Las imágenes de la crisis humanitaria en Ceuta han dado la vuelta al mundo. Miles de personas, incluidos niños y niñas, siguen atrapadas en la ciudad autónoma casi tres semanas después de cruzar la frontera. Las asociaciones y ONG que trabajan en el terreno denuncian condiciones infrahumanas y falta de respuesta institucional y aseguran que existe una dependencia de la respuesta vecinal para sostener la vida de estas personas migrantes.

Los vecinos “están llevando a cabo un registro de todos los niños y niñas, que hace 10 días llegaba a 4.000”, asegura Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children. Otras fuentes más conservadoras hablan de más de 3.000. Esta desprotección preocupa especialmente en el caso de las niñas, que, ante las alertas por violencia sexual en Ceuta, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad: “No tienen un techo, con suerte están en algún campamento improvisado o informal, y no tienen condiciones de higiene”, expone Perazzo.

Asociaciones y movimientos que trabajan sobre el terreno, como EXMENAS, No Name Kitchen o Elín, denuncian en sus redes sociales el abandono institucional. También lamentan el uso de esta crisis humanitaria como arma política, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Pilar Alba Díaz, voluntaria de la Asociación Elín, explica a infoLibre la situación de las personas migrantes en Ceuta, especialmente la de los menores. 

¿En qué condiciones están viviendo estos menores migrantes?

Hay varios espacios. Por una parte, hay naves donde viven familias y menores en colchones y se hace reparto de comida, en gran medida organizado por asociaciones vecinales y colectivos de Ceuta. También hay muchas personas en la calle porque no caben en esas naves, sin ni siquiera poder filiarse y atender de manera individualizada su situación.

Luego hay muchos menores en los bosques y en los alrededores de las playas, donde es más difícil el acceso. La mayoría tienen 16 y 17 años y son los que más miedo están teniendo, porque saben que a los que son más pequeños sí les están filiando y sí están entrando a recursos, pero ellos no.

Nosotras hemos estado intentando hacer un registro. En el caso de las niñas, hacemos un seguimiento de algunas que presentan una especial vulnerabilidad, entre ellas varias que nos comentaban haber sido violadas o abusadas.

Desde la asociación denuncian abandono institucional.

Totalmente, sí. Nosotras no recibimos subvenciones ni ayudas. Nuestro trabajo aquí, que lleva siendo el mismo durante 26 años, siempre ha consistido en denunciar las vulneraciones de derechos humanos. En muchas ocasiones, esta denuncia también implica poder decir a la Administración y a las autoridades qué no se está haciendo o qué se está haciendo mal. 

Como entramos en contacto con las personas que están y siguen en situación de calle, intentamos organizarlas por países, hacer un escrito e ir con los representantes de estos países a una reunión a la Delegación de Gobierno para que ellos estén presentes. En esta ocasión, la respuesta ciudadana y social es muy compleja. Ahora las personas migrantes tienen muy complicado poder caminar por el centro de la ciudad, porque muchas de ellas son agredidas, y nosotras también.

En muchas ocasiones, cuando hemos acompañado a alguna persona al hospital o cuando hemos ayudado a alguien o simplemente cuando estamos hablando con alguna persona, ciudadanos de aquí nos increpan, nos insultan y nos preguntan por qué estamos haciendo esto. 

Periodistas y políticos de extrema derecha han publicado vídeos increpando a migrantes en Ceuta. ¿Lo relaciona con la violencia que cuenta?

Entendemos y vemos cuál es la tensión que existe entre la propia ciudadanía, y no es otra que esa impotencia, intranquilidad y preocupación ante el abandono institucional. Si desde el primer momento se hubieran habilitado espacios y más plazas, la situación no habría llegado hasta este punto, y seguramente el enfrentamiento habría sido mucho menor. Pero desde las propias instituciones el mensaje que se está dando es de rechazo a las personas migrantes, de falta de respeto a los derechos humanos. 

Hay políticos, y me da igual de qué “tinte”, porque también las personas de izquierda están compartiendo y haciéndose eco de discursos de extrema derecha, hablando del retorno de todas las personas y de que no se acepten estas solicitudes de asilo. Todo eso es completamente ilegal.

España está dentro de unos tratados internacionales y somos firmantes de normas europeas y nacionales que obligan a respetar estos procesos. Entonces, nos llama mucho la atención que no sea sólo la extrema derecha la que se esté haciendo eco de esto y vendiendo un discurso de rechazo y de racismo. No tiene cabida en una sociedad como esta.

¿Cuáles son las expectativas desde la asociación?

Pues expectativas tenemos pocas, basándonos en la realidad, en el tiempo que está pasando y los medios que se están utilizando. De esta manera, cualquier cosa que se haga es una buena noticia. Sabemos que se van a habilitar algún recurso más, porque así lo han anunciado, tanto para menores como para mayores. Aún así, son recursos completamente temporales en los que sabemos que va a haber hacinamiento.

Luego, lo que nosotras esperaríamos y consideramos muy importante es que se vayan atendiendo poco a poco aquellas solicitudes de asilo y los casos de las personas más vulnerables, y que se hagan trasladados a la Península.

Además, en el caso de que se realicen devoluciones, pedimos que todas ellas cumplan con las garantías legales y, en el caso de los menores, que se lleve a cabo una reagrupación familiar si ellos así lo desean. Pero, si no se reúnen esas condiciones o eso no respeta el interés superior del menor, que el Gobierno asuma su cuidado y protección. 

Voy a cumplir 77 años, llevo jubilado desde el año 2014 y desde hace algo menos de una década incorporando en mi memoria el horror que la retórica de odio actual utiliza la propaganda para pintar a un grupo vulnerable como una "amenaza social" o como "enemigos", un proceso sociológico similar al que empleó el aparato nazi para estigmatizar a minorías. De facto, vivo como un jubilado espantado, con mucho miedo.

Antes de mi jubilación, como responsable de la Protección a la Infancia en Salamanca, mi obligación —y la de los técnicos, psicólogos y trabajadores sociales, la Fiscalía de Menores, Cruz Roja, las familias acogedoras…— era la de aplicar, lo más rigurosamente posible, el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley de Extranjería), además de la normativa de Protección a la Infancia (Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor) y toda la desarrollada por entonces por la JCYL (Junta de Castilla y León)… ¡Ojo al acrónimo!

En ese contexto en el que trabajábamos utilizábamos el acrónimo MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) de manera tan natural como utilizamos los miles de acrónimos que nos facilitan la comprensibilidad en nuestra lectura diaria y, más aún si cabe, en el ámbito profesional. Jamás tuvimos discrepancias y, mucho menos, confrontación alguna en torno al acrónimo que identificaba el tipo de menor con el que trabajábamos. Del mismo modo, si se me permite la comparación, utilizamos sin dificultad ACNEE (Alumnos con Necesidades Educativas Especiales) o cualquier otro acrónimo que se nos ocurra: ONCE, UNED, ONU, ACNUR, DGT...

MENA servía para activar la maquinaria del Estado del bienestar y la colaboración con entidades del tercer sector. Era un término que generaba expedientes de tutela, plazas de acogida y matrículas escolares; no titulares de sucesos violentos destinados a alimentar una retórica de odio que transforma a un grupo vulnerable en una supuesta “amenaza social”. Un proceso sociológico similar al utilizado por el aparato nazi para estigmatizar a minorías ante una “sociedad espectadora” que termina absorbiendo, cautivado por el avance de los discursos radicales, la hostilidad contra la infancia migrante.

Hoy, el acrónimo se ha "infestado". Ha sufrido un proceso de estigmatización y deshumanización. El lenguaje técnico ha sido secuestrado hasta convertirse en una etiqueta pseudopolítica, un insulto y un arma arrojadiza. El resultado tiene, al menos, dos efectos dramáticos: en el lenguaje administrativo, social y político se “huye” ya del acrónimo MENA y, para una gran parte de ciudadanos, es el cartel que identifica a violadores y ladrones. Para grupos supremacistas y de corte neonazi actuales la figura del MENA representa el chivo expiatorio para canalizar frustraciones socioeconómicas estructurales de una parte de la juventud.

Existe un instante preciso en el que el lenguaje administrativo deja de servir a la justicia y comienza a alimentar a la bestia. Cuando utilizábamos las siglas MENA en Protección a la Infancia, junto con entidades como Cruz Roja, lo hacíamos para delimitar un terreno puramente técnico y protector. Todavía no había aparecido Vox ni la extrema derecha europea tenía la presencia social que hoy tiene. Dos décadas después, aquel acrónimo se ha convertido en una auténtica peste social.

La retórica contemporánea ha secuestrado la etiqueta técnica para extirparle la condición de infancia. Al transformarlos en siglas, les quitamos el rostro, el miedo y la condición de hijos de alguien; los convertimos en un concepto aséptico al que resulta más fácil odiar, replicando los peores ecos de la deshumanización burocrática del pasado.

En esas estamos, mientras al menos 1.342 menores (según datos oficiales) deambulan por Ceuta, buscando qué comer y durmiendo en la calle, en los montes, en los parques, mientras las administraciones, tras una semana sin tener claro qué hacer, deambulan por los despachos. Sólo Vox parece que lo tiene claro y hace un llamamiento a la población: “Cuando ves amenazado lo tuyo, tu zona de confort, tu familia, tus hijos, tienes todo el derecho del mundo a defenderte. Que cada uno defienda a su familia con todo lo que tenga en su mano. Con un palo y con lo que sea”.

El veneno avanza y crece de manera alarmante. Una parte importante de la población, inoculada por ese discurso, termina borrando la condición de niño: porque ya no es un niño, es un maldito MENA. Se ha logrado vaciar el acrónimo de su significado originario y eliminar con ello la empatía. Se ha conseguido despojar al niño de su condición de infancia, de su vulnerabilidad y, sobre todo, de sus derechos.

Victor Klemperer en su obra Lingua Tertii Imperii (LTI, La lengua del Tercer Reich) nos muestra cómo el nazismo transformó el idioma para normalizar la crueldad. No necesitamos acudir únicamente a Klemperer para recordar las consecuencias físicas de la brutalidad nazi; podemos hacerlo también desde la lingüística. Los nazis emplearon acrónimos y jerga burocrática para deshumanizar a los colectivos que pretendían perseguir, conscientes de que transformar a seres humanos en categorías y siglas facilitaba el camino para despojarlos de sus derechos.

El Gobierno tiene en sus manos la dignidad de un país. Pero esa dignidad es especialmente frágil. Los 1.342 MENAs que deambulan por Ceuta se pueden romper en cualquier momento. Deberían estar ya en los centros de protección a la infancia de las comunidades autónomas. No hay espacio para ninguna “reflexión”, si los gobiernos autónomos de PP y Vox se niegan a recibir a los MENAs, la Fiscalía tiene que actuar de oficio y exigir el cumplimiento de la ley.

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Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre.

Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

Lo pienso mucho.

Me refiero a la culpa con carácter retroactivo.

A llorar cuando ya es tarde.

A llevarse las manos a la cabeza y reflexionar acerca de cómo y por qué se permitieron según qué avernos en plena Tierra.

A tratar la iniquidad como una locura transitoria cuando basta con echar la vista atrás para comprobar que forma parte de la misma esencia incómoda y cruel de la humanidad.

A veces queremos creer que los grandes horrores de la historia fueron explosiones espontáneas de odio y que solo unos pocos fueron responsables del cataclismo, mientras que el resto de la población no lo sabía o no se daba cuenta de lo que hacía. Que la humanidad blanca no se traicionó a sí misma, que fue inocente o engañada. Que la Noche de los Cristales Rotos fue el resultado de una enajenación transitoria y testosterónica o que los que observaban el humo de Auschwitz a diario creían que provenía de un gran asador de castañas.

El caso es que ha transcurrido casi un siglo de esa noche aciaga que tuvo lugar en Austria y Alemania y siento que no hemos aprendido nada. Los que vivían entonces no eran más monstruos que quienes vivimos ahora, solo que para llegar a ese punto hubo una preparación del terreno. No fue de un día para otro que el nivel de tolerancia a lo atroz alcanzara cotas estratosféricas o que el de intolerancia a la diferencia bajara hasta el punto de quedarse varios metros bajo tierra.

Si se instaló una ceguera colectiva, fue inoculada y tuvo su ensayo general en el genocidio de prueba que se llevó a cabo con los pueblos namibios nala y herero. Estando tan lejos en kilómetros, cultura y tono de piel, resultó fácil evitar que la sociedad viera la magnitud de aquello y mucho menos condenarlo. Poco después, pasaron de la miopía a la presbicia, a no ver tampoco lo que estaba cerca y fue cuestión de tiempo el elegir otro grupo de proximidad al cual masacrar.

Porque sí, de un día para otro no muere la empatía. Es algo progresivo y lento, como la tortura de la gota o como cavar con una cuchara de té. Al principio no se ve su impacto y, cuando se hace visible, ya es tarde.

Podríamos haber aprendido de la historia, pero ser el único animal que tropieza con la misma piedra una y otra vez es nuestra especialidad. Así que, en lugar de negarlo o tratar de evitarlo, se le puso nombre: ventana de Oberton, una manera de ir agrandando los márgenes de aquello que se considera tolerable en cualquier sociedad. Es pasar de pisar sobre un suelo radiante templado y confortable a, como poco a poco va subiendo la temperatura del termostato, caminar sobre lava sin que te ardan los pies porque tu temperatura corporal también ha aumentado.

Nunca se pasa de cero a cien. Es un proceso que, en muchos casos, se alimenta de narrativas que únicamente resultan descabelladas cuando ya es tarde. Pasaba y pasa. Porque no es normal que normalicemos que mueran personas tratando de atravesar fronteras, las nuestras, las de España. Ya sea por vía marítima o saltando vallas.

En la entrada a Ceuta han fallecido cerca de 150 personas. Y, repito, no debería ser normal. Tampoco que en demasiados medios de comunicación sigan hablando de migrantes a secas y no de seres humanos. O de avalanchas, aluviones u oleadas. Que el discurso exhiba como enemigos a víctimas, que no nos duela ni un poco que la cifra de fallecidos tratando de llegar a tierra suba cada día. Que no nos subleve el hecho de que la infancia que huye sea leída como un grupo de menas violentos, no como sinónimo de menores en situación de vulnerabilidad sino como monstruos dispuestos a asaltar. Que la situación administrativa de alguien, cosa que no se escoge, si es irregular, se equipare a criminalidad, pese a que no sea un delito migrar.

Lo duro de todo esto es que no estoy transcribiendo conversaciones informales de bar.

