Lo no dicho
Somos la patria mundial de la Contrarreforma, somos los campeones del mundo en llevar a la hoguera a gente por lo que no existe ni ha ocurrido. Incluso tenemos una ley de partidos que ilegaliza a las formaciones políticas por algo que no han hecho. No sé si están ustedes al corriente, pero, en contra de la tradición liberal, nuestra ley de partidos te puede cerrar el chiringuito —y de hecho te lo cierra— por no dar una rueda de prensa condenando el terrorismo. No lo digo como hipérbole. La ley de partidos se aprobó con el propósito de ilegalizar a un partido político. Uno concreto. Esto contraviene dos principios generales del derecho. Uno, el derecho es contrario a la lex ad hoc (“ley para el caso específico”), que establece que la ley es general para la sociedad y no ha de legislarse para comportamientos específicos de personas concretas; y otro, que rige para el derecho penal, es nullum crimen sine lege (“ningún crimen sin su ley”) que significa que la ley que ilegaliza un comportamiento tiene que antecederlo. Dicho de otro modo, que un comportamiento lícito no puedo convertirlo en ilícito una ley a posteriori.
Ustedes, gentes de bien e instruidas, pensarán que a Batasuna se la ilegalizó por sus vínculos con ETA. No es así. De hecho, si Batasuna hubiera tenido vínculos con ETA —financieros, administrativos, patrimoniales o personales— el código penal existente entonces habría permitido ilegalizarla, meter a la Mesa Nacional (órgano de dirección del partido) en la cárcel y tirar la llave. No, para el mundo abertzale se legisló incumpliendo el nullum crimen sine lege con lex ad hoc. La virtud de nuestra democracia liberal empezó a morir cuando creímos que la lucha contra el terrorismo justificaba esta suerte de GAL legislativo.
De hecho, se había intentado desmantelar todo lo que en Madrid se llamaba “el entorno de ETA” (que no existe, “el entorno de ETA” es Euskadi), en uno de los grandes bochornos de la justicia española en democracia —precedente inequívoco de la insania de lo que hoy es el pan nuestro de cada día en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional—: el caso conocido con el inofensivo título “El sumario 18/98”. Los cementerios están llenos de buenas intenciones y este macroproceso —que aguas abajo, acabó casi sin condenados y con los tribunales superiores del mundo civilizado poniendo a la justicia española como chupa de dómine— supuso el cierre ilegal de dos periódicos, la disolución ilegal de infinidad de organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, y también supuso la imputación de más de 250 personas por actividades sociales, culturales y políticas sin ninguna relación con la violencia.
Aunque el caso estuvo abierto una década, fue deshilachándose como lo que era, un intento de perseguir a una parte de la sociedad vasca, la que se sentía y se siente representada por la izquierda abertzale, así que hubo muy pocos condenados. Y la mayoría de las condenas fue corregida posteriormente por instancias superiores nacionales e internacionales dedicadas a la protección de los derechos fundamentales y las libertades civiles. A mitad del proceso, los políticos con dos dedos de frente ya vieron que intentar hallar vínculos entre esa parte de la sociedad vasca —sus medios, sus organizaciones culturales, sus fundaciones y sus partidos— y el terrorismo era completamente imposible y no podía acabar bien. Porque tal vínculo, pensaran lo que pensaran en la Villa y Corte, no existía más allá de las conciencias. Y la democracia no legisla conciencias. En la izquierda abertzale, a finales de los noventa, a unos (pocos) les parecía mal, pero justificado, el terrorismo de ETA, y a otros (muchos), derramar sangre les parecía no solo un horror ético sino también un error estratégico. [Además de ser, añado yo, una bochornosa antigualla de las postrimerías de la Guerra Fría absolutamente demodé al acabar el siglo].
La ley de partidos, manifiestamente inconstitucional dijera lo que dijera el Constitucional, fue un prodigio de coherencia con la Contrarreforma, porque permitía condenar por no decir
Bueno, la ley de partidos se concibió a mitad de ese proceso —en el que a punto estuvo de ser imputada Renfe porque el Cercanías de la margen izquierda de Bilbao cantaba las estaciones en euskera—, viendo que aquello iba a acabar como el rosario de la aurora. Que fue como acabó, claro, porque el Sumario 18/98 es conocido hoy como el sumario “Todo es ETA” y no sirvió para nada, más allá de convencer a la izquierda separatista vasca de que España no es un Estado serio. Si no se podía hallar vínculo alguno entre los terroristas y el mundo abertzale, había que idear mecanismos para ilegalizar a Herri Batasuna aun sin probar esa relación. La ley de partidos, manifiestamente inconstitucional dijera lo que dijera el Constitucional, fue un prodigio de coherencia con la Contrarreforma, porque permitía condenar por no decir. Torquemada sonreía en su tumba. De hecho, acabó creando aberraciones como convertir los desórdenes públicos (kale borroka) en terrorismo. Si tú eres un alegre ganadero de Lorca (Murcia) puedes tomar un ayuntamiento e impedir la celebración de un pleno —esto es lo que el código penal definía específicamente como “sedición”— sin mayor consecuencia, pero si eres de Sestao y prendes un contenedor porque pierde el Atleti, eres terrorista.
