La política escaparate: el 'caso Ayuso' y la erosión del servicio público

Existe una forma de hacer política que no necesita contenido para sobrevivir. Le basta con ocupar el espacio de la conversación pública, generar impacto inmediato y renovar cada semana el titular que sustituye al anterior. No gobierna para transformar la vida de quien administra: gobierna para las cámaras. El caso de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid es hoy uno de los ejemplos más nítidos de ese modelo: una política vaciada de vocación de servicio público, sostenida en la excusa permanente, en la frase hueca calculada para el impacto emocional, y en la sistemática elusión de la rendición de cuentas.

Frente a ese modelo cabe otro, el que de verdad debería importar: el de una comunidad política entendida como ejercicio de ciudadanía, un lugar donde vivir sea ejemplo de integración y no de selección. Ayuso representa, con una precisión casi de manual, todo lo que ese segundo modelo no es.

Toda política dedicada al bienestar de la ciudadanía parte de una premisa mínima: quien administra recursos ajenos debe explicar cómo los administra. Ayuso ha construido, en cambio, una relación con la transparencia basada en el relato sucesivo antes que en la explicación. Cuando estalló la polémica por la compra de un ático en Chamberí a cargo del Gobierno regional, la respuesta no fue una comparecencia con datos, sino una narrativa que fue mutando según convenía: primero la operación se enmarcó en las obras de la Real Casa de Correos; después, ante la presión, el inmueble pasó a presentarse como un activo que se vendería para financiar la reconstrucción de la Sierra Oeste tras el incendio. Dos justificaciones distintas para un mismo hecho no son transparencia: son gestión de daños reputacional.

Rehuir la rendición de cuentas

El patrón no es nuevo. El Hospital Isabel Zendal, presentado como gran logro sanitario, fue señalado por sus sobrecostes y por funcionar más como plató de comunicación que como infraestructura al servicio de la población. Tras el temporal Filomena, las críticas por la falta de anticipación de su Ejecutivo se disolvieron sin que nadie asumiera responsabilidad política. La constante, en todos los casos, es la misma: ausencia de autocrítica institucional, sustituida por un relato que se acomoda a la conveniencia del momento.

Esa misma lógica de opacidad reaparece en las cuentas concretas. Cuando el Gobierno regional afirmó que la empresa pública Planifica Madrid disponía de cuatro inmuebles en Gran Vía pendientes de venta, las cuentas anuales de esa empresa, depositadas y auditadas en el Registro Mercantil, registraban un único inmueble en esa calle. No es una cuestión de matices: es una contradicción entre lo que se declara ante los medios y lo que consta en un registro público.

No se trata de un hecho aislado. Durante la pandemia, Ayuso defendió que Madrid contaba con una de las mejores capacidades diagnósticas de España mientras su propio Gobierno reconocía, meses antes, no disponer de medios propios suficientes para el rastreo de la enfermedad. Responsabilizó al aeropuerto de Barajas de ser la vía principal de entrada de contagios importados, cuando los datos oficiales indicaban lo contrario. Sostiene que la ley estatal de vivienda fomenta la okupación, una afirmación que los verificadores han desmontado de forma reiterada. Incluso su propio relato biográfico —la explicación que dio durante años sobre por qué abandonó un doctorado— se ha visto rebatido por un expediente académico que el PP se niega sistemáticamente a hacer público. Lo relevante no es que existan estos episodios sueltos sino que todos comparten la misma estructura —una afirmación categórica, contradicha por el dato oficial, sostenida después sin rectificación—. Eso es lo que distingue una política que rinde cuentas de una que administra excusas.

La frase frente al argumento

Una política de servicio público se mide por su capacidad de resolver problemas complejos con explicaciones honestas, aunque sean incómodas. La política escaparate hace justo lo contrario: sustituye el argumento por la frase que produce impacto inmediato, sin que le importe demasiado su relación con los hechos.

El ejemplo más claro es el uso de la inmigración como recurso retórico. El mismo día en que arreciaban las preguntas sobre el ático, Ayuso desplazó el debate hacia la llegada de migrantes a Ceuta, calificándola de "invasión intolerable" y sugiriendo que se trataba de una prueba de Marruecos de cara a movimientos futuros.

Días después, calificó la situación de reparto de menores migrantes como "lo más inhumano que hay" —una frase que jamás ha reservado para las listas de espera sanitarias; para la pobreza infantil; para los familiares de las personas muertas en las residencias durante la pandemia..., pero que sí despliega, con precisión cronométrica, cada vez que su gestión propia queda expuesta. No es un desliz retórico: es una elección de vocabulario —invasión, prueba, inhumano— que deshumaniza a quien migra y que funciona, sobre todo, como cortina de humo.

