El castigo a las madres protectoras, un recordatorio del peaje por denunciar abusos en la infancia
Hace diez años, un grupo de madres desesperadas y extenuadas tras lo que parecía una batalla judicial perpetua se organizaba en torno a Infancia Libre. La asociación, pensada inicialmente para visibilizar y luchar contra la violencia sexual que recae sobre los más pequeños, fue tildada enseguida de organización criminal. La justicia, en alianza con los medios de comunicación, prendió la mecha de lo que sería una persecución sin tregua contra las madres. Y al hacerlo lanzaba un mensaje aleccionador, una advertencia generalizada que ponía de relieve el alto precio a pagar por ponerle nombre a una violencia acostumbrada a permanecer oculta.
Pasaría un largo año hasta que la policía finalizara su investigación y la Fiscalía Provincial de Madrid decidiera archivar la causa, ante la ausencia de datos precisos que apuntalaran la existencia de una trama criminal pensada para separar a las criaturas de sus padres valiéndose de denuncias falsas. La justicia les daba la razón, pero el relato en su contra había permeado en el conjunto de la sociedad.
"Una pesadilla sin solución"
El ensañamiento sistemático contra las madres no fue puntual ni aislado, sino que es la máxima expresión de un problema estructural presente en otras partes del mundo, como Argentina. Denunciar "un caso de agresión sexual a un niño o niña en la familia –aunque la denuncia sea de oficio por parte de un servicio médico– tiene muchas probabilidades de terminar con la condena de la madre, pérdida de la custodia y entrega del menor al agresor", tal y como escribe Beatriz Gimeno en su libro Misoginia judicial. La guerra jurídica contra el feminismo (Catarata, 2022).
Las causas por las que se produce esta violencia institucional son diversas, prosigue la escritora y exdirectora del Instituto de las Mujeres, "pero se unen cuestiones con capacidad para roer el hueso del patriarcado". Por una parte, lo que la autora denomina "el tabú del incesto", unido al "deseo social de negarlo e invisibilizarlo, así como la incapacidad social e institucional para admitir que se trata de un crimen mucho más frecuente de lo que se cree". Por otro lado, entra en juego "el antifeminismo militante" que se expresa en "la desconfianza y el miedo que el patriarcado siente hacia el vínculo que las madres pueden establecer" con sus descendientes. Con este telón de fondo, "cuando una madre denuncia a un padre por abuso sexual a un hijo o hija, es muy posible que se esté introduciendo, sin saberlo, en una pesadilla sin solución".
Y son las madres quienes en mayor medida deciden denunciar formalmente los abusos revelados por sus hijas e hijos. Según Save the Children, ellas son las encargadas de dar el paso en el 38,8% de los casos denunciados, por encima incluso de las propias víctimas.
Así lo atestiguan también las periodistas Patricia Reguero y Sara Plaza, autoras de Hija, yo sí te creo. Madres protectoras y su papel en la denuncia de la violencia sexual hacia la infancia (Libros del K.O., 2026). "A las niñas y niños no se les cree cuando dicen estar sufriendo violencia sexual, pero cuando es la madre quien denuncia, ni siquiera se les escucha porque todo el foco se desplaza", asiente Reguero a preguntas de este diario. Ahí comienza el despliegue de todo un "abanico de prejuicios" asentado sobre un sesgo machista muy evidente y otro sesgo "adultocéntrico que hemos empezado a ver y analizar más recientemente".
La abogada María Naredo coincide en que el castigo ejemplarizante contra las madres protectoras se cimenta sobre una "estructura de poder pétrea y asentada en la historia". En ese sentido, expresa la letrada feminista, donde el patriarcado ha demostrado ser "más rígido es precisamente en lo que respecta a la familia". Naredo concluye que "cuanto más cercano es el agresor y por tanto cuanto más se aleja de los mitos de la violencia sexual construidos por el propio patriarcado –el estereotipo de un violador desconocido que ejerce violencia en un callejón–, más reproche institucional existe contra quienes denuncian".
La reacción
"Las prácticas protectoras de las madres se castigan desde varias instancias y de muchas formas", reflexiona Reguero. Cita herramientas como los puntos de encuentro, "lugares muy hostiles para ellas, donde se las observa al milímetro", pero también los "organismos encargados de hacer pruebas periciales que muchas veces son determinantes en los procesos". "Y, por supuesto, la justicia", añade, donde se genera una actitud "reactiva".
