“Lunático islamófilo”, “tarado”, “cretino”, “botarate” o “imbécil”, “falso padre de una inexistente patria” o “traidor y enemigo de España”.

He ahí algunos de los descalificativos con que, bien desde el revisionismo histórico o desde la derecha extrema y la extrema derecha, se han utilizado contra Blas Infante, aquel “pobre notario de pueblo”, como también le llamaron, que se convirtió en el principal adalid del andalucismo durante un periodo especialmente complejo de la historia española: el que siguió a la restauración monárquica, con la alternancia de lo mismo y la consolidación, como denunció Julio Anguita en su día, de un Estado que basculaba entre el centralismo madrileño y el poder económico y político de la burguesía vasca y catalana. Veinte años después del desastre del 98, con las secuelas de la guerra del Rif y en plena monarquía de Alfonso XIII, a las puertas de la dictadura de Primo de Rivera, concibió una teoría de Andalucía muy distinta a la que José Ortega y Gasset enunciara en 1927.

Frente a otros nacionalismos ibéricos de la época, Infante –al que pocos han leído y muchos han usado su nombre en vano— no fija su prisma en los intereses de una burguesía andaluza apenas existente, o en una oligarquía a la que no interesaba nada la tierra que poseían ni los jornaleros a los que explotaba. Estos son algunos de los protagonistas o destinatarios de su corpus ideológico: “Yo tengo clavada en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía triste de las tardes invernales; he presenciado cómo son repartidos entre los vecinos acomodados, para que éstos les otorguen una limosna de trabajo, tan sólo por fueros de caridad; los he contemplado en los cortijos, desarrollando una vida que se confunde con la de las bestias; les he visto dormir hacinados en las sucias gañanías, comer el negro pan de los esclavos, esponjado en el gazpacho mal oliente, y servido, como a manadas de siervos, en el dornillo común...”

Pero su discurso profundo no es sectario, sino abierto, bebe de las ideas de la no violencia que Mahatma Gandhi estaba ya desarrollando en aquellos días, y su “Andalucía por sí, Iberia—ese fue el primer enunciado de su lema y de su himno—y la Humanidad” buscaba el mismo escenario que husmeaba el mundo en el periodo entre guerras y que él plasmó en La sociedad de las naciones, en defensa de la necesidad de la creación de esta entidad internacional y del derecho de Andalucía a formar parte de ella.

La ocasión la ofrecía el planteamiento del llamado “principio de las nacionalidades”, que era uno de los puntos clave de las propuestas de paz contenidas en el denominado programa Wilson —por Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos que lo proponía—. Infante aprovecha la ocasión para avanzar mucho más en los ejes de dicho programa y presentarnos su visión sobre cómo debería ser el nuevo orden mundial, cómo construirlo y qué encaje deberían tener en él los Pueblos-Naciones, incluida Andalucía.

En ese contexto, de ahí y no sólo por su fake conversión al islam en pos de la tumba de Al Mutamid, es donde calan las redes del discurso que más aversión sigue provocando Infante en la caverna, a los 90 años de su muerte: a su juicio, el centralismo es un fracaso que hay que subsanar, que las nacionalidades ibéricas deben despertar de su letargo, que España es una “nación cadáver” construida por “los poderes centralistas depredadores” a partir de 1492, cuando intentaron soldar “el alma distinta de las nacionalidades ibéricas en la uniformidad corporal de una España que nació muerta”. De ahí que defienda un pacto federal, una federación ibérica de naciones, que se alce contra la España monárquica y caciquil que había convertido a Andalucía en la “patria desconocida y despreciada, enterrada por el bárbaro cristiano conquistador: la patria más oprimida”.

De puertas para adentro, como dejó escrito en El Ideal Andaluz, de 1915, urgía la regeneración social, económica y cultural de Andalucía para finiquitar el hambre del campesinado, el caciquismo y el centralismo del Estado, reclamando la dignidad y la autonomía de la región, que estaba a punto de conseguir cuando le fusilaron, en la madrugada del 10 al 11 de agosto de 1936, bajo las lágrimas de San Lorenzo, en el kilómetro 4 de la antigua carretera de Sevilla a Carmona.

La Andalucía de Blas Infante debía ser la de la reforma agraria, la expropiación de los grandes latifundios para repartir la tierra entre los trabajadores, la identidad y el orgullo de su pueblo, el federalismo, el municipalismo y una enseñanza libre y universal. Por eso le asesinaron, no por ser un imbécil, un botarate o un tarado. Por eso, también adquiere, 90 años después de aquella masacre a manos del fascismo español, un poderoso símbolo de todos aquellos que, al contrario que Andalucía, no pueden levantarse de las cunetas anónimas donde intentaron sepultar también al andalucismo.

“Se mata a un hombre, pero no se puede matar una idea”, dejó escrito. Y a las pruebas me remito: sus ideas siguen ahí, aunque algunos pretendan esconderlas, sepultarlas también, incluso bajo oficiales banderas blanquiverdes u honores a una figura histórica en la que no creen o a la que, simplemente, no han leído.

En Madrid, las noches de agosto de hace 90 años no eran tan diferentes como las de ahora. En aquel entonces, los madrileños enfrentaban los desafíos de la canícula cómo podían. Las humildes casas de la clase obrera retenían el calor durante el día, así que por la noche era difícil conciliar el sueño. En una sociedad en la que apenas había ventiladores, y que tampoco gozaba de las ventajas del aire acondicionado, una de las pocas soluciones era resignarse a dormir tarde y pasar las primeras horas de la noche en los balcones, en los grandes establecimientos abiertos y en la calle, a la fresca.

Sin embargo, el verano de 1936 iba a ser diferente: la guerra civil acabó súbitamente con esta costumbre. Las tropas sublevadas avanzaban de forma imparable hacia Madrid, confiando en que la conquista de la capital de la República facilitaría su victoria. A principios de agosto de 1936, esta creciente amenaza empezó a hacerse visible en las esporádicas expediciones de aviones enemigos volando sobre la ciudad. En estos primeros tiempos de la guerra área, eran los propios pilotos quienes lanzaban pequeñas bombas desde la cabina. Los primeros objetivos fueron los aeródromos de Cuatro Vientos, de Getafe y de Barajas: la intención era desbaratar las posibilidades de contrataque aéreo en la gran batalla que se avecinaba.

Durante el día, estos aviones eran perseguidos por los cazas republicanos; por la noche, sin embargo, la ciudad estaba desamparada. Se tuvo que organizar la defensa civil empezando por lo básico: grupos de personas pintaron de azul las farolas, el Ayuntamiento restringió la circulación del transporte público y los vehículos privados, dejando el metro abierto para que sus estaciones pudieran ejercer de refugio. Y los grupos de personas que disfrutaban de la tregua que daba el calor veraniego por las noches en los balcones, los bares y las plazas, tuvieron que dispersarse y volver al sofocante calor del interior de los edificios. "Madrid es hoy un espectro del pasado. Las calles solo están alumbradas por algunos faroles de gas, cuyos fanales han sido pintados en colores oscuros", señaló María Guijarro, testigo de los hechos.

La prensa de la época fanfarroneaba con que las incursiones de estos aparatos, que entonces volaban sobre la ciudad individualmente o en parejas, apenas inquietaban a los madrileños. Muchos de ellos apodaron a estos aviones "el churrero", porque aparecían al final de la madrugada, cuando la oscuridad aún les protegía de los cazas, pero sus objetivos empezaban a distinguirse mejor. Sin embargo, la serenidad estaba lejos de reinar. Durante estas primeras incursiones, grupos de milicianos subían a las azoteas para disparar con sus armas a los aviones: una estrategia completamente ineficaz y que sembraba el pánico entre la población al unir al estruendo de los motores enemigos y la explosión de las bombas el eco de múltiples disparos al aire. Las sirenas, que en estos primeros momentos recorrían las calles desde los camiones de bomberos y motocicletas de las fuerzas de seguridad, empezaron a interrumpir el descanso de unos ciudadanos que, presas del pánico, corrían a refugiarse en sótanos de edificios o en las propias estaciones de metro.

Y es que, precisamente, sembrar el miedo y hacer decaer la moral eran el principal objetivo del enemigo. El día 25 de agosto, los aviones sublevados lanzaron sobre Madrid unas amenazadoras proclamas:

“Se ha dado principio ya a las operaciones aéreas precursoras de la ocupación de Madrid, que se hará en fecha muy próxima. Si se persiste en una suicida terquedad, si los madrileños no obligan al Gobierno y a los jefes marxistas a rendir la capital sin condiciones, declinamos toda responsabilidad por los graves daños que nos veremos obligados a hacer para dominar por la fuerza esa resistencia suicida. Saber madrileños que cuanto mayor sea el obstáculo más duro será, por nuestra parte, el castigo".

Dicho y hecho. La noche del 27 al 28 de agosto un Junker 52, un avión que podía lanzar bombas de hasta 500 kilos y que había sido entregado al ejército rebelde por los alemanes, atacó la ciudad entre el Palacio de Buenavista y la estación de tren de Príncipe Pío, dejando un reguero de muerte y destrucción a su paso.

Mientras el ejército de Franco se acercaba a Talavera de la Reina, estos bombardeos nocturnos se repitieron. Los aviones ya no aparecían en solitario, y las bombas que lanzaban eran cada vez más pesadas. Las víctimas empezaron a multiplicarse. Muy pronto, con la llegada del otoño, Madrid iba a convertirse en la primera gran ciudad europea bombardeada sistemáticamente, un banco de pruebas en el que ensayar una nueva forma de guerra que aterrorizaría a sus habitantes, destruiría sus edificios y se convertiría en una amenaza de lo que estaba por venir en la Segunda Guerra Mundial.

*Ainhoa Campos Posada es graduada y máster en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid.

La II República española sufrió, el 18 de julio de 1936, el golpe de los conspiradores al mando de un grupo de generales que se sublevaron en armas, traicionado a España, su patria, y al Estado que juraron o prometieron proteger y defender. Lo traicionaron sin contemplaciones ni reparos. Los antidemócratas españoles, sin conciencia patriótica ni moral, se levantaron ilegalmente contra la II República.

Sembraron la mentira, el odio y el rencor contra la democracia republicana desde aquel 14 de abril de 1931, simplemente porque el pueblo español proclamó pacíficamente la II República. Continuaron conspirando durante los trabajos para la aprobación de la Constitución republicana, progresista, humanista y laica, así como contra la reforma agrícola, tan necesaria y urgente para el campo español.

La intolerancia, el fascismo de las derechas y la jerarquía eclesiástica, doctrinaria e inhumana, no querían perder sus privilegios económicos particulares ni, mucho menos, el control y el poder del crucifijo clavado en las paredes de las escuelas públicas como guardián de las esencias de la intolerancia irracional católica. Se erigían dueños de los pecados, desde el cinismo y la hipocresía de un discurso político que imponían bajo la intolerancia del catecismo, que ni ellos se creían. No aceptaron la democracia ni la respetaron y no dejaron de conspirar desde los púlpitos contra los diferentes gobiernos de la República para ir minando la democracia y explotarla de forma controlada, como hicieron los cabecillas del alzamiento con armas y sin respeto por la división de poderes del Estado, para imponer su sinrazón y el temor a quienes no obedecieran a aquellos hombres de negro con sotana, que infundían miedo con su presencia y su comportamiento marcial y castrense.

Los antipatriotas, cómplices, compinches y oportunistas no dejaron de sembrar el odio, mintiendo contra el progreso y contra la mejor España. Durante cinco años de democracia, las mejores reglas plurales, diversas y democráticas fueron ninguneadas y mancilladas para imponer la dictadura caudillista y el nacionalcatolicismo. Buscaron el dominio y el sometimiento desde la mala educación para hacerle frente, con el catecismo y la mentira eterna, a la buena educación pública de la II República, que, desde La Institución Libre de Enseñanza, aplicó una experiencia y programa pedagógico avanzado y apostó por la educación razonada en la escuela pública. Su labor se desarrolló por toda España durante más de medio siglo, entre 1876 y 1939. Ahí terminó.

La II República fue un sueño breve, pero intenso, repleto de pluralidad, diversidad y modernidad para salir del pozo de la dictadura de Primo de Ribera. Quienes negaban a las españolas y españoles la democracia se unieron en la conspiración del fascismo y nacismo contra la II República española: la banca, la nobleza terrateniente, los grandes propietarios, el capitalismo salvaje y la jerarquía católica —los obispos, cardenales y arzobispos—, que bendijeron y apoyaron el horror de la Guerra Civil que iniciaron los rebeldes golpistas. Fue bautizada por el cardenal Isidro Gomá y Tomás como una cruzada para matar y asesinar en nombre del dios católico, con los bombardeos de los aviones de la Italia fascista de Mussolini y de la Alemania nazi, que Francisco Franco autorizó y aplaudió mientras asesinaban con bombas a inocentes e indefensos españoles y españolas en Guernica y Durango.

El 1 de abril de 1939 proclamaron el inicio del exterminio y de una limpieza programada por el vengativo caudillo, mediocre e inculto, que, bajo palio de la Iglesia católica, difundió su política fascista desde todos los templos. Así dio comienzo el terrorismo franquista, eliminando a quienes no pensaban como ellas y ellos. Esa fue la solución inhumana que trajo el régimen fascista español de Francisco Franco y sus acólitos, que machacaron a diario a las españolas y los españoles, matándolos y robándoles su identidad, su personalidad, sus bienes muebles e inmuebles, su libertad y su democracia. Impusieron por la fuerza de las armas la obediencia debida y el silencio, dejando mudos, sordos y ciegos a todo un pueblo, el español, bajo la amenaza permanente de las armas y del crucifijo de los hombres de mala fe y de las mujeres con hábito, casadas con el dios católico. Se impusieron la delación, el odio, la venganza y el rencor. Toda esta "mala fe" fue garantizada por los jueces al servicio de Franco, de su dictadura y del régimen militar que sometió a España sin piedad, sin humanidad y de forma salvaje.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.

La tarde del 17 de julio de 1936, a las 17:00 horas, tal y como estaba previsto, comenzó la sublevación en las principales guarniciones del Protectorado Español de Marruecos. Sin embargo, la segunda parte del plan, que contaba con el apoyo de la Armada para iniciar el traspaso de las tropas del Ejército de África a la península, no llegó a ejecutarse. La mayor parte de las unidades navales se mantuvieron bajo control gubernamental. El Gobierno ordenó bloquear los puertos de los rebeldes sin provocar incidentes internacionales con los barcos italianos y alemanes, una acción fundamental de la flota republicana, que puso en jaque la logística de los sublevados.

No solo estaba en juego asegurar la cabeza de puente del golpe, la bahía de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Huelva, sino iniciar el avance hacia Madrid, la tercera parte del plan. Las tropas mejor pertrechadas y más experimentadas de todo el ejército seguían esperando cruzar a la península. Para ello, se puso en marcha el primer puente aéreo de la historia entre Tetuán, Algeciras y Jerez de la Frontera, que en diez días y con 102 vuelos permitió pasar 2.300 soldados (dos banderas de la Legión y tres tabores de regulares, las tropas marroquíes) en siete aviones bastante antiguos que hicieron su último servicio.

El siguiente paso fue diplomático. Ante el bloqueo del Estrecho, el general Franco exige que la flota republicana se retire de Tánger por ser un puerto internacional. Italia, que en ese momento preside el control de la entidad portuaria, apoya la petición, al tiempo que Gran Bretaña se niega a que la flota republicana pueda repostar en Gibraltar, obligándola, finalmente, a trasladar su base a Málaga. Acto seguido, Franco recibe el apoyo decisivo de la moderna aviación alemana e italiana, el arma que, sin duda, marcaría la diferencia en la Guerra Civil.

Entre finales de julio y principios de septiembre de 1936 se encadenaron varios envíos de material y técnicos militares en apoyo de las tropas sublevadas en Marruecos, destacando el envío alemán de veinte Junker-52 para transporte de las tropas africanas y seis cazas Heinkel-51, a los que se sumaron nueve bombarderos Savoia-81 tripulados por italianos. Nada más llegar, comenzaron a escoltar a los ferries que transportaron a otros 1.600 soldados a la península. La superioridad aérea que proporcionaban estos modernos aviones fue replicada por la flota republicana, que volvió a asegurar el control marítimo del Estrecho. Situación que obligó a los alemanes a intervenir definitivamente.

Entre finales de agosto y septiembre, el trasvase de las tropas pasó a realizarse a bordo de sus Junkers, que transportaron a la península 13.500 hombres y 500 toneladas de armamento y munición, incluidas 44 piezas de artillería y 90 ametralladoras. Esta operación fue decisiva. El traslado de esta masa de maniobra cambiaría el curso de una guerra que ya empezaba a ser convencional, quedando en manos de Franco la única fuerza armada compacta, moderna y letal de todas las que había en España en ese momento.

Todo se había gestado, en realidad, la noche del 25 julio de 1936, mientras Adolf Hitler se encontraba en el festival de música de Wagner en la localidad de Bayreuth. Allí recibió a dos agentes alemanes que portaban una nota de Franco pidiendo el envío de aviones de transporte y material para cruzar el Estrecho de Gibraltar. La operación se llamaría 'Fuego Mágico' (Feuerzauber) en honor a la ópera Sigfrido del músico alemán que se estaba representando en ese momento. Aquella petición abriría la puerta de algo más que un puente aéreo: estaba en juego la intervención alemana estratégica en España, como manifestaron el ministro del Aire Göring y el ministro de la Guerra Von Blomberg, que también estaban presentes en aquella reunión.