El PP, por ejemplo, ha señalado que se trata de una crisis de seguridad nacional y no migratoria. Apelar a lo securitario es una forma de criminalizar la migración, a los cuerpos negros y, sobre todo, moros y, en un triple salto mortal, de desresponsabilizar a Occidente de la situación económica de los países de los que sale la gente que llega. Si esas personas dejan su casa y a sus familias es porque se ha empobrecido a un continente rico, como es África, a base de todo lo que se sacó y todavía se saca de ahí con la connivencia de unos dirigentes a los que se sostiene en la silla del poder a cambio de regalar la riqueza de sus países.

No vale chupar del bote, empobrecer al vecino y luego culparle de su situación. O no debería valer. Pero aquí estamos.

No obstante, no me gustaría reducir todo esto al miedo a los pobres ya que considero que también subyace una islamofobia y un racismo rampantes. Que siempre existieron en estos lares, pero que últimamente están lustrosos, cebados con el Plan Kalergi y la teoría del gran reemplazo, devaneos de frikis alumbrados hace décadas que han resurgido y que desde hace años forman parte del debate político y del de las redes sociales.

Esas teorías, simplificando mucho, han hecho creer a una parte de la sociedad que si vienen personas del sur global para el norte es con el objetivo de acabar con la raza blanca a base de procrear con ella. Perdón, con la raza blanca y con el catolicismo.

Después de que Europa colonizara medio planeta imponiendo su fe a golpe de espada y violaciones, ahora teme el mestizaje y ve su llegada como una especie de conquista biológica. A lo Lebensraum de la Gran Alemania, pero en versión negra, marrón y/o musulmana. Me reiría a mandíbula batiente de no ser porque esto es grave.

Grave es también que haya gente que afirme que quienes han llegado a Ceuta o Melilla no tienen derecho a refugio solo por verles a través de una pantalla. Como si para adivinar las calamidades de una vida les bastara con observar un rostro. Eso evidencia cómo, a nivel social, únicamente se percibe como válido para obtener el estatuto de refugiado estar a punto de morir en un conflicto bélico. En realidad, no en cualquiera: en la guerra de Ucrania, que es la única de la que se habla largo y tendido en los medios, la que tiene derecho a relato, a un buen relato.

Cuando se informa acerca de lo que está ocurriendo en el país europeo se citan nombres y apellidos y se desgranan historias personales que favorecen la empatía. Nos muestran un ejército organizado, coordinado y aséptico. De hecho, salvo en la masacre de Bucha, casi ni hemos visto sangrar a sus soldados. Esto último me parece perfecto, porque no creo que sea positivo habituarse al dolor y a las heridas abiertas de nadie a base de verlos con todo lujo de detalles en cada conexión en directo. Fundamentalmente porque la repetición, en lugar de concienciar o indignar, anestesia.

Así pues, a las personas de Ucrania nos las enseñaron escondidas en búnkeres, acompañadas de sus mascotas, tocando el piano o tomando los autobuses que les brindaron en dirección a una UE que les abrió sus puertas. Y mientras las veíamos escapando de un futuro incierto a través de la pantalla casi gritábamos: “¡Ya queda poco!” o “¡Vamos, vamos!”, dado que nos explicaron que eran refugiados y formados. Tremendo que para garantizar la seguridad o la empatía hacia alguien hagan falta títulos universitarios o que se piense que los de más abajo carecen de ellos.

El caso es que de la guerra de Sudán pocos medios generalistas se han dignado a hablar, y mucho menos a diario o abriendo el informativo. Y si salen, no es algo que llame la atención, llevamos demasiadas décadas viendo a la vejez, adultez y, sobre todo, niñez negra sufriendo gracias, entre otras cosas, a los anuncios pidiendo fondos de las ONG. Desconozco si es por eso que hay partidos políticos y personas que les quieren mandar de vuelta al infierno, que los balcones no están llenos de banderas con un welcome escrito en medio o, qué sé yo, quizá también tenga algo que ver el hecho de que no tengan la piel clara ni la religión “adecuada”.

Pero, aparte, hay algo perverso relativo a las narrativas sobre África específicamente, y es que lo terrible en ese contexto se lee como rutinario, como una consecuencia del salvajismo visceral de sus pobladores, de la incapacidad de vivir en paz con las tribus, etnias o países vecinos por manía y no por la imposición de fronteras y otros dislates provocados por los repartos coloniales. Han privado de porqués a un montón de pueblos y les han arrebatado su pasado para simplificar su presente, continuar su deshumanización y seguir chupando del bote.

Todos sabemos lo que quiso decir Rajoy: que hay franceses de primera y de segunda en función de su color de piel y su lugar de nacimiento. Es el viejo racismo, ese que consiste en hacer que el de fuera se sienta permanentemente menospreciado con el fin de que recuerde cuál es su lugar en la comunidad, un lugar secundario y subordinado. La falta de reconocimiento acaba por aniquilar a las personas. Uno llega a un país con una biografía, con sus muertos en la memoria, una infancia, una cultura, el recuerdo de lugares en los que fue feliz y que guarda en lo más profundo de su alma, una lengua con la que piensa, imagina, sueña y ama, y acaba deshumanizado y convertido en el demonio que los racistas quieren ver.

Construimos nuestra identidad a través del contacto con los demás y, cuando una sociedad le dice a un individuo —y hay muchas formas de decirlo— que vale menos por pertenecer a determinada etnia o país, acaba condicionando la imagen que esa persona tiene de sí misma. Nuestras sociedades están atravesadas por múltiples jerarquías y existen muchos espacios en los que una persona puede experimentar desprecio, estigmatización o invisibilidad. Por eso el filósofo político Charles Taylor, en La política del reconocimiento, sostiene que el reconocimiento pleno del otro no es una mera cortesía, sino una necesidad humana fundamental.

El mayor mal lo hacemos por ignorancia, por no comprender los devastadores efectos que nuestras acciones producen en los demás. Desde este punto de vista, los sentimientos de hostilidad hacia sí mismos, observados por sociólogos y antropólogos en miembros de algunas minorías, suelen desarrollarse en marcos sociales etnocéntricos y supremacistas que parecen recordar permanentemente a cada individuo cuál es su lugar dentro del sistema jerárquico. Y solo en presencia de esas condiciones culturales opresivas un ser humano interioriza sentimientos de inferioridad respecto al grupo dominante, que es el que marca los usos y costumbres “correctos”. Algunas de las mejores y más brillantes personas que conozco son marroquíes, rumanas o colombianas, pero parece que han de ganarse su legitimidad como ciudadanos a diario, y, además, ni siendo personas ejemplares terminan de estar bajo sospecha para los "buenos" españoles. Con todos estos condicionantes negativos, toda integración se convierte en utopía.

Las mismas lógicas de sospecha permanente operan con otros colectivos, especialmente los de menor poder adquisitivo. Algunos de quienes se muestran más beligerantes con marroquíes, argelinos y africanos en general ponen como excusa que no desean una España islamista a la manera de Irán o Arabia Saudí, sin reparar en que estamos más que lejos de padecer una lacra fundamentalista en las escuelas, que es donde todo comienza (imposible tanto en las públicas, por su naturaleza laica, como en las privadas, casi todas cristianas), aunque tenemos problemas, como el resto de Europa, con las ideas salafistas que se promueven en algunas de nuestras mezquitas. Tampoco sufrimos, ni de forma remota, el grado de desintegración que se vive en algunos lugares de Francia o Bélgica, pero todo sea esforzarnos en crear diferencias que segreguen en vez de puentes que unan. Es la escuela pública, precisamente, la que ha de preservarse y fortalecerse con más fondos públicos porque es uno de los pocos entes con la capacidad de construir en el pensamiento de niños y adolescentes una cultura democrática y de valores constitucionales compartidos.

Estamos ante un fenómeno racista de muchos compatriotas que rechazan el legado andalusí, la última gran cultura que se asentó en la península, mientras se muestran orgullosos del resto de herencias culturales, todas mucho más remotas. Porque lo blanco, tanto en términos étnicos como culturales, es lo que tiene prestigio, mientras que lo africano o latinoamericano genera rechazo en un mundo que está naciendo y que será mestizo o, de lo contrario, alumbrará una sociedad terriblemente polarizada y jerarquizada, en la que los diferentes grupos humanos vivirán en burbujas de realidad aisladas. Por supuesto, los mismos españoles que abominan de la herencia de Al-Ándalus o del contacto con extranjeros son quienes más defienden, cuando están fuera de España, su derecho a ser españoles y a integrarse de manera plena en sociedades diferentes a la nuestra. Justo lo que niegan a los inmigrantes.

Siempre he pensado que el racismo es una forma de inmoralidad, esa punta del iceberg que indica que la persona racista tiene problemas serios con la ética en otros ámbitos: una confesión moral y no una descripción objetiva del mundo. Fíjense bien en su entorno. Algunas de las personas más racistas que he conocido en España no eran precisamente individuos ejemplares en ningún sentido.

En el racismo hay un discurso que trata de convertir al otro en un demonio que nos haga olvidar nuestras propias miserias. También existe un cuerpo teórico que intenta justificar la discriminación con la excusa de la supuesta inferioridad de determinadas razas. El libro The Bell Curve, de Richard J. Herrnstein y Charles Murray, absolutamente refutado por la ciencia, quizá sea el principal exponente de este delirio y en él se apoyaron muchos ciudadanos blancos estadounidenses en los años noventa del pasado siglo, tal vez con el fin de aliviar sus conciencias y de justificarse ante la barbarie de la discriminación contra los negros. La ciencia ha rebatido de manera aplastante todas las estupideces supuestamente científicas vertidas en decenas de artículos y libros como este.

Pero ¿qué ocurriría si todas esas ideas delirantes sobre la supuesta inferioridad de los negros o los latinoamericanos fueran ciertas? ¿Cómo deberíamos tratarles entonces? ¿Estaría justificado que les negásemos el acceso a la salud, a la educación o a cualquier forma de protección social? ¿Sería ético tratarles como a ciudadanos de segunda, negándoles todo afecto, respeto y consideración? Las personas ya difieren enormemente entre sí en inteligencia, talento, virtudes o comportamientos, y esas diferencias no determinan sus derechos como ciudadanos ni su dignidad como seres humanos. Lo que diferencia a una persona decente de una indecente es que la segunda está siempre esperando cualquier excusa que justifique su falta de humanidad con los grupos marginados.

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Eduardo Luis Junquera Cubiles es escritor y socio de infoLibre.

Los puertos gallegos y un importante grupo de empresarios del país tuvieron una participación destacada en el tráfico de esclavos y esclavas africanas sobre todo en las seis primeras décadas del siglo XIX. Se trata de una parte de la historia de Galicia poco estudiada y difundida, una memoria incómoda que nos sitúa en el papel de verdugos de una de las mayores infamias de la historia humana. Un negocio —porque de eso se trataba— que enriqueció de manera muy importante a una serie de familias, algunas de nombres bien distinguidos y que en la actualidad siguen contando con estatuas o calles y plazas con sus nombres en las ciudades del país.

En el año 1800 tuvo lugar el primer viaje documentado de un barco gallego que traficaba con esclavos en dirección a América. En 1860 salió del puerto de A Coruña el último barco negrero con participación gallega. En esos 60 años se calcula que las embarcaciones propiedad de gallegos secuestraron y transportaron cerca de 23.000 personas desde África a América, especialmente a Cuba.

En los últimos años una serie de investigadores e investigadoras trabajan para sacar a la luz esta historia ocultada. Uno de los más destacados es Luís Alonso Álvarez, catedrático de Historia Económica en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidade da Coruña, que desde el año 2024 viene publicando una interesantísima serie de artículos sobre el tema en Praza.gal, textos muy documentados en los que saca a la luz la participación gallega en la trata de personas esclavizadas.

Del mismo modo, el pasado año Cristina Botana Iglesias y Zinthia Álvarez Palomino inauguraron en el Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía de A Coruña (MUNCYT) la exposición A Coruña, Porto Negreiro, que forma parte del proyecto ‘A Coruña entre memorias: historia, colonialismo e identidade’, una de las propuestas ganadoras del I Certame de Proxectos Singulares de la Deputación de A Coruña. Con ellas hablamos en esta entrevista.

Dialogamos aquí con Luís Álvarez sobre el origen y evolución de la participación gallega en la trata de personas esclavizadas, el papel de los puertos del país, los beneficios económicos obtenidos por las familias esclavistas y la necesidad de conocimiento de esta realidad y de reparación.

No te voy a pedir que repitas aquí todo lo que vienes desgranando en los muy completos artículos —cinco hasta ahora— que vienes publicando en Praza. Pero ¿qué conocemos en la actualidad sobre el papel y la responsabilidad de Galicia y de sus empresarios en el tráfico de personas esclavizadas en los siglos XVIII y XIX?

Dicho así, de manera muy simplificada, no existe una responsabilidad de Galicia como tal, sino de algunos gallegos, en concreto del grupo social que llamamos comúnmente empresariado. Conocemos mejor la implicación de los empresarios de A Coruña, donde estuvieron enriqueciéndose las élites locales con la captura y venta en América de personas esclavizadas procedentes de África y, en menor medida, las de Vigo, Ferrol y otras ciudades y villas. Se publicó recientemente un pequeño estudio en el que se confirma también la participación en la trata de modestos patrones de la Costa da Morte, lo cual nos indica que no fue un fenómeno solo urbano, sino también rural y socialmente transversal.

Este tráfico no solo fue inhumano e infame, sino que reportó notables beneficios a sus responsables, de modo que algunas de las fortunas más destacadas en Galicia —también en otros lugares— tienen su origen en esa actividad. Es decir, fue una actividad que tiene ramificaciones que llegan hasta el presente, ¿no?

Los beneficios que reportaba el tráfico de esclavizados fueron extraordinarios y están en la base de algunas de las grandes fortunas gallegas —como ocurrió en toda Europa y en Estados Unidos—, pero también de las no tan grandes. Sin embargo, los empresarios que impulsaron estos viajes a África arriesgaban solo una parte de su inversión. El resto acostumbraban a distribuirlo en pequeñas participaciones de 100 pesos —o dólares, que en la época valían lo mismo—, que adquirían personas que no eran precisamente empresarios, sino profesionales, funcionarios o pertenecientes a grupos sociales semejantes.

Piensa que si el navío que transportaba esclavizados no era apresado en África o en el Caribe por los vapores británicos de vigilancia —Inglaterra disponía de una especie de policía marítima que apresaba y juzgaba a los navíos propiedad de súbditos de países que habían firmado tratados de abolición—, los beneficios que se obtenían podían multiplicar la inversión hasta por seis. Y sí, efectivamente, podemos asegurar que esta actividad que ahora nos resulta repugnante estuvo relacionada con las inversiones que se hicieron más adelante en banca, industria, ferrocarriles y servicios portuarios en las principales ciudades gallegas, como también ocurrió en mayor medida en los países europeos, especialmente en el Reino Unido, donde financió lo que hemos dado en llamar la revolución industrial. Y en el presente, la huella del desprecio por los esclavizados tiene su correspondencia en el racismo y en la ideología que lo sustenta.