Ese mismo mecanismo de la frase hueca con vocación de titular reaparece en la política internacional. Tras conceder la Medalla Internacional de Madrid a Israel y a Javier Milei, este año le tocó a Estados Unidos, país al que Ayuso describe como "el principal faro del mundo libre". El anuncio no se hizo en Madrid, sino por vídeo desde la Hispanic Prosperity Gala, en Mar-a-Lago, la mansión de Trump. La paradoja es evidente: Estados Unidos es país invitado de la Fiesta de la Hispanidad madrileña el mismo año en que despliega deportaciones masivas contra población hispana.

Hay una canción mexicana, La maldición de Malinche, que describe exactamente este mal: convertir en ídolo al poderoso extranjero mientras se sacrifica a los propios. Entre reconocer a Trump o defender a los migrantes hispanos que huyen de sus políticas, Ayuso se quedó con el "faro", no con la gente —la misma lógica invertida que rige puertas adentro: fuera, admiración incondicional hacia quien tiene el poder; dentro, dureza sin matices hacia quien no tiene ninguno—. En ambos casos, la frase sustituye a la política, porque produce el aplauso sin necesidad de resolver nada.

Sin vocación de servicio público

Lo más grave de la política escaparate no es que mienta ni que dramatice: es que, mientras lo hace, deja de ocuparse de lo esencial. La sanidad pública madrileña es el ejemplo más claro. La Consejería presume cada mes de reducir los tiempos medios de espera y compara sus cifras con la media nacional para presentarse como la región mejor gestionada de España. Pero sus propios datos, analizados por verificadores, muestran algo más incómodo y es que mientras el tiempo medio de demora baja, el número total de pacientes en espera aumenta.

No es solo que Ayuso mienta, dramatice o proteja a los suyos, es que ese comportamiento se ha normalizado como forma legítima de gobernar

Presentar solo el indicador favorable es faltar a la verdad por omisión selectiva, y es también la prueba de que el objetivo no se dirige a resolver el problema, sino a administrar su relato. Profesionales sanitarios y asociaciones de defensa de la sanidad pública hablan de manipulación estadística, de derivación creciente al sector privado —donde Madrid tiene la mayor implantación de pólizas de España— y de infrafinanciación crónica de la atención primaria. Cuando la primera cita de salud mental para un adulto en Vallecas tarda más de seis meses, hablar de "liderazgo" exige, como mínimo, matizar mucho el titular.

Esa misma ausencia de vocación de servicio se manifiesta cuando lo que está en juego no es un dato, sino una persona. El caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, denunciado por una concejala del propio PP por presunto acoso sexual y laboral, retrata con crudeza qué prioriza realmente el aparato de Ayuso cuando tiene que elegir entre proteger a una institución y creer a quien denuncia. La respuesta no fue apartarlo cautelarmente: fue blindarlo. Ayuso acudió a inaugurar la sede del PP en Móstoles junto al alcalde denunciado; su número dos llegó a preguntarle a la denunciante cómo "ligaba". Desde el entorno de la presidenta se filtraron argumentarios para desacreditarla.

La concejala dejó la política. El alcalde sigue en su cargo, con una querella admitida a trámite también contra el PP como persona jurídica por "omisión y fracaso" de sus protocolos de protección. Cuando una institución antepone su propia imagen a la protección de quien denuncia, no hace falta una declaración explícita de desprecio: la jerarquía de lealtades ya lo dice todo, y esa jerarquía es incompatible con cualquier idea seria de servicio público.

El ecosistema mediático

Ningún modelo de política vacía se sostiene solo. Necesita un ecosistema que la recompense. Telemadrid, controlada con mano de hierro por los sucesivos gobiernos del PP, lleva años externalizando su programación a productoras privadas. Mientras tanto, la propia Comunidad arrastra infrafinanciación crónica en educación y atención primaria. En pantalla, un ecosistema de cobertura altamente complaciente: entrevistas a Ayuso amables, con formulación de preguntas de estructura abierta, dejando marcada la respuesta positiva, cordialidad que jamás dispensa al Gobierno central. No hace falta imaginar un pacto explícito: basta con observar el circuito que se retroalimenta —dinero público que sostiene beneficios privados, cobertura amable que sostiene el relato político— para entender por qué la política escaparate nunca paga ningún coste.

El adormecimiento cívico

Queda, sin embargo, la pregunta más incómoda: si el patrón es tan reconocible, ¿por qué buena parte de la sociedad madrileña sigue respaldándola sin exigirle el mismo nivel de rendición de cuentas que reclama, con razón, al Gobierno central? No hay una única respuesta, pero sí varios mecanismos que se refuerzan entre sí.