Así, entre el 31 de julio y el 2 de octubre de 1936, se dio forma al entramado empresarial Hisma-Rowak, diseñado inicialmente para gestionar la ayuda militar prestada por Alemania al bando sublevado y organizar el pago de la creciente deuda económica contraída por Franco. No se realizaría con dinero sino a través de materias primas de origen mineral que sirvieran para reforzar la creciente industria de guerra nazi. Al frente de la operación se situó una figura clave: Hisma (Sociedad Hispano-Marroquí de Transportes) que acabaría transformándose en 1938 en la Sociedad Financiera Industrial (SOFINDUS). Controlada desde el principio por Johannes Bernhardt, miembro del servicio exterior del Partido Nazi (AO), fue quien llevó en persona la carta de Franco a Hitler y el responsable de lograr que se aprobara la ayuda inicial y el decisivo puente aéreo a la Península.

La personalidad de más relieve, responsable de la gestión de toda la operación y principal coordinador de la actuación alemana fue, sin embargo, Hermann Göring, mano derecha de Hitler y personaje que, junto a las directrices del ministerio de Economía y del Banco Alemán, fijaría como objetivo primordial de la guerra convertir a España en una colonia económica del Tercer Reich. A partir de ese momento, la ayuda alemana se haría a través de contratos comerciales privados. La actividad estuvo siempre dirigida por Hisma que centralizó la política alemana de adquirir empresas y derechos de explotación minera en España.

La ayuda militar siguió incrementándose sobre esta fórmula de empresas interpuestas que se aseguraban el control de las materias primas y de la industria pesada española para Alemania. El contingente militar de mayor importancia salió el 6 de noviembre hacia Sevilla, el núcleo de lo que ya sería conocido como Legión Cóndor, al mando del general Von Sperrle y con el coronel Von Richtofen como jefe del Estado Mayor. El envío contenía un suministro progresivo de aviones, así como artillería antitanque, artillería antiaérea y varias secciones de carros de combate. En total, el personal inicial fue de 3.800 hombres, aunque pronto superó los 5.000 efectivos. Su impacto en la Guerra Civil española fue decisivo, afianzando la superioridad aérea e implantando un moderno servicio de inteligencia que potenciaría decididamente el Cuartel General de Franco.

*Gutmaro Gómez Bravo es Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuando estalló la sublevación en julio de 1936, la noticia cruzó la frontera del Pirineo a toda velocidad. Francia, con el socialista Léon Blum como jefe de un Gobierno del Frente Popular, vivió las primeras horas pegado al teléfono. Hubo contactos telegráficos y telefónicos constantes entre Madrid, Barcelona y París. Pero después vinieron los problemas en las comunicaciones: los bombardeos y el avance de las tropas golpistas cortaban cables terrestres.

En muchas zonas invadidas se perdió la continuidad de los posibles enlaces. Cada llamada a Francia era una carrera contrarreloj antes de que la línea cayera. Por otro lado, Inglaterra, desde Londres, optó por la imprudente neutralidad que pocos años después pagaría. El Foreign Office temía una guerra europea y, además, su Gobierno conservador no deseaba una revolución en España al estilo de Rusia. De ahí salió la propuesta del Pacto de No Intervención, firmado en agosto de 1936; un comité de 27 países en Londres para vigilar que nadie mandara armas a la República española. Un pacto que, como vimos después, se incumplió desde el primer día.

Pese a los cortes e inseguridad de las comunicaciones con el exterior, los periodistas extranjeros llegaron de muchos países y medios. Nunca una guerra había tenido tantos "enviados especiales" tan pronto. Intentaron enviar sus crónicas, fotografías y algunos documentales cinematográficos, como pudieron: Por teléfono haciendo cola en hoteles y centrales, con líneas que se caían y por telégrafo, por otra parte más caro y censurado, y por la frontera en caso del material gráfico. 

Pero en esos momentos, aparte de la posible recepción en los países fronterizos por la captación de emisoras de radiodifusión de uno y otro lado, la salida más estable fue la radio de onda corta. Mientras duró, las tres estaciones de onda corta en la periferia de Madrid fueron la gran vía de escape. Gracias a ellas los corresponsales pudieron enviar sus noticias directamente a sus países. Según mi profesor de Microondas I y II, Don José María Romeo, en los años treinta había tres grandes estaciones de onda corta, a saber:

1- Transradio Española en Aranjuez, con Servicios Radiotelegráficos a Canarias, Europa y América.

2- Radiar, (perteneciente a la Sociedad Anónima Radio Argentina) en Vallecas, que también prestaba Servicios Radiotelegráficos.

3- CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España) en Pozuelo del Rey: prestaba Servicios Radiotelefónicos a Nueva York y Buenos Aires.

En 1932 Aranjuez había comenzado a reemitir también la programación de EAQ-Madrid Radiodifusión Iberoamericana. Tras la batalla del Jarama en febrero de 1937, estas emisiones pasaron al Centro Emisor de Vallecas. 

Esto permitió que corresponsales, como el estadounidense Ernest Hemingway o el soviético Ilia Ehrenburg, pudieran enviar sus crónicas o reñir entre ellos, a New York y Moscú respectivamente. Ambos se hospedaban, como muchos corresponsales extranjeros, en el mítico madrileño Hotel Florida. Como veremos en el próximo capítulo.

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Nicolás Puerto Barrios es Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones. Escritor y Periodista. Miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones Córdoba.

Tras el golpe la República no se rindió. Se distribuyeron armas a las masas populares, excitadas por los rumores sobre las exacciones de los sublevados. La historiografía franquista, en el surco del coronel Martínez Bande y muchos otros, siempre resaltó el rápido progreso de las unidades del Ejército de África. Se mostró parca de datos excepto por la “proeza” del “convoy de la victoria” el 5 de agosto (con unos 1.600 hombres, 6 cañones y 100 toneladas de material).  

Hubo otra realidad. Los aviones nazis, más los aparatos de caza y bombardeo/transporte, contratados por Pedro Sainz Rodríguez el 1º de julio con los fascistas, dejaron en mantillas la aportación del convoy. Salvo escasas excepciones, entre las cuales se cuentan sir Paul Preston y Francisco Espinosa, la incipiente aportación material del futuro Eje se ha desdibujado. Incluso el mes pasado.

La “fuerza aérea” sublevada en Marruecos era de risa. Al 29 de julio ascendía a poco más de una docena de viejos aparatos con 11 capitanes, 10 tenientes y 2 alféreces (según datos del estadillo del capitán Julio García de Cáceres, jefe de la fuerza). Se habían realizado hasta entonces 9 bombardeos, 45 transportes de tropas (con un total de 516) y 22 reconocimientos aéreos.

La intervención nazi-fascista trasladó tantos efectivos y material que posibilitaron al Ejército de África un futuro avance rápido desde Andalucía. El “puente aéreo” fue fundamental entre el 21 de julio y el 31 de octubre. Ahora bien, según el diario de operaciones de las Fuerzas Aéreas de África, llegó hasta el 1º de febrero de 1937.

Hasta finales de octubre se hicieron 1.650 vuelos. Hubo días con 40 o más y otros con menos de 10. Con todo, al terminar diciembre se habían trasladado unos 33.000 marroquíes.

El factor limitativo fue el combustible. Los alemanes e italianos necesitaban gasolina de alto octanaje. Los sublevados apenas si tenían stocks.

Se conocen con exactitud los esfuerzos del Tercer Reich. En los primeros 20 días pasaron unos 2.850 hombres con su impedimenta y material (casi 8.000 kilos). Luego se dio prioridad a estos últimos. En apenas dos meses y medio se transportó a unos 9.500 fieros combatientes y casi 250 toneladas de equipamiento. Son datos alemanes que se detienen pormenorizadamente a finales de septiembre.

El Gobierno republicano se dirigió a suministradores británicos. Su embajador en Londres, Julio López Oliván, empezó a colaborar con los rebeldes a los pocos días de presentar credenciales. Con su actitud robusteció los esfuerzos del Gobierno británico para evitar los abastecimientos a la flota republicana y la adquisición en Inglaterra de aviones civiles que pudieran utilizarse con otros fines.

Mientras tanto, el Duce fue incrementando sus compromisos, que dejaron atrás los contratados el 1º de julio, y se acercó rápidamente al Tercer Reich. La funesta amistad nazi-fascista se cimentó muy pronto en los aires y tierras españoles.

El 2 de noviembre de 1936 el mussoliniano Servizio Informazioni Militare constató que se habían suministrado a Franco un total de 822,5 toneladas de carburantes y lubricantes por parte italiana y 547 por parte alemana. Muy poco todavía, pero la aportación no tardaría en aumentar. La completarían primero los suministros a través de Portugal y luego los aprovisionamientos de la Standard Oil. A finales de año, la Texas Oil Co. Franco y sus paladines pudieron bañarse, de haberlo querido, en piscinas de petróleo.

Sin las armas africanas y el combustible foráneo quizá los sublevados no hubiesen avanzado tanto como en aquel verano de 1936. El 1º de agosto Franco dictó una orden: se excluirían razias y se respetarían mujeres y niños. Pocos historiadores profranquistas la han reproducido, ya que no solió cumplirse. En el verano de 1936 los sublevados se comportaron según las costumbres de las guerras de África. Sin cuartel.

En una revista de historia se han publicado datos inexactos hace unas semanas. Se han bastardeado los compromisos de los conspiradores monárquicos, militares y fascistas españoles con la firma de los primeros contratos el 1º de julio de 1936 (INFO SENSIBLE PERO NO DEL GUSTO DE LAS DERECHAS); se han seguido al pie de la letra las mentiras de grueso calibre de Luis Bolín y se ha presentado la opinión de ciertos autores que recalcaron la novedad del puente. No fue tal. La aviación española volaba a Marruecos desde la mitad del primer decenio de siglo. Los alemanes suministraron gases tóxicos para machacar a las kabilas en vuelos de guerra a principios del segundo decenio. Es literalmente imposible que entre los mandos de la fuerza aérea nazi se ignoraran tales precedentes. La frase atribuida a Göring sobre el “primer puente aéreo de la historia” (entre dos continentes) no está documentada; el mensajero de Franco a Hitler no fue un general sino un modesto capitán y la primera petición la hizo Franco al exagregado militar en España, general Kühlental, a quien él y Beigbeder conocían perfectamente. Todos estos errores históricos, y más, deberían haberse evitado.  

*Ángel Viñas es economista e historiador especializado en la Guerra Civil y el franquismo.

Hace unos días señalaba Juan Villoro en El País, a propósito del Campeonato de Fútbol del Mundo de 2026, que la Ilíada está en todas las canchas. Esto me evoca alguna charla con el escritor mexicano cuando visitó mi departamento en la Universidad de las tierras de María (Maryland) hace una década aproximadamente, en torno al exilio de las Españas de 1939, la literatura y, en particular, el fútbol como fenómeno sociocultural.

Coincide mi escritura con el final de ese campeonato de fútbol en Estados Unidos, país que conozco relativamente bien desde hace 56 años. A pesar del auge de la inmigración latina, mayoritariamente futbolera, o de la globalización que también toca a esta práctica deportiva, el torneo se ha jugado entre cierta indiferencia estadounidense. Por un lado, su equipo fue eliminado tempranamente, además, tras la zafia injerencia extradeportiva del presidente de la nación, lo cual afectó decisivamente al conjunto nacional, cuyos jugadores, mayoritariamente formados en las ligas escolares y universitarias, practican un admirable fair play que suele dominar el resto de los eventos deportivos en aquel país. Por otro, y a pesar de la presencia del mito Messi en la liga estadounidense, los seguidores de este deporte se suelen vestir con las camisetas de los equipos de la Premier —sobre todo el Arsenal, Manchester United o Manchester City— o Barcelona y Real Madrid de la Liga española, y de equipos nacionales como Argentina, Francia o España, y no de la MSL, Major League Soccer, cuya némesis fundamental ya subyace en sus desentonadas siglas y menos afortunado nombre.

El lenguaje nombra el mundo, como recordaba Crátilo en su diálogo con Hermógenes, pero el cratilismo de segundo grado por el que las palabras buscarían una homofonía natural para confundirse con el mundo, desde luego no acompaña a la MSL. Se ha empecinado en un Destino Manifiesto como si fuera extensión de la supuesta diferencia que ha conmemorado con la cabeza gacha sus 250 años en la efemérides de 1776. Un signo como soccer, que además se puede confundir en inglés, por su proximidad alofónica con sucker —el que chupa con diferentes acepciones—, jamás sustituirá la sonoridad casi onomatopéyica de football, que el castellano más purista y desusado llegó a traducir por balompié hasta que se impuso el préstamo culturalmente natural de fútbol.

La final del torneo se solapó con otro aniversario histórico, en este caso, mucho más doloroso: el 90 aniversario del golpe de Estado totalitario de julio de 1936, que derivó en una guerra civil e internacional que hoy ya conocemos como Guerra de España, o de las Españas como creo merece su complejidad histórica: un conflicto antecesor y laboratorio militar y político del último cataclismo planetario de 1939, y una dictadura exterminadora de casi cuatro décadas, apuntalada por Washington a partir de 1953, gracias a los Acuerdos de Madrid. En clave deportiva, no es baladí recordar que hace 90 años debían también inaugurarse, el 22 de julio, en el muy estilizado estadio de Montjuic en Barcelona, la Olimpiada Popular, que había reunido a atletas que protestaban contra la organización de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 como muestra del poder nazi y la amenaza fascista global de entonces. Fueron muchos de aquellos los primeros voluntarios internacionales que, para sofocar el levantamiento del general Goded en la ciudad condal, se unieron aquel 19 de julio a las milicias populares y a una Guardia Civil leal a la Segunda República, gracias a sus jefes, el general Aranguren y el coronel Escobar, luego fusilados por el franquismo.

Mientras tanto, en Madrid, el pueblo asaltaba el Cuartel de la Montaña, en el que los golpistas del general Fanjul se habían hecho fuertes. Desde el actual parque del Príncipe Pío, a la vera del Templo de Debod, salvado de las aguas del Nilo cuando la presa de Asuán, las multitudes ajenas a aquella carnicería contemplan hoy las puestas de sol velazqueñas. También divisan el palacio real, vacío en su simbolismo de los peores recuerdos de las monarquías de los Habsburgo —antiguo alcázar devorado por las llamas en 1734— y de los Borbones, los cuales lo abandonaron repetidamente cargados de felonías —Carlos IV, Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII—, que también se ciernen sobre el evasor de impuestos y rapiñador de patrimonio que reside hoy en un emirato del Golfo Pérsico, azotado por una nueva guerra iniciada por el huésped actual de la Casa Blanca.

Sabemos desde épocas antiguas —Mesopotamia, Mesoamérica, Grecia, Roma— y, en particular, con la celebración de los Juegos Olímpicos helenos, que el deporte ha servido como fórmula, sobre todo incruenta, de enfrentamiento, pero también de purificación. En la modernidad nacional, ha ido adquiriendo cada vez más las trazas del reflejo de cierto desarrollo económico hasta convertirse en industria y escaparate de servicios-espectáculo, como la marca España, lo cual repercutirá indirectamente muy favorablemente sobre el PIB español. No hay campaña publicitaria mejor para un país que esa final del domingo contemplada por 2.000 millones de espectadores. El deporte mueve ingentes sumas, inversiones y masas, como lo señalaba ya Ortega y Gasset en su casi centenario ensayo. Al talento natural de sus practicantes, hoy finalmente de ambos sexos, se tienen que unir para triunfar planificación e infraestructuras, entre ellas, sospechamos que las farmacopeas “dopantes” que potencien casi transhumanismos performativos y mentales. En ese sentido, el deporte español posterior a 1978 ha servido como fuente de identidad vertebradora que suaviza conflictos territoriales internos, a pesar de las reclamaciones de algunos catalanes, gallegos y vascos a favor de federaciones deportivas propias.

El campeonato norteamericano de 2026, jugado mayormente en territorio de un innombrable presidente frente a la minoría de encuentros en suelo canadiense y mexicano, también ha mostrado el fracaso de la política antiinmigración latina de la Administración reaccionaria de Washington, ya que a la final han llegado dos equipos que muestran parte de ese yin y yang migrante del siglo XXI. Argentina, plagada de jugadores captados por las ligas europeas, o con Messi en la estadounidense, y, a pesar de sus riquezas naturales, con una interminable diáspora nacional consecuencia de cierta autodestrucción y corrupción permanentes, simbolizadas hoy por el histriónico Milei. En España, dos de sus máximas figuras, Iñaki Williams y Lamine Yamal, proceden de familias de la diáspora africana, tantas veces hundida en aguas de esperanza, juegan en el Athletic y el Barcelona, y hasta el último es de religión islámica. Lo cual no es óbice para olvidar que, en el territorio argentino, se barrió en el XIX a los indígenas, o que el imperio español en las Américas no fue solo eso de lo que se jactan las María Elvira Roca Barea y tergiversadores políticos de la derecha carpetovetónica.

