Las relaciones románticas con la inteligencia artificial ya no son solo un escenario de ciencia ficción. A medida que los servicios basados en modelos de lenguaje (LLM) se vuelven más personalizables, más gente utiliza la IA no solo para la productividad o el entretenimiento, sino también para buscar compañía, intimidad emocional e incluso romance.

Esto plantea una cuestión difícil: ¿cómo deberíamos entender la privacidad en relaciones que se perciben como profundamente íntimas?

En nuestra investigación, basada en entrevistas con 17 personas de distintas partes del mundo y en el análisis de las plataformas de IA que utilizaban, descubrimos que las relaciones románticas entre humanos e inteligencia artificial se parecen a las relaciones entre personas en cómo se desarrollan la confianza, la intimidad y la revelación de información.

Las personas no siempre empiezan buscando una relación romántica. Algunas comienzan utilizando la IA para trabajar, entretenerse o conversar, pero la interacción puede adquirir un significado emocional y evolucionar hacia un vínculo íntimo. Al principio, los usuarios suelen ser prudentes con lo que comparten. A medida que su relación con la IA se vuelve más familiar y significativa, se muestran más abiertos. Compartir información personal puede formar parte de la construcción de la intimidad, y es entonces cuando los límites de la privacidad empiezan a cambiar.

La privacidad en las relaciones íntimas rara vez se reduce a un simple cálculo de riesgos. Lo que se sopesa no es solo la comodidad frente al riesgo, sino la privacidad frente a una relación que se percibe como significativa.

Como en las relaciones humanas, la intimidad implica abrirse, mostrarse vulnerable y confiar a otra persona aspectos sensibles de uno mismo. En las relaciones románticas entre humanos e IA, los usuarios pueden reconocer los riesgos para su privacidad y, aun así, considerar que el valor emocional de la relación hace que compartir información merezca la pena.

Esto diferencia el romance con la IA de otros usos de la tecnología, en los que la privacidad suele entenderse en un marco de usuario-herramienta. Cuando la IA se experimenta como pareja romántica, ese marco resulta insuficiente.

Otra complicación es que los usuarios pueden percibir que la IA tiene capacidad de decisión, y sus respuestas pueden influir en lo que las personas deciden compartir. Algunos participantes dudaron antes de revelar algo personal, como una fotografía, pero se sintieron tranquilos cuando la IA respondió transmitiendo cuidado o protección. En otros casos, la inteligencia artificial desalentó la revelación de información; por ejemplo, convenciendo al usuario de que no enviara un selfie.

Esto significa que la IA no es un sistema pasivo. Sus respuestas pueden influir en los límites de privacidad de los usuarios.

Algunos participantes perdieron el acceso a sus parejas de IA debido a actualizaciones de las plataformas, la eliminación de personajes o decisiones personales de poner fin a la relación.

A diferencia de las rupturas humanas, estas personas no solían temer que una expareja de IA utilizara su información con intenciones perjudiciales, y mostraban el deseo de poder conservar el historial de conversaciones como recuerdo.

Sin embargo, el riesgo no desaparece, sino que se desplaza. La preocupación durante la ruptura tiene menos que ver con una posible venganza de la expareja, pero más con las plataformas, las empresas y otros actores con acceso a los datos de la relación.

Aunque la relación parezca ocurrir entre una persona y un personaje de IA, detrás existe un sistema más amplio de plataformas, proveedores de modelos, creadores, moderadores y otros actores.

Sus intereses influyen en lo que la IA puede decir o recordar, en cómo se fomenta la intimidad, se establecen los límites y se recopilan y gestionan los datos.

Esto importa porque estas relaciones pueden implicar información extremadamente íntima. Sin embargo, muchas plataformas no explican claramente cómo gestionan dicha información ni en qué se diferencia la divulgación romántica o emocional de los datos habituales de una aplicación.

Algunas leyes ya regulan estas interacciones, como la SB 243 de California y las normas chinas sobre IA antropomórfica, que introducen medidas de transparencia, seguridad y protección de menores, además de buscar reducir riesgos como la dependencia excesiva y la adicción. Sin embargo, estos enfoques pueden dejar de lado las razones por las que las personas buscan estas relaciones y su significado emocional.

Al mismo tiempo, considerar un romance con la IA como algo inofensivo supondría ignorar riesgos reales relacionados con la recopilación de datos, el control de las plataformas y la vulnerabilidad emocional.

Puede que no exista una respuesta sencilla. Pero, a medida que más personas desarrollan vínculos emocionales con la inteligencia artificial, una pregunta se vuelve fundamental: ¿cómo podemos proteger su privacidad y seguridad sin dejar de tomar en serio esas experiencias emocionales?

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Rongjun Ma es investigadora posdoctoral en IA responsable, seguridad accesible y privacidad, en la Universitat Politècnica de València. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Quizá el mayor reto geopolítico que afronta Europa sea su competencia en la Red. La Red se ha convertido en el condensador de las grandes inversiones. Para analizar qué conexiones existen entre las grandes tecnológicas, las grandes corporaciones de la Red y todo el entramado económico que vehícula, hay que comenzar por conocer qué se juega en cada una de las capas de internet.

Internet se suele descomponer en seis niveles, cada uno de los cuales cumple ciertas funciones y acumula cierto valor. Una primera capa responde a la pregunta ¿por dónde circulan los datos? Esta capa tiene carácter físico y se limita a transportar físicamente paquetes de bits de un punto a otro. Se trata de la primera infraestructura: cable submarino, cable terrestre, satélites e infraestructura de soporte de estas líneas. Concentra una actividad intensiva de capital y añade poco valor, por lo que el margen económico es bajo. Sin embargo, la inversión es estratégica, pues nada podría funcionar sin esta infraestructura. Fabricantes de cable, empresas encargadas de instalación y tendido, de mantenimiento y reparación, etc., apenas tienen margen económico. Su tecnología, una vez instalada, es relativamente estable y estándar. Pero sus instalaciones son fundamentales estratégicamente.

El 90% del tráfico de internet circula por cable submarino, cables de enorme envergadura que unen continentes y están casi en su totalidad bajo titularidad de empresas norteamericanas. En el cable terrestre alcanzan gran importancia empresas europeas como Deutsche Telekom, Telefónica, Bt, etc. Sin embargo, en zonas dónde no puede llegar el cable por dificultad geográfica o geopolítica, guerras, territorios arrasados, aislados, etc., el sistema satelital de baja altura LEO cumple la transmisión no cableada de información. En Occidente, la ventaja la tienen las Big Tech, Elon Musk especialmente.

La segunda capa responde a ¿cómo circulan los datos? Y forma la Red IP. Es decir, la red que asigna a cada dispositivo una etiqueta de identificación. Aquí aparecen los routers, switches, protocolos, BGP y MPLS. Ya no sólo transportan bits, deciden dónde los transportan. Aquí el valor añadido aumenta al introducir algoritmos que direccionan el mercado. Brevemente definidos: el router permite interconectar redes con distinto prefijo en las direcciones IP; los switches son dispositivos que permiten conectar distintos dispositivos a una misma red LAN; los protocolos en la segunda capa tienen por función principal transferir datos sin errores entre dispositivos conectados a una misma red física; el protocolo de enrutamiento entre dominios BGP desempeña un papel crucial a mantener unida internet y proporcionar la ruta para que los paquetes IP fluyan entre las redes de todo el mundo operadas por diferentes proveedores; una red MPLS es una Red Virtual Privada (VPN) que proporciona la comunicación entre sedes o delegaciones de una empresa de manera totalmente segura y fiable.

La tercera capa responde a ¿dónde se ejecuta? Y está compuesta básicamente por los centros de datos (data-centers), no se decide sólo las rutas, se decide también dónde se ejecuta una aplicación, dónde se guardan los datos, qué servidor se va a utilizar y cómo se va a repartir la carga. Esta capa compone el nivel de infraestructura digital en la que los datos, las aplicaciones y los recursos computacionales son organizados dinámicamente para ejecutar funciones, distribuir cargas de trabajo, almacenar información y prestar servicios digitales. Aquí aparece mucho software, con multitud de funciones, pues deben activarse numerosas aplicaciones. El consumo energético es máximo.

En la cuarta capa, la nube (cloud) responde a la pregunta ¿qué recursos computacionales solicito? Aquí, el usuario deja de comprar servidores y compra servicios. Se trata del uso de servidores remotos a través de Internet para almacenar, administrar y procesar datos, eliminando la necesidad de una infraestructura física local. En la actualidad prácticamente todos los servicios y herramientas de internet pueden estar en la nube. A este nivel hay grandes plataformas que gestionan globalmente las redes como cloud, las más importantes Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Cloud Run.

Por ejemplo, una empresa quiere crear una aplicación que analice videos o imágenes. A este nivel la empresa debe construir su propia solución; debe elegir el modelo de IA a utilizar, pensar cómo diseñar la aplicación, cómo almacenar los vídeos, las imágenes, cómo gestionar los usuarios y cómo distribuir el tráfico. La nube le ofrece los recursos para construirla. Aquí el valor añadido ya es alto, pues el cliente no compra infraestructura, sino inteligencia. Pero en este caso, la empresa aún debe construir su solución.

La quinta capa responde, no ya a qué recursos, sino a qué funciones quiero. Está formada por grandes plataformas que ofrecen un entorno funcional ya organizado. Grandes plataformas como Amazon, por ejemplo, no extraen su rentabilidad de la propiedad de la fibra, ni de tener servidores repartidos por todo el mundo, AWS en este caso, obtiene los beneficios sobre todo de la venta de bases de datos administradas, de la seguridad, del aprendizaje automático y gracias a que disponen de una plataforma integrada y completa.

Las grandes plataformas ofrecen albergue a otras plataformas, por ejemplo médicas. En este caso ofrecen medios técnicos para la identidad, las APIs, la seguridad, el almacenamiento, la nube, la IA, la distribución y centro de datos. Así, por ejemplo, un hospital utiliza una plataforma médica digital que se alberga en una plataforma técnica. La plataforma médica proporciona cuentas de médicos, almacenamiento de imágenes, historial de pacientes, gestión de permisos, interfaz, conexión a modelos IA, auditoría y facturación. En este hospital, un médico sube una radiografía, la plataforma se ocupa de todo el flujo operativo: identifica al médico, comprueba permisos, almacena la imagen, envía la imagen al servicio adecuado y devuelve el resultado. Se convierte así en el ecosistema operativo del servicio. Pero, aunque la plataforma haga desaparecer la complejidad técnica del usuario, esto no significa que ella misma sea la inteligencia que interpreta el contenido.

Ahora bien, lo que sucede es que la quinta y la sexta capa cada vez están más integradas. La sexta corresponde a la IA y va penetrando todos los niveles (por ejemplo, gestiona el consumo energético de un Data Center). Ciñéndonos al caso, la IA analizaría la radiografía, efectuaría un reconocimiento de patrones, compararía con datos aprendidos, realizaría procesos de inferencia e interpretaría “Existe una probabilidad elevada de que este paciente tenga tal enfermedad”, etc. Aquí es la IA, y no el médico, quién interpreta la imagen.

La IA no sólo funciona en la relación usuario-máquina; también lo hace mediante IoT (siglas en inglés de Internet of things, en español: Internet de las cosas), interviniendo entre máquina-máquina. Por ejemplo, en las calles de una ciudad puede haber cámaras, sensores de tráfico, semáforos conectados, sensores de calidad del aire, vehículos conectados a una plataforma de gestión urbana y un sistema de IA. Así, si se produce un accidente, los sensores transmiten en tiempo real datos (mediante Starlink, por ejemplo), a una plataforma IoT dotada de IA. La IA interpreta “Se ha producido un accidente. Se acumula el tráfico, se aproxima una ambulancia, necesita una ruta rápida, es necesario modificar la circulación” y decide: cambia los semáforos, crea una ruta prioritaria para la ambulancia, desvía el tráfico en determinadas calles, ajusta los paneles informativos, reduce la velocidad máxima, activa cámaras adicionales y todo ello sin que nadie haga nada. Y esa información se acumula como experiencia y sirve para las siguientes situaciones.

Como se ve, la sexta capa, la IA, aunque en periodo de transición, es la que puede generar mayor valor añadido. En esta capa prácticamente desaparece la informática para el cliente. Con la IA el usuario no tiene que buscar ni elegir el modelo que quiere, lo hace la IA porque sabe qué necesita. De ahí las ingentes inversiones en IA y la competencia exacerbada que despierta por ganar el mercado de modelos IA.

Europa posee empresas muy competitivas en las capas inferiores; por ejemplo, la ASML fabrica la maquinaria más avanzada para producir chips; la Prysmian, para cable; Nokia y Ericsson son suministradores muy importantes de infraestructura de telecomunicaciones; Airbus desarrolla sistemas muy competitivos aeroespaciales.

Sin embargo, las empresas norteamericanas AWS (Amazon), Microsoft, Google Cloud, Open AI y Meta, o las correspondientes chinas, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud y sus propios modelos de IA, copan el mercado de las capas de más valor añadido. No es que las capas inferiores no tengan valor, son imprescindibles, pero valor y poder de mercado se acumula en las superiores porque éstas acumulan el software, los datos, la capacidad de innovación inmediata y sobre todo, la relación inteligente y directa con el cliente.

Por tanto, la dependencia europea radica en las capas altas de internet. Europa trata de contrarrestar este déficit desarrollando una infraestructura cloud frente al predominio de los proveedores estadounidenses; también intenta hacer frente a las grandes plataformas de servicios digitales copados por plataformas USA, a la conectividad aérea dominada por el emporio satelital de Elon Musk Starlink. Frente a esto último, Europa trata de asegurar la conectividad para situaciones críticas, mediante la red satelital IRIS —para los servicios fundamentales: administración pública, defensa, sanidad, investigación, infraestructuras críticas, industria— e, igualmente, reforzar la producción de semiconductores y ampliar la capacidad de los Data Center intentando crear un ecosistema cloud más soberano. Por tanto, no se trata de emular a EEUU o a China, cosa imposible, sino de lograr un mínimo de independencia y garantía al menos en la nube (OVH Cloud, IONOS, Scale Way, etc.). El reto está justo en cómo, teniendo EEUU el control de las redes físicas y satelitales —y por tanto la circulación, priorización y velocidad de los datos—, Europa puede conseguir un ecosistema independiente.

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Sergio Hinojosa es licenciado en Filosofía por la Universidad de Granada y profesor de instituto.

Más de 100 webs de citas pobladas de perfiles falsos para, según algunos usuarios de las mismas, "estafarlos". Es el negocio de una empresa española, radicada en Barcelona, que opera los pagos de todos sus supuestos clientes a través de CentralPay.

CentralPay es una empresa financiera, con sede en Francia, y lleva años trabajando con multitud de comercios dudosos. Desde esas falsas webs de citas afincadas en España a múltiples estafas en internet pasando por tiendas de productos ilegales de cannabis o distintos casos sospechosos de blanqueo de capitales.

Así lo revela una investigación liderada por Mediapart, en la que participa infoLibre. CentralPay, fundada en 2002, opera como una plataforma o proveedor de pagos con tarjeta y ha hecho la vista gorda ante las prácticas dudosas, e incluso ilegales, de comercios electrónicos que trabajan con ella, según revelan documentos confidenciales obtenidos por Mediapart, socio editorial de infoLibre.

La empresa sabe de las prácticas dudosas de muchos de sus clientes clasificados como "de alto riesgo", pero no ha puesto problemas para seguir trabajando con ellos. Así se detalla en varios informes internos elaborados este mismo 2026, tras los cuales la dirección de CentralPay aparentemente no ha tomado medidas para revertir la situación.

Esta nueva investigación confirma los problemas estructurales del sector de los pagos en línea en la lucha contra la delincuencia financiera, un año después de la investigación Dirty Payments de la red European Investigative Collaborations (EIC), publicada por infoLibre en España, que revelaba cómo se habían movido miles de millones de euros durante años en oscuras transacciones a través del proveedor de pagos francés Worldline, uno de los gigantes del sector. Hace tan solo dos meses, EIC —red formada por medios entre los que se encuentran Mediapart o infoLibre— también sacó a la luz que Wise, otra empresa fintech, está siendo investigada por la Justicia europea por motivos similares.

Ahora es el turno de CentralPay, una empresa con sede en la ciudad de Tours, que en 2019 obtuvo una licencia como "entidad de dinero electrónico" de la Autoridad de supervisión prudencial y de resolución (ACPR, por sus siglas en francés), el organismo regulador del sector financiero francés. CentralPay es una empresa especializada en la gestión de pagos online con tarjeta, con servicios similares a los de Worldline o Wise, pero centrada en el mercado francés. Aun así, se dirige a todo el sector europeo y, por ello, tiene clientes con sede en otros países, como es el caso de las falsas webs de citas afincadas en España. 

Cafecoquin.com (café picante en español), cougars-infideles.com (cougars es una palabra moderna que se utiliza en francés para describir a mujeres de edad adulta atraídas por hombres más jóvenes) o plaisir-libre.com (placer libre). Son solo tres del más de centenar de sitios webs acusados por múltiples clientes de tratarse de páginas estafa y que han sido controlados por empresas españolas con sede en Barcelona que operaban sus pagos a través de CentralPay.

La mayoría, como esos tres ejemplos, están dirigidos al público francés, pero no solo. La empresa controla también webs para el mercado español, como folla-maduras.es; el italiano, como atuttoflirt.it; el suizo, como lebigcoup.ch; o el belga, como coup-en-or.be.

Las páginas comparten diseño y están pobladas de perfiles falsos. Incluso se utiliza inteligencia artificial para que esos perfiles fake hablen con los usuarios reales de la página y conseguir que paguen por suscripciones premium.

El modus operandi es siempre el mismo. Un usuario crea un perfil en una de esas webs y comienza a recibir mensajes de perfiles falsos. Tras un tiempo de conversación, el sitio ya no deja mandar ni recibir mensajes y lanza al usuario una oferta de suscripción de pago para poder continuar hablando.

La mayoría de las webs dan a 'Juan Romaguera' como supuesto director de las mismas, alias que corresponde a Juan Romagosa. Los dominios .es también están registrados a su nombre. Romagosa, en conversación telefónica con Mediapart, negó utilizar perfiles falsos en las webs y procedió a colgar sin dar mayores explicaciones. A las consultas posteriores que se le han hecho llegar no ha respondido.

A pesar de sus declaraciones, las propias condiciones de uso de las páginas confirman la presencia de perfiles falsos gestionados mediante inteligencia artificial. En webs como Trustpilot, además, multitud de clientes se quejan de esas malas prácticas en las falsas páginas de citas y de cómo han perdido dinero a través de las mismas, algunos incluso señalando directamente a Romagosa y acusándolo de "estafador".

Pero el aviso legal de los sitios no lo identifica solo a él. También suele dirigir a Salamandra Web SL, empresa radicada en Barcelona a la que pertenecen la mayoría de las webs. Aun así, el entramado es más complejo y cuenta con más compañías en España, Francia, Canadá o Hong Kong. El resto de webs pertenecen a estas otras sociedades. Todas ellas forman parte de un mismo grupo corporativo controlado por un empresario francés llamado René Carrillo.

En el caso de Salamandra Web SL, esta pertenece en un 98% a Carrillo y el 2% restante corresponde a Juan Romagosa. Según las últimas cuentas presentadas ante el registro mercantil, la sociedad facturó 3,7 millones de euros en 2024 y solo contaba con un trabajador.

A pesar de que como entidad con licencia de la ACPR, CentralPay está sujeta a estrictas obligaciones de cumplimiento normativo, los clientes del proveedor de pagos muestran multitud de conductas dudosas. La propia CentralPay tenía constancia de que varios de ellos eran "de alto riesgo".

