Dos de cada tres mujeres asesinadas vivían con su agresor mientras PP y Vox recortan sus ayudas en vivienda

Negar la violencia machista desde las instituciones tiene consecuencias materiales, más allá de la batalla cultural y simbólica librada por la extrema derecha. Las alianzas entre Vox y el Partido Popular en gobiernos municipales y autonómicos tienen efectos sobre las mujeres, atravesadas por los discursos negacionistas y cada vez más condicionadas por las políticas públicas que los blindan. Es el caso de Valladolid: el gobierno local aprobó el pasado mes de mayo una modificación del protocolo de acceso a la vivienda de alquiler social, sustituyendo los puntos concedidos a las víctimas de violencia de género por aquellos que se dirigen a las víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar. 

Se trata de una puntuación que se otorga a los solicitantes para ponderar la prioridad en el acceso a la vivienda social, en base a sus circunstancias y necesidades. El nuevo baremo no es simplemente un cambio de denominación inocuo, sino que desdibuja la realidad de la violencia machista, niega sus especificidades y revierte los avances en materia de políticas públicas, concretamente las medidas de acción positiva. En síntesis, hace palpable el discurso reaccionario que la extrema derecha lleva abanderando desde su entrada en las instituciones.

En València sucedió algo similar hace dos años. PP y Vox aprobaron nuevas bases para el acceso al empleo público municipal, deshaciéndose de los puntos adicionales que hasta aquel momento se reservaban a las mujeres y a las víctimas de violencia de género. Y un año antes, en Maracena (Granada), la alianza entre ultras y conservadores supuso la aprobación de nuevas bases para una bolsa social de contratación temporal, eliminando la puntuación específica reservada a las víctimas de violencia machista.

Y en enero del presente año, el aval a los presupuestos de Móstoles (Madrid) quedó atravesado por el sello ideológico de la ultraderecha, que logró modificar el enfoque de las ayudas relacionadas con la violencia de género dando paso a un cambio de denominación en sintonía con lo ocurrido ahora en el consistorio vallisoletano: violencia familiar en lugar de violencia machista. 

El porqué de las ayudas

Priorizar el acceso de las víctimas de violencia machista a la vivienda y el empleo tiene un sentido evidente. La propia ley estatal contra la violencia de género establece que las víctimas "serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores", además de contar con "un programa de acción específico" para aquellas "inscritas como demandantes de empleo". La legislación así lo estipula desde hace más de dos décadas precisamente porque la falta de ingresos, la dependencia económica y la ausencia de una alternativa residencial lastran el proceso de ruptura y emancipación.

Los datos al respecto son especialmente significativos. El 65,3% de las víctimas mortales de violencia machista convivía con su agresor cuando fue asesinada. Son dos de cada tres. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, las mujeres que se reconocen más dependientes de su pareja tienden a expresar mayores tasas de violencia, en todas sus formas: así lo señala el 14,7% de las encuestadas, frente al 8,3% de quienes se sienten plenamente autónomas. 

El Estudio sobre el tiempo que tardan las mujeres víctimas de violencia de género en verbalizar su situación, publicado por la Delegación del Gobierno en 2019, recoge que las mujeres que cuentan con una vivienda en propiedad tardan de media seis años y ocho meses en pedir ayuda. En cambio, aquellas que viven en un hogar que pertenece a su agresor tardan ocho años y dos meses. 

Cuando el sistema desoye a las víctimas: una de cada tres mujeres asesinadas había denunciado

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El análisis de 2023 Violencia económica contra las mujeres en sus relaciones de pareja o expareja recalca que la vivienda es una cuestión central en situaciones de violencia. "Algunas de las mujeres entrevistadas se marcharon de casa huyendo de sus agresores, o han sido desahuciadas de su casa por impagos a consecuencia de la violencia económica", dibuja el informe. En esas circunstancias, añade, "disponer de un techo se convierte en primera necesidad". 

El mismo estudio recoge que las mujeres usuarias del servicio Atenpro aseguran presentar dificultades económicas relacionadas con el acceso y permanencia en una vivienda, como no poder pagar el alquiler (34,6%), los suministros (29,1%) o hacer frente al pago de la hipoteca (14,2%).

El informe Mujeres ante los desahucios consagra la idea de que "experimentar violencia de género es un claro factor de riesgo de exclusión social", durante la propia relación y una vez se ha terminado. En ese sentido, en lo que respecta a los elementos que contribuyen a que las mujeres permanezcan en relaciones violentas, los autores creen relevante destacar la importancia de aspectos materiales, como carecer de recursos económicos y de alternativas habitacionales viables. Y por ese motivo, el grueso de las víctimas "necesitan ayuda para acceder a una nueva vivienda en la cual puedan desarrollar su vida de forma segura". Según datos recogidos por el Instituto de las Mujeres, la tasa de mujeres sin hogar ha aumentado un 47% en una década y la violencia machista está detrás del 21% de los casos.