La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ven "baja" la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas debido a la retirada a gran escala de esos productos, informa EFE.

Ambas agencias han avanzado este jueves los resultados de una evaluación rápida conjunta sobre las últimas evidencias científicas en relación a la presencia en leches de fórmula de la cereulida, una toxina producida por la bacteria Bacillus cereus.

Después del reciente estudio de la EFSA sobre los niveles de cereulida que podrían suponer un riesgo para la seguridad alimentaria, las dos agencias han concluido que, debido a las retiradas de productos y las medidas de control implementadas a gran escala, la probabilidad actual de exposición a fórmulas infantiles contaminadas es "baja".

No obstante, han advertido de que pueden producirse casos adicionales si los productos retirados permanecen en los hogares en lugar de ser devueltos.

Hasta el pasado 13 de febrero siete países de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, España y Reino Unido) habían notificado casos de bebés con síntomas gastrointestinales tras el consumo de fórmulas infantiles.

Se están realizando investigaciones para identificar más casos y evaluar si los lotes retirados u otros lotes de fórmulas infantiles podrían haber sido el vehículo de la enfermedad, según un comunicado.

La evaluación conjunta indica que la mayoría de los casos notificados presentaron síntomas gastrointestinales leves, aunque también se han reportado hospitalizaciones por deshidratación.

Los expertos han señalado que identificar y confirmar los casos puede resultar "difícil", ya que "los síntomas pueden parecerse a los de las infecciones gastrointestinales virales comunes y las pruebas de cereulida en muestras clínicas no están disponibles de forma rutinaria en muchos entornos".

En diciembre de 2025, empresas alimentarias de varios países comenzaron a retirar varias fórmulas infantiles tras detectarse cereulida en lotes de fórmulas infantiles que contenían aceite de ácido araquidónico (ARA), suministrados por un productor en China.

En febrero, aumentaron las retiradas después de que la EFSA estimara los niveles de seguridad de cereulida en fórmulas infantiles.

En cuanto al impacto en la salud, la evaluación señala que la intoxicación por cereulida suele presentarse con síntomas relativamente leves, pero los bebés (menores de seis meses) pueden ser más vulnerables debido a su mayor sensibilidad a la deshidratación y a las alteraciones electrolíticas.

Los productos retirados no deben administrarse a bebés ni niños pequeños y deben devolverse al punto de venta, según los organismos europeos, que han recomendado seguir las instrucciones y directrices emitidas por las autoridades nacionales de seguridad alimentaria.

Asimismo, han destacado la importancia de estar atento a los síntomas de vómitos y diarrea en bebés y niños pequeños, independientemente de la causa subyacente, así como consultar a un médico si presentan síntomas gastrointestinales persistentes o graves.

Desde hace algunas semanas, varias de las compañías lácteas más grandes del mundo –incluidas, entre otras, Nestlé, Danone, Granarolo y Lactalis– están retirando y bloqueando lotes de fórmula infantil, por el temor a que estén contaminados con una toxina llamada cereulida.

Esta situación ha provocado retiradas masivas de productos y ha suscitado gran preocupación entre los padres. La alerta es global y afecta a más de 60 países en todo el mundo.

Se estima que al menos 29 países europeos están involucrados. España no es una excepción: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido varias notificaciones de retirada preventiva de diversos lotes de leche de fórmula infantil por la posible presencia de cereulida.

La cereulida es una toxina termoestable producida por las bacterias Bacillus cereus y Bacillus weihenstephanensis. Resistente al ácido y a las enzimas digestivas, provoca náuseas y vómitos intensos y cíclicos repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. También puede causar dolor abdominal y, a veces, diarrea. Incluso ocasionalmente da lugar a intoxicaciones graves relacionadas con insuficiencias hepáticas agudas.

En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del cuerpo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé. Los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves.

De todas formas, la acumulación de cereulida en productos alimenticios es un riesgo significativo porque no se destruye fácilmente mediante métodos de procesamiento o digestión de los alimentos. En algunos casos, incluso puede llegar a ser mortal.

El motivo de la posible contaminación con cereulida ha sido rastreado hasta un ingrediente específico: el aceite de ácido araquidónico o ARA, suministrado a las compañías por un proveedor internacional. El ARA es un ácido graso omega-6 utilizado en la industria alimentaria. Los fabricantes de fórmulas infantiles lo emplean en algunos productos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/127.

Dada la situación, la Comisión Europea solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) que emitiera asesoramiento científico urgente para respaldar las decisiones sobre la retirada de productos. Tras una evaluación rápida de los riesgos, la AESA ha establecido un nuevo nivel máximo de ingesta diaria segura para la cereulida.

Bacillus cereus es el principal agente causante del “síndrome del arroz frito” que se produce cuando el arroz hervido se deja a temperatura ambiente durante unas horas. Se estima que Bacillus cereus es responsable del 1,4 % al 12 % de todos los brotes de intoxicación alimentaria en el mundo. La bacteria produce enfermedades gastrointestinales de dos tipos: eméticas y diarreicas. El tipo emético, que a menudo es asociado con la ingesta de pasta y de arroz contaminado, surge por la presencia de la cereulida en los alimentos. En 2008, la muerte súbita de un adulto joven (20 años) fue asociada a una intoxicación alimentaria por Bacillus cereus.

Todo comenzó el 1 de octubre, cuando el joven enfermó tras ingerir restos de espaguetis con salsa de tomate, preparados cinco días antes y dejados en la cocina a temperatura ambiente. Después de asistir a clase, los calentó en el microondas. Inmediatamente después de comer, salió de casa para realizar actividades deportivas, pero regresó 30 minutos después y sufrió dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y diarrea acuosa. Después de medianoche, se quedó dormido. A la mañana siguiente, a las 11:00, sus padres estaban preocupados porque no se había levantado. Cuando fueron a su habitación, lo encontraron muerto. Los análisis posteriores aislaron cepas eméticas de Bacillus cereus y se encontraron altos niveles de cereulida en los espaguetis.

Cocinar alimentos contaminados a las temperaturas recomendadas elimina las células vegetativas de Bacillus cereus. Sin embargo, las esporas de esta bacteria, que son resistentes al calor, pueden sobrevivir al proceso de cocción y volver a germinar si los alimentos se enfrían lentamente.

Si los alimentos se mantienen durante varias horas a temperaturas inadecuadas antes de servirlos –por encima de 5 °C en el caso de alimentos fríos o por debajo de 57 °C en alimentos calientes– pueden desarrollarse concentraciones peligrosas de bacterias o de toxinas antes del consumo.

El correcto almacenamiento de los alimentos es fundamental para evitar las intoxicaciones alimentarias en el hogar.

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Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología en la Universidad de Salamanca. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

El año pasado entraron cada día una media de 12.500 toneladas de frutas y verduras a España de grandes vendedores como Marruecos, Perú, Costa Rica o Brasil. Estos países, además de tener una mano de obra más barata y tierras a precio de saldo, pueden utilizar pesticidas prohibidos dentro de la Unión Europea y vender su cosecha a los Veintisiete siempre que el residuo que dejen en los alimentos no supere un límite.

Este agujero legal es una de las grandes quejas de los agricultores europeos porque según ellos rompe las reglas de juego. Un análisis reciente al que ha accedido infoLibre demuestra este problema en el sector del plátano. El estudio, de 2025, analiza 42 muestras de bananas procedentes de América Latina y África, en las que ha encontrado siete sustancias cuyo uso es ilegal en las plataneras españolas, pero que terminan en los supermercados con las bananas que cruzan la frontera.

En concreto, el análisis detecta restos de bifentrina, boscalida, fenpropidina, espirotetramat, fenpropimorfo, fludioxonil y miclobutanil, sustancias que sirven de base para pesticidas y que no están autorizadas en España. Las bananas estudiadas procedían de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Camerún y Ghana.

Que estas sustancias estén prohibidas en España no significa que todas ellas sean peligrosas para la salud o el medioambiente. Tres de ellas sí tienen su uso autorizado en la Unión Europea, pero cada país tiene que evaluarlas individualmente y dar un permiso específico para emplearlas en cada cultivo, y España no lo ha hecho. Las otras cuatro sustancias detectadas por los análisis sí están prohibidas en la UE (la bifentrina, el espirotetramat, el fenpropimorfo y el miclobutanil) por su riesgo en la manipulación.

En todo caso, las bananas analizadas son legales porque las más de 40 muestras que se han evaluado tienen concentraciones que entran dentro de los llamados Límites Máximos de Residuo (LMR), una horquilla establecida por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para casi 70 sustancias prohibidas que permite su comercialización dentro de Europa.

Por ejemplo, la bifentrina, un insecticida, tiene un LMR de 0,1 miligramos por kilo de producto, y en el análisis se han detectado en las bananas importadas cantidades de entre 0,01 y 0,069 mg/kg, es decir, está dentro de la legalidad.

Los pesticidas garantizan que los cultivos no sufran plagas de hongos, insectos o malas hierbas que destruyan la cosecha, pero tras décadas de investigación, la Organización Mundial de la Salud y la EFSA han detectado que muchas de ellas son tóxicas. Para decretar su peligrosidad se evalúa su efecto en los agricultores que las manipulan, en la salud de los consumidores y su impacto ambiental.

La Unión Europea ha prohibido hasta la fecha casi un millar de estas sustancias químicas, y las más agresivas para la salud son cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, aunque el estudio de estos pesticidas es muy precario y sobre muchos de ellos solo hay sospechas de su impacto en el organismo. Algunas sustancias afectan exclusivamente al medioambiente y provocan la muerte de abejas y otros seres vivos a gran escala cuando se esparcen en el campo.

Salomé Roynel, portavoz de Pesticides Action Network (PAN), una ONG europea que lucha contra los pesticidas, explica que el sistema de Límites Máximos de Residuo es la solución que ha encontrado Bruselas para evitar el desabastecimiento de frutas y verduras que se importan en grandes cantidades de terceros países donde se sigue utilizando químicos prohibidos en la UE.

"Esta situación es inaceptable porque perpetúa un doble rasero entre los alimentos importados y los cultivados en la UE, permitiendo el uso de pesticidas que se sabe que son peligrosos en terceros países, dañando a sus comunidades locales y al medio ambiente", subraya Roynel.