Al lograr con su mejor juego el campeonato, esa Roja de colores y Españas diversas ha reafirmado el sentimiento de una cierta identidad plural, que logra colectivamente reunir el talento con el esfuerzo y los medios. Estos también se plasman en una socialdemocracia pacífica, pacifista y relativamente abierta a la inmigración, con un sistema sanitario universal, en general envidiable, una política energética verde eficaz a pesar del gran apagón, y una educación pública accesible para la mayoría, junto a derechos inclusivos pioneros o sistemas de comunicaciones eficientes y vertebrados. Todo, sin minimizar los problemas de vivienda, falta de expectativas para los jóvenes, amenazas políticas ultras o corrupción política en el bipartidismo, entre otros. Y una contienda memoriosa en torno a esos 90 años de 1936 que debiera haberse desarmado hace tiempo bajo la templanza de los debates históricos, de no haber sido por la incapacidad bipartidista para exhumar víctimas de aquella violencia y consensuar sus conmemoraciones y recuerdos. En ese sentido, Nietzsche nos advertía sobre la importancia de un cierto olvido crítico para la vida sana.

En este Mundial, a veces, al estilo de Juan Villoro, uno también ha añorado el juego limpio del fútbol femenino, para el que La Masía ha sentado cierta cátedra, y que bien ha mostrado la Roja ante su adversario albiceleste. La Roja propuso un Lago de los cisnes, aunque sus Nuréyev-Lamal-Williams no bailaron sus mejores noches, pero Rodri-Benno y compañía evitaron que la Odette-Margot Fonteyn de la belleza balompédica acabara trágicamente como en el ballet de Tchaikovsky. Quedó en los anales el 2-1 de aquel Mundial de 1966 a favor de Argentina contra España, partido iniciático y de hábito decepcionante de un Mundial, que contemplé en casa de Óscar Ladoire ante la magia de la televisión en blanco y negro —no la tendríamos hasta que no la hubiera en relieve, que decía mi cáustico padre—.

En ese sentido, para los Ulises clásicos de mi tiempo, esta Roja transformó cualquier recuerdo de aquellas Ilíadas en una Odisea en la que se impuso la plural armonía esférica del canto de las sirenas ante las tramposas Circes y los horrendos Polifemos, y su platónica bondad retornó por cuatro años a su Ítaca peninsular, de la que zarpó en 2014, para así recuperar la segunda “buena” estrella para una marchita desde 2010 Penélope, “con sus zapatos de charol y su vestido de domingo”, de Joan Manuel Serrat. Al final de este itinerario mundial, y a pesar del encantador Festón Messi y su guardia de resabiados rucios en vez de hacaneas, pudimos olvidarnos, de nuevo, de aquel Alonso Quijano, quien solía acompañar derrotado tras la playa de Barcino a aquella Roja de la infancia de la dictadura con sus secuelas “de la furia española, y a mí Sabino el pelotón que los arrolló” de los Juegos Olímpicos de Amberes de 1920, que “jugaba como nunca y perdía como casi siempre”.

Al cerrar la tapa de esta nueva aventura balompédica, con el traspié, por lo menos durante un incómodo rato y recto colofón Urbi et Orbi de encantadores y malandrines de la FIFA y adláteres, guardaremos el sabroso recuerdo de los Sanchos del sentido común, el Marco Aurelio del memento mori para los desfiles triunfales y la Fuenteovejuna frente al comendador, que ha leído Luis de la Fuente en su Ínsula Barataria, y cuya lección, como la de las ninfas, ha compartido con los suyos. Estos lo han afirmado ahora con el adverbio ‘sí’, y optan para el futuro, con la conjunción ‘sí’ —ojalá—, continuar siendo pastores de Ovidio en nuestra Arcadia común. Para así poder recordar casi siempre: con esta Roja sí se puede.

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José María Naharro Calderón es Catedrático Emérito de Literatura Española, Estudios Ibéricos y del Exilio de la Universidad de Maryland.

El golpe militar iniciado en Melilla en la tarde del 17 de julio de 1936 no pudo lograr de entrada la conquista del poder. La confianza en un rápido triunfo de la rebelión se desvaneció cuando los militares sublevados fueron derrotados en la mayoría de las grandes ciudades. La sublevación, al ocasionar una división profunda en el ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al Estado republicano y abrió un escenario de lucha armada, de rebelión militar y de revolución popular allí donde los militares no pudieron conseguir sus objetivos. España quedó partida en dos. Y así siguió durante una guerra de casi tres años.

Al conocerse la noticia del inicio de la sublevación militar en Marruecos, el jefe de Gobierno, Santiago Casares Quiroga, temeroso de la revolución y del desorden popular que podía estallar, ordenó a los gobernadores civiles que no repartiesen armas entre las organizaciones obreras. Y además quitó importancia a lo que estaba sucediendo.

Casares Quiroga, incapaz de hacer frente a los acontecimientos, dimitió el 18 de julio por la noche. En la mañana siguiente aceptó la difícil tarea de formar gobierno José Giral, otro amigo y hombre de confianza de Manuel Azaña. Giral dio el paso decisivo de autorizar el reparto de armas entre los militantes obreros y republicanos más comprometidos, que salieron a las calles a combatir a los sublevados, allí donde la fidelidad de algunos mandos militares y de las fuerzas de orden, o la indecisión de otros, lo permitió.

La sublevación fracasó en Madrid y Barcelona, las dos ciudades principales de España, pero tuvo éxito en otras ciudades muy importantes estratégicamente, como Sevilla o Zaragoza, desde donde se podían controlar vastas extensiones de territorio. Es muy importante subrayar, para comprender por qué se inició una guerra civil, que no fue el ejército “en bloque” el que se sublevó contra la República y tampoco fue una “rebelión de generales”, como divulgó posteriormente la propaganda. De los dieciocho generales que controlaban las unidades de intervención más importantes, sólo se sublevaron cuatro: Cabanellas, Queipo de Llano, Goded y Franco. Además, los militares sublevados no permitieron ninguna indecisión o resistencia de sus propios compañeros y quienes lo intentaron, lo pagaron, empezando por varios jefes y oficiales pasados por las armas sin dilación ni juicio en el Marruecos español.

La parte más activa de la sublevación la llevó el cuerpo de oficiales. Los sublevados contaron inicialmente con unos 120.000 hombres armados, de los 254.000 que había en ese momento en la Península, en las Islas y en África, incluyendo las fuerzas de orden público. Pero, sobre todo, dispusieron desde el principio del ejército de África, de la casi totalidad de unos 1.600 jefes y oficiales y de los 40.000 hombres bajo su mando. Su tropa más afamada y mejor adiestrada era el llamado Tercio de Extranjeros, la Legión, fundada por José Millán Astray y Francisco Franco en 1920 y compuesta de prófugos, delincuentes, marginados y fugitivos, a quienes se les formaba en el culto a la virilidad y a la violencia. Al lado de la Legión estaban además las Fuerzas Regulares Indígenas, formadas por mercenarios marroquíes y algunos españoles.

Para los jefes militares sublevados, existía una larga lista de agravios causados por la República que había que vengar. Algunos de ellos se habían visto afectados por la revisión de los ascensos concedidos por méritos de guerra por la dictadura de Primo de Rivera y anulados por el Gobierno de Manuel Azaña por un decreto de enero de 1933.

La revisión de los ascensos, la Ley de Reforma Militar de Azaña y las destituciones de algunos de los jefes más comprometidos con la dictadura de Primo de Rivera estimularon la hostilidad de muchos militares contra la República. Los motivos por los que decían sublevarse, en julio de 1936, si hacemos caso a los bandos en los que proclamaban el estado de guerra, eran la “ausencia total de Poder Público” y la necesidad de mantener el orden y la unidad de la Patria. Pero aunque no constaban de forma explícita, ocupaban también un lugar destacado los agravios acumulados frente a los políticos a los que despreciaban y odiaban como lacayos del izquierdismo y del bolchevismo.

Al general Sanjurjo le habían nombrado sus compañeros golpistas jefe de la sublevación, pero murió el 20 de julio al intentar despegar con la avioneta que tenía que trasladarle a España desde su exilio en Portugal. Lo fue a recoger, enviado por el general Mola, el aviador falangista Juan Antonio Ansaldo. El avión, un frágil Puss Moth de dos plazas, se estrelló nada más despegar y se incendió cerca del aeródromo de Cascais. Ansaldo salió ileso del accidente.

Ese accidente mortal de Sanjurjo obligó a los sublevados a reorganizar sus planes. Cuatro días después, a propuesta de Mola, crearon en Burgos la Junta de Defensa Nacional, presidida por el general Cabanellas. Fue el primer órgano de coordinación militar en la zona sublevada e iba a durar el resto del verano, hasta que el general Franco fue investido por sus compañeros de armas el 1 de octubre como único jefe político y militar.

Porque, muerto Sanjurjo, Franco, desde su privilegiada posición de mando de la guarnición de Marruecos, comenzó a labrar su ascenso al poder supremo. El problema que se le planteaba a Franco era cómo pasar esas tropas de África a la Península, dado que el estrecho de Gibraltar estaba controlado por las tripulaciones de la escuadra republicana que se habían amotinado contra los oficiales sublevados.

Franco pidió entonces ayuda a Adolf Hitler y Benito Mussolini. Para llegar hasta el líder de la Alemania nazi, utilizó a un ejecutivo alemán residente en el Marruecos español, Joahnnes Bernhardt, quien se entrevistó con el Führer el 25 de julio y le informó de los acontecimientos en España y del carácter derechista y antibolchevique de la sublevación. Hitler decidió apoyar inicialmente esa causa con el envío de 20 aviones de transporte Junkers Ju 52, 6 cazas Heintel 51, 20 cañones antiaéreos, municiones y personal de vuelo y de tierra, que comenzaron a llegar al Marruecos español el 29 de julio, apenas diez días después del inicio de la rebelión militar contra la República.

Mussolini decidió hacer lo mismo, tras recibir reiteradas demandas de ayuda por parte de Franco a través del cónsul italiano en Tánger y de su agregado militar. El 28 de julio envió una escuadrilla de doce bombarderos Savoia SA-81 y dos buques mercantes con cazas Fiat C.R.32. El uso de esos aviones permitió a Franco eludir el bloqueo naval de la marina republicana, pasar las tropas desde África a Andalucía y comenzar así el avance sobre Madrid. El 7 de agosto, Franco estaba ya instalado en Sevilla. En unas semanas, más de 13.000 soldados habían cruzado el estrecho de Gibraltar. De esa forma, el golpe de Estado se convirtió en una sangrienta y larga guerra civil.

A finales de julio, el éxito o fracaso de la sublevación militar había partido a España en dos. Había triunfado en casi todo el norte y noroeste de España: en Galicia, León, la vieja Castilla, Oviedo, Álava, Navarra, y en las tres capitales de Aragón; en las Islas Canarias y Baleares, excepto en Menorca; y en amplias zonas de Extremadura y Andalucía, incluidas las ciudades de Cáceres, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada y Huelva. En la zona republicana habían quedado las principales ciudades, los grandes focos industriales y mineros, Cataluña, el País Vasco y Asturias, y las sedes de las principales empresas y entidades financieras. La ventaja financiera de la República era al principio muy clara. Contaba con el Banco de España y su reserva de oro, unas 700 toneladas, y su territorio controlaba aproximadamente el 70 por cien del presupuesto estatal.

La sublevación militar no logró su principal objetivo, hacerse con el poder y echar abajo a la República, pero el Gobierno tampoco pudo dominar la rebelión. La ayuda ítalo-germana permitió a los militares rebeldes continuar en su empeño y el Gobierno buscó también de forma urgente el auxilio internacional. Ante el acoso nazi y fascista, la solución estaba en las democracias. O eso pensaban las autoridades republicanas que tenían que hacer frente al golpe de Estado.

Según contó el socialista Léon Blum, presidente del Gobierno de Francia, el 19 de julio, José Giral, recién nombrado presidente del Gobierno de la República, le envió un telegrama: “Hemos sido sorprendidos por un peligroso golpe militar. Solicitamos que se ponga en contacto con nosotros inmediatamente para suministrarnos armas y aviones”.

La reacción inicial del Gobierno francés fue, en palabras de Blum, “poner en marcha un plan de ayuda, en la medida de nuestras posibilidades, para proporcionar material a la República española”. Pero no fue posible. Un agregado militar en la embajada española en París, agente de los sublevados, filtró la información sobre esa decisión del Gobierno francés al diario derechista Echo de Paris, que inició “una campaña fortísima revelando al público todas las decisiones tomadas de la forma más precisa y generando una conmoción considerable, particularmente en los medios parlamentarios”.

La opinión pública se dividió, como iba a pasar también en Gran Bretaña, entre quienes mostraban simpatía a la causa republicana, representados por la izquierda, y la derecha política, amplios sectores católicos y de la Administración, que rechazó ese plan de ayuda. El miedo a la revolución, a que el conflicto de España se extendiera a Francia, muy presente en la prensa derechista y en las fuerzas armadas, convenció también a los dos principales ministros del Partido Radical, Édouard Daladier, de la Guerra, e Ybon Delbos, de Asuntos Exteriores, de echar marcha atrás.

Las noticias que los representantes diplomáticos de Gran Bretaña en España transmitían a su gobierno tampoco iban a ayudar a la República. Desde el primer momento describieron a los que defendían la causa republicana como comunistas al servicio del bolchevismo. Anthony Eden, ministro de Asuntos Exteriores, le pidió a Léon Blum el 24 de julio que fuera “prudente”. Y Stanley Baldwin, el primer ministro conservador, le transmitió a Eden, dos días después, que “de ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país, debe meternos en la lucha al lado de los rusos”. Los conservadores británicos, en el poder desde 1931, temían que cualquier intervención en España obstaculizase su política de apaciguamiento con la Alemania de Hitler. El Gobierno francés siguió los consejos de su principal aliado en Europa y el 25 de julio anunció la decisión de “no intervención de ninguna manera en el conflicto interno de España”.

Ese fue el punto de partida de la política de No Intervención que se pondría en marcha desde el mismo verano de 1936. Las autoridades francesas, con Blum a la cabeza, creían que eso era la mejor forma de calmar y controlar la división interna del país, de mantener la alianza vital con Gran Bretaña y de evitar el peligro de internacionalización de la guerra civil española. Aunque esa propuesta fue inmediatamente asumida por el Gobierno británico, la extensión del conflicto español al escenario internacional no pudo evitarse porque Hitler y Mussolini ya habían comenzado a enviar ayuda militar a Franco y además la Alemania nazi y la Italia fascista nunca respetaron esa política de No Intervención. En consecuencia, la República, un régimen legítimo, se quedó inicialmente sin ayuda, hasta que la Unión Soviética comenzó a intervenir en el otoño de 1936. Los militares rebeldes, por el contrario, carentes de legitimidad, recibieron casi desde el primer disparo el auxilio indispensable para hacer frente a una guerra provocada por ellos.

Mientras todo eso ocurría, el Estado republicano se tambaleaba, el orden quebraba y una revolución radical y destructora se extendía como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos. En apenas dos meses, las ansias de purificación revolucionaria y contrarrevolucionaria se habían llevado a mejor vida a decenas de miles de ciudadanos.

La guerra civil comenzó cuando una sublevación militar debilitó y socavó la capacidad del Estado y del Gobierno republicanos para mantener el orden. El golpe de muerte a la República se lo dieron desde dentro, desde el propio seno de sus mecanismos de defensa, los grupos militares que rompieron el juramento de lealtad a ese régimen en julio de 1936. La división del Ejército y de las fuerzas de seguridad impidió el triunfo de la rebelión, el logro de su principal objetivo: hacerse rápidamente con el poder. Pero al minar decisivamente la capacidad del Gobierno para mantener el orden, ese golpe de Estado dio paso a la violencia abierta, sin precedentes, de los grupos que lo apoyaron y de los que se oponían. En ese momento, y no en octubre de 1934 o en la primavera de 1936, comenzó la guerra civil.

Muy pronto quedó claro que ese camino que llevaba de la sublevación a la guerra, de las tensiones sociales al exterminio del contrario, iba a tener repercusiones de largo alcance.

Los grupos de poder tradicionales habían minado la República, pero fueron incapaces de imponerse a ella por medios políticos y necesitaron de Franco y de los militares, en un pacto de sangre establecido en una cruel guerra civil, para destruir lo que tanto aborrecían. Así comenzó la historia de Franco dictador, que durante años corrió paralela a la de Mussolini, Stalin y Hitler, los tres dictadores que cambiaron el destino de Europa durante el siglo xx.

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Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, autor de 'Franco’ (Crítica, 2025).

Para un demócrata es difícil hablar del 18 de julio sin que un escalofrío recorra la espalda. Esta fecha abrió las puertas a la barbarie y la ignominia. Fue el arranque de una guerra sangrienta y de cuatro décadas de terror de Estado y ausencia de libertades. La rendija por la que se coló el germen del totalitarismo, la arbitrariedad y la indefensión en nuestro país.

Aquella jornada para la vergüenza, conmemorada año tras año por el franquismo como el glorioso día del alzamiento nacional, fue todo lo contrario, fue un descendimiento a los infiernos del fascismo; y una ruptura traumática y violenta del periodo más democrático vivido en España hasta aquel momento: la II República.

