El círculo que elegimos Baltasar Garzón
Dante, en la Divina Comedia, bajó al infierno para entender el mal, no para contemplarlo. Y descubrió algo que hoy seguimos sin querer aprender: el círculo más profundo de su Comedia no está reservado a los violentos, sino a los traidores, a quienes rompen el vínculo de confianza que hace posible la convivencia. En el hielo de Cocito, Dante congela no la ira, sino la deslealtad. Es una intuición moral asombrosa: el mayor mal no es el del que lo proclama, sino el de quien traiciona en silencio la palabra dada, el pacto, el derecho. Homero, siglos antes, había explorado la otra cara de esa misma cuestión. Ulises no atraviesa un infierno ajeno: atraviesa el suyo propio, hecho de tentación, soberbia y extravío, para regresar convertido en otro hombre. Su viaje es una purgación errante, un aprendizaje doloroso de los límites. Ambos espacios —el descenso y el regreso— analizan, en el fondo, el mismo fenómeno: cómo una civilización se mira al espejo del mal para no repetirlo.
La tradición cultural hispana heredó y radicalizó esos círculos. El barroco español —Quevedo, Calderón, la teología de la contrición tridentina— construyó toda una arquitectura moral sobre la posibilidad de la culpa reconocida y del perdón ganado. «Los sueños, sueños son», escribe Calderón, pero el despertar de Segismundo es también un despertar ético: solo quien reconoce su capacidad de hacer daño puede gobernarse con justicia. El infierno cristiano, en su versión más honda, nunca fue solo castigo: fue, sobre todo, la contracara necesaria de la contrición, la advertencia de que el mal (la deshumanización) tiene consecuencias y que, precisamente por eso, el arrepentimiento tiene sentido. Es una moral que exige memoria, responsabilidad y reparación, no venganza.
Conviene recordar, además, que el purgatorio —esa denominación tardomedieval que el historiador Jacques Le Goff situó en el nacimiento de una nueva sensibilidad moral europea— es lo que distingue una teología del mal cerrada de una teología del mal abierta a la expiación y la enmienda. Donde no hay purgatorio, solo hay condena eterna o inocencia absoluta; donde lo hay, existe un tercer círculo (no como un lugar físico, sino como “una condición de vida”, en palabras del papa Juan Pablo II) incómodo pero fecundo, en el que la culpa se transforma en responsabilidad y la responsabilidad en reparación. El mal se purga en comunidad, a la vista de todos, no se esconde ni se amnistía en privado. Es una lección que, en la época contemporánea, con las leyes de punto final e impunidades pactadas, se olvida con demasiada facilidad.
Contra ese fondo simbólico, el mundo que habitamos hoy ha construido infiernos reales sin dejar espacio al purgatorio. Guantánamo, Afganistán, Irak, Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, el Sahel, tantos otros nombres: guerras que no buscan la victoria como cierre negociado, sino la aniquilación como método. Y detrás de cada una de ellas, unos liderazgos —Trump, Netanyahu, Putin, y con ellos otros que hoy dictan la gramática del poder global— que han sustituido el derecho internacional por la lógica de la fuerza revestida de necesidad. El lenguaje de la seguridad se ha convertido en la coartada perfecta: la guerra contra el terrorismo de ayer, y la guerra contra el narcotráfico de hoy, funcionan como excusas que permiten suspender garantías, bombardear poblaciones civiles, criminalizar la disidencia y desplazar millones de personas, todo en nombre de una amenaza que nunca se define con precisión ni se somete a control judicial alguno. Es el viejo truco del estado de excepción convertido en normalidad permanente: cuando todo es seguridad, nada es derecho.
Hay una diferencia esencial entre la guerra antigua y la guerra contemporánea. La guerra de Homero, por cruel que fuera, tenía un código: héroes que se reconocían entre sí, treguas, ritos funerarios, límites —aunque frágiles— impuestos por los dioses y por el honor. Héctor y Aquiles combaten, pero también negocian la devolución de un cadáver; Príamo cruza el campamento enemigo y es recibido con hospitalidad. Esa gramática, por brutal que fuera, reconocía en el enemigo a un ser humano con derechos póstumos.
La guerra actual ha roto ese marco. Ya no distingue combatiente de civil, hospital de objetivo militar, infancia de daño colateral. Se libra con drones que despersonalizan la muerte, con algoritmos que deciden objetivos, con el asedio y el hambre como armas, con el bloqueo de la ayuda humanitaria como estrategia deliberada. No busca vencer al adversario: busca borrarlo, junto con su memoria, sus archivos y su futuro demográfico. Es, en el sentido más estricto, una guerra de aniquilación, y por eso mismo exige del derecho internacional humanitario y del Estatuto de Roma una defensa mucho más firme, no su arrinconamiento como estorbo diplomático ni su aplicación selectiva según quién sea el acusado.
Frente a esta deriva, se nos ofrece una y otra vez idéntico discurso: el del enemigo absoluto, el del migrante como amenaza existencial, el del otro como origen de todos nuestros males. Se toman excusas que sistemáticamente conducen a la deshumanización, al rechazo de la diversidad, a la negación de los derechos más elementales que tienen categoría universal. He escrito antes, en este mismo diario, sobre los disfraces del fascismo y sobre la prioridad nacional como doctrina de exclusión, y no puedo dejar de advertir que esa retórica, que durante décadas vivió en los márgenes, se ha vuelto hoy elemento nuclear del discurso de una extrema derecha en ascenso en buena parte de Europa y América.