Koldo García, experto en pesticidas de Ecologistas en Acción, también recuerda que estos límites de residuo no solo sirven para garantizar que estos alimentos se puedan traer de América o África, sino que también garantizan que se puedan seguir cultivando en tierras europeas donde históricamente se han utilizado químicos ahora prohibidos.

Un estudio que publicó su ONG en 2025, con datos oficiales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan), concluyó que el 9,63% de los alimentos importados de fuera de la Unión Europea tenían residuos de plaguicidas no autorizados, pero también los encontraron en el 4,7% de las frutas y verduras de origen español.  Por ejemplo, el famoso insecticida DDT, que es un sospechoso cancerígeno, sigue detectándose en España en muestras de carne de pato y de pescados de agua dulce.

"Nos guste o no, los alimentos de fuera son tan legales como los españoles porque cumplen con la normativa. También los que se producen en España contienen residuos de plaguicidas prohibidos", opina Koldo García.

El sector agrícola europeo lleva años exigiendo abordar este problema mediante el establecimiento de las llamadas cláusulas espejo en los acuerdos de importaciones, en las que se exige al país proveedor mantener las mismas condiciones laborales y de calidad de producto que dentro de la Unión. Francia anunció hace dos semanas que aplicará estas cláusulas por su cuenta y prohibirá la entrada de alimentos con residuos de sustancias fitosanitarias prohibidas en Europa, aunque está por ver que lo lleve a término. 

"Francia ha liderado siempre el debate sobre las cláusulas espejo y hace unos días lanzó el debate, aunque es cuestionable que vaya a conseguirlo", afirma Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG, una organización agraria. El ministro español de Agricultura, Luis Planas, también puso el asunto sobre la mesa hace dos años y dijo que lo llevaría a Bruselas, durante las fuertes manifestaciones del campo en todo el país, pero no ha trascendido el resultado de aquella propuesta.

Los cereales que millones de europeos consumen cada mañana llegan a la mesa con altos niveles de ácido trifluoroacético (TFA, en sus siglas en inglés), un compuesto extremadamente persistente y clasificado como tóxico para la reproducción. Así lo concluye un estudio difundido este jueves por PAN Europe, la Red Europea de Acción contra los Pesticidas.

“Todas las personas están expuestas a los AGT a través de múltiples vías, incluidos los alimentos y el agua potable. Nuestros hallazgos subrayan la urgente necesidad de prohibir de inmediato los pesticidas PFAS para detener una mayor contaminación de la cadena alimentaria”, advirtió en un comunicado Salomé Roynel, responsable de políticas de la organización.

El informe señala que “el alimento más contaminado es un cereal de desayuno típico”, con concentraciones medias cien veces superiores a las del agua del grifo. En total, el 81,5% de las muestras analizadas contenía TFA. El nivel más elevado apareció en un pan integral comprado en Bélgica (340 µg/kg), mientras que el más bajo se identificó en queso comercializado en Hungría (14 µg/kg). El pan de molde para tostadas se sitúa en 120 µg/kg.

En España, el pan para tostadas se encuentra entre los productos más contaminados, con 120 µg/kg, por delante de la baguette, que también supera los 100 µg/kg, y de las Galletas María, que quedan por debajo de ese umbral.

La contaminación no se limita al pan y PAN Europe alerta de que podría ser “solo la punta del iceberg” dado el número limitado de pruebas y es que, el análisis detectó 26 µg en una muestra de pasta italiana.

Las PFAS constituyen una familia de cerca de 4.000 sustancias sintéticas resistentes a la degradación, presentes desde pesticidas hasta gases fluorados utilizados en refrigerantes y extintores. El estudio de PAN Europe abarca 65 productos de cereales convencionales adquiridos en 16 países, entre ellos España, e incluye cereales de desayuno, dulces, pasta, croissants, panes integrales y refinados, y harinas.

El TFA es un producto de degradación de pesticidas PFAS y gases fluorados, extremadamente persistente, móvil y tóxico para la reproducción. Estudios industriales lo vinculan además con menor calidad del esperma y efectos adversos en tiroides, hígado y sistema inmunitario. Su carácter hidrosoluble facilita que se acumule en agua y suelo, desde donde pasa a las plantas y, finalmente, a alimentos como el pan, la pasta o las galletas infantiles. En el agua del grifo, La Rioja presenta una concentración de 510 ng/L, según destacó la ONG en un estudio anterior.

El informe subraya que todas las muestras superaron el límite máximo de residuos predeterminado. “No podemos exponer a los niños a sustancias químicas tóxicas para la reproducción. Esto exige una acción inmediata”, reclama la ONG, que insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a prohibir los pesticidas PFAS y a controlar de forma sistemática el contenido de TFA en los alimentos.

PAN Europe propone que la exposición media no exceda el 36,9% de la ingesta tolerable en niños y el 14,6% en adultos, pero sus estimaciones muestran que los valores reales superan ampliamente esos umbrales: hasta el 184% en menores y el 70% en adultos.

La Comisión Europea ya ha limitado la presencia de algunas PFAS en productos de consumo —desde cajas de pizzas hasta cosméticos— y prevé presentar una revisión del reglamento REACH sobre químicos en 2026.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió este lunes una recomendación en favor del uso de tres medicamentos análogos del GLP-1, concebidos originalmente para tratar la diabetes tipo 2, en pacientes con obesidad, una enfermedad que afecta a 1.000 millones de personas, cifra que podría duplicarse en apenas cinco años.

Se trata de tres medicamentos (semaglutida, liraglutida, tirzepatida) que imitan hormonas intestinales y que tiene el efecto de reducir el apetito, retardar el vaciado gástrico (hacen que la persona se sienta llena más tiempo) y mejorar la regulación de la glucosa, pero su uso para ayudar a la gente a perder peso ha sido polémico.

Entre las razones está que su uso masivo para adelgazar provocó escasez de estos productos para los pacientes diabéticos, al tiempo que surgió un debate ético sobre su utilización con fines estéticos y su elevado precio para los sistemas sanitarios nacionales.

Asimismo se han criticado estas terapias porque hay tendencia a recuperar gran parte del peso perdido si se deja el medicamento, lo que puede convertirlos en un tratamiento de uso crónico.

Frente a ello se encuentra la realidad de una crisis de obesidad, convertida en un problema mayor de salud y que la OMS asocia a 3,7 millones de muertes ocurridas en 2024, mientras que el costo que genera es exorbitante: serán 3.000 millones de dólares en 2030.

La obesidad, además, también es un factor de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, y contribuye a empeorar los resultados de los pacientes con enfermedades infecciosas.

"Aunque la medicación por sí sola no resolverá esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir los daños asociados a ella", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En función de los datos recolectados en ensayos clínicos, la OMS decidió recomendar los análogos GLP-1 en adultos (mujeres embarazadas excluidas) para tratamientos de obesidad de larga duración, es decir seis meses o más.

No obstante, enfatizó que esta recomendación "es condicional" debido a la escasez de datos sobre su eficacia y seguridad a largo plazo, sus costes actuales, la preparación inadecuada del sistema sanitario y las posibles implicaciones en materia de equidad".

La organización también ha señalado que se pueden ofrecer intervenciones que incluyan una dieta saludable y actividad física a los adultos con obesidad a los que se hayan prescrito terapias con GLP-1, aunque la evidencia de que esto puede ayudar a mejorar los resultados del tratamiento es baja.

Asimismo, la guía de la OMS plantea el problema de un acceso desigual a las terapias con GLP-1 y de preparar los sistemas de salud para el uso de estos medicamentos.

"Sin políticas adecuadas, el acceso a estas terapias podría agravar las disparidades sanitarias existentes", reconoce la organización.

Incluso con una rápida expansión de la producción, se prevé que las terapias con GLP-1 lleguen a menos del 10% de las personas que podrían beneficiarse de ellas en 2030, por lo cual se plantean estrategias para mejorar el acceso, como compras conjuntas, precios escalonados o acuerdos para que las compañías que poseen las patentes autoricen a otras a fabricarlos y venderlos con el fin de bajar los precios.

El índice de precios de consumo (IPC) repuntó hasta el 3,1% interanual en octubre, una décima más que en el mes de septiembre y la tasa más alta desde junio de 2024, por el encarecimiento de la electricidad, mientras que la inflación de los alimentos también aumentó una décima, hasta el 2,4%.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,5%, una décima más que en el mes anterior.

La aceleración del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual aumentó cuatro décimas, hasta el 7,5%, debido a una mayor subida de los precios de la electricidad respecto a octubre de 2024.

Entre los grupos con influencia negativa, cuya tasa anual se situó en el 0,1%, medio punto inferior al del mes anterior, por el mayor abaratamiento de los paquetes turísticos.

La inflación encadena cinco meses consecutivos al alza, desde mayo (2%), a excepción de agosto, que se mantuvo estable en el 2,7%, y se mantiene lejos del mínimo de septiembre de 2024 (1,5%).

De los componentes de la cesta de la compra, los huevos son el elemento que más subió en octubre en tasa interanual, un 22,5%, seguidos del café (19,4%), de la carne de vacuno (17,8%), del chocolate (16,1%) y del cacao y chocolate en polvo (12,7%).

También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,1%; de la carne de ovino y caprino, un 7,7%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,2%; de la mantequilla, un 7,1%, y de los frutos secos, un 7%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 41,6% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 53,7% y en tasa mensual ha subido por primera vez desde octubre de 2024, un 2,7%.

También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 13,5%; las patatas, un 3,4%; la pizza y la quiche, un 2,6%; y el yogur, un 1,8%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (26,8%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (18,7%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas las registraron los paquetes turísticos nacionales, un 6,4%; los equipos audiovisuales, un 6%; y los ordenadores personales, un 4,9%.

En comparación mensual, los precios de consumo subieron un 0,7% respecto a septiembre. Lo que más subió fue el transporte de pasajeros por tren (12,3%) y la fruta (12%) y lo que más bajó, los paquetes turísticos nacionales, un 10,9%.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fue el del vestido y calzado, por la subida de los precios al comienzo de la temporada; el de alimentos y bebidas alcohólicas, por el encarecimiento de frutas, carne, leche, queso, huevos y aceites y grasas; y el de vivienda, por la subida de la electricidad y, en menor medida, del gas.

Por contra, el grupo que más tiró a la baja fue el del ocio y cultura, por el descenso de los precios de los paquetes turísticos.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en octubre: las más elevadas en Baleares y Madrid, en ambos casos del 3,6%, y las más bajas, en Murcia (2,2%) y Canarias (2,5%).