Es inevitable preguntarse cómo hubiese sido nuestra historia si los planes de los sublevados aquellos 17, 18 y 19 de julio de 1936 se hubieran torcido. La etapa republicana había traído avances que situaban a nuestro país a la vanguardia de Europa. Avances en igualdad, avances laborales. Derechos. Libertades. Sufragio universal, divorcio, aulas mixtas y laicas. Reforma agraria. Un país de hombres y mujeres libres e iguales. Demasiado para las viejas estructuras de poder, acostumbradas a sus privilegios centenarios. Iban a dar lo que fuera por no ceder ni un ápice de terreno a la mayoría social.

Y así lo hicieron. Los planes del general Mola, uno de los principales muñidores del golpe, no dejaban lugar a la interpretación. En una de sus Instrucciones reservadas escribía:

“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

Estrangular, asfixiar, ahogar. Arrasar. Aniquilar.

Un rodillo inmisericorde que echó a andar en mi tierra. En Canarias. Franco se encontraba en Las Palmas de Gran Canaria la víspera del golpe, asistiendo al sepelio del general Balmes. A la mañana siguiente, aquel sábado 18 de julio, salía del hotel donde se alojaba, el Hotel Madrid, y se dirigía a la Comandancia Militar, donde proclamaba el Estado de Guerra en el archipiélago. Fue el comienzo del fin de la legalidad democrática.

Las islas no serían escenario de batallas, pero fueron, sin duda, el laboratorio de la represión de la maquinaria golpista. Miles de personas detenidas, torturadas, fusiladas, asesinadas y arrojadas al mar, a pozos o a simas. Un terror sistemático que luego exportarían a la Península y Baleares, convirtiendo nuestro país en una fosa común de incalculables dimensiones.

Pero hoy, 90 años después, nuestro país es otro. Un país moderno, locomotora de Europa, punta de lanza de la consolidación de libertades y de la defensa de los derechos humanos.

Hoy, miramos al pasado con rigor, en una especie de terapia democrática colectiva, que nos ayuda a cerrar heridas que nunca debieron abrirse y a resarcir a las víctimas.

Ya son más de 9.000 los cuerpos recuperados, gracias a la Ley de Memoria Democrática. Cada uno con una historia irrepetible sepultada en el tiempo, cada uno con una lección de vida que nos inspira.

Como la de los tres amigos cántabros, de Castro Urdiales, Luis, Alejandro y Cecilio, que volvían del frente a su pueblo y fueron interceptados, golpeados y fusilados en Mirones por un grupo de Falange. Ocho décadas después, encontramos sus cuerpos abrazados en una fosa junto al cementerio. El pasado 3 de junio entregamos sus restos a las familias. “Por fin”, decían los descendientes, entre lágrimas, “volvían a casa”.

O como la historia del cabo Godoy, de Minas de Riotinto, en Huelva. La propaganda del régimen surgido del golpe militar lo había catalogado como un cobarde. Las crónicas periodísticas contaban que se había escondido, que había sido fusilado en pijama y que no había mirado de frente a sus verdugos. Todo mentira. Su cuerpo fue hallado con su uniforme y con el tricornio entre las manos. Fue fiel a la legalidad republicana y mantuvo su honor intacto hasta el final.

Y qué decir de la navarra Maravillas Lamberto. Con solo 14 años fue sacada de casa, con su padre. Fue violada repetidamente, torturada y asesinada frente a su progenitor, que también sería fusilado. El cuerpo de la niña fue entregado a los vecinos, que quemaron sus restos. La violencia no tuvo límites. Su hermana Josefina pasó toda su existencia reivindicando la memoria de Maravillas y dejó una frase para la posteridad: “Los mataron, pero no tuvieron en cuenta que los muertos tenían vivos y los vivos tenían memoria”. Hoy, es un símbolo del tesón y el empuje de las familias, verdaderas garantes de la Memoria Democrática hasta que se aprobaron las leyes de 2007 y 2022.

Esas vidas —esas muertes— hay que contarlas. No seremos cómplices, nunca más, del silencio, ni permitiremos que se blanquee el pasado. Los demócratas debemos ser firmes ante quienes entonan, de manera interesada, ese mantra perverso de que “con Franco se vivía mejor”.

No, ninguna dictadura es mejor que una democracia, por muy imperfecta que esta sea. Menos, cuando el autoritarismo se impone a sangre y fuego. Porque cuando las garantías civiles y los derechos humanos se ponen en peligro —como está sucediendo en Gaza, Ucrania o Irán— hay dos opciones: resistir y defender la paz y el orden democrático, o unirse a la infamia y la sinrazón.

Aquel 18 de julio, del que hoy se cumplen nueve décadas, muchos españoles y españolas eligieron la primera opción, y lo pagaron muy caro. Fueron héroes y heroínas. No podemos permitir que su sacrificio haya sido en vano. Continuemos su senda y hagamos honor a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Nos jugamos mucho. Nos lo jugamos todo.

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Ángel Víctor Torres Pérez es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

"El grito agudo de la sirena pone en conmoción toda la Base. Son las seis y media de la tarde. Otro grito de auxilio sale de los labios de los soldados, clases, obreros, marineros y obreros, todos trabajadores de la Base. Es el nombre de un capitán de aviación".

Con estas expresivas palabras la escritora y periodista Carlota O’Neill de Lamo inicia la crónica Cómo tomaron las fuerzas de Regulares la Base del Atalayón. [En la siguiente imagen, podemos leer sábado, 17 de julio, cuando en realidad el 17 de julio de 1936 fue viernes].

Escrita el 19 de julio de 1936 y en el mismo lugar de los hechos, es la primera sobre de la guerra de España. Convertida en improvisada reportera de guerra, en esta primicia, O’Neill nos habla de los sucesos bélicos acaecidos, a partir del 17 de julio de 1936, en dicha Base, situada a medio camino entre Melilla y Nador. El capitán a quien piden auxilio no es otro que su propio marido, Virgilio Leret Ruiz, jefe accidental de la Base de Hidroaviones del Atalayón.

Este escrito, que marcó como hierro candente la vida de Carlota O’Neill, permaneció en su causa judicial sin que la propia autora volviera a verlo en su vida. Fue su hija menor, Carlota Leret O’Neill (Lotti) —a la que Melilla le concedió la medalla de oro de la ciudad en 2020— , gran luchadora por recuperar la buena imagen de sus padres, quien consiguió recuperarlo en 2003, ya que estaba entre todos los legajos del expediente judicial de su madre en el Archivo de Ceuta. La crónica le supuso un consejo de guerra, como veremos. Sobre lo vivido en la cárcel de la Fortaleza Victoria Grande de Melilla, nuestra autora escribió uno de los primeros libros sobre la represión franquista durante la guerra civil e inmediata posguerra: Una mujer en la guerra de España (1977). La secuela de esta obra es Los muertos también hablan (1964), pero ambas fueron originalmente publicadas en 1964 en el exilio; la primera con el título Una mexicana en la guerra de España.

Antes de avanzar en la crónica de guerra, vamos a acercarnos a la tensa situación política y militar de Melilla, ya que en esta plaza militar española se había estado urdiendo una larga conspiración, fundamentalmente después de las elecciones de febrero de 1936, cuya fuerza no supo medir el propio Jefe de la Circunscripción Militar Oriental de Marruecos, el general Manuel Romerales Quintero, tal vez porque estaba rodeado de oficiales y mandos que mayoritariamente formaban parte de dicha conspiración. Tampoco detectó nada el inspector de policía Antonio Lozano, enviado desde Madrid por el director general de Seguridad, Alonso Mallol. Es más, entre el 5 y el 12 de julio, las maniobras militares que cada año se desarrollaban en Llano Amarillo, una planicie al pie de las montañas de Ketama, en el Atlas, a unos 160 kilómetros de Tetuán y 260 de Melilla, sirvieron de tapadera para ultimar detalles del golpe militar. Y el general Romerales no entendió que el 12 de julio, durante el banquete de clausura de dichas maniobras, muchos gritaron "¡Café, café, café…!", cuando realmente estaban aclamando "¡Camaradas, Arriba Falange Española!". El día anterior, el 11 de julio, el avión Havilland DH.89 Dragon Rapide, fletado por el multimillonario mallorquín Juan March, había despegado del aeropuerto de Croydon en Londres con destino a Las Palmas de Gran Canaria para recoger al general Francisco Franco y llevarlo hasta Tetuán.

La misma mañana del 17 de julio de 1936, los conspiradores habían trasladado armas al viejo caserón de Melilla la Vieja que albergaba la Comisión Geográfica de Límites de África, con el fin de repartirlas entre los falangistas a primera hora de la tarde. A las dos y media, Jaime Fernández Gil, Delegado del Gobierno en Melilla, es avisado de dicho reparto. Informado el general Romerales, convoca una reunión con los oficiales y mandos cuya lealtad cree asegurada. Se decide hacer un registro en dicho edificio —donde en esos momentos estaba reunido el Comité de la rebelión militar, que también contaba con falangistas— y envía un grupo de policías protegidos por guardias de seguridad al mando del teniente Juan Zaro Fraguas. Los conspiradores piden ayuda a un Tercio de la Legión, y los policías y guardias civiles son reducidos. A las cinco de la tarde, el general Romerales es destituido por el coronel Luis Solans Labedán. Por las calles de la ciudad hay tiroteos por parte de elementos de la Falange Española y pequeñas manifestaciones de obreros, desarmados, intentando convocar una huelga general. Mientras tanto, se producen los hechos en la Base de Hidroaviones del Atalayón. Así da comienzo una guerra que arrasará España en todas sus dimensiones: social, económica, cultural...

Carlota O’Neill (1905-2000) se encontraba desde el 1 de julio de 1936 en Melilla, porque el capitán de aviación Virgilio Leret (1902-1936) había tenido, en palabras de la propia periodista, "la feliz ocurrencia de un hombre enamorado" de que su mujer y sus dos hijas, Mariela y Lotti, de 9 y 7 años respectivamente, pasaran el verano de 1936 en Melilla. Leret estaba destinado en esta plaza militar temporalmente, al parecer, por propia decisión del propio presidente la República, Manuel Azaña, por ser hombre de su confianza: "En el mes de junio de 1936, Manuel Azaña pidió a Virgilio, como favor especial, fuera a encargarse de la jefatura de Aviación de Melilla, ─norte de África─ solo por tres meses, julio, agosto y septiembre, debido a quién sabe qué cambio de personal".

En septiembre, se probaría el prototipo del innovador Mototurbocompresor a reacción, que había diseñado y patentado el propio Leret, y que revolucionaría el mundo de la aeronáutica. La familia iba a permanecer, como en 1933, en la misma draga anclada a unos cien o doscientos metros de la orilla, en la paradisíaca ensenada de la Mar Chica de Nador, ubicación de la base aeronaval española El Atalayón, a pocos kilómetros de Melilla. Como es bien conocido, en 1936 Nador pertenecía al Protectorado Español de Marruecos, con capital en Tetuán, que abarcaba el norte de Marruecos desde la costa atlántica hasta Argelia, exceptuando la ciudad internacional de Tánger.

Ese aciago 17 de julio, por la tarde, Carlota O’Neill, el capitán Virgilio Leret y sus dos hijas,estaban paseando de regreso a casa después de haber visitado un cementerio antiguo árabe en la zona cuando sonó "el grito agudo de la sirena de alarma" de la Base de Hidroaviones. El capitán Leret se preparó para ir inmediatamente a su base dejando a su familia en la draga.

Cuando llegó a la Base de Hidros, como jefe accidental de la misma se opuso a la sublevación defendiéndola con escasos hombres —recordemos que parte de la tropa y de mandos estaba de permiso veraniego, y otros ya estaban en sus casas para pasar el fin de semana— del ataque de las Fuerzas de Regulares Indígenas de Melilla número 2. Entre ellas estaban la Primera Compañía del I Tabor de Infantería y el Tabor de Caballería. Leret y sus hombres, tras un intenso tiroteo, mataron a dos de los atacantes (un soldado y un sargento marroquíes), aunque otras fuentes indican que las bajas fueron muy superiores. Los sublevados pidieron refuerzos. Llegó, entre otras unidades, la Segunda Compañía del I Tabor de Infantería. Al verse tan superados por las fuerzas enemigas y con escasa munición, los soldados leales al Gobierno se rindieron, siendo trasladados al fuerte de Rostrogordo. Horas más tarde, ya en la madrugada del 18 de julio, lo hicieron el capitán Virgilio Leret, semidesnudo y con un brazo roto , y los alféreces Armando González Corral y Luis Calvo Calavia.

Fueron fusilados por un pelotón que se formó con varios de los mismos soldados de Leret, y posiblemente enterrados en una fosa común. Estos tres militares eran los primeros caídos por el Gobierno legítimo y constitucional de España, fruto de las elecciones legislativas del 16 de febrero de 1936. Carlota Leret O’Neill tiene confirmación de estos hechos gracias a una carta que le envió la escritora Angelina Gatell, viuda de uno de los soldados de la Base de Hidros.

Mientras se producían todos estos acontecimientos, Carlota O’Neill y sus dos hijas, en compañía de Librada Jiménez, una empleada que se había venido con la familia desde Madrid, permanecieron escondidas en la draga. Es entonces cuando la periodista, testigo excepcional, no pudo evitar ponerse a escribir y plasmar en unas cuartillas todo lo que estaba viviendo, es decir, la primera crónica de la guerra, como ya hemos dicho. Desde el navío, O’Neill puede ver, además de la propia base, una barriada obrera, en estos días ya muy dañada por los sucesos, donde viven las familias de los marineros y de los trabajadores de los talleres de la base, "llena de algarabía y alegría de los niños". Sin embargo, el 17 de julio, según constata su crónica:

"Toda esta vida sencilla de alegría y trabajo se paraliza instantáneamente al toque de alarma. ¿Qué pasa? Las mujeres al quedarse solas, los hombres todos como uno solo se fueron a la Base –lívidos los rostros, chillan y gritan desoladas llamando a sus hijos como las gallinas a sus polluelos–. Nosotros nos refugiamos en la cámara del barco, desde las escotillas los ojos llenos de terror, oteamos la Base. Mientras a escasos metros vemos avanzar el ejército de gatos salvajes, las trágicas chichías [o tarbuch, gorro rojo, con forma de cono truncado, del que cuelga una borla negra] y los uniformes de regulares que ensangrentaron Asturias. Hay un silencio espantoso, calma trágica. mientras, estos hombres de (…) manos y ojos de sangre se deslizan".

Por una parte, vemos la brutalidad con que los sublevados tomaron la base, siguiendo la 1ª Instrucción Reservada, del 25 de mayo, del director del golpe militar, el general Emilio Mola: "Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado". Por otra, en su crónica, la autora nos evoca que, durante el llamado Bienio Negro (noviembre 1933-febrero 1936), la revolución de los mineros asturianos de 1934 había sido aplastada por los experimentados generales en reprimir a la población civil, Francisco Franco y Manuel Goded, enviados allí por el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux. Los militares trajeron de África a la Legión y a los Regulares, y desplegaron bombarderos y artillería causando miles de víctimas entre muertos, heridos y detenidos, y dejando una sangrienta herida que todavía perduraba en la sociedad española. "Imágenes tenebrosas de los episodios de Asturias surgen en la memoria. Y continúa, a medida que transcurren los momentos, con persistencia feroz a medias, el tiroteo", escribirá la periodista más adelante en esta misma crónica.

Además, en sus cuartillas, Carlota se queja de la falta de personal y también de la falta de medios aéreos en la propia Base de Hidroaviones para parar la rebelión:

"¡Si hubiera siquiera un par de hidros en vuelo! Pero nada, en la Mar Chica flotan desconsoladas las grandes boyas en que hace unos meses amarraban los aparatos hoy encerrados en los hangares con alas estériles y sin motores (…). Si volaran los aeroplanos no estarían los moros (otra palabra ilegible) (...) ¿cómo no los tienen siempre en el agua por si ocurre esto? Entonces haber oído decir que los iban a cambiar los motores… Pero, ¿todos a la vez? ¿por qué no pueden ir mudándolos uno por uno sin dejar completamente huérfana de aparatos de un solo golpe todas las Bases? Solamente hay un solo hidro en vuelo en toda España que, en la actualidad, debe estar en la Base de los Alcázares".

Parece que la autora está dando a entender que no era casualidad que el ejército de España en África no dispusiera de ningún hidroavión en funcionamiento, por lo que los sublevados no encontraron resistencia aérea. De hecho, como ya hemos adelantado, Melilla era una de las ciudades españolas donde la conspiración contra el Gobierno de la República tenía más adeptos, no solo entre los militares sino también entre la población civil, con amplia presencia falangista. Hablaremos más delante de las funestas y falsas acusaciones del jefe de Falange Española en Melilla, Manuel Requena Cañones, que llevarán a Carlota O’Neill a la cárcel.

Entre el 17 y el 22 de julio, mientras permaneció en la draga, la periodista mantuvo discretamente ocultas las cuartillas que había escrito sobre los primeros episodios de la guerra civil, ya que diariamente, un marinero, vigilado por Regulares, le llevaba todos los días agua y algunos alimentos. Cuando el 22 de julio tuvo la posibilidad de trasladarse a una vivienda en Melilla, las guardó en un baúl entre las ropas y enseres suyos, de sus hijas y de la empleada. Ese día, el marinero que le había llevado el agua le pasó secretamente un papelito: "Señora; no siga más tiempo ahí… Trasládese usted y su familia a mi casa, que está situada (aquí la dirección). Yo soy amigo de su esposo". No tiene firma, pero hoy sabemos que se trataba del alférez José Luis Proaño. Antes de mudarse, las dos mujeres y las dos niñas habían ido a conocer a las familiares del alférez amigo de Virgilio Leret que se habían ofrecido a acogerlas, comprobando que eran unas personas muy amables y atentas. Carlota, para tener más sitio en el coche que habían alquilado, dejó a sus hijas con estas mujeres tan cariñosas y se fue a la «casa flotante», en compañía solo de Librada:

─¿Volverás pronto, mamá?