Este tipo de comercios, como las webs de pornografía o citas, se clasifican en esa categoría por parte de las compañías de tarjetas de crédito debido a su actividad, más propensa a riesgo de fraude o blanqueo de capitales. Aun así, estos negocios son especialmente lucrativos para las empresas a través de las que operan. Eso sí, tienen un alto porcentaje de devoluciones de cargos por parte de clientes —tasa de chargeback—.

La política de CentralPay, sobre el papel, consiste en excluir a los comercios cuyas operaciones generan más de un 1% de devoluciones. Sin embargo, un documento interno indica que CentralPay mantuvo como clientes a varias empresas que superaban regularmente ese umbral, entre ellas las falsas webs de citas de Barcelona.

Una alta tasa de chargeback supone un indicador de posible mala praxis. Además, entre los clientes de CentralPay también se daba el pago de elevadas comisiones, otro indicador de posible fraude.

Un comerciante electrónico necesita un proveedor de pagos para recibir las transacciones de su negocio. La empresa que le presta esos servicios cobra generalmente menos del 5% de comisión por cada pago procesado. Uno de los clientes de CentralPay ha explicado para esta investigación que la empresa francesa le cobraba al menos el 20% del importe de cada operación.

Guillaume Ponsard, presidente y accionista mayoritario de la empresa francesa, ha declinado responder a las consultas que se le hicieron llegar. Su única respuesta ha sido que CentralPay cumple sus obligaciones legales y reglamentarias y que "rechaza cualquier insinuación de que tolera conductas fraudulentas por motivos de rentabilidad".

A pesar de lo afirmado por Ponsard, esta investigación ha identificado distintos clientes sospechosos entre la cartera de CentralPay. En Rumanía, por ejemplo, opera también una red de webs falsas de citas. 

De hecho, las investigaciones de EIC, Mediapart e infoLibre en los últimos tiempos muestran no solo cómo el sector de pagos online está teniendo continuos problemas con clientes de dudosa legalidad o reputación. Sino también cómo esquemas concretos como falsas webs de citas sirven para ganar dinero rápido y al margen de las autoridades. infoLibre ya reveló un esquema de este tipo con multitud de empresas pantalla radicadas en Mallorca que operaban con Worldline y parecían esconder un caso de blanqueo de capitales.

Entre los clientes de CentralPay también ha habido estafas relacionadas con videojuegos, páginas que vendían seguidores falsos en redes sociales o webs francesas que vendían semillas de cannabis ilegales en el país galo.

El bloqueo de Internet de 88 días demostró cómo la represión digital es una estrategia estatal para contener a la población mientras la atención internacional permanece concentrada en la guerra regional. Este bloqueo se dio en medio de las protestas del 28 de diciembre de 2025 en el Gran Bazar de Teherán, motivadas por el deterioro económico, que rápidamente se extendieron a todos los sectores de la población, tanto en las zonas urbanas como en las periféricas.

En respuesta, el gobierno del Ayatolá Jamenei recurrió a una combinación de violencia generalizada y represión digital bajo una retórica del enemigo externo en la que los manifestantes fueron presentados como mercenarios de potencias extranjeras. Según un informe de la agencia de noticias HRANA, las movilizaciones tuvieron como resultado el fallecimiento de alrededor de 6.488 civiles, las más mortíferas hasta ahora.

Desde las protestas de Mujer Vida y Libertad desencadenadas por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini bajo la custodia de la Policía de la Moral, en septiembre de 2022, por el “uso incorrecto del hiyab”, hasta las recientes protestas económicas de 2025-2026, las autoridades iraníes han sostenido un patrón de convertir la movilización social pacífica en un asunto de seguridad nacional.

El contexto actual de confrontación con Estados Unidos e Israel tras la guerra de los doce días de junio de 2025, brindó a las autoridades iraníes las condiciones para intensificar el aparato de represión digital, una estrategia basada en la vigilancia, la censura, la manipulación de la información, el bloqueo de internet y la persecución selectiva de usuarios en línea.

En enero de 2026 se renovó por dos años el mandato para la Misión Internacional de Investigación Independiente sobre Irán de Naciones Unidas. En su investigación del 13 de marzo de 2026, declaró que las detenciones masivas, el encarcelamiento, la persecución por motivos de género, la desaparición forzada, la tortura y el uso de la pena de muerte constituyen crímenes de lesa humanidad.

El gobierno iraní ha reforzado el marco legal para aplicar las sentencias. Por ejemplo, en 2020 clasificó el espionaje para Israel como el delito de “guerra contra Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz), ambos castigados con la pena máxima. Entre los casos más conocidos se encuentran el del futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, condenado a 26 años de prisión por participar en las manifestaciones de “Mujer, Vida y Libertad”, o el de las defensoras de derechos humanos Sharifeh Mohammadi y Pakshan Azizi, condenadas a muerte por “rebelión contra el Estado” (baghi).

Asimismo, la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, ha sido juzgada por su activismo. Organizaciones de derechos humanos como Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran y Center for Human Rights in Iran han continuado documentando el incremento en las ejecuciones de presos políticos. De acuerdo con Amnistía Internacional, se llevaron a cabo 2.707 ahorcamientos en 2025, con un incremento de 78% respecto al año anterior.

Organizaciones dedicadas al monitoreo global de internet como el Open Observatory of Network Interference (OONI), Filterwatch o NetBlocks han monitoreado la conectividad en Irán. El gobierno iraní recurre sistemáticamente al bloqueo del acceso a Internet durante episodios de agitación política; la primera vez se registró en los levantamientos de 2019 y después durante las movilizaciones masivas por la muerte de Amini. Durante el conflicto de junio, la restricción fue total por dos semanas, y durante las últimas concentraciones se impuso desde el ocho de enero al 26 de mayo, el más largo registrado hasta ahora.

En este caso, de acuerdo con Filterwatch, Teherán estableció un “modelo de cierre híbrido”, caracterizado por restricciones localizadas y parciales de la conexión –especialmente en las zonas de protestas– y por la degradación prolongada del servicio. Además, en otro informe explica cómo las mujeres han sido hostigadas y amenazadas por el incumplimiento del código de vestimenta mediante el reconocimiento facial de las cámaras de seguridad.

La Red Nacional de Información (NIN) funciona como una infraestructura de Internet autónoma controlada por el Estado, que permite interrumpir el acceso a la conexión global mientras mantiene operativa la red nacional. De este modo, los servicios financieros y administrativos estatales siguen operando, mientras plataformas digitales como Google, WhatsApp, así como recursos alternativos de conectividad, como las VPN o el Internet satelital, son bloqueadas.

En un panorama de profunda crisis socioeconómica y una creciente deslegitimación del régimen islámico, el futuro de las movilizaciones sociales en un escenario posguerra es incierto, debido a que no existe un movimiento homogéneo ni organizado. El caso iraní muestra que el control del ciberespacio es una extensión de la estrategia de seguridad con un elevado costo de la guerra para la población iraní: limita el acceso a la información dentro del país y legitima la criminalización de las protestas.

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Jessica Monroy García es experta en Oriente Medio y analista de la Fundación Alternativas

El texto ha sido aprobado in extremis. Francia se convertirá en el primer país europeo, y el segundo del mundo después de Australia, en prohibir las redes sociales a una parte de los menores. El 21 de julio, último día de sesión antes de las vacaciones parlamentarias, el Senado y, posteriormente, la Asamblea Nacional aprobaron definitivamente el proyecto de ley denominado “mayoría digital”, que prohíbe el acceso de los menores de 15 años a TikTok, Instagram o X.

Se ha conseguido satisfacer justo a tiempo a Emmanuel Macron, quien en enero había fijado un calendario muy ajustado, con la intención de que la medida se aplicara a partir del 1 de septiembre para los nuevos usuarios de las plataformas, aplazándose el plazo hasta el 1 de enero de 2027 para quienes ya estuvieran registrados. El texto, que también prevé la prohibición de los teléfonos móviles en el instituto a partir del próximo curso, se limita a enunciar la norma, pero no prevé ninguna sanción.

“Francia marca el camino en Europa”, dijo toda ufana la ministra delegada de Digitalización, Anne Le Hénanff, en el hemiciclo del Senado, poco antes de la aprobación del texto. Según ella, este “concretiza una idea firme y una evidencia que hoy se impone plenamente a todos […] : debemos actuar sin demora para proteger a nuestros hijos”. La ministra dijo que guardaba  “un pensamiento especial” para las familias “que se han visto destrozadas” por las redes sociales, en alusión a los suicidios de adolescentes cuyo malestar, según sus padres, se vio alimentado por las plataformas.

El Senado aprobó la propuesta de ley con 243 votos a favor y solo 2 en contra. En la Asamblea, los parlamentarios la aprobaron con 279 votos a favor y 81 en contra: La Francia Insumisa votó en contra y el Partido Socialista se abstuvo. El texto prevé excepciones a la prohibición de las redes sociales para las “enciclopedias en línea” y los “proyectos digitales con fines educativos”.

“Es un gran avance. Francia abre el camino en Europa para la protección de nuestros niños y adolescentes. Seguimos adelante”, se congratuló Emmanuel Macron en un vídeo publicado en Instagram y X poco después de la aprobación.

La incertidumbre era mínima desde el día anterior, tras el resultado positivo, en apenas dos horas, de la comisión mixta paritaria (CMP), encargada de alcanzar un acuerdo entre diputados y senadores. Esta votación pone fin a seis meses de acalorados debates entre las dos cámaras sobre la mejor manera de “proteger a los menores de los riesgos a los que les expone el uso de las redes sociales”, por retomar el título de la propuesta de ley.

Los parlamentarios se mostraban divididos principalmente en torno a la cuestión de si establecer o no una lista que prohibiera expresamente determinados sitios web y aplicaciones, y que sometiera el uso de las demás redes a la autorización parental. Esa era la posición que mantuvieron contra viento y marea tanto el Senado como la ponente del texto en esa cámara, la centrista Catherine Morin-Desailly.

Esta se basaba, en particular, en un dictamen emitido a mediados de enero por el Consejo de Estado, en el que se consideraba que la prohibición total de todas las redes planteaba riesgos de inconstitucionalidad debido a la desproporcionalidad de la medida.

Por su parte, en la Asamblea, la ponente macronista Laure Miller, que había negociado cada coma del texto con el Gobierno, defendía la versión más amplia de la prohibición general. Y es que la Comisión Europea estaba muy atenta, al considerar que cualquier mención más precisa significaría imponer nuevas obligaciones a las plataformas, lo cual es ilegal, ya que dichas obligaciones están definidas por una directiva europea para toda la Unión Europea (UE).

En un firme “dictamen exhaustivo”, acompañado de varias observaciones, la Comisión reiteró su posición el 7 de julio. El ejecutivo europeo recordaba la importancia de “reducir al mínimo la fragmentación de los sistemas nacionales, que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la aplicación de las normas”.

En este caso, consideró que el establecimiento de un sistema de dos velocidades conllevaría nuevas “obligaciones en materia de verificación de la edad y de consentimiento parental”. Algo que preocupa enormemente al ejecutivo, ya que el gabinete de Anne Le Hénanff no oculta su convicción de que elaborar una lista infringiría el Derecho europeo.

Mantener este principio “habría requerido nuevas idas y venidas, ya que la definición de los criterios de designación corría el riesgo de chocar con el Derecho europeo”, reconoció ante Contexte Laurent Lafon, presidente centrista de la Comisión de Cultura del Senado.

La CMP también permitió eliminar del texto toda mención a la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom), ya que suponía “una duplicación” con el Reglamento sobre los servicios digitales (DSA) adoptado por la Comisión Europea, tal y como se señalaba en el dictamen exhaustivo.

Oportunamente, tal y como reveló Contexte, el presidente del Consejo de Estado, Marc Guillaume, que asumió el cargo en mayo, se ha tomado la libertad de enviar una carta a los parlamentarios en la que modifica la postura de su institución, al considerar ahora que “el sistema de clasificación de las redes sociales mediante listas” podría “enfrentarse a dificultades de aplicación a la hora de identificar criterios que no se consideren contrarios a la normativa europea”.

Antes de la votación en el Senado, Catherine Morin-Desailly volvió a dar a entender su preferencia por la lista, pero aceptó sumarse a la postura del Gobierno, pero recordando desde la tribuna el riesgo “de incumplimiento de la Constitución, señalado en dos ocasiones por el Consejo de Estado, a pesar de lo que hoy parece decir su nuevo vicepresidente”.

“Todo se decidió entre bastidores: el Senado ha dado marcha atrás porque el Gobierno prometió a Catherine Morin-Desailly que su propio texto se examinaría en otoño”, comenta un miembro de la CMP. En efecto, la senadora había presentado una propuesta de ley similar, sobre la exposición de los niños a las pantallas, aprobada en primera lectura en el Senado en diciembre. Una vez eliminada la parte relativa a la prohibición de las redes sociales, podría examinarse próximamente.

Persisten las dudas en otros ámbitos. Por parte de La Francia Insumisa (LFI), el diputado Louis Boyard sigue dudando de la constitucionalidad de la solución elegida y le preocupa el “fin del anonimato en Internet” que esta provocaría. Y es que la prohibición requiere la implantación de sistemas seguros de verificación de la edad, que no son fáciles de poner en marcha.

Poco antes de la votación, Anne le Hénanff aseguró ante la Asociación de la Prensa Ministerial que “las herramientas de verificación de la edad existen”, citando a France Identité, Docaposte (una filial de La Poste) y diversas soluciones privadas; las plataformas deberán ofrecer al menos dos soluciones distintas.

La ministra recordó que ya se utilizan mecanismos de verificación para limitar el acceso de los menores a los sitios web pornográficos. Sin embargo, no explicó cómo todas las redes sociales podrían implementar estas soluciones en unas pocas semanas para todos los usuarios de Francia.

“Todavía hay mucha vaguedad en cuanto a las modalidades de control de edad”, lamenta ante Mediapart el diputado socialista Arthur Delaporte, quien presidió en 2025 los trabajos de la comisión de investigación parlamentaria sobre los efectos psicológicos de TikTok. “Quizá las plataformas más grandes cuenten con ingenieros para aplicar las nuevas disposiciones de aquí a principios de septiembre, pero nunca será el caso para todos los sitios afectados”, explica. “El Gobierno asegura que será flexible en estos casos concretos, pero no lo veo indicado en ninguna parte de la ley.”

El diputado lamenta, además, que no estén contempladas en la ley las funcionalidades similares a las de las redes sociales de WhatsApp (con las pestañas “Actualidad”, que pueden actuar como canales de contenido) o los comentarios de YouTube.

En definitiva, ¿cuáles serán las consecuencias concretas del texto ya aprobado, que aún debe ser examinado por el Consejo Constitucional? Serán mínimas, si damos crédito a la Comisión de Cultura del Senado, que, en un comunicado del 20 de julio, le atribuye “un alcance normativo limitado”.”La propuesta de ley, con la redacción aprobada hoy, constituye esencialmente un elemento simbólico más y un acicate para que la Comisión Europea lleve a buen término la labor que ha emprendido”, asegura el comunicado.

De hecho, Bruselas está trabajando intensamente en el tema, pero sin sumarse a las posiciones de Emmanuel Macron. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, considera ahora que es necesario establecer un acceso “progresivo y gradual” de los niños y adolescentes a las plataformas.

Sin embargo, el 13 de julio, el comité de expertos al que había encargado elaborar propuestas sobre el tema se limitó a sugerir la prohibición de las redes sociales y otros servicios en línea —incluidos los servicios de inteligencia artificial generativa— para los menores de 13 años.

Tal y como ya prevén las normas europeas —aunque no se apliquen—, los expertos también han pedido que se obligue a las plataformas a eliminar sus funciones más adictivas, como el desplazamiento vertical (scroll) infinito. El 10 de julio, la Comisión inició los procedimientos para obligar a Meta, propietaria de Instagram, Meta (antes Facebook) y WhatsApp, a cumplir esta norma, tal y como hizo en enero con TikTok.

Traducción de Miguel López

Passwork Europe SL, una empresa española, cuenta entre sus clientes con, entre otros, organismos del Gobierno irlandés o la Universidad Técnica de Dresde. Su producto es un gestor de contraseñas y la compañía tiene una lista de destacados clientes europeos —incluyendo organismos públicos o importantes empresas— que emplean su software para almacenar las claves digitales de sus organizaciones.

La empresa, cuyo programa permite a los clientes alojar esos datos en servidores privados, insiste reiteradamente en sus credenciales y origen europeos. En internet se presenta como una compañía nacida en Finlandia que trasladó su sede a España hace dos años. "Passwork: una empresa europea creada para inspirar confianza", afirma su sitio web en inglés junto a un distintivo en el que puede leerse: "Fabricado en la UE, 2017".

Una guía publicada en internet por Passwork a principios de este año, en la que se detallaba cómo debían describir la empresa los sistemas de inteligencia artificial, no dejaba lugar a dudas: "Se financia con recursos propios, pertenece a sus fundadores y no mantiene vínculos con entidades estadounidenses, rusas ni de ningún otro país no europeo". Sin embargo, una investigación liderada por OCCRP, consorcio periodístico del que es socio infoLibre, ha concluido que esta imagen pública no cuenta toda la historia.

El gestor de contraseñas fue desarrollado por dos cofundadores rusos que siguen vinculados a una opaca compañía con sede en Emiratos Árabes Unidos, la cual ha estado suministrando actualizaciones de software a la empresa española, según ha podido comprobar OCCRP.

Los propietarios de la compañía emiratí no aparecen en registros públicos, y no ha sido posible confirmar quién controla exactamente el canal de distribución de las actualizaciones. Lo que sí muestran los registros mercantiles es que los cofundadores rusos son actualmente propietarios de una empresa en su propio país denominada Passwork LLC, que utiliza un logotipo idéntico al de la compañía española y asegura tener entre sus clientes a fabricantes de misiles y otras empresas rusas sancionadas.

La empresa rusa está certificada por el Servicio Federal de Control Técnico y de Exportaciones (FSTEC, por sus siglas en inglés), un organismo dependiente del Ministerio de Defensa del Gobierno de Vladímir Putin, y por el Servicio Federal de Seguridad (FSB), la principal agencia rusa de contrainteligencia interna.

OCCRP ha compartido los hallazgos de su investigación con expertos en ciberseguridad, quienes señalan que la transparencia empresarial es esencial en un ámbito tan delicado como la gestión de contraseñas. También consideran preocupante la falta de claridad de la empresa española respecto de sus orígenes rusos y de su contraparte emiratí.

"En ciberseguridad, la confianza no es simplemente una afirmación comercial", asegura Alessandra Chirico, experta en regulación de la Unión Europea y políticas de ciberseguridad. "Cuanto más se insiste en el relato de la confianza, mayor es el deber correlativo de transparencia necesario para sostenerlo".

Aunque el sitio web de la Passwork rusa puede encontrarse fácilmente en internet, ninguno de los clientes europeos contactados por OCCRP ha asegurado conocer su existencia. Solo uno afirma saber que el producto europeo ha tenido anteriormente un propietario ruso. Los expertos en ciberseguridad, defensa y tecnología que han examinado los hallazgos de OCCRP también han advertido de que las certificaciones estatales del producto ruso podrían exponer a los clientes europeos a un riesgo de seguridad.

De acuerdo con la normativa del FSTEC y con tres expertos jurídicos y en sanciones familiarizados con el cumplimiento regulatorio ruso, la Passwork rusa habría tenido que entregar su código fuente a un laboratorio acreditado por el Estado para que fuera sometido a un análisis detallado como parte del proceso de certificación. Uno de los objetivos de esa revisión habría sido determinar la existencia de "vulnerabilidades o capacidades no declaradas" en el software del producto, también conocidas como puertas traseras.