En octubre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2%, dos décimas más que la registrada en el mes anterior, y la variación mensual aumentó un 0,5%.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que el dato de octubre está en línea con el de septiembre y se explica, principalmente, por las subidas de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte en tren, compensadas en parte por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.

En un comunicado remitido este viernes, destaca que los alimentos se mantienen relativamente estables.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado este sábado de la presencia de la bacteria Escherichia coli, productor de toxina Shiga (STEC), en un lote de queso Crotting de Chavignol DOP, de la marca Dubois Boulay, distribuido en Cataluña, según informa EFE.

En concreto, se trata del lote PONT0509, de queso Crottin de Chavignol AOP, de la marca Dubois Boulay, con fecha de caducidad 31/10/2025 que se vende en unidades refrigeradas de 60 gramos.

Así lo ha comunicado la Aesan a través de su portal web, previo aviso por parte de las autoridades sanitarias de Francia a la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

Desde la agencia han señalado que esta información ha sido manifestada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se retiren los productos afectados de la comercialización.

La Aesan recomienda que las personas que tengan productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. 

Y recomienda acudir a un centro de salud en el caso de haberlos consumido y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por 'E. coli' productora de shigatoxinas (calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta).

Manos Unidas ha denunciado que 673 millones de personas pasaron hambre en 2024 y, desde 2020, el 28% de la población mundial sufre inseguridad alimentaria. Además, ha indicado en relación a esto que se producen alimentos suficientes para alimentar a 11.000 millones de personas, a pesar de que la población mundial es de unos 8.000 millones, pero que un tercio de ellos se termina desperdiciando.

La ONG se ha compartido estos datos en el encuentro Mesa del Hambre, con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra este 16 de octubre. Este evento ha reunido a expertos, investigadores e instituciones relacionados con el mundo de la alimentación.

La razón por la que el hambre ha sido desplazado en la agenda mundial podría deberse a la "permacrisis", según Kattya Cascante, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de la Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). Según Cascante, este fenómeno ha dado preferencia a "los conflictos, al clima, a las nuevas tecnología o a la inteligencia artificial, frente al problema crónico del hambre". La profesora de universidad también ha destacado el problema de la "mercantilización" de los alimentos.

La Mesa del Hambre también ha abordado otros temas como la soberanía alimentaria, de la mano de Vega Díez, directora cooperación internacional de Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI). "Muchas leyes y tratados permiten la entrada de intereses que devoran suelos, agua y bosques; gana el agromercado, no la gente", señala Díez.

El evento fue clausurado por la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, que se refirió a la hambruna como "este drama humano que no solo es una cuestión de carencias, sino la consecuencia de una injusticia arraigada y afectada terrible que afecta las vidas de millones de personas". "Acabar con el hambre en el mundo exige la implicación de todos: de los gobiernos, de las instituciones, de la sociedad civil y de cada uno de nosotros", concluyó Pilar.

Es una buena noticia y poco habitual en materia de salud y ecología. Es posible alimentar mejor a los seres humanos para ofrecerles una mejor salud y, al mismo tiempo, preservar la del planeta. Pero para ello es necesario cambiar nuestros hábitos alimenticios, reducir las pérdidas y el desperdicio y modificar las prácticas agrícolas.

Hace casi diez años que decenas de investigadores internacionales, procedentes de diversas disciplinas (nutrición, epidemiología, clima, agricultura, ciencias políticas, economía...), reunidos en la organización sin ánimo de lucro EAT, examinan la literatura científica y crean diferentes escenarios.

Su segundo informe, publicado el viernes 3 de octubre en la revista científica The Lancet, muestra que, transformando tanto la producción como el consumo, es posible conciliar salud, medio ambiente y justicia social.

Este extenso informe de 75 páginas comienza con una constatación implacable: nuestra alimentación actual es perjudicial para nuestra salud y contribuye activamente a la destrucción del planeta. Aunque producimos suficientes calorías para satisfacer las necesidades de la población mundial, su distribución es claramente desigual e inadecuada, con un “consumo excesivo y malsano” en algunos lugares, mientras que casi mil millones de personas siguen padeciendo desnutrición.

Las dietas inadecuadas, demasiado ricas en carne, azúcar, grasas y alimentos ultraprocesados, provocan según el estudio varios millones de muertes prematuras cada año, debido a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad o incluso ciertos tipos de cáncer. Por no hablar de los efectos nocivos indirectos relacionados con las prácticas agrícolas, en particular la contaminación del aire y del agua.

En cuanto a la salud del planeta, el impacto también es enorme. Al menos el 30% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) provienen actualmente de nuestros sistemas alimentarios. Según los autores, “incluso si se abandonaran por completo las energías fósiles, los sistemas alimentarios por sí solos podrían superar el umbral de 1,5 °C de calentamiento”. La producción agrícola ocupa actualmente el 37% de la superficie terrestre mundial, de la cual el 67% son pastos. Y el riego utiliza entre el 70% y el 90% del consumo mundial de agua.

De ahí la urgente necesidad de transformar nuestros sistemas alimentarios para garantizar “un futuro seguro, justo y sostenible para todos”. Una transformación que se basa en tres pilares: una reducción del 50% del desperdicio y las pérdidas (actualmente se pierden alrededor de 775 kilocalorías –kcal– por persona y día, lo que representa el 20% de las tierras agrícolas utilizadas); la “intensificación ecológica y sostenible” de las prácticas agrícolas (con el objetivo de reducir en un 70% el uso de pesticidas); y, sobre todo, un cambio en nuestros hábitos alimentarios.

“Ahí radica todo el interés del informe: pensar conjuntamente la producción y el consumo”, analiza Olivier de Schutter, que fue relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y copresidente del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food). “Este enfoque permite, por ejemplo, reexaminar el reciente debate sobre la ley Duplomb: en lugar de debatir sobre la necesidad de los neonicotinoides para los cultivos de remolacha, nos preguntamos si realmente necesitamos producir tanto azúcar”, dice el investigador belga.

A la luz del “régimen de salud planetaria” (planetary health diet en inglés) propuesto por la comisión EAT, la respuesta a esa pregunta es clara: no. El azúcar es opcional y no debería superar los 30 gramos al día por persona. Este “plato ideal”, diseñado para nuestra salud individual, se basa en una abundante bibliografía científica. La ingesta diaria recomendada es de 2.400 kilocalorías por persona, es decir, unas 1.000 kilocalorías menos que la media actual en Francia.

Este régimen se compone principalmente de vegetales, en particular verduras (incluidas las plantas acuáticas), cereales integrales (arroz, trigo, maíz, avena, mijo...), y frutas o bayas. Al igual que el azúcar, los alimentos de origen animal son opcionales y no deben superar las dos raciones diarias: una de productos lácteos (20 centilitros de leche o equivalentes) y otra de productos no lácteos (pescado, carne o huevos). Se proponen adaptaciones específicas para los niños y las mujeres en edad reproductiva con el fin de evitar posibles carencias de hierro o vitamina B12.

“No imponemos un régimen único para todos, realmente hay espacio para una alimentación diversa”, insiste Walter Willett, copresidente de la comisión y profesor de epidemiología y nutrición en Harvard. No obstante, en comparación con los platos medios de un europeo o un americano, la dieta propuesta por estos expertos representa entre 6 y 7 veces menos de carne roja. Ello implica una reducción de 1.100 millones de cabezas de ganado al año, lo que supone una reducción del 26% del ganado actual.

Consecuencia: el sector cárnico se opone frontalmente a esta “mafia anticarne”, como algunos la denominan. Ya en la primera publicación de EAT en 2019, se desató una campaña de desprestigio, especialmente en las redes sociales. Una investigación realizada por la ONG Changing Markets Foundation acaba de revelar quiénes son los principales actores –académicos, periodistas, influencers e instituciones– que actúan de forma coordinada para sembrar dudas sobre los datos científicos, difundir información falsa y lanzar ataques personales contra los científicos de la comisión.

La ONG ha conseguido, entre otras cosas, una grabación de una conferencia sobre “el papel de la carne” organizada en Denver, Estados Unidos, en octubre de 2024 por RedFlag, una agencia de relaciones públicas que también trabaja para la industria tabacalera. En ella se oye a un consultor explicar a los participantes que “los datos científicos no son tan importantes como quiénes sois” y que “la verdad es un concepto relativo”.

“Con nuestra nueva publicación, esa red se reactiva”, explica a Mediapart Fabrice DeClerck, director científico de la fundación EAT. Se nos acusa de ser fanáticos anti-carne. En realidad, consideramos que la carne puede ser un alimento saludable, pero se consume en exceso con demasiada frecuencia”.

Para argumentar aún más sobre la pertinencia de su régimen, los autores han modelado el impacto de su adopción a escala mundial. El resultado es que “se podrían evitar hasta 15 millones de muertes prematuras al año, solo entre los adultos”, indica Walter Willett.

“Lo que realmente entusiasma es darse cuenta de que existen innumerables soluciones y que todos los actores pueden desempeñar un papel: los consumidores, pero también los productores, los supermercados, los políticos...”, subraya Fabrice DeClerck. Por primera vez, todos estos actores se reúnen estos días en Estocolmo, Suecia, incluidos algunos productores de carne, con el objetivo de transformar estas soluciones en acciones concretas.

Si se aplicaran todas las soluciones de la comisión, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero relacionadas con la alimentación se reducirían a la mitad, al tiempo que se “liberaría” el 7% de las tierras dedicadas actualmente a la alimentación para preservar la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Todo ello por un coste diez veces inferior a los beneficios sanitarios y medioambientales esperados, señala el informe. Ahora queda pasar de la modelización a la práctica.

Traducción de Miguel López

Nuestras decisiones de compra dependen en gran medida del acceso a los productos y muchos de los que los supermercados ponen a la vista no favorecen una dieta equilibrada. Es la conclusión a la que ha llegado un informe que ha publicado la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). El documento sostiene que “los principales supermercados en España condicionan lo que comemos y dificultan el acceso a alimentos saludables y sostenibles como las legumbres y otros productos de origen vegetal” e incide en la escasa variedad de las ofertas, de las cuales ocho de cada diez son carne, pescado, huevos, leche o embutidos, que se priorizan sobre aquellos de origen vegetal.  