El tráfico de personas esclavizadas atravesó distintas etapas, como bien describes en los artículos, en función muchas veces de los propios obstáculos que se iban poniendo a esta actividad, que obligaban a cambios en el modus operandi de los traficantes, ¿no?

Cuando el Estado firmaba con Gran Bretaña un tratado en el que se decretaba la abolición del tráfico, que los ingleses ya tenían prohibido en su país y en sus colonias, de inmediato los negreros de la Península estudiaban con atención el modo de darle la vuelta al texto y trampear con artimañas la legalidad. Así ocurrió con el suscrito entre las dos potencias en 1817, que estuvo activo hasta 1835. Entre estas dos fechas, nuestros negreros esquivaron la legislación con matrículas y papeles falsos para sus barcos y tripulaciones que conseguían en tierras portuguesas, y pasaban de ese modo a convertirse en navíos portugueses, que en esos años aún podían legalmente dedicarse a la trata.

La legislación posterior, que se hizo más rigurosa, ya que contemplaba la existencia de indicios de la trata en los barcos —agua y alimentos en cantidades notables, tablas para construir nuevas cubiertas y otros semejantes—, por los que podían ser capturados y juzgados, la toreaban de mil maneras, incluso acudiendo a la matriculación de los navíos con bandera y papeles norteamericanos, que aún no tenían prohibido el tráfico en algunos estados.

Entre las razones por las que Galicia, sus puertos y una serie de empresarios acaban adquiriendo un papel central en la trata de personas esclavizadas están su geografía marítima, mirando hacia el Atlántico, su tradición armadora y marinera, pero también su relación privilegiada con Portugal, por proximidad geográfica y también lingüística, ¿no? ¿Esto les daba facilidades para acceder a ciertos mercados?

Para que nos demos cuenta de la importancia de este asunto, solo tenemos que constatar que el primer navío de la trata europea del que se tiene constancia, que data del año 1514, fue un navío portugués localizado en Vigo con 166 personas esclavizadas a bordo, traídas del río Congo para entregar en la ciudad olívica a su propietario, del que no tenemos más noticia. Esta escasa información y todos los factores que señalas nos hacen sospechar que la actividad no era solo portuguesa, sino que tenía también derivadas gallegas, especialmente entre armadores de las Rías Baixas.

Pero sin retroceder tanto en el tiempo, en el siglo XIX, a veces era trabajoso confirmar si un navío de la trata era o no un falso portugués con tripulación gallega que burlaba a los cruceros ingleses. Durante algún tiempo, los navíos portugueses podían disponer de sus colonias africanas para llevar esclavizados a Brasil, lo que hacía que determinados empresarios gallegos empleasen ese apaño. La semejanza en el habla es otro factor que permitía camuflar como portuguesas las tripulaciones de los navíos de armadores gallegos.

Una característica que es común a muchos de estos empresarios esclavistas es que en un momento dado intentan rehabilitar su posición social y blanquear su capital e imagen, dirigiéndose hacia actividades legales y también a la filantropía. ¿De qué modo lo hacen?

Cuando estaban enriquecidos, compraban generalmente títulos nobiliarios expedidos por el Vaticano o medallas y distinciones del Gobierno español. Son los casos del ferrolano Ramón Pla, distinguido con el título de marqués de Amboage, o del ourensano Urbano Feijóo, que llegó a ser diputado en las Cortes. Pero una parte de ellos quiso dejar también una huella significativa para la posteridad haciendo obras de caridad y filantropía. Es el caso de Eusebio da Guarda en A Coruña.

Da Guarda, que había pilotado al menos dos buques que portaban esclavizados, heredó el imperio del mayor esclavista que hubo en la ciudad, Juan Menéndez, al casarse con su viuda, la cubana Modesta Goicouría. Cuando las cosas se pusieron legalmente difíciles, blanqueó su fortuna. Otro caso es el del mencionado Ramón Pla, que también blanqueó la fortuna familiar con escandalosas inversiones en la banca madrileña y creó una institución benéfica para favorecer a los soldados nacidos en Ferrol.

En este sentido, ¿qué papel juega la Iglesia? En 1839 el papa Gregorio XVI publica una bula muy clara al respecto. ¿Siempre fue así?

Es muy probable que en el fondo de estas obras de filantropía esté la influencia de la Iglesia católica. Históricamente la Iglesia nunca había prohibido con claridad las actividades de los negreros. Tan solo había condenado esa situación semejante a la esclavitud a la que estaban sometidos los habitantes originarios de las colonias españolas de América. Pero esta circunstancia cambió más adelante. Como tú bien señalas, en 1839 el papa Gregorio XVI promulgó una carta apostólica en la que prohibía a los católicos la trata de esclavizados africanos.

También es cierto que si investigamos este cambio de conducta nos encontramos con una fuerte presión diplomática de los británicos en la que estos llegaron a lanzar ciertas amenazas al papado. En todo caso, la prohibición de la trata y la sanción de excomunión que llevaba aparejada para quien la practicase debió de influir en algunos casos y explicaría en cierto modo la filantropía de la que hicieron alarde los esclavistas jubilados.

Otra de las claves en la trata de esclavos realizada por españoles en el siglo XIX es Cuba, que se mantiene como colonia y se convierte en receptora de esta mano de obra e igualmente en el centro del negocio, donde se instalan una parte de los empresarios o abren delegaciones allí. ¿Qué papel juega?

A comienzos del siglo XIX comenzó el desmadejamiento del imperio colonial español. Quedó lo que se dio en llamar el imperio insular, es decir, las Antillas, especialmente Cuba y Puerto Rico, las Filipinas y archipiélagos menores en el Pacífico. Las economías cubana y portorriqueña se basaban en la mano de obra esclavizada para trabajar en la agricultura azucarera y cafetalera, por lo que las dos colonias, mayormente Cuba, absorbieron gran parte de los capitales invertidos en lo que había sido América española.

Eso exigió una gran cantidad de empleo que suministró la trata de esclavizados y convirtió a la isla de Cuba en uno de los grandes mercados de mano de obra junto con Brasil. Sobre estos principios se va a levantar una infraestructura empresarial con derivaciones en los principales puertos de la península y, entre los nuestros, los de A Coruña, Ferrol, Vigo y otros fondeaderos de las Rías Baixas.

¿Cómo termina esta infamia? ¿De qué modo acaba por desaparecer definitivamente el tráfico? ¿Quién reemplaza como mano de obra a los esclavos?

Terminó por la fortísima presión internacional a la que estaba sometido el Gobierno español, que incumplía los compromisos firmados, cuando todos los países, incluido Brasil, ya habían suprimido la trata. Y en especial, por la coerción de Gran Bretaña y la menos conocida de Estados Unidos después de la Guerra de Secesión, que comenzó a juzgar la trata como piratería, lo que comportaba pena de horca para sus responsables.

La trata fue sustituida por trabajadores chinos y peninsulares, muchos de ellos campesinos gallegos, llevados a la isla de Cuba a trabajar en condiciones semejantes a las de la esclavitud y, después, por emigrantes en condiciones normales. En Galicia tenemos a algunos personajes que se dedicaron al tráfico de sus paisanos. Uno de ellos fue Urbano Feijóo, que dejó escrito que “un gallego ha de hacer un trabajo de dos negros por el precio que cuesta un esclavo”. Pero también al transporte de chinos, entre otros los hermanos Pastor. Cabe subrayar que, en gran medida, los barcos que se habían dedicado a la trata, muchos de esos mismos barcos, fueron empleados más adelante en el transporte de emigrantes.

¿Estás de acuerdo en que el papel de los puertos gallegos y de un número amplio de empresarios en la trata de personas esclavizadas es una historia poco investigada y sobre todo poco difundida en Galicia?

En muchas universidades de fuera constituye una línea de investigación que lleva años de estudio —pienso en las investigaciones que abundan sobre los puertos de Liverpool o de Nantes—, como también ocurre en algunas de las universidades del Estado, especialmente en Cataluña. En Galicia se investigó poco y en eso estamos algunos. La cuestión de la difusión, de darla a conocer a un público amplio, resulta aún más problemática.

En general existe un gran desconocimiento en la sociedad sobre la participación en el tráfico de esclavos de muchos de estos empresarios que, en muchos casos, después también se hicieron un nombre en otras actividades legales, por las que hoy son recordados. Estoy pensando, por ejemplo, en el vigués Buenaventura Marcó del Pont, del que en la actualidad se destaca su actividad como comerciante y fomentador del pescado salado que distribuía por todo el levante español, pero que hizo fortuna transportando esclavos ya desde el año 1800.

Es, sobre todo, una historia negada, silenciada, que sigue encontrando grandes resistencias a muchos niveles? Sobre todo entre los descendientes de las familias más directamente implicadas, pero en general a nivel institucional, social... Pienso en las respuestas airadas que siempre surgen cuando se menciona, por ejemplo, el papel de Eusebio da Guarda.

Podemos calificarla como memoria incómoda, que enerva a cierto tipo de gente conservadora y, por lo mismo, se puede hablar también de una memoria silenciada por los incomodados y también negada. Hay muy pocos descendientes de las familias que tuvieron una mayor implicación en la trata de esclavizados en Galicia, pues en gran medida desaparecieron sin descendencia directa. Son los casos de Eusebio da Guarda, de Marcial del Adalid y de otros esclavistas del país.

¿Podemos decir que ese desconocimiento y esas resistencias se están empezando a romper? Por ejemplo con tus investigaciones —y su difusión— o exposiciones como la coordinada por Cristina Botana Iglesias y Zinthia Álvarez Palomino...

En alguna medida así es. A veces me comentan que la posibilidad de que ciertos empresarios gallegos estuviesen implicados en la trata de esclavizados les resulta un tema totalmente desconocido. Puedo acreditar, cuando me llaman para dar alguna charla, que existe un desconocimiento de todo esto, y se piensa que los implicados en el negocio eran de fuera. Por eso es tan importante que se multipliquen las experiencias de difusión como la exposición sobre la implicación coruñesa en el tráfico que dirigieron Cristina y Zinthia.

¿De qué modo debería afrontar Galicia —y sus ciudades más implicadas— la memoria de estos hechos para ejercer una adecuada memoria histórica y ser justos y consecuentes con lo sucedido? ¿Sería recomendable la retirada de honores públicos —nombres de calles y edificios, estatuas si existen...— de los responsables de la trata de esclavos? ¿Algún tipo de memorial que recuerde lo sucedido?

Lo primero que habría que hacer sería dar una mayor difusión a este tema. En este sentido, resultan sorprendentes acciones como la de escribir sobre la estatua de Eusebio da Guarda en A Coruña hace muy poco tiempo un adjetivo que tiene bien merecido. Nadie sabe quién fue el autor, pero ahí está. Algo parecido ocurrió en Ferrol con la estatua del marqués de Amboage.

En otros lugares llegaron a retirar las estatuas, como la de Antonio López en Barcelona o la de Edward Colston en Bristol, y se están organizando recorridos turísticos que tienen como lema aquello de “conozca usted la ciudad que nunca le mostraron”. Pero, insisto, si no hay una concienciación previa en la comunidad, no tiene sentido organizar acciones en favor de la memoria.

Los delitos e incidentes de odio están en lo más alto y esto no es algo que me haya inventado yo, sino información fresca proveniente del Ministerio de Interior. En 2025, aumentaron un 23,6% con respecto al año anterior, situándose en el peor momento desde que se realizan mediciones de esta variable. De ellos, los más numerosos fueron los racistas y xenófobos.

¿Entiendo la preocupación por parte de la ciudadanía y, especialmente, de las personas progresistas? Sin duda. ¿Muchas llevaban décadas negando o minimizando su existencia? Por supuesto.

Es importante dejar claro que quienes lo hacían no son Belcebú, sin embargo optaron por ignorar una problemática fundamental a la hora de entender la sociedad actual y el origen de sus desigualdades. Quizá por no escuchar al movimiento antirracista y no ir más allá de la dimensión económica, por no comprender que nativa o extranjera no es la misma clase obrera, por obviar las relaciones de poder Norte-Sur, cómo Europa subdesarrolló África (que diría Rodney) y lo bien que vino el oro que se le robó a América y el sistema de plantación que se impuso ahí para sufragar el progreso europeo y su industrialización.

En el seno del feminismo también ha sucedido. Hubo una parte que criticó que fomentáramos la desunión debido a que lo de la interseccionalidad les sonaba más a trabalenguas woke de moda que a cuerpo, vida y verdad.

Por eso, claro, ahora se sorprenden por el hecho de que haya niños, y no tan niños, fachas que ya no solo escriben comentarios en redes sino que salen con la carita tapada y la mano levantada a la calle pidiendo guerra o con unos discursos ultraconservadores acerca de pureza racial, gran retorno, reemigración o familia tradicional que hace décadas ya nos parecían antiguos. Les preocupa sobremanera porque no se trata de algo lejano. Están en su entorno cercano, viven en su vecindario (y en el mío), son los hijos de sus amistades (y de las mías) y hasta forman parte de su familia (y de la mía, por el lado blanco, claro) y creen que la culpa es de las redes sociales, que les han cambiado.

Pero… ¿ solo han sido las redes? ¿cuál era su base? ¿Sobre qué se sostenían sus conocimientos? ¿Acaso a lo largo de todo este tiempo del “Gobierno más progresista de la historia” han dispuesto de una narrativa B? ¿Cambiaron los contenidos que aprendían en los libros de texto o lo que veían en los medios? ¿Recibieron formación antirracista en algún sitio? ¿Hablaron del tema en casa? ¿Qué comentarios escucharon en su entorno? E, importante, ¿cuáles no?

Me resulta sorprendente que hayamos tenido que llegar a este revival infame que está siendo el fin del primer cuarto del siglo XXI y el inicio del segundo para que buena parte de la sociedad se dé cuenta de que lo que decíamos desde el antirracismo no era una amenaza fantasma, sino una verdad como una catedral. Y ya no solo llegamos tarde, porque esos niños fachas se han hecho grandes y son el modelo de los que aún están creciendo, sino que cuando al fin una parte del mundo progre le ve las orejas al lobo, o bien habla por nosotras y nosotros o bien escoge a quiénes pueden hablar del tema y cómo.

Los criterios están muy claros y los estamos viendo todo el rato:

Creímos que algo iba a cambiar. Echando la vista atrás, encuentro cierto tufillo al “We are the world, We are the children”, ese momentazo en el que gente del mismo país que la lía lo más grande y empobrece a medio planeta se junta para salvarlo cantando. Hubo buena voluntad, talento, se habló del tema y se recaudó mucho dinero, pero las lógicas que generan desigualdad permanecieron inmutables.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha detectado una "presencia significativa" de mensajes racistas e islamófobos en redes sociales durante el Mundial de fútbol, especialmente hacia el jugador de España Lamine Yamal.