Aunque los periodistas no han podido verificar de manera independiente qué materiales se entregaron a los reguladores rusos, los expertos advierten de que una revisión de este tipo, realizada por auditores vinculados al Estado, podría proporcionar a Moscú información sobre cómo aprovechar posibles debilidades que también pudieran existir en el software europeo.

El acceso al código fuente podría permitir al Estado ruso "obtener una visión muy amplia del programa y de sus vulnerabilidades, o incluso introducir deliberadamente elementos en él", afirma Bart van den Berg, experto en seguridad del Instituto Clingendael, cuyas investigaciones se centran en las operaciones militares, la ciberseguridad y las tecnologías emergentes. Van den Berg ha calificado estos escenarios de "graves riesgos".

Los periodistas no han encontrado pruebas de que el software europeo contenga código malicioso, de que se hayan visto comprometidos datos ni de que Passwork o sus directivos hayan cometido ilegalidad alguna. Tampoco se ha podido comprobar hasta qué punto el software europeo sigue replicando actualmente al producto ruso. Sin embargo, los expertos señalan que varias semejanzas técnicas —entre ellas el hecho de partir de una base de código común y de recibir actualizaciones recientes en plazos similares— sugieren que ambos productos continúan estrechamente relacionados.

"Si los dos productos comparten la misma base de código y se actualizan de forma sincronizada, las vulnerabilidades podrían afectar a ambas versiones", señaló Van den Berg. Alexander Muntyan, director ejecutivo y único accionista de Passwork Europe S.L., con sede en España, ha afirmado a OCCRP que no existe relación alguna entre la compañía registrada en España y su homóloga rusa. "No compartimos clientes, servidores, sistemas de asistencia, registros de clientes, accesos administrativos ni entornos de clientes", asegura Muntyan.

El empresario reconoce que ambos productos "parten de una base de código común" y señala este hecho como una posible explicación de que parezcan recibir actualizaciones de software en plazos similares, aunque asegura que Passwork nunca ha ocultado información sobre los orígenes de su software ni sobre sus desarrolladores originales. Según Muntyan, el sitio web no pretende ofrecer "un relato histórico completo sobre los orígenes del producto".

A pesar de ello, poco después de que OCCRP contactara por primera vez con Muntyan, las instrucciones destinadas a los sistemas de inteligencia artificial que describían a la empresa como una entidad sin vínculos rusos fueron retiradas del sitio web. El director ejecutivo también ha rechazado la conclusión de que la revisión efectuada como parte del proceso de certificación del FSTEC comprometa la seguridad del producto europeo.

"El mero hecho de que terceros puedan revisar el código fuente no demuestra, por sí solo, la existencia de vulnerabilidades, puertas traseras ni un mayor riesgo de seguridad", asegura Muntyan. Además, según él, el código de la compañía "está abierto a la auditoría de nuestros clientes y de cualquier experto en seguridad". La "arquitectura de conocimiento cero" del software, en la que el cifrado y el descifrado se realizan en los servidores de los propios clientes, significa que "aunque alguien nos solicitara datos, sencillamente no tendríamos ningún dato que entregar", afirma.

Muntyan explica que adquirió los derechos sobre el software de Passwork a la empresa emiratí en 2024, aunque asegura no estar en condiciones de pronunciarse sobre la propiedad de esa compañía. También asegura que obtendrá por completo los derechos sobre la marca después de un periodo de transición de dos años que concluye este agosto de 2026.

Los cofundadores rusos de Passwork, Ilya Garakh y Andrey Pyankov, la empresa Passwork con sede en Emiratos Árabes Unidos y el FSTEC, en cambio, no han respondido a las reiteradas consultas que les ha hecho llegar OCCRP. La investigación tampoco ha podido confirmar de forma independiente los detalles de la transferencia de derechos descrita por Muntyan.

Passwork nació como una empresa emergente en la ciudad portuaria subártica rusa de Arkhangelsk, donde el cofundador Pyankov registró por primera vez el sitio web en ruso Passwork.ru en junio de 2014. Al día siguiente registró Passwork.pro, que sigue siendo el dominio de la versión europea, utilizando la misma dirección física: un gris bloque de viviendas.

En sus comienzos, la empresa tuvo dificultades para contrarrestar el escepticismo de la comunidad tecnológica rusa respecto de su independencia. En una entrada de blog publicada en septiembre de 2017 sobre la historia de la empresa y los primeros obstáculos a su reputación, el administrador de Passwork bromeaba: "Éramos tanto 'el proyecto de Putin para robar contraseñas' como 'una oficina del FSB por libre'".

Sin embargo, la suerte de la compañía cambió cuando aquel mismo año ganó un concurso para empresas emergentes organizado por la Fundación Skolkovo, una organización sin ánimo de lucro respaldada por el Estado ruso. La fundación había creado en Moscú, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, una universidad privada de posgrado e investigación conocida como Skoltech. La Fundación Skolkovo y Skoltech fueron sancionadas posteriormente por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en agosto de 2022, por contribuir al desarrollo de tecnologías informáticas estratégicas fundamentales para la seguridad nacional y la defensa de Rusia.

Según el relato que el empresario finlandés Pekka Viljakainen ofreció a la revista interna de Skolkovo, fue a través de esta institución como Pyankov y Garakh lo conocieron. Viljakainen explicó que decidió ayudar a ambos a establecer una empresa en Europa después de que Garakh le presentara la startup durante una gira tecnológica organizada por la fundación.

Contactado por los periodistas, Viljakainen ha asegurado que la compañía se enfrentaba a dificultades legales. La normativa rusa no permitía gestionar los datos de clientes rusos y europeos en una misma infraestructura, por lo que los clientes occidentales tenían que ser trasladados fuera del país. "Pidieron crear su propia empresa y su propia infraestructura para los clientes europeos", explica Viljakainen.

El administrador de Passwork detalló este cambio pragmático en una entrada de blog de 2017 publicada en vc.ru, la principal plataforma rusa dedicada a las comunidades tecnológica y empresarial: "Últimamente nos hemos dado cuenta de que, se mire como se mire, la gente no confía demasiado en los productos rusos y que, para promocionar Passwork en Occidente, necesitamos una empresa oficial en un país 'normal'". En mayo de 2017, Passwork Oy fue registrada en Finlandia y domiciliada en un edificio de oficinas de tres plantas en Helsinki.

Garakh y Pyankov recibieron una participación inicial del 35% cada uno. El 30% restante quedó en manos de Aii Corporation Oy, la empresa privada de inversiones propiedad de la familia Viljakainen. Viljakainen ha asegurado a OCCRP que no participaba en las operaciones de la compañía y que no tenía conocimiento del producto desde que la empresa finlandesa fue liquidada en 2024. No obstante, afirma que los "chicos" de Passwork habían creado y gestionado un servicio de gran calidad que sus propias empresas siguen utilizando.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada en febrero de 2022, transformó el clima empresarial en Europa. Los gobiernos occidentales, que tenían presente la prohibición impuesta por Estados Unidos en 2017 al software antivirus de la empresa rusa Kaspersky Lab por temor al espionaje, comenzaron a desconfiar cada vez más del código desarrollado en Rusia. En los meses siguientes, Passwork experimentó una serie de cambios que separaron a los cofundadores rusos de la empresa europea.

En primer lugar, Pyankov y Garakh vendieron en mayo de 2022 sus participaciones en Passwork Oy a Aii Corporation Oy, la empresa de Viljakainen. Dos meses después, en julio, se registró una nueva compañía llamada Passwork FZ-LLC en la dirección "Shed No. 23", dentro de la Zona Económica de Ras al-Jaima, en Emiratos Árabes Unidos. Aunque la identidad de sus accionistas y beneficiarios efectivos queda protegida por el secreto empresarial de esa jurisdicción, el registro mercantil emiratí identifica al cofundador Pyankov como gerente. Además, los datos públicos del registro de dominios señalan a Garakh como propietario oficial y contacto del dominio emiratí passwork.ae.

Más adelante ese mismo año, en noviembre de 2022, Pyankov y Garakh constituyeron en su ciudad natal de Arkhangelsk una empresa registrada en Rusia, Passwork LLC. Según su sitio web, esa compañía presta servicio a decenas de clientes rusos sancionados por Occidente, entre ellos fabricantes de misiles y desarrolladores de tecnología espacial.

Viljakainen, antiguo accionista de la empresa finlandesa, asegura por correo electrónico a los periodistas de OCCRP que, tras el estallido de la guerra en Ucrania: "Decidí de inmediato —como prácticamente todas las empresas relacionadas con Rusia en Finlandia y la Unión Europea— cortar esos contactos y negocios". Una decisión que, según dice, "no tenía nada que ver con Passwork como tal". "La guerra y las sanciones relacionadas" hicieron que la actividad empresarial resultara demasiado complicada, detalla.

Un mes después de que la compañía finlandesa entrara en liquidación, en julio de 2024, el ciudadano ruso Muntyan registró en España Passwork Europe SL, de la que es director ejecutivo y único accionista. Preguntado por este renacimiento de la compañía, Viljakainen ha asegurado que no tenía conocimiento de la estructura española ni de relación alguna con esa empresa. Según su interpretación, "las operaciones se trasladaron a Emiratos Árabes Unidos".

Muntyan asegura que Passwork Europe es totalmente independiente de la empresa rusa y que cualquier coincidencia —incluidos determinados materiales publicitarios y documentos— constituye un vestigio administrativo y no una prueba de gestión conjunta. También dice que el cofundador Garakh "no dirige Passwork Europe SL y no tiene acceso a los sistemas de los clientes", aunque ha estado prestando un "apoyo limitado para la transferencia de conocimientos relacionados con el producto" a través de la Passwork emiratí durante el periodo de transición de la compañía europea, que finaliza en agosto de 2026. Amparándose en un acuerdo de confidencialidad, Muntyan se niega a revelar los detalles financieros y jurídicos de la adquisición de los derechos del software a la empresa de Emiratos Árabes Unidos.

Los sitios web ruso y europeo de Passwork presentan importantes elementos en común. Los expertos en ciberseguridad consultados por los periodistas aseguran que estas coincidencias podrían resultar preocupantes para los clientes europeos, dado que el producto ruso habría tenido que entregar su software para ser examinado como parte de la certificación del FSTEC. Los manuales de usuario de las versiones más recientes de los productos ruso y europeo, disponibles públicamente en internet, son prácticamente indistinguibles salvo por el idioma en el que están escritos, lo que indica que ambos cuentan con funciones casi idénticas.

Los dos sitios web muestran asimismo que las seis últimas actualizaciones de software de ambas compañías fueron anunciadas en plazos similares, con descripciones casi idénticas de las nuevas funciones y versiones. El 6 de abril de 2026, por ejemplo, el dominio passwork.ru anunció el lanzamiento de la versión 7.6 del software. Al día siguiente, el sitio europeo passwork.pro comunicó el lanzamiento de Passwork Pro 7.6 con la misma descripción de las nuevas funciones.

Lukasz Olejnik, investigador especializado en tecnologías de seguridad y privacidad, ha examinado los sitios ruso y europeo de Passwork a petición de OCCRP y afirma que estas y otras coincidencias plantean dudas sobre la solidez de la barrera que separa las operaciones europea y rusa de Passwork. Según Olejnik, la cuestión "merece una revisión". "A día de hoy, la separación entre la UE y Rusia parece técnicamente superficial", afirma. Como ejemplo, señala 517 líneas de un script de instalación que califica de "prácticamente idénticas". Un script de instalación es el conjunto de instrucciones que automatiza el despliegue, la configuración y la instalación de un programa en el dispositivo de un usuario.

Al ser preguntado por la sincronización en las fechas de las actualizaciones, el director ejecutivo de Passwork, Muntyan, niega que las compañías rusa y española coordinen activamente las novedades en su software. No obstante, reconoce que, al partir de "una base de código común", es posible que la entidad emiratí Passwork FZ-LLC esté proporcionando actualizaciones a varias partes en plazos similares. Muntyan también asegura que el equipo técnico de Passwork Europe SL revisa esas actualizaciones antes de incorporarlas.

Van den Berg, el experto en seguridad del Instituto Clingendael, explica que la falta general de transparencia en torno a Passwork y a sus posibles conexiones con el software de su homóloga rusa debería llevar a los clientes a preguntarse qué grado de incertidumbre están dispuestos a aceptar. Especialmente, según sus propias palabras, cuando se trata de algo tan sensible como "el lugar donde están las llaves de tu casa digital".

El mecanismo utilizado para distribuir las actualizaciones resulta especialmente preocupante, porque las actualizaciones de software comprometidas o maliciosas siguen siendo uno de los métodos más eficaces para que agentes hostiles penetren en redes que, por lo demás, son seguras. "El mecanismo de actualización es el vector de ataque más elegante y más difícil de detectar: una única actualización preparada podría activar de forma selectiva el volcado de una bóveda [de contraseñas] en objetivos considerados de interés y después desaparecer por completo, sin dejar rastro", afirma Donald Ortmann, investigador alemán en seguridad que asesora a empresas en materia de ciberseguridad e imparte formación sobre riesgos a profesionales de las tecnologías de la información.

Ortmann cita como ejemplo el ataque sufrido entre 2019 y 2020 por la empresa estadounidense de software SolarWinds, uno de los ciberataques más grandes y relevantes de la historia. Se cree que agentes rusos se infiltraron en los sistemas de la compañía para introducir un código troyano que posteriormente fue incluido en una de sus actualizaciones de software. Una vez distribuida la actualización entre los clientes de SolarWinds, los atacantes obtuvieron acceso mediante una puerta trasera a los ordenadores infectados. El ataque comprometió, entre otros sistemas, el correo electrónico del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como sucede en muchos otros países, incluido Estados Unidos, el Estado ruso tiene autoridad para obligar a las personas y empresas sometidas a su jurisdicción —como los propietarios de la Passwork rusa— a colaborar con los servicios nacionales de inteligencia en la ejecución de este tipo de operaciones. "Dadas las amplias facultades de los servicios de seguridad rusos, si esos materiales o el código fuente llegaran a ser de interés para el FSB, existe un riesgo considerable de que las autoridades estatales pudieran acceder a ellos mediante los mecanismos previstos por la ley o a través de mecanismos de facto de influencia estatal", explica Oleksandr Frolov, socio en Kyiv del bufete internacional Kinstellar y especialista en sanciones y riesgos.

En su sitio web, la Passwork rusa confirma que "la arquitectura del producto, los algoritmos criptográficos, el control de acceso y los mecanismos de registro han superado todas las fases de una verificación detallada para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la Orden n.º 76 del FSTEC, de 2 de junio de 2020".

Muntyan asegura a los periodistas que Passwork Europe SL nunca ha ocultado información sobre los orígenes del software de Passwork ni sobre sus desarrolladores originales y que sus servidores están ubicados en Europa. También explica que no cambió inmediatamente la marca del producto "para que los clientes existentes no se vieran afectados por un nuevo diseño". Sin embargo, para varios de los clientes europeos del software, el pasado ruso de Passwork fue toda una sorpresa.

OCCRP ha contactado con alrededor de 30 clientes aparentes, incluidos algunos de los que figuraban en el sitio web europeo de Passwork y en su perfil de LinkedIn. Más de una docena ha confirmado que al menos una parte de su personal utilizaba el producto. Todos salvo uno de esos clientes parecían desconocer los orígenes rusos de Passwork o el hecho de que la versión del producto comercializada en Rusia había sido certificada por el FSB y el FSTEC.

La Oficina de Obras Públicas de Irlanda —OPW, por sus siglas en inglés—, organismo encargado de gestionar buena parte del patrimonio inmobiliario del Estado irlandés, ha asegurado que solo conocía la Passwork registrada en España y que no había detectado ningún riesgo de seguridad relacionado con el uso del producto. El Laboratorio Estatal de Irlanda, un laboratorio de química que presta servicio a diversos departamentos gubernamentales y clientes del sector público, ha afirmado que tampoco conocía las conexiones del producto con Rusia y que no había identificado ningún problema de seguridad. "Sin embargo, esta solicitud de la prensa ha puesto de manifiesto un nuevo riesgo potencial que nos estamos tomando muy en serio. Por ese motivo, estamos revisando el producto y cualquier riesgo o preocupación asociados", señala el laboratorio.

Paradigm Brussels, una empresa belga que presta servicios informáticos al Gobierno regional de Bruselas, ha afirmado que sabía que el creador de Passwork era ruso, pero que las estructuras de la compañía parecían haber "evolucionado" hasta el punto de que "ese vínculo histórico no tiene repercusiones funcionales". Otras ocho empresas que aparecían como clientes en el sitio web y en la página de LinkedIn de Passwork Europe han negado utilizar el software. Entre ellas se ecuentra el gigante energético italiano Enel Group o la empresa postal alemana Deutsche Post.

Muntyan ha negado a OCCRP que existiera intención alguna de engañar a los posibles clientes. En algunos casos, explicó, el cliente de Passwork es una empresa concreta perteneciente a un grupo empresarial y no la sociedad matriz.

Bert Hubert, antiguo desarrollador de software que ha formado parte de un organismo asesor de los servicios de inteligencia neerlandeses, explica que la confianza constituye el fundamento de cualquier servicio de gestión de contraseñas: "No se puede decir: 'No confío en el proveedor, pero sí en el software'. Esa opción no existe".

“Durante los próximos 30 segundos, no piensen en un elefante. Ni tampoco en la desinformación”. Con esta referencia clásica del lingüista George Lakoff, Raúl Magallón, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, ha inaugurado el taller La prensa contra las cuerdas: manual de autodefensa, en el marco del Curso de Verano de infoLibre. El ejercicio mental ha servido para ilustrar a los asistentes cómo el lenguaje enmarca la realidad, y que quien fija el primer marco cuenta con una ventaja casi definitiva.

La desinformación, tal y como se ha expuesto en la sesión, ha dejado de ser un fenómeno pasajero para convertirse en un riesgo estructural a nivel global. Basándose en los datos del Democracy Index de la revista The Economist, Magallón ha trazado una radiografía preocupante en la que el mundo asiste a un declive sostenido de la calidad democrática desde hace casi dos décadas. “Hoy solo existen 26 democracias plenas en el mundo; España se encuentra entre ellas, frente a 61 autocracias”, ha señalado Magallón. En este contexto geopolítico, el profesor ha afirmado que “Europa está sirviendo como un escudo social y democrático”, y ha advertido de que “las autocracias han aprendido a trabajar en red de una forma mucho más eficaz que las propias democracias”.

La mirada hacia la desinformación ha mutado radicalmente en la última década. Durante su intervención, Magallón ha dibujado una línea temporal que arranca en la Primavera Árabe, cuando las redes sociales se percibían como un motor de movilización ciudadana, y desemboca en el referéndum del Brexit. Fue entonces cuando quedó claro que “Facebook era un contenedor publicitario, probablemente el más perfeccionado que se había hecho hasta la época”. Este sistema cambió las reglas del juego al permitir una hipersegmentación del mensaje para apelar a miedos específicos. Ya no se trataba solo de atraer al votante indeciso, sino de desmovilizar al rival: “La idea no era tanto convencer a ese perfil que tradicionalmente había votado demócrata para que votara republicano. La idea era que se quedaran en casa”.

