Más de 2.000 menores esperan respuesta en Ceuta mientras PP y Vox exigen priorizar las devoluciones

La Policía Nacional ya ha localizado e identificado a 2.168 menores migrantes desde la entrada masiva que se vivió en Ceuta el pasado 30 de julio, una cifra que desde Interior indican que es provisional y lo más probable es que seguirá creciendo en los próximos días, ya que desde Save the Children advierten que en total habría unos 4.000 menores en la ciudad. Ya estando a disposición del Gobierno regional de la ciudad autónoma, ahora todas las miradas están puestas en su futura reubicación, un proceso que comienza con una entrevista individualizada a cada menor y que el Gobierno ceutí todavía no ha empezado.

“Ahora mismo se está atendiendo la emergencia, por lo que es absolutamente razonable que no se haya comenzado, porque es más urgente dar de comer a los chavales antes que el papeleo”, explican desde el Ministerio de Infancia a infoLibre. Desde esta cartera se ha desplegado, desde el pasado domingo, un equipo permanente en la ciudad con el objetivo de agilizar los trámites.

El primer paso antes de decidir qué ocurre con cada menor es conocer su situación personal y familiar. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) explican que, una vez identificado, además de determinar su edad y comunicar su situación a los servicios de protección, comienza el rastreo de sus familiares. “Es muy importante entender quién puede ser su responsable legal y valorar una posible reagrupación [familiar]”, explica a este periódico Verónica Laorden, responsable de incidencia, investigación y estudios de la organización.

“Esta reagrupación no se puede hacer de manera automática. Hay que evaluar caso por caso cuál es su situación y valorar el interés superior del menor”, señala Laorden. La organización advierte además de que algunos menores pueden haber huido de situaciones de violencia o tener un perfil de protección internacional, circunstancias que obligarían a descartar su repatriación. Desde el Ministerio de Infancia también sitúan la reagrupación familiar como una de las vías prioritarias para determinar el destino definitivo, ya sea en España o en otro país extranjero. 

Localizar a la familia es solo el comienzo de un proceso que puede alargarse en el tiempo, según describen desde CEAR. “No se puede hacer una valoración general de qué es lo que ocurre porque cada menor es una historia y una familia”, apunta Laorden, ya que incluso cuando los familiares ya han localizado al menor y existe contacto directo, hay que completar el procedimiento administrativo, con intervención de la Fiscalía y audiencia del propio menor. Finalmente, debe existir una resolución individual de la Delegación del Gobierno que determine si la repatriación puede llevarse a cabo.

La reubicación de los menores por comunidades

Todo este proceso se desarrolla mientras Ceuta intenta atender a una cantidad de menores muy superior a su capacidad ordinaria. El Real Decreto 556/2026 fija esa capacidad para Ceuta en tan solo 29 menores, muy por debajo a los 2.168 ya identificados.

Los menores están siendo trasladados a los recursos ordinarios de la ciudad autónoma y distintos dispositivos habilitados de emergencia. Entre ellos se encuentran una nave de la Fundación SAMU, las instalaciones de Piniers y dos centros educativos utilizados provisionalmente. En uno de ellos, el colegio Reina Sofía, se encontraban unas 110 niñas y adolescentes a comienzos de agosto, que ya están siendo ubicadas en otros puntos de la ciudad.

Por esta razón, de forma paralela, las entrevistas individuales de los menores son también el primer paso para una futura reubicación a otras comunidades autónomas, según recoge el mencionado real decreto.

Sobre qué comunidades tendrán que hacerse cargo de los menores, la norma establece una cifra para cada territorio a partir de una fórmula basada principalmente en su población y en la capacidad global del sistema de protección. Andalucía aparece con una capacidad de 3.009 menores, Cataluña con 2.829, Madrid con 2.471 y la Comunitat Valenciana con 1.903. En el otro extremo, Ceuta tiene fijada una capacidad de 29 y Melilla de 30.

El Ministerio insiste en que esas cifras no permiten saber de antemano cuántos de los 2.168 menores acabarán en cada comunidad. “Hay muchas casuísticas por las cuales es imposible decir con antelación cuántos menores van a ir a una comunidad autónoma o a otra”, explican, ya que cada expediente se resuelve individualmente y el reparto se va equilibrando en función de la capacidad de los territorios.

El problema es que varias comunidades cuestionan que la capacidad que establece el Estado equivalga a plazas físicas disponibles. Castilla y León, por ejemplo, sostiene que sus 190 menores ya han llevado su sistema al límite, pese a que el cálculo estatal le atribuye una capacidad ordinaria de 833. Extremadura afirma que solo dispone de 14 plazas físicas libres, aunque el margen que resulta de comparar la capacidad estatal (364) con los menores que tiene acogidos es muy superior.

La discrepancia es todavía mayor en territorios como Baleares, Canarias o Euskadi, que aseguran estar ya por encima de la capacidad que les atribuye el Estado. Baleares afirma atender a 897 menores frente a los 434 de capacidad ordinaria, Canarias cifra en unos 3.600 los menores que acoge frente a los 783 que recoge el decreto, y Euskadi sitúa su cifra en torno a 842, por encima de los 776 que establece el Estado. Murcia también sostiene que ya supera las 553 plazas que le asigna el decreto.

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Esta futura reubicación ha reabierto también las diferencias entre el Gobierno central y la oposición. El Ejecutivo de Ceuta, presidido por el popular Juan Vivas, ha pasado de reclamar solidaridad al resto de comunidades a situar las devoluciones a Marruecos como primera opción. El PP nacional mantiene una posición similar sobre la necesidad de priorizar las devoluciones y la reagrupación familiar, aunque sus dirigentes han asegurado que sus comunidades cumplirán la ley si finalmente reciben una resolución de reubicación. 

Vox es más contundente y las comunidades donde el partido controla las competencias de infancia (Aragón, Castilla y León y Extremadura) no participaron en la última reunión preparatoria con el ministerio, en protesta por el mecanismo. Sin embargo, la formación no plantea por ahora romper los gobiernos autonómicos que mantiene con el PP, a diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando abandonó varios ejecutivos precisamente por el reparto de menores migrantes. La próxima reunión se llevará a cabo el 27 de agosto, en la que se abordará el crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que la oposición política no permite bloquear un procedimiento que tiene respaldo legal. “Se pueden negar públicamente, pero nadie va a firmar una resolución contraria a una ley”, explican desde Infancia. El Ejecutivo confía así en que, una vez analizados los expedientes individuales y agotadas las vías de recurso que puedan plantear las comunidades, los menores que no puedan ser reagrupados o retornados sean trasladados a los territorios que determine el mecanismo estatal. La propia Fiscalía ya ha advertido de que intervendrá si alguna comunidad rechaza cumplir con las obligaciones legales de acogida.