El observatorio ha destacado el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal —de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna— con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, según ha informado el ministerio este lunes en un comunicado.

El último informe del OBERAXE recoge más de 40.000 contenidos de odio detectados en redes en junio y apunta al ámbito deportivo como el segundo detonante más frecuente, con un 16% de los contenidos monitorizados, después de la inseguridad ciudadana, que abarca el 6%.

Las políticas públicas están detrás del 11% de los contenidos analizados, con ataques a medidas como la regularización de inmigrantes, y los contenidos relacionados con agresiones sexuales alcanzaron el 9%, mientras que los relacionados con terrorismo y llegada de embarcaciones representaron el 3% y el 2%.

En cuanto a los grupos destinatarios de los discursos de odio, las personas de origen norteafricano concentran el 88% de los contenidos, diez puntos más que en mayo, lo que le consolida como el colectivo más afectado.

Los mensajes dirigidos contra personas musulmanas representaron el 11% de los contenidos registrados, lo que supone una reducción de 14 puntos, y también han bajado, cuatro puntos, los contenidos dirigidos hacia personas afrodescendientes, que han recibido el 7%.

El informe recoge mensajes dirigidos contra personas de América Latina y la comunidad judía, aunque en porcentajes significativamente inferiores.

En cuanto al tipo de menajes, el observatorio alerta de un "incremento significativo" de los que deshumanizan o degradan gravemente, que se han elevado hasta el 48% del total, 25 puntos más que el mes anterior.

Los mensajes que presentan a los grupos diana como una amenaza representaron el 32%, mientras que aquellos que incitan a la expulsión de personas extranjeras alcanzaron el 10%.

Este contenido se caracteriza por la agresividad: el 89% del analizado empleó lenguaje agresivo explícito con insultos, amenazas o descalificaciones y el 10% recurrió a la ironía o al sarcasmo para difundir mensajes discriminatorios.

El 32% de los contenidos incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, recursos que facilitan la viralización de los mensajes, y dificulta tanto su detección.

El boletín del OBERAXE indica que el 61% de los contenidos reportados fue retirado por las plataformas digitales: TikTok registró la mayor tasa, con un 98% de los contenidos reportados eliminados; le sigue X, con el 93%; Facebook, con 62%; Instagram, con 32% y en último lugar se encuentra YouTube, con el 8%.

El miércoles pasado la selección española ganaba 2-0 a Francia. El comentador de RTVE cerraba la retransmisión con esta frase que repite mucho últimamente en las coberturas del Mundial: "Unidos en la diferencia somos imparables". Me parece una gran frase, claro, pero ¿a qué diferencias se refiere? ¿Habla de las capacidades físicas, de las cualidades técnicas, del equipo del que vienen? ¿Se aplica a la selección de España o a todas las personas que vivimos en este país? Seguro que Rajoy tiene mucho que decir al respecto. No creo que todas entendamos el tema de la diferencia de la misma manera. Y se trata de un asunto clave en estos momentos en los que, en varias comunidades autónomas, una serie de personas están intentando imponer una definición sesgada de lo que es la “prioridad nacional”.

Y es que el tema de la diferencia o la pertenencia está siendo uno de los ejes del debate público global en el Mundial. Empezamos el campeonato teniendo que aguantar una diferenciación del trato de los participantes en los distintos puntos fronterizos del territorio donde se ha desarrollado. La segregación y las vejaciones que sufrieron algunos equipos y trabajadores del Mundial fueron portada los primeros días. Fue sonado el rechazo en frontera del árbitro somalí Omar Artan, que con 34 años iba a hacer historia como el primer colegiado de su país en pitar en una Copa del Mundo. Pero le obligaron a volverse sin poder participar en el campeonato. Solo este incidente debería haber generado una respuesta internacional contundente y sin fisuras. Pero produjo únicamente una leve indignación parcial. Ciudadanos originarios de naciones africanas y de Oriente Medio sufrieron demoras sistemáticas, cancelaciones de acreditaciones de última hora y revisiones exhaustivas en las aduanas estadounidenses; y la respuesta fue igual, nada de nada.

El epítome de esto fue la anulación de la sanción de una tarjeta roja impuesta al equipo de Estados Unidos. El presidente Trump realizó tres llamadas telefónicas consecutivas a su amigo personal Gianni Infantino para presionar y conseguir que Folarin Balogun pudiera jugar contra Bélgica. Menos mal que esta última paleó 4-1 a los estadounidenses. Pero el “tarjetazo” constituye sin duda el precedente histórico más peligroso de injerencia política en el arbitraje de un mundial. No se me ocurre un tongo mayor que este. Y me dirán que tongo siempre hubo. Y seguro que así es. Pero esto es como el chiste del marqués al que no dejan entrar en la piscina. Y cuando pregunta a qué se debe el rechazo y le explican que es porque se hace pis en la piscina, responde airado: "¡Pero si todo el mundo se hace pis en la piscina!". "Sí, pero usted es el único que lo hace desde el trampolín". Y eso es lo que nos está pasando: Trump se saca la cho**a y arrasa con el sistema de derechos a todos los niveles, pero le seguimos dejando entrar en la piscina y nos bañamos a su lado.

Dos días antes del partido España-Francia, el ICE se cobraba su novena víctima reconocida desde que este señor llegara a la presidencia de su país. Johan Sebastián Durán Guerrero era un chaval de origen colombiano que vivía en Maine, donde trabajaba y residía. Tenía 26 años, estaba casado y era padre de una niña de tres años que, según testigos, presenció el asesinato. Lo mataron por error, lo confundieron con un "alien", según aparece citado en fuentes oficiales —en serio, ¿cómo se puede llamar a una persona “alien”?—. Lo acribillaron, destrozando decenas de vidas y sin que tenga consecuencia alguna para sus asesinos y los que los amparan. Todo comienza con narrativas y simbolismos que luego se convierten en acciones. Por eso es tan importante que España gane el Mundial. Ya no solo para regocijo de millones de españoles que vivirán el triunfo como propio. También por el simbolismo político que implica.

No hay más que mirar el caso de Noruega. El Viking row se ha convertido en la acción más viral del Mundial. Eso de ver a toda la afición remando, y a los jugadores y hasta al primer ministro uniéndose, ha generado muchísima simpatía. Y en paralelo, tras no conseguir la suspensión de Israel por crímenes de guerra, la Federación Noruega de Fútbol (NFF), liderada por su presidenta Lise Klaveness, anunció la donación de la totalidad de las ganancias por la venta de entradas de su partido de clasificación mundialista contra Israel a organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras, destinadas a la emergencia en Gaza. Así los vikingos llenaron su participación de un simbolismo que nos calienta el corazón a aquellas personas que creemos en los derechos, en la igualdad y en la fraternidad. Los eliminaron, y también a los irlandeses, pero todavía queda España de la troika que en mayo de 2024, en plena escalada del conflicto en la Franja de Gaza, dio el paso histórico de reconocer formalmente el Estado de Palestina.

Así que, si ganamos el Mundial, también lo ganará el simbolismo que acompaña internacionalmente a nuestro país en estos momentos. Esa narrativa es muy diferente de la que se nos regala dentro de nuestras fronteras. En el ámbito exterior, España es el país de la regularización extraordinaria frente a los crímenes del ICE, el del no al uso de las bases militares frente a la invasión de Irán, el del amor frente al odio, el de la justicia para Gaza. Es el país del Balón de Plata 2025 para Lamine Yamal, que con 19 años recién cumplidos define preciosamente eso de la diferencia: "Cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera y creo que esa es la riqueza que tenemos".

Lo más gracioso de todo es que, cuando Lamine dice que cada uno es de un sitio, se refiere a un sitio de España, que ya de por sí implica un nivel de diversidad altísimo. Pero no se puede hablar de origen migrante porque nuestra selección apenas tiene tres jugadores de segunda generación. Alemania, Reino Unido o Francia tienen plantillas donde la mayoría son hijos de migrantes y, por ejemplo, el Congo tiene un equipo donde más de la mitad han nacido fuera. Esto lo sé gracias al proyecto de Artur Scartazzini, Diego Vieira y Felipe Líbano que, bajo el título El factor Inmigrante, analizan la composición de los equipos desde esa perspectiva. Es fascinante. Quizás sacó de ahí Rajoy sus desastrosas conclusiones. Es posible que para el PP, que ya bucea en el oscuro abismo de la "prioridad nacional", una persona que ha nacido y crecido en España no sea digna de ser española. Y aquí volvemos a la famosa cuestión de qué variable nos van a medir para saber si podemos formar parte de esa “prioridad nacional”.

Sea como fuere, somos diferentes todas las personas que habitamos este planeta. Si nos ponemos, podemos segregar hasta límites insospechados. Desde el color de la piel, que tiene miles de pantones –como lo muestra la obra Humanae ,de Angelica Dass–, hasta el tamaño de la nariz. No hay nadie igual, ni siquiera los gemelos. Y, por otro lado, somos todas muy similares. Nuestro diseño, lo que viene de fábrica y nos hace humanos, es un fino entramado de características neurológicas, hísticas y espirituales que nos definen como iguales. Todas las personas buscamos lo mismo: vivir una vida satisfactoria y plena. En lo que diferimos es en los caminos que creemos que debemos tomar para conseguirla. Ojalá fuéramos capaces de entender esto de forma orgánica y absoluta, y de respetar a las demás personas con sencillez y empatía. Porque, al final, es cierto que, se refiera a quien se refiera —selección, país o mundo—, unidas en la diferencia somos imparables.

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Lucila Rodríguez-Alarcón es cofundadora y directora de la Fundación porCausa.

La semana pasada estuve a punto de escribir sobre esto y pensé: "Bah, es una obviedad". Pero resulta que no. El artículo de Rajoy me recordó que ni siquiera aquello que parecía a salvo de la trinchera lo está ya. Ni siquiera el fútbol consigue librarse de la batalla política. Ni siquiera durante 90 minutos somos capaces de dejar de mirarnos con desconfianza.

El domingo volveremos a sentarnos delante del televisor con el corazón encogido. Hay algo que ocurre cuando juega España que va más allá del fútbol. Durante un rato queremos creer que somos mejores de lo que nos contamos a nosotros mismos. O, al menos, mejores de lo que algunos se empeñan en hacernos creer.

La selección que salta al campo representa bastante bien el país que somos. Un país diverso, cada vez más, mestizo, imperfecto, lleno de acentos distintos, de orígenes diferentes y de historias que hace apenas unas décadas ni siquiera imaginábamos. Y, sin embargo, cuando rueda el balón, nadie pregunta de dónde viene el compañero. Solo importa que juegue bien, que dé el pase a tiempo, que corra cuando hace falta y que el equipo gane.

Quizá por eso tuvo tanta fuerza escuchar a Lamine Yamal decir que el fútbol es un deporte que integra. Y lo decía un chico cuya madre es guineana, su padre marroquí, criado en un barrio de Barcelona. Su reflexión fue la mejor respuesta, el mejor recordatorio de que la identidad no siempre se hereda: también se construye, se vive y se comparte.

En este campeonato ha habido de todo. Ha habido buen fútbol, sorpresas, polémicas, declaraciones desafortunadas y, cómo no, intentos de Trump también de manosearlo a su manera. Habrá que revisar, con calma, ese capítulo tan oscuro de un Infantino plegándose a una llamada de Trump y quitando una tarjeta porque sí.

Y todo esto lo dice alguien que no es especialmente futbolera. Algunos habrán visto todos los partidos. Otros, como yo, apenas habremos seguido el campeonato. Da igual. Entiendo la alegría de quienes viven estos encuentros deportivos con una intensidad que yo observo desde fuera. Me gusta esa euforia colectiva. Me gusta ver las plazas llenas, las familias reunidas, los bares abarrotados y a desconocidos abrazándose después de un gol.

Y también me gusta ver a esta selección por cómo se comporta. Porque, más allá del talento, transmite algo poco frecuente: respeto. Dentro y fuera del campo.

Ojalá el domingo, pase lo que pase, sepamos estar a la altura de ese ejemplo. Ojalá la celebración, si llega, sea de todos y para todos. Sin apropiaciones, sin banderas.

Y, cuando todo termine, cuando se apaguen las televisiones y volvamos a la rutina de siempre, al ruido de siempre, ojalá nos quede algo más que el recuerdo de un partido. Ojalá recordemos que un equipo no funciona porque todos sean iguales, sino porque cada uno pone lo mejor de sí. Quizá esa sea la verdadera lección del deporte. No que siempre se gana, sino que hay victorias que solo son posibles cuando dejamos de jugar cada uno por nuestra cuenta.

Desmontar una mentira que conecta directamente con la identidad y los miedos de una persona es una batalla casi perdida si solo se recurre a los datos. Sobre esta idea se ha centrado el coloquio Bulos, redes y discursos de odio: ¿por qué funcionan y cómo luchar contra ellos?, que ha reunido a expertos del periodismo y la comunicación para analizar los mecanismos de la desinformación. 

La mesa ha contado con la participación de Fernando Varela, redactor jefe de infoLibre; Elena Reinés, publicista, creadora de contenido y cofundadora de WokeUp News; y Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE. El debate ha comenzado con una advertencia de Varela, quien recordó que el problema ya no se limita al ecosistema digital. “Se están fabricando y están circulando bulos que elaboran y publican los propios medios”.

Para entender por qué un contenido falso arrasa en las redes sociales, hay que mirar fijarse en las técnicas que la publicidad lleva décadas perfeccionando. Reinés ha afirmado que “los bulos hacen un llamamiento a la emoción. No puedes desmontar emoción con datos porque son dos lenguajes totalmente distintos”. 

La cofundadora de WokeUp News ha explicado que la extrema derecha y quienes difunden desinformación han entendido que lo importante en las redes sociales no es vender información veraz, sino emociones, un terreno donde los sectores progresistas suelen ir un paso por detrás. “Necesitamos generar marcos narrativos desde la izquierda”, ha defendido, al tiempo que ha reclamado superar el tradicional recelo hacia el marketing. “Comunicar mejor no significa manipular. A la izquierda le hace falta saber vender sus ideas. Necesitas información veraz, pero también a alguien que sepa transmitirla. Hay que poner la emoción al servicio de la verdad”, ha señalado.

Las consecuencias de dejar el terreno emocional a la extrema derecha tienen un impacto tangible en la sociedad. Estefanía de Antonio ha ilustrado este peligro recordando la investigación Torre Pacheco, anatomía de un bulo, elaborado por RTVE, que analiza cómo la violencia virtual puede saltar a las calles en forma de disturbios. 