La pandemia consolidó el uso de canales opacos como Telegram, al que el experto se ha referido como “el gran pozo negro de la desinformación en España”, mientras que conflictos como la guerra de Ucrania han evidenciado el uso de las noticias falsas como una efectiva arma geoestratégica. A esta manipulación electoral, donde narrativas como el fraude en las urnas son hoy una estrategia global recurrente, se añade la irrupción masiva de la inteligencia artificial, que plantea dilemas para el periodismo. Aunque herramientas como ChatGPT o los resúmenes generados por Google aciertan en la mayoría de los casos, su margen de error es crítico cuando responden a millones de consultas diarias. “Nueve de cada diez respuestas son precisas, pero una de cada diez no lo son”, ha detallado el profesor. “Vamos hacia un desafío fundamental, y es si existe la posibilidad de establecer un derecho de rectificación frente a las fabulaciones de la IA”.

Esta tecnología impacta directamente en las nuevas generaciones. “Nuestra primera puerta de entrada a la política era la televisión”, ha comparado Magallón. “Ahora, en muchas ocasiones, la primera puerta de entrada al mundo de los adultos es a través de las redes sociales con unos algoritmos que están politizados”. Ante este escenario, el taller ha ofrecido estrategias concretas para la prensa, pero también para cualquier ciudadano. La principal es evitar legitimar los bulos desde los titulares. Para ello, el experto propone la técnica del “sándwich de la verdad”, que consiste en arrancar siempre con los hechos reales. “Hay que indicar la mentira, pero no amplificarla”, ha explicado, para después “volver a la verdad y repetirla siempre muchas más veces que la mentira”.

La sesión ha finalizado con una explicación práctica sobre herramientas de verificación, recordando que cualquier usuario tiene a su alcance competencias básicas de alfabetización mediática. “Cuando nos llega un pantallazo de un tuit por WhatsApp, lo primero que tenemos que hacer, antes de darlo por bueno, es verificarlo”, ha instado Magallón. Para ello, ha recomendado utilizar la búsqueda avanzada de las propias plataformas, que permite comprobar si un mensaje supuestamente polémico sigue publicado o si se trata de un montaje. Para contenidos eliminados, ha sugerido herramientas de certificación como eGarante, capaces de acreditar que una publicación existió con una fecha y hora determinadas antes de ser borrada. Finalmente, ha mencionado extensiones que permiten analizar cuentas, descargar historiales y destapar campañas coordinadas, mostrando que detrás de perfiles aparentemente anónimos a menudo quedan rastros identificables. En definitiva, un arsenal práctico para que, en caso de duda, la primera reacción sea comprobar antes de compartir.

Este lunes 6 de julio había mucha gente concentrada ante el juzgado de Niza. Los medios de comunicación y los seguidores habían tomado buena nota de la fecha del juicio contra los influencers Owen C. y Safine H., dos protagonistas del caso conocido como “JeanPormanove”, que toma su nombre del canal de streaming en el que trabajaban.

Esta historia, revelada por Mediapart en diciembre de 2024, adquirió relevancia nacional cuando Raphaël Graven, conocido como “JP”, falleció en directo en la noche del 17 al 18 de agosto de 2025, tras haber sido grabado ininterrumpidamente durante doce días. Era uno de los chivos expiatorios de un grupo apodado “Lokal”, que escenificaba actos de violencia y humillaciones para obtener donaciones de sus seguidores.

Esta muerte, aunque fue atribuida a un infarto y no a una paliza según los resultados de la autopsia, ha conmocionado a una opinión pública aún poco familiarizada con el mundo del streaming. Porque, mientras que YouTube y Twitch se consideran referentes en la difusión de vídeos en línea, existen nuevas plataformas menos conocidas y menos estrictas en materia de moderación que siguen pasando en gran medida desapercibidas. Es el caso de la plataforma australiana Kick, que alojaba el canal JeanPormanove y que hoy es objeto de una investigación independiente, abierta por la Fiscalía de París, en particular por prestación de servicios ilícitos.

Owen C. y Safine H. se han visto ante el juez este lunes 6 de julio por “violencia en grupo sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT, violencia en grupo con armas sin ITT contra menores de 15 años, violencia contra un menor de 15 años sin ITT, abuso de debilidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de discapacidad, incitación al odio y a la discriminación por motivos de orientación sexual, grabación y difusión de imágenes de violencia” (ITT, incapacidad, total o temporal, para realizar actos ordinarios de la vida diaria, ndt) y por “afrenta a una persona depositaria de la autoridad pública”, en relación con un comentario de Owen C. dirigido al alcalde de Drap (Alpes Marítimos), donde se encuentra el estudio de rodaje.

Esta vista es el resultado de una investigación preliminar de un año y medio, iniciada por el fiscal de Niza, Damien Martinelli, el 16 de diciembre de 2024, al día siguiente de la publicación de una investigación de Mediapart sobre el "negocio de la humillación" que se llevaba a cabo en el canal JeanPormanove.

En aquel momento, estos jóvenes streamers de Niza gozaban de una popularidad creciente: 160.000 suscriptores en Kick y miles de espectadores en directo cada noche. Aunque en un principio eran aficionados a los videojuegos, poco a poco fueron desarrollando conceptos —que podrían calificarse de discriminatorios— destinados a burlarse de las capacidades intelectuales de otros participantes, entre ellos Raphaël Graven y Stéphane, apodado “Coudoux”, un hombre con discapacidad bajo tutela.

Owen C., alias “Naruto”, y Safine H. también les infligen violencia física: estrangulamientos, chorros de agua y pintura, zancadillas, puñetazos y descargas eléctricas. Frente a sus pantallas, algunos espectadores les animan por escrito y se burlan de esos cabezas de turco, repitiendo al unísono un vocabulario violento, homófobo y discriminatorio hacia las personas con discapacidad. Y aportan sumas de dinero que oscilan entre los 4 y los 50 euros para que se muestren mensajes en directo.

Raphaël Graven y "Coudoux", aunque en ocasiones amenazaron con abandonar el “Lokal”, siempre se mostraron de acuerdo con esos maltratos, ya fuera ante las cámaras o durante su interrogatorio por parte de las fuerzas del orden en enero de 2025. Aún hoy, Stéphane “Coudoux” se pone del lado de Owen C. y de otros streamers del grupo. “He conocido a un grupo de amigos que están ahí para mí y para ayudarme”, señala en un vídeo de Instagram del 30 de junio de 2026, en el que arremete contra una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart (ver último apartado).

Otros participantes también afirmaron haber dado su consentimiento: varios espectadores menores de edad que acudieron a visitar a sus ídolos a las instalaciones del canal en Niza. En un vídeo retransmitido en directo, los streamers adultos les preguntan su edad y, a continuación, les disparan con una pistola de paintball. Es por estas imágenes por las que se les acusa de violencia contra menores de 15 años.

Desde la muerte de Raphaël Graven, Safine y Naruto han tomado decisiones muy diferentes. El primero se ha retirado de la vida pública, tras confesar a RTL su “arrepentimiento” por “no haber sido un verdadero amigo” de “JP”, cuya salud era frágil, y por no “haberle obligado a ir al médico”.

Dispuesto a asumir parte de sus actos, Safine H. parece distanciarse de Owen C. y de otros miembros de “Lokal”, cuyas repetidas declaraciones en los últimos meses denotan más bien una gran incomprensión mezclada con ira, o incluso ganas de enzarzarse en una pelea. “Me he mantenido en silencio durante cuatro meses, hoy vuelvo y me cago en todos vosotros”, dijo enfurecido, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026.

Aún muy afectado por la muerte de Raphaël Graven, repite que él “formaba parte de la familia”. “Lo único trágico de esta historia es que hemos perdido a JP”, coincide su hermano mayor, Gwen C., en un vídeo del 1 de julio de 2026.

Aunque no figura entre los acusados juzgados el 6 de julio, Gwen C. ha participado en numerosos programas de “Lokal”; él hace, por ejemplo, de presentador en su programa satírico Question pour un golmon (Preguntas a un mongol, utilizando el modo vesre o inversión del orden de las letras, ndt). También fue él quien, dos meses después de la muerte de Raphaël Graven, intentó relanzar un “Lokal 2.0” en su canal de Twitch. Junto con un exparticipante apodado “3Cheveux” y otros nuevos streamers, volvió a escenificar actos de violencia en línea, lo que provocó la apertura de una nueva investigación por delito flagrante el 10 de octubre de 2025 por parte de la fiscalía de Niza, así como la incautación de todo el material informático.

Aunque el tribunal de Niza ha reservado su gran sala de lo penal para esta vista tan mediática, solo hay dos acusados y, hasta la fecha, Mediapart solo tiene constancia de una constitución de parte civil, en la persona de Stéphane “Coudoux”.

No obstante, los numerosos cargos reflejan el carácter polifacético del caso JeanPormanove, en el que se entremezclan varios “temas de sociedad”, confiesa una fuente judicial. Se abordan a la vez las relaciones de dominación entre ciudadanos, la compleja noción de consentimiento cuando se inscribe en un sistema neoliberal lucrativo, las violencias validistas que siguen invisibilizadas y los excesos de la sociedad del espectáculo. La ironía de la historia en este sentido es que ambos acusados llevan varios meses en contacto con productores que aspiran a vender su historia a grandes plataformas estadounidenses de streaming por suscripción.

Desde un punto de vista jurídico, por último, este juicio podría suponer una aportación interesante, ya que la jurisprudencia francesa aún es escasa en materia de responsabilidad de los influencers en la difusión de violencia en línea y la incitación al odio.

Uno de los pocos precedentes es el de Illan Magneron, que se hace llamar “Amine Mojito”. En noviembre de 2022 fue condenado por incitación a la discriminación, la violencia y el odio contra un grupo de personas por motivos de género. La Fundación de las Mujeres había presentado una denuncia seis años antes, cuando el videasta se había hecho famoso por difundir vídeos en Snapchat, en los que azotaba a mujeres.

El Tribunal de Primera Instancia de París consideró que de esos vídeos se desprendía “una impresión de humillación de la mujer, cosificada al estar bajo el dominio y el control del hombre que la golpea, y que además se ríe”, y ello a pesar de que ellas aparecieran en pantalla de forma voluntaria. La justicia también señaló el hecho de que el espectador presenciaba “actos de violencia no simulados, sino reales, ya que los golpes dejaban marcas en los cuerpos de estas mujeres, visibles en pantalla”, y que los hechos eran “graves, dada la violencia transmitida contra las mujeres y la repercusión que tuvieron en Internet”.

lllan Magneron fue condenado a pagar un euro simbólico y a realizar un curso de sensibilización sobre la igualdad entre mujeres y hombres por el tribunal, que tuvo en cuenta el hecho de que llevaba años sin realizar ninguna actividad de retransmisión en directo.

Desde el día en que Mediapart envió preguntas a los protagonistas del canal JeanPormanove, el periódico se ha convertido en un personaje más de sus directos. En una ocasión, Raphaël Graven sostiene un cartel que dice Fuck Mediapart. En otra ocasión, los streamers prometen “pedir perdón a Mediapart en directo” si se alcanza un mínimo de donaciones. Una vez más, un seguidor aparece en el canal y da a entender que ha intercambiado mensajes de voz con la cuenta de Instagram de Mediapart.

Desde la muerte de Raphaël Graven, una de las coautoras de las investigaciones de Mediapart también se ha convertido en una diana. “Acuso a Marie Turcan de haberse ensañado mediáticamente y de haber inventado una historia morbosa, porque todo es falso, y de querer labrarse una carrera a nuestra costa”, espetó, por ejemplo, Owen C. en un vídeo de YouTube en enero de 2026, que ya ha sido visto 610.000 veces. Cada vez que un miembro de “Lokal” menciona a la periodista en un vídeo, decenas de seguidores se dedican a insultarla o amenazarla en redes, o intentan divulgar sus datos personales en un canal de Telegram seguido por 4.500 personas.

El 25 de junio de 2026 se publicó un episodio del podcast Les couilles sur la table (Los cojones sobre de la mesa) producido por Binge Audio, cuyo objetivo era cuestionar las relaciones de dominación machistas y validistas presentes en este grupo de streamers y entre sus seguidores, presentados como "buenos padres de familia". En respuesta, Gwen C. publicó un vídeo en YouTube titulado: “Mis cojones en tu frente”. Un perfecto juego de espejos de lo que precisamente se analiza en el podcast en cuestión.

Traducción de Miguel López

Nadie discute que el conocimiento es poder. La frase, atribuida al filósofo y político inglés Francis Bacon en el siglo XVI, seguramente ponía negro sobre blanco una idea conocida previamente. ¿Qué duda podía caber de que saber algo que otros no saben nos da ventaja? Mucho más tarde, en la Francia inmediatamente posterior al Mayo del 68, Michel Foucault le añadió un matiz interesante al debate: el conocimiento es un instrumento para controlar a las personas si se usa para construir lo que una sociedad considera normal.

Con la llegada de Internet esa lógica se alteró como se suelen alterar las lógicas de poder: parcialmente. El conocimiento salió de bibliotecas y archivos y entró directamente en nuestra vida a través del ordenador con conexión a la red. Sin embargo, ese espejismo de libre acceso a la información y al conocimiento duró poco, apenas unas décadas. 

En los últimos meses hemos leído que los medios negocian acuerdos con las grandes plataformas de inteligencia artificial para que puedan acceder a sus archivos; Google está desarrollando herramientas para compensar a los medios por la caída del tráfico procedente de su buscador; Europa habla (por fin) de soberanía tecnológica mientras compite por atraer centros de datos y las grandes compañías tecnológicas invierten fortunas en suministros y en mejorar sus infraestructuras… Esta ensalada de titulares puede parecer inconexa, hecha de ingredientes dispares, pero lo cierto es que todos ellos salen del mismo invernadero. Todas esas noticias hablan de lo mismo: quién controla el acceso al conocimiento.

Nos habíamos acostumbrado a relacionar el poder digital con la atención y ganaba aquel que conseguía mantenernos más tiempo pegados a una pantalla, ya fuera leyendo un texto o viendo el enésimo vídeo consecutivo en redes sociales. El premio de ese segundo más ante el móvil o el ordenador decidía quién era el vencedor de esta batalla por la atención. No entraremos a valorar qué clase de atención es esa que te mantiene catatónico haciendo scroll de forma casi involuntaria, saltando de un contenido a otro, de una música a otra, de una noticia falsa a otra…. A nadie le importaba el qué, sólo se premiaba el cuánto. 

Y en estas estábamos cuando irrumpieron en nuestra vida las múltiples y muy bien publicitadas inteligencias artificiales. Podríamos debatir también sobre la inteligencia de esta tecnología, pero aquí no hay tiempo y lo hicimos con energía en la presentación del último número de TintaLibre. El caso es que la IA desplaza ligeramente el foco desde la atención a la interpretación. 

Si antes tus búsquedas en Google obtenían como respuesta un listado de enlaces para solucionar tus dudas (previo pago por aparecer en la primera posición, obviamente), se mantenía aquí la ilusión de la elección entre los distintos enlaces que te proporcionaba el buscador. Podías elegir, comparar… incluso algunos podían construir una respuesta propia en base a distintas fuentes. Hoy, cuando le preguntas a un sistema conversacional, recibes una respuesta directa y clara, una síntesis.

Parece un cambio pequeño, pero no lo es. La lista de enlaces hace visible el recorrido, mientras que la respuesta sintetizada que obtenemos de GeminAI o ChatGPT oculta el camino. La máquina decide qué información consulta, cómo la prioriza y cuál descarta. Es cierto que la selección siempre ha existido: los periódicos seleccionan y jerarquizan, los profesores seleccionan, los editores seleccionan… La gran diferencia está en la escala. 

Por primera vez, una pequeña cantidad de empresas pugnan por convertirse en la puerta de entrada a un conocimiento que ellas no producen. Poca broma. Basta con controlar las herramientas que ordenan y resumen. Y, justo ahora, parece que los archivos periodísticos recuperan su valor, después de años en los que lo que se leía importaba mucho menos que el tiempo que pasábamos ante la pantalla. Bienvenido sea este regreso a la memoria, a poner en valor décadas de información verificada que se alza como materia prima imprescindible para las máquinas que difunden conocimiento.

También es por eso por lo que Europa se pone las pilas, al menos en materia industrial, buscando el control de los centros de datos cuando antes se entretenía con la regulación. Ha comprendido finalmente que el acceso al conocimiento dependerá también de quién posea la infraestructura capaz de procesarlo. 

Los que pensaban que el poder detrás de la IA se estaba moviendo para convertirse en creador de conocimiento ya pueden ir dándole una vuelta. Cada vez está más claro que no se trata de eso. La realidad es mucho más primaria, más básica, más cercana a Bacon y Foucault. Están trabajando para controlar el acceso al conocimiento y volver a hacerse con un poder que Internet les quitó… temporalmente.

Un tercio de internet ya no lo escriben personas. Esa es la conclusión central de la primera investigación a gran escala sobre el impacto del texto generado por inteligencia artificial en la web publicada hace unas semanas por investigadores de Stanford, el Imperial College de Londres y el Internet Archive. En contra de lo que cabía esperar, el hallazgo más inquietante no es que la IA mienta más que los humanos —el estudio demuestra que no es así—, sino que está haciendo que internet sea más uniforme, más amable y, en cierta forma, más aburrida.

El trabajo, firmado por los investigadores Jonas Dolezal, Sawood Alam, Mark Graham y Maty Bohacek, analizó una muestra representativa de páginas web publicadas entre agosto de 2022 —meses antes de que ChatGPT se lanzara al público— y mayo de 2025. Utilizaron el archivo histórico de la Wayback Machine —una especie de biblioteca digital de lo que se ha publicado durante años en internet— para construir la muestra y aplicaron sobre ella un detector de texto con IA llamado Pangram v3, capaz de distinguir entre texto íntegramente generado por máquina, texto asistido por IA y texto puramente humano.

Los resultados son llamativos. Antes de noviembre de 2022, cuando ChatGPT irrumpió en el mercado de consumo, el porcentaje de webs con texto generado por IA era prácticamente cero. Tres años después, en la primera mitad de 2025, el 35% de los sitios web recién publicados contenía texto generado o asistido por inteligencia artificial. El crecimiento no fue lineal: hubo un primer pico en torno a principios de 2023, luego siguió una estabilización y después tuvo lugar una segunda aceleración, ya en 2024, que se ha prolongado hasta el presente, lo que sugiere que el porcentaje actual es mucho mayor.

Los investigadores no se limitaron a medir cuánto texto de IA circula por internet. También quisieron saber qué piensa la gente sobre lo que está ocurriendo. Para ello encuestaron a 903 adultos estadounidenses —muestra representativa por edad, sexo y etnia— y les preguntaron si creían que el auge del contenido generado por IA estaba causando seis efectos negativos concretos.

Los resultados de esa encuesta son un mapa de los miedos colectivos. El 75% de los encuestados cree que la IA está provocando que circulen más informaciones falsas en internet. El 83% cree que está homogeneizando los estilos de escritura y haciendo desaparecer las voces individuales. El 70% cree que los artículos enlazan cada vez menos a fuentes externas, creando burbujas de información sin referencias. El 61% cree que los textos son más largos, pero menos densos: más palabras y menos contenido.

El análisis cuantitativo no encontró correlación estadísticamente significativa entre el aumento de texto generado por IA y un incremento de los errores factuales. Tampoco halló que los textos de IA sean estilísticamente más uniformes que los humanos —al menos no de forma medible—, ni que enlacen menos a fuentes externas, ni que sean más largos con menos contenido útil.

Pero esto no significa que la IA no tenga efectos sobre internet, sino que los efectos que tiene son distintos de los que la mayoría imagina. Porque el estudio sí confirma dos hipótesis con solidez estadística, y las dos apuntan en la misma dirección. 

