ÁNGEL VÍCTOR TORRES, MINISTRO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

"El machismo franquista que algunos quieren recuperar ahora condenó a personas LGTBI por ser distintas"

Dice Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) que la declaración como lugar de memoria de la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en la isla de Fuerteventura, era una cuenta pendiente de la sociedad española con el colectivo LGTBIQ+, uno de los que más sufrió la sangrienta persecución del régimen franquista y que más luchó por la recuperación de la libertad. "Es un acto de reconocimiento, justicia y reparación", desliza el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Con esta mención, el espacio, que en el pasado albergó un campo de trabajos forzados para personas homosexuales, se convertirá en la primera gran ubicación memorialista en Canarias. Y en la primera en toda España dedicada en exclusiva a este colectivo.

Para celebrar este hito, el Gobierno ha previsto un gran acto en el que, entre otras cosas, se hará entrega de una decena de declaraciones de reconocimiento y reparación, tanto a representantes de la lucha LGTBIQ+ como para algunas víctimas del centro –en el que vivieron alrededor de un centenar de reclusos–. Dentro de este último grupo se encuentran, por ejemplo, Octavio García o Juan Curbelo, que vivieron confinados en ese campo en condiciones infrahumanas. Un lugar marcado por el eufemismo de su denominación oficial. "Es un terreno de secano en el que se picaba piedra sabiendo que no se podía recuperar ningún espacio como vergel", recuerda Torres. Lo hace en una entrevista con infoLibre en la que también analiza el presente y futuro de la Ley de Memoria Democrática.

El Gobierno acaba de declarar como Lugar de Memoria la antigua colonia agrícola penitenciaria de Tefía, que albergó un campo de trabajo para personas homosexuales. Cuánta falta hacía un homenaje así en un sitio como ese y en un momento como el de ahora, con una extrema derecha disparada, como hemos visto, en distintos territorios.

Hacía absoluta falta, era imprescindible este acto de justicia. Sobre todo, en estos momentos de auge de la ultraderecha y señalamiento con mensajes homófobos. Y para que nadie olvide lo que ocurrió o, al menos, lo sepa. Porque hay un gran desconocimiento sobre lo que pasaba durante aquellos años en Fuerteventura, donde se creó un centro de trabajos forzados a donde iban destinadas personas solo por ser homosexuales.

El régimen franquista, después de que la República despenalizara la homosexualidad, hizo, a través de una Ley de Vagos y Maleantes, que fueran considerados como tales todas las personas que mostraban su homosexualidad. Y digo bien, mostraban, porque había muchos homosexuales que vivían casados heterosexualmente. Lo que hacemos ahora es un acto de reconocimiento, justicia y reparación. Un acto histórico, porque va a ser el primer Lugar de Memoria en la historia de Canarias al calor de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y el primer Lugar de Memoria en toda España para el colectivo LGTBIQ+.

¿Ha estado ese colectivo relegado siempre a un segundo plano en la lucha por la recuperación de la memoria?

Fue un colectivo clave en la recuperación de las libertades. Reivindicó en la calle su libertad y, junto con los movimientos sociales, feministas o vecinales, hizo que el cambio hacia la democracia fuera posible. Por tanto, esa visibilización es fundamental. Yo he estado en centros educativos en los que se me niega que eso ocurriera, jóvenes a punto de ir a una prueba universitaria afirmando que todo eso no pudo pasar. Y sí, pasó. Y la actual sociedad, que tiene una libertad sexual que no teníamos quienes contamos con cierta edad, tiene que valorar esa libertad de la que ellos disfrutan, también en su orientación sexual, en su capacidad de amar a quien quieran, porque otros sufrieron presidio por mostrarse.

Uno de los homenajeados será Octavio García. ¿Qué me puede contar de él?

Hay varias personas que significaban aquella lucha en Canarias desde el mundo del arte en su amplio espectro. Hablamos de pintores, cantantes, transformistas, que sufrieron torturas, humillaciones y vejaciones. Actos que el propio Octavio relataba y que eran tremendamente sangrantes.