El primero es institucional: Ayuso ha dedicado buena parte de su mandato a debilitar los contrapesos que deberían fiscalizarla. Reformó el control de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de auditar la gestión de las administraciones madrileñas, y ha ido reduciendo la pluralidad de Telemadrid hasta convertirla en altavoz institucional. Cuando el propio ente fiscalizador y el propio medio público dejan de hacer preguntas incómodas, la ciudadanía pierde buena parte de la información que necesitaría para exigir explicaciones: no es que no quiera preguntar, es que cada vez tiene menos canales institucionales que le hagan la pregunta a ella.

El segundo es la polarización convertida en coartada. Cada escándalo propio se responde, de forma automática, con una pregunta que especula sobre el PSOE: "¿Va a dimitir el hermano del presidente?", "¿va a dimitir su mujer?". Es una estrategia deliberada y eficaz: convierte cualquier exigencia de responsabilidad en munición partidista, de modo que criticar a Ayuso empieza a sentirse, para una parte del electorado, como hacerle un favor al adversario político, antes que como un ejercicio de ciudadanía. Cuando toda crítica se lee en clave de bando, deja de evaluarse el hecho concreto y empieza a estimarse solo la lealtad de quien pregunta.

El tercero es el propio relato de prosperidad. La bajada de impuestos y el discurso de libertad económica generan una lealtad que funciona casi como seguro frente a los escándalos de gestión: una parte de sus votantes está dispuesta a tolerar la opacidad si percibe, o le hacen percibir, que su bolsillo sale beneficiado. Es un intercambio implícito —menos control institucional a cambio de menos presión fiscal— que rara vez se verbaliza así, pero que opera con eficacia.

Y el cuarto es, simplemente, cansancio democrático: la acumulación de escándalos —ático, Móstoles, pandemia, contradicciones biográficas— es tan alta que termina generando saturación antes que indignación sostenida. Incluso dentro de su propio partido empieza a hablarse de hartazgo entre alcaldes y barones territoriales, aunque esa incomodidad interna todavía no se traduce en exigencia pública.

Ese adormecimiento no es apatía neutra: es el resultado directo de un ecosistema —institucional, mediático y emocional— diseñado para que exigir responsabilidades resulte más costoso socialmente que mirar hacia otro lado. Ahí es donde falla no solo un gobierno, sino la ciudadanía que debería sostenerlo en pie. Cuando el coste social de preguntar supera al coste político de no responder, la rendición de cuentas deja de ser una exigencia colectiva y pasa a depender, únicamente, de la buena voluntad de quien gobierna. Y esa nunca debería ser la base de una democracia sana.

Ciudadanía frente a escaparate

Frente a todo esto, hace falta nombrar lo que sí sería una política con vocación de servicio público: aquella que entiende que gobernar una comunidad no es administrar un decorado, sino construir ciudadanía. Una Comunidad de Madrid que fuera de verdad ejemplo,tendría que medirse no por cuántas medallas entrega ni por cuántos titulares genera, sino por si el lugar donde se vive es un espacio de integración —de quien llega, de quien denuncia, de quien espera una cita médica— y no de selección entre quienes encajan en el relato oficial y quienes quedan fuera de él.

Integración significa que la sanidad pública no se mida en dos indicadores contradictorios sino en si la gente es atendida a tiempo; que una denuncia de acoso se resuelva protegiendo a quien denuncia, no a quien tiene poder dentro del partido; que la política exterior sirva a los ciudadanos hispanos, no al aplauso del poderoso de turno; que el dinero público financie servicios y no relatos amables en televisión.

La política escaparate no necesita resolver nada de eso porque ha aprendido que no hace falta: le basta con producir indignación o entusiasmo el tiempo suficiente para llegar a la siguiente semana sin rendir cuentas de la anterior. Ese es, precisamente, el problema de fondo: no es solo que Ayuso mienta, dramatice o proteja a los suyos, es que ese comportamiento se ha normalizado como forma legítima de gobernar, mientras la vocación de servicio público, la que construye ciudadanía real en lugar de audiencia, queda relegada a nota a pie de página.

Reconocer ese patrón, nombrarlo y exigir su corrección no es un ejercicio de hostilidad partidista: es la condición mínima para que una comunidad política vuelva a merecer ese nombre.

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Baltasar Garzón es jurista y autor, entre otros libros, de 'La democracia amenazada. Cuando el fascismo ataca la convivencia' (editado por Planeta).