“Es un ejemplo de libro de cómo los bulos son un ingrediente necesario para alimentar el discurso de odio y para legitimar la violencia”, ha relatado la responsable de Verificación. El caso de Torre Pacheco constató, además, la escasa respuesta de las plataformas digitales ante campañas coordinadas de desinformación. Semanas después de los incidentes, solo el 22% de los contenidos falsos habían sido retirados. La conclusión de aquella investigación deja un diagnóstico desolador: “Nos dimos cuenta que el bulo se desactiva, pero el odio permanece porque ya se ha creado ese clima de opinión”.

En la trinchera diaria de la verificación, el anonimato en internet y el uso del lenguaje juegan un papel crucial. Mientras Reinés se ha mostrado partidaria de exigir identificaciones como el DNI para operar en redes y de imponer “condenas considerables para aquellos perfiles y pseudomedios que difunden bulos a sabiendas”, De Antonio ha matizado la estrategia periodística de RTVE ante las cuentas anónimas. “Nos centramos en desmentir el mensaje y no tanto en hacer popular a quien difunde la mentira”, ha aclarado. 

Además, ha aprovechado su intervención en el aula universitaria para hacer una férrea defensa del rigor periodístico frente a la terminología importada del inglés. “Si una noticia es falsa, es que entonces no es una noticia. Los periodistas nos podremos equivocar y, en ese caso, rectificaremos, pero no difundimos información falsa de forma intencionada. Hablemos de contenido falso, pero no de noticias falsas”.

El cierre del coloquio ha vuelto al punto de partida sobre la urgencia de abandonar la actitud defensiva y pasar a la ofensiva narrativa. “Uno de los grandes problemas de la izquierda es que no genera marcos ideológicos, le compramos el marco ideológico muchas veces a la derecha”, ha reflexionado Elena Reinés, poniendo como ejemplo el debate irreal sobre la okupación. 

La solución, según ha coincidido la mesa, pasa por dejar de invertir semanas en desmentir el marco del rival y empezar a construir relatos propios que abracen los sentimientos sin renunciar a los hechos, porque, en última instancia, “no hay nada que conecte más con una persona y que la haga sentir parte de un proyecto político que la emoción”.

Mariano Rajoy escribió el viernes en El Debate, con esa suficiencia que confunde la sorna con la inteligencia, que la selección francesa de fútbol tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. Siete palabras. Siete palabras que no son un desliz, no son sarcasmo, no son un piropo mal redactado a La Roja. Son la expresión más desnuda de una ideología que lleva décadas instalada en una parte de la derecha española y que, cuando baja la guardia, aflora sin filtros.

El texto de Rajoy es, ante todo, un error de hecho. De los 26 jugadores convocados por Didier Deschamps, 23 nacieron en Francia. Solo tres nacieron fuera del territorio nacional: Michael Olise, en Londres; Marcus Thuram, en Parma, mientras su padre jugaba allí; y Brice Samba, en la República Democrática del Congo. Todos son franceses. No “casi franceses”, no “franceses de papel”, no “franceses con asterisco”. Franceses.

La propia embajada de Francia en Madrid tuvo que tomarse la molestia de recordar los hechos con una precisión pasmosa: “Todos los jugadores de la selección francesa son franceses”. Una embajada explicando el diccionario a un expresidente de Gobierno. Difícilmente podría describirse mejor el nivel al que ha caído este debate.

Pero el error de hecho es solo la superficie. Lo que late debajo es algo más grave: la convicción de que la nacionalidad no es un vínculo jurídico y político —como establece cualquier ordenamiento democrático moderno, incluido el español—, sino un atributo racial, étnico o cultural que se porta en el cuerpo y se hereda en el apellido.

Cuando Rajoy escribe “sin franceses” mirando a un equipo de ciudadanos franceses cuya melanina o cuyos abuelos no cuadran con su imagen mental de lo que debe ser un “verdadero” francés, está reproduciendo exactamente el núcleo de la doctrina de la prioridad nacional: la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda según su origen, su color o su genealogía. No es una ocurrencia. Es una ideología con nombre, con genealogía y con consecuencias.

Esa ideología tiene una genealogía precisa. El concepto de préférence nationale —prioridad nacional— fue acuñado en Francia en la década de 1980 por el ideólogo del Frente Nacional François Duprat y sistematizado jurídicamente por Jean‑Yves Le Gallou, para ser convertido luego en columna vertebral del programa de Marine Le Pen.

La idea es simple: los ciudadanos no son iguales ante la ley en función de lo que hacen o aportan, sino en función de lo que son —de dónde vienen, cómo se llaman, qué aspecto tienen—. Aplicada al deporte, esa lógica conduce exactamente adonde llegó Rajoy: a negar la condición de “verdaderos” franceses a ciudadanos franceses porque sus padres emigraron desde África.

Este debate no es nuevo en Francia. Estalló con fuerza tras el Mundial de 1998, cuando la extrema derecha cuestionó que aquel equipo multicolor representara a la “verdadera” Francia. Se repitió en 2018. Y resurge, con una puntualidad casi perfecta, cada vez que los Bleus ganan y en el campo hay jugadores cuya presencia incomoda a quienes confunden nación con raza.

El ministro del Interior francés Laurent Núñez lo ha dicho con claridad: Francia es “una República de diversidad” en la que todo el mundo debe poder encontrar su lugar. Varios miembros del Gobierno de Emmanuel Macron han calificado las palabras de Rajoy de “absolutamente inaceptables” y han recordado que cuestionar el origen de los seleccionados no refleja lo que es Francia ni sus valores republicanos.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido igual de nítido: las declaraciones de Rajoy son “xenófobas” y “avergüenzan” a España. “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”, escribió, ligando de forma directa el marcador deportivo con un combate mucho más profundo: el que libra la democracia frente a los discursos de odio que describo en La democracia amenazada.

El ministro de Exteriores francés, Jean‑Noël Barrot, fue lapidario: las palabras de Rajoy son “una estupidez, racismo, o una combinación de ambas cosas”. No hay mucho más que añadir, salvo señalar que esas tres categorías —la estupidez, el racismo y su combinación— no se excluyen entre sí. Pueden darse juntas, y en este caso se dan.

La reacción del Partido Popular ante este escándalo es, en sí misma, un documento político de primer orden. El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó las palabras de Rajoy de “sarcásticas”, dijo que “van sin mala intención” y que son “comentarios a favor de España”. Con los micrófonos apagados, fuentes del Comité de Dirección del PP consideran que la polémica fue “promovida desde el Gobierno” y aspiran a que se diluya “por sí sola”.

Hay que detenerse aquí. El PP no ha condenado las palabras de Rajoy. No las ha desautorizado. No ha pedido disculpas. Ha dicho que son sarcásticas. El sarcasmo, que es un recurso retórico legítimo, consiste en decir lo contrario de lo que se piensa para ridiculizar algo. Pero requiere que el interlocutor lo entienda como tal.

Cuando el ministro de Exteriores de Francia, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, la ministra de Deportes, la ministra de Igualdad, el Partido Socialista, el Partido Comunista y la derecha republicana francesa responden con indignación —no porque sean incapaces de entender el humor español, sino porque lo que leen es racismo—, apelar al sarcasmo no es una defensa: es una coartada.

Pero la banalización que practica Sémper —como tantas veces antes— no es solo políticamente torpe: es activamente peligrosa. Banalizar estas afirmaciones equivale a normalizarlas, y normalizarlas equivale a potenciarlas.

Las palabras de Rajoy no son meramente “desafortunadas”: son la expresión de una visión de superioridad racial y colonial que arrebata a ciudadanos plenos la condición de tales en función de su origen o su apariencia. Una visión que no solo es moralmente inaceptable, sino que contradice frontalmente los principios básicos del Estado de derecho y el ordenamiento constitucional español, así como los valores fundacionales de la Unión Europea.

No estamos ante una opinión discutible en el espacio público democrático. Estamos ante una afirmación que, presentada como provocación o como broma, introduce en la corriente principal del debate político un principio de jerarquía racial incompatible con cualquier noción seria de ciudadanía.

Y hay un daño colateral que merece señalarse con igual firmeza: la apropiación del campo deportivo para proyectar esa confrontación. El deporte —y el fútbol en particular— se rige por principios exactamente opuestos a los que encarnan estas palabras: esfuerzo individual y colectivo, igualdad de condiciones de partida, mérito medido sobre el terreno de juego sin que importe el apellido ni el color de la piel.

Introducir la lógica racista en la previa de una semifinal envenena un espacio que debería encarnar encuentro y dignidad compartida. Es una auténtica profanación de lo que el deporte representa.

Cada vez que alguien convierte un partido en instrumento de confrontación identitaria basada en el origen étnico, envenena algo que debería estar por encima de esas mezquindades. Y cuando ese alguien no es un ultra anónimo en la grada, sino quien ha presidido el Gobierno, el mensaje que se emite a la sociedad es devastador: se legitima desde lo alto lo que luego se grita desde abajo.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha exigido a Alberto Núñez Feijóo que desautorice a Rajoy —que es, conviene recordarlo, militante activo del PP y expresidente del Gobierno de ese partido. Feijóo no lo ha hecho.

El PP, en cambio, ha optado por blindar a Rajoy, minimizar el daño y esperar a que el partido de fútbol lo tape todo. Esa decisión no es inocua. Es una posición política. Significa que el PP, como partido, no considera que llamar “sin franceses” a 26 ciudadanos franceses sea un problema que merezca corrección pública.

No desautorizar no es una postura neutral: en este terreno, la ambigüedad no es centrismo, es complicidad. Quienes hemos estudiado la progresión histórica del discurso de odio sabemos bien cómo funciona: lo que no se condena se normaliza. Lo que se normaliza se amplía. Lo que se amplía se institucionaliza. La tolerancia con el racismo de baja intensidad —el del chiste, el del “era sarcasmo”, el del “no hay mala intención”— es el sustrato en el que crecen formas más violentas y estructurales de discriminación.

España tiene un artículo 14 en su Constitución que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición. Tiene un artículo 510 del Código Penal que tipifica la incitación al odio. Esas normas no existen por capricho. Existen porque la historia enseñó, a golpe de catástrofes, lo que ocurre cuando el discurso de deshumanización del otro no encuentra diques jurídicos ni políticos.

La doctrina de la prioridad nacional no ha quedado en los márgenes de la extrema derecha europea. Ha colonizado gobiernos, ha inspirado leyes, ha guiado redadas. Lo hemos visto en Italia con Meloni, en Hungría con Orbán, en los debates sobre inmigración en Francia, en la política de Trump en Estados Unidos. La pregunta que debería hacerse el PP es si quiere ser parte de esa corriente o si quiere trazar una frontera nítida con ella.

Rajoy no es ajeno a este contexto. Sus palabras no son un chascarrillo aislado: son coherentes con una determinada concepción de la identidad nacional que ha guiado políticas concretas y que hoy alimenta acuerdos como los de PP y Vox, donde se habla de “prioridad nacional” con una ligereza incompatible con la Constitución. Ya he dicho y repito: esa prioridad nacional “no es legal”, es “una barbaridad y un planteamiento absolutamente xenófobo y racista” que merece una línea roja clara por parte de la Justicia y del Tribunal Constitucional.

Conviene no aislar este episodio como si fuera un accidente. Las palabras de Rajoy no son ajenas a una determinada concepción de la identidad nacional que contempla la integración como asimilación y mira con sospecha al ciudadano de origen foráneo aunque haya nacido aquí, estudiado aquí, pagado sus impuestos aquí, amado a alguien aquí. Esa visión es incompatible con un Estado de derecho que se tome en serio la igualdad ante la ley y con una política exterior que pretenda presentarse como socio confiable de sus vecinos europeos.

No es casual que la polémica sobre Rajoy coincida con el bloqueo del PP en el Senado al Tratado de Amistad con Francia. El patrón es coherente: se cuestiona la composición de la selección francesa, se alimenta un conflicto diplomático innecesario y se frena, en paralelo, un instrumento de cooperación política con ese mismo país.

Lo que resulta profundamente incoherente es pretender gobernar España con esa orientación y, al mismo tiempo, reclamar respeto para sus instituciones.

Quien ha ocupado la Presidencia del Gobierno durante dos mandatos conoce perfectamente el peso de las palabras. Rajoy sabe —o debe saber— que un comentario racista, revestido de chanza, no es una travesura verbal, sino una señal dirigida a quienes comparten esa mirada excluyente. Por eso su conducta no es solo reprochable; es incompatible con la altura ética e institucional que se exige, incluso años después de abandonar el cargo, a quien ha representado al conjunto de la ciudadanía. Hay licencias que un ciudadano puede permitirse en un bar; un expresidente del Gobierno, sencillamente, no.

Como jurista que ha dedicado décadas a la defensa de los derechos humanos, sé que el racismo nunca es un fenómeno aislado ni inocuo: cuando se tolera en el lenguaje, se abre camino en las normas y en las prácticas cotidianas. Por eso resulta especialmente grave que un expresidente del Gobierno contribuya a legitimar, siquiera bajo la coartada del humor, una visión de la nacionalidad en clave étnica, que degrada a ciudadanos plenos a la categoría de “otros” a los que siempre se les podrá discutir si son “de verdad” lo que son.

En el deporte, ese discurso tiene un efecto devastador: convierte lo que debería ser un espacio de igualdad y reconocimiento en un escaparate de exclusión, y envía a millones de niñas y niños racializados el mensaje de que, hagan lo que hagan, siempre habrá quien les niegue pertenecer del todo.

Por todo ello, asumir la responsabilidad que corresponde implica rechazar sin matices estas palabras y la ideología que las sostiene, y defender con la misma claridad un principio elemental: todo ciudadano francés es francés y todo ciudadano español es español, con independencia de su origen, del color de su piel o de los apellidos de sus abuelos.

No se trata de una cuestión de corrección política, sino de respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y, sobre todo, a la dignidad humana. En un momento en que los discursos de odio avanzan disfrazados de chanza o de sentido común, la política —y muy en particular quienes han ostentado las más altas responsabilidades— tiene el deber de marcar una línea nítida: en democracia, el racismo no se banaliza, se combate.

La selección francesa jugó el sábado y marcó. Sus jugadores son franceses. Lo eran antes del partido y lo serán después. Nadie necesita el certificado de ningún expresidente de ningún Gobierno para acreditar lo que una ley, una constitución y un pasaporte ya certifican.

Lo que sí necesitamos, en cambio, es que las fuerzas políticas de este país entiendan que blanquear el racismo, aunque sea con el envoltorio del sarcasmo, mirando para otro lado o esperando que la polémica “se diluya por sí sola”, tiene consecuencias reales para personas reales. Para los hijos de inmigrantes que leen que no son “de verdad” lo que son. Para los ciudadanos naturalizados que ven cuestionada su pertenencia. Para todos aquellos a quienes se les recuerda, con cada broma de estas, que hay quienes no los considerarán nunca suficientemente de aquí.