Hay un lugar común que dice que ir a supermercado con hambre, casi garantiza que uno llegue a casa con un montón de productos apetecibles, pero no necesariamente saludables. Ese es el punto de partida del estudio publicado por CECU. Sarahi Boleko, portavoz de la agrupación de consumidores, explica que “hay muchas cosas que influencian a las personas consumidoras a decidir qué comen y los supermercados son factor clave”. Y uno de ellos es qué productos encontramos a primera vista y cuáles no. 

El trabajo analiza las ofertas y los folletos de 5.200 productos comercializados por Carrefour, Lidl, Mercadona, Día y Alcampo lanzan a los consumidores. En todos ellos los productos de origen animal aparecen como más frecuencia que los vegetales. Así, constatan que la presencia de la legumbre en los supermercados sigue siendo simbólica (4%), a pesar de las recomendaciones sanitarias para aumentar su consumo, mientras que los productos de origen animal representan el 72,33% de las ofertas disponibles. Para Boleko, qué ofertas se lanzan y dónde se colocan los productos es clave en la formación de hábitos alimentarios, por eso pone también el foco en la promoción en redes sociales. 

“Las recetas que vemos en redes son otro factor que determina cómo comemos y hemos visto que las que proporcionan los supermercados solo incluyen vegetales o legumbres como guarnición”, apunta. En ese sentido el estudio recoge que los productos cárnicos o con carne, ultraprocesados y de rápida preparación “son los grandes protagonistas”: representan en promedio un 20% de las publicaciones alimentarias, seguidos por el pescado y marisco (15%) y otros productos de origen animal como lácteos, huevos y caldos (29%). En el caso de las verduras, suponen el 27%, pero “rara vez son las protagonistas de las publicaciones” y suelen estar representadas más de manera decorativa. 

La queja de los consumidores tiene respaldo científico. De hecho, un estudio publica en la prestigiosa revista PLoS Medicine, realizado por la Universidad de Southampton (Reino Unido),  señalaba que un estudio piloto había mostrado cómo al colocar las frutas y verduras en lugares más visibles, aumentaban sus ventas y favorecía que la dieta del grupo muestral mejorase considerablemente. El experimento lo realizaron en una cadena de supermercados británica, sustituyendo la confitería y alimentos poco saludables de las cajas registradoras por otros productos y moviendo las hortalizas a lugares más centrales. 

El comercio de proximidad es otra de las cosas que el documento echa en falta en relación con el consumo de legumbres y verduras. “Un 56% las legumbres ofertadas en estas cadenas de supermercados proceden de importaciones transatlánticas, a pesar de que España cuente con tierras fértiles y una gran tradición en el cultivo”, señala el documento. Desde CECU lamentan que este tipo de hábitos de comercio “desincentiva la producción local y la agricultura familiar, además aumenta la huella ambiental”, concluye. 

“Lo que nos pasó haciendo la recogida de datos es que cuando nos íbamos a los lineales de frutas y verduras, cuando queríamos ver el origen y la proximidad algunos no estaban bien concretados”, explica la portavoz. Esto les llevó a repasar el etiquetado y la calidad de la información que llega a los consumidores en las estanterías del supermercado. “Ha mejorado con respecto al informe que presentamos hace un par de años, pero en las ofertas y las promociones no son siempre las más saludables”, apunta. Desde CECU reclaman que se preste más atención a las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) a la hora de promocionar productos o de diseñar la distribución dentro de las tiendas. 

“Se deberían promover hábitos más saludables, pero también más sostenibles con el medio ambiente”, apunta Boleko, quien reconoce que también la falta de tiempo y el ritmo de vida dificultan en muchos casos que se le dedique tiempo a cocinar. En ese sentido, el estudio también apunta que, dentro de la comida precocinada, la variedad es escasa y no atiende demasiado a criterios saludables. “Es necesario ampliar la gama de productos de fácil consumo, incorporando más opciones precocidas o preparadas con base vegetal”, recoge el documento. 

En los datos recopilados, los folletos promocionales de los supermercados y en sus redes sociales, los productos cárnicos o con carne, ultraprocesados y de rápida preparación son los grandes protagonistas. Estos representan en promedio un 20% de las publicaciones alimentarias, seguidos por el pescado y marisco (15%) y otros productos de origen animal como lácteos, huevos y caldos (29%).

La conclusión a la que llega el estudio es que los supermercados en España "dificultan" el acceso a dietas saludables y sostenibles. "Aunque la regulación ha mejorado en los últimos años, los reclamos siguen siendo los mismos", apunta la portavoz de CECU, que también pide, desde la asociación de consumidores, una mayor vigilancia de estas dinámicas.

Una investigación, dirigida por un equipo del Murdoch Children’s Research Institute (MCRI) (MCRI) y publicada en The Lancet, concluye que un tercio de los niños y adolescentes tendrán sobrepeso (385 millones) o serán obesos (360 millones) en los próximos 25 años. La previsión equivale a 356 millones de niños de 5 a 14 años y 390 millones de 15 a 24 años, de los cuales uno de cada seis padecerá obesidad.

La tasa mundial de obesidad par la población de entre 5 a 24 años se triplicó entre 1990 y 2021, aumentando un 244% hasta alcanzar los 174 millones. esto indica que los métodos actuales para frenar el aumento de la obesidad han fallado a una generación de jóvenes. En 2021, 493 millones de niños y adolescentes tenían sobrepeso u obesidad.

Jessica Kerr de MCRI destaca que si no se desarrollan planes de acción inmediatos de cinco años, el futuro será sombrío para los jóvenes. “Los niños y adolescentes siguen siendo una población vulnerable dentro de la epidemia de obesidad”, comenta. La prevención es clave, ya que la obesidad rara vez se resuelve después de la adolescencia.

“Este enorme problema no solo costará miles de millones al sistema de salud y a la economía, sino que las complicaciones asociadas con un alto índice de masa corporal (IMC), como la diabetes, el cáncer, problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas de fertilidad y desafíos de salud mental, impactarán negativamente a nuestros niños y adolescentes ahora y en el futuro, incluso con el potencial de afectar el riesgo de obesidad y la calidad de vida de nuestros nietos durante décadas”, agrega Kerr.

El análisis, publicado en el Día Mundial de la Obesidad, utiliza datos del Estudio de la Carga Global de Enfermedades, Lesiones y Factores de Riesgo de 2021 para estimar los niveles actuales y futuros de sobrepeso y obesidad en 204 países y territorios. Se prevé que Emiratos Árabes Unidos, Islas Cook, Nauru y Tonga tengan la mayor prevalencia, mientras que China, Egipto, India y Estados Unidos tendrán el mayor número de niños y adolescentes con obesidad para 2050.

En Australia, los niños y adolescentes han experimentado algunas de las transiciones más rápidas hacia la obesidad en el mundo. Las niñas ya tienen más probabilidades de ser obesas que de tener sobrepeso. En general, para 2050, se espera que 2,2 millones de jóvenes de 5 a 24 años sean obesos y 1,6 millones tengan sobrepeso. A nivel mundial, habrá más niños de 5 a 14 años con obesidad que con sobrepeso para 2050.

Kerr enfatiza la necesidad de reformas políticas urgentes para frenar la rápida transición a la obesidad, especialmente en regiones como el norte de África, Oriente Medio, América Latina y el Caribe, donde el aumento coincide con un alto número de población y recursos limitados.

Muchas regiones históricamente han tenido que centrarse en prevenir la desnutrición y el retraso en el crecimiento en los niños. Para prevenir una emergencia de salud pública de esta nueva amenaza, una prioridad inmediata debería ser la creación de encuestas nacionales de vigilancia de la obesidad en niños y adolescentes en cada país.

La investigadora también señala que las adolescentes mayores, de 15 a 24 años, que están entrando en sus años reproductivos, son una población prioritaria para la intervención. “Las adolescentes que son obesas son un foco principal si queremos evitar la transmisión intergeneracional de la obesidad, las condiciones crónicas y los costos financieros y sociales graves a lo largo de las generaciones futuras”, asegura. “Con este grupo de edad cada vez más fuera de la escuela y atendido por servicios para adultos, necesitamos enfocar las intervenciones a nivel comunitario y comercial”.

La profesora Susan Sawyer de MCRI insta a los gobiernos a invertir en estrategias multicomponentes que reduzcan los factores que impulsan la obesidad, abarcando la alimentación y bebida, la actividad, el estilo de vida y el entorno construido. “Si bien las personas y las familias pueden trabajar para equilibrar su actividad física, dieta y sueño, todo en nuestros entornos contrarresta estos esfuerzos”, señala.

En su opinión, “debido a este enorme cambio global en el peso de los niños y adolescentes, ya no se puede seguir culpando a las personas por sus elecciones. Los gobiernos han de actuar con intervenciones regulatorias, como impuestos a las bebidas azucaradas, prohibición de la publicidad de comida basura dirigida a la infancia y la juventud, y financiación de comidas saludables en escuelas primarias y secundarias. También es importante considerar los beneficios de políticas más amplias, como la transformación del diseño urbano para fomentar estilos de vida activos”.

Este artículo fue publicado originalmente en la Agencia SINC, la agencia de noticias científicas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología

Más de un tercio de los niños y niñas de España sufre sobrepeso, mientras el 30% de los colegios continúa sirviendo alimentos fritos tres o más días de la semana. La Agencia de Seguridad Alimentaria (Aesan) constató en su informe de 2023, publicado este mes, que los centros educativos ignoran ampliamente las directrices de alimentación saludable, y el Gobierno pretende corregir esta situación mediante una normativa estatal que obligará a ofrecer diariamente frutas y verduras y a incrementar la cantidad de legumbres y cereales, tanto en colegios públicos como privados.

Estas directrices formarán parte del Real Decreto para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros educativos, que está en fase de elaboración en el Ministerio de Consumo. En este contexto, la patronal cárnica española (Anice) ha aprovechado para enviar una carta pública al Gobierno reclamando entre otras cosas dejar fuera a los centros de bachillerato de la normativa y que se incluya en los colegios el consumo de carne "de dos a cuatro raciones a la semana" sobre un total de cinco comidas, "con un máximo de una ración de carne procesada a la semana".

