El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha elaborado ya la lista provisional de beneficiarios de las subvenciones para cursos de formación este año, que incluye a 530 empresas, asociaciones y organismos. En esta convocatoria el SEPE reparte 195 millones de euros, tras denegar o rechazar solicitudes por importe de otros 139,74 millones. La partida presupuestaria era de 250 millones, con lo que 55 millones se quedan sin gastar. El listado definitivo está pendiente de que se resuelvan las alegaciones presentadas para 23 expedientes. Este pasado martes la lista fue entregada por el SEPE a la patronal y los sindicatos, después de que el organismo público se la facilitara también a la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF –la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía– y a la Inspección de Trabajo, para que investiguen posibles irregularidades.

Así lo explicaron los responsables del SEPE a los agentes sociales, según ha podido saber infoLibre de fuentes conocedores de la reunión. Ésta se celebró la víspera de que fueran detenidos José Luis Aneridetenidos José Luis Aneri, presunto organizador del fraude de los cursos de formación en Madrid; el prestamista Antonio Arroyo y el ex director general de Viajes Marsans Iván Losada, quien ya fue condenado por apropiación indebida junto al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán. La Policía cree que los tres han montado una red para captar ilegalmente subvenciones públicas a la formación. El fraude, aseguran los investigadores, puede superar los 12 millones de euros.

La UDEF incluye en la trama al socio de Iván Losada, Andrés Martínez López, su socio en Fun & Rooms Hotels y copatrono en la Fun Foundation, que ambos crearon el pasado mes de junio junto a Juan Francisco Rallo, entrenador de figuras de la televisión como Pablo Motos o Christian Gálvez. Como ya informó infoLibre, Fun & Rooms había presentado al SEPE tres expedientes para conseguir subvenciones de formación en la convocatoria que está a punto de resolverse. El organismo se las ha denegado. El pasado mes de diciembre, Andrés Martínez López aseguraba a este periódico que Iván Losada era su amigo y su empleado. “Trabaja para mí”, explicaba, “como comercial y coordinando equipos de personal a través de Spanish Business Management”. También decía que estaba aprovechando los “contactos hoteleros de primer orden” que posee Losada, después de sus años de trabajo en el sector.

Andrés Martínez reveló entonces que Hacienda y la UDEF le habían preguntado por su relación con Iván Losada. De hecho, Fun & Rooms Hotels explota el Fun Aragon Hills Hotel & Spa, un establecimiento hotelero situado en Formigal (Huesca), que fue construido por el grupo Basgra, cuyo director general hasta 2008 fue Iván Losada. Ese año Losada pasó a trabajar como número dos de Ángel de Cabo, el liquidador de empresas que adquirió Teconsa –ligada a la trama Gürtel–, Nueva Rumasa y, finalmente, Viajes Marsans.

Siete años después, en 2015, la Audiencia Nacional condenó a Losada a dos años y medio de prisión por alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Tras firmar un acuerdo de conformidad, confesar los delitos y devolver dos millones de euros desviados a Luxemburgo, consiguió ver reducidos a la mitad los cuatro años y tres meses que le pedía el fiscal por el vaciamiento de Marsans. En febrero de 2016, la Audiencia Nacional le condenó además a un año más de cárcel por apropiación indebida.

Ahora, según la UDEF, se ha unido a José Luis Aneri –a quien conoció en la cárcel, según El País–para desviar ayudas públicas a la formación, mediante testaferros e intermediarios, en su mayoría de nacionalidad extranjera.

Pero la empresa de Iván Losada no es la única vinculada a personas investigadas y condenadas que solicitaron subvenciones a Empleo este último año.

También les han sido denegadas las solicitudes a la Universidad Internacional de La Rioja y a la empresa Formación Lozoya. El nexo entre ambas es Ignacio Velilla Fernández, vicesecretario no consejero y apoderado de la primera, además de administrador de la segunda. Fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 por su responsabilidad contable en el llamado caso Tarrío, precisamente un caso de contratos irregulares en Forcem, la fundación predecesora de la actual Fundae, que gestiona las ayudas a la formación para el empleo.

