posibilidad de abrir diligencias cuando las acusaciones se basen en meras noticias de prensa, el titular del juzgado no ha archivado las actuaciones. Se desconoce si el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Supremo han recordado al juez el criterio de este último. La Fiscalía ha pedido el archivo de las actuaciones.

El 24 de abril de 2024, Luis Salas Fernández, jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dirigió un correo electrónico a varios periodistas de medios madrileños en el que les comunicaba la apertura de diligencias del juzgado número 41 de Madrid, añadiendo que las diligencias habían sido declaradas secretas. El Protocolo de Comunicación de los Tribunales de Justicia de las Comunidades Autónomas establece las circunstancias en las que se podrá dar cuenta de la identidad de los investigados o detenidos que han prestado declaración ante el juez y los motivos de su imputación, con una breve descripción de los hechos o de los indicios de los delitos apreciados.

En la publicación de la nota de prensa del jefe de prensa del TSJ madrileño no se dan esas circunstancias, por lo que se puede deducir que se ha realizado una revelación de actuaciones judiciales fuera de los cauces, formas y finalidades previstas en el protocolo de actuación. Las revelaciones de la jefatura de prensa del TSJ han sido denunciadas ante los Juzgados de Pozuelo de Alarcón por un particular. Se desconoce si el TSJ ha iniciado algún tipo de investigación en relación con la revelación de su jefe de prensa.

Seguirá…

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

La reciente denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, –a la que ahora se suma otra de la plataforma Hazte Oír– "ha puesto de manifiesto la delicada relación entre justicia, política y medios de comunicación". Así lo ha explicado Juezas y Jueces para la Democracia en un comunicado en el que recuerdan "la necesidad de mantener la independencia judicial en un contexto donde las líneas entre la justicia y los intereses políticos pueden difuminarse".

Los jueces y juezas de instrucción juegan un papel esencial en la investigación de presuntos delitos y en la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, asegurar que puedan operar libres de cualquier influencia externa o presión y mantener su independencia "es esencial para mantener la confianza en nuestro sistema legal". En este sentido, la nota emitida por JJpD destaca que "la independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia saludable. Los jueces deben poder actuar con total libertad y sin temor a represalias para garantizar un proceso justo y equitativo".

Según explican, dañar la reputación sin pruebas sólidas puede ser perjudicial para la democracia y "las denuncias basadas únicamente en información mediática pueden ser precipitadas y carecer de la rigurosidad necesaria". Por lo tanto, es necesario abordar las prácticas que intenten manipular el sistema judicial con motivos indebidos.

JJpD advierte sobre este peligro, afirmando que "es fundamental salvaguardar la integridad del sistema judicial frente a intentos de manipulación política. La justicia debe ser ciega a las presiones externas y centrarse exclusivamente en los hechos y pruebas presentadas ante ella".

Finalmente, el comunicado concluye con un mensaje de confianza en las instituciones democráticas y reafirmando el compromiso de JJpD con la justicia imparcial y el Estado de derecho: "Juezas y Jueces para la Democracia sigue confiando en las instituciones y en la independencia judicial".

Un magistrado polémico que se peina con la raya a la derecha. Unos prendas que se autodenominan Manos Limpias y que son conocidos en plaza y una falsa denuncia sin recorrido jurídico alguno. No va más.

La fiscalía, visto lo visto y oliéndose la mala praxis, ha recurrido la admisión a trámite de la denuncia presentada por Manos Limpias contra Begoña Gómez y solicita que se archive la causa o lo que viene siendo el mal chiste.

En cualquier caso, el daño ya está hecho y sus autores, prensa y medios conocidos también en plaza, se irán de rositas sin recoger su mierda con una bolsita y depositarla en la basura.

Pedro Sánchez y sus socios en el ejecutivo son los que han creado un escudo social en este país, digno. Los resultados económicos están ahí y son irrefutables. Lástima que este país, bipolar, rancio y fascista con una judicatura tendenciosa y obsoleta no sepa apreciarlo.

Sánchez, probablemente, dimitirá el lunes 29 del año de nuestro Señor, y la derecha volverá a ganar las elecciones generales que se convoquen en breve. Esta es mi hipótesis. La cuestión es: ¿Cómo es posible que la mentira repetida hasta la saciedad obre el milagro de convertirse en verdad? No va más.

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Pako Martí es socio de infoLibre.