La crisis de Ceuta evidencia la difícil relación del PP con la migración

Ceuta vive desde el 30 de julio una crisis humanitaria tras la entrada masiva de 70.000 personas desde Marruecos, de la que, según los últimos datos del Ministerio del Interior, quedarían cerca de 5.000. Entre ellas, se estima que puede haber más de 3.000 menores, según las asociaciones que trabajan en el terreno, aunque por el momento han sido identificados 2.168. Este grupo es el más vulnerable y aquel sobre el que las organizaciones piden que se ponga el foco para garantizar su protección, pero también se ha convertido, una vez más, en el punto principal de disputa política.

Desde esta semana, el PP exige que todos los migrantes que entraron, ya sean mayores o menores de edad, sean devueltos a Marruecos. Aunque esta medida está prohibida por la Ley de Extranjería, que no permite las devoluciones masivas y establece una protección específica para los menores, como recoge su artículo 35, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, defendió públicamente: “Ni mayores ni menores. Han de regresar todos”.

Por su parte, el Gobierno defiende que la prioridad absoluta debe ser la defensa de estos menores y, por ello, ha presentado un plan para trasladar a 500 niñas con los perfiles más vulnerables a centros de la Península gestionados por entidades sociales. Según explican fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, esta cifra responde a las plazas disponibles comunicadas por diferentes asociaciones. Defienden, además, que este traslado se trata solo de una “propuesta”, ya que es el Gobierno de Ceuta quien debe formalizar el traslado.

El ejecutivo de la ciudad autónoma, liderado por el popular Juan Vivas, ha respondido que su objetivo es el retorno a Marruecos de todas las personas que entraron irregularmente, un discurso que difiere del mantenido durante los primeros días de la crisis, cuando pedía ayuda al resto de comunidades para acoger a todos estos menores. “Marruecos es un país seguro para el retorno”, aseguró el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, esta misma semana al referirse al traslado de las 500 niñas.

Sin embargo, la posición que mantiene ahora el principal partido de la oposición no es la misma que ha defendido en los últimos años. Basta con retroceder dos años para comprobar el cambio.

La crisis migratoria de 2024

En julio de 2024, Canarias sufrió una de las peores crisis migratorias y llegó a tener bajo su tutela a miles de menores. Ante esta situación, el Gobierno central planteó repartir entre las comunidades a 347 de estos menores para aliviar la presión sobre los territorios más afectados. El PP aceptó aquel reparto voluntario y Feijóo aseguró entonces que las comunidades gobernadas por su partido debían ser “solidarias” y “cumplir con sus obligaciones”.

Para Vox, aquello fue una línea roja. El partido de Santiago Abascal anunció el 11 de julio de ese año que rompía los acuerdos de gobierno que mantenía con el PP en Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. La ruptura dejó al PP gobernando en minoría en varios territorios y precedió a los adelantos electorales posteriores en Extremadura y Aragón.

Y es que, para el partido de ultraderecha, los menores migrantes no acompañados son desde hace años una de las puntas de lanza de su estrategia política. A principios de esta década, Vox incluyó el cierre de los centros de menores de España en sus campañas autonómicas de Asturias y Cataluña y, en 2021, durante la campaña madrileña, colocó un cartel en el que se podía leer: “Un MENA, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 424 euros de pensión al mes”. 

La comparación resultó ser engañosa, como puso de manifiesto el servicio de verificación de RTVE, ya que los 4.700 euros correspondían al coste mensual de una plaza en un centro de acogida y no una cantidad entregada directamente al menor. En aquellas elecciones, el partido consiguió un escaño más que en 2019 y siguió utilizando a los menores migrantes como arma política.

La crisis de 2024 llevó la disputa al Congreso, donde el Gobierno quiso modificar la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo que obligara a las comunidades a acoger menores cuando un territorio concreto superase unos determinados niveles de saturación. 

El 23 de julio de 2024 el Congreso rechazó tramitar esta reforma con los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya frente a los 171 a favor. Apenas unos días antes, el principal partido de la oposición había pedido “solidaridad” para acoger a estos menores, pero decidió votar en contra alegando que se necesitaba mayor financiación y un control integral de las fronteras que no estaba contemplado en la propuesta.

De esta manera, el Gobierno optó por otra vía diferente y en marzo de 2025 aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, que creó un mecanismo extraordinario de derivación de menores extranjeros no acompañados entre comunidades y ciudades autónomas y estableció los criterios para determinar cuándo un territorio se encuentra en una situación de contingencia migratoria. El Congreso lo convalidó en abril de 2025 y esta vez el Ejecutivo sí consiguió mayoría gracias al cambio de postura de Junts.

El PP pide devolver a todos los menores de Ceuta en contra de las garantías que incluyó Aznar en Extranjería

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El sistema dejó así de depender exclusivamente de la voluntad de las comunidades y permite activar una redistribución de los menores cuando se cumplen los requisitos previstos. Sin embargo, el PP mantuvo su oposición a este decreto y diez de las comunidades en las que gobernaba (Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Baleares, Madrid y Murcia) recurrieron su aplicación ante el Constitucional alegando que el Estado invadía sus competencias y que imponía acogimientos sin garantizar los recursos necesarios.

En el lado opuesto, Canarias, gobernada por una coalición de Coalición Canaria y el PP, y Ceuta, presidida por el popular Juan Vivas, defendieron el reparto como una forma de aliviar sus sistemas de acogida, en ese momento sobresaturado, mientras que desde la dirección nacional del PP sostenían que se negarían al reparto si no se garantizaba la “capacidad para alojarlos con respeto y garantías”, según declaró Feijóo en ese momento.

Así, el PP pasó de reclamar “solidaridad” para alojar a los menores a mostrar reticencias ante los repartos, una evolución que ha desembocado en su postura actual, en la que se alinean con el discurso de Vox al reclamar que todos los migrantes, mayores o menores de edad, sean devueltos.