Las cifras de violencia sexual contra la infancia desmontan el mito de la familia como espacio seguro

Invisible, relegada al silencio y muchas veces impune. La violencia sexual durante la infancia constituye uno de los mayores fracasos sociales e institucionales de nuestro tiempo, el retrato impoluto de un sistema que enmudece y se demuestra incapaz de proteger a los más vulnerables. Supone, además, una quiebra de las expectativas vitales de la víctima y la desacralización de la familia como institución segura. Uno de cada cinco menores es víctima de violencia sexual, según el Consejo de Europa. En España, el 28,9% de las personas que tienen entre 18 y 30 años se reconoce como tal. Casi tres de cada diez jóvenes.

Esta última cifra proviene del estudio Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, confeccionado hace un año por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se trata de la macroencuesta más completa en la materia hasta la fecha, basada en 9.037 entrevistas a personas jóvenes. Los resultados constatan que la violencia sexual en la infancia es estructural y no únicamente una dolorosa excepcionalidad, resulta más habitual de lo que aparenta y está marcada por un evidente sesgo de género: ellas se nombran como víctimas en mayor medida (33,6%) que los hombres encuestados (24,4%).

La adolescencia es el momento más peligroso para los menores. El 26% de las personas encuestadas se remonta a esta etapa cuando recuerda los abusos sufridos, frente al 6,3% que menciona la infancia y el 3,4% que habla de violencia continuada. Acercando la lupa a aspectos concretos como la etapa evolutiva, se puede constatar un viraje estadístico en términos de género: en la infancia, son los niños varones quienes tienden a sufrir más violencia (6,8%), en comparación con las niñas (5,8%). Ellos también padecen violencia sexual de manera habitual o recurrente en mayor medida (6,4%) que las chicas (4,1%). 

¿Quién ejerce violencia contra un niño?

La noción de la familia como espacio seguro se desmorona en contextos de violencia durante la infancia. Es precisamente el entorno familiar el principal escenario de abusos, según el 46,6% de las personas entrevistadas. Le siguen el comunitario o vecinal (37,3%) y el escolar (36,9%).

Sin embargo, el perfil de los agresores varía sustancialmente según las características de la violencia y de las víctimas. En el caso de los abusos durante la infancia, el rostro de los abusos es precisamente el de quien se presupone garante del bienestar familiar: el padre, citado por el 21,6% de quienes expresan haber sufrido violencia durante la niñez. En cambio, durante la adolescencia entran en juego las relaciones afectivas: la pareja de la víctima es mencionada por el 34,1% de los encuestados. 

Los matices en función del género de quien responde a la encuesta son, una vez más, reveladores. Los hombres víctimas de violencia señalan mayoritariamente a sus padres (28,3%). Las mujeres, en cambio, señalan a sus novios (40,4%). 

El informe Agresión sexual en niñas y adolescentes, según su testimonio. Evolución en España (2019-2023), confeccionado por la Fundación ANAR a partir de las vivencias de 4.522 niños, niñas y adolescentes víctimas de agresión sexual que llegaron a la organización buscando ayuda, constata que los agresores son, sin apenas excepciones, hombres adultos: ellos constituyen el 94,3% y el 78,6% es mayor de edad.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar sus datos sobre sentencias condenatorias dictadas a lo largo del año pasado y los resultados muestran que el 23,5% del total de condenas impuestas a personas adultas corresponden a delitos de agresión sexual contra menores de 16 años. En el caso de los menores condenados, este porcentaje se eleva hasta el 58,3%.

Es en la esfera jurídica donde también ha decidido poner el foco la organización Save the Children. En un análisis publicado el año pasado, la entidad concluyó que el 98% de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados son hombres. "Este dato evidencia una marcada tendencia de género en la comisión de abusos sexuales a la infancia", estiman los autores. En ocho de cada diez casos analizados –345 sentencias dictadas en 2023 y 2024–, el agresor es un conocido de la víctima. 

El mismo estudio confirma que los principales victimarios en el ámbito familiar son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Fuera del hogar, el 75,2% de los agresores eran conocidos o amigos de la víctima. El 63% son personas sin antecedentes y quienes sí los tenían eran, en su mayoría, por delitos que nada tenían que ver con la libertad sexual. "Estos datos muestran que por lo general los agresores de este tipo de delitos son difícilmente identificables como potenciales agresores sexuales de niños y niñas en base a sus antecedentes", afirman. 

La amistad como salvavidas

El 52,5% de las personas que participaron en la encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia reconoce haber convivido con los abusos a lo largo de su vida. Nadie les tendió la mano, ninguna institución supo reconocer la violencia y no encontraron la ayuda necesaria para ponerle remedio. Solo un 9,6% denunció lo sucedido ante las autoridades, siendo los varones quienes en mayor medida dan el paso (14,3%) en comparación con las mujeres (6,1%). 

Pero sí hay algo que hacen tanto los chicos como las chicas: contárselo a alguien. Así lo indica el 27,2% de los supervivientes. La inmensa mayoría (61%) se apoya en sus amigos a la hora de romper el silencio. La amistad se entreteje como el principal colchón para amortiguar el golpe, por delante de las madres (30,3%).

Según Save the Children, son precisamente las madres quienes, una vez conocen los hechos, deciden denunciar formalmente lo sucedido. Ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas, una decisión no exenta de consecuencias. Naciones Unidas ha señalado en diversas ocasiones que el sistema judicial español no protege a los niños de padres abusivos y tiene un sesgo discriminatorio contra las mujeres. Las conocidas como madres protectoras han cargado desde hace años con el peso de una justicia que no da credibilidad a su palabra. 

En cuanto a la respuesta institucional, solo el 3,8% de los profesionales de la salud y la educación, espacios claves para la detección, decide dar la voz de alarma. 

Las secuelas

Negación y estigma o cómo el tabú de la violencia sexual en la infancia aboca a las víctimas al silencio

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La ausencia de herramientas a disposición de los menores, la falta de un entorno seguro que funcione como tabla de salvación y el silencio impuesto como única vía para seguir adelante dejan secuelas en quienes han sufrido esta forma de violencia. La Fundación ANAR indica que casi siete de cada diez problemas asociados a la violencia sexual (68,6%) tienen que ver con la salud mental. Los supervivientes hablan de miedo (21,7%), ansiedad (19,6%) y tristeza (18,8%). Entre las víctimas adolescentes aparecen además conductas suicidas (7,2%), autolesiones (5,2%), baja autoestima (3,5%), trastornos alimentarios (2,4%), depresión (2%) y adicciones (1,9%). Pese a los datos, un 70,3% de las víctimas no recibe ningún tipo de tratamiento psicológico en el momento de los hechos.

Además de las consecuencias directas sobre su salud, las víctimas también soportan el descrédito que sobrevuela a su alrededor, responsable de sembrar una duda perpetua que dificulta su recuperación. En seis de cada diez casos (63,4%) se han apreciado fallos en el entorno social de la víctima. La mayoría tienen que ver con actitudes negligentes (41,5%): es decir, la falta de atención, consideración o actuación cuando se conoce el problema. 

Pero también existe un miedo genuino a la revictimización que pueda sufrir la víctima durante el proceso (21,8%). Y así la inacción se configura erróneamente como una forma de protección. En el entorno se asienta también la negación (17,9%), la culpabilización de la víctima (9,8%) y la justificación de la violencia (9%), conductas que no solo apuntalan las secuelas psicológicas, sino que disuaden a los menores a la hora de denunciar y los condenan a vivir con el peso de lo sucedido durante largos años.