Así sucede con frecuencia respecto a aquellos casos en los que los abusos sexuales contra la infancia coexisten con violencia hacia las madres. Ahí, completa Naredo, se hace fuerte "el prejuicio de no creer a la madre ni al niño, el sistema se pone a la defensiva para que la impunidad siga existiendo".
En el año 2009, la Fiscalía General del Estado emitió una circular donde afirmaba que en "los casos de separaciones matrimoniales conflictivas y en que existe litigio sobre la custodia", la experiencia judicial "lamentablemente acredita que no son excepcionales las denuncias por supuestos malos tratos o abusos que no responden a la realidad y tienen como finalidad influir sobre la decisión de custodia". Han pasado 17 años desde entonces y los pasos hacia adelante son incuestionables, pero la duda sembrada por la justicia sobre las madres todavía no se ha terminado de disipar.
El análisis Violencia institucional contra las madres y la infancia, publicado por el Ministerio de Igualdad hace tres años, resume con precisión la respuesta del poder judicial y sus consecuencias. "Cuando la violencia institucional emerge dentro del sistema judicial es tal la profundidad con la que golpea y tan doloroso el daño que produce que es en virtud de esto que consideramos que debe ser reconocida y atajada con la mayor urgencia posible", advertía el estudio.
Naciones Unidas ha puesto de relieve, en reiteradas ocasiones, el patrón que existe en los procedimientos de familia en los que una mujer denuncia abusos contra sus hijos y los estereotipos que entonces orbitan en torno a ella, siempre valiéndose del falso síndrome de alienación parental como pretexto. El uso del falso síndrome está prohibido por la legislación, un veto que ha sido recientemente reforzado gracias a la reforma de la ley de protección a la infancia. No obstante, las expertas advierten que sus promotores en los tribunales han demostrado una más que sobrada capacidad a la hora de articular herramientas similares que, bajo eufemismos formales, persiguen exactamente los mismos fines.
Naredo asiente convencida que el falso síndrome es, en realidad, el reverso del derecho de los menores a ser escuchados, así que "la mejor manera de desarticularlo es escuchar a los niños y niñas con todas las garantías". Pero la escucha activa está todavía lejos de ser una realidad.
Ponerle nombre a lo inconcebible
En este contexto, emerge una situación contradictoria: "Si tú le preguntas a una persona cuál es el delito más abyecto, seguramente dirá que la violencia sexual contra la infancia, pero cuando observa que es la madre quien denuncia para proteger al menor y con eso está poniendo en cuestión la familia tradicional y mencionando algo tan prohibido como el incesto, entonces toda esa carga de prejuicios aparece". Habla Victoria Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.
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Entonces, hasta la voz más comprometida comenzará a titubear y terminará "poniendo en duda a esa madre", sin pensar que en realidad es a ella a quien "más le cuesta dar el paso" por numerosos motivos, entre ellos la sensación de fracaso por la quiebra de su proyecto familiar o la culpa por la elección de una pareja sentimental que ha ejercido violencia contra sus criaturas. "Todas las madres protectoras me han dicho que primero no se lo podían creer, luego no se lo querían creer y ellas mismas exigieron un nivel de pruebas tremendo antes de ir a los tribunales", completa la jueza.
En el origen del desprecio y el descrédito generalizado hacia las madres se sitúa no solo el sistema judicial, sino todo un entramado social, cultural y mediático que pone por delante las necesidades de los padres y devalúa el relato tanto de los menores como de las mujeres. El simple hecho de ponerle nombre a un tipo de violencia invisible genera una respuesta hostil automática. Así lo defiende Reguero: "Para muchos persiste esta idea de madre secuestradora y por tanto madre vengativa, dispuesta a aprovechar las supuestas ventajas del sistema y la normativa de protección de las mujeres frente a la violencia de género para negar a un hombre un derecho que se entiende como natural".
Esta visión, concluye la periodista, continúa muy presente en el imaginario colectivo porque "hay muchísima gente a la que le resulta muy fácil concebir que una mujer es mala, pero muy difícil pensar en que un padre pueda agredir sexualmente a su hijo o hija".