El argumento de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España es que hay "evidencia de que los países con un menor consumo de carne per cápita tiene las tasas de retraso en el crecimiento infantil más altas", según se lee en el comunicado. "La restricción de la carne roja una ración semanal y la carne procesada a una ración mensual resulta deficitaria para la correcta alimentación de los niños", firma Giuseppe Aloisio, director de Anice.

Fuentes de Consumo afirman a infoLibre que los criterios que van a emplear en la redacción del decreto serán los establecidos por "la comunidad científica y la Aesan". Esta agencia, en su último informe de 2022 de recomendaciones nutricionales para la población general, propuso un máximo de tres raciones semanales de carne, "priorizando el consumo de carne de aves y conejo y minimizando el consumo de carne procesada". 

El decreto está por ahora en formato borrador y no ha trascendido su contenido, aunque el Ministerio de Consumo sí ha adelantado que en él obligará a reducir el consumo de bebidas azucaradas en las escuelas e institutos y garantizará que la carne y el pescado que se ofrecen sea de calidad. Esta normativa será una nueva versión de un decreto que trató de sacar adelante este mismo ministerio en 2023, pero que se quedó en un cajón por el adelanto electoral.

El decreto también complementará a las directrices de la Aesan que entraron en vigor en 2022 y que imponen numerosas obligaciones a todos los centros escolares, aunque algunas han tenido poco éxito. Por ejemplo, comprometen a los colegios a que los menús sean supervisados por profesionales de la nutrición, pero un 33% de los centros no cumple este criterio.

El programa de la Aesan ya vigente también regula la frecuencia con la que se puede servir carne roja (cuatro raciones al mes), platos procesados (tres al mes) y frituras (dos a la semana). Por el lado contrario, propone un consumo de frutas (cuatro piezas semanales), de pescado (una ración a la semana), de carne blanca (una a la semana) y de verduras frescas (tres a la semana como guarnición).

Sin embargo, en su último informe de 2023, publicado hace tres semanas, la Aesan concluye que algunas de estas directrices son ampliamente ignoradas, aunque hay un aprobado general en los 5.095 centros evaluados. Casi el 80% de los colegios cumplen con el 75% de los criterios fijados por la Aesan.

En el examen que acaba de publicar el organismo se observa, no obstante, que el 61% de los centros ofrecen cinco o más raciones de carne roja al mes. Y que los comedores del 41% de las escuelas sirven 3 o más raciones de carne procesada mensuales. Otro dato preocupante: el 29% incluyen tres o más raciones semanales de frituras. 

Rosaura Leis, coordinadora del Comité de nutrición de la Asociación Española de pediatría, explica que la alimentación infantil y adolescente es mala en general por el abuso de azúcares, procesados y sales. Según el Ministerio de Consumo, un 36,1% de los niños de entre 6 y 9 años sufría exceso de peso en 2023 (el 20,2% sobrepeso, y 15,9% obesidad). El porcentaje ha caído en 4,5 puntos desde 2019, pero continúa en valores muy altos.

"La escuela es un lugar clave para el desarrollo de la cultura alimentaria, por lo que es imprescindible que haya una enseñanza nutricional en los colegios. Estamos viendo como hay una alta prevalencia de obesidad en los niños y las repercusiones en la salud no solo se verán de adulto, sino que siendo pequeños ya muestran una tensión elevada y niveles alterados de colesterol", subraya la doctora.

Leis apunta a que la dieta mediterránea y atlántica han dado paso a una alimentación más americanizada de productos procesados. En la encuesta Aladino elaborada por el Gobierno, donde se recogen las tendencias alimenticias de los niños y niñas de 6 a 9 años, queda patente que el 27% consumen snacks dulces cuatro o más veces por semana. También toman más de tres veces a la semana batidos (el 9%), snacks salados (5,3%) y refrescos con azúcar (3,7%). 

Las directrices de la Aesan son de obligado cumplimiento, pero los informes de la institución revelan que el 34% de los comedores escolares analizados reciben informes desfavorables sobre el cumplimiento de las obligaciones. En el estudio de 2023 también analizan 123 caterings de centros educativos, y en ese caso el suspenso es del 77%. Aquellos centros que no superan el examen de la agencia reciben una serie de propuestas para enmendar sus errores, y tienen un periodo de tres meses para implementarlas. El programa vigente de la Aesan también se contempla sanciones para los colegios e institutos que suspenden "en función de la gravedad del incumplimiento y del riesgo para la salud", que se recogen en la ley 17/2011. En esa norma están tipificadas como infracciones leves las "irregularidades en la observancia de las normas sobre seguridad alimentaria y nutrición", con una multa de hasta 5.000 euros.

La Unión Europea se prepara para aprobar por primera vez objetivos vinculantes para reducir el desperdicio alimentario en el continente, que asciende cada año a 132 kilos por persona. El Consejo y el Parlamento Europeo ha pactado reducir un 30% el desperdicio por persona en comercio minorista, restaurantes y hogares, todo un desafío teniendo en cuenta que la fecha límite para lograrlo es el 31 de diciembre de 2030, respecto a los años 2021-2023. España es en teoría el que mejores datos tiene de la UE, con solo 65 kilos por ciudadano, pero también tendrá que hacer un esfuerzo inédito para cumplir.

La mayor cantidad de comida se tira en los hogares, que representan el 55% del desperdicio, según los datos de Eurostat. Después están los fabricantes de comida y bebida (19%), los restaurantes (11%), los supermercados (8%) y la producción primaria (8%). El problema es que los datos tampoco son extremadamente precisos porque este problema ha empezado a seguirse recientemente a nivel europeo y las fuentes son muy limitadas.

En España funciona desde 2013 la campaña "Más alimento, menos desperdicio" para reducir las pérdidas en todos los eslabones de la cadena con campañas de publicidad, planes sectoriales y colaboración con las patronales, y desde 2015 se publica un estudio anual sobre el desperdicio en los hogares. Pero para cumplir con la nueva meta —que deberá primero ser aprobada en el Consejo y el Parlamento Europeo por separado— hará falta un plan a gran escala que ya prepara el Gobierno.

El Ministerio de Agricultura tiene lista desde 2021 la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que estuvo a punto de ser aprobada en primavera de 2023, pero cuya tramitación se paró por la convocatoria de elecciones generales. En enero de 2024 se retomó y ahora se encuentra en el Senado, por lo que debería salir adelante este año. Entre otras medidas, obliga a que cualquier empresa que trabaje con alimentos sobrantes debe priorizar su donación o redistribución a las personas, y si no, a animales. En el peor de los casos, el restaurante, la fábrica o el supermercado encargado debe garantizar que se transformen en abono, pero no puede acabar en la basura.

La ley también prohíbe cláusulas contractuales que impidan donar alimentos y fuerza a las empresas a elaborar planes para prevenir el desperdicio, por ejemplo, colaborando con bancos de alimentos, salvo en supermercados con un tamaño inferior a 1.300 metros cuadrados. Los restaurantes también deberán facilitar al cliente llevarse las sobras a su casa sin coste añadido, salvo el del envase si es de plástico de un solo uso. La ley obligará además al Ministerio de Agricultura a elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

La normativa que tramita el Ejecutivo es anterior al objetivo de reducir el desperdicio un 30% que ahora se debate en Bruselas porque ya había un compromiso previo aún más ambicioso, pero no vinculante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, vinculados a la Agenda 2030, incluyen la meta de recortar un 50% el desperdicio alimentario entre 2015 y 2030, pero desde ese año base España ha avanzado poco. El primer estudio de desperdicio data de 2015 (solo para desperdicio en hogares) y estimó 1.325 millones de toneladas al año. El último análisis similar de 2023 contabilizó 1.183 toneladas, un 10% menos.

"El nuevo objetivo de Europa es menos ambicioso, pero seguramente más realista", reconoce Mari Cruz Martín, técnico de la ONG Enraíza, especializada en alimentación sostenible. Su organización forma parte del colectivo #LeySinDesperdicio, que defiende el fin del desperdicio alimentario, y su opinión sobre la ley que tramita ahora el Senado es que es muy descafeinada. "Precisamente nos agrupamos para presionar y lograr que la ley fuese transformadora. Pero se ha quedado en algo más parecido a una ley de residuos con grandes excepciones para las empresas. Creemos que va a ser poco ambiciosa", resume.

Durante la fase de consulta, este colectivo envió sus propuestas y ahora las han trasladado a los diferentes partidos para que las incluyan en la ley. Por ejemplo, reclaman incluir de manera clara los plazos que tiene la industria para adaptarse a las nuevas exigencias e incluir sanciones para quien incumpla. También plantean incentivar que la producción de alimentos sea más ajustada a la demanda para reducir al máximo el desperdicio y fomentar la práctica del espigueo, que consiste en recolectar frutas y verduras descartadas por los agricultores.

Los datos de Eurostat de 2022 sitúan a España como el país de la UE con menos desperdicio de alimentos por persona. El problema es que en varios puntos de la cadena alimentaria, España no cuenta con cifras concretas, sino que se basa en estimaciones —sin concretar si los datos proceden del Gobierno o del propio sector—.

Según Eurostat, en España se desperdician al año 65 kilos de comida por habitante y año, pero los datos son estimaciones en el caso de la producción primaria (16 kilos por habitante), en los supermercados (7 kilos) y en los restaurantes (6 kilos), con cifras muy inferiores a países del entorno. En Bélgica el desperdicio medio por habitante es 151 kilos al año, en Alemania son 129 y en Francia son 139 kilos.

Mari Cruz Martín recuerda que el conteo anual del Gobierno solo mide el desperdicio alimentario dentro del hogar, pero sospecha que en el resto de sectores los datos los da la industria. "Lo primero para poder cumplir los objetivos de 2030 es tener datos fiables de la situación actual", puntualiza.

El cálculo de los alimentos que se tiran en hogares españoles (26 kilos) también tiene una metodología diferente a la del resto de países de Europa, según aclara Eurostat, y no incluye por ejemplo las cáscaras de plátanos o los huesos, que sí se contabilizan en otros países. Si se compra con el desperdicio en hogares de países como Bélgica (64 kilos), Alemania (75 kilos) o Francia (58 kilos), la diferencia es abismal.

La normativa sobre comedores escolares en la que trabaja el Gobierno para atajar la obesidad infantil, un problema especialmente acuciante en menores de familias con rentas más bajas, prohibirá el consumo de bebidas azucaradas durante las comidas en los centros educativos, en las que sólo se servirá agua.