Porque eso es lo que ocurría allí, en un campo de trabajo al que se le llamaba de forma eufemística centro agrícola, siendo un terreno de secano en el que se picaba piedra sabiendo que no se podía recuperar ningún espacio como vergel. Ni siquiera valía como cantera para sacar piedra y reutilizarla. Eran trabajos forzados inútiles, que hacían que sufrieran esas personas porque existía una supremacía del régimen donde imperaba un machismo absoluto que algunos quieren recuperar, señalando a quienes son distintos.

Hablaba antes de los institutos. Varios estudios han puesto de manifiesto en los últimos años el incremento de una pulsión autoritaria entre los jóvenes, que va de la mano con el desconocimiento que existe en las aulas del franquismo. Uno de los pilares fundamentales de la Ley de Memoria de 2022 era, precisamente, el educativo. ¿Se están cumpliendo las previsiones de llevar la memoria a los centros, teniendo en cuenta que la educación es una materia con competencias autonómicas?

Se ha avanzado, porque frente a la norma de 2007, la de 2022 ya lo incluía de manera expresa en el decreto del diseño curricular educativo como materia obligatoria. Lo que sucede es que al estar la educación delegada en las comunidades autónomas, hay un negacionismo de algunas de ellas, que impiden que se den charlas sobre memoria democrática, que vayan personas a los centros a explicar lo que sufrieron para poder recuperar los restos de sus seres queridos, que se forme a los profesores para que expliquen la historia más reciente de España, que tiene que ver con una dictadura que sufrimos cuarenta años.

Todo eso, además, es una contradicción, porque esos representantes políticos que están en esas comunidades son fruto de las urnas, no de un régimen autoritario. Dicen que queremos guerracivilismo. Y no, nosotros queremos hacerlo sin ningún tipo de proselitismo ni direccionismo. Lo que queremos es que los jóvenes sepan lo que pasó, que lo conozcan y decidan. No puede ser que desde los poderes políticos se ponga freno a eso.

Uno de los proyectos que se han aprobado en los últimos meses tiene que ver con la resignificación del Valle de Cuelgamuros. En este sentido, el Gobierno llegó a un acuerdo con la Iglesia para el mantenimiento en el complejo monumental de los monjes, quitando a los más ultras. ¿Se puede resignificar con la misma comunidad benedictina que fundó el Valle de los Caídos?

Aquí había objetivos de máximos. Por un lado, no tocar nada, posición que representaba el prior y gran parte de quienes son reminiscentes de la dictadura. Y por otro, una opción, que también era de máximos, que pasaba por demolerlo todo. Yo puedo entender que los que aspiraban a máximos estén molestos. Pero es que había que buscar una solución que fuera factible, porque si no era imposible caminar. Dicho esto, nosotros queremos que las obras comiencen en la presente legislatura, para las que ya tenemos proyecto ganador. Y espero que si hay un cambio de Gobierno no venga nadie a pararlas.

Efectivamente, las elecciones están a la vuelta de la esquina y las exhumaciones en Cuelgamuros continúan. ¿Cree el Gobierno que va a poder culminar esos trabajos antes de que finalice la legislatura?

Las exhumaciones son la voluntad de este Gobierno y de este Ministerio. De hecho, con carácter inminente se va a convocar el Consejo Territorial para una nueva partida económica de exhumaciones. Quedan unas 10.000 personas susceptibles de ser exhumadas en el conjunto del país, hay ya un mapa de fosas y queremos que al final de la legislatura no quede ninguna persona sin ser exhumada. Es un trabajo arduo, pero desde el año 2018 hemos logrado exhumar 10.000. Aquí lo importante es la implicación de las administraciones.