El PP tiene una decisión que tomar. Puede seguir protegiendo a Rajoy bajo el paraguas del sarcasmo. O puede decir, con claridad, que un ciudadano francés es francés, que un ciudadano español es español, y que la identidad nacional no se mide por el color de la piel ni por el origen del apellido.

No parece una decisión difícil. Que no la tomen dice mucho de quiénes son.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).

Aumentan en España los episodios cotidianos y mediáticos de rechazo al islam, focalizados principalmente en la población marroquí o de origen marroquí. Cada vez más, la islamofobia emerge victoriosa de las oscuras cloacas de las redes y se entreteje con el espacio, indistinguible ya, de los medios de comunicación y los debates públicos.

Juntos, estabilizan un sentido común que se apoya en un significante principal: “España cristiana y no musulmana”, ahora coreado por miles en un partido de fútbol, negando la identidad española a su principal protagonista, Lamine Yamal, por sospechar de su “españolidad”.

La construcción de un “otro” diferente, inferior, agresivo y, por lo tanto, peligroso, está en avanzada fase de consolidación. A los inmigrantes en general, pero en particular a los musulmanes, se los impele a integrarse culturalmente, pero si lo hacen se desconfía de que su integración sea verdadera. Se los conmina a trabajar, pero si lo hacen se les acusa de quitar trabajo a los españoles. Nunca su comportamiento será el adecuado porque no se evalúa una conducta sino una supuesta esencia que, por supuesto, es negativa.

Y frente a ella se construye, por contraste, la esencia positiva de una comunidad nacional virtuosa, étnica, religiosa y culturalmente homogénea. Esta comunidad atávica y pura es atacada desde dentro y no tiene más remedio que defenderse, se insiste. La estrategia es antigua y burda, pero siempre eficaz. Lo mismo hicieron los nazis con los judíos. Lo mismo hacen los israelíes con los palestinos. Lo mismo de siempre, en todas partes.

En las redes, la masa algorítmica está programada para mentir, difamar e insultar. La vieja estrategia del rumor siempre rinde frutos. En las calles, los aprendices de squadristi, llenos de anabolizantes y vacíos de neuronas, son aleccionados para agredir físicamente, mezclando xenofobia con aporofobia o con viejos racismos siempre dispuestos a resucitar para hacer más infelices a los más débiles.

En el espacio mediático, Santiago Abascal y sus huestes también mienten, difaman e insultan e insisten en el discurso de una esencia agredida. Para ellos la nación, la patria, la identidad están siendo violadas por los extranjeros. Lo mismo hacen con las mujeres españolas, que ya no pueden salir a la calle sin ser acosadas. La patria y las mujeres son agredidas por otros que no pertenecen al “nosotros”.

Por todas partes, sin prisas pero sin pausa, se han ampliado los límites de lo que se puede decir y hacer frente a los inmigrantes musulmanes y a otros. La veda se ha terminado y comienza la temporada de caza.

Todo esto ya ha sucedido, nada es nuevo. Los moriscos, habitantes durante siglos de la península ibérica, tras la conquista cristiana fueron obligados a convertirse al cristianismo. Pero nunca fueron aceptados del todo: siempre recayó sobre ellos la sospecha de no ser cristianos de verdad, de no ser puros. Entre 1609 y 1614, Felipe III ordenó la expulsión de unos trescientos mil hombres, mujeres y niños. Lo mismo se había hecho antes con los judíos. Los guardianes de la pureza identitaria prestos a la barbarie siempre están al acecho.

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Adolfo Estrella es socio de infoLibre.

Todo es el espejo de todo, y más en estas sociedades ultraconectadas. El deporte también, y más el fútbol, que es el más popular; y más ahora, en plena disputa del Mundial; y todavía más en España, donde lo vivimos pegados al televisor porque dicen los que entienden de esto –o sea el noventa y nueve por ciento de la población, o eso cree ella– que, sin ningún género de dudas, nos encontramos entre los favoritos. Ya saben, el tiki-taka, y todo eso. Sin embargo, en estos tiempos de todos los demonios pocos ven en esto un rango a medio camino entre lo saludable y lo filosófico, mente sana y cuerpo sano, sino más bien un negocio de muchos ceros a la derecha y, en algunas ocasiones, las peores, un terreno a conquistar por la política, que tal y como está el patio, cualquier cosa que toca la convierte en enfrentamiento: la polarización es la polinización con más aguijones.

Lo que hizo el otro día desde el balcón municipal de su ciudad el portero del Sabadell, en la fiesta de celebración del ascenso de su equipo, incitar a la gente a llamar hijo de puta a coro al presidente del Gobierno, deja claras dos cosas: que al muchacho le sobrará talento para detener pelotas pero le falta educación para hablar en público, y que los mensajes de odio, esos que lanzan, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando con su famoso “me gusta la fruta” convirtió un insulto soez e indigno de su cargo en un chiste, o la ultraderecha en su conjunto, con su continuo ataque racista a los inmigrantes, terminan así, en manos de un gracioso que quiere un aplauso fácil. Siembran veneno y el aire que respiramos se vuelve dañino. La prioridad nacional, enfatizan, tal vez porque son duros de corazón pero también de mollera y no tienen quién les explique que el país se hundiría en diez minutos sin el trabajo que aporta esa gente que no sólo busca un lugar decente donde vivir, sino que lo hace mejor.

Los patriotillas de pacotilla no quieren, sin embargo, un país mejor, sino que sea suyo y que otros curren por ellos, aunque, eso sí, sin derechos, por eso los abascales cabales exigen quitarles la atención sanitaria universal, que vayan a urgencias pero no a las consultas, y Ayuso no quiere facilitarles el abono transporte, que vayan andando. Ahí van, cada vez más fascistas de imitación y malos de bote, repartiendo las octavillas de su prioridad nacional, España para los españoles, al modo de Trump y su “América primero”, que ya hemos visto cómo acaba, de rodillas ante Irán y con un peaje en Ormuz, que es menos estrecho que él.

El último intento de provocar un escándalo resulta significativo: la estrella de la selección, Lamine Yamal, celebró su gol a Arabia Saudí besando el suelo y en postura de rezo musulmán, lo que los mismos de siempre han interpretado como una provocación y una falta de respeto. Curioso, en una nación constitucionalmente aconfesional donde el catolicismo tiene el monopolio de la fe y recibe más ayudas que cualquier otra creencia. Pero a algunos les molesta que Yamal, que es tan español como ellos, ni un milímetro menos, tenga las suyas y cada vez que anota un tanto haga un signo con los dedos que es el código postal de su barrio, ese lugar que los xenófovox calificaron de “estercolero.” Por fortuna el fútbol, hoy en día tan cóctel de nuestros tiempos, refleja tan bien la realidad como cualquier otro espectáculo de masas. Y los espejos, ya lo dijo el filósofo Lichtenberg, no inventan nada y, por lo tanto, “no se puede reflejar en ellos igual un sabio que un burro.” Más claro, agua.

Me alegra mucho que pese a que Ilia Topuria, hijo de georgianos y nacido en Alemania, haya roto su buena racha y perdido el combate contra Justin Gaethje, nadie le haya mandado a su país ni haya cuestionado su españolidad. Bueno, no solo me alegra, diría que hasta me parece un lujo que no se les concede a otras personas. A Lamine Yamal o a Nico Williams, uno nacido en Barcelona y el otro en Pamplona, no siempre les pasa. Y no por lo que implica ser catalán o navarro en este Estado, sino por su color de piel. En el caso de Lamine, que es moro y negro, se suma que es musulmán, que su abuela lleva velo y que no encaja con lo que se espera del migrante de segunda generación perfecto, ese término que nos encaloman para no llamarnos españoles. El tipo lleva con orgullo la camiseta de la roja y calza unas botas de fútbol con las banderas de sus también tierras, Marruecos y Guinea Ecuatorial. Y eso a algunos monopaís les parece un ultraje. Nos exigen a los mil leches que escojamos entre nuestras identidades nacionales cuando, miradnos, las llevamos puestas todo el rato y, lo creáis o no, podemos ser muchas cosas al mismo tiempo, comer cous cous y bravas, bailar bikutsi y, en mi caso, jotas segovianas. ¿Y qué pasa?

Por si no fuera suficiente, Lamine creció en Rocafonda, un barrio de Mataró de esos que algunos diputados del partido de las tres letras llamaría vertedero intercultural por contar con un porcentaje importante de población racializada, migrante o de ascendencia migrante. Y él, lejos de avergonzarse de sus orígenes, ha celebrado varios goles haciendo con los dedos la forma de un tres, de un cero y de un cuatro. Las cifras del final del código postal de su vecindario. Orgullo periférico ya que, aún tocando las estrellas, no solo no se avergüenza de venir de un entorno humilde sino que lo celebra y lo grita a los cuatro vientos. ¡Bravo!

Pero es que, encima, celebró la victoria del Barça en la Liga sacando la bandera de Palestina y denunciando así que estemos viviendo un genocidio en tiempo real y no hagamos nada. No le considero un Nelson Mandela; ahora bien, tampoco resulta tan habitual que un futbolista se posicione.

El caso es que a Lamine, con todo su recorrido vital más lo que lleva en el torrente sanguíneo, le quieren solo si es bueno. No, excelso. No, perfecto. Y para ello, le tiene que dar goles a España, da igual que le saquen casi al final del segundo tiempo. Solo así le dejan estar en el reservado del garito, en “la casita” del concierto de turno, en el club selecto de lo que quiera que sea ser español. Poco importa que su brillantez le haya llevado a ser uno de los futbolistas más jóvenes en jugar con la selección o que lo petara durante la última Eurocopa.

Pero Lamine o Nico no son los únicos sin apenas margen de error. En el fútbol femenino también ha sucedido. Lo vimos con Salma Paralluelo cuando falló un penalti en un partido decisivo frente a Inglaterra. Pasó de ser celebrada a, en una suerte de destierro, ser enviada a su país. A ella, que nació en Zaragoza, que tiene un padre español y blanco y una madre negra ecuatoguineana, no la dejan ser maña. Ni el ius sanguini ni el soli, que cumple ambos, bastan.

A mí me decían de pequeña, en los 80, que era ignorancia y falta de costumbre, y que cuando hubiera más gente no blanca en España, se acabarían los “vete a tu país” o el “de dónde eres” por delante del “cómo te llamas”. Sin embargo, la predicción solo se ha cumplido en parte. En efecto, somos más, pero en el imaginario de un montón de gente continuamos siendo especies extranjeras y hasta invasoras, como si fuéramos cangrejos rojos americanos o cotorras argentinas.

Todo lo anterior no solo habla de lo incompatible que resulta para muchas cabezas ser español, catalán, navarro o aragonesa y/o no blanco, sino también del no derecho a fallar, de normalizar el hecho de ser funambulistas y caminar siempre sobre la cuerda. Siempre.

“Zidane es Francia. No se le falta el respeto a una leyenda así”. Con esa frase, publicada en la red social X en enero de 2023, Kylian Mbappé sacudió el cargo de Noël Le Graët, que acabaría dimitiendo. El capitán de los bleus no dejó pasar por alto las declaraciones del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), quien descartó de plano la “hipótesis Zidane” para el puesto de seleccionador nacional tras renovar a Didier Deschamps hasta 2026, afirmando que “ni siquiera le habría cogido el teléfono”.

El actual capitán de la selección francesa ha forjado su influencia lejos de aquel joven jugador de 18 años que se dio a conocer al gran público durante el Mundial de 2018 en Rusia, al término del cual Francia consiguió su segunda estrella. Desde entonces, Mbappé no duda en poner su liderazgo al servicio de sus convicciones. En los últimos años, ha hecho llamamientos regulares para votar “contra los extremos”, ha denunciado el racismo y ha salido en defensa de compañeros de equipo víctimas de discriminación.

En France 5, el documental Mbappé, la diplomacia del balón, emitido el 6 de junio de 2026, le atribuye incluso un cierto soft power digno de un “agente diplomático”. Sin embargo, esta condición de figura pública nunca le ha protegido de la violencia racista.

En 2021, la selección francesa quedó eliminada prematuramente de la Eurocopa, en octavos de final, tras una tanda de penaltis contra Suiza. Mbappé falló el suyo. En las horas posteriores a esta inesperada derrota, la estrella de los bleus sufrió una oleada de odio en las redes sociales. En el pódcast The Bridge, emitido en abril de 2026, el futbolista recuerda con gravedad ese episodio y revela que entonces llegó a plantearse abandonar la selección: “Juego para gente que, si no marco goles, piensa que soy un mono”.

Otro número 10 sufrió la misma andanada de emociones. En 2006, Zinédine Zidane, elegido mejor jugador en el Mundial de Alemania, propinó un cabezazo a Marco Materazzi durante la prórroga de la final contra Italia. Fue expulsado y Francia cayó en la tanda de penaltis. El gesto del jugador franco-argelino acaparó los comentarios de los medios, y sus orígenes resurgieron de repente en el debate público.

“Zidane es francés cuando a todo el mundo le conviene, pero cuando no sabe 'comportarse' deja de serlo por completo”, señala la antropóloga Nacira Guénif-Souilamas, autora de la obra Les Féministes et le Garçon arabe (Las feministas y el chico árabe, Éditions de l’Aube, 2004). Recuerda que el jugador, hasta entonces calificado de “cabileño” [relativo a la Cabilia, una región montañosa en el norte de Argelia], se convierte entonces en un “árabe”: “En el orden colonial, ser cabileño siempre ha sido una forma de absolver al colonizado de todos los males que se le pudieran atribuir. El cabileño estaba, por tanto, más cerca de los blancos”.

Entre Zidane y Mbappé, otra generación descendiente de inmigrantes sufrió de lleno críticas político-mediáticas, prejuicios de clase y discriminaciones raciales. Tuvo su punto álgido en Knysna, durante el Mundial de 2010 en Sudáfrica, un episodio recuperado recientemente por el documental de Netflix El autobús: La huelga de la selección francesa, estrenado en mayo de 2026.

El documental vuelve sobre la expulsión de Nicolas Anelka por parte de la FFF, a raíz de unas supuestas declaraciones dirigidas a su seleccionador, Raymond Domenech: “Vete a tomar por culo, hijo de puta”, palabras que hoy sabemos que nunca pronunció, pero que le fueron atribuidas en la portada del periódico L’Équipe. Cuando sus compañeros de equipo iniciaron una huelga de entrenamientos para apoyarle, se les tachó de “niños mimados”, “desconectados” e “inmanejables”.

Ante las cámaras de Netflix, Raymond Domenech dice, al referirse a la carta que le entrega el capitán, Patrice Évra: “Lo primero que pienso es que eso no lo han escrito ellos, ni siquiera tiene faltas ortográficas”.