El real decreto, que ya ultiman varios Ministerios, fijará estas medidas y garantizará el consumo diario de frutas y verduras frescas para todos los niños y niñas, según ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la presentación del estudio Aladino 2023 sobre la Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad.

Un estudio del ya se hizo un avance el pasado mes de septiembre y cuyos datos completos se ofrecen ahora a partir de una muestra de 12.678 escolares de entre seis y nueve años de 296 colegios de todas las comunidades autónomas.

Una de las principales conclusiones, que ya constató el avance del informe, es que el exceso de peso en los escolares de dichas edades ha disminuido en un 4,5% en los últimos cuatro años. Es la mayor caída registrada en la serie histórica, según Consumo, pero este problema continúa afectando a más de un tercio de los alumnos y las alumnas: un 36,1% sigue teniendo un exceso de peso (20,2% sobrepeso y 15,9% obesidad).

Pero esta mejoría no se ha percibido en las familias con rentas más bajas, con indicadores relativamente constantes desde 2011. La prevalencia del exceso de peso en menores de familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros llega al 48%, es decir prácticamente uno de cada dos, frente al 29 % que se registra en las que ingresan más de 30.000, 19 puntos de diferencia.

"Esto es inadmisible y es una realidad que exige acción por parte de los poderes públicos -ha comentado el ministro-. Todos los menores, independientemente de los recursos de los que disponga su familia, del barrio o del código postal en el que nazcan o en el que vivan, tienen el mismo derecho a una alimentación saludable y de calidad".

Los menores que pertenecen a familias de rentas más bajas tienen más problemas de exceso de peso porque consumen más bebidas azucaradas y menos frutas y verduras a diario. Por eso, la futura norma pretende fijar las condiciones mínimas para asegurar que al menos cinco comidas a la semana respeten los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud, y que los escolares, especialmente aquellos de hogares con menores rentas, tienen acceso a esa alimentación.

La idea es garantizar que todos los comedores escolares, independientemente de su titularidad, ofrezcan carne y pescado de calidad y aumenten la cantidad de legumbres y cereales en sus menús. También, que se establezcan mecanismos para asegurar circuitos cortos de producción y alimentos de cercanía para acceder así a productos más sostenibles, de calidad y que fomenten las economías locales.

¿Y cómo se garantizará que se cumplen estos estándares? "Estamos legislando, regulando la actividad, y todos los actores deberán respetar el contenido de esta regulación. En el caso de que haya incumplimientos existen los mecanismos, tanto de inspección, control y sanción para asegurarse de que así sea", ha respondido el ministro.

La mayoría de las familias (el 70,4%) cree que el comedor facilita que su hijo o hija tenga una alimentación saludable, pero sólo un tercio de las familias aprueba la comida que se sirve en los centros escolares, cuando es fundamental: el 49,5% de los alumnos hacen su comida principal de forma habitual en el comedor, y el 54% desayuna a diario en el centro.

Los ingresos en las familias condicionan la alimentación, pero también que los menores puedan adquirir determinados hábitos y acceder a actividades como el deporte. Los que pertenecen a familias de menor renta hacen menos deporte en actividades extraescolares que quienes forman parte de otras con más renta (68,7% frente a 88,6%, una diferencia de 20 puntos).

Además, los que son de familias con menos 'posibles' se exponen más a las pantallas: ven dos o más horas de pantallas al día, casi el doble que en las de rentas superiores a 30.000 euros (41,4% frente al 22,8%, respectivamente), lo que hace que también se expongan a mas anuncios sobre alimentación no saludable.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta relativa a la posible presencia de fragmentos de vidrio en los productos tinto de verano limón, tinto de verano limón 0,0 y tinto de verano gaseosa de la marca La Casera, según informa EFE.

Según detalla, la información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La distribución inicial ha sido a Andalucía, Asturias, Aragón, Islas Baleares, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Islas Canarias, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana, aunque no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

La búsqueda del alimento del futuro continúa. Tras la fiebre que levantaron las granjas de insectos, un grupo de investigadores ha puesto ahora el foco sobre la carne de pitón, más atractiva que un gusano o un grillo y que servida en un plato se puede confundir con la carne de pollo, aunque es bastante más dura y requiere mucho tiempo de cocción. El interés que levanta esta serpiente radica en que su cría es extremadamente eficiente porque crece muy rápido con poca alimentación, por lo que el impacto climático de este animal es incluso inferior a la cría de grillos. Comparado con la producción de carne de vaca, es 10 veces más eficiente.

"El ratio de conversión entre alimentación y proteína obtenida, las pitones superan a todas las especies agrícolas mayoritarias estudiadas hasta la fecha, lo que sugiere que su cría puede ofrecer una respuesta flexible y eficaz a la inseguridad alimentaria mundial", describen los autores de La cría de pitones como método flexible y eficiente de seguridad alimentaria agrícola, publicado este jueves en la revista Nature. El estudio está dirigido por Daniel Natusch, de la Universidad de Macquarie, en Sídney. 

Natusch explica a infoLibre que, en su opinión, la carne de pitón tiene más futuro que el consumo de insectos o la carne sintética, dos alimentos sobre los que se ha escrito ríos de tinta que en los últimos años. "Los insectos tendrán su lugar, pero su textura y naturaleza los hacen menos versátiles para cocinar y menos atractivos para las personas. La carne sintética requiere grandes cantidades de recursos para su producción y un alto nivel tecnológico, y está monopolizada por grandes empresas que tienen la capacidad de producirla. Sin embargo, producir pitones es fácil y muy sostenible, por lo que está más al alcance del ciudadano de a pie", afirma el herpetólogo. Añade que él mismo ha probado en muchas ocasiones la carne de pitón: "Sabe como el pollo. La he comido a la barbacoa, como satay [en forma de brochetas], con curry, y como carne cruda secada. Como cualquier carne, hay que prepararla bien, pero está buenísima".

Su equipo científico estudió durante un año la cría de 58 pitones de dos especies de gran tamaño, la malayopython reticulatus y la python bivittatus, en granjas de Tailandia y Vietnam. Allí observaron que su tasa de engorde era muy rápida, con hasta 42 gramos al día para un animal que llega a pesar 100 kilos, y en apenas un año ya miden entre 1,5 y dos metros de largo, y pueden llegar hasta los tres. Por cada 4,1 gramos de alimento consumido por el animal, produce 1 gramo de carne aprovechable en el matadero, y el 82% de su peso es aprovechable, incluyendo carne, piel, grasa y vesícula. La pitón también es muy resistente a la hambruna, y bajo un ayuno de más de cuatro meses solo perdieron el 0,0004% de su masa corporal al día.

Para poner en contexto estas cifras, el estudio los ratios de crecimiento de las pitones con los principales animales de granja, y gana a todas las especies. La división entre la cantidad de alimento consumido entre la masa corporal desarrollada por el animal arroja que la pitón es 10 veces más eficiente que la vaca, 6 veces más que el cerdo y 2,3 veces más que el pollo. Supera incluso a otros animales de sangre fría: es el doble de eficiente que la cría de grillos y ligeramente más que el salmón. "Esto se debe a la sinergia entre su sangre fría, su comportamiento sésil, su eficiencia digestiva y la economía de su cuerpo serpentino, donde la ausencia de patas o alas permite que haya más carne comestible", dice el informe.

Los autores hacen un breve repaso histórico de la ganadería y recuerdan que hasta el siglo pasado siempre ha predominado la cría de animales de sangre caliente debido a la abundancia de recursos y la estabilidad social. "Pero esos parámetros ya no son la norma y los recursos limitados y el cambio climático están cambiando rápidamente nuestros sistemas alimentarios. Muchos sistemas ganaderos convencionales no satisfacen los criterios de sostenibilidad y/o resiliencia, y urge explorar alternativas", se lee en el estudio. En este contexto, defienden que los animales de sangre fría tienen una eficiencia energética un 90% superior a los de sangre caliente, y esta ventaja se traduce en una mayor eficiencia productiva.

La ganadería intensiva de vacuno o cerdo tiene un impacto climático enorme. En la Unión Europea el sector primario es responsable del 11% de la contaminación del continente, y globalmente, solo las vacas emiten cada año más de 100 millones de toneladas de metano, un gas que a corto plazo tiene 100 veces más impacto que el CO₂ en el calentamiento global. Estas cifras animan a buscar alternativas a la ganadería tradicional y una opción son las serpientes, de las que se comen más de 50 especies, principalmente en China y en Vietnam. Las más consumidas en el mundo son la cobra de monóculo, la cobra china y la serpiente rata oriental, aunque la pitón es la que más se cría en el mundo por el interés sobre su piel.

Otro punto que destacan los expertos es que su resistencia a la hambruna no tiene impacto en el crecimiento del animal, y tan pronto como se vuelve a alimentar a la pitón, aumenta su tamaño. Esto permite a las granjas regular la alimentación y solo suministrarla cuando la proteína utilizada —normalmente restos de otros animales como el pollo o roedores— es más barata, haciendo la explotación más rentable. También permite que en un panorama de cambio climático y problemas en las cosechas, los animales puedan sobrevivir durante meses a la falta de pienso. "Nuestro estudio confirma trabajos anteriores que afirman que es posible criar pitones biológica y económicamente para su uso comercial", confirman los investigadores.

Por último, los autores destacan el bajo impacto ambiental de la cría de serpientes. Su elevada conversión de alimento en volumen corporal hace que produzcan muy pocas heces. "Por lo tanto, las granjas de pitones producen menos gases de efecto invernadero (CO₂, metano y óxido nitroso) que en la cría de animales de sangre caliente", dice el estudio. El punto débil que destacan los autores es que las pitones tienen que alimentarse de forma individual para evitar luchas entre animales, y contratar esa mano de obra encarece la producción, aunque solo reciben comida una vez a la semana.

La Comisión Europea ha dejado en manos de las autoridades españolas decidir si toma medidas tras la detección de Hepatitis A en fresas importadas desde Marruecos y ha afirmado que los productos contaminados no llegaron a los consumidores. "En el contexto de estas notificaciones de alerta, corresponde a los Estados miembro decidir qué medidas son adecuadas, lo que podría incluir la devolución o eliminación de los productos contaminados", ha explicado el portavoz responsable de seguridad alimentaria, Stefan de Keersmaecker, según informa Europa Press.