─Dentro de una hora estoy aquí con vosotras.

─Adiós, Mamá...─. Me siguieron sus voces después de haber doblado la esquina.

─¡¡¡Adiós!!!

Recogió sus pertenencias, incluidos dos pollos que tenían en el barco, siempre bajo la vigilancia de los militares sublevados. Sin embargo, cuando Carlota se disponía a reunirse con sus hijas, en el coche puesto a su disposición por el capitán Joaquín Soler, jefe de la Base que había sustituido a Virgilio Leret, vio que dos soldados marroquíes se habían sentado junto al conductor y que estaban custodiados por otro vehículo. El automóvil se desvió de su ruta y dejó a las dos mujeres en la Comandancia Militar de Melilla. Allí permanecieron toda la noche, hasta que la escritora y su criada, tras intensos interrogatorios individuales por parte de militares y falangistas, acabaron con sus huesos en la cárcel de mujeres de la Fortaleza de Victoria Grande. Aunque, en realidad, el delito de O’Neill consistía en ser una mujer moderna, emancipada, "de ideas avanzadas", oficialmente fue acusada de infracción de bando de guerra. El propio capitán Soler reconoce que había sido instigado por Manuel Requeña Cañones, quien hizo unas acusaciones difusas y cargadas de maledicencia contra Carlota O’Neill: "...Conociendo sus avanzadas ideas, suponía que podía estar en contacto con elementos extremistas de la Ciudad (…); la detenida es mujer en extremo peligrosa, comunista de ideología y que ha mantenido también contacto con los demás elementos de aquella idea, sin que pueda concretar a qué acto se ha contraído dicha actividad".

El 21 de agosto, tras innumerables pesquisas e interrogatorios a más de 20 personas, incluido un niño de 11 años, Carlota O’Neill y Librada Jiménez fueron absueltas, pero sin ser liberadas, puesto que permanecieron en presidio como detenidas gubernativas. La escritora recoge muy bien este momento en Una mujer en la guerra de España:

─¡Bien, como faltan pruebas contra Vd., como en las averiguaciones que se han hecho no se ha descubierto que perteneciera a ningún partido político ni tuviera actividades de ninguna clase, vengo a notificarle que tanto usted como su sirvienta, quedan absueltas! (…) Eso no quiere decir que usted y su sirvienta salgan en libertad.

─¿Y… la inocencia?

─Eso no es obstáculo para que queden aquí en calidad de detenidas gubernativas.

Vemos, una vez más, la arbitrariedad del sistema judicial de los rebeldes, que ya había comenzado cuando Librada es conducida a la cárcel con Carlota, simplemente por el hecho de ser su empleada. En febrero de 1937, un juez y un escribano fueron a la cárcel a tomarle declaración sobre unas cuartillas que habían encontrado en el baúl, el cual había sido confiscado por el ejército. O’Neill confiesa que, efectivamente, ella es la autora de esas cuartillas "delatoras".

En mayo de 1937, Librada sale del presidio, pero Carlota allí continuó sin cargos. Durante su cautiverio, sobreponiéndose al hambre, al hacinamiento insalubre, a la enfermedad, a las causas judiciales… escribió Romanza de las Rejas, una colección de bellísimos poemas en prosa donde muy sutilmente, para vencer la censura, describe las crudas penalidades de las internas:

"Mis páginas, olientes a la fortaleza de Victoria Grande, en Melilla, donde nacieron y pernoctaron, con humedad y salitre, también terror, cumplieron su misión entre aquellos hermanos, habituados al trato con los libros".

Durante largos meses, continuaron las indagaciones ─una suerte de investigación prospectiva─ sobre su escrito, hasta que desembocaron en un consejo de guerra, en cuya sentencia del 13 de noviembre de 1937, "segundo año triunfal", podemos leer: "en aplicación del artículo 258 del Código Militar por injurias al ejército ya que «lanza insultos sobre las Fuerzas de Regulares, calificándolas de “tropas salvajes” y de “trágicas chichías que ensangrentaron Asturias», siendo condenada a seis años de prisión correccional".

Dado que ya llevaba desde el 23 de julio de 1936 y aplicándole la Ley de Redención de pena por el trabajo, Carlota O’Neill sale de la cárcel en marzo de 1940, pero bajo libertad condicional, tras casi cuatro años de cruel, e injusto, internamiento. "Mi tía, Carlota O’Neill, la esposa de Leret, (…) pasó cinco (sic: cuatro) años, como aprendiza de muerta, en el penal de Victoria Grande, una prisión medieval donde se amontonaron cientos de mujeres republicanas".

La escritora pasó toda la guerra civil y la inmediata posguerra encarcelada arbitrariamente. Su marido, Virgilio Leret O’Neill, fue fusilado en la misma madrugada del 17 al 18 de julio de 1936, asesinato que frustró una gran carrera científica como ingeniero aeronáutico español. Y sus hijas —recordemos, con tan solo 7 y 9 años— tuvieron que pasar la guerra con unas personas extrañas hasta que Carlos Leret Úbeda, su abuelo paterno, las internó, en 1939, en el inhumano Colegio de Huérfanas de Oficiales de Infantería, en el pueblo de Aranjuez, cerca de Madrid. Una vez liberada, su madre luchó denodadamente para recuperar a sus hijas. En 1949, con ellas se exilió de España, un país donde los barrios obreros "olían a patio de cárcel, con los mismos rostros de cárcel, que es hambre y pánico".

Carlota O’Neill cierra la primera crónica de la guerra civil anticipando, dos días después del golpe de Estado, cuál será el futuro de las dos mujeres y las dos niñas que habían quedado arrumbadas en la bodega de un barco el 17 de julio de 1936:

"…si no fuera porque huimos tenazmente de hacer literatura, diríamos que nos parecían siglos las horas pasadas en la bodega del barco. El crepúsculo se ha iniciado y vamos sumiéndonos en tinieblas".

Y, de alguna manera, también España quedó entre tinieblas durante la guerra civil y la dictadura. Cuando se cumplen noventa años de la destrucción a sangre y fuego de una España nueva que, por fin, se estaba modernizando, de una España repleta de maestros, intelectuales, científicos, artistas, escritores y de obreros y campesinos que quieren una vida mejor, de una España que estaba empezando a construir un Estado social y de derecho y, sobre todo, cuando se estaban intentando desmantelar los poderes fácticos (militarismo, catolicismo y caciquismo) que tanto habían oprimido a nuestro país durante largo tiempo, tenemos que conocer cómo se produjo esa destrucción, y rememorar a los cientos de miles de víctimas que padecieron el zarpazo de los retrógrados. La misma Carlota O’Neill tuvo que publicar sus obras en el exilio. Conocerlas puede ayudarnos a conocer de primera mano y a rememorar a todas aquellas personas, sean célebres o anónimas, que fueron víctimas de un cruento golpe de Estado que trajo la barbarie a España.

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Eulalia Ramírez Nueda es miembro del Grupo de Estudios del Frente de Madrid .

Para argumentar la no celebración de unas jornadas sobre la Guerra Civil propuestas por Reverte, Ana Iris Simón dice que la Guerra Civil la ganaron aquellos a quienes recordamos con orgullo. Es decir, en su opinión, la ganó García Lorca pues lo recordamos con orgullo. Asombro, estupor e indignación producen estas palabras. 

No me atrevo a escribir qué pensaría Garcia Lorca de estas palabras. Supongo que estaría orgulloso de que su labor como poeta sea valorada a pesar de que su memoria solamente ha sido reivindicada por los que lamentaron su fusilamiento desde que se produjo. Los que lo fusilaron no creo que tuvieran luces para saber qué atrocidades cometían.

90 años después siguen teniendo las mismas luces y pensamientos los que se oponen a que se desentierren los miles de cuerpos que yacen en cunetas. Claro, dicen que lo hacen por la paz y la convivencia; repiten machaconamente: el turbio pasado hay que enterrarlo en el olvido. Pero el pasado no fue turbio, sino asesino, tan prístino y claro como agua de manantial y como la luz de la luna que cantaba García Lorca. Hubo un golpe de Estado, que acabó con un gobierno democrático y con cientos de miles de ciudadanos españoles. Mr. Aznar y Espinosa de los Monteros están cansados de repetir que para qué desenterrar cuerpos que reavivan odios y rencillas. También ponen en cuestión si hubo realmente un golpe de Estado, no solamente se atreven a semejante insulto a la verdad histórica, sino que además de haber golpe de Estado, la República fue responsable...

Es decir, la víctima es culpable de haber sido asesinada. Supongo que García Lorca desearía que su cuerpo fuera enterrado en el panteón familiar, no parece muy descabellado pensarlo. Creo que también desearía que lo mismo se hiciera con los que fueron asesinados junto a él y con los miles cuyos cuerpos como despojo yacen desperdigados por toda la península. Dudo que García Lorca se considerara vencedor de la Guerra Civil, y todavía dudo más de que se sentara con personas que dicen que él ganó la guerra, aunque perdiera su vida por rojo y maricón.

Ana Iris Simón, García Lorca perdió algo más que su vida, también perdió la guerra. Como la han perdido varias generaciones que solamente han conocido la dictadura, precisamente por haber perdido la guerra, también han perdido la oportunidad de vivir y educarse en un Estado laico y democrático, hayan o no vivido en primera persona la guerra. Estas generaciones también han sido víctimas de esa cruel e innecesaria contienda promovida por ideas fascistas y apoyada por las potencias de igual e innoble nombre. 

De ahí que quienes ponen en duda los datos objetivos, los ocultan y alimentan relatos alternativos merecen el calificativo de fascistas. Comprenderá que también pienso que con estos fascistas, García Lorca tampoco se sentaría. Pues son los legítimos herederos de la Dictadura los que sostienen que el golpe de Estado era necesario, que era necesario imponer un orden fascista y dictatorial durante 40 años y, para sonrojo de los muertos y de los vivos, descubrir sus cadáveres y enterrarlos en un lugar digno es reabrir odios y rencillas.

Ana Iris Simón, siento de veras que su abuelo tuviera que exiliarse, pero no comprendo a qué viene su constancia en el artículo que ha dado lugar a este comentario. La ideología de su abuelo no la hace a usted heredera de la misma, ni deudora o acreedora; tampoco asienta la imparcialidad de su artículo. Su artículo tiene el sesgo de las palabras y frases que escribe. Deje a su abuelo en paz, que por lo que usted dice, bastante sufrió la Guerra Civil, no solamente guerra, o la dictadura.

¿Usted cree que García Lorca sería un fascista por negarse a sentarse a dialogar con los que 90 años antes lo habrían fusilado o justificado? 

A estas alturas de la Historia de España, pedir cordura y respeto a la verdad histórica es una condición mínima imprescindible y exigible a todos los ponentes de una mesa de diálogo. No hacerlo es alentar exclusivamente la desinformación y la publicidad de relatos alternativos que ponen en cuestión la información histórica existente. Es dar a opiniones personales el valor de argumentos, además, esas opiniones se sustentan en flagrantes mentiras; es decir que equipararlas, en un plano de igualdad, con argumentos fundados en hechos y datos históricos hace inviable el diálogo. Los que mienten con el descaro de los ignorantes mienten sabiendo que lo hacen, saben que su salario colgará de la soga del éxito que tengan. Si fuera solamente un problema de ignorancia, se podría establecer un diálogo, pero no son personas dispuestas a contrastar opiniones, argumentos, ideas, proposiciones de futuro. Son gente del pasado con ideas del pasado fracasadas y con resultados demoledores para la humanidad, por eso no es posible un diálogo enriquecedor.

Ana Iris Simón, el diálogo solamente es posible entre iguales que se reconocen como tales, a pesar de las diferencias que pudiera haber. Resultará enriquecedor si, partiendo de la premisa anterior, el ánimo es el de cotejar y contrastar ideas. Si al final de ese diálogo la situación fuera la misma que antes de sentarse a hablar, no sería importante, siempre y cuando los dialogantes no se considerasen poseedores de la verdad absoluta y con derecho a aniquilar a los del otro lado de la mesa. 

Por eso no es posible un diálogo enriquecedor con los que niegan el origen de la Guerra Civil; que niegan el golpe de Estado de una parte importante del ejército; que se limitan a ignorar el bombardeo de población civil indefensa, Málaga, Guernica y otras ciudades; que dicen que la dictadura franquista fue necesaria y que no fue tan cruel, que fue una dictablanda; que se olvidan de los cuerpos en las cunetas; que cierran los ojos ante juicios sumarísimos una vez acabada la contienda militar y de los fusilamientos pasado el año 1939... No basta con hacer de Lorca una gloria nacional para sentarse a la mesa del diálogo.

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José Amella es socio de infoLibre.

La guerra civil española no se dio solo dentro de nuestras fronteras. Muchos más sufrieron las consecuencias. Los españoles que estaban fuera tuvieron que ver como sus familias pasaban por una guerra que perdió la mayoría de la población. Pero, de los alejados de su tierra, solo unos pocos vivieron la fractura en carne propia: el cuerpo diplomático español. Las embajadas y consulados tuvieron que luchar por la legitimidad internacional de la República, mientras que Franco avanzaba en la península. Ahora, el historiador y columnista de infoLibre Ángel Viñas reconstruye las trayectorias de aquellos diplomáticos que permanecieron leales al Gobierno constitucional, en su nuevo libro Al servicio de la democracia: Los diplomáticos de la República y la factura de la lealtad, que salió a la venta este martes 29.

infoLibre ofrece un fragmento del octavo episodio del libro, que salió a la venta este martes 29, a través de la Editorial Crítica. El autor del mismo es el también historiador y experto en la guerra civil Enrique Moradiellos.

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En vísperas de la guerra civil española, las representaciones diplomáticas y consulares de España en Gran Bretaña eran de las más importantes de todas las mantenidas en Europa y en el extranjero (un conjunto de 42 diplomáticas y 152 consulares). Las razones para ello eran evidentes y obedecían a dos factores correlativos e incontestables. Por un lado, un factor de política internacional: durante los años treinta del siglo xx, al igual que desde hacía más de un siglo, el Reino Unido era una gran potencia económica y militar, constituía la metrópoli de un vasto imperio colonial expandido por los cinco continentes y gozaba de una relativa estabilidad social y política en medio de un mundo todavía convulsionado por la Gran Depresión de 1929. Por otro lado, un factor de política interna española: en 1935, un año antes del inicio de la contienda, en términos económicos Gran Bretaña seguía siendo, como casi siempre desde mediados del siglo xix, el primer país importador de productos españoles, uno de los principales proveedores del mercado hispano y la nación con mayores inversiones directas en España.

Además, en el ámbito geoestratégico, era un país fronterizo en virtud del dominio británico del peñón de Gibraltar, base naval principal en la ruta mediterránea desde la metrópoli al canal de Suez y la India y el Extremo Oriente. Y, por último, el Reino Unido era también, junto con Francia, uno de los principales referentes diplomáticos de España desde los lejanos tiempos de la Cuádruple Alianza de 1834 y de los más cercanos de los Acuerdos de Cartagena de 1907. En definitiva, la plaza de Londres, a muy poca distancia de la de París, era uno de los principales centros neurálgicos de la diplomacia española contemporánea y así se demostraría durante toda la guerra civil.

En gran medida por ese carácter central y decisivo, los avatares de la representación española en Gran Bretaña tras la sublevación militar de julio de 1936 fueron un nítido reflejo de lo sucedido en el conjunto del Cuerpo Diplomático y Consular encargado de la representación de los intereses españoles en el exterior. Ante todo, como resultado del estallido de la guerra civil, esa representación sufrió una profunda e irreversible fractura, al igual que todos los órdenes de la administración estatal española y tal y como sucedió en casi todas las embajadas y consulados del exterior. Además, lo sucedido en el Reino Unido no se diferenció básicamente de la tendencia general dominante en esos círculos, puesto que, si bien el bando insurgente ganó la batalla en cuanto a las adhesiones mayoritarias del personal de plantilla, fue sin embargo el bando republicano el que mantuvo la titularidad jurídica de las representaciones, procediendo a sustituir las vacantes causadas por los desafectos con nuevos nombramientos de emergencia. Como recordaría el periodista socialista Julio Álvarez del Vayo, convertido en septiembre de 1936 en ministro de Estado del nuevo gobierno republicano, para entonces «el 90 % del Cuerpo Diplomático había desertado». No era una exageración impostada, como demuestran los estudios básicamente concurrentes de José Luis Pérez Ruiz y Ángel Viñas.

