Cuando el sistema desoye a las víctimas: una de cada tres mujeres asesinadas había denunciado

Laura, una de las últimas víctimas mortales de violencia machista, reconoció en los tribunales no tener la certeza de cuál era el mejor camino para proteger su vida y la de sus hijos. Admitió dudas sobre si una nueva denuncia era la forma adecuada de pararle los pies a su agresor, pero decidió seguir el dictado institucional y dar la voz de alarma. La justicia, sin embargo, no supo estar a la altura, infravaloró sus temores y la desprotegió. Su maltratador le quitó la vida el pasado 5 de agosto.

Guardia civil de profesión, fue asesinada en el cuartel ante los ojos de sus compañeros. Su maltratador, quien fuera también agente, había sido condenado dos años atrás por un delito de violencia de género. Ambos habían estado en el sistema de seguimiento y ella había portado una pulsera antimaltrato, una de las piezas fundamentales en la protección de las víctimas, pues ninguna mujer ha sido asesinada llevando este dispositivo. Pero la pulsera ya había sido desinstalada. Las medidas de protección habían decaído por el tiempo que llevaban impuestas como cautelares y solo quedaba en vigor la prohibición de aproximación impuesta por auto judicial en el mes de febrero.

Poco antes, en diciembre del año pasado, la víctima solicitó de nuevo la imposición de medidas de protección, pero la justicia no apreció amenaza alguna. La denunciante "no justifica objetivamente" el riesgo expresado, señalaron en los tribunales, según recoge El País. La propia víctima, tal y como documenta el mismo diario, admitía desconocer qué era lo mejor para ella y sus hijos: "Aceptar su control y presión para que no nos haga nada o denunciar". 

Es una duda común entre las víctimas y, de hecho, la gran mayoría se decanta por no denunciar. Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, publicada por el Ministerio de Igualdad en 2024, solo el 16,8% de las mujeres que han sufrido violencia de alguna pareja actual o pasada ha denunciado alguna de estas agresiones en la policía o en el juzgado. 

Gloria sí dio el paso. Su expareja había sido condenado en abril por malos tratos y la sentencia le prohibía acercarse a menos de 500 metros de la víctima. Pese a ello, el agresor quebrantó la medida y acabó con su vida en un pequeño establecimiento comercial de su localidad. 

Meses antes, Kimberli perdía la vida en una plaza del centro de Figueres (Girona). El victimario tenía vigente una orden de alejamiento cuando asesinó a puñaladas a su expareja, a plena luz del día, en la vía pública y bajo la mirada de los vecinos. El agresor había sido detenido por maltrato y amenazas. Poco antes del crimen, reconoció los hechos y aceptó los seis meses de prisión impuestos por la justicia, pero eso no le impidió seguir hostigando a su víctima. Horas después fue arrestado de nuevo por lesiones y quebrantamiento de condena. Tras quedar en libertad, acabó con la vida de la joven.

En todos estos casos cabe preguntarse qué falló y si las medidas de protección podrían haber sido más estrictas, o al menos más garantistas para las mujeres. 

La magistrada Paz Filgueira, especializada en violencia sobre la mujer, recalca que "cualquier asesinato, exista o no denuncia u orden de protección, es un fallo del sistema". En conversación con infoLibre, la jueza pone sobre la mesa que con el conocimiento, los recursos y los avances consolidados en las últimas décadas, "cualquier desenlace fatal es un fallo sistémico". 

Filgueira subraya la importancia de actualizar los modelos de valoración de riesgo y mejorar la formación de los agentes que atienden a las víctimas, pero sobre todo insiste en que "el riesgo no es algo estático, sino dinámico". Es decir, su ausencia en un momento determinado no significa que no se pueda elevar inmediatamente después con la entrada en juego de algún elemento disparador. En todo caso, sostiene la jueza, "si una superviviente anticipa un peligro, debe ser tenido en cuenta en todas las fases del proceso". Es, precisamente, lo que no sucedió en el caso de la víctima guardia civil asesinada en Llanes (Asturias).

Una de cada tres

En lo que va de año, casi una de cada tres víctimas mortales de la violencia machista sí había dado el paso de denunciar. Son 12 del total de 36 feminicidios confirmados oficialmente. En nueve de los casos, habían existido además medidas de protección que se demostraron insuficientes. En toda la serie histórica, los feminicidios con denuncia previa representan el 22,4%.

La valoración del riesgo que sufre una víctima comienza en el mismo momento de la denuncia en comisaría. Entonces son los agentes quienes le asignan un nivel de peligro y determinan la categoría en el sistema de seguimiento, VioGén. La última Memoria de la Fiscalía destaca que esta herramienta "constituye un elemento esencial del sistema de protección de las víctimas de violencia de género, ya que condiciona la activación de medidas", pero lo cierto es que diversas fiscalías provinciales "ponen de manifiesto problemáticas relevantes derivadas de la infravaloración de situaciones de riesgo reales". 

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En determinadas provincias, continúa la memoria, se señala que existen circunstancias de vulnerabilidad, como adicciones o discapacidad, en las que la valoración policial de riesgo "refleja niveles de riesgo no apreciado o bajo, lo que ha conllevado la denegación de órdenes de protección que posteriormente se han mostrado necesarias". Existen territorios en los que "se advierte una aplicación restrictiva" de las medidas de protección, "incluso cuando la fiscalía ha solicitado expresamente su adopción". 

Ya en sede judicial, las unidades de valoración forense integral se sirven de un protocolo para determinar el nivel de amenaza que recae sobre las víctimas y entender así qué medidas judiciales son necesarias para su protección. El juez, en última instancia, decide. Una orden de protección, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, requiere de indicios fundados de delito y una "situación objetiva de riesgo para la víctima". La misma ley fija la prisión provisional como una medida excepcional, teniendo el juez que justificar su idoneidad. 

Estas unidades de valoración forense "presentan notables diferencias territoriales en cuanto a implementación y dotación se refiere, lo que condiciona su funcionamiento y efectividad y compromete seriamente la protección de las víctimas", destaca la Fiscalía. "Persisten gran parte de los problemas estructurales" denunciados en años anteriores y el panorama nacional "sigue marcado por la escasa dotación de personal, la ausencia de unidades, los prolongados tiempos de respuesta y la falta de equipos de guardia para valoraciones urgentes en numerosas provincias". En consecuencia, el modelo actual en muchas comunidades "no garantiza la especialización ni la atención efectiva".