La historia nos ha enseñado, con un coste insoportable, adónde conduce ese camino: primero se deshumaniza al distinto, después se le culpa de todo, finalmente se le expulsa o se le extermina. No es una hipérbole: es la secuencia que el siglo XX documentó con Núremberg como respuesta, y que Ruanda y Bosnia repitieron cuando el mundo miró hacia otro lado; y que en el siglo XXI hemos visto reiterada en la secuencia de guerras ilegales, genocidios en directo o violaciones de espacios territoriales con asesinatos selectivos y secuestros de mandatarios. Quien banaliza el odio al migrante, o normaliza el lenguaje de la sustitución y la prioridad de sangre, no está haciendo folclore político: está reabriendo una puerta que la humanidad creyó cerrada a un altísimo precio.
No es una sospecha retórica: es política declarada, y por eso conviene nombrarla con precisión. Desde febrero de 2025, la Orden Ejecutiva del presidente Donald Trump 14203 impone sanciones a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional por investigar a nacionales estadounidenses o israelíes y, desde entonces, el Departamento de Estado ha ampliado las sanciones contra personas físicas o jurídicas que colaboren con la justicia internacional.
En julio de 2026 el propio secretario de Estado Marco Rubio anunció una campaña explícita para «desmantelar» la Corte, calificándola de amenaza a la soberanía estadounidense, y advirtió que los países que dependen de la cooperación militar o policial de Washington serán observados con particular atención según se alineen o no contra el tribunal: sanción económica para quien coopere con la Corte, promesa de protección para quien la rechace.
La no violencia, bien entendida, no es pasividad: es la forma más difícil de valentía
Es la traducción exacta, en clave institucional, de lo que sostengo en La democracia amenazada: el fascismo de nuestro tiempo no siempre llega con uniforme ni con un golpe de Estado; llega con sanciones económicas y con la exigencia de lealtad incondicional a cambio de impunidad o con la instrumentalización de la justicia (lawfare). Es la construcción, país a país y sanción a sanción, de una arquitectura de impunidad a la carta que no necesita romper la legalidad: le basta con vaciarla desde dentro.
Viendo esta arquitectura del miedo, defiendo una respuesta que no es ingenua, sino profundamente exigente: el humanismo militante y la acción no violenta como método, no como resignación. La no violencia, bien entendida, no es pasividad: es la forma más difícil de valentía, la que exige mirar al poder a los ojos sin replicar su lógica de aniquilación. La dignidad humana —ese suelo antropológico que ninguna razón de Estado puede pisar— y la rebeldía ante la injusticia son, en este momento histórico, un mismo gesto. Rebelarse hoy no es empuñar un arma: es negarse a normalizar el horror, es documentar, denunciar, litigar, votar, escribir, enseñar. Es sostener, contra toda tentación de resignación, que los derechos humanos no son una opción ideológica entre otras, sino el mínimo común que hace posible que sigamos llamándonos civilización.
Por eso creo que la confrontación con esta deriva debe ser dialéctica y militante a la vez: dialéctica porque exige argumento, prueba y derecho frente a la propaganda y la mentira; militante porque el derecho internacional no se defiende solo, hay que defenderlo activamente, con instituciones fuertes, con jurisdicción universal efectiva, con tribunales independientes, con memoria democrática viva y con una sociedad civil que no delegue su conciencia.
Necesitamos jurisdicciones que documenten la verdad sin miedo y que no se dejen capturar por la razón de Estado, medios que no confundan neutralidad con equidistancia entre el verdugo y la víctima, y una ciudadanía educada para reconocer los disfraces del fascismo antes de que vuelvan a mostrar su rostro completo.
¿Qué hacer, entonces? Primero, reconstruir con paciencia y firmeza el purgatorio que nuestra época se ha negado a sí misma: espacios reales de rendición de cuentas, mecanismos de reparación en los que la culpa pueda nombrarse y el daño pueda repararse, en vez de perpetuar infiernos sin salida ni contrición posible. Segundo, fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales en lugar de erosionarlas cada vez que estorban a una potencia, exigiendo coherencia. Tercero, normalizar la jurisdicción universal como mecanismo de defensa de las víctimas de crímenes internacionales. Cuarto, combatir sin descanso el discurso de la seguridad como coartada, exigiendo siempre control judicial, proporcionalidad y verdad verificable allí donde se invoque el terrorismo o el narcotráfico para suspender derechos o para justificar operaciones militares que ignoran el derecho humanitario. Quinto, invertir decididamente en educación, memoria democrática y alfabetización mediática, porque el fascismo nunca vuelve con su nombre, y la única vacuna real contra sus disfraces es una ciudadanía capaz de reconocerlos a tiempo. Y, sobre todo, no dejar nunca que el odio al distinto se convierta en política de Estado, ya que ahí es precisamente donde la historia nos enseña que empiezan los infiernos que después ya no se pueden cerrar.
Dante termina su descenso con un verso que sigue siendo, ochocientos años después, la mejor definición de la tarea que tenemos por delante: salir para «volver a ver las estrellas». No hay atajos morales para lograrlo, ni relatos de seguridad que puedan sustituir al derecho, ni excepción que valga más que la dignidad humana. Solo queda, como a Ulises, el largo regreso: exigente, colectivo, hecho de memoria, de justicia y de una rebeldía que no se cansa, y debemos determinar el círculo que elegimos.
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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).
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