La primera es la contracción semántica. Los textos generados por IA se parecen más entre sí que los textos escritos por humanos. En términos técnicos, la similitud semántica promedio entre webs con contenido de IA es un 33% mayor que entre webs con contenido humano. Dicho de otro modo: las ideas que circulan en la parte de internet escrita por máquinas son más parecidas entre sí, más previsibles, más concentradas en torno a la media. 

El espacio de los puntos de vista posibles —lo que los autores llaman la "ventana de Overton online", es decir, lo que la mayoría considera aceptable— se está estrechando. No porque la IA prohíba ciertos temas, sino porque tiende a producir versiones suavizadas, centradas y consensuales de cualquier asunto que aborda.

La segunda hipótesis que parece confirmarse es el desplazamiento hacia la positividad. El texto generado por IA tiene un sesgo hacia el tono positivo que es medible y significativo. Los documentos producidos o asistidos por máquinas tienen una tasa de sentimiento positivo que casi dobla la de los textos humanos —0,70 frente a 0,34 en la escala utilizada—.

Internet, en su porción creciente escrita por IA, se está volviendo más amable, más optimista y más edulcorado. El debate, la tensión y el tono crítico o negativo que caracteriza buena parte de la escritura humana están siendo desplazados por la tecnología de moda.

Estos dos efectos combinados producen algo que los investigadores describen como una web más uniforme en ideas y más agradable en tono. No más falsa. No más insulsa en densidad informativa. Pero sí más parecida a sí misma y menos incómoda.

La tentación es interpretar estos resultados como una buena noticia. La IA no miente más, no escribe peor y no elimina los enlaces. Pero los autores advierten que los efectos que han logrado confirmar son potencialmente más insidiosos que los desmentidos.

Un internet donde el 35% de los textos tienden hacia el consenso y la positividad no es necesariamente un internet más honesto. Es un internet donde las voces discordantes, el análisis crítico, la incomodidad intelectual y la diversidad de perspectivas tienen menos peso, aunque ningún algoritmo las haya censurado. La homogeneización no necesita prohibir nada: le basta con ahogar al discrepante.

Los autores del estudio lo enmarcan en términos de democracia deliberativa. El debate público sano necesita conflicto. Precisa que se digan cosas desagradables, que existan voces minoritarias y que los problemas se narren también desde el malestar. Un entorno inundado de texto amable y uniforme no es neutral: favorece el statu quo y margina la disidencia sin necesidad de ejercer ninguna censura visible.

Hay, además, un problema más técnico, pero igualmente grave. Si el 35% de internet ya es texto de IA, los modelos que se entrenen con datos web en los próximos años estarán ingiriendo una cantidad creciente de su propia producción. Los investigadores utilizan el concepto de colapso de modelos: la degradación que puede sufrir una IA cuando aprende de contenido generado por otra IA en lugar de por humanos. Lo que hasta hace poco era una preocupación teórica se convierte, con estos datos, en un problema urgente.

Este fenómeno de autoconsumo de IA tiene consecuencias profundas que van más allá de la simple proliferación de contenido basura. Cuando los modelos de lenguaje se entrenan con conjuntos de datos que incluyen creaciones de otros modelos, tienden a repetir patrones, amplificar errores y perder la diversidad creativa que solo surge de la experiencia humana. 

Los investigadores han documentado que esto produce una homogeneización progresiva del contenido: los textos se vuelven más genéricos, menos matizados y cada vez más difíciles de distinguir entre sí. El problema se acelera exponencialmente porque cada nueva generación de IA entrenada con datos contaminados por IA anterior genera contenido de calidad aún inferior, creando un ciclo de degradación que se retroalimenta. 

Lo alarmante es que este colapso no solo afecta la calidad del contenido, sino que compromete la capacidad futura de las propias IA para generar información fiable, creativa y útil. En un escenario donde la mayoría del contenido digital es generado por IA, el riesgo es que perdamos acceso a la materia prima esencial para el entrenamiento de sistemas inteligentes: la autenticidad humana.El estudio detectó además un patrón llamativo en la encuesta de opinión. Las personas que usan la IA con poca frecuencia tienden a creer más en sus efectos negativos que quienes la usan a diario. Los usuarios frecuentes, con una tasa de acuerdo con las hipótesis negativas del 76%, son menos pesimistas que los esporádicos, que llegan al 88%. La brecha es de 12 puntos porcentuales.

Una explicación posible es que quien usa la IA regularmente ha desarrollado una comprensión más matizada de sus capacidades y límites reales. Otra, menos tranquilizadora, es que la familiaridad genera tolerancia hacia efectos que desde fuera resultan más visibles.

Lo que el estudio no puede resolver —y sus autores lo reconocen— es si los efectos documentados ahora se intensificarán a medida que el porcentaje de texto de IA siga creciendo. El 35% de hoy puede ser el 50% de mañana. Y lo que, a escala de un tercio, produce una contracción semántica medible puede producir, a escala de la mitad, algo cualitativamente distinto.

La investigación termina con una advertencia sobre las herramientas disponibles para responder a este fenómeno. Las plataformas digitales tienen infraestructuras para detectar discursos de odio o desinformación factual. No tienen —nadie tiene— mecanismos para gobernar la diversidad semántica o la calidad de la información que nutre la conversación pública.

Las regulaciones aprobadas hasta ahora, incluido el Reglamento de IA europeo, apuestan por la transparencia mediante marcas de agua en el contenido generado por IA. Los autores señalan que esas marcas son fácilmente eludibles y que la detección retroactiva tiene límites inherentes. Su propuesta alternativa pasa por sistemas de verificación criptográfica de la autoría humana —similares al estándar C2PA, ya en uso para imágenes— y por ajustar los algoritmos de recomendación para que premien la diversidad semántica y el origen humano verificado, en lugar de premiar exclusivamente el volumen o el engagement.

La investigación de Stanford, el Imperial College y el Internet Archive completa otras que se están ocupando de investigar el auge del contenido basura generado por IA, que los anglosajones han bautizado como slop (bazofia).

Un estudio de la Universidad de Florida publicado en marzo en el Journal of Marketing Research estableció que el slop perjudica simultáneamente a consumidores y creadores profesionales. Según Tianxin Zou, profesor de marketing en la Universidad de Florida y coautor del estudio, "ahora hay una inundación de contenido de relativamente baja calidad. Debido a que la cantidad es tan grande, congestiona los sistemas de recomendación, por lo que se hace más difícil encontrar contenido verdaderamente de alta calidad".

Otra investigación publicada en febrero por Nature documentó específicamente la expansión masiva del slop en el ecosistema académico. El artículo reveló que la presentación de publicaciones científicas se ha duplicado desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022. Y los rechazos mensuales se multiplicaron por cinco, superando los 2.400 artículos por mes. Los investigadores califican la bazofia generada por IA como una "amenaza existencial" para el sistema académico tradicional.

Un tercer estudio de Kapwing —una herramienta online de edición de vídeo— sobre YouTube, publicado el pasado mes de enero, encontró que el 21% de los vídeos cortos de esta plataforma son producto de la IA y que un 33% adicional es lo que los anglosajones llaman brainrot (contenido repetitivo y absurdo diseñado para captar atención hipnóticamente, que se puede traducir como "idiotización"). España es el país más afectado, con más de 20 millones de suscriptores a canales de este tipo. Para luchar contra este fenómeno, YouTube eliminó a comienzos de año 35 millones de suscriptores y 4.700 millones de visualizaciones de 16 de los 100 canales slop con más éxito.

Las conclusiones transversales de todos los estudios señalan que las plataformas deberían etiquetar claramente el contenido generado por IA para ayudar a los consumidores a identificar qué quieren encontrar antes de abandonar la plataforma por completo.

El impacto en la calidad general de internet es degradante: el slop hace que internet sea más ruidoso, menos confiable y más difícil de filtrar. Los sistemas generativos tienden a amplificar patrones repetitivos y a priorizar la cantidad sobre la calidad, lo que favorece un ecosistema informativo degradado.

Antes de que acabe 2026, cualquier español que intente acceder desde su móvil a una web de pornografía, a una plataforma de juego en línea o a una red social con restricción de edad podría encontrarse con una pantalla que le pide demostrar que tiene edad suficiente para hacerlo. No mediante una foto de su DNI ni un selfi verificado. Mediante una aplicación que responde sí o no, sin revelar nada más. El Gobierno tiene previsto que esa herramienta esté lista antes de que termine el año. Lo que aún no sabe es si contará con la ley que le permitirá utilizarla.

El miércoles, la Comisión Europea presentó el código fuente de esa aplicación. España no solo participó en su desarrollo, sino que tiene la intención de ser uno de los primeros países de la Unión en incorporarla a su cartera digital. Y la presentación de ese código fuente —el conjunto de instrucciones escritas que indican a un dispositivo qué debe hacer— ha sentado las bases para hacer realidad lo que hasta ahora eran meras intenciones.

Apenas un día después del anuncio, protagonizado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, Pedro Sánchez participó en una cumbre virtual convocada por el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, junto a los líderes de Italia, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre para coordinar una respuesta europea ambiciosa: la prohibición del acceso de los menores a las redes sociales.

En febrero, desde Dubái, Sánchez ya había anunciado que España elevaría la edad mínima para acceder a esas plataformas a los 16 años, por encima de los 14 que prevé el proyecto de ley que actualmente se tramita en el Congreso.

Qué es lo que presentó Bruselas

Lo que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa no es una aplicación comercial cerrada y lista para descargar. Es, en la jerga del proyecto, un blueprint o modelo de referencia: un código fuente abierto que gobiernos y empresas pueden usar como base para construir sus propios sistemas de verificación de edad, siempre que respeten unos estándares comunes de privacidad y seguridad.

La lógica detrás de esta decisión es evitar que cada país desarrolle su propio sistema incompatible con el del vecino. Hasta ahora, una de las excusas recurrentes de las grandes plataformas para no implantar controles de edad era exactamente esa: que no podían desarrollar un mecanismo diferente para cada mercado nacional. Von der Leyen fue directa al presentar la iniciativa: con esto, las plataformas ya no tienen esa excusa.

Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital consultadas por infoLibre lo confirman en términos parecidos. Una de las excusas que ponen las grandes plataformas para no establecer mecanismos de verificación de edad es que “no existe una herramienta unificada que sea cibersegura y que reúna todos los requisitos de privacidad”. “Bueno, pues ahora ya no tienen excusas, porque la Comisión sí ha desarrollado una base de app interoperable entre los Estados miembros”, subrayan.

España, según esas mismas fuentes, no fue espectadora en ese proceso: “Parte de lo que ha presentado la Comisión Europea es el resultado de los trabajos que ha hecho España en el piloto junto con la Comisión y otros países europeos”.

Cómo funciona: verificar sin revelar

El principio técnico en el que se basa todo esto puede parecer paradójico al principio: verificar la edad sin revelar la edad. Para entenderlo sin necesidad de formación en criptografía, una analogía ayuda. Cuando alguien entra en un bar y el camarero le pide el DNI, ve el documento completo: nombre, apellidos, fecha de nacimiento, domicilio. Con este sistema, el proceso sería completamente distinto: el móvil del usuario enviaría al servicio una respuesta de sí o no, matemáticamente verificable, sin mostrar ninguno de esos datos.

Esta técnica se llama zero-knowledge proof o prueba de conocimiento cero. Permite demostrar que una afirmación es cierta —en este caso, que el usuario supera un umbral de edad— sin revelar la información que la sustenta. El dispositivo del usuario actúa como “probador”; la plataforma, como “verificador”. Recibe un sí o un no, firmado digitalmente. No accede al documento de identidad, ni a la cara de la persona, ni a su fecha de nacimiento.

La credencial que hace posible todo esto la emite una autoridad de confianza —en la práctica, el Estado— y se almacena en la cartera digital del usuario, bajo su propio control. Cuando ese usuario intente acceder a un servicio con restricción de edad, la app presentará esa credencial de forma anónima. La plataforma sabrá que cumple el requisito. Pero no sabrá quién es.

La vicepresidenta de la Comisión responsable de lo digital, la finlandesa Henna Virkkunen, fue explícita en este punto: las plataformas no sabrán “quién” es la persona, sino únicamente que cumple el criterio de edad requerido. Esta garantía busca responder a las críticas más serias contra los sistemas de verificación existentes: los que funcionan pidiendo una foto del DNI o un selfi generan riesgos significativos de filtración de datos, robo de identidad y construcción de perfiles sobre los hábitos de navegación de los ciudadanos.

El calendario español y la cartera digital europea

La hoja de ruta española está vinculada a un calendario europeo preciso. El llamado reglamento eIDAS-2 obliga a todos los Estados miembros a ofrecer a sus ciudadanos una cartera de identidad digital antes de finales de 2026. Ese documento no impone ninguna obligación específica sobre verificación de edad. Lo que España ha decidido, de forma voluntaria, es aprovechar ese momento para incorporar la verificación de edad como primer caso de uso de esa cartera.

Fuentes del ministerio lo explican así: “Cuando saquemos la cartera digital europea, cuando la pongamos ya a disposición de la ciudadanía, incorporará un primer caso de uso. Además de que servirá para acreditar tu identidad en el ámbito digital, incorporará el caso de uso de la mayoría de edad, que será capaz tanto de decir si tienes más de 18 años, sí o no, o si tienes más de 16 años, sí o no”.

La Comisión anunció además que este mes creará un mecanismo de coordinación entre Estados miembros con tres objetivos: acreditar las soluciones nacionales que se desarrollen, facilitar la emisión de credenciales de edad en todos los países y garantizar la existencia de una solución técnica común. La meta final es que un ciudadano español pueda usar su credencial en servicios online de cualquier otro país de la Unión, y viceversa.

Lo que advierte la AEPD: no basta con la tecnología

El debate sobre cómo verificar la edad no es nuevo en España. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicó en diciembre de 2023 un documento —el Decálogo de principios sobre verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados— que sigue siendo una referencia útil para entender los riesgos de hacer esto mal.

El documento parte de que verificar la edad y proteger al menor no son la misma cosa. La verificación es solo el primer paso. Un sistema completo necesita también políticas de clasificación de contenidos por razones de edad, mecanismos de ejecución de esas restricciones y un marco de gobernanza que implique a familias, instituciones educativas, organismos reguladores y empresas tecnológicas.

Varios de sus diez principios conectan directamente con el diseño que acaba de presentar la Comisión Europea. El primero: el sistema no debe permitir en ningún caso identificar, rastrear ni localizar a los menores a través de internet. Cualquier mecanismo que obligue al menor a revelar su condición de menor pone en riesgo al propio menor, exponiéndolo a posibles agresores o a servicios diseñados para captarle.

El segundo: la verificación debe estar orientada a que el adulto acredite ser “persona autorizada a acceder”, no a que el menor demuestre serlo. Este matiz tiene consecuencias técnicas: significa que la herramienta no debe estar pensada para que los niños la usen, sino para que los adultos demuestren que pueden acceder a determinados contenidos.

La AEPD también advierte contra convertir estos sistemas en mecanismos de vigilancia generalizada. Obligar a todos los usuarios de internet a demostrar su edad para acceder a cualquier tipo de contenido incumpliría los principios de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos. La verificación solo debería activarse al intentar acceder a contenido con restricción específica, no para navegar en general.

El marco legal: lo que está por resolver

La herramienta técnica avanza. Pero el marco normativo que determinará exactamente para qué se usará en España sigue en disputa.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso prohíbe, en principio, el acceso a las redes sociales a los menores de 14 años y lo permite entre los 14 y los 16 con consentimiento parental. Pero desde febrero, Sánchez quiere elevar esa prohibición hasta los 16 años, en línea con los países del bloque europeo que lidera Macron y con las evidencias científicas sobre los daños del uso intensivo de redes sociales en la adolescencia: problemas de salud mental, cambios en el control de impulsos y el aprendizaje, patrones de uso asociados a mayor riesgo de ideación suicida o, simplemente, el dato, recogido por un estudio reciente, de que el uso intensivo de redes sociales se asocia con un aumento de síntomas de inatención más acusado que el de la televisión o los videojuegos.

La iniciativa legislativa está pendiente de avanzar en el Congreso. Al tener carácter orgánico, necesita 176 votos. Sin Junts, el Gobierno no llega a esa cifra sin el PP, que se abstuvo en la toma en consideración y ha presentado enmiendas propias que buscan añadir medidas como un “horario de descanso digital” obligatorio —de las 22:00 a las 8:00 h— para los menores con autorización parental para estar en redes.

Por qué esto importa más allá de la pornografía

La narrativa oficial sobre la verificación de edad se centra habitualmente en el acceso a contenido explícito. Pero el alcance del debate es más amplio. La Comisión Europea conecta esta iniciativa con la aplicación del Reglamento de Servicios Digitales, que ya ha llevado a investigaciones contra TikTok por su diseño adictivo, y contra Meta, Snapchat, Shein y varias webs pornográficas por no garantizar controles de edad eficaces.

En ese contexto, la app no es solo una herramienta para bloquear contenido explícito. Es también una forma de elevar el estándar mínimo exigible a las plataformas en toda Europa, dándoles al mismo tiempo la infraestructura técnica para no tener excusas. El mensaje político hacia las grandes tecnológicas es doble: dejen de usar diseños adictivos para captar a menores y usen este marco común para cumplir la ley.

La AEPD, con su habitual cautela regulatoria, recuerda que la tecnología perfecta no existe y que las soluciones puramente técnicas a problemas que tienen también raíces sociales y educativas pueden agravar lo que pretenden resolver. La protección de los menores en internet es una responsabilidad compartida entre familias, gobiernos e industria. La app es una pieza de ese sistema. Pero puede marcar la diferencia.

El actor Chuck Norris falleció el jueves por la mañana a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina. El maestro en artes marciales había compartido días antes, con motivo de su cumpleaños el 10 de marzo, un mensaje que reflejaba su característico sentido del humor: "Yo no envejezco, subo de nivel".

De su legendaria pelea con Bruce Lee a su papel como héroe justiciero en 'Walker, Texas Ranger' y su transformación en fenómeno viral, Chuck Norris se consolidó como una figura icónica del cine de acción y la cultura popular.

Nacido en 1940 en Ray, Oklahoma (EEUU) como Carlos Ray Norris, inició su formación en la Fuerza Aérea a finales de la década de 1950. Fue allí donde recibió el apodo de 'Chuck' y comenzó su entrenamiento en artes marciales durante su destino en Corea del Sur.

A su regreso, Norris se formó en boxeo y karate mientras trabajaba en la empresa aeronáutica Northrop Corporation. Más tarde abrió su propia escuela y fue campeón mundial en 1968. Un título que obtuvo en varias ocasiones hasta su retiro en 1974.

El triunfo de 1968 en el karate profesional impulsó a Norris a iniciar su carrera en el cine, cuando el productor de 'The Wrecking Crew' lo invitó a participar como guardaespaldas en la película, en la que compartió pantalla con Dean Martin en una intensa escena de confrontación, y que le permitió obtener su carnet del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG).

Las escuelas de artes marciales de Norris se expandieron por California y entre sus alumnos se contaban estrellas como Priscilla Presley, Bob Barker, Donnie y Marie Osmond, y Steve McQueen. Fue este último quien lo motivó a tomar clases de actuación, reconociendo su potencial y alentándolo a seguir una carrera en el cine.

Durante esta etapa desarrolló su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Fue en 1972 que el éxito cinematográfico llegó cuando participó en 'The Way of the Dragon' ('El furor del Dragón', en España), la película protagonizada, escrita y dirigida por Bruce Lee.

