La Federación de Periodistas Europeos urge al Gobierno a limitar ya la publicidad institucional

El proyecto de reforma de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional anunciada por el Gobierno fue aprobado el 24 de febrero, pero dos años después de la promesa de la limitación de los anuncios, la nueva regulación –que afectará únicamente a la publicidad procedente de la Administración del Estado pero no de los gobiernos autonómicos o municipales–, no termina de arrancar. Un informe de la Federación de Periodistas Europeos (EFJ, en sus siglas en inglés, que une a asociaciones y sindicatos de los Veintisiete) para la Comisión Europea reprocha además al Ejecutivo que, aunque la reforma esté en marcha, los ministerios y organismos que dependen de él desoyen las peticiones de los periodistas para que publiquen los criterios por los que distribuyen sus campañas dando solo "respuestas genéricas".

La reforma, que se encuentra en un estado todavía embrionario, viene impuesta desde Europa. Su objetivo es adaptar la legislación española al Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). El texto aprobado establece un límite máximo en la asignación de esos fondos equivalente al 35% de la cifra de negocio de los medios que los reciban. La finalidad es limitar la excesiva influencia de las administraciones en las redacciones y la proliferación de pseudomedios vendidos a ellas, que en muchos casos, tienen en estas campañas como única fuente de ingresos.

El último Informe del Estado de Derecho de la UE, publicado el pasado julio, y que recoge, entre otras, parte de las aportaciones de la EFJ, explicaba cómo desde la profesión y otros sectores, ante la lentitud de la reforma prometida, se sigue usando la publicidad institucional "para ejercer influencia política (...) especialmente en períodos electorales". Las administraciones siguen dando "un trato discriminatorio" a determinados medios y sigue existiendo "una falta de información pertinente sobre los beneficiarios de dicha financiación y los importes de esta". Según la Comisión, hoy por hoy, existe una "ausencia de criterios justos para la asignación de fondos públicos".

La federación europea –cuyos socios españoles son la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y los sindicatos UGT, CCOO y ELA– explica que, mientras se tramita la nueva ley que modificará la actual, vigente desde 2005, "algunos medios se han quejado y han reclamado al Gobierno que explique los criterios que usa para distribuir su publicidad". Sin embargo, pese a la obligación procedente de la normativa comunitaria (aún no traspuesta), "los ministerios implicados solo han dado respuestas genéricas". La información se ha reclamado por transparencia e incluso ha originado una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que todavía no se ha pronunciado.

El texto aprobado por el Gobierno, además de establecer que esta publicidad no podrá superar el 35% de la facturación de cada medio, amplía el concepto de publicidad institucional para incluir la actividad comercial de empresas públicas y exige la inscripción en un registro de medios como condición para acceder al dinero público, tal y como publicó infoLibre en mayo. Lo que no hace, y ahí está el problema y la principal queja de asociaciones y sindicatos, es regular el dinero que reparten comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. El Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, riega de millones a sus medios afines.

La edición de 2025 del Informe del Estado de derecho contenía una recomendación a España para que reformara la Ley de Secretos Oficiales. En la de este año, la Comisión considera un "significativo avance" el hecho de que el Gobierno aprobara el proyecto de ley de Información Clasificada, para reformar la todavía vigente regulación franquista. En su informe al Ejecutivo comunitario, la federación europea asegura, sin embargo, que la iniciativa gubernamental ha sido muy criticada por la amplitud de los plazos para desclasificar determinados documentos.

El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), aprobado en 2024, obligó también a designar un regulador para los medios de comunicación. El Ejecutivo otorgó esa función a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y su proyecto de ley de Servicios Digitales prevé la creación en su seno de una dirección de medios de comunicación dotada con 32 nuevos puestos. Los periodistas europeos desconfían, sin embargo, de ese organismo. "Las personas que ocupen su presidencia y sus directivos pueden ser prestigiosos e independientes, pero siempre estarán bajo sospecha al ser nombrados por el Gobierno", sostiene la EFJ, que además se queja de que la nueva dirección no haya sido todavía creada ni dotada de medios para ejercer su función.