Entre el 18 de julio y el 27 de agosto de 1936, casi todos los diplomáticos de la embajada española en Londres (incluyendo al propio embajador, Julio López Oliván, recién incorporado hacía pocos meses) presentaron la dimisión de sus cargos y, la gran mayoría, pasaron a actuar abiertamente a favor de las autoridades insurgentes. La representación de estas en Gran Bretaña estaba en manos de una Junta Nacionalista dirigida por dos notables exponentes del monarquismo alfonsino: el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva y Codorníu, hijo mayor del político conservador homónimo, y Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, el duque de Alba, muy apreciado en los círculos oficiales y conservadores británicos por su supuesta doble condición de duque de Berwick y par de Inglaterra. Ambos habían participado de manera activa en la trama civil de la conjura antirrepublicana puesta en marcha por el general Mola desde la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936.

Desde el inicio de la sublevación militar, esa Junta Nacionalista estuvo en contacto directo y confidencial con el embajador, Julio López Oliván, y con sus principales colaboradores: Pedro García-Conde Menéndez, consejero; Fernando Valdés Ybargüen, primer secretario; José Fernández-Villaverde y Roca de Togores, segundo secretario; capitán Manuel Medina Morris, agregado naval; comandante Emilio Velo, adjunto al agregado naval; y Antonio Vidal Tolosana, adjunto al agregado comercial. También establecieron contacto con los representantes insurgentes en Gran Bretaña cuatro de los seis cónsules acreditados en el país: José Gimeno Aznar (Cardiff), Eduardo María Danís Maranges (Glasgow), Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena (Liverpool) y Álvaro Seminario Martínez (Newcastle). Por el contrario, el cónsul general en Londres, Vicente Álvarez-Buylla y Lozana, así como el agregado comercial, Daniel Fernández-Shaw Iturralde, y el cónsul en Southampton, Roger de Fuentes Bustillo y Cueto, se mantuvieron en sus respectivos cargos con plena lealtad al gobierno republicano. También permaneció en el consulado de Liverpool Tomás Bordallo Cañizal, pero jugando «a dos bandas» hasta su cese en julio de 1937.3 El expediente informativo y depurador incoado por las autoridades franquistas con posterioridad reconocería la importancia de las gestiones hostiles de López Oliván y sus ayudantes haciendo constar «la poca actividad, si así puede llamarse, de la embajada en ese período comprendido entre el 18 de julio y el 28 de agosto, que contrasta con la desplegada con posterioridad».

Así pues, en Gran Bretaña, como en tantas otras partes, la defección de la mayoría del personal diplomático y consular acreditado supuso un duro revés para el gobierno republicano y un abierto triunfo para las autoridades insurgentes. No en vano, ese fracaso republicano reduplicaba otras penalidades aún más importantes puesto que, desde el inicio de la guerra, la suerte de las armas en el interior y la búsqueda de apoyos en el exterior se habían decantado decisivamente a favor de los militares insurgentes y en contra de las autoridades republicanas.

En vista de la debilidad gubernamental francesa y de la apenas encubierta simpatía británica por los insurrectos, tanto Hitler como Mussolini habían accedido a prestar un apoyo militar que podría reportarles indudables ventajas político‑estratégicas en el área mediterránea occidental a bajo riesgo y pequeño coste. En esas circunstancias, la adhesión a fines de agosto de 1936 de todos los gobiernos europeos al Acuerdo de No Intervención en España, patrocinado tenazmente por Francia y Gran Bretaña, sentenció la derrota diplomática de la República por un doble motivo. Primeramente, porque supuso su equiparación de facto a los insurgentes en términos operativos y en una cuestión crucial (la posibilidad de adquirir armas y municiones en los mercados continentales, facultad hasta entonces reservada al gobierno legal reconocido internacionalmente). En segundo orden, porque, desde el principio, la forma de aplicación de dicho acuerdo acentuó esa derrota jurídica dando origen a un sistema asimétrico de ayudas e inhibiciones: mientras los restantes gobiernos europeos cumplían estrictamente el compromiso de embargo e impedían el abastecimiento de la República en sus fuentes de suministros bélicos tradicionales (sobre todo los mercados francés y británico), Alemania e Italia (y en menor medida Portugal) continuaron sus envíos encubiertos de armamento para Franco a pesar de las prescripciones del acuerdo.

Precisamente la magnitud de ese descalabro diplomático sufrido, junto con la conciencia de la importancia de Gran Bretaña en el contexto internacional, motivaron a finales de agosto de 1936 una decisión crucial del gobierno de la República: el 29 de agosto solicitó formalmente el plácet de las autoridades británicas para un nuevo titular de su embajada en Londres: Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid, 1890 – Ginebra, 1971).

La aceptación por parte de Azcárate de su nombramiento supuso una gran sorpresa en los círculos diplomáticos continentales porque el recién designado embajador era uno de los más notables funcionarios internacionales españoles en Ginebra y ejercía desde 1934 el influyente cargo de secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones (segundo puesto ejecutivo de importancia en el organismo internacional, al que hubo de renunciar de inmediato). Sin embargo, la decisión de los gobernantes españoles respondía a una indudable coherencia política y diplomática: el nuevo y reputado representante de la República en Gran Bretaña iba a ser un genuino exponente de la tradición liberal krausista que había servido a los ideales políticos del republicanismo democrático. Así lo acreditaban los antecedentes familiares del embajador (sobrino de Gumersindo de Azcárate), su formación académica (discípulo de Francisco Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza), su categoría intelectual (catedrático de Derecho Administrativo desde los veintitrés años) y su doble y dilatada experiencia política (diputado por el Partido Reformista en 1918) y administrativa (funcionario de la Sociedad de Naciones desde 1922).

Por supuesto, la decisión del gobierno republicano al nombrar a Pablo de Azcárate como nuevo embajador en Londres, tomada en una coyuntura realmente crítica y dramática, estaba basada en un certero cálculo político y diplomático: la esperanza de que su reconocido prestigio y talante liberal podrían contribuir a paliar el efecto dañino de las deserciones y dimisiones producidas, a la par que reforzaría la imagen democrática de la España republicana y evitaría el supuesto deseo oficial británico de negar el plácet a un nuevo embajador (para reducir así la representación republicana en el país y amortiguar la ausencia de representación formal insurgente). El 31 de agosto de 1936, López Oliván prestó su último servicio encubierto a los insurgentes advirtiendo al Foreign Office que su sucesor en el cargo era «una personalidad destacada y sincera con bastante tendencia hacia el comunismo teorético». Pocos días después, para ayudar a Azcárate en su labor, fueron nombrados los restantes cargos diplomáticos vacantes: Antonio de la Cruz Marín (ministro‑consejero), el comandante Fernando Navarro Capdevila (agregado naval) y el escritor Antonio Ramos Oliveira (agregado de prensa y propaganda). De este modo, tras la llegada del embajador y su nuevo equipo a mediados de septiembre de 1936, la República comenzó a desarrollar una intensa actividad política y diplomática en Gran Bretaña, de la que había carecido en las transcendentales semanas previas.

En sus memorias publicadas póstumamente en 1976, Azcárate describió con precisión los dos objetivos prioritarios de su misión diplomática en Gran Bretaña durante toda la guerra civil: «ganar para la república el mayor apoyo y comprensión posible entre las clases conservadoras inglesas que eran las que en aquel momento gobernaban el país»; y a la par, «extender todo lo posible, dentro del mundo político y social de Inglaterra, y particularmente de Londres, la simpatía y el apoyo moral hacia la causa de la república». Para alcanzar ambos fines, la actuación política y diplomática del embajador se concentró en «dos puntos fundamentales» que recapitularía casi al final del conflicto con las siguientes palabras:

a) Hacer patente la realidad y extensión de la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes; mostrar que lo que está ocurriendo en España es resultado del designio de esas dos potencias de dominar políticamente a España; subrayar los inmensos peligros que esto representa para Inglaterra en el caso de un triunfo de los rebeldes.

b) Destruir la idea de que la república era el comunismo y el bolchevismo en acción; demostrar la inexistencia del influjo decisivo y preponderante de la URSS en la política republicana; sacar el máximo partido de los inmensos progresos realizados por la república, no solo en el orden militar, sino en la reconstitución de toda su vida civil.

Ciertamente, la labor de Azcárate se atuvo a esas directrices con notable constancia y coherencia durante toda la guerra, tratando de lograr el «apoyo y comprensión» de las autoridades conservadoras británicas y la simpatía y solidaridad de las restantes fuerzas políticas y sociales del Reino Unido. Sin embargo, si bien sus éxitos serían considerables en la realización de este segundo objetivo, no puede decirse lo mismo respecto del primero. Hasta el mismo final de la contienda, los círculos gubernamentales británicos preservaron intacto su compromiso de no intervención incondicional y rechazaron con mayor o menor frialdad las tentativas republicanas de aproximación y búsqueda de un apoyo moral o material. De hecho, la pretensión de Azcárate representaba un ideal de muy difícil realización, una misión casi imposible habida cuenta de los fundamentos y propósitos de la política exterior  británica frente a la crítica coyuntura de los años treinta en Europa y el mundo.

La política neutralista del gobierno conservador británico ante el conflicto español estuvo determinada desde el primer momento por dos motivos esenciales y complementarios que se reforzaban mutuamente. En primer lugar, los gobernantes del Reino Unido abrigaban la convicción de que España, desde las elecciones de febrero de 1936, estaba inmersa en una crisis similar a la de Rusia en 1917 y creían que dicha crisis había desembocado en un choque frontal entre un Ejército meramente contrarrevolucionario y unas milicias obreras revolucionarias a las que servía de pantalla legitimadora un impotente gobierno reformista. Así lo habían advertido los diplomáticos británicos residentes en el país desde los primeros días de la sublevación: «La verdad sobre España era que hoy no existía ningún Gobierno. De un lado estaban actuando las fuerzas militares y de otro se les oponía un Soviet virtual» (21 de julio). Esa naturaleza subversiva real —ya que no formal— del bando republicano vedaba de facto cualquier ayuda directa o indirecta británica al gobierno español y hacía preferible la victoria, cuanto primero mejor, de las fuerzas militares insurgentes para salvaguardar el orden y la propiedad en España (incluyendo las cuantiosas inversiones británicas en el país y la seguridad de la base naval de Gibraltar).

El segundo motivo de esa neutralidad absoluta e incondicional radicaba en la política general de apaciguamiento (Appeasement Policy) en Europa practicada por Gran Bretaña desde el inicio de la grave crisis económica de 1929. El objetivo esencial de dicha política consistía en evitar cualquier nuevo conflicto entre el extenso y disperso Imperio británico y las tres potencias revisionistas del statu quo que amenazaban su seguridad: Japón en el Extremo Oriente, la Alemania nazi en Europa central e Italia en el Mediterráneo. Aterrados por la sangría humana y económica de la primera guerra mundial, los gobernantes británicos pretendían negociar con esas potencias reajustes en el statu quo como mal menor siempre preferible a una nueva confrontación general. La aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica, debilidad económica y desventaja diplomática respecto a 1914‑1918 (ya no cabía contar con la ayuda de Estados Unidos, replegados en el aislacionismo, ni de Rusia, convertida en una amenazante Unión Soviética) aconsejaba transitar la vía del apaciguamiento de Italia (la potencia más débil) y Alemania (la más cercana y poderosa) para evitar así su potencial confluencia hostil. No en vano, los dirigentes británicos creían que incluso si esa guerra pudiera ser librada y ganada (con ayuda de una debilitada Francia), también provocaría irreversibles pérdidas para la posición económica, militar e imperial del Reino Unido. Sin excluir, además, las posibilidades que se abrirían con el conflicto bélico a la expansión del comunismo y la revolución por todo el mundo (propósito atribuido en Londres a los dirigentes soviéticos a pesar de su reciente política de cooperación con las democracias iniciada en 1934).

Habida cuenta de las sólidas razones de esa política de apaciguamiento y de la interpretación oficial sobre la crisis española, no resulta sorprendente que las esforzadas tentativas de Azcárate apenas lograran modificar la actitud gubernamental británica. Entre otras cosas, porque la política de no intervención británica en la guerra española constituía en realidad la aplicación regional y específica de su política general de apaciguamiento en Europa y se acoplaría sistemáticamente a los parámetros establecidos por dicha política hasta su mismo desplome en vísperas de la segunda guerra mundial. Por eso, de nada servían frente a ese fundamento las reiteradas denuncias de Azcárate sobre los peligros de la intervención italogermana o las repetidas garantías de contención del comunismo y voluntad de independencia de la República respecto a la URSS (cuyo crucial apoyo militar comenzó a llegar en octubre de 1936). En esencia, los gobernantes británicos consideraron que esa intervención de Italia y Alemania, aparte de favorecer el deseable triunfo de un bando contrarrevolucionario, no pondría en cuestión a largo plazo los intereses políticos, estratégicos y económicos del Reino Unido en España. No en vano, los hipotéticos riesgos al respecto siempre podrían contrarrestarse por los abrumadores recursos disponibles en caso de emergencia: el poder de atracción de la libra esterlina para encabezar (o frustrar) la necesaria reconstrucción económica posbélica española; y el poder de disuasión de la flamante Royal Navy, con capacidad dual para bloquear y estrangular las costas y archipiélagos españoles o para protegerlas y garantizar sus comunicaciones internas y externas. Mientras llegaba el momento de poner en práctica ambos recursos (el clásico dúo conocido como the carrot and the stick: el palo y la zanahoria), el Acuerdo de No Intervención y su Comité correspondiente establecido en Londres permitían salvaguardar los principales objetivos diplomáticos británicos en el conflicto: confinar la lucha dentro de España y, a la par, refrenar la intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar el alineamiento con la Unión Soviética y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su apoyo a Franco. Así lo había definido muy tempranamente el anciano primer ministro, Stanley Baldwin, en su única directriz política a su joven secretario del Foreign Office, Anthony Eden: «De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país [léase: Italia o Alemania], debe meternos en la lucha al lado de los rusos».

La llegada de Azcárate a Londres como embajador (tomó posesión de su cargo el 13 de septiembre de 1936) coincidió con la primera protesta del gobierno republicano ante su homólogo británico contra los dañinos efectos que el Acuerdo de No Intervención estaba causando a su esfuerzo bélico. El gabinete de Giral había aceptado a regañadientes las cláusulas de dicho acuerdo plegándose al requerimiento de las autoridades francesas y como supuesto mal menor para atajar el apoyo italogermano a los insurgentes. Sin embargo, desde principios de septiembre de 1936, en vista de su fracaso para lograr ese fin primordial, el nuevo gobierno frentepopulista presidido por Francisco Largo Caballero comenzó a exigir su anulación y la restitución de su derecho exclusivo a comprar armas en los mercados continentales. Pero la fuerza de su argumentación legal no lograría modificar la actitud oficial británica ya cristalizada. El funcionario encargado de los asuntos españoles en el Foreign Office reconoció en privado el 10 de septiembre:

... las consecuencias políticas de conceder al gobierno legal las facilidades que indudablemente le corresponden habrían sido demasiado graves para exponerse a ellas. Varios gobiernos de países pequeños han apreciado que «No Intervención», de hecho, significa denegar al gobierno legítimo los medios para combatir una rebelión.

Corroborando ese juicio, sir George Mounsey, subsecretario adjunto encargado de Europa occidental, apuntó igualmente los motivos que habían dictado el desahucio del gobierno republicano y la preferencia furtiva por la victoria insurgente:

Aunque es verdad que desde un punto de vista legal el gobierno español tiene razón, es innegable que, de hecho, si bien no en teoría, se trata de un gobierno que había dejado de gobernar desde mucho antes del inicio de esta rebelión. Lo único que hacían era ceder constantemente a las demandas extremistas de una clase obrera desenfrenada, y eran incapaces de mantener el orden a menos que satisficieran esas demandas. Además, no fue un estímulo para que las potencias civilizadas ayudasen al gobierno español el hecho de que este, cuando estalló la rebelión, procediese inmediatamente a armar a todos los obreros y chusma, incluyendo a jóvenes irresponsables, con las consecuencias que estamos viendo: brutalidades salvajes y contrarrepresalias.

Azcárate pudo comprobar pronto las insuperables dificultades con que se enfrentaba en los ámbitos oficiales británicos. El 21 de septiembre tuvo su primer contacto formal de envergadura. En aquella ocasión, expuso ante lord Cranborne, subsecretario parlamentario del Foreign Office, los fines de su misión en Londres:

... eliminar los malentendidos con respecto al carácter del gobierno español y, si es posible, inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención y ejercer su influencia contra los rebeldes.

El juicio reservado anotado en el Foreign Office sobre esa declaración de intenciones refleja la honda desconfianza británica hacia la causa de la República y la naturaleza casi imposible del objetivo diplomático del embajador:

El señor Azcárate pronto se dará cuenta de que no hay ninguna esperanza de que pueda inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención para tomar partido por el gobierno español.

El embajador reiteró infructuosamente sus argumentos ante el propio Anthony Eden, titular del Foreign Office, el 15 de octubre, en su primera entrevista oficial. Para entonces, la decisión soviética de apoyar militarmente a la República había acentuado las prevenciones británicas respecto a la naturaleza revolucionaria del bando gubernamental. De igual modo, había hecho más urgente para Londres la preservación del confinamiento del conflicto logrado por la no intervención, a fin de evitar todo alineamiento con la URSS, atajar cualquier posible enfrentamiento con Italia y Alemania, y posibilitar así la ejecución inalterada de la política de apaciguamiento en curso. Azcárate trató de apaciguar esos temores y modificar esa neutralidad incondicional. Durante los meses de octubre y noviembre de 1936 repitió en varias ocasiones a Eden y Cranborne que la República luchaba por preservar un régimen democrático sin veleidades revolucionarias ni dependencia de la URSS. También insistió en que el recurso de la República a la ayuda soviética era «su última carta» para evitar la inminente derrota militar y estaba motivado por la ausencia de apoyo directo anglo‑francés. Sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office, anotaría la siguiente impresión sobre las reiteradas gestiones del embajador negando el carácter revolucionario de la causa republicana:

Es inútil que el señor Azcárate recolecte información para desmentir la acusación de actividades de la Comintern en España antes de la insurrección. Las hubo en abundancia y a gran escala.

