"Dejaron solo a mi hijo": los puntos de encuentro familiar como espacios de violencia institucional

"En los puntos de encuentro he visto de todo, pero lo peor es que también lo ha visto mi hija. Para mí los puntos de encuentro son espacios carcelarios, totalmente inadecuados para nuestros hijos e hijas. Además, la gente que está ahí te juzga e incluso te amenaza". Así lo expresaba Irune Costumero en una reciente entrevista con infoLibre. Costumero lleva ocho años separada de su hija, quien fue entregada por las autoridades a su padre después de que las denuncias contra él por violencia machista quedaran sobreseídas. Como ella, otras tantas mujeres y profesionales denuncian la deriva perversa de unos puntos de encuentro pensados inicialmente para dar protección y seguridad a la infancia.

Los puntos de encuentro familiar nacen como una herramienta destinada a favorecer el derecho de los menores a relacionarse con sus padres, en caso de separación. Se trata de espacios definidos como "neutrales y seguros". Pero, ¿qué ocurre cuando el padre es también un maltratador? 

Según la ley contra la violencia de género, el juez ordenará la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado por violencia machista respecto de los menores que dependan de él. Sin embargo, añade el propio texto legal, si "en interés superior del menor, no acordara la suspensión, el juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el régimen de estancia, relación o comunicación" del padre maltratador con sus hijos y adoptará "las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores". Ahí entran en juego los puntos de encuentro familiar.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), correspondientes al primer trimestre del presente año, el 15,36% de las medidas de protección tomadas en casos de violencia de género tenían que ver con la suspensión del régimen de visitas, el 9,8% con la suspensión de la guarda y custodia y el 1,29% con la suspensión de la potestad.

"Dejaron solo a mi hijo"

La razón de ser de los puntos de encuentro familiar es precisamente velar por el bienestar de los menores, mantener la neutralidad y objetividad, asegurar la confidencialidad, formar al personal, coordinarse con otras instituciones y proporcionar orientación y apoyo a las familias. Al menos, sobre el papel. Pero no siempre sucede así.

Rosa Gil, presidenta de Themis Mujeres Juristas, habla directamente de violencia institucional. "Por mi experiencia profesional, en los puntos de encuentro se suele tratar de modo más favorable a los padres. Y si a veces las madres muestran, con datos objetivos, que los niños tienen problemas con el padre, se las culpabiliza a ellas", detecta la jurista. 

Los puntos de encuentro son citados de forma asidua por las mujeres como foco de violencia institucional. Así lo recoge el primer informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), presentado en mayo. El sector social se consolida como el cuarto que más ejerce violencia institucional machista, por detrás de la justicia, la policía y la salud. En ese ámbito, el 25% de las encuestadas citan los puntos de encuentro familiar como foco de violencia.

Una de las mujeres entrevistadas para el estudio, verbalizó cómo su hijo y ella fueron atendidos en el punto de encuentro por "personal no cualificado ni con formación de género" que trataron de derivarla a mediación. La mediación, en los casos de violencia machista, está prohibida. La víctima denuncia "informes falsos que promueven la ampliación del régimen de visitas entre el padre maltratador y el hijo, sin tener en cuenta la situación psicológica" del menor y sin escucharle.

"Revictimización constante, no creerme a mí y sí al padre, no valorar la situación de mi hijo" a pesar de que el pequeño había expresado su rechazo ante la idea de ver a su padre, menciona la entrevistada. "Dejaron solo a mi hijo cuando las visitas eran supervisadas, constantemente dudan de mi palabra y creen al padre", añade. La madre lamenta además el uso de una herramienta todavía frecuente en estos casos: el falso síndrome de alienación parental, prohibido por ley.

Falta de formación

Rosa Gil se detiene específicamente en la formación de los profesionales como una prioridad que lleva años desatendida. "Es evidente que falta formación con perspectiva de género, porque hablamos de situaciones que se están dando con mucha frecuencia", observa la jurista. 

En su medida 303, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género –renovado este mismo año– insiste en la necesidad de promover en los puntos de encuentro "la puesta en marcha, aplicación y evaluación de protocolos especializados y uniformes, atendidos por profesionales con formación obligatoria y específica en todas las violencias contra las mujeres, perspectiva de género, interseccional y de infancia, que cuenten con normas y condiciones mínimas de funcionamiento y coordinación con otros recursos y servicios". Según dicta el acuerdo, los puntos de encuentro deben garantizar la no aplicación del síndrome de alienación parental, ni ningún otro planteamiento teórico similar sin base científica.

Se trata, perfila la medida, de condiciones mínimas "exigibles sea cual sea la modalidad de gestión o el órgano o entidad gestora de estos puntos de encuentro", incluyendo las organizaciones sin ánimo de lucro, las entidades locales, las de gestión pública directa o las que funcionan mediante convenios de colaboración.

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La jueza Altamira Gonzalo lo dice sin titubeos: "Los puntos de encuentro no sirven para lo que fueron pensados: dar seguridad". Coincide con su compañera a la hora de sacar conclusiones firmes: "Los informes que emiten, por experiencia personal, con mucha frecuencia hablan muy bien de los padres y ponen como obstaculizadoras de la relación a las madres". Es, en realidad, la muestra más evidente de que el falso síndrome de alienación parental ha calado en espacios que debían ser impenetrables. 

Una evaluación emitida hace cinco años por el Grupo de Expertas en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres (GREVIO), ya advertía de que el personal que trabaja en los puntos "a menudo parece juzgar equivocadamente las situaciones de abuso, producto de un desconocimiento no sólo de las dinámicas de género que subyacen a la violencia ejercida en el ámbito de la pareja o expareja, sino también del impacto que sufren los niños que asisten a episodios de abuso". El año pasado, el grupo de expertas volvió a mencionar, en otro informe, la "información preocupante sobre el funcionamiento de las instalaciones para visitas supervisadas" y en las carencias a nivel formativo.

Gonzalo liga la ausencia de especialización a la gestión de los recursos. "Tendrían que ser servicios públicos, no gestionados por terceros, para asegurar la formación especializada del personal que los atiende". A su juicio, el personal está atravesado por la temporalidad y unas condiciones laborales en ocasiones precarias, lo que tiene un impacto directo en los resultados y la protección de los menores. "El hecho de que predominen los contratos temporales, hace imposible establecer lazos y que los profesionales realmente conozcan el contexto de los hijos y sus madres".