Asimismo, ha indicado que la notificación emitida este lunes en el portal comunitario RASFF (Rapid Alert System Feed and Food), que alertaba de "presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos" detectada en un punto de entrada de España, no entraña "riesgo grave", por lo que no es necesaria una actuación rápida en ningún otro Estado miembro de la UE distinto del que notifica el asunto.

Por tanto, ha explicado que el Ejecutivo comunitario dejará en manos de las autoridades españolas decidir qué medidas son adecuadas al tiempo que ha destacado que la prioridad fundamental de la Comisión es la salud de sus ciudadanos y que, por esa razón, la UE tiene algunas de las normas de seguridad alimentaria "más estrictas del mundo".

El portavoz ha añadido, además, que se trata de un procedimiento "regular" y ha asegurado que se hicieron controles pertinentes para evitar que los productos llegaran a los consumidores.

La Unión Europea se encamina a un nuevo paradigma para los organismos modificados genéticamente. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo ha votado favorablemente a la propuesta de la Comisión sobre la desregulación de las llamadas Nuevas Técnicas Genómicas (NTG) o, lo que es lo mismo, a la modificación genética de plantas para mejorar sus características. Un paso decisivo para la equiparación de este tipo de cultivos a los obtenidos por vías naturales, algo que supone un volantazo respecto a la línea seguida por la UE en las últimas décadas, mucho más conservadora ante estas técnicas, que pueden usarse en alimentos como el maíz o la soja, entre otros.

Pero ¿qué son estas NTG y por qué son tan importantes? En pocas palabras, son “todas las diferentes estrategias de edición genética que permiten modificar con precisión los genomas de cualquier organismo”, explica Lluis Montoliu, doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, investigador del CSIC y vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología (CNB). Estas técnicas, añade, se pueden usar tanto en animales como en plantas, pero es en estas últimas donde realmente quiere incidir la propuesta de la Comisión. Gracias a esta edición genética que pretende desregular la Unión Europea, se podrían desarrollar cultivos más eficientes, resistentes a las plagas y adaptables a distintos climas.

Estos avances fueron premiados con el Premio Nóbel de Química en el año 2020, pero no ha sido hasta el pasado año cuando la UE se ha planteado una legislación más laxa hacia las NTG. Sin embargo, no todo el mundo es favorable a este cambio de paradigma. La propia votación en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento europeo (47 votos a favor, 31 en contra y 4 abstenciones) y la imposibilidad de los diferentes Estados miembros de llegar a un acuerdo sobre las NTG refleja una división que también enfrenta, fuera de Bruselas, a científicos y a ecologistas.

La nueva propuesta cambia el marco regulatorio de la UE, ya que divide a las plantas modificadas mediante NTG en dos categorías. En el primer grupo se encuentran aquellas que se consideran equivalentes a las plantas convencionales y que, por tanto, no tendrían que seguir la legislación vigente para organismos modificados genéticamente. En esta categoría, entrarían plantas con un número más bajo de modificaciones y que pasarían a formar parte de una lista pública para darse a conocer, aunque no será obligatorio su etiquetado de cara al consumidor. Por otra parte, las incluidas en la segunda categoría se seguirán rigiendo por la legislación vigente y no tendrán cambios. 

Suceda lo que suceda, el anuncio el año pasado de la propuesta de la Comisión Europea ya fue una auténtica revolución. Hasta ese momento, los organismos mutados por NGT se regulaban mediante una directiva del año 2001 que trataba de igual manera a todos los organismos modificados genéticamente, sin importar las técnicas llevadas a cabo para realizar esos cambios ni sus riesgos potenciales. “Estas tecnologías aparecieron entre 2012 y 2013, ¿en qué cabeza cabe que estemos aplicando una directiva promulgada en 2001 para algo que apareció 10 y 11 años después? Hay que modificarla desde todos los puntos de vista”, reclama el investigador del CSIC.

Sin embargo, el deseo desregulador de Montoliu y otros científicos recibió un revés durísimo en julio de 2018, cuando una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea equiparaba a las plantas transformadas mediante estas Nuevas Técnicas Genómicas con las modificadas genéticamente, a las cuales se les incluyen nuevos genes o fragmentos de ADN, algo que no sucede en las NGT, donde se suelen activar o desactivar genes ya existentes. “Esa sentencia fue un auténtico despropósito porque equiparaba, sin ninguna base científica, a los organismos editados genéticamente con los modificados genéticamente, y además decía que podían presentar el mismo riesgo que presentaban los transgénicos, cuando ya se sabía que estos no presentaban ningún riesgo”, denuncia el científico.

Con esta legislación, concluye el experto, Europa y Nueva Zelanda acabaron completamente aisladas del resto del mundo en cuanto a la desregulación de las NTG. “Vamos a contradirección con el resto del mundo, y es una hipocresía, porque, por una parte, Europa bloquea el cultivo de organismos modificados genéticamente pero, por otro, mira hacia otro lado cuando tiene la necesidad de importar toneladas y toneladas de grano de soja o de maíz de países que están utilizando esos vegetales modificados genéticamente”, señala el científico del CSIC.

Este blindaje que, según Montoliu, podía tener sentido en un primer momento por la incertidumbre aparejada a la aparición de unas nuevas técnicas, se ha transformado en un sinsentido una vez que las NTG se han probado, "tras centenares de informes y millones de euros gastados en evaluación de riesgos sin encontrar nada", seguras para los consumidores.

Además, en muchas ocasiones, han hecho a Europa menos competitiva no solo económicamente, sino también en materia de innovación: “Francisco Barro, del Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, ha desarrollado un trigo con un contenido muy limitado de gliadinas (componentes del gluten) y que podría ser consumido mejor por las personas con celiaquía. Este avance no va a poder desarrollarse en Europa por su normativa y, evidentemente, ha ido a ofrecérselo a empresas e investigadores norteamericanos que están encantados de poder desarrollarlo”, explica Montoliu

Sin embargo, no todas las partes piensan de la misma manera. Organizaciones ecologistas y algunas agencias nacionales de seguridad alimentaria se han opuesto a este cambio propuesto por la Comisión. “En las plantas dentro de la categoría 1 no hay ni un análisis de riesgos ni una trazabilidad ni un etiquetado. Entonces, las personas que consumen estos alimentos que están modificados genéticamente no pueden identificar si lo que compran en el supermercado viene de plantas modificadas genéticamente”, comenta en conversación con infoLibre Helena Moreno, ingeniera agrónoma e integrante de Greenpeace.

La posición de la organización es clara: las NTG podrían presentar riesgos para la salud de los consumidores y, por eso, se debería llevar a cabo una evaluación caso por caso. Su opinión viene refrendada por un dictamen emitido por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES), la cual sostiene que estas técnicas “pueden provocar cambios en las funciones biológicas de las plantas, que no se tienen en cuenta en la propuesta de categoría 1 de la Comisión, y que no se pueden descartar riesgos para la salud y el medio ambiente”.

Por otra parte, el organismo francés es contundente: la Comisión debe ser más clara en las definiciones de las categorías para limitar el margen de discrecionalidad y “destaca ciertas limitaciones científicas y sanitarias en el establecimiento de los criterios”. Una línea también seguida por la Agencia Federal Alemana para la Conservación de la Naturaleza (BfN), que advierte igualmente de los peligros de las NTG. 

Por otra parte, Greenpeace considera que la no obligatoriedad de etiquetado de estos productos modificados podría violar “un amplio corpus de derecho constitucional de la UE”. “Evidentemente hay una presión ahí de de un lobby, que quiere sacar adelante esta desregulación, pero nosotros tenemos que dar seguridad a los productores y a los consumidores. Lo que defendemos no coarta la innovación y el avance científico, nuestro deseo es que haya la seguridad de que, si se desarrolla una planta con estas nuevas técnicas, sepamos al 100% que no va a haber ninguna mutación o cambio que pueda ser perjudicial para los consumidores o para el medio ambiente”, concluye Moreno.

Tras la aprobación de la propuesta en la Comisión de Medio Ambiente, el Parlamento Europeo adoptará su posición durante la sesión plenaria prevista del 5 al 8 de febrero. En caso de ser aprobado, comenzarán las negociaciones entre los diferentes Estados miembros, las cuales ya descarrilaron en diciembre del año pasado al no lograr la mayoría requerida (55% de Estados que representen al menos al 65% de la población), por la oposición de Polonia, Austria, Hungría, Rumanía, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia, y la abstención de Alemania y Bulgaria por la "sensibilidad del asunto" entre la opinión pública.

Un hombre espera tranquilo mientras su hijo come pollo frito con patatas a la hora de la comida, cuando salen los niños que no comen en el colegio y que no tienen actividades extraescolares por la tarde. Lee, vecino del barrio madrileño de Vallecas, elige este restaurante de kebabs y pollo frito “para salir del paso”.

“Muchas veces no me da tiempo de cocinar. Yo puedo aguantar un rato, pero él necesita comer”, dice este cocinero de Perú que lleva 14 años en Madrid y trabaja cerca del Parque del Retiro. También influye en su decisión que le gustan los kebabs, que el lugar “está tranquilo” y el precio de este lugar de reciente apertura. Como en muchos establecimientos de este tipo se pueden encontrar ‘combos’ que incluyen bebida y patatas por menos de cinco euros cuando los precios de los menús del día, más equilibrados, se han disparado en años recientes.  

En los 1,3 kilómetros que separa el Puente de Vallecas hasta la curva que hay después del estadio del Rayo Vallecano por la Avenida de la Albufera, una de las principales vías de Vallecas, hay veinte establecimientos que ofrecen kebabs, pollo frito, hamburguesas, pizzas o bollería industrial. Esto equivale a comida rápida cada 65 metros en promedio sin contar las tiendas de alimentación donde se venden gominolas, refrescos, bebidas energéticas azucaradas y otros productos de alto nivel calórico pero escaso valor nutricional.

“Los colegios situados en áreas en desventaja económica tienen una mayor disponibilidad de establecimientos de alimentación poco saludables que aquellos que se encuentran en zonas aventajadas. De hecho, las escuelas en barrios desfavorecidos con comercios de comida poco saludable en los alrededores superaron en un 62% a aquellas situadas en zonas de nivel socioeconómico medio”, concluye el informe Desigualdades económicas alimentarias en el entorno escolar en el contexto de Europa del Sur que elaboraron el profesor Manuel Franco y su equipo, que estudian desde hace años la relación entre economía y salud desde distintas perspectivas. Sus investigaciones han cristalizado en el proyecto Heart Healthy Hoods.