Algunos discursos adquieren una dimensión identitaria aún más profunda. En un primer momento, la entonces ministra de Deportes, Roselyne Bachelot, se desplaza al campamento base de los bleus para “calmar la situación”. Pero ante la Asamblea Nacional, la ministra califica a los jugadores de “matones inmaduros” y denuncia comportamientos propios de la “chusma”.

Incrédulos, algunos jugadores reaccionan en el documental: “Ante los medios, nos destruye”, declara William Gallas. “Nos ensucia, nos escupe”, añade Patrice Évra. Bacary Sagna se pregunta: “Vienes, pasas tiempo con nosotros, estamos aquí, te respetamos… ¿Quién es aquí el matón?”. Por su parte, Roselyne Bachelot se mantiene, por una vez, en silencio: “He dicho lo que tenía que decir y ya está”.

En este ambiente, el diario nacional-católico Présent —en el que la diputada Caroline Parmentier, cercana a Marine Le Pen, escribió durante treinta años— publica una serie de viñetas racistas. El 22 de junio de 2010, la portada rezaba: “¡Qué vergüenza de bleus! Eso es lo que pasa por confiar en un equipo de gamberros de barrio marginal”. Como ilustración, aparecían personajes negros con orejas de burro, objeto de burla de los aficionados, mientras otros, también negros, eran caricaturizados bailando y con una amplia sonrisa.

Se trata de un momento “en el que el debate público en torno a la selección francesa se desplazó hacia cuestiones de identidad nacional, integración y patriotismo”, analiza Nicolas Vilas, autor del libro Enquête sur le racisme dans le football (Investigación sobre el racismo en el fútbol, edit. Marabout, 2018). “Tras lo ocurrido en Knysna, la federación tomó decisiones bastante simbólicas: el fin de los menús halal en Clairefontaine, la insistencia en cantar La Marsellesa, medidas sobre el comportamiento de los jugadores, como la prohibición de llevar gorra. Se infantiliza a los jugadores”.

Lo de Knysna ocurrió en un clima político y mediático más amplio, que lastra al país desde octubre de 2005: el de las revueltas populares por la muerte de Zyed Benna y Bouna Traoré, en Clichy-sous-Bois, cuando huían de un control policial. Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, declaró en la plaza de Argenteuil: “¿Estáis hartos de toda esta gentuza…? ¡Os vamos a librar de ellos!”, antes de prometer “limpiar a fondo” la situación.

Desde Martinica, donde se encontraba concentrado con la selección francesa, Lilian Thuram respondió entonces con indignación: “Lo recuerdo, porque cuando era más joven, iba al colegio y los chicos me decían: ‘Éste es gentuza, porque vive en Les Fougères [un barrio popular del distrito XX de París]’. No, yo no soy gentuza. Lo que quiero es trabajar y salir de ahí. ¿Por qué tienen que restregármelo por la cara?”. Y añadió: “Cuando alguien dice ‘limpiar con la Kärcher’, quizá no sepa lo que dice, señor Sarkozy. Pero yo me lo tomo como algo personal”.

En una entrevista concedida en noviembre de 2005 al periódico israelí Haaretz, el ensayista Alain Finkielkraut fue más allá: “Nos dicen que la selección francesa es adorada por todos porque es ‘negra-blanca-mora’. De hecho, hoy en día es ‘negra-negra-negra’, lo que hace que toda Europa se ría burlonamente.”

Hasta entonces, solo el Frente Nacional se había atrevido a denunciar el perfil multiétnico de los bleus. “Me parece un poco artificial traer a jugadores del extranjero y bautizarlos como selección francesa”, declaraba Jean-Marie Le Pen en 1996.

Dos décadas más tarde, el polemista y excandidato a la presidencia Éric Zemmour tomó el relevo. En 2018, se mostró preocupado: “Imaginad a la selección de Nigeria con ocho jugadores blancos de 11. ¿Qué diríais? ¡Es raro!”. En 2022, lamentó de nuevo “que haya ocho o nueve jugadores de origen africano, de piel negra”, en la plantilla de la selección francesa. Y en 2026, arremetió ya contra todos los clubes de fútbol franceses, incluso los amateurs, donde, según él, “la juventud árabe-musulmana expulsa a los niños blancos”.

El llamado “asunto de las cuotas” ilustra el giro identitario iniciado por Jean-Marie Le Pen. En abril de 2011, Mediapart reveló unas conversaciones mantenidas en el seno de la dirección técnica nacional de la Federación Francesa de Fútbol.

Varios responsables, entre ellos el nuevo seleccionador Laurent Blanc, mencionaban la implantación de cuotas oficiosas destinadas a limitar el número de jugadores con doble nacionalidad en la cantera. Las conversaciones se centraban principalmente en los jóvenes jugadores de origen africano y norteafricano. Aunque finalmente no se aplicó ninguna medida, el escándalo prolonga el debate sobre el lugar que ocupan los jugadores de origen inmigrante en el fútbol francés.

Para el periodista Nicolas Vilas, este episodio pone de manifiesto una fractura estructural: “Quienes toman las decisiones no reflejan a quienes componen mayoritariamente los equipos”, señala. Es decir, “os queremos en el campo, pero no necesariamente en la mesa donde se toman las decisiones”.

Unos años más tarde, la ausencia de Karim Benzema en la Eurocopa 2016 reavivó nuevas polémicas sobre la identidad francesa de algunos bleus. En una entrevista concedida al diario Marca en marzo de 2016, el delantero se refirió a unas decisiones de selección influenciadas, según él, por “una parte racista de Francia”. Al mismo tiempo, su relación con el himno nacional francés, que él no cantaba, fue ampliamente comentada en la prensa.

“Cuando Karim Benzema o Samir Nasri fueron criticados por no cantar La Marsellesa, muchos señalaron inmediatamente su origen magrebí”, observa también Nicolas Vilas. “Se examina con mayor detenimiento a aquellos cuyos nombres se perciben como ‘no franceses’, cuando, si consultamos los archivos, Michel Platini tampoco cantaba el himno”, recuerda.

La victoria en el Mundial de 1998 traía consigo muchas esperanzas. La mitología “negro-blanco-moro” había convertido a Francia en símbolo de una nación multicultural, orgullosa y unida. Para Rokhaya Diallo, periodista y activista antirracista, esta fórmula revelaba, sin embargo, un desconocimiento de la realidad social francesa.

“Entonces yo tenía 20 años y me resultaba extraño ver cómo los medios de comunicación se sorprendían ante una realidad que ya formaba parte de mi día a día”, recuerda. “No se trataba tanto de la aparición de algo nuevo como del reconocimiento, por parte de la mayoría de la opinión pública, de una realidad que ya existía”.

La propia expresión le parece problemática. “Calificar a este equipo de ‘negro-blanco-moro’ es una forma de eludir el tema”, explica. “No se utiliza el vocabulario directo: ‘blanco’ se denomina como tal, mientras que ‘negro’ y ‘moro’ designan realidades que seguían resultando molestas”.

Sin embargo, la noche de la victoria, todo parecía posible para estos jugadores descendientes de inmigrantes. En el Arco del Triunfo, se proyectaron sucesivamente sus nombres y retratos. Entre las consignas que proliferaron en las calles, una se volvió emblemática: “¡Zidane presidente!”. Pero cuatro años más tarde, Jean-Marie Le Pen, candidato del Frente Nacional, llegaba a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Jacques Chirac.

“La hegemonía del eslogan 'negro-blanco-moro' cegó a una parte de la sociedad francesa. En una especie de euforia colectiva, contribuyó a ocultar el avance del racismo”, analiza Rokhaya Diallo. “Esa imagen de una Francia multicultural resultaba sumamente gratificante. Los franceses se sentían orgullosos de la percepción que se tenía de su país a nivel internacional. Encontrarse de repente con Jean-Marie Le Pen en la segunda vuelta supuso, a la vez, un desmentido de lo que creíamos ser y una especie de vergüenza ante el exterior”.

En este contexto, Zinédine Zidane, apodado cariñosamente “Zizou”, tomó la palabra por primera vez el 29 de abril de 2002: “Cuando vemos que hay casi un 30% de abstención y que, al final, nos encontramos con una segunda vuelta entre Chirac y… el otro, simplemente hay que decirle a la gente que debe ir a votar. Hay que pensar en las consecuencias. Lo digo y mido mis palabras: hay que reflexionar antes de votar a un partido que no se ajusta en absoluto a los valores de Francia”.

Para Lilian Thuram, compañero de equipo de Zidane y también campeón del mundo en 1998, convertido desde entonces en una figura de la lucha contra el racismo, sobre todo a través de su libro La Pensée blanche (El pensamiento blanco, edit. Philippe Rey, 2020), los valores franceses constituyen también un argumento central para oponerse a la extrema derecha.

Preguntado por Mediapart el pasado 6 de junio sobre los llamamientos de Kylian Mbappé a votar contra la extrema derecha, Thuram afirmó: “Se dice que, como Kylian Mbappé es capitán de la selección francesa, debe dirigirse a todos los franceses. Yo creo más bien que debe hablar en nombre de Francia. No es lo mismo. Cuando habla en nombre de Francia, defiende nuestros valores. Sin embargo, la Agrupación Nacional representa lo contrario: la división en lugar de la unión, la desigualdad en lugar de la igualdad, y desde luego no la fraternidad”.

Las elecciones legislativas anticipadas de junio de 2024 demostraron definitivamente que la nueva generación de los bleus se atrevía a ser más politizada que sus predecesores, a pesar de las críticas. El lateral derecho de la selección francesa, Jules Koundé, escribió entonces en X: “En los tiempos que corren, votar es tanto un deber como un derecho. Por mi parte, veo que la extrema derecha nunca ha llevado a un país hacia más libertades, más justicia y una mejor convivencia. Y creo que nunca lo hará”.

El pasado 13 de junio, tres días antes del primer partido de Francia contra Senegal, el canal de YouTube de la FFF publicó un vídeo en el que Rayan Cherki, jugador de origen argelino, reflexiona con emoción sobre la diversidad de la plantilla de 2026. “No sé por qué a algunas personas no les caigo bien”, dice el centrocampista. “Puedo entender que mi perfil resulte incómodo, quizá porque tengo la barba demasiado grande, quizá porque mi piel es demasiado oscura… Pero para mí, eso es lo que nos hace fuertes. Es una magnífica selección francesa con mucha diversidad, con muchas historias diferentes. Y eso es lo que hace fuerte a Francia”.

Traducción de Miguel López

El domingo por la tarde, un joven de Vila de Gràcia (Barcelona) "antifascista e independentista" fue apuñalado por un "fascista español de 52 años", según denuncia el grupo al que pertenecía, Eskapulats –aficionados del Club Esportiu Europa–, a través de un comunicado. El autor de los hechos fue detenido y se investiga si detrás de la agresión hubo motivos ideológicos. "Todo intento de blanquear la motivación ideológica del agresor, de mentir sobre el origen del intento de asesinato y de generar dudas sobre el contexto, nos encontrará de cara e iremos hasta donde sea necesario para preservar la verdad", sostiene el grupo.

Los delitos de odio por motivaciones ideológicas han crecido un 63,95% en el último año, siendo los terceros más frecuentes según el registro confeccionado anualmente por el Ministerio del Interior. El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha hecho público este miércoles el Informe de Evolución de los Delitos e Incidentes de Odio, relativo a 2025. La estadística más reciente confirma el peor de los escenarios: los delitos de odio han aumentado un 23,63% en un año, alcanzando el máximo histórico. Y a la cabeza, tres categorías: el racismo, la LGTBIfobia y la violencia por motivos ideológicos.

El análisis elaborado por el Ministerio del Interior diferencia entre hechos conocidos, entendidos como el conjunto de infracciones penales y administrativas que llegan a las autoridades, y los hechos esclarecidos, que pasan a ser considerados como tal cuando la investigación avanza y arroja luz sobre los acontecimientos. 

Las víctimas de este tipo de delitos son mayoritariamente hombres (62,34%), pero quienes ejercen la violencia también (78,49%). La mayoría son españoles. La violencia se expresa a través de amenazas, lesiones y humillaciones, pero también toma forma de injurias, trato degradante y coacciones. Casi siempre sucede a la vista de todos: más de un tercio de los delitos denunciados se produjo el año pasado en la vía pública.

El racismo y la xenofobia son las categorías más frecuentes en suelo español, en un contexto de rearme ideológico por parte de la extrema derecha y propagación de discursos que sitúan a las personas migrantes como máximo enemigo. Vox ha monopolizado esa estrategia, pero la derecha ha decidido ponerse de perfil y dar carta blanca a narrativas racistas, especialmente en lo que respecta al proceso de regularización de migrantes.

El año pasado, las autoridades tuvieron constancia de 934 delitos de odio de carácter racista, lo que supone el 42,95% del total de hechos conocidos. Son, con diferencia, los más habituales. 

Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya, lamenta que la violencia contra las personas migrantes haya sido tradicionalmente una realidad invisible para los ojos de la mayoría social. "Venimos denunciándolo desde hace muchos años, pero no nos tomaban en serio", asiente en conversación con este diario.

La activista enseguida pronuncia el nombre de Haitam Mejri, porque la violencia que recae sobre grupos vulnerables va más de nombres que de cifras. El joven falleció a finales de diciembre tras una intervención policial en la que recibió entre ocho y once descargas eléctricas. "Métele más táser", gritaron los agentes. El juzgado terminó por archivar la investigación el pasado mes de abril. 

Para Cabrera, ahí está uno de los grandes problemas que soportan las personas migrantes: el racismo en el corazón del sistema. "La Policía violenta sistemáticamente a las personas migrantes y no existe justicia al respecto, ni responsabilidad, ni reparación", sostiene. Una violencia estructural y sistémica que "afecta a toda la ciudadanía, como hemos visto en València". 

El miércoles pasado, una joven denunció haber sido insultada y atacada por tres hombres desconocidos mientras caminaba por las calles de Pontevedra. "Bollera de mierda, tu abuela debe estar contenta", lanzaron los agresores, momentos antes de arremeter contra ella golpeándola con una botella. La víctima cayó desplomada al suelo y apenas recuerda cómo pudo librarse de los golpes.

Es uno de los muchos casos de violencia extrema que sufre la comunidad LGTBIQ+, uno de los principales colectivos en los que ponen el foco los divulgadores de odio que buscan trasladar la violencia a las calles. El balance de Interior se hace eco de 571 incidentes de odio de esta tipología el año pasado, el segundo grupo más numeroso.

"No solo hay una enorme infradenuncia, sino que el proceso de investigación es muy penoso para la víctima y muchas veces ni siquiera es reconocida como tal". Habla Toño Abad, presidente del Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia. Los datos del ministerio, comenta al otro lado del teléfono, incluso siendo parciales como consecuencia de la escasa tasa de denuncia, evidencian un incremento sostenido en el tiempo de los ataques.