Significativamente, los contactos del embajador con las autoridades británicas quedaron reducidos durante la guerra a aquellos cargos oficiales a los que tenía acceso potencial en virtud de su condición de legítimo representante diplomático acreditado. Azcárate señala en sus memorias que nunca tuvo oportunidad, ocasión o invitación para entrevistarse con el premier del Reino Unido:

Ni con Stanley Baldwin, primer ministro durante los primeros meses de mi misión, ni con su sucesor, Neville Chamberlain (primer ministro desde mayo de 1937), tuve ninguna clase de contacto, ni relación oficial ni personal.

El embajador también subraya que esa falta de relaciones no era privativa de los medios oficiales no estrictamente diplomáticos, sino que se extendió en gran medida por todo el ámbito político conservador británico. Al respecto, es ilustrativa una anécdota relatada en sus memorias y relativa a uno de los más prestigiosos parlamentarios y exministros del Partido Conservador, Winston Churchill:

Un signo inequívoco de esto lo tuve en el incidente que se produjo a los pocos días de mi llegada a Londres, cuando, al final de uno de los innumerables banquetes a que tiene que asistir un embajador en Inglaterra, lord Cecil of Chelwood, a quien me unían lazos de respetuosa amistad creados en la Sociedad de Naciones, intentó presentarme a Winston Churchill; al oír que se trataba del embajador de España, rojo de ira y sin estrechar la mano que yo instintivamente le tendía, Churchill declaró que no quería tener relación alguna conmigo y se alejó murmurando entre dientes: «sangre, sangre...».

Ambos hechos no pueden ser más reveladores de la deliberada voluntad oficial británica de marcar distancias con el representante de un gobierno sospechoso y perturbador. Así lo demuestra, por otra parte, la facilidad con la que paralelamente el duque de Alba logró acceso a las más altas instancias políticas y oficiales de Gran Bretaña, a pesar de su condición de representante informal de las autoridades insurgentes (estatuto oficializado en noviembre de 1937). Entre otros interlocutores de Alba en distintas reuniones privadas o fiestas sociales de la aristocracia cabe mencionar al propio rey Jorge VI, a Neville Chamberlain y a un amplio abanico de ministros, exministros, diputados y lores del mundo político y social del conservadurismo británico de la época.

El Ateneo de Madrid acoge el próximo jueves 30 de abril una conferencia centrada en la figura del escritor y político francés André Malraux y su implicación en la Guerra Civil española, bajo el título “Malraux en España (1936-1939): el compromiso de un intelectual ante el fascismo”. El acto, organizado por la Sección ateneísta de Literatura, tendrá lugar a las 19:00 horas en la Sala Ramón y Cajal.

La sesión propone una reflexión sobre el papel de los intelectuales en contextos de crisis democrática, tomando como referencia el posicionamiento activo de Malraux frente al avance del fascismo en Europa durante los años treinta. El autor de La esperanza, profundamente vinculado a la causa republicana, no solo narró el conflicto español, sino que participó directamente en él, convirtiéndose en un símbolo del compromiso político y cultural de una parte de la intelectualidad europea de la época.

La conferencia correrá a cargo de Antoni Cisteró García, un perfil marcado por la interdisciplinariedad: ingeniero químico de formación, licenciado en Filosofía y diplomado en Ciencias Sociales, ha orientado su trayectoria hacia el análisis del contexto social de los acontecimientos históricos. Es autor de ensayos como Confluyendo o Participar hoy, así como de novelas históricas como Campo de esperanza —galardonada con el Premio Film-Historia de la Universidad de Barcelona— e Hijo de la memoria, ambas traducidas al francés. También ha desarrollado una amplia producción en otros géneros, incluyendo teatro y reflexión histórica a través de distintos espacios digitales.

La presentación del acto estará a cargo de Ángel Viviente Core, también escritor y activista en distintas causas cívicas. La cita se enmarca en la programación cultural del Ateneo, una institución histórica que sigue funcionando como espacio de debate y pensamiento crítico en torno a cuestiones políticas, sociales y culturales de relevancia contemporánea. En un contexto europeo en el que resurgen discursos autoritarios, la recuperación de figuras como André Malraux invita a repensar el papel de la cultura y la intelectualidad ante los desafíos democráticos actuales.

En el ejercicio de Historia de España de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de la Comunidad de Madrid de junio de 2025, una de las fuentes a analizar era la mítica foto que el fotoperiodista Robert Capa hizo para demostrar al mundo el impacto social y psicológico de los bombardeos nazis y fascistas en colaboración con la aviación franquista a la población de Madrid. Los ciudadanos indefensos, niños, mujeres y ancianos, se convirtieron en un objetivo prioritario para lograr la rendición del Madrid resistente, la ciudad del "No pasarán", como buen ejemplo de guerra total que abrió la Gran Guerra en 1914. De los más de cien exámenes que corregí sólo uno habló de los bombardeos de la guerra civil en Madrid y de sus consecuencias sociales. Y del aula de un colegio concertado que vigilé en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense (UCM) al finalizar todos los exámenes, un grupo de alumnos me preguntó qué había que contestar en esa pregunta, y yo respondí: debía hablarse de los bombardeos de Madrid y su repercusión en la ciudadanía. La contestación de ellos fue desoladora: "Ah, ¿pero es que Madrid fue bombardeada?". Me quedé impresionada y disgustada al comprobar que alumnos de 17 y 18 años no supieran que la capital de España fue masacrada, siendo la primera capital europea que recibió este duro castigo por permanecer fiel a la democracia republicana. Es muy preocupante que nuestros jóvenes de Madrid no conozcan algo tan básico y grave de nuestra historia, de la guerra civil en su ciudad y de nuestro pasado traumático. Pero, por otro lado, no me sorprendió, teniendo en cuenta lo denso de la materia de Historia de España de segundo de Bachillerato en Madrid, que empieza en Atapuerca y llega a nuestros días, porque para las autoridades autonómicas es más importante que conozcan el imperio de la monarquía hispánica que la época contemporánea de la que somos herederos y que tan mal han comprendido las derechas hispanas. Existen muchos colegios concertados y privados que dan lo que consideran del temario y de la manera que quieren, sin ningún control, tal como compruebo cuando llegan los alumnos que deciden cursar Historia o cualquier otro Grado similar a las aulas de la maltrecha e infrafinanciada Universidad Complutense.

La foto de Capa, que retrata a dos niñas sentadas sonrientes junto a un niño de espaldas y a una más mayor en el umbral de una puerta en una casa destrozada por el impacto de la metralla y de las bombas, fue identificada por el fotógrafo José Latova y su colaborador Alberto Martín Escudero, situando el escenario de la imagen en la calle Peironcely, 10, de Vallecas, entonces municipio independiente de la capital. Desde 2017, la plataforma #SalvaPeironcely10, impulsada desde la Fundación Manuel Fernández "Lito"/Anastasio de Gracia, viene trabajando en la protección y conservación del edificio fotografiado por Capa en 1936, aunque solo identificado como el situado en esa calle de Entrevías en el siglo XXI. Desde entonces, el proyecto realizado en torno a Peironcely 10 ha sido objeto de interés académico nacional e internacional, mostrando su interés y siendo visitado tanto desde la universidad española como de universidades extranjeras.

Tras el importante hallazgo, muchas asociaciones vecinales, varias fundaciones como la Fundación Anastasio de Gracia (hoy Manuel Lito) con su director José María Uría Fernández, entidades internacionales como el Goethe Institut, International Center of Photography, o Capa Haus de Leipzig, entre otras muchas, el equipo del arqueólogo del CSIC Alfredo González Ruibal, que ha excavado durante cuatro años en la zona, y un gran número de personas anónimas han trabajado para recuperar el viejo edificio y su entorno. Se desalojó a veinte familias para salvarlo e integrarlo en un centro de interpretación de la Guerra Civil y de los bombardeos de Madrid en la guerra.

Además, en 2025 fue declarado Lugar de Memoria Democrática el conjunto formado por el edificio situado en el número 10 de la calle Peironcely, el espacio conocido como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, la zona ajardinada anexa y la parroquia de San Carlos por la importante significación histórica que tiene. Este complejo refleja el impacto de los bombardeos de una escuadrilla de Savoias fascistas en la ciudad de Madrid durante la Guerra Civil y que el fotógrafo húngaro Endre Ernő Friedmann, más conocido como Robert Capa, inmortalizó con su cámara. La casa de Peironcely 10 se hizo mundialmente famosa mostrando a la opinión pública internacional los estragos físicos, materiales y psicológicos de los bombardeos autorizados por los militares franquistas para tomar la ciudad en noviembre de 1936. Madrid tiene el triste récord de ser la primera ciudad europea donde la población civil fue bombardeada sistemáticamente. La imagen fue difundida por primera vez el 10 diciembre de 1936 en las páginas interiores de la revista Regards y el 18 de diciembre en la portada de la Zürcher Illustrierte, que tituló: “Kinder in Madrid (Niños en Madrid)”. En enero de 1937, la fotografía continuó viajando por todo el mundo y reproduciéndose en nuevos medios de comunicación internacionales. De este modo, el 24 de enero se publicó en The New York Times Magazine.

Después de años de incuria municipal que parecía esperar que el tiempo acabase con el viejo edificio testigo de los brutales bombardeos de Madrid, ahora el Ayuntamiento se decide a crear un edificio que nada tiene que ver con el proyecto inicial, sin ningún vínculo con el estudio de la Guerra Civil con el nombre del famoso fotógrafo para labores sociales, dirigido por la Fundación Padre Llanos. Esta es la derecha de esta ciudad, el Partido Popular de Madrid, que homenajea a los legionarios de infausto recuerdo en la historia del país en el Paseo de la Castellana, en una de las principales vías de la capital. Esos legionarios fueron protagonistas de una cruel guerra colonial en Marruecos y conquistaron Badajoz y Toledo en su avance a Madrid durante la Guerra Civil a sangre y fuego para establecer una dictadura militar brutal. Esta es la memoria que le gusta reivindicar al alcalde Martínez Almeida. La derecha que dice defender la democracia no es capaz de crear un solo centro sobre la Guerra Civil en una ciudad que fue torturada y en la que todavía quedan numerosas cicatrices en sus calles de aquella barbarie como la Ciudad Universitaria, el barrio de Argüelles o tantos edificios y barrios. Es una decisión lamentable, indignante, mezquina y sectaria. El alcalde y su concejala se han ciscado en el trabajo de miles de personas durante muchos años. Quizás esta situación se explica mejor si subrayamos que en España no hay ningún museo digno e importante a nivel nacional sobre la Guerra Civil, mientras en Francia y Alemania habría varios. Este dato objetivo y rotundo siempre se lo recuerdo a mis alumnos al hablar de las políticas públicas de memoria y de la memoria democrática. Hace falta mucha historiografía, pedagogía y difusión del pasado en este país. Luego nos llevamos las manos a la cabeza con el porcentaje de jóvenes que dicen apoyar a la ultraderecha o que piensan que con Franco se vivía mejor. Hace falta más ciencia y justicia. Salvemos Peironcely, 10 con dignidad y rigor. Dignidad para las víctimas de los bombardeos fascistas y rigor científico acorde con las investigaciones historiográficas sobre la Guerra Civil en Madrid.

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Ana Martínez Rus es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid.

Sobre este acontecimiento, que yo sepa —y me gustaría equivocarme—, no he oído ni leído nada en ningún medio, ni conservador ni progresista. En él han participado una media de unas 280 personas diariamente (cerca del 50% mujeres). Partieron de Málaga y han pasado por Almuñécar, Salobreña, Motril, Nerja, Castell de Ferro, Melicena, La Rábita, Adra, Vícar, Roquetas, Balerma, El Egido, y algunas localidades y comarcas más. Por la mayoría de estos lugares han sido muy bien recibidos, incluso con saludos e intervenciones con discursos de alcaldes o alcaldesas, cediéndoles pabellones municipales para dormir; pero tampoco ha faltado en alguna ocasión en que, a su paso, han tenido que escuchar vivas a Franco. En Roquetas, por ejemplo, su alcalde durante ocho mandatos, Gabriel Amat Ayllón, les ha negado cobijo, argumentando que las instalaciones deportivas no son para dormir sino sólo para hacer deporte. 

Se hace necesario ir al comienzo. Carlos Arias Navarro (el carnicerito de Málaga), quien tras el triunfo del fascismo golpista de Franco llegó a ser ministro de Justicia y hasta Jefe de Gobierno (sí, el que anunció en 1975, medio llorando, que Franco había muerto), durante la II República era fiscal de Málaga, y tras el levantamiento militar pasaba información y animaba a castigar al pueblo malagueño al asesino Queipo de Llano, quien, desde Sevilla, insultaba, amenazaba y mataba a todo aquel o aquella que no fuera de los suyos. Málaga comenzó a ser bombardeada por la Legión Cóndor de Hitler y la aviación fascista de Mussolini, y ahí comenzó la Desbandá original, la primera, la real. Huyendo de las bombas, entre 150.000 y 200.00 personas iniciaron una dura marcha desde Málaga hacia Almería; había de todo, pero principalmente hombres mayores, mujeres y niños, a los que se les podría calificar perfectamente de refugiados. Durante el recorrido, por la N-340 y parajes de todo tipo próximos, siempre cerca del mar, fueron perseguidos y bombardeados desde el aire y atacados también desde el agua por los cruceros Canarias, Baleares y Almirante Cervera, produciéndose entre 3.000 y 5.000 (hay quien asegura que pudieron llegar hasta los 30.000) muertos. Un pequeño paréntesis: el Baleares fue hundido en 1938 por la Marina republicana en el Cabo de Palos.

No puedo dejar de reflejar una extraña y curiosa circunstancia: al frente del Almirante Cervera estaba el almirante Salvador Moreno, quien llegó a ser ministro de Marina durante la dictadura de Franco, y posteriormente pusieron su nombre a una calle de Pontevedra. Pues en 2017, Mariano Rajoy, siendo jefe de Gobierno, dijo en una entrevista que no entendía por qué, en 2002, en Pontevedra, donde él tenía casa, habían cambiado el nombre del almirante Salvador Moreno por el de Rosalía de Castro.

Hasta aquí una pequeña, pero muy triste, parte de nuestra historia reciente, que expreso como modestísimo, pero emotivo, homenaje a los perseguidos, encarcelados, exiliados y muertos por un levantamiento militar injusto contra un Gobierno legal y democrático salido de las urnas como fue la II República.

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Pedro Crespo Rubio es socio de infoLibre.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que convocará al Consejo Territorial de Memoria Democrática para aprobar otra partida de tres millones de euros con la que espera completar las 10.000 exhumaciones pendientes de la Guerra Civil y la dictadura, según informa EFE.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha dicho que espera contar con el respaldo de las comunidades autónomas para aprobar estos tres millones de euros y que "nadie vote en contra", aunque se produzcan abstenciones para poder recuperar "los cuerpos que quedan del lado vencido por defender la democracia y la República".

Torres ha dicho que esta nueva partida permitirá seguir con estos trabajos que se llevan a cabo en las comunidades autónomas con los cabildos y los ayuntamientos para que cualquier persona que pueda ser sacada de una fosa o un pozo o cuneta tras perder la vida de manera violenta pueda ser devuelta a sus familiares.

El ministro además ha anunciado que el próximo día 27 de febrero se va a designar como primer lugar de Memoria en Canarias a la antigua colonia penitenciaria de Tefía, que fue centro de reclusión y trabajos forzados por ser homosexuales durante la dictadura franquista. Será un homenaje a todo el colectivo LGTBIQ+, por lo que será un día "muy importante en defensa de la libertad y de la orientación sexual". Torres ha recalcado que los jóvenes deben saber que a los homosexuales se les sometía a trabajos forzados durante la dictadura de Franco. 

El acto de Fuerteventura contará con la presencia de todas las administraciones canarias, el Gobierno de España y los colectivos LGTBIQ+.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha hecho estas declaraciones con motivo de su visita a la exposición El viaje de Celia en la Fundación Juan Negrín de Las Palmas de Gran Canaria, donde se aborda el auge de la literatura infantil durante la República y su transformación tras la llegada de la dictadura franquista.

La secuencia es elocuente. En la tapa del catálogo de Alegorías de un porvenir, un obrero del metal posa con la maza al hombro: el pecho descubierto, una falda geométrica y las rodillas parapetadas tras una rueda de engranaje. Al pasar a la primera página, un albañil subido a un andamio nos mira con cansancio. En la mano derecha, un palaustre, en la izquierda, un ladrillo; viste ropa de faena y la gorra calada.

