Ceuta: una de las Columnas de Hércules
Las Columnas de Hércules, según la mitología griega, marcaban los límites del mundo conocido. La derecha se asentaba sobre Gibraltar y la izquierda sobre el Monte Hacho en Ceuta. Más allá no había mundo conocido. El devenir de la Historia nos ha llevado hasta el momento presente, en el que circunstancias políticas han cambiado radicalmente respecto de un pasado reciente que convierte a Marruecos de un protectorado a un Estado soberano plenamente integrado en la comunidad de naciones. No obstante, la soberanía de España sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tal como las reconoce nuestra Constitución, se ha mantenido a pesar de las reivindicaciones constantes del Reino de Marruecos.
La corriente migratoria de ciudadanos africanos hacia Europa, utilizando diversas rutas, pasa por Ceuta y Melilla, ciudades que ocupan una posición estratégica singular, ya que políticamente forman parte de un país de la Unión Europea. Según el Tratado de Ámsterdam, las regiones ultraperiféricas pertenecen en su mayoría a Francia (Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, San Martin y Mayotte). Tienen la misma condición la comunidad autónoma de Canarias y las regiones autónomas portuguesas de Azores y Madeira. A diferencia de los países y territorios de ultramar, las regiones ultraperiféricas se consideran parte integral del territorio europeo formando parte del espacio Schengen, y en ellas se aplican las leyes y directrices de la Unión.
A la vista de los recientes acontecimientos, políticamente la situación de Ceuta y Melilla en el mapa de la Unión Europea parece estar en el limbo. Observemos la reacción de los países que la componen y los órganos comunitarios ante el asalto de ida y vuelta de miles de ciudadanos marroquíes a la ciudad autónoma. Ni una sola palabra de rechazo, muy al contrario, mensajes de justificación achacando el gravísimo incidente a la política de regularización decidida por el Gobierno de España. Hemos llegado incluso a contemplar la sorprendente alianza entre las Primeras Ministras de Italia y Dinamarca, que no han dudado en considerarla como la consecuencia lógica del ‘efecto llamada’. A la socialdemócrata Mette Frederiksen me permito recordarle un pasaje del inmortal monólogo de Hamlet: ¿Cuál es más digna acción del ánimo, sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia?
Creo que ha llegado el momento de recapitular el pasado y actualizar las bases para el futuro. En los Preámbulos de los Estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla, ambos de 13 de marzo de 1995, se afirma que, como parte integrante de la Nación española y dentro de su indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno y goza de autonomía para la gestión de sus intereses y de plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Constitución, en los términos del presente Estatuto y en el marco de la solidaridad entre todos los territorios de España. Añade, en la Disposición adicional tercera, que tiene acceso a los recursos y participaciones de la Unión Europea.
El Partido Popular debería tener en cuenta que es el momento de la solidaridad y de hacer un frente común ante las instituciones europeas
En el plano de la política exterior, el CIDOB, centro de investigación en relaciones internacionales, subraya que Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea de pleno derecho. Con la entrada de España en las Comunidades Europeas en 1986 y la ratificación de sus Estatutos de Autonomía en 1995, la integridad territorial de ambas plazas quedó blindada dentro del espacio legal europeo. Cualquier desafío a su delimitación no es solo un conflicto bilateral entre Madrid y Rabat, sino un asunto que atañe directamente a toda la soberanía de la Unión.
El Tratado de la Unión Europea establece con claridad que la Unión dirigirá la política exterior y de seguridad común y que el Consejo Europeo determinará los intereses estratégicos de la Unión, fijará los objetivos y definirá las orientaciones generales de la política exterior y de seguridad común, incluidos los asuntos que tengan repercusiones en el ámbito de la defensa. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que presidirá el Consejo de Asuntos Exteriores, contribuirá con sus propuestas a elaborar la política exterior y de seguridad común y se encargará de ejecutar las decisiones adoptadas por la Comisión Europea y el Consejo.
A la vista de todos estos precedentes, creo que no se puede discutir la españolidad de Ceuta y Melilla. Pero ni la mitología ni la historia que nos han precedido pueden garantizar el presente. Han irrumpido otros factores geoestratégicos. El interés indisimulado de la actual administración estadounidense en debilitar la Unión Europea se ha posicionado en favor del Reino de Marruecos al tiempo que critica la actual política de España en relación con el genocidio de Gaza y la vulneración del derecho internacional al intervenir en el espacio reservado al régimen iraní asesinando a su cúpula dirigente.
Algunos analistas políticos piensan que, si en algún momento la dictadura monárquica fuese sustituida por un régimen democrático la situación sería distinta. Desconocen la realidad política del país. Existe un partido político, el Istiqlal, con diversas ramas, y ninguna de ellas –incluida la más democrática– ha renunciado a la reivindicación de Ceuta y Melilla. Uno de sus dirigentes afirmó ya hace tiempo que caerían como fruta madura, sin necesidad de utilizar las armas. Es cierto que el régimen jurídico ha cambiado.
Sin perjuicio de los gravísimos sucesos que estamos viviendo, a todos nos debe preocupar el oportunismo político de la derecha española, que no ha dudado en utilizarlos como instrumento de confrontación política. En cualquier otro país se hubiera producido una concentración de todas las fuerzas políticas para hacer frente a una cuestión nacional. En un primer momento la postura del presidente de la Ciudad Autónoma pareció sintonizar con el Gobierno Central, pero en estos últimos días se ha unido al coro de las descalificaciones. El Partido Popular, una vez más, ha utilizado el Senado como una especie de Comisaría de guardia para exigir responsabilidades sin ofrecer soluciones al presente y proyectos para el futuro. Como es habitual, parece que todo pasa por la disolución de la Cortes Generales y la convocatoria de elecciones.
El Partido Popular debería tener en cuenta que es el momento de la solidaridad y de hacer un frente común ante las instituciones europeas. Lamentablemente somos un país sin prioridades nacionales que estén por encima de las divergencias políticas. Parece que va a ser cierta la frase atribuida a Otto von Bismarck: “La nación más fuerte del mundo es sin duda España. Siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo, volverán a ser la vanguardia del mundo”.
Quizá exageraba, en estos momentos momento es suficiente que como país miembro de pleno derecho de la Unión Europea exijamos que sus instituciones recuerden al Reino de Marruecos sus obligaciones como miembro de la comunidad internacional y su trato preferencial en materia comercial.
He leído y comparto que toda África no cabe en Europa pero Europa no puede olvidar su compromiso con la solidaridad y los valores que le sirvieron para resurgir de las cenizas de la segunda guerra mundial.
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José Antonio Martín Pallín es abogado. Ha sido fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Su último libro es ‘Visto para sentencia. Jueces e ideología en la Justicia española’ (Siglo XXI Editores).