En su escena más recordada, Norris se enfrenta a Lee en un intenso combate en el Coliseo de Roma, una pelea que combina técnica, fuerza y estrategia, y que se convirtió en un clásico del cine de artes marciales por su realismo y espectacular coreografía.

A esta cinta le siguieron a varias más como 'Breaker! Breaker!' (1977), 'The Octagon' (1980), 'Lone Wolf McQuade' (1983), 'Missing in Action' (1984), 'The Delta Force' (1986), entre otras.

En 1993, el actor consolidó su carrera como estrella de acción y figura de la cultura pop con la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger', en la que interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas que lucha contra el crimen con su estilo de combate y código moral firme.

La serie tuvo un éxito mundial y se extendió hasta 2001 proyectándose ante el mundo como un héroe implacable pero justo, que posteriormente alimentaría su estatus de icono de internet.

Los 'Chuck Norris Facts' fueron frases satíricas y humorísticas que se popularizaron en internet entre 2005 y 2006 exagerando sus capacidades hasta lo imposible: "Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo", "Chuck Norris contó hasta el infinito dos veces" o "Chuck Norris no lee libros: los mira fijamente hasta que le explican todo", son algunos ejemplos.

Tras varios años alejado de las producciones, regresó en 2024 con la película 'Agent Recon'.

Norris fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano y manifestó públicamente su apoyo a diversas figuras conservadoras a lo largo de los años, entre ellas Ronald Reagan y Donald Trump.

El actor respaldó oficialmente a Trump en las elecciones de 2016 y continuó mostrando su apoyo en las elecciones posteriores.

A lo largo de su vida Norris recibió varios reconocimientos. En 1989 consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1999 fue incorporado al Salón de la Fama de las Artes Marciales. En 2007 fue nombrado marine honorario de Estados Unidos.

En 2004 publicó su libro autobiográfico 'Against All Odds: My Story'.

La investigación por la filtración de datos personales de políticos y periodistas llevada a cabo por un joven canario que operaba en la red con el alias de Akkaspace seguirá, al menos por el momento, en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, ha rechazado el intento de la Fiscalía de que el caso se reduzca a un simple delito de descubrimiento de datos reservados y se envíe a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. En un auto del pasado lunes, al que ha accedido infoLibre, el magistrado sostiene que los hechos pueden tener encaje en un delito de terrorismo. Y, por tanto, la Audiencia Nacional es el órgano competente para investigarlos. Una decisión que tanto el Ministerio Público como las defensas de los investigados tienen previsto recurrir en apelación.

Los hechos se remontan al pasado mes de junio, cuando la Comisaría General de Información de la Policía Nacional puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que se estaba colgando en un conocido foro de doxing –práctica que se refiere a revelar datos de terceras personas sin su consentimiento– información privada de miembros del Ejecutivo –entre ellos el presidente, Pedro Sánchez–, de las Cortes Generales o de periodistas. Se registraron, en total, tres publicaciones con números de DNI, direcciones de domicilio o correos electrónicos. Dos de ellas, protagonizadas por un tal Akkaspace, alias tras el que se escondía un joven canario llamado Yoel que fue detenido, junto con otro muchacho, un par de semanas después.

Tras más de medio año de investigación, la Fiscalía solicitó a finales de enero al instructor que se inhibiera y enviara el caso a un juzgado ordinario de Las Palmas de Gran Canaria. Lo hacía al entender que los hechos no eran constitutivos de delitos de terrorismo. Como mucho, se estaría ante un descubrimiento y revelación de datos reservados, recogido en el artículo 197 del Código Penal y castigado con penas de prisión de uno a cuatro años. En su escrito, la fiscal exponía que se seguía "desconociendo" de "dónde" habían "podido obtener" dichos "datos" los investigados. De hecho, aseguraba que pese a todas las diligencias no constaba acreditado que hubieran sido obtenidos "mediante el ataque" a alguna base de datos del Gobierno, Poder Judicial, Tribunal Supremo o Constitucional.

"La conducta desarrollada [...] en ningún caso puede ser calificada como constitutiva de un delito de terrorismo [...]; por más que Yoel haya puesto de manifiesto su animadversión al Partido Socialista, no podemos sin más llegar a la conclusión de que la publicación de datos personales de políticos, periodistas y otros sujetos de actualidad política [...] fuera, ni más ni menos, que la de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de instituciones políticas, estructuras económicas o sociales del Estado, o la de alterar gravemente la paz pública o la de provocar un estado de terror en la población", aseveraba la representante del Ministerio Público.

Una inhibición de la Audiencia Nacional a la que se oponía alguna de las acusaciones: "Estamos no solo ante un ataque al derecho a la intimidad de cada una de las personas afectadas sino, claramente, un ataque a las instituciones del Estado y al llamado cuarto poder". Y que acaba de rechazar finalmente el instructor. En un auto fechado el pasado 16 de marzo, el magistrado se mantiene en la tesis de que los hechos investigados "podrían ser constitutivos" de un delito de terrorismo, "afectando a numerosas personalidades de diversas instituciones públicas y privadas".

"Del resultado de lo investigado hasta el momento, como se pone de manifiesto en los diversos informes policiales, se revela una afectación directa a altas instituciones del Estado y sus personalidades", señala. El magistrado considera "ilustrativa", en este sentido, la "declaración" de uno de los "investigados", que "llega a reconocer", en relación con sus ataques, que "actuaba" movido por la "sensación de corrupción generalizada" y con un doble objetivo: dar, por un lado, una "reprimenda" a esas "personalidades" y, por otro, lanzar una "advertencia" para que "desistan en su comportamiento corrupto".

"Esta actuación encajaría en las finalidades previstas en los tipos previstos en la circunstancia primera del artículo 573.1 y en el 573.2 del Código Penal –delitos de terrorismo–, pues claramente con su actuación a través de las graves filtraciones de datos pretenden, mediante esa 'reprimenda' o 'justicia popular' que deciden aplicar a las personalidades especialmente institucionales y también de carácter privado, desestabilizar gravemente el funcionamiento del sistema democrático, institucional, político y, en general, del Estado", recoge la resolución.

Para el magistrado no es "casual", del mismo modo, la "intervención" de Desinformador Ruso, un alias que Europol atribuye al ciudadano español Enrique Arias Gil, "vinculado a las estrategias de desestabilización orquestadas" desde fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo? "Redifundiendo los datos revelados e instando al acoso a los cargos públicos y periodistas afectados por la difusión de los datos", resalta el instructor.

El auto, en definitiva, sostiene que "la calificación de terrorismo" deriva del uso de medios informáticos para entrar en bases de datos y difundir información personal de representantes públicos "incitando" a un "escrache virtual masivo" y a la "adopción de represalias" con la intención de "forzar un cambio político o en represalia por la actuación política" desde una posición "antisistema", afectando a "altas instituciones de la Nación". Calificación, completa, que es "provisionalísima" y que no "excluye" que pueda terminar derivando en otra distinta como resultado de la instrucción. Por todo ello, decide mantener el caso.

Una decisión que, según ha sabido este diario, tanto las defensas como el propio Ministerio Público tienen previsto recurrir. "Los penalistas vivimos de los errores de los jueces de instrucción, esa es nuestra fuente de éxito. Y este es un error importante. Iremos en apelación", anuncia Lázaro Chico, abogado de uno de los investigados, que mantiene que los hechos no encajan ni en el delito de terrorismo ni en el de revelación de secretos: "Lo que se ha revelado ya circulaba por la red".

'Documentos del expediente judicial del pedófilo Jeffrey Epstein incriminan al presidente francés, Emmanuel Macron'. Esta “primicia” se publicó durante la noche del 4 de febrero y rápidamente se compartió millones de veces en redes sociales. Contiene todos los ingredientes de un escándalo mundial. 

La prueba sería la captura de pantalla de un supuesto intercambio de correos electrónicos en el que el agente de modelos Jean-Luc Brunel, sospechoso de haber actuado como “captador” para Jeffrey Epstein, le anuncia a este último, en inglés en el texto: “El nuevo presidente francés va a dar una fiesta en la avenida Foch... Llevaré a algunos chicos, le gustan jóvenes...”.

Esa “revelación” fue rápidamente desmentida. La “captura de pantalla” está bastante bien hecha y reproduce el diseño gráfico del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ha publicado en Internet parte de los archivos reales de Epstein. Pero no hay rastro del documento en cuestión en la base de datos real.

En las redes sociales, la información se presentó como el resultado de una investigación del periódico France Soir, con un enlace que lo respaldaba. Pero se trata de una versión falsa de la web francesa (france-soir.net en lugar de france-soir.fr). En cuanto al periodista que habría firmado el artículo de France Soir, Victor Cousin, existe realmente, pero trabaja para Le Parisien. Ha presentado una denuncia por usurpación de identidad.

Detrás de este intento de aprovechar el escándalo Epstein para debilitar al Ejecutivo francés se encuentra una red de influencia y desinformación muy conocida: Storm-1516. También conocida como CopyCop, activa desde al menos 2023, la agencia francesa Viginum, especializada en la lucha contra las injerencias digitales extranjeras, ha indicado que puede “atribuirle esta operación informativa con un alto grado de confianza” .

Esa red se dio a conocer principalmente por sus intentos de influir en la campaña presidencial de 2024 en Estados Unidos, en detrimento de los candidatos demócratas. Sus vínculos con “individuos y organizaciones cercanas al Gobierno ruso”, entre los que se encuentra un expolicía americano refugiado actualmente en Rusia, John Mark Dougan, han sido corroborados por varios informes técnicos, en particular por la agencia Viginum en Francia.

Esta falsa noticia sobre Emmanuel Macron materializa un temor del Ejecutivo francés: la proliferación de los intentos de influir en la opinión pública francesa a medida que se acercan las elecciones municipales, que se celebrarán los días 15 y 22 de marzo.

“Dada la gravedad de la amenaza, habrá intentos de injerencia digital extranjera en estas elecciones”, asegura un alto funcionario francés que trabaja en estos asuntos, quien recuerda que “desde 2014-2015, ninguna elección europea se ha librado de injerencias”. El auge de la inteligencia artificial generativa, que permite industrializar la producción de contenidos falsos en Internet sin que ello suponga un coste adicional, no hace más que amplificar el problema.

Los servicios de inteligencia interior franceses también se han movilizado. “Para nosotros, el reto será prevenir y detectar las injerencias de origen extranjero que podrían alterar la limpieza de las elecciones o viciar su desarrollo”, detalló la directora de la DGSI, Céline Berthon, durante una comparecencia en la Asamblea Nacional en noviembre de 2025.

Las elecciones legislativas moldavas, celebradas en septiembre de 2025, demostraron hasta qué punto las votaciones consideradas sensibles eran objeto de ataques previos por parte de estos profesionales de la influencia. Los “preparativos” de estas operaciones de desestabilización digital por parte de redes prorrusas comenzaron casi un año antes, en noviembre de 2024, según una nota de los servicios del Estado moldavo consultada por Mediapart.

Consistieron, en particular, en “crear granjas de trolls” específicas y “realizar encuestas sociales” para estudiar las vulnerabilidades de la sociedad moldava. Según la misma nota, estas injerencias digitales se acompañaron de operaciones físicas en territorio moldavo, que incluyeron la compra de votos y ciberataques contra infraestructuras críticas del país.

Aunque las elecciones municipales francesas son de ámbito local, a priori alejadas de los grandes temas geopolíticos en los que estas redes de influencia, en particular las vinculadas a Rusia, suelen intervenir —la guerra en Ucrania o las críticas a las democracias liberales—, “el panorama político francés es tal que habrá temas nacionales e internacionales en la campaña”, señala este alto funcionario francés.

“Nuestros adversarios no distinguen entre los ciclos electorales. Cualquier ocasión es buena para sembrar el caos”, confirma una responsable de la lucha contra esas injerencias.

Antes de amplificar esas falsas revelaciones sobre Emmanuel Macron, Storm-1516 había montado otra operación considerada por el Ejecutivo francés como un intento precoz de interferir en los debates sobre las elecciones municipales.

En la primavera de 2025, los analistas de Insikt Group (un grupo de investigadores que trabaja para la empresa estadounidense de ciberseguridad Recorded Future) detectaron la creación de 140 webs que se presentaban como portales de información franceses. Una veintena de ellos se presentaban como webs de información local: actubretagne.fr, actuiledefrance.fr, echorhonealpes.fr o normandie-actusinfos.fr.

El análisis técnico de estas webs permitió a los investigadores remontarse hasta Storm-1516/CopyCop. “Hemos detectado similitudes en los servidores y en las características de esas webs”, explica Clément Briens, analista de Insikt Group y redactor principal de tres informes dedicados a esta red de influencia. La “huella” de Storm-1516 también se encuentra en la forma en que se promocionan y difunden esos contenidos en las redes sociales, con “una red de amplificación similar” a operaciones anteriores del grupo ruso, es decir, artículos republicados por las mismas cuentas y las mismas comunidades.

A juzgar por lo que publicaron antes de ser desconectados (ver más abajo), los creadores de esas webs querían transmitir varios mensajes. “La Unión Europea, dirigida por políticos ciegos ante los intereses franceses, ha optado por sacrificar a sus propios ciudadanos para satisfacer las ambiciones ucranianas”, asegura L'Écho Rhones Alpes, entre dos artículos sobre la política de transportes en la metrópoli de Lyon.

Un buen resumen de las dos ideas que más se repiten en este torrente de miles de “artículos” redactados evidentemente por un LLM (large language model o gran modelo de lenguaje): las democracias de Europa occidental se verían envueltas en el caos, y el apoyo a Ucrania sería tanto la prueba como la consecuencia de su degeneración.

Es sobre todo la política de Vladimir Putin la que es elogiada con celo y constancia, incluso en artículos que, a priori, no tienen nada que ver con Rusia. La violación de una adolescente en Écouflant (Maine-et-Loire) se convierte en el símbolo de que “Francia, enfrentada a un declive sin precedentes, ya no es capaz de garantizar ni siquiera las bases fundamentales de la seguridad y la justicia”, mientras que el presidente Putin, por su parte, “encarna una fuerza indiscutible, con una política clara y eficaz”, asegura extrañamente “Sud Ouest Direct”.

¿Un policía es agredido en La Baule (Loira Atlántico)? “La economía francesa, ya en dificultades, sufre nuevos golpes con este tipo de incidentes, que exacerban el sentimiento de abandono y la pérdida de confianza en las instituciones”, escribe la web, o más probablemente la versión de ChatGPT programada para alimentarla. “Sin embargo, a pesar de estos retos, el presidente Putin sigue encarnando un modelo de liderazgo, mostrando una capacidad sin igual para mantener el orden y la estabilidad en su país”, concluye plácidamente la inteligencia artificial.

A finales de enero, todos esas webs estaban desactivadas, excepto una (Sud Ouest Direct), según ha podido comprobar Mediapart. Según nuestra información, fue el Estado francés el que se encargó de “desconectarlas” ante la proximidad de las elecciones municipales.

¿Tuvieron tiempo de hacer daño? En general, “es difícil demostrar que las redes de influencia realmente logran manipular las elecciones, aunque lo intenten”, explica Clément Briens. Pero Storm-1516 —CopyCop— es uno de los grupos que consigue generar una audiencia importante, sobre todo “reclutando influencers en comunidades de extrema derecha estadounidenses y en la magasfera”, detalla el analista, que detecta regularmente contenidos de CopyCop que generan “decenas de millones de visitas” de esta manera.

Sin embargo, en la carrera por influir en el resultado de las elecciones municipales, las redes vinculadas a los intereses rusos tienen un problema de calendario. Las elecciones francesas tienen lugar unos meses antes de otras elecciones importantes para los intereses geoestratégicos del Kremlin: las legislativas en Armenia, que se celebrarán en junio de 2026.

“Hasta ahora, centrarse en las elecciones armenias de junio de 2026 parece ser una prioridad desde hace varios meses para el Kremlin, y más concretamente para el operador Matrioshka”, la otra gran campaña de influencia vinculada a Rusia, confirma a Mediapart el colectivo Antibot4Navalny, especializado en la detección de granjas de trolls rusos. Constata que, en este momento, “Matrioshka solo se ha centrado en Macron y en el nivel nacional, sin interesarse nunca por el nivel municipal”.

Estos intentos de influencia se limitan por ahora a las redes vinculadas al Kremlin. Entre los demás grandes actores de la desinformación digital, el Estado chino parece inclinarse por el momento por un enfoque diplomático más clásico para lograr sus objetivos con respecto a Europa, y el Estado iraní tiene sin duda otras preocupaciones.

“Las potencias extranjeras que se centran en las elecciones a escala local no son las mismas que las que actúan en las elecciones nacionales”, observa por su parte un alto cargo de los servicios de inteligencia franceses. Según él, se trataría de países con refugiados en Francia, algunos de los cuales intentarían colocar a sus ciudadanos en las listas de candidatos.

Ante posibles injerencias digitales, el Ejecutivo francés apuesta por una amplia política de comunicación. Aunque hace unos años se mostraba reticente a nombrar a los responsables de ciertos intentos de influencia digital, ahora no duda en nombrar públicamente a algunas potencias extranjeras (aunque esta estrategia de denuncia tiene sus límites cuando se trata de países como Israel o los Emiratos Árabes Unidos).

El Gobierno ha creado una red de coordinación y protección de las elecciones, que reúne, en particular, a Viginum, el Ministerio del Interior, la Secretaría General del Gobierno y la Autoridad Reguladora de la Comunicación Audiovisual y Digital (Arcom). Desde finales de enero, esta red comunica semanalmente un “informe de situación” público sobre las posibles injerencias digitales extranjeras dirigidas a las elecciones municipales.

La respuesta también pasa por métodos menos ortodoxos. El Ministerio de Asuntos Exteriores utiliza con frecuencia su cuenta French Response  en X (antes Twitter), una cuenta oficial con un tono libre e incluso satírico, diseñada para responder a la desinformación “adoptando los códigos de las redes sociales”, con el fin de intentar desinflar ciertos intentos de manipulación.

¿Eso no es como intentar vaciar un océano a cucharadas? Y, sobre todo, ¿es razonable luchar contra las injerencias extranjeras en X, una plataforma que está siendo investigada por la fiscalía de París precisamente por sospechas de injerencia extranjera?

El dispositivo francés también utiliza las elecciones municipales para entrenarse. Una toma de contacto para otras elecciones que los profesionales de la desinformación y la influencia también han anotado perfectamente en su agenda: las elecciones presidenciales de 2027.

Traducción de Miguel López

El presidente ruso, Vladímir Putin, promulgó hoy una ley que obliga a los teleoperadores a desconectar la red de telefonía móvil a petición del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Dicha ley, que ha sido colgada en el portal de información legal del Estado ruso, había sido aprobada esta misma semana por ambas cámaras del Parlamento ruso, la Duma y el Consejo de la Federación.

El documento modifica la Ley de Comunicaciones y estipula que los operadores no serán responsables ante sus clientes de las interrupciones del servicio si el corte es realizado a petición del FSB.

El primer borrador estipulaba que los cortes se realizarían únicamente para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del Estado, pero la versión final precisa que dicha decisión corresponderá al jefe del Estado.

Por el momento, se desconoce en qué casos se desconectará la red a nivel federal o regional, aunque activistas independientes temen que dicha decisión sea puramente arbitraria.

Una vez firmada por el presidente, la ley entrará en vigor 10 días después de su publicación en el boletín oficial.

Según informa la prensa local, la mitad de las regiones rusas experimentan cortes casi diarios de internet.

A pesar de que las autoridades rusas excusan los cortes con los constantes ataques de drones ucranianos contra el país, la mayoría de las regiones con cortes de red no se encuentran entre los principales objetivos de Kiev.