6,27 millones para las empresas de un cargo del PP

Por el contrario, sí ha recibido subvenciones Método Estudio Consultores, propiedad de Jorge Cuntín Rey, que preside a su vez el patronato de la Fundación Análisis y Formación. En el listado, al que ha tenido acceso infoLibre, figura como beneficiaria de 2,52 millones de euros en subvenciones. El pasado 7 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó remitir a la Fiscalía el procedimiento abierto contra ella por la Inspección de Trabajo, que investiga un posible fraude de subvenciones. El fiscal abrió diligencias previas y los responsables de la fundación prestaron declaración. La Inspección le había impuesto una multa de 187.000 euros por una infracción muy grave.

El caso se remonta a 2013, cuando el Ministerio de Empleo preguntó por Análisis y Formación a la Subdirección General del Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura. La fundación había solicitado al Protectorado autorización para contratar con empresas pertenecientes a los miembros de su patronato, una de ellas la citada Método Estudio Consultores. La ley obliga a pedir permiso porque, en principio, los patronos deben ejercer su cargo de forma gratuita.

El Protectorado denegó la autorización tras detectar un “posible abuso de la personalidad jurídica de la fundación” por parte de sus patronos. Consideraba que las empresas de éstos utilizaban “de forma encubierta” la fundación para obtener subvenciones públicas que de otra forma no podían conseguir. El Protectorado destacaba también que la Fundación Análisis y Formación carecía de otros ingresos que no fueran las subvenciones públicas, por lo que “con dificultad cabe entender que esté realmente satisfaciendo, o pueda hacerlo en el futuro, intereses generales”. “A través de la fundación se están canalizando contratos a entidades mercantiles [como la citada Método Estudio Consultores] que son las que realmente realizan, con evidente finalidad lucrativa, las funciones de formación que la fundación muestra como fines propios, pero que materialmente no parece poder satisfacer por sí misma”. Según indica Alberto Martín, abogado de la fundación, las diligencias abiertas por la Fiscalía de Vigo, han sido finalmente archivadas.

Otro de los patronos de la misma fundación es César Blanco Gómez, secretario de Formación del PP de Ourense, quien administra además Academia Postal Vigo. Esta empresa y otras del mismo grupo, que comparten un “interés comercial para aprovechar sinergias a efectos de posicionamiento de mercado”, han conseguido un total de 6,27 millones de euros en ayudas públicas: Academia Postal Uno recibe 128.296 euros; Postal Escuela de Negocios, 72.717 euros; Educatic Gap, 3,29 millones de euros, y Academia Postal 3 Vigo, 2,77 millones–.

4,78 millones para Consultora San Román

A Consultora San Román le ha otorgado el SEPE 4,78 millones de euros. Pertenece a José Antonio Fernández Ramos, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y Despachos y Servicios (Fenac), la patronal del sector, y presidente de la Comisión de Economía de los Intangibles de CEIM, la patronal madrileña.

El pasado mes de marzo, el Gobierno de Castilla-La Mancha cerró las agencias de colocación de Consultora San Román porque no realizaban ninguna tarea de intermediación laboral. En el mejor de los casos, recogían los currículos que les dejaban los desempleados; en otros, las oficinas estaban cerradas. Las irregularidades, constatadas en un informe de la Inspección de Trabajo de Albacete y denunciadas después por CCOO, no fueron óbice para que la Comunidad de Madrid concediera a Consultora San Román subvenciones para formación por valor de 1,54 millones de euros.

La Asociación para la Formación Integral y el Empleo Forinemas 2009 ha conseguido subvenciones por un importe total de 369.195 euros. La empresa figura en la propuesta de dictamen del PP en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento andaluz para investigar el fraude en los cursos de formación como una de las empresas del entramado creado por el exconsejero de la Junta Ángel Ojeda y su hija Vanessa. La red pudo defraudar hasta 52,6 millones de euros. Forinemas fue creada en 2009 por dos socios de Vanessa Ojeda Romero. Otras dos empresas, Icadepro e Integración de Nuevas Tecnologías y Formación SL, han conseguido 19.871 y 43.291 euros respectivamente. De ambas es apoderado Félix Nenclares, quien a su vez lo fue de Hasa Asistencial y Satia Tecnología y Formación, dos de las empresas de Vanessa Ojeda.

