Contra la juristocracia

Que no cunda el pánico, que ya están los jueces para sentenciar –sólo en su caso el verbo es del todo correcto– sobre las cosas que se hicieron mal y las que se hicieron bien, antes, durante y después de la entrada de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas extranjeros en Ceuta. Porque apenas horas después de aquello ya estaban los tres habituales querulantes poniendo orden.

El primero ha sido Iustitia Europa, un partido político que se dedica a dinamitar la democracia como la conocemos y a proponer un modelo mucho mejor: básicamente sin partidos.

Se unieron rápido las otras dos organizaciones que algunos califican como neofascistas. Yo no me atrevería a llamarlas así porque no soy un radical comunista (algo influye también que prefiero no recibir mi propia querella, que estos las hacen como hacen churros en San Ginés).

Las otras dos, ya saben, son HazteOir, gracias a quien sabemos que los niños tienen pene y las niñas vagina, o que cada año hay cien mil madres asesinando a sus hijos ante la pasividad mía y de usted, que defendemos la cultura de la muerte, y también Manos Limpias, aspiradora incansable de la suciedad de nuestras instituciones.

Gracias a estas luminarias de la patria, a estos centinelas que vigilan nuestra moral, a los genuinos vigías de la ley, tendrán que comparecer ante “la Justicia”, si prosperan sus iniciativas, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, el presidente del Gobierno y –esto es más improbable– el mismísimo rey de Marruecos, que también está denunciado como responsable último de la cadena de mando en el país vecino.

No es broma, aunque lo parezca. Una vez más, nuestros asuntos públicos, las decisiones que toman los funcionarios y los políticos que nos representan, serán sometidos al escrutinio de los jueces, que podrán abrir procesos, llamar a declarar prácticamente a quien quieran, acortar o alargar, practicar diligencias e investigaciones. Podrían filtrarse como es costumbre, legal o ilegalmente, documentos y pruebas y se podría construir un relato sumamente interesante, con todos sus episodios preparados para la televisión, sobre lo que pasó en esos días terribles de julio, en los que murió ahogado un centenar de seres humanos miserablemente olvidados.

Una vez más, nuestros asuntos públicos, las decisiones que toman los funcionarios y los políticos que nos representan, serán sometidos al escrutinio de los jueces, que podrán abrir procesos, llamar a declarar prácticamente a quien quieran, acortar o alargar, practicar diligencias e investigaciones

Esos tres profesionales de la querella, especialistas en el abuso de la espuria Acusación Popular, son solo el primer eslabón de una aberración que venimos sufriendo desde hace años: se llama juristocracia y es la sustitución de los poderes legislativo y ejecutivo por el poder judicial.

Estos últimos años han sido especialmente juristocráticos, si vale el neologismo: han sido las policías judiciales y los juzgados y los tribunales quienes han marcado la actualidad, toda ella. Han determinado por completo nuestra vida parlamentaria sentenciando contra la Ley de Amnistía desde el Tribunal Supremo; han deteriorado la acción del Gobierno con disparatadas instrucciones y abusos inauditos, como retirarle el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno o filtrar sin consecuencias la agenda completa de dos años de la vida de un expresidente; han inhabilitado a todo un fiscal general sobre la base de indicios contradichos por una decena larga de testigos.

No habría mucho que objetar si como idiotas creyéramos en el mito de la diosa Justicia, ciega y sin prejuicios, que se limita a medir objetivamente el peso de las pruebas.

Estaríamos también más tranquilos si ese poder judicial no estuviera descontrolado. Los poderes que no se controlan tienden a desbordarse, a extralimitarse. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. No es esto una crítica generalizada a los jueces, ni siquiera un cuestionamiento general de nuestro orden constitucional, bastante funcional en general.

Es una denuncia del abuso de la acusación popular y una invitación a su supresión. Es una reflexión sobre los efectos demoledores que pueden tener los jueces anónimos y sin control en las políticas públicas progresistas. Es también, asumiendo que las cosas no van a cambiar a corto plazo porque las derechas son las grandes beneficiarias de la juristocracia, una llamada a que los progresistas empiecen ya a organizarse para tener una decena de sus propios manoslimpias y hazteoires. Causas hay, y algunos instructores debe haber por ahí también. Incluso algún patrocinador. Si no hay una solución mejor, apliquemos lo de la canción: “aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios”.