Con la justicia plenamente instalada ahí, en el Concilio de Trento —no hace falta explicar de nuevo que en los inicuos procesos del Supremo y la Audiencia Nacional hoy es habitual que la carga de la prueba se invierta, es decir, que se exija al reo probar su inocencia en lugar de estar los tribunales obligados a encontrar pruebas de su culpabilidad, como bien saben Alberto Rodríguez, Álvaro García Ortiz y José Luis Ábalos, y como ya empieza a sospechar José Luis Rodríguez Zapatero—, la moral pública española regresa al siglo XVI y padecemos a presidentes de las grandes salas de justicia orgullosos legatarios del inquisidor general de Córdoba.
Diego Rodríguez de Lucero, apodado “el Tenebroso” o “el inspirado por Lucifer”, conocido por la fabricación de pruebas falsas y la persecución fanática y cruel de toda heterodoxia o disidencia, fue inquisidor en Jerez de la Frontera y en Córdoba, pero se pasó tantísimo de rosca que casi acaba como nuestro moralista favorito, Girolamo Maria Francesco Matteo Savonarola: linchado por sus vecinos.
Tras quemar vivas a más de cien personas en el mayor auto de fe de la historia mundial, celebrado en Córdoba en 1504, y procesar por “judaizante” a fray Hernando de Talavera, antiguo confesor de la reina Isabel la Católica, en 1505, los cordobeses se alzaron contra él, dirigidos por el conde de Cabra y el marqués de Priego —a la licenciosa nobleza española, los intransigentes religiosos nunca les hicieron tilín por lo que sea—, y tomaron el alcázar liberando a medio millar de presuntos herejes que esperaban juicio.
No lograron su objetivo, que era colgar a Lucero o tirarlo desde la almena más alta del alcázar, porque el inquisidor le tembló la fe en el socorro de la Providencia y salió de Córdoba al galope para nunca volver. Aunque fue destituido, junto con otros inquisidores fans del BDSM, por la Congregación General de Burgos (convocada por el cardenal Cisneros en 1508 para poner orden en el disparate genocida en que se había convertido el Santo Oficio), Lucero nunca pagó por sus infames crímenes.
Volvamos al principio: lo no dicho no existe salvo para gentuza como Lucero y las mentes en maduración del Supremo. Viene al caso porque estas semanas de emergencia humanitaria en Ceuta, mi oficio de impostores está juzgando la acción diplomática española por lo que no dice. Apoyados en analistas enemigos de Marruecos —por ser una monarquía, por no ser una democracia, por haberse quedado el Sáhara Occidental o por ser ridículos tiralevitas de Trump, razones hay a patadas—, el periodismo moralista ha rebuscado en las comunicaciones diplomáticas españolas en busca de una condena a Rabat.
Y no: en la carta en la que le pinta la cara a la Comisión Europea, a su presidenta y a la primera ministra italiana, el presidente del Gobierno español no señala la culpabilidad de Marruecos por acción u omisión en la crisis de Ceuta. Y menos mal.
Las democracias europeas deberían haber aprendido algo de su inclinación a desestabilizar a los regímenes vecinos por no ser enteramente democráticos. Si queremos saber qué tal funciona este moralismo exterior, podemos preguntar a los italianos qué tal van sus políticas migratorias desde la caída del líder libio Muamar el Gadafi, o qué tal le ha ido a Grecia la ruina del sirio Bashar al-Ásad.
La falacia del Nirvana (“lo mejor es enemigo de lo bueno”) es el primer mandamiento de cualquier política exterior adulta. La diplomacia opera sobre la cortesía de saber qué decir y qué callar. España ya es el enemigo público número uno del tirano idiota de la Casa Blanca y del genocida acomplejado de Tel Aviv, no necesitamos mucho más. Bastante tenemos con que en el Palacio de las Salesas se hayan instalado los albaceas de El Tenebroso de Córdoba y de sus infames crímenes.
Sería deseable que el mío, aunque sea un oficio de impostores, sea un oficio de adultos, no un santo oficio.