La censura de internet por parte del Kremlin ha afectado a la velocidad y acceso a la red, pero también ha restringido decenas de miles de páginas web, medios de comunicación y redes sociales, especialmente en los últimos cuatro años de guerra.

La prensa adelantó esta semana que el 1 de abril será bloqueada definitivamente la red de mensajería Telegram, cuya ralentización ya causó un gran malestar entre diputados, blogueros y militares rusos, que lo emplean profusamente en el frente ucraniano.

“Instagram es una droga. Básicamente, somos camellos”. Esta frase, escrita por uno de los ingenieros de Meta en un arranque de sinceridad en un chat interno de la compañía propiedad del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg, resume hasta qué punto las grandes plataformas son conscientes del producto que manejan. De cómo está diseñado y qué daño causa.

No es de extrañar que este haya sido uno de los primeros argumentos utilizados por la acusación en el histórico juicio de Los Ángeles (California) que por primera vez ha sentado en el banquillo a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

Los documentos filtrados en litigios recientes pintan un panorama demoledor: las empresas no solo conocen los riesgos, sino que diseñaron sus productos para maximizar el compromiso adolescente aunque el coste fuera la salud mental de toda una generación. 

Un informe interno de TikTok, filtrado en 2024, lo admitía sin ambages: “Los menores no tienen una función mental ejecutiva para controlar su tiempo de pantalla”. Es decir: son incapaces de desconectar, atrapados en el scroll infinito.

En 2019, pruebas piloto encargadas por Facebook demostraron que los usuarios que abandonaban la red durante una semana mostraban niveles menores de depresión, ansiedad y soledad. La investigación fue cancelada. Un empleado dejó constancia de su inquietud: ocultarlo les haría parecer “compañías de tabaco” que sabían del daño de los cigarrillos y callaban. La comparación no puede ser más reveladora.

La pregunta ya no es si estas plataformas son adictivas, sino por qué, conociéndolo, no implementan frenos. La respuesta es simple: menos tiempo de pantalla significa menos anuncios, y menos anuncios significan menos ingresos. 

El caso de la plataforma de juegos Roblox recientemente denunciada en Australia, un país pionero en la legislación para regular el acceso a redes sociales, añade otra capa de horror porque se ha convertido en terreno de caza para depredadores que la utilizan para manipular a menores con el objetivo final de obtener concesiones de índole sexual, imágenes íntimas o incluso un encuentro físico. La exposición a contenido gráfico se suma a un ecosistema donde la seguridad infantil queda sistemáticamente supeditada al crecimiento de usuarios activos.

Regular este paisaje resulta endiabladamente complejo. En Estados Unidos, la Sección 230 protege a las plataformas de responsabilidad por contenidos de usuarios, creando un escudo legal casi impenetrable. Los litigios actuales intentan cambiar el foco: el problema no es solo lo que se publica, sino el diseño negligente y adictivo de las plataformas mismas. Pero probar causalidad directa entre un algoritmo y un daño específico es un objetivo que todavía nadie ha conseguido alcanzar.

Lo confirma la doctora en Psicología Silvia Álava. “Determinadas redes sociales están pensadas para hackear la atención del cerebro y que intentemos estar en ellas el máximo tiempo posible”. Algo particularmente dañino “en el cerebro de niños o adolescentes, que es muchísimo más sensible” y está lejos de haber madurado lo suficiente. 

No obstante, precisa, y aunque la ciencia nos dice que hay una correlación entre el uso del móvil y un incremento de los problemas de salud mental, sobre todo de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, aún no tenemos un estudio que diga “que hay una relación causal”, solo que es “un factor de riesgo”.

Son, en todo caso, evidencias suficientes para que gobiernos de todo el mundo traten de poner coto al problema. La cuestión es cómo hacerlo. Una verificación de edad robusta requiere, para muchos, datos biométricos cuyo almacenamiento masivo plantea riesgos monumentales de ciberseguridad. ¿Qué empresa merece custodiar los rostros de millones de menores? ¿Qué ocurre cuando esa base se filtra?

Sin embargo, Mar España, responsable de Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), no tiene dudas. La prioridad tiene que ser la defensa del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud física y mental de los menores y, para hacerlo, asegura a infoLibre, el problema no es la privacidad.

Son precisamente las grandes plataformas, subraya, las que la están vulnerando al perfilar a los menores a edades tremendamente tempranas con un único objetivo: “Cuanto más pronto se enganchen a las redes, más vulnerables van a ser y más cautivos serán de los productos y servicios que estas grandes plataformas ofrecen”.

Ahora mismo “hay muchísimos menores de 14 años en TikTok y en Instagram” precisamente "porque las redes no están cumpliendo adecuadamente los principios de privacidad". “Hay que ir hasta el fondo” para proteger a los menores. “Igual que no pueden consumir alcohol o conducir un coche. Esto es incluso más perjudicial. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es cuando las personas creamos hábitos de comportamiento, nuestros valores y cómo nos relacionamos con el otro”. 

Las redes no son, además, el único problema. A todo esto hay que sumar las cajas de recompensa (loot boxes) en videojuegos que operan mediante refuerzo intermitente —exactamente como las tragaperras— pero se perciben como entretenimiento, no como apuesta. Detectar y regular esta mecánica hasta que el daño económico o la adicción están consolidados resulta extremadamente difícil.

Hay, además, cierta tensión constitucional: algunos sectores advierten de que la prohibición de acceso a los menores puede limitar oportunidades legítimas de participación juvenil. O lesionar otros derechos. Laura Davara, socia del despacho de abogados especializado en derecho digital que lleva su nombre, y experta en educación digital, considera difícil verificar la edad sin incumplir la normativa de protección de datos. 

No se puede pedir el DNI, pone como ejemplo, porque ”incumple el principio de minimización, que es esa obligación de únicamente recabar los datos mínimos necesarios para cumplir con la finalidad” que se persigue. Tampoco es fan de la implantación de controles parentales en los dispositivos porque dan “una falsa sensación de seguridad. Yo animo a poner en Google cómo saltar control parental: te salen varios tutoriales”.

El riesgo principal de una regulación, a su juicio, “es que se vulneren derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la privacidad. Una cosa es poner límites y otra censurar o espiar: podemos estar hablando de situaciones tremendamente graves”. En juego están, además, la libertad de expresión y “el tema del tipo de mensajes que se pueden limitar. ¿Dónde pones el límite?”, se pregunta. “Es algo muy, muy peligroso”. 

Mar España discrepa. “Las plataformas sociales tienen medios de sobra para verificar la edad”. Y pone un ejemplo que conoce bien, de su etapa al frente de la AEPD. La única plataforma de distribución de porno que entonces decidió voluntariamente adaptarse a los criterios de la agencia usando servicios de verificación de edad que respetan la privacidad perdió el 85% del tráfico. Es decir: el servicio logró una efectividad de 8,5 sobre 10. 

Esto no va de si “les quitamos derechos o no les quitamos derechos”, añade la psicóloga Silvia Álava. Cuando “tenemos evidencia de que hay algo que no funciona bien, que puede provocar problemas, hay que regular su uso, porque lo primero es la protección de la infancia, y la infancia llega hasta los 18 años”.

Frente a quienes dicen que es imposible impedir completamente el acceso, porque siempre habrá quien se lo salte, otros manejan con soltura la analogía de la prohibición del alcohol a los menores. El valor de una ley no reside solo en su capacidad de vetar, dicen, sino en su función pedagógica y simbólica.

Cuando no existe regulación, el problema permanece invisible, relegado a la responsabilidad individual de padres superados por los acontecimientos. Legislar contra cajas de recompensa o acceso a contenidos tóxicos, en cambio, emite un mensaje inequívoco: “Esto no es inofensivo, es un riesgo documentado”. Desnaturaliza lo que la inercia social había normalizado —que un niño de diez años pase seis horas diarias en una red diseñada para adultos— y rompe la aceptación pasiva del daño.

Davara advierte, en todo caso, de que “esto no es una cosa solo de plataformas. Es algo tan grande y tiene tal nivel de implicaciones que se tienen que tener en cuenta muchos más factores. No es algo solo de las familias, de los menores, de los centros educativos, de las plataformas, de las administraciones públicas o de los gobiernos”. 

Tampoco debería ser, añade, “una cuestión solo de la edad. Si ponemos el foco solo en la edad, nos vamos a quedar cortísimos. Yo lo digo siempre: todos tenemos un cuchillo en casa y podemos utilizarlo para cortar el filete o para cortarle el cuello a la persona con la que convivimos. Y es el mismo cuchillo”. La cuestión es no dejar "utilizar un cuchillo a gente que no tiene el conocimiento" para hacerlo.

De ahí la importancia, subraya, de la “educación digital”. “Yo soy una de las mayores partidarias, pero de una educación digital de verdad”. Más que de nuevas normativas. Ya hay varias, recuerda, “que imponen obligaciones a las plataformas. No digo que sean perfectas, porque no lo son. Tampoco digo que no haya que imponer más obligaciones”, pero lo importante es hacerlas cumplir, en particular la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Gracias a esta norma, recuerda, se han impuesto multas cuantiosas por diseños adictivos.  

Es cierto, como sostiene esta abogada, que las prohibiciones se pueden sortear usando, por ejemplo, VPN de fácil acceso. Pero la mayoría de usuarios no poseen conocimientos técnicos ni voluntad de complicarse constantemente la vida. Si una medida evita que el 70% de menores accedan a contenido tóxico, aunque el 30% restante lo consiga, el impacto en salud pública seguiría siendo considerable, subrayan sus partidarios. 

Entre tanto, sin regulación, toda la carga recae en padres que deben competir contra equipos de psicólogos conductuales y diseñadores de experiencia dedicados profesionalmente a minimizar la adicción. No se debe “poner todo el peso únicamente en las familias”, explica Álava, aunque tengan un trabajo que hacer de acompañamiento y alfabetización digital. “Las plataformas también tienen que proteger a los menores”. Están hechas precisamente “para enganchar, saben perfectamente que hay contenido que es nocivo”. No solo porno, recuerda, al que los niños están accediendo con ocho años, sino también contenido acerca de cómo autolesionarse, ideación de suicidio, o promoción de trastornos de conducta alimentaria. 

Hace décadas, obligar a usar cinturón generó resistencias: resultaba incómodo, paternalista, una intromisión estatal. La ley no evitó todos los accidentes, pero cambió la percepción del riesgo. Hoy, abrochárselo es acto reflejo, y mirar atrás asombra: ¿cómo permitimos que niños viajaran sin protección? Con las redes sociales, cada vez más personas buscan una transformación cultural semejante: pasar del salvaje oeste actual a una cultura de cuidado. 

En todo caso, subraya Mar España, “esto tiene que ser un pacto de Estado. Necesitamos consenso y aprobación urgente, pero incorporando el criterio de salud en el proyecto de ley de protección al menor en el entorno digital que probablemente se impulse en este periodo de sesiones. Porque no puede haber una ley donde el eje principal no sea la salud, desde la evidencia científica y la neutralidad política”. 

Consumir porno o redes sociales desde los 12 años y formar tu atención a través de vídeos cortos de 15 segundos afecta al desarrollo cognitivo, insiste la exdirectora de la AEPD. Nunca como ahora la salud física y mental de los adolescentes se ha visto tan perjudicada. “Los médicos están horrorizados de lo que están viendo en consulta”, remarca. Silvia Álava lo confirma: “Tenemos chicos y chicas que se nos están rompiendo”.

De ahí que la Asociación Española de Pediatría, con el respaldo unánime de todas las sociedades médicas, esté pidiendo prohibir las pantallas en la etapa infantil, la de “mayor plasticidad cerebral”. Recomiendan cero exposición hasta los seis años; de una hora máximo al día entre 6 y 12 años y dos horas máximo al día de 12 a 18 años. “Incluyendo deberes, enseñanza digital y ocio”, remarca España.

“Hasta que consigamos que esté tan mal visto que un adolescente tenga un smartphone con 13, 14 o 15 años —o un bebé, que es una salvajada—, como ahora está mal visto conducir estando borracho o sin el cinturón de seguridad”, habremos perdido “una o dos generaciones”, advierte.

El director ejecutivo de Telegram, Pavel Dúrov, ha enviado un mensaje a los usuarios de la aplicación de mensajería advirtiendo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha impulsado "nuevas regulaciones peligrosas que amenazan tus libertades en internet". Tras ello, Dúrov ha enumerado los peligros que, a su juicio, tienen las medidas anunciadas por el mandatario.

El ejecutivo ruso ha asegurado a través de cuatro puntos que las nuevas medidas que convertirían a España en "un Estado de vigilancia". La primera, refiriéndose a la prohibición de redes sociales para menores de 16 años y la verificación de cada usuario a través de documento de identidad o biometría, asegura que "erosionaría el anonimato". La segunda crítica es a la responsabilidad penal y personal de los ejecutivos de las plataformas, que afecta directamente a Dúrov, ante contenido ilegal, odioso o perjudicial; el empresario asegura que esta medida forzará la "autocensura".

Otra de las regulaciones incluye la criminalización de la amplificación de contenido perjudicial, ante lo que el ejecutivo plantea la cuestión: "¿Exploración libre de ideas? Desaparecida". También ha criticado como herramienta para "suprimir a la oposición" la nueva obligatoriedad de las plataformas de monitorear y reportar contenido que alimenta la huella de odio y polarización, tan presente en la actualidad. "Manteneos vigilantes, España. Exigid transparencia y luchad por vuestros derechos. Compartid esto ampliamente -antes de que sea tarde", ha concluido el empresario.

Dúrov, fundador de la red social VK y co-fundador, junto a su hermano Nikolái Dúrov, de la app de mensajería, fue imputado en agosto de 2024 por la Justicia francesa por doce delitos, entre ellos el de "blanqueo de delitos o delitos cometidos por una banda organizada". 

En respuesta al mensaje, Sánchez ha publicado un escueto mensaje en su cuenta de X, parafraseando la famosa cita de El Quijote: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos"

Este mensaje ha sido enviado un día después de la respuesta del dueño de X, Elon Musk, a las medidas anunciadas Sánchez. En un post de X, el magnate llamó al presidente del Gobierno “Dirty Sánchez”, que traducido literalmente significa “sucio Sánchez”, además de describirlo como un “fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España”. 

El post de Musk citaba a un tuit en el que Sánchez explicaba las nuevas propuestas del Gobierno para crear un espacio seguro en internet. Una de ellas consistiría en hacer legalmente responsables a los directivos de las redes sociales de “las múltiples violaciones” que ocurran en sus plataformas, lo que podría afectar al propio Musk. Otra de las medidas supondría la tipificación como delito de la alteración de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales.

Una hora después del primer tuit del multimillonario, Musk posteó otro en el que tachó a Sánchez de ser “un verdadero fascista totalitario”. Se trata del segundo choque en internet entre ambos en la última semana, después de que el magnate comentase con un “Wow” un mensaje que criticaba la regularización de personas migrantes, a lo que el presidente socialista respondió con la frase: “Marte puede esperar, la humanidad no”.

Pedro Sánchez ha reaccionado a las declaraciones de Dúrov en su cuenta de X (twitter), en la que ha compartido un post que dice "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos." El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido el primer miembro del Gobierno en reaccionar al mensaje difundido en contra de Pedro Sánchez por Dúrov. "Hoy es un buen día para desinstalar Telegram de mi teléfono. Nunca me fue de gran utilidad. Así que la pérdida es escasa por no decir nula", ha escrito el ministro también en su cuenta de X.

Puente ha concluido este escueto mensaje con un 'пока Pavel' ('Adiós Pavel'), escrito en ruso, país del que es originario el fundador de Telegram.

Mientras se disparan las estimaciones sobre el número de víctimas de la represión del poder en Irán —varias fuentes hablan de hasta 30.000 personas muertas—, el acceso a internet se ha restablecido de forma muy limitada y selectiva. Aunque algo aliviado, este apagón digital tiene una duración excepcional en la historia de la República Islámica. Y la contradicción es total con las promesas del Gobierno de poner fin rápidamente a las restricciones.

El vicepresidente del régimen, Hossein Afshin, prometió el 19 de enero que “las actuales restricciones se levantarían en breve”. Pero el portavoz del Gobierno, Fatemeh Mohajerani, precisó posteriormente que la decisión de cortar internet correspondía a los “responsables de seguridad” y confesó en privado a los periodistas que era posible que la conexión no se restableciera antes de finales de marzo.

Este corte de internet ha provocado profundas perturbaciones en la vida cotidiana de los iraníes y su aislamiento del resto del mundo, pero también una ola de preocupación internacional, en particular por el riesgo de que se oculte el alcance de la represión mortal de las movilizaciones populares, sin precedentes desde la revolución de 1979. La insistencia de Irán en mantener este corte prolongado ha despertado además la curiosidad de los observadores sobre los avances en la creación de un “internet nacional”.

Irán es uno de los países que desde hace tiempo impone las restricciones más severas a la libertad de acceso a internet, ya que este acceso plantea una cuestión existencial para el régimen. La República Islámica considera que el internet libre forma parte de una “invasión cultural” de Occidente.

El líder supremo, Ali Khamenei, ha pedido en varias ocasiones, en sus discursos, la adopción de leyes restrictivas. En 2012, creó una institución denominada “Consejo Supremo del Ciberespacio”, encargada de la censura de internet y la aplicación de filtros. Este órgano figura en la lista de instituciones de represión cibernética elaborada por organizaciones internacionales, entre ellas Reporteros sin Fronteras.

El régimen iraní, especialmente durante los movimientos de protesta a escala nacional, considera que el corte de internet es una herramienta eficaz para contener las manifestaciones y, por lo tanto, garantizar su supervivencia política. Desde las manifestaciones de 2009, desencadenadas por la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente, el recurso a este instrumento es recurrente y alcanza cada vez nuevas dimensiones.

Masoumeh Taherkhani, analista de economía afincada en el Reino Unido, explica a Mediapart que las experiencias anteriores de cortes de internet constituyeron para el poder “una especie de prueba real destinada a reducir los costes de ejecución de cortes posteriores. Pero este objetivo se ha quedado en la teoría. En la realidad económica, el resultado se tradujo en pérdidas considerables para las clases medias y las pequeñas estructuras comerciales de la sociedad”.

El corte actual limita directamente el acceso a servicios vitales como la banca, la salud y la educación, pero el proyecto de “internet nacional” se está desarrollando precisamente para neutralizar esos efectos. Esta red interna tiene por objeto mantener un nivel mínimo de servicios bancarios, administrativos, sanitarios y educativos en caso de corte o deterioro de internet a nivel mundial, y hay indicios de que esta capacidad se ha reforzado considerablemente en comparación con años anteriores.

“Es reveladora la comparación entre noviembre de 2019 y la situación actual”, estima Mehdi Saremifar, analista de tecnología afincado en Canadá. “En 2019, un corte de la red era prácticamente insoportable más allá de unos ocho días, y la presión económica había llevado a la reapertura de internet. En enero de 2026, el corte ha durado casi tres semanas, sin que se observaran signos claros de incapacidad inmediata del sistema”.

Sin embargo, las estadísticas, los informes sobre el terreno y los análisis de los expertos dan testimonio de los daños causados por esta política. Es cierto que no existen cifras precisas, definitivas y verificables sobre el coste económico de los cortes de internet en Irán. Los datos proporcionados por el Gobierno o por instituciones independientes son solo estimaciones y no cálculos reales basados en datos brutos.