"Se ha instalado un discurso en las instituciones que ha permeado en determinadas capas de la sociedad" y que está siendo difundido gracias a la complicidad de las redes sociales y los pseudomedios, analiza el activista. Pero, además, una vez se materializa la violencia, los engranajes del sistema no son capaces de reparar el daño. "Constantemente se cuestiona a las víctimas y sobre todo se pone en duda el carácter homófobo de determinadas agresiones", lamenta Abad. A esto se suma una estrategia en alza: las denuncias cruzadas. "Vemos que muchos agresores denuncian a sus víctimas para victimizarse en el proceso, algo absolutamente intolerable" y que tiene un efecto disuasorio para quienes verdaderamente sufren en sus carnes la violencia.

Algo similar ocurre con las víctimas de violencia ideológica, con casos en los que no solo operan las denuncias cruzadas como estrategia de los atacantes, sino que están también atravesados por una narrativa que los sitúa como meras reyertas entre grupos radicales, una equiparación funcional a los agresores que sitúa al mismo nivel la violencia ultra y la autodefensa antifascista.

La violencia política que recae sobre quienes militan en movimientos sociales, sindicatos y organizaciones políticas ha pasado tradicionalmente desapercibida en la agenda política y mediática. Pero las agresiones por motivos ideológicos han estado siempre presentes en las calles. Son, según los datos oficiales, el tercer tipo de delitos de odio más frecuentes en el país. En total, las autoridades han registrado 241 hechos vinculados con esta forma de violencia. 

En el proyecto Crímenes de odio se encuentran los nombres de Carlos Palomino y Guillem Agulló como columna vertebral del análisis en torno a los crímenes ideológicos que han marcado a generaciones. Lo sabe bien Miquel Ramos, periodista y coautor de esta herramienta que clasifica, visibiliza y documenta casos específicos de violencia contra distintos colectivos. 

Igual que el grueso de los expertos consultados, el investigador coincide en que "la mayoría de delitos que se cometen no se denuncian", por lo que las cifras oficiales nacen sesgadas. "Muchas veces ni siquiera se recoge el agravante de odio y otras tantas queda a criterio de la Policía", con los riesgos que esa arbitrariedad entraña. En España pueden tener la consideración de delitos de odio actos organizados contra grupos fascistas y así ha sucedido en diversas ocasiones, "llegando a considerar víctimas a nazis", lo que demuestra que "la interpretación de esta tipología tiene muchas lagunas".

Para Ramos, si existe una voluntad real por perseguir a quienes ejercen violencia, debe existir también el compromiso firme de frenar a aquellos que la alientan. "No es raro escuchar que han detenido a un tuitero, pero los mayores difusores de los discursos de odio son políticos o medios de comunicación". Y en ese terreno pantanoso, zanja el entrevistado, impera de nuevo la impunidad y la inacción.

Immanuel Kant lo advirtió hace más de dos siglos: los juristas no hacemos nuestro trabajo cuando nos concentramos solo en el texto de la norma: el Derecho no es solo lo que la ley dice, sino el horizonte moral que la llena de sentido. En La paz perpetua (1795) fue más lejos todavía: afirmó que todo ser humano, por el mero hecho de serlo, es titular de un derecho universal de hospitalidad —ius cosmopoliticum— que ningún Estado puede suprimir sin traicionar los fundamentos de la convivencia civilizada: ningún extranjero puede ser tratado, solo por serlo, como enemigo en territorio ajeno; tiene derecho a no ser rechazado a costa de su perdición; y esa facultad no deriva de la ciudadanía nacional ni de ningún otro vínculo singular, sino de la condición humana.

En el desorden global que sacude los valores que creíamos más sólidos, esa idea, que Seyla Benhabib retomó y desarrolló con precisión en Los derechos de los otros, es hoy más urgente que nunca. Desde esta autora a Ferrajoli, el constitucionalismo examina los límites de la comunidad política: sí, toda democracia tiene derecho a definir sus condiciones de pertenencia y participación, pero esa potestad no puede desentenderse de los derechos humanos. Soberanía popular –históricamente ejercida en los marcos estatales– y derechos universales no son magnitudes opuestas, pero la democracia constitucional consiste precisamente en someter los criterios de inclusión y exclusión a un proceso público y continuo de deliberación y justificación. Sus "iteraciones democráticas" no son un mecanismo para cerrar la comunidad frente al otro, sino para abrirla progresivamente a su propia promesa.

Viene esto a cuento de un debate que recorre España con el sigilo de quien sabe que lo que hace tiene nombre, aunque opte por no pronunciarlo. Los pactos de gobierno entre PP y Vox en varias CCAA han injertado en el lenguaje la "prioridad nacional": un sintagma que, empaquetado en fórmulas —"dentro del ordenamiento vigente", "en el marco competencial correspondiente"— aspira a sortear el control de su conformidad con la Constitución y con el Derecho de la UE. Desde la perspectiva del control de constitucionalidad formal, su resultado –se dice– es de “sentido común”: las cláusulas más agresivas quedarían neutralizadas; pocas nueces pese al ruido, pretende quien se aferra a su letra.

Pero persiste una pregunta que semejante enfoque puramente semántico no puede responder por sí solo: ¿Cómo debe responder nuestra democracia constitucional cuando las palabras con que la ley se expresa comienzan a desplazarse en favor de prejuicios que, incluso sin vulnerar todavía norma alguna impugnable, alteran, hasta corroerlo, el imaginario colectivo sobre quién pertenece plenamente a la comunidad política y quién se sitúa extramuros? Esta cuestión no es retórica. Es constitucional, aquí y ahora, en este tiempo.

La Constitución española de 1978 no es solo un catálogo de normas y competencias. Es, antes que nada, una declaración fundamental sobre la igual dignidad: su art. 10.1 sitúa la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes como fundamento del orden político y de la paz social, cláusula en la que uno de los expertos más prestigiosos (J. Jiménez Campo) ha llegado a entrever la hipotética Grundnorm de nuestro ordenamiento, no como límite externo al poder, sino como su razón de ser. Por su parte, el art.2 TUE prolonga esa misma lógica en el plano supranacional: dignidad humana, igualdad, no discriminación, protección de las minorías, valores comunes de la UE con rango constitucional. Ni ornamentos prescindibles, ni flatus vocis: en la jurisprudencia del TJUE, dichos valores comunes son los cimientos normativos sobre los que descansa la legitimidad del proyecto europeo (Case C-769/22, Commission v. Hungary).

La "prioridad nacional" va en la dirección contraria. No solamente porque infringe una norma positiva –la prohibición de discriminación en atención al origen o a la alegada “pertenencia a una etnia” o una “cultura” supuestamente diferenciada de la “española” de pura cepa– sino porque responde a la pregunta sobre la pertenencia con una jerarquización previa: “primero los españoles… después todos los demás”. Palabras de la ley de la fuerza. Un giro que, aunque se produzca en el plano del discurso y no todavía en el del Derecho positivo, no es constitucionalmente inocuo. Es la antesala de su reversión.

Porque los pactos autonómicos PP-Vox no deben leerse como episodios aislados de alcance territorial sino como lo que realmente son: laboratorios de normalización discursiva de lo inaceptable: ensayan "categorías", testean resistencias institucionales, desplazan el umbral de lo que la opinión pública pueda llegar a asumir como “normal” o "razonable". Lo que hoy se presenta en una C.A. como fórmula retórica puede convertirse mañana, en el marco de un eventual pacto de gobierno a escala nacional, en fundamento de un proyecto normativo con capacidad real de laminar el estatuto jurídico de civilidad para millones de personas residentes en España. Un escenario semejante no es especulativo: es la lógica abyecta de la estrategia de Vox, abrazada ya, acríticamente, por el PP: instalar conceptos en los pactos autonómicos, normalizarlos en el debate público, presentarlos de inmediato como propuestas asumibles en cuanto la aritmética parlamentaria lo permita. La pregunta no es si esto puede ocurrir. Es si estamos dispuestos a nombrarlo y a evitarlo antes de que se consume.

La historia del constitucionalismo europeo del siglo XX dicta una lección clara: sus involuciones más graves no comenzaron siendo normas abiertamente inconstitucionales: comenzaron con retóricas y concesiones disruptivas hacia un lenguaje ofensivo contra los fundamentos de la convivencia y del reconocimiento en una sociedad abierta. El proceso puede no ser lineal ni inevitable, pero tampoco imprevisible. Ante el riesgo que se asoma, ninguna Constitución puede actuar únicamente como parámetro de validez formal: debe ejercer también pedagogía habermasiana, gramática compartida de la comunicación política en un espacio pluralista. Su fuerza de obligar no reside solo en la jurisdicción del TC para anular las leyes incompatibles con ella: también en su capacidad para embridar el lenguaje cuando una discursiva entra en tensión con los valores que la comunidad se dio a sí misma en su momento constituyente.

Kant situó el fundamento de toda comunidad política en el uso público de la razón: la exigencia de justificar, ante todos, las reglas con que se traza la frontera entre nosotros y el otro. La democracia no se defiende solo en los tribunales sino, también, en el debate, en la prensa, en la academia, en cada ocasión en que alguien señale que entre lo jurídicamente admisible y lo real se interpone una fisura que merece ser nombrada con precisión y sin eufemismos.

¿Pocas nueces jurídicas en los pactos autonómicos? Ruido constitucional, y si se deja crecer se transfigurará en la norma… y en la normalidad. Y cuando eso ocurre, el daño –incuantificable– no se reparará únicamente con recursos y sentencias, cuando lleguen, si es que llegan. 

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Juan Fernando López Aguilar es eurodiputado socialista y Álvaro García Navarro es asesor para asuntos europeos del Gobierno del Principado de Andorra.

La “prioridad nacional” que han pactado PP y Vox en verdad significa “prioridad masculina”. Ni siquiera son originales, el mensaje de fondo en esa afirmación es el mismo que lanzó D.J. Trump cuando habló de “America first”, que no era poner en primer lugar a una América cualquiera, sino “su América”, es decir, lo que él entendía que debía ser América sin inmigrantes, sin políticas DEI (Diversidad, Igualdad e Inclusión) y con muchas guerras y ataques para hacer negocio.

El elemento común y el orden que defienden las posiciones conservadoras no es el financiero, ni el económico, ni el tributario, ni el educativo, ni el sanitario… Lo que defienden es su modelo cultural androcéntrico para imponer en nombre de sus referencias culturales e identitarias todas las políticas económicas, financieras, educativas, sanitarias… que consideren, porque será ese orden el que las validará con independencia de cuál sea su consecuencia en la práctica. Ya lo vimos en la crisis económica y financiera de 2008 causada por el capitalismo, que a pesar del terrible resultado se salió de ella reforzando al capitalismo, no cambiando el modelo económico. O lo que vemos ahora con la crisis mundial provocada por el propio sistema con sus guerras y negocios, que nadie lo cuestiona por los resultados objetivos que vivimos en una nueva crisis, sino que se justifica y se mantiene porque con él se perpetúa el modelo cultural, sean cuales sean sus consecuencias.

Esa es la razón por la que desde hace años vienen desarrollando una estrategia dirigida a restablecer su orden social, y las circunstancias en las que no haga falta dar “prioridad nacional” ni derogar “leyes ideológicas”, simplemente porque no existirán las situaciones para hacerlo al haber impuesto su modelo cultural. Es decir, pretenden que el modelo de sociedad venga definido por sus ideas, valores, creencias, tradiciones y costumbres, y que solo sus gobiernos tengan opciones de gobernar. Todo lo demás quedará como algo residual y contextual, en una especie de “beneficencia política” para acercar los recursos a los más necesitados. 

Es lo que analicé en el libro La refundación del machismo (Comares 2023), y lo que vemos que viene sucediendo cada vez con más intensidad, descaro y apoyo social.

Cuando derecha y ultraderecha (PP y Vox) hablan de “prioridad nacional” solo es un primer paso para seleccionar a quienes entienden que deben tener privilegios para que desde sus posiciones beneficiadas actúen contra quienes atacan nuestra cultura y nuestra forma de ser, que son las personas extranjeras con sus culturas, las mujeres amenazando el poder de los hombres, y la diversidad y personas LGTBIQ+ que actúan contra nuestra moral. Por eso han empezado con lo más cercano, que son las personas extranjeras, para luego seguir con el resto de las personas que entienden que han generado el desorden cultural. 

No necesitarán imponer la “prioridad masculina” o la “prioridad heterosexual”; bastará, como ya han pactado, con derogar las leyes necesarias para erradicar la desigualdad y evitar la discriminación, o cancelar las normas dirigidas a luchar contra la violencia de género y la violencia homofóbica y transfóbica, para que de nuevo el control social y los ataques violentos sitúen a mujeres y personas LGTBIQ+ donde el machismo ha decidido que es su lugar. Lo han decidido históricamente y ahora lo vuelven a hacer para que lo prioritario sea lo suyo.

Y todo es el resultado de lo que ese modelo masculino, que sitúa el criterio de los hombres en primer lugar, decide a través de los hombres que ocupan las posiciones de poder para llevarlo a cabo. Por eso, en cada una de las decisiones que refuerzan el modelo se produce una consolidación del mismo que permite dar un paso más. Lo hemos visto con las personas extranjeras, primero dijeron que los inmigrantes venían a quitarnos el trabajo, recuerden cómo en los sucesos de El Ejido del 2000 atacaron los comercios y negocios de inmigrantes que habían prosperado, no a los inmigrantes explotados en los invernaderos, después dijeron que venían a delinquir, más adelante que vienen a violar a nuestras mujeres, y ahora que no deben venir y que los que están, mientras los echan, deben ser discriminados respecto a los españoles. 

Algunos hablan de arraigo, pero ¿qué significa eso? ¿Que los españoles que sean de Murcia, y que sus padres y antepasados hayan levantado la Comunidad, tienen prioridad respecto a los de Alicante u otras provincias? Ahí no utilizan los mismos argumentos que para los extranjeros, porque realmente lo que hacen es buscar una razón para imponer sus ideas racistas y xenófobas.

Que no nos engañen, las personas que migran y vienen a España nos dan mucho más de lo que reciben, nos dan bienestar presente con su trabajo, nos dan futuro con sus contribuciones, y nos dan vida con sus donaciones de órganos, ya lo explicamos en el artículo “Migrantes y trasplantes” (23-7-25). Pero sobre todo nos enriquecen con su convivencia; no solo es, ni debe ser, una mirada utilitarista la que defina la situación social, pero sí es bueno que se conozca la realidad para que no manipulen con sus mentiras. La pregunta es simple, ¿España sería o estaría mejor sin las personas migrantes? La respuesta es clara: no.

Pero la derecha y la ultraderecha no se van a detener con la “prioridad nacional” porque su prioridad es la de los hombres y su cultura androcéntrica, y no van a parar hasta que refunden el machismo para no verse en la incomodidad de tener que desarrollar estas medidas.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género