Respecto a Cuelgamuros, desde que comenzamos allí las exhumaciones hemos tenido algunos problemas: con el ayuntamiento, con las licencias, con algunas demandas de particulares en las que, al final, la justicia nos ha dado la razón... Además, ha habido un amplio llamamiento de familias de toda índole, también carlistas, que quieren recuperar los restos de sus seres queridos. Y tenemos un equipo, con el doctor Francisco Etxeberria a la cabeza, que es un auténtico lujo.

La Ley de Memoria recoge que en el plazo de un año debería estar lista una auditoría de los bienes expoliados durante la guerra y la dictadura. Ya han pasado tres y aún no tenemos inventario. ¿Cómo va este asunto? 

La Ley de Memoria Democrática plantea consecuciones que no han sido fáciles. En este tiempo, hemos conseguido caminar con las comisiones de trabajo, con los informes pertinentes, con el Valle de Cuelgamuros, con el plan cuatrienal de las exhumaciones... Y ya, y voy a la pregunta, desde el Ministerio de Hacienda han quedado en el ámbito del de Memoria Democrática los procedimientos para las incautaciones de los bienes privados y privativos que hubo durante la dictadura, a partidos políticos y particulares.

No es un trabajo sencillo, hablamos de cuestiones donde puede haber muchas peticiones. Ya hemos respondido a alguna de ellas, como es el caso del espacio del PNV en París. Y lo vamos a seguir haciendo. Siempre, eso sí, teniendo los informes de Patrimonio, porque hay propiedades revendidas, derechos a terceros... Pero bueno, estamos en esa senda.

Del mismo modo, sigue pendiente la elaboración del censo de empresas que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio. La norma busca que las mismas “adopten medidas en este sentido”. ¿Cómo va a enfocar esto el Gobierno? ¿Se plantea, por ejemplo, la creación de una fundación y un fondo a la alemana para ofrecer compensaciones financieras a esas personas? ¿Ya está elaborado el censo? 

Es un trabajo también espinoso, pero ya se han dado pasos con la incoación del expediente y la comisión pertinente para esta materia. Y espero poder ofrecer conclusiones periódicamente.

¿Pero el Gobierno se plantea compensaciones financieras?

Hay distintos mecanismos. El modelo alemán es uno. Y otro es el diálogo con las propias empresas, que haya una colaboración de aquellas que en un momento fueron beneficiadas [por la mano de obra presa] y que lo deben reconocer... 

¿Ese diálogo ya ha empezado?

Ya ha empezado. No hemos dado aún las conclusiones, pero lo haremos junto al secretario de Estado, que es quien tiene la encomienda.

¿Se muestran partidarias [las empresas] de reconocer el uso de mano de obra esclava? 

Hay quienes ya han manifestado claramente que sí, que se han servido de una mano de obra presa para beneficio particular.

Esta semana se han desclasificado documentos del 23-F, pero algunos partidos piden mayor ambición. ¿Es usted partidario de que se vaya más allá, de que se desclasifiquen también documentos de otros muchos acontecimientos? Se me ocurre, por ejemplo, el asesinato de Mikel Zabalza. O la matanza de Vitoria. ¿Debería el Gobierno seguir dando pasos en ese sentido?

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Es que el Gobierno ya lo hizo. Se aprobó un proyecto de ley de Secretos Oficiales en el que, por ejemplo, se establece como mecanismo inmediato y automático que a los cuarenta y cinco años se desclasifique ese material. Lo que pasa es que eso, ahora mismo, está en manos de los grupos políticos. Esto lo teníamos cerrado con Junts, pero fue una de las leyes a las que dijo que presentaría una enmienda a la totalidad. Ese es el problema, que tenemos dificultades de articular una mayoría.

Pero es que los documentos del 23-F se han desclasificado sin necesidad de que se haya aprobado dicha ley. Quiero decir, se puede seguir desclasificando sin la norma.

En este caso, estos expedientes y cumplidos los 45 años, se hace de manera automática. Hay una propuesta de ley ya aprobada que permitiría desclasificar incluso antes, pero necesitamos una mayoría.