“Cuando viví en Baltimore descubrí el impacto del barrio sobre la dieta, pero también el papel que juegan el tiempo y la educación. Sin tiempo no puedes cocinar o hacer una compra en condiciones”, dice este profesor doctor de la Universidad de Alcalá de Henares, que señala a la educación como herramienta que contribuye a un mayor cuidado de la salud.

Mucha gente compra comida rápida no sólo por falta de tiempo o por algo relacionado con su nivel educativo, sino también por dinero, como recuerda Alma Palau, presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas. La economía actual convierte frutas, verduras o incluso los menús del día que ya no bajan de 13 euros en objetos de lujo frente a los kebabs, las pizzas, las hamburguesas y el pollo frito de la Avenida de la Albufera. Influye también el marketing dirigido a sectores específicos de la población. Julia Díez, integrante del equipo del profesor Franco, ha estudiado el impacto de este geomarketing en los barrios.

La comida rápida no discrimina por barrios y abunda en zonas como Moncloa, con un constante ir y venir de jóvenes de distintas universidades de Madrid que manejan sus propios gastos, o en zonas del centro, plagadas de turistas. Pero los Kentucky Fried Chicken (KFC), Popeye’s Famous Louisiana Chicken, Burger King, McDonald’s tienen menos presencia en las calles Ortega y Gasset, Príncipe de Vergara, Goya y otras con mucha presencia comercial que en Avenida de la Albufera, Marcelo Usera, Bravo Murillo y otras calles de Vallecas, Usera, Carabanchel, Cuatro Caminos y Tetuán. En este último barrio ha vivido Julián Domínguez desde hace veinte años.

“Los negocios de comida en el barrio duran muy poco tiempo y van por modas del momento. Lo que antes eran pizzas y hamburguesas ahora son empanadas o pollo frito. Lo que sí se mantiene con el paso de los años son los kebabs”, dice este mexicano, que destaca la naturaleza multicultural de la zona desde que llegó ahí hace veinte años y que dirige a un grupo de personas de distintos países que se juntan los martes para correr en el Parque del Retiro.

Apasionado del deporte, Domínguez alerta de la falta de espacios al aire libre y zonas verdes para hacer ejercicio en su zona, por muy llenos que estén algunos gimnasios.

También se refiere a los espacios verdes Héctor Porras, de Vallecas, que ha pasado mucho tiempo en la zona de Nueva Numancia y las inmediaciones del estadio del Rayo Vallecano, donde estudió la ESO. Sus padres trabajan en Villaverde.

“A 15-20 minutos puedes encontrar dónde hacer deporte. En Villaverde encuentro espacios al aire libre a 10 minutos andando”, dice este joven de 16 años que estudia un grado de Formación Profesional en emergencias sanitarias. Prefiere la actividad al aire libre, pero la falta de tiempo le ha llevado a pagar 20 euros al mes de gimnasio, aunque reconoce que algunos de sus amigos se gastan más.

El testimonio de este joven confirma las tesis del doctor Franco sobre la relación entre determinados barrios y la existencia de zonas para hacer deporte al aire libre, una herramienta eficaz en la lucha contra la obesidad, que afecta a más de 8 millones de personas en España, de las cuales 1,5 millones son niños, según el último informe del Sistema Nacional de Salud y otros estudios.

Un hombre adulto con poca actividad física necesita unas 2.000 calorías al día por las 1.500 de una mujer. Un kebab tiene de media 739 calorías, según la OCU, a lo que cabría añadir unas 200 calorías de patatas fritas y 150 de refresco, salvo si fuera un refresco “light” o “zero”.

Un menú Whopper con patatas pequeñas acumula 1.000 calorías con refresco normal o 880 calorías con refresco sin azúcar. En McDonald’s, un menú similar con Big Mac contiene 970 u 820 calorías, respectivamente. Un menú KFC para dos personas con 5 piezas de pollo crujiente y 5 alitas picantes acumula 1.972 calorías, o sea casi 1.000 por persona. Tres piezas clásicas de pollo en Popeye’s tienen 1.092 calorías sin contar patatas ni refresco, que lo llevarían hasta las 1.300.

Estos menús suponen más de la mitad de la energía que una persona necesita en un día sin aportar apenas vitaminas, minerales, fibra y otros componentes esenciales para la salud y, sumadas al resto de comidas, con frecuencia exceden el total de lo que necesita una persona en un día. La mitad de la aportación energética de muchos de estos menús proviene de grasas cuando los expertos en nutrición recomiendan que no más del 30% de las calorías consumidas en un día tengan esa procedencia. Si cada gramo de hidrato de carbono y de proteína contiene 4 calorías, cada gramo de grasa tiene 9, lo que convierte la comida rápida en un combustible de la obesidad, de enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otros problemas de salud.

Los datos confirman la creciente consolidación de la comida rápida. Burger King saca pecho con los 270 establecimientos que ha abierto en España en los últimos cinco años, con la ambición de alcanzar los 900 para 2024. McDonald’s está cerca de los 600, mientras Kentucky Fried Chicken se acerca a los 250 y Popeye’s supera los 50.

Todos los tipos de establecimientos de comida rápida crecieron en 2022, según el informe Comida rápida y a domicilio, de DBK. Las ventas de las hamburgueserías crecieron un 26%, hasta los 2.810 millones. La facturación de las pizzerías aumentó un 4,2%, hasta los 745 millones de euros, mientras que las ventas de las bocadillerías crecieron un 8,4% y las de otro tipos de comidas como el pollo frito o los Poke, mucho más sanos y equilibrados, un 17,3%.

Un dato de la Federación Española de Diabetes pone el acento en la necesidad de trabajar en la prevención y en la educación: el 80% de los adolescentes obesos lo seguirán siendo de adultos. Esto obedece a los hábitos, arraigados en la educación y amenazados por la publicidad invasiva y en la casi omnipresencia de comercios con comida poco saludable como señalan las investigaciones del profesor Franco. De ahí que expertos como Palau apoyen la propuesta de Valentín Fúster y otros expertos de incluir una asignatura de educación alimentaria como herramienta para que los jóvenes mejoren sus hábitos.

Desde la red OPEN (Obesity Policy Engagement Network), con filial en España, Susana Monereo y Victoria Buiza abordan la obesidad como un problema de salud pública, ya que encuentra sus raíces y tiene consecuencias en los recursos públicos y en la respuesta que se le da desde la política como ocurrió con el abuso del tabaco. 

Hace unos meses enviaron un decálogo de derechos de las personas con obesidad, centrado en su derecho a información, formación, diagnóstico y tratamiento, en medidas de prevención, en convertir su situación en prioridad sanitaria, en la necesidad de sensibilizar sobre el tema, en promover la investigación, en poner especial énfasis y recursos en la obesidad infantil, en empoderar a los pacientes y en luchar contra el estigma, pues la obesidad es para ellos un fracaso colectivo, no individual.

“El problema es cuando los padres no están. Comen lo que les dejan o en sitios de comida rápida. Le llamamos la ruleta rusa ir a comer al kebab. Siempre que vamos en grupo, hay uno al que le sienta mal y acaba en la cama”, dice Porras al reconocer que muchos de sus amigos recurren a esta dieta dos veces por semana.

“En mi familia todos cocinan y desde pequeño me educaron para cocinar”, dice este joven de Vallecas en un guiño a los hábitos familiares, a la educación y a la prevención frente a un gigante que no para de crecer. 

La Guardia Civil ha intervenido más de 28 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano en las provincias de Zaragoza, Valencia y Almería en el marco de la operación Potacar, que se ha saldado además con ocho personas detenidas y otras 81 investigados.

En una nota de este jueves a la que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil explica que la comida incautada estaba en almacenes de distribución ubicados en las tres provincias y se ha podido localizar en colaboración con los servicios veterinarios del Departamento Provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón, de la Comunidad Valenciana y de la Junta de Andalucía.

Tanto a las ocho personas detenidas como a las otras 81 se las investiga por presuntos delitos de estafa, contra la salud pública, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La primera inspección se realizó en las instalaciones de una empresa ubicada en Cuarte de Huerva (Zaragoza), donde se intervinieron 1.222 kilos de alimentos que presentaban irregularidades, ya que habían sido reetiquetados con ampliación de la fecha de caducidad o consumo preferente.

Después de analizar la trazabilidad, los agentes confirmaron la comercialización de diversos lotes a otros establecimientos con fechas superadas.

Por su parte, en una segunda inspección a otra empresa en Zaragoza, se han intervenido 1.708 kilos de productos en idénticas circunstancias: fechas de consumo caducadas, así como alimentos que debían haberse comercializado como producto fresco y que fueron congelados antes de su fecha de caducidad y puestos a la venta posteriormente con la fecha rebasada.

Además de esta empresa, fueron inspeccionados otros 19 establecimientos en las localidades zaragozanas de Calatayud, Alagón, La Puebla de Alfindén, Cuarte de Huerva y los barrios de Monzalbarba y Santa Isabel en los que el SEPRONA detectó irregularidades.

Y en otra inspección, los investigadores se trasladaron a la localidad valenciana de Xirivella y, junto con inspectores del Departamento de Sanidad de la Comunidad Valenciana, descubrieron una empresa que comercializaba productos con la fecha de caducidad vencida e irregularidades en el etiquetado y cuyo género estaba pendiente de ser introducido.

Además, en esta tercera fase, prolongada durante meses, se inspeccionaron numerosos establecimientos en Zaragoza, Alfajarín, La Puebla de Alfindén, Casablanca, Villanueva de Gállego, Zuera; Almudévar (HU); Benicassim (Castellón); Xirivella, Godella y Liria (Valencia); Elda (Alicante); Huercal y Huercal Overa (Almería); Murcia, Puerto Lumbreras, Cartagena y Mazarrón (Murcia).

En total, los agentes han intervenido 18.196 kilos de productos no aptos para consumo humano, la mayoría de ellos en una empresa de Zaragoza que suministraba productos cárnicos a otros establecimientos.

Durante la última fase, el SEPRONA e inspectores del Departamento de Sanidad de la DGA realizaron otras 45 inspecciones en distintos establecimientos e intervinieron 6.993 kilos de productos irregulares.