Ambos 'trabajadores' forman parte de una misma reforma: el primero adorna una de las vidrieras que la empresa Maumejean Hermanos realizó para la ampliación del edificio del Banco de España. El proyecto, llevado a cabo por el arquitecto José Yárnoz Larrosa en la década de los años 30, no solo añadía al edificio un suntuoso Patio de Operaciones (los nombres son fabulosos): también una Cámara del Oro, en cuyas secretas y subterráneas labores de construcción se desgastaba nuestro segundo protagonista. Pasado casi un siglo de todo aquello, una brillante exposición (comisariada por Álvaro Perdices y Yolanda Romero) se sirve de aquel acontecimiento para someter a examen las aspiraciones de aquel proyecto que pretendía sustanciar en el edificio los valores de una nueva modernidad en estilo art déco.

Para ello, la muestra despliega una nutrida colección de documentos (muchos de ellos exhibidos por primera vez gracias a un esfuerzo conjunto del propio Banco, el Museo Nacional de Artes Decorativas y la Fundación Centro Nacional del Vidrio) que abarca no solo los cartones y los dibujos preparatorios de las vidrieras; también diseños de mobiliario, fotografías de los trabajos de construcción, material numismático, enseres fabricados para las instalaciones del banco y distintas obras que atestiguan cómo se representaba «lo obrero» (ya sea industrial, ya labriego) a comienzos del siglo pasado. Así, mediante un relato bífido, la muestra confronta esas expectativas venideras con la intrahistoria del edificio y las condiciones materiales de los trabajadores concretos que lo levantaron, cuyas vidas contrastan con el airecillo hercúleo y seguro de los protagonistas de las decoraciones.

Concebida en cinco capítulos («ámbitos temáticos», reza la documentación), la propuesta gravita en torno a dos hitos fundamentales: el programa iconográfico de las vidrieras y la construcción de la cámara acorazada destinada a guardar las reservas de oro del país, culminada apenas unos meses antes del estallido de la Guerra Civil. Yendo a lo primero, a uno le sorprenden las poses titánicas de los agricultores y los pescadores, los perfiles recios (tan musculosos, con los ojos siempre entrecerrados) y las fascinantes superposiciones que se entrevén aquí y allá, como ese paisaje exótico en el que lo mismo te sale un puma que se te manifiesta una bombilla (rodeada no se sabe si de su fulgor o de una aureola) entre la floresta. No deja de tener su gracia que esas alegorías de la pesca, la metalurgia o la agricultura (gente abnegada, cornucopias y alguna señora de tanto en tanto haciendo su cameo) estaban destinadas a alumbrar la sala de unos oficinistas con manguito y calculadora, sumadores de plusvalías e inversores del fruto de esa fuerza de trabajo allí peripintada sin sudores ni penurias.

Tiene sentido: si los mártires que engalanan los vitrales de las catedrales no se quejan, ¿por qué iban a hacerlo los labradores o los torneros que amenizan el templo del capitalismo? El Patio de Operaciones, estancia clara y señorial, tiene su contraparte en los sótanos donde se custodia el tesoro. El oro, ya se sabe, no solo es una reserva de valor, sino un anhelo alquímico que viene a cerrar el conjunto de metáforas con las que la institución se presenta a sí misma. Hábilmente, la exposición confronta en este punto los diseños coloristas de las puertas acorazadas con un conjunto de estampas en tonos sepia que ilustran los pormenores de la construcción. También, con recortes de prensa que dan cuenta de las huelgas convocadas por trabajadores a los que se les cicateaba el plus de peligrosidad. O con los turnos de los empleados de la cámara, que residían semanalmente en ese sótano en aras de la seguridad de los depósitos.

Alegorías de un porvenir es una exposición fascinante no solo por lo atractivo de los materiales que ha sido capaz de reunir o por cómo muestra el proyecto totalizador con el que se reformó el edificio desde las bóvedas hasta los escritorios. También (y sobre todo) por la finura con la que sus comisarios han sabido hilvanar las intrahistorias que subyacen tras las promesas grandilocuentes de progreso y estabilidad de este episodio histórico. Y por cómo han conseguido utilizar un hecho concreto y moderadamente interesante (en fin, la ampliación de un edificio) como disparadero hacia tantas otras cosas.

En el verano de 2009 estuve en El Escorial, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Me había matriculado en el curso “Darwin y los 150 años de la Teoría de la Evolución” y, como suele pasar en esos encuentros, el verdadero debate se desbordó del programa. Uno de los momentos más intensos fue cuando la sala se dividió sobre si había que debatir “de tú a tú” con los propagadores del creacionismo. La pregunta era simple y, a la vez, brutal: ¿Al aceptar el debate con quienes niegan la Evolución, no estamos colocando su discurso en el mismo plano científico que la teoría que, desde hace 150 años, cuenta con toda la evidencia a su favor? ¿O, por el contrario, ignorarlos supone dejar libre el espacio para que su discurso se expanda sin oposición?

Años después, en España, vivimos un debate parecido, pero ahora en clave política y moral. Hace unas semanas, el escritor David Uclés anunció que no participaría en unas jornadas sobre la Guerra Civil española porque entendía que, al aceptar el formato de debate, se estaba blanqueando a quienes iniciaron el golpe de estado de 1936 y, de forma velada, legitimando discursos que aún hoy niegan la significación de esa guerra o la jerarquizan como si ambas partes fueran moralmente equivalentes. La tesis de operar con “equidistancia” —como si en ambos bandos se hubiera hecho “lo mismo” o “las mismas barbaridades”— choca con la historiografía y con la memoria de las víctimas. Uclés, como otros muchos, prefiere no compartir escenario con quienes intentan convertir una guerra civil, un golpe de Estado y décadas de dictadura en un simple contraste de “dos bandos”.

A partir de ahí, se ha reabierto una pregunta incómoda: ante ideas que muchos consideramos vomitivas, capciosas o abiertamente fascistas, ¿hay que debatirlas o dejarlas pasar sin réplica? ¿Todas las ideas son respetables? ¿Incluidas las racistas, negacionistas o fascistas?

Mi respuesta —y en esto nadie está obligado a estar de acuerdo— es que no todas las ideas son respetables. Lo que quizá sí sea respetable es el derecho formal a expresarlas dentro de un marco democrático. Pero respetar un derecho no equivale a reconocerle validez a ese discurso. Podemos reconocer que alguien tiene derecho a hablar sin por ello aceptar que sus palabras merezcan un espacio público igualitario, sin filtros ni contexto.

El problema real es el altavoz. Dar estrategia comunicativa a ideas que no superan el mínimo filtro de la dignidad humana no es neutral, ni “intelectualmente honesto”: es una decisión política. Y esa decisión tiene consecuencias. Cuando un medio de comunicación, un festival académico o una universidad decide que tal discurso merece compartir escenario con otros, está otorgando visibilidad y, en cierto modo, credibilidad. Y eso, en una sociedad herida por la memoria de la guerra, la represión y el olvido, no es inocuo.

He sentido curiosidad por lo que dice José Antonio Marina sobre este asunto en un reciente vídeo. Su planteamiento, en esencia, invita a no confundir “respeto” con “aprobación”: no se puede estar obligado a tratar como hermanos ideológicos a quienes defienden la exclusión, la violencia o el odio. Pero sí se puede exigir que, en un Estado democrático, no se les prohíba hablar, siempre que se mantenga firme el rechazo ético y la pedagogía pública. No son, en definitiva, posiciones incompatibles: se puede proteger el derecho mientras se condena el contenido.

El verdadero desafío, entonces, no es si hay que debatir o no, sino cómo se debata. No es un dilema entre censura y rendición, sino entre inteligencia democrática y arrojar gasolina al fuego. A veces, dejar plantado el escenario es una señal poderosa; otras, explicar con rigor por qué algo es inaceptable puede ser el mejor antídoto contra la normalización. En ambos casos, el punto de partida ha de ser claro: que el discurso nazi, racista, negacionista o fascista no merece el mismo nivel de respeto que el discurso democrático, laico, igualitario o feminista.

No todas las ideas son iguales. No todas merecen el mismo tratamiento. Y quizás, en un país como España, que aún no ha cerrado el capítulo de su Guerra Civil ni de su dictadura, lo más responsable es recordar que algunos debates ya están juzgados, no por dogma, sino por memoria, historia y justicia.

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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.

No he leído aún su famosísima novela [La península de las casas vacías], aunque la compré cuando salió y la leeré (espero) posiblemente cuando pase el irrritante famoseo del "boom" (lo suelo hacer con todo lo que es vendible y se pone de moda hasta en las tertulias), y aún más ahora, cuando la intoxicación "mediatílica" coarta nuestra libertad para pensar con un mínimo de rigor lo que a uno le plazca.

En principio me echó para atrás (¿puedo decir "mosqueó"? la vitola "realismo mágico", cuando ya sabemos adónde nos lleva la etiqueta mentada dentro de nuestra historia literaria reciente, algo en principio tan fuerte que hace falta mucha penetración analítica y mucho conocimiento para dilucidar; por eso creo que la tengo "en stop", como en su momento me pasó por ejemplo con (salvando las distancias de género) Titanic (la vi el último día que la ponían en Madrid, en el cine Azul de la Gran Vía, y creo que acuciado por mi pareja)...

Pero además hay otro hecho reciente que me chirría aún más y es la reciente concesión del Premio Nadal a otra novela suya sobre Barcelona. Me dije, ¡ostras, qué casualidad!, que aún estando calentita y ascendiendo en las ventas La península…, al año más o menos aparezca La ciudad de las luces muertas que, ¡oh casualidad también!, me recuerda en el título a la ya legendaria e insuperable La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. (Yo, la verdad, creía que ya no existía el premio Nadal, que como sabemos fue oscurecido enseguida por el Planeta, casi desde que se lo dieron a Carmen Laforet o a la inmensa Carmiña...)

Por eso desconfío de estos escritores que tan jóvenes alcanzan un relumbrón tan soberbiamente instantáneo y que en principio se dedican a rescatar premios extintos y después se prestan a polemizar con el diablo para que todo quisque, haya leído o no, sea alfabeto o analfabeto, hable y hable, se posicione o ponga a parir, con el único objetivo de montar el batiburrillo del negocio.

Desconfío, y lo siento, de Uclés. De Pérez Reverte sólo sé que es un polemista y un provocador que ya en su momento utilizó a Umbral para darse a conocer literariamente y sus novelas son más conocidas por su adaptación al cine que por su verdadero valor literario. Son obras de consumo, como La península…, mal que le pese a Uclés. Tiene mucho éxito, no coincido con él en nada, sólo en que es paisano: nació en Cartagena, y yo en Murcia (lo que históricamente no es muy sinónimo de simpatía y afinidad).

Ya sabemos que es muy loable vivir de lo que a uno le gusta y para lo que sirve pero en mi opinión hay que tener un mínimo de honestidad con uno mismo. Desgraciadamente en los últimos años pululan en nuestra literatura narrativa grandes ladrillos capaces de matar a cualquier hijo de vecino cuyos autores jóvenes en su gran mayoría han sido encumbrados por publicaciones y críticos interesados sin el más mínimo pudor. Para mí que se quiere hacer de Uclés ya el líder de su generación: lo que está por ver, pues eso es un dictamen que sólo otorga el tiempo y hoy no hay ni tiempo y menos para leer. Es por eso que no me cabe duda de que su segunda obra, la premiada, será peor que su Península…, lo puedo asegurar aun sin haberla leído...

Por eso, esta "guerra incivil" con ribetes ideológicos que se ha montado entre él y Pérez Reverte (y siento decirlo) me parece un artificio como la copa de un pino para remover los escaparates de las librerías y las listas de ventas. Y lo digo por la sencilla razón que hasta un peón caminero diría y además con base en mi propia experiencia: a mí si me invitan a cualquier encuentro con una variada participación lo primero que pregunto es quién va y entonces decido en función de mi interés si voy o no.

Uclés me temo que ha esperado a que estuvieran impresos los carteles y lanzada la propaganda para mover el cotarro que en el fondo, estoy de acuerdo, es muy interesante y de alto alcance, pero que esconde una muy cuidada estrategia de marketing para vender como churros su novela ganadora del premio Nadal. E insisto: abomino de Pérez Reverte, pero eso no es óbice para que diga mi opinión y discrepe sobre esa oportunista concesión del Nadal cuando su Península… aún está muy vivita y coleando. Espero que lo piense y se dedique a escribir, sólo a escribir y luego promocionar lo escrito (es inevitable), pero sin caer en otras manos que no sean las suyas. Y es que estamos aún muy lejos de las disputas de nuestro Siglo de Oro... (por lo que llevamos del nuestro diríamos que estamos en el Siglo del Barro).

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Javier Herrera es socio de infoLibre.

El problema no es sólo averiguar la verdad, sino saber qué hacer con ella. Se trata de una frase muy significativa de Miguel de Unamuno con la que Luis García Jambrina abrió su acercamiento narrativo al rector de la Universidad de Salamanca, fallecido en 1936, tal vez de muerte natural, tal vez víctima de un asesinato político. Interesado por las raíces de la verdad, apasionado en su compromiso con el conocimiento, comprometido con las repercusiones sociales de las ideas y los hechos, el autor de Amor y pedagogía (1902) estaba esperando a que García Jambrina lo convirtiese en detective privado en una novela que se tituló El primer caso de Unamuno (Alfaguara, 2024). Después de criticar en un artículo de periódico la explotación caciquil de Boada en 1905, uno de los oligarcas del pueblo apareció muerto, numerosos campesinos fueron acusados del asesinato, una autoridad poco honesta quiso cerrar cuanto antes el caso para sancionar cualquier síntoma de rebeldía y don Miguel se sintió responsable y asumió la investigación para descubrir la verdad, una apuesta que le acarreó muchos peligros y desprecios.

¿Qué hacer con la verdad? Unamuno podría desentenderse, evitar las amenazas contra él y su familia, seguir tranquilo en su cargo universitario. La cultura siempre ha tenido implicaciones sociales, eso es así, y el catedrático podía cerrar los ojos o comprometerse con la dimensión humana de sus conocimientos. Mientras indagaba también en las dimensiones poéticas del amor y el deseo, acabó por aceptar la implicación política de su actividad humanista y asumió los peligros no sólo del odio ajeno y los poderes mezquinos, sino de la tentación de su propia soberbia, el peligro de caer en la egolatría hasta el punto de creerse un protagonista indispensable y meterse donde nadie lo llamaba. Pero las víctimas sí lo estaban llamando, la injusticia no lo dejó indiferente, y el carácter intrahistórico de su sabiduría le hizo luchar por la verdad. Así que la verdad exige conocimiento, vigilancia ante los peligros de la propia soberbia y compromiso, mucho compromiso, con la realidad social. La verdad íntima desemboco años después en un libro de poemas titulado Teresa (1924).

Luis García Jambrina publica ahora El último caso de Unamuno (Alfaguara, 2026), la investigación sobre un asesinato en la Salamanca franquista de 1936 que acaba siendo una investigación sobre la propia muerte de Unamuno. Las dos novelas pueden leerse juntas, porque el frío de diciembre unifica los asesinatos, aunque la ferocidad de los represores franquistas sea mucho más amenazante que los comentarios de casino en 1905 y las incomodidades de un Gobernador Civil. La personalidad trazada por el primer caso de Unamuno –soberbia, humanismo y honestidad profunda– están muy presentes en su último caso.

Luis García Jambrina y el cineasta Manuel Menchón intensificaron las dudas sobre el fallecimiento del escritor en la película documental Palabras para un fin del mundo (2020) y en el libro La doble muerte de Unamuno (Capitán Swing, 2021). La polémica está abierta con argumentos a favor y en contra sobre la desaparición de un referente intelectual que apoyó en un primer momento el golpe de Estado de 1936 y que denunció después con valentía las crueldades injustas del autollamado ejército nacional que podría vencer, pero ya no podría convencer. Más que una ejecución pública de muy malas consecuencias en la prensa internacional, las autoridades franquistas que se habían adueñado de Salamanca pudieron interesarse en una muerte de apariencia natural. 

Pero El último caso de Unamuno va más allá de esta polémica. La literatura tiene la capacidad de meterse por dentro de la vida para hacernos entender lo que late en el interior de los seres humanos. ¿Fue asesinado Unamuno? La respuesta humana es que Unamuno quiso en cualquier caso morir y no dudó en arriesgar su vida en una investigación que lo separaba de manera tajante de una primera y equivocada complicidad con aquel bárbaro golpe militar. A la violencia general, se fueron juntando las ejecuciones de amigos, hasta el punto de que Unamuno levantó de manera arrojada su voz el 12 de octubre de 1936, en un acto universitario, contra Millán-Astray y las autoridades sublevadas. Don Miguel pudo tener diferencias personales y políticas con el Gobierno de la República, pero no podía participar de aquella violencia criminal contra la legalidad republicana. 

La apuesta narrativa de Luis García Jambrina nos hace vivir dentro de Unamuno aquellos meses finales de 1936. ¿Fue asesinado? Tal vez sí, tal vez no, pero la personalidad del escritor, vigilante de su conocida egolatría, partidario apasionado de la verdad, hizo que el autor de Paz en la guerra (1897) fuese leal a sí mismo, fiel a su historia, a los campesinos de Boada y a su defensa de la libre valentía intelectual, para colocarse entre las personas que el franquismo necesitaba asesinar en 1936, junto a Daniel Carbajo, Salvador Vila y Federico García Lorca.

Los lectores de Unamuno le damos una vez más las gracias a Luis García Jambrina.