La asociación judicial Francisco de Vitoria compara ante la UE a España con la Polonia ultra del PiS

Las principales asociaciones judiciales conservadoras, a las que están asociados más del 50% de los jueces y juezas españoles, han vuelto a criticar ante la Unión Europea todas y cada una de las reformas judiciales planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, contra las que hicieron una huelga ilegal en julio de 2025. Los tres colectivos –la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM); Francisco de Vitoria (FdV), segunda en número de asociados, y Foro Judicial Independiente (FJI, que sostiene, en contra del sentir generalizado de la carrera, que no es de derechas)– han vuelto a pintar ante la Comisión Europea un panorama desolador en el que el Ejecutivo atenta sistemáticamente contra la separación de poderes y la independencia judicial, y busca a la desesperada colocar a jueces afines.

Pero en sus contribuciones enviadas a Bruselas para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho de la UE, publicado el pasado julio, destaca, por su hipérbole, la de la FdV. La asociación más numerosa detrás de la APM ha vuelto a comparar la España de Pedro Sánchez con la Polonia de los populistas ultras del PiS que, hasta la llegada del nuevo primer ministro polaco Donald Tusk, fueron un auténtico quebradero de cabeza para la comisión por su deriva antiliberal. Además, el colectivo vuelve a pedir a Europa que intervenga en defensa de la democracia, como hizo en su momento con Varsovia y con la Hungría del iliberal Víktor Orban.

En plena ola de descrédito de la magistratura y con dos encuestas recientes –publicadas por El País y La Vanguardia– que mostraban una percepción muy amplia (sobre todo entre los votantes de izquierda) de falta de imparcialidad de una judicatura muy mayoritariamente escorada a la derecha, las reclamaciones de la Francisco de Vitoria (de centroderecha o moderada) a la Comisión son un dato relevante. En primer lugar porque se trata del segundo colectivo en número de asociados (952), que representan casi el 20% de los 5.431 jueces y juezas españoles. Uno de cada cinco jueces o magistrados pertenece a esta asociación que, sin embargo, carece de representantes en el Consejo General del Poder Judicial.

En Europa, según fuentes de la Comisión consultadas por infoLibre, no entienden estas reclamaciones y comparaciones exageradas con socios en los que el Estado de derecho sí estuvo en franco peligro, como Hungría o Polonia. No es la primera vez que un colectivo judicial conservador español, alineándose con el PP, pide la intervención de Bruselas, con la consiguiente perplejidad del organismo que dirige Ursula von der Leyen. APM, FdV y Foro reclamaron la apertura de un procedimiento sancionador (que hubiera supuesto un recorte de fondos europeos) con la reforma que impidió nombrar cargos a un CGPJ prorrogado en 2021 y más tarde con la ley de amnistía.

El informe enviado por la FdV a la Comisión recuerda que, desde que se creó el informe que supervisa la calidad democrática de los Veintisiete en hace ya siete años, la asociación ha venido advirtiendo "de serios problemas para el Estado de derecho en España que nos parecen similares a los de Polonia", dice el escrito. "Este año se ha consumado la toma de control por el Ejecutivo del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado", añade el colectivo conservador. "Es precisa una intervención urgente para proteger el Estado de derecho en España", concluye. Pese a la insistencia de FdV y el resto de asociaciones de derechas, la Comisión nunca ha adoptado ningún procedimiento de este tipo contra España por falta de calidad democrática. Su órgano judicial, el Tribunal de Justicia (TJUE), no ha apreciado ningún riesgo sistémico para nuestra democracia. Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que no pertenece a la UE sino al Consejo de Europa.

Como en el caso de las opiniones de las otras asociaciones judiciales conservadoras, la de FdV critica lo que en su opinión, son "ataques permanentes a la función judicial desde el poder Ejecutivo y el Parlamento" que, a su juicio, "erosiona la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y deslegitima su independencia al asimilar a los jueces con la opción política de la derecha o la ultraderecha". Sin embargo, hay datos objetivos que confirman el sesgo conservador de la magistratura, como las elecciones a las salas de gobierno de los principales tribunales que, en su última edición, dieron a la derecha judicial 104 de las 118 plazas en liza. O las sucesivas renovaciones de la Comisión de Ética del CGPJ, la única del órgano de gobierno de los jueces que eligen directamente todos los miembros del cuerpo y en la que sistemáticamente entran candidatos de derecha.

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FdV, como el resto de colectivos conservadores, interpreta como intentos de control de los jueces y fiscales las reformas impulsadas por el Gobierno de Sánchez, como la que busca la democratización del sistema de acceso a ambas carreras para hacerlas accesibles a aspirantes de sectores desfavorecidos, la que pretende blindar la independencia de los fiscales o el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará al Ministerio Público la investigación de los delitos, históricamente en España en manos de los jueces de instrucción. Sin embargo, la edición de 2026 del Informe del Estado de Derecho de la UE, desoye tanto los avisos de riesgo sistémico para la democracia como las críticas a los proyectos del Ejecutivo.

Así, el informe europeo, publicado en julio, considera la propuesta de nueva ley de enjuiciamiento y la reforma del Ministerio Fiscal un avance del sistema judicial español. "Ha habido un significativo progreso en la recomendación de fortalecer el estatuto del fiscal general con un proyecto de ley sometido a discusión en el Parlamento", afirmaba su edición de 2026, que valoraba especialmente "que el fiscal general permanezca en el cargo durante un mandato no renovable de cinco años que ya no coincida con el del Gobierno”, una de las recomendaciones de años anteriores, y "que la responsabilidad de dirigir las investigaciones penales pase de los jueces a los fiscales", algo que, según el documento, hará que las causas penales sean "más efectivas". Otro de los aspectos subrayados por la Comisión es la propuesta de reforma de la acusación popular que contiene la reforma, también criticada por los colectivos de derechas, y que, según el Ejecutivo europeo, "busca prevenir los abusos que se perciben".

El documento elaborado y publicado por el Ejecutivo europeo, no toma en cuenta las quejas de los colectivos conservadores en cuanto al sistema judicial. No ve ningún intento de nombrar jueces afines al Gobierno en la reforma del acceso a la judicatura y la Fiscalía sino que entiende que “busca reformar el acceso a esas carreras y estabilizar la situación de jueces y fiscales sustitutos”. De todas las reformas, solo una, la ley de eficiencia, ha entrado en vigor. La norma que acabó con los juzgados unipersonales para convertirlos en tribunales de instancia solo ha generado caos en el sistema judicial, según los colectivos conservadores. Sin embargo, para el Ejecutivo europeo, esa modificación "ha mostrado ya resultados positivos".