El tutelaje de Génova marca el inicio de campaña de un Mañueco que mira de lejos la mayoría absoluta

Esta medianoche arranca la tercera campaña electoral en apenas tres meses, en este caso para las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. El Partido Popular encabeza las encuestas, pero el presidente Alfonso Fernández Mañueco llega a la cita con su imagen muy erosionada en la comunidad tras siete años de Gobierno, marcados en la última etapa por la inestabilidad del Ejecutivo, del que Vox salió en plena estrategia para marcar perfil en toda España y por la gestión de los incendios del pasado verano. A estos dos elementos se les añade un tercero: la tutela de Génova a las negociaciones con la extrema derecha tanto en Extremadura como Aragón, lo que inevitablemente afecta también a Mañueco.

En el PP son conscientes de que el carrusel electoral diseñado para evidenciar la debilidad del PSOE y disminuir la dependencia de la extrema derecha no ha funcionado como lo imaginaban por el resultado de la formación de Santiago Abascal, que ha duplicado escaños en ambos territorios. El propio Mañueco, consciente del auge de la extrema derecha, planteó adelantar los comicios el pasado verano. Las encuestas publicadas antes de la ola de incendios que arrasó la comunidad apuntaban a que el presidente de Castilla y León estaba en situación de volver a gobernar, aunque de nuevo teniendo que apoyarse en un acuerdo con Vox. Pero el riesgo de que la oposición lograra fijar la idea de que la gravedad de lo ocurrido fuera consecuencia directa de los recortes ordenados por la Junta y del abandono en que se encuentran las áreas rurales de Castilla y León, le disuadió.

El momento actual, reconocen las fuentes consultadas en el PP, tampoco es el ideal, con los ultras aspirando a superar la barrera del 20% de los votos por primera vez en unas elecciones autonómicas y un Mañueco muy alejado de la mayoría absoluta. Esto llevará al barón del PP a tener que reconducir su relación con ellos después de las trifulcas durante su anterior Gobierno de coalición con su entonces vicepresidente, Juan García-Gallardo. En el equipo de Mañueco, sin embargo, creen que la interlocución con el actual candidato de Vox, Carlos Pollán, será "más fluida" porque ambos se conocen desde hace tiempo y tienen "buena relación".

Lo que también reconocen es que las negociaciones en Extremadura y Aragón marcarán todo el proceso y podrían "contaminar" la campaña de Castilla y León, especialmente si los de Abascal comienzan a "elevar la presión" con "peticiones imposibles", como creen que ya están haciendo con María Guardiola. Este jueves estaba previsto que se celebrara una reunión entre ambas formaciones en Mérida después de que la dirección nacional del PP decidiera implicarse —lo que ha granjeado críticas internas al secretario general del PP, Miguel Tellado, por su tardanza— pero finalmente se ha suspendido. En el PP dan por hecho que la investidura del próximo 4 de marzo será fallida y que no se alcanzará un acuerdo, como mínimo, hasta las elecciones castellanoyleonesas.

Despoblación, fuga de talento y el voto del campo

En el Partido Popular se muestran convencidos de que Mañueco será el vencedor, pese a que en el PSOE tratan de alimentar la tesis de que puede haber un sorpasso de su candidato, Carlos Martínez. Lo cierto es que los sondeos publicados en los últimos días muestran una escena de alta volatilidad electoral. Algunos como el del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dibujan una carrera muy ajustada entre PP y PSOE e incluso un retroceso de Vox respecto a 2022, pero otras proyecciones dan al partido de Santiago Abascal un crecimiento mucho más significativo que podría convertirlo en árbitro absoluto de la gobernabilidad autonómica.

Pese a que los populares llevan casi cuarenta años presidiendo la región, sostienen que algunos de los problemas endémicos que afectan a la región son responsabilidad del Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez. El candidato del PP minimiza los problemas de despoblación y de fuga de talento que afectan a su comunidad autónoma desde hace años y acusa a la oposición de alentar una suerte de "catastrofismo demográfico". La realidad es que es la región más extensa de España, con 94.224 kilómetros cuadrados que superan la superficie de 17 países de la Unión Europea —casi el 20% del país en extensión— , pero en ella apenas vive el 5% del total de la población: 2.418.425 habitantes según datos del INE de 2025.

Una cuestión que Vox trata de utilizar en su beneficio. Su discurso ya no se limita a materias de inmigración o identidad cultural, sino que capitaliza la queja ciudadana sobre la desatención de las élites políticas tradicionales y apunta con firmeza a los problemas endémicos de la comunidad, como la despoblación rural, la sanidad colapsada y la falta de oportunidades para los jóvenes. En ese sentido, Castilla y León es también la comunidad autónoma con más jóvenes viviendo en otras partes del territorio. Esas fugas migratorias se han producido, históricamente, hacia la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y Comunitat Valenciana.

La extrema derecha también está dando la batalla por el voto del campo. El PP presume de ser el partido que mejor reivindica los intereses de los agricultores y en campaña eligen pequeñas –o grandes– explotaciones agrarias como espacios de mitin, pero de un tiempo a esta parte es Vox quien está logrando capitalizar esos votos. Eso se debe a que los conservadores no han sabido dar respuesta a los problemas estructurales del sector agrario derivados del reducido relevo generacional, el déficit de infraestructuras hidráulicas, las limitadas sinergias con la industria y la lentitud en la adaptación a los nuevos cambios o demandas del mercado.

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El de la despoblación y el voto del campo no son los únicos problemas de Mañueco. En octubre de 2025 la Fiscalía de Castilla y León abrió diligencias de investigación contra el barón del PP a raíz de una denuncia de la asociación Bierzo Aire Limpio por la gestión de los grandes incendios forestales ese verano. La denuncia apuntaba a posibles delitos de prevaricación por omisión, contra el medio ambiente y omisión del deber de socorro, al considerar que la Junta no activó suficientes medios a pesar de conocer los riesgos. La causa fue incoada a investigación aunque de momento no ha habido acusación fiscal pública ni imputaciones.

El caso Perla Negra es también uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al PP en Castilla y León. En enero de 2025, la Audiencia Provincial de Valladolid condenó a tres ex altos cargos de la Junta y a varios empresarios por delitos como prevaricación administrativa y malversación ligados a la trama, centrada en la compra de un edificio y terrenos por parte de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León para la creación de un parque empresarial que incluyó sobrecostes y adjudicaciones irregulares. Unos hechos que tuvieron lugar cuando Mañueco era consejero de Presidencia y Administración Territorial.

La forma de llegar al poder de Mañueco también está bajo sospecha. En las primarias de 2017, el proceso en que el dirigente conservador fue elegido candidato, el PP de Salamanca permitió pagos de cuotas de afiliados que no estaban al día y a los que se les regularizó para permitirles votar en ese proceso. En 2021, el Juzgado de Instrucción nº2 de Salamanca imputó al PP provincial, a su presidente, Javier Iglesias, y a su gerente, Isabel Sánchez González, pero dos años después, en marzo de 2023, la Audiencia Provincial archivó el caso al considerar que los hechos carecían "de tipicidad penal" por tratarse de aportaciones individuales de afiliados para poner al día sus cuotas, lo cual no constituía un delito de financiación ilegal.