La fiscala general informa a la Comisión Europea de las irregularidades en el proceso contra García Ortiz

La instrucción y el juicio que acabó con la condena por revelación de datos reservados e inabilitación del anterior fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mostró "irregularidades" que han generado entre la población "la percepción de una influencia real de la política en el sistema judicial español" y un incremento en la idea de "falta de independencia del Tribunal Supremo". Así lo refleja la contribución de la Fiscalía General del Estado, que dirige Teresa Peramato, para la elaboración del Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, que la Comisión Europea publicó el pasado julio. El documento enviado a Bruselas por la jefa del Ministerio Público recuerda "la controversia y las críticas en ámbitos judiciales y legales" que ha recibido la sentencia contra su predecesor. Peramato recuerda a la Comisión que la Fiscalía ha recurrido en amparo la condena ante el Tribunal Constitucional "por la violación de los derechos fundamentales del acusado".

El informe, que evalúa la calidad democrática en cada uno de los Estados miembros de la UE, se elabora en la Comisión con las contribuciones de instituciones y organizaciones nacionales y europeas, que envían los aspectos que más destacan sobre los estándares democráticos de los Veintisiete. El de la Fiscalía General del Estado recoge una actualización sobre el desarrollo y la conclusión del proceso a García Ortiz, ya recogido en la edición anterior. Entre las "irregularidades" que denuncia se encuentra el recorte a la transparencia y publicidad que la Sala de lo Penal del Supremo impuso al que fue el juicio del año. Frente a otros procesos menos mediáticos, su presidente, Andrés Martínez Arrieta, prohibió a los medios la difusión en directo de la señal de la vista e impidió su reproducción via streaming, como se hizo con el juicio a Carles Puigdemont y el resto de dirigentes del proceso independentista catalán o con los casos más importantes que se siguen en la Audiencia Nacional (Gürtel, Kitchen...).

La institución que dirige Peramato subraya que la la condena a García Ortiz "ha sido muy controvertida y criticada en ámbitos judiciales y legales por varias razones". En primer lugar "porque no fue unánime" y los votos particulares que emitieron dos de las magistradas del tribunal –Ana Ferrer y Susana Polo– "se basaron en una grave violación del derecho de defensa del anterior fiscal general" al mantener que las pruebas de cargo contra él fueron "insuficientes", así como que "no todas las pruebas presentadas fueron tenidas en cuenta". La actual fiscal general se refiere, en concreto, a las declaraciones exculpatorias "de varios periodistas", de la Cadena SER, eldiario.es, La Sexta y El País que negaron que García Ortiz fuera su fuente. "El tribunal llegó a mostrar su desacuerdo con esos testimonios y a sentirse amenazado por ellos". Cuando el periodista del eldiario.es José Precedo negó el pasado 5 de noviembre en el juicio que García Ortiz fuera su fuente, el presidente del órgano, Andrés Martínez Arrieta, le respondió: "Una cosa es que no diga la fuente y otra es que nos amenace".

La jefa del Ministerio Público considera, además, que el anuncio del fallo condenatorio 19 días antes de notificar la sentencia condenatoria estuvo "fuera de toda lógica". "La condena se publicó el 20 de noviembre, antes de conocerse el contenido de la sentencia, que no se notificó hasta el 9 de diciembre", subraya la contribución de Peramato a la Comisión. "Los hechos en los que se basaba la condena no pudieron conocerse durante varias semanas", añade el escrito.

Pero además, durante el corto período de deliberación de los magistrados desde el final del juicio hasta que dieron a conocer su fallo (solo cinco días), "varios magistrados rompieron el secreto de las deliberaciones para mostrar en público su posición contra el fiscal general avanzando su condena", prosigue. En ese breve espacio de tiempo, el presidente del tribunal, Martínez Arrieta, dijo en un curso del Colegio de la Abogacía de Madrid (que actuaba como acusación popular en el proceso) que tenía que irse para "poner la sentencia del fiscal general". Por entonces no se conocía todavía el fallo condenatorio, que se produjo tras renunciar Susana Polo a la redacción de la sentencia y anunciar un voto particular, quedando Arrieta como ponente de la resolución. Así pues, con sus palabras durante la formación, estaba anticipando la condena.

El documento de la fiscala general recuerda también que la Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial ha asegurado en varios informes que la participación en actividades formativas financiadas por las partes de un proceso puede provocar "la falta de imparcialidad de los jueces". Además de Arrieta, en el curso en el Colegio de Abogados de Madrid participaron otros dos miembros del tribunal, Juan Manuel Berdugo y Antonio del Moral, actuando este último como coordinador. Todos ellos formaron parte de la mayoría que apoyó la condena de García Ortiz. El colegio profesional que organizó el curso y pagó por su participación a los magistrados pedía en ese momento cuatro años de prisión e inhabilitación para el anterior fiscal general. "Uno de los magistrados que firmó la sentencia fue, mientras se condujo el proceso, director de tesis de dos de los abogados de la acusación", refleja el informe de Peramato en referencia a Del Moral, mentor académico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y de uno de los letrados de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), la que pidió la pena más elevada.

Por último, la contribución de Peramato al Informe sobre el Estado de Derecho de la UE incluye también críticas a la coherencia de la sentencia. "La sentencia fue publicada el 9 de diciembre y condena al fiscal general tanto por la nota de prensa (sobre la que el Supremo había dicho anteriormente que no era delito) como por un correo electrónico filtrado a los medios", expresa. "La resolución ha sido recurrida por la Fiscalía y la defensa por nulidad y violación de los derechos fundamentales del acusado", concluye el documento.