crisis migratoria en Ceuta

La socialista Frederiksen compra el discurso de Meloni y liga la inmigración a delitos y violencia sexual

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto a la de Dinamarca, Mette Frerediksen, en una cumbre europea en octubre de 2025.

Que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, pida mano dura contra la inmigración y la ligue a la delincuencia grave, el tráfico de drogas o las agresiones sexuales, entra dentro de su ideario reaccionario que, en gran parte, comparte en España con su amigo y líder de Vox, Santiago Abascal. Que lo haga su homóloga socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, tampoco es una novedad –lo hace sin complejos desde que los ultras dieran su campanazo electoral en el pequeño país escandinavo en 2015–, pero es una muestra más de cómo algunos partidos de centroizquierda europeos, como los socialistas de Eslovenia o Rumanía, han ido abandonado sus banderas tradicionales para abrazar algunas de la extrema derecha racista como única vía para mantener su influencia.

El comunicado difundido en sus redes sociales por ambas jefas de Gobierno –las dos únicas de la UE, como subrayan en su texto– rechazan lo que llaman "inmigración descontrolada", en clara referencia al exitoso proceso de regularización puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez (teórico socio de Frederiksen) y en el contexto de la crisis migratoria de Ceuta, un fenómeno, si no impulsado, sí tolerado por Marruecos sobre una ciudad cuya soberanía reclama y que el presidente español calificó de "violación de la integridad territorial". La misma integridad territorial que la premier danesa defiende a capa y espada en Groenlandia frente a Donald Trump con el apoyo de todos los socios de la UE y Sánchez a la cabeza.

Italia, por su parte, ha sido el socio comunitario que más migrantes ha recibido en los últimos años a través de la ruta del Mediterráneo hacia Lampedusa y Sicilia desde Libia y Túnez, obteniendo debido a ello la solidaridad de la Unión. Ante los sucesos en la ciudad autónoma, sin embargo, ha optado por establecer controles fronterizos a los españoles que lleguen a su país anulando de facto el Tratado de Schengen entre ambos Estados. En reciprocidad con la actitud del Gobierno de Meloni, el de Sánchez también ha decidido reestablecer esos chequeos con los turistas y residentes italianos que viajen a nuestro país.

Frederiksen, como Meloni, liga la inmigración irregular –ambas prefieren el término "ilegal"– al aumento de la delincuencia. En concreto, se refieren a los "delitos violentos", el "tráfico de drogas" o la "violencia sexual", algo que, al menos en el caso de España, todas las cifras oficiales de criminalidad desmienten. También suscriben otros mantras ultras, como la "creciente presión sobre los servicios públicos" y la "erosión de la confianza en la ciudadanía". Las dos jefas de Gobierno aseguran que actúan "con determinación" para ofrecer respuestas a los ciudadanos, que han pagado "un precio demasiado alto debido a la inmigración descontrolada". "Especialmente", prosigue la nota conjunta, "a los más vulnerables" (se entiende que personas vulnerables con pasaporte italiano o danés).

Las medidas que proponen al efecto Frederiksen y Meloni coinciden, en esencia, con las que en España defiende Vox. La primera, es simple, "aumentar las expulsiones". Pero también reclaman abrir "centros de repatriación en terceros países", como ya ha hecho el Gobierno de Meloni en Albania. Dinamarca e Italia, junto a Países Bajos o Austria, encabezan el grupo de 19 países que el pasado junio reclamaron a la comisión la creación de estos centros, que califican de "solución innovadora". Algunos de esos Estados han aportado ya países que consideran "seguros" para crearlos, como Túnez, Egipto, Kosovo o Colombia. España y Francia se oponen al considerar que no caben en los principios fundamentales de la UE. Sánchez los calificó de "espejismo" y de "desperdicio de recursos económicos", así como de falta de respeto hacia los países de origen de los migrantes.

Pero lo más llamativo de todo lo que suscribe la líder supuestamente izquierdista danesa es el tufo racista y antimusulmán que el texto conjunto rezuma. "Estamos orgullosas del patrimonio cultural cristiano de Europa y queremos protegerlo", dice el comunicado. "Esperamos que quienes llegan a nuestros países y eligen Europa como su hogar respeten nuestros valores y no intenten imponernos modelos de vida que no compartimos", añade. Es decir, cristianos católicos o evangélicos de países de América Latina u ortodoxos de Ucrania, sí; musulmanes procedentes del Magreb, Oriente Próximo y países subsaharianos, absténganse. Justo lo que en España difunde a diario Vox, que centra el grueso de su mensaje conspiranoico sobre la migración en las personas procedentes de países islámicos.

Tal y como explica el investigador Franco delle Donne, autor del podcast Epidemia Ultra, el abandono de los valores tradicionales de la socialdemocracia y el giro de Frederiksen a lo que él llama la "ultraderecha nativista" que señala a los inmigrantes como competidores de los daneses en el acceso a los recursos públicos, se produjo a partir de 2015, cuando el ultraconservador Partido Popular Danés se convirtió, con su discurso excluyente y antimusulmán, en la segunda formación del Parlamento danés. Un año después, los Socialdemócratas ya votaron a favor, desde la oposición, a la llamada ley de las joyas, que permitía al Estado confiscar bienes a los solicitantes de asilo para pagar así su permanencia en el país.

"Mediante la normalización del pensamiento nativista, los Socialdemócratas daneses han conseguido que restaurar el derecho de asilo y las políticas de integración sea cada vez más difícil, incluso si existiera voluntad de hacerlo", explicaron en 2024 en un artículo los investigadores alemanes Jakob Schwörer y Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert. "Esa estrategia también ha fallado para neutralizar a la derecha radical. Al contrario, la extrema derecha se ha multiplicado y ha alcanzado un mayor éxito en general". Las consecuencias para los migrantes son "devastadoras", según los autores: "Creciente precariedad e inseguridad, imposibilidad de hacer planes de futuro e incluso intentos de suicidio". "La integración se ha convertido en algo casi imposible" debido a que la legislación "ha eliminado la perspectiva a largo plazo de formar parte de la sociedad danesa".

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