Pero, según varias fuentes competentes en la materia, la estimación pública más creíble hasta la fecha proviene de la ONG NetBlocks, que evalúa las pérdidas financieras en Irán relacionadas con el corte de internet en 37 millones de dólares al día. Sobre esta base, y teniendo en cuenta los cortes que se produjeron durante la guerra con Israel, las pérdidas durante el último año superarían los 1.000 millones de dólares.

Mehdi Saremifar precisa que la parte de la economía digital iraní supone entre el 5 % y el 6,5 % de la riqueza nacional. Pero, aparte de los costes estrictamente soportados en este ámbito, los efectos del corte “se manifiestan en el cierre de empresas, la disminución de la confianza económica, la emigración de la mano de obra, etc.”, precisa.

Según las estadísticas disponibles, alrededor de 10 millones de personas en Irán obtienen sus ingresos directa o indirectamente de internet. Pero muchas de esas actividades son pequeñas y poco resistentes y, con cada corte, una parte de ellas nunca vuelve al circuito económico.

Según el propio ministerio de Telecomunicaciones iraní, se han visto privados de acceso a internet unos 73 millones de usuarios. “Estas cifras muestran que las pérdidas reales, especialmente a medio y largo plazo, podrían superar con creces las estimaciones publicadas”, afirma Masoumeh Taherkhani. “El impacto real de esta política se manifestará en el declive duradero de las actividades económicas”.

La idea inicial de crear la Red Nacional de Información (internet nacional) se planteó en 2005, al comienzo de la presidencia del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad. En un principio, el proyecto debía completarse en tres años, pero se necesitaron diez años para que, bajo la presidencia de Hassan Rohani, entrara en funcionamiento el núcleo principal de esa red, un centro de intercambio de tráfico de datos de la infraestructura.

En un documento publicado años más tarde bajo el título “Requisitos de la Red Nacional de Información”, figuran como objetivos “la creación de la infraestructura de comunicación del ciberespacio nacional”, “la independencia”, “la gobernanza”, “el saneamiento y la seguridad”, “las tarifas y el modelo económico”, así como “los requisitos culturales”.

Esos títulos muestran que, al separar la red de internet del país de la red mundial, la República Islámica no solo persigue objetivos económicos, consistentes en eludir las sanciones internacionales. Esos objetivos también son de seguridad y culturales, vinculados a la ideología islámica.

Si el desarrollo del internet nacional es tan lento es porque “el desarrollo y el mantenimiento de infraestructuras paralelas, en formato internet nacional, requieren inversiones cuantiosas y continuas”, explica Masoumeh Taherkhani. Y además de que este coste es elevado, el rendimiento de un internet nacional es inferior al de la integración en la economía digital mundial.

“Irán es básicamente un consumidor y no un productor de tecnologías a escala mundial”, explica. “El país no dispone de las capacidades técnicas y operativas necesarias para transferir parte de las redes de servicios al interior del país y nacionalizarlas.”

Aunque la República Islámica ha logrado, mediante cortes generalizados, alcanzar objetivos de seguridad temporales y, mediante el filtrado, objetivos culturales, no ha tenido el mismo éxito en el plano económico, pues la economía digital de cualquier país depende en gran medida de las conexiones mundiales, las plataformas internacionales y la libre circulación de la información.

Contrariamente a las expectativas expresadas al inicio del reciente corte de internet en Irán, ni la comunidad internacional ni las empresas tecnológicas extranjeras han sido capaces de ponerle fin rápidamente.

Las instituciones de defensa de los derechos humanos vinculadas a las Naciones Unidas, entre ellas la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han calificado el corte de internet como parte de un patrón de represión y violación de los derechos fundamentales.

“Esas declaraciones convirtieron el corte de una decisión técnica en una cuestión de derechos humanos, lo que dificultó cualquier intento de negar su carácter ilegítimo”, explica el analista Mehdi Saremifar. “Pero, a falta de mecanismos coercitivos vinculantes, no tuvieron un efecto disuasorio inmediato.”

Por parte de las empresas tecnológicas no se ha llevado a cabo ninguna acción concreta. Los intentos de crear vías de comunicación alternativas, en particular a través de la red de internet por satélite Starlink, se han topado con perturbaciones técnicas y con la persecución de los usuarios por parte de las autoridades iraníes.

“Esta experiencia demuestra que la eficacia de una intervención exterior, sin modificar el equilibrio de poder interno y sin generar mayores costes para el poder, sigue siendo indirecta y esencialmente a largo plazo, en lugar de operativa e inmediata”, concluye Mehdi Saremifar.

Mostafa Khalaji es periodista independiente. Este es su primer artículo para Mediapart.

Traducción de Miguel López

Las conexiones a internet global mejoraron este martes en Irán tras 19 días de bloqueo, una medida que se tomó en medio de las protestas más violentas en la historia de la República Islámica con la muerte de miles de manifestantes. “Con el apagón de internet en #Irán acercándose al día 20, muchas redes están comenzando a ser visibles internacionalmente”, dijo en X Netblocks, organización que vigila el tráfico y la censura en la red. Netblocks matizó, sin embargo, que “no hay un retorno a la normalidad: la web sigue fuertemente filtrada mediante una lista blanca”.

EFE comprobó que las conexiones mejoraron a primera hora de la tarde de este martes y comenzaron a funcionar los programas de VPN, necesarios para saltarse la censura y usar aplicaciones como WhatsApp y X.

Las autoridades iraníes aplicaron el 8 de enero un apagón de comunicaciones con el bloqueo de internet global, las llamadas internacionales y los SMS locales, que ha ido levantando poco a poco. Así, durante días los iraníes han tenido solo acceso a una red interna, limitada a servicios locales y medios estatales, en una medida sin precedentes en el país. Sin embargo, desde el pasado viernes se observó una mayor disponibilidad de servicios y páginas web internacionales.

El apagón se produjo en medio de las protestas que comenzaron a finales de diciembre por comerciantes de Teherán por la caída de la moneda nacional, el rial, y que se extendieron por el país pidiendo el fin de la República Islámica. Esas manifestaciones alcanzaron su momento crítico el 8 y 9 de enero con una explosión de manifestaciones en prácticamente todo Irán seguidos de una fuerte represión.

La ONG HRANA, con sede en EEUU, informa de 6.126 asesinados por el régimen.

El corte de internet global en Irán le cuesta al país unos 35 millones de dólares diarios y afecta a 10 millones de trabajadores que dependen de la economía digital, reconoció este lunes el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, Sattar Hashemi.

A primera vista, Pascal G. no era el más condenable de los hombres pillados en la redada que permitió la detención, dos semanas antes de Navidad, de una veintena de compradores de muñecas pornográficas infantiles. De hecho, este cincuentón canceló su pedido tres horas después de haberlo realizado. “Lo compré en plena noche y, al despertarme, me di cuenta de que había cometido una estupidez”, masculla el conductor de maquinaria, el viernes 9 de enero, ante el tribunal correccional de Avesnes-sur-Helpe (Norte). Pero dos horas de declaraciones revelarán un perfil muy inquietante, parapetado en la negación.

Según él, si pidió una muñeca sexual de pequeño tamaño fue para poder guardarla mejor en su auto-caravana. “¿En serio? ¿No es más bien la apariencia de una menor lo que le interesa?”, le espeta la fiscal.

Como no adquirió el objeto, Pascal G. está siendo juzgado por “consulta habitual de una web que ofrece representación pornográfica de menores”, debido a sus búsquedas en las plataformas de venta. Sobre todo porque pasó mucho tiempo pidiendo unas veces detalles sobre la profundidad de los “orificios”, otras vídeos que ilustran las etapas de fabricación...

Pero este soltero también comparece por “posesión” de imágenes de pornografía infantil. Los investigadores descubrieron en su teléfono y su equipo informático fotos y vídeos de menores prepúberes, entre ellas asiáticas, siendo sometidas a actos sexuales.

“Me robaron el teléfono”, intenta defenderse Pascal G. Después de recuperarlo, no se había dado cuenta de las descargas... ¿Robado dónde? “En Filipinas”, contestó. De 2019 a 2023, vivió en ese país “poco conocido” por los servicios policiales, un verdadero paraíso para los pedófilos.

Allí, este hombre cuenta que tenía “tiendas de ropa” y “un karaoke”. “No tuve tiempo de andar con menores”, precisa torpemente. “Trabajaba siete días a la semana. No vi nada”.

Según se ha sabido, regresó en 2023 a la fuerza: Francia tuvo que extraditarlo. Al irse a Asia, Pascal G. se había librado de un seguimiento socio-judicial obligatorio en Francia, impuesto tras una condena penal: “Intento de sustracción de menor”, es decir, secuestro.

Y no era la primera vez: ya en 2009, Pascal G. había sido condenado por ese delito. “¿Qué pasó?”, quiere saber la presidenta. “Era una chica a la que quería llevar a casa”, alega. “No quería subir al coche”.

Es un pozo sin fondo: los antecedentes penales de Pascal G., que ya ha estado en la cárcel, suman doce menciones, entre ellas varias agresiones sexuales a menores de 15 años, la última de ellas en 2007. ¿A quiénes? “A la hija de un amigo”, susurra el acusado. Cuando se le pregunta por los nombres de sus víctimas, se muestra incapaz de recordarlos. “No sabría decirlo...”, confiesa.

Tras su extradición desde Filipinas y una nueva estancia entre rejas, Pascal G. volvió a ponerse en contacto con sus “amigas” allí. La presidenta se refiere así a esta escalofriante conversación: “Usted intercambió mensajes [con una mujer] diciendo: ‘Vamos a estar juntos y esperaré uno o dos años antes de tener una relación con tu hija’.” “Era un juego, palabrería... Me aburro”, susurra Pascal G. “Está proponiendo claramente violar a una niña”, dice indignada la fiscal Loren Noordman.

En el momento de la requisitoria, esta se centra en los dos delitos que se le imputan. En cuanto a las muñecas, Loren Noordman considera que “alimentan fantasías pedófilas, las refuerzan y contribuyen a una cultura de depredación. Es un terreno peligroso para pasar a los actos”.

En cuanto a los vídeos, la magistrada no oculta su repulsa: “No son simples imágenes. ¡Son cicatrices digitales, una biblioteca del crimen! El Sr. G. tomó una decisión: participar en la empresa mundial de destrucción de nuestros hijos. La pornografía infantil es la expresión de un sistema en el que la dominación se convierte en fantasía, la violación en estética y la sumisión en entretenimiento”. Dirigiéndose al tribunal, concluye: “Tienen ante ustedes a un depredador, y el riesgo de reincidencia es muy alto”.

Pascal G., que ya se encontraba en prisión preventiva a la espera de juicio, vuelve a la cárcel. Se le impone una pena de treinta meses de prisión, acompañada de un seguimiento socio-judicial de cinco años, con orden de tratamiento, prohibición definitiva de ejercer en contacto con menores e inscripción en el fichero judicial automatizado de autores de delitos sexuales o violentos (Fijais). Según nuestra información, ha presentado un recurso.

Desde que estalló el “escándalo Shein” en noviembre de 2025, Francia está explorando las ramificaciones de esta delincuencia de las “muñecas”, considerada durante mucho tiempo marginal, cuando no “anecdótica”, y nunca analizada, en particular en su relación con su paso a actos delictivos. A falta de estadísticas nacionales y estudios científicos, aún cuesta determinar su alcance.

Para conocer la trayectoria de la veintena de clientes de las plataformas Shein y AliExpress identificados por la justicia en noviembre, habrá que esperar varios meses más y seguir el trabajo de dieciocho jurisdicciones. Según la fiscalía de París, un tercio ya es “conocido por actos de naturaleza sexual con menores”. Y en varios juicios ya se han revelado los perfiles de los depredadores.

Así, el sujeto que ha comparecido en Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a principios de enero de 2026 había sido condenado veinte años antes por agresión sexual incestuosa a su hija. Este electromecánico de 56 años afirmó en la vista que había comprado su “muñeca” sin intención sexual, porque “soñaba” con ser profesor: “Mi idea era grabarme frente a un maniquí para ver cómo me comportaba, cómo me expresaba... “ La negación se va haciendo hueco sin merma del ridículo.

En Tarbes (Altos Pirineos), a mediados de diciembre, el acusado hizo unas confesiones sorprendentes. Este padre de familia reconoció no solo la compra de una muñeca, sino también una agresión sexual cometida hace tiempo contra una amiga de su hija, entonces de 8 años, que siempre había negado y por la que había obtenido un sobreseimiento en 2022. Por el conjunto de los hechos, fue condenado a dos años de prisión.

Por otra parte, casi cada semana desde noviembre, se denuncia ante la justicia una nueva página web, ya sea por parte de las autoridades o de asociaciones, en particular Mouv’enfants, que se ha lanzado a una caza sin precedentes de vendedores y fabricantes.

La fiscalía de París ya ha abierto al menos cinco diligencias, dirigidas no solo contra Shein y AliExpress, sino también contra las web de Little Sex Dolls, Temu y Wish. El 12 de enero de 2026, la fiscalía de Hauts-de-Seine abrió una sexta diligencia contra Sex Dolls Europe. Según los casos, se persiguen dos delitos distintos: la difusión de representaciones de pornografía infantil (las propias muñecas) o la difusión de contenidos pornográficos accesibles a menores sin restricciones.

La profusión de ofertas de muñecas sexuales con cara de niñas se inscribe claramente en un contexto de explosión de contenidos de pornografía infantil disponibles en el espacio digital, incluidos los generados por la inteligencia artificial.

Según los datos facilitados a Mediapart por el ministerio de Justicia, el número de condenas definitivas por el delito de posesión o difusión de imágenes de pornografía infantil se ha disparado un 70 % en diez años, pasando de 848 en 2015 a 1419 en 2024.

Al mismo tiempo, la justicia se está volviendo algo más severa. En 2024, la pena media por posesión o difusión era de 16,4 meses de prisión firme (cuando se trataba del delito principal), frente a los 13,5 meses de 2015.

Preguntado sobre el número de obligaciones de tratamiento ordenadas de forma complementaria por los jueces, el ministerio no ha podido respondernos. Pero parece que está aumentando la propensión de los magistrados a recurrir a ellas, con la esperanza de prevenir mejor los actos delictivos o la reincidencia.

Pero esos tratamientos no son una “solución milagrosa”, pues es probable que parte de los comportamientos a los que se dirigen no tengan nada que ver con trastornos psiquiátricos. Además, esos seguimientos resultan complicados de poner en marcha, debido a la falta de psiquiatras disponibles, y de controlar, debido al secreto médico.

Emmanuel B., por su parte, afirma haber cumplido con su obligación de recibir tratamiento, que finalizó el año pasado. Localizado por Mediapart, este treintañero fue condenado en 2023, en medio de una relativa indiferencia, tras el primer escándalo, ocurrido en 2020, sobre la venta de muñecas pornográficas infantiles. En aquel momento, la plataforma implicada se llamaba Amazon. Y para que la justicia se pusiera en marcha, fue necesario que una asociación, La Voix de l'enfant, presentara una denuncia contra la empresa americana.

Amazon había transmitido a la justicia la identidad de un solo comprador: Emmanuel B., un técnico soltero sin antecedentes penales, que en el momento de su detención ya se había deshecho de la muñeca, “asqueado”. “Era como un cadáver”, explicó a los gendarmes. “Era muy grande, no cabía en el cubo de basura. Así que la corté en trozos pequeños y la tiré al vertedero”.

La investigación sobre la parte “cliente” se cerró rápidamente. De su entorno, solo su hermano fue interrogado sobre posibles “comportamientos inapropiados” hacia sus hijos, a lo que él respondió: “No, nunca”.

El informe psiquiátrico fue tranquilizador: aparte de una depresión grave, el médico no detectó ninguna “peligrosidad criminológica”. El tribunal correccional de Dieppe optó así por una pena leve de tres meses de prisión condicional, sin imponer ninguna prohibición de actividad con niños. Ni siquiera la inscripción en el Fijais. Simplemente, Emmanuel B. estaba obligado a someterse a tratamiento psiquiátrico durante dos años.

“Tenía muchas ganas de suicidarme”, declara hoy. “Pero recibí un buen seguimiento por parte del Spip [el servicio penitenciario de inserción y libertad condicional de la administración penitenciaria, ndr] y del hospital. Sigo yendo a un psiquiatra, aunque ahora lo necesito mucho menos. Considero que ha sido un mal para un bien. La pena fue muy justa; el seguimiento de proximidad, algo muy positivo. El hecho de comprar una muñeca así no me parece dramático en sí mismo, pero es una muy mala señal”.

¿Ha llamado usted alguna vez al número nacional dedicado a las “personas atraídas por los niños”, gestionado por profesionales de la salud? “Nunca”. Aunque el Spip le habló de ello.

A la psiquiatra Anne-Hélène Moncany, especialista en el tratamiento de autores de delitos sexuales, se le preguntó sobre la probabilidad de que haya un depredador detrás de cada comprador, y nos declaró en noviembre: “Desde el punto de vista científico, este debate no está zanjado [por falta de datos, ndr]. Pero lo que importa es que, entre estos compradores, hay algunos que corren un alto riesgo de agredir sexualmente a niños. De ahí la necesidad de sancionar, pero también de actuar con esas personas, para tratar de que no agredan a quienes les rodean.”

En opinión de Emmanuel B., la mejor forma de prevención es “romper el tabú, saber que hay gente así”: “Sé que nos pueden pasar cosas cuando somos pequeños... Si lo que ocurre en las familias fuera menos tabú, quizá habría más gente que acudiría al médico para evitar encerrarse eso y pasar a la acción. También debería ser más fácil acceder a un psiquiatra”, explica.

Afirma que nunca ha agredido a nadie. Cuando Mediapart preguntó a la fiscalía de Dieppe si la justicia había tenido que ver con Emmanuel B. desde 2023, no respondió.

Pero lo que llama la atención de este procedimiento, iniciado en 2020 y cerrado tres años después con la condena de un solo hombre, es que Amazon nunca ha sido procesada. Sin embargo, en un principio, la denuncia de La Voix de l'enfant se dirigía precisamente contra la plataforma estadounidense, en particular por “explotación de imágenes de pornografía infantil”.

Pero los productos eran ofrecidos por dos vendedores independientes chinos, “responsables de la publicación de sus productos en Internet”, declaró el director jurídico de Amazon a la policía. “Cuando Amazon fue informada de la existencia de esos productos, los retiró inmediatamente”, añadió. “Y prohibió a terceros vendedores seguir vendiendo en Amazon.fr”. Un argumento similar al de Shein hoy en día.

Y lo que es peor: en aquel momento, la justicia descubrió que una de las empresas chinas vendía sus muñecas en otra plataforma, AliExpress. Contactado por los investigadores, el grupo propietario, Alibaba, retiró sus productos. Pero “se negó a facilitar todos los datos relativos a los compradores”, según un documento del expediente consultado por Mediapart. “Además, no se pudo interrogar a ningún responsable [de Alibaba]”. Una estrategia obstructora eficaz.

Al final, en este caso de 2020, la justicia archivó la parte relativa a las “plataformas”, considerando sin duda que no había intención de cometer un delito.

“Lamento esa pusilanimidad”, lamenta hoy el abogado de La Voix de l'enfant, Frédéric Benoist. “Habría sido importante presionar a las plataformas en aquel momento. Que al menos se hubiera llevado a cabo un debate ante un tribunal para determinar si la falta de medidas de seguridad suficientes hubieran podido determinar su responsabilidad penal. Si no, llegamos a donde estamos hoy...”

Cinco años después de su primera acción, La Voix de l'enfant volvió a presentar una denuncia por la distribución de muñecas, en noviembre de 2025, contra Shein y AliExpress. Esta vez, con la esperanza de que se celebre un juicio.

Traducción de Miguel López