Por su parte, Criteria Recursos Humanos, una de las firmas del Grupo Business Administration, se ha hecho con 111.444 euros en ayudas públicas. El grupo compró y está explotando los materiales de Editrain, una empresa de formación que entró en concurso de acreedores en 2014, con una deuda de 6,47 millones de euros. Su fundador, Jaime Brull Fontseré, está empleado ahora en Business Administration como “asesor y consejero” de su presidente.

Los mayores beneficiarios

De los 195 millones concedidos por el SEPE, el mayor beneficiario ha resultado Adalid Inmark, que se lleva un total de 10,99 millones de euros, repartidos entre las 10 empresas del grupo. Le sigue la suma de las ayudas conseguidas por Método Estudio Consultores y Academia Postal, 8,8 millones. Los agentes sociales también han conseguido su parte en las ayudas del SEPE, pero de forma desigual. Las diferentes patronales provinciales y sectoriales suman subvenciones de 8,75 millones de euros. La mayoría pertenecen a los sectores del metal y la hostelería. UGT, a través de sus federaciones y fundaciones, recibe 7,41 millones, mientras que CCOO, gracias a su fundación, Forem, consigue 546.723 euros.

Otro de los grandes beneficiados en el reparto es Manuel Martín Martín, administrador del grupo Coremsa, que aparece tras las empresas Centro Superior de Formación Europa Sur, Levelcom Servicios y Data Control Formación. El SEPE le ha concedido un total de 7,25 millones de euros en subvenciones para cursos de formación.

El grupo Adams se ha hecho con 5,65 millones de euros en ayudas públicas y Euroformac, con 5,6 millones más. Una de las grandes del sector de formación, Femxa, ha logrado 4,85 millones de euros. La empresa gallega, que resultó implicada en la Operación Zeta, un fraude a la formación en Galicia, fue una de las empresas acusadas de hinchar su red de oficinas para hacerse con los contratos del SEPE para las agencias de colocación privadas. También han recibido subvenciones los múltiples colegios e inspectorías de la orden salesiana –1,71 millones de euros–, así como las confederaciones de colegios privados CECE –1,85 millones– y de colegios católicos CECA –358.536 millones–.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido al empresario José Luis Aneri, el presunto cabecilla del fraude de los cursos de formación madrileños, y al prestamista Antonio Arroyo, que la Policía nombró hace unos años como "el mayor estafador hipotecaria de España".

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, estos arrestos se enmarcan dentro de una operación todavía abierta y con más detenidos por crear un entramado, a través de empresas y testaferros interpuestos, para conseguir subvenciones públicas con la concesión de cursos de formación para parados, al estilo de la descubierta red ilegal madrileña.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ya investigaba a Aneri tras su detención en 2014 junto al conocido empresario Alfonso Tezanos por falsedad documental y una presunta estafa de al menos 4 millones de euros con fondos para formación de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, el prestamista Arroyo fue apresado por la Policía el año pasado acusado de estafa, apropiación indebida y organización criminal. El mes pasado afrontó en la Audiencia Provincial de Madrid uno de sus primeros juicios por supuestas estafas al prestar dinero a personas con necesidades económicas urgentes, pero fue absuelto porque los hechos de ese caso concreto habían prescrito.

La Comunidad de Madrid perdió el año pasado 20 millones de euros para luchar contra el paro porque no utilizó o no justificó adecuadamente la partida que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) le había concedido en 2013 para ese mismo fin. Fue la tercera comunidad autónoma a la que más dinero se descontó, después de Andalucía –con una cifra récord de 233 millones restados– y la Comunidad Valenciana –45 millones desaprovechados–. La pérdida es consecuencia del sistema utilizado por el Ministerio de Empleo para repartir los fondos con que se ejecutan las denominadas políticas activas de empleo –la formación y recualificación profesionales, así como las subvenciones a los contratos y cualquier otra iniciativa de lucha contra el paro–: lo que no se ejecuta o justifica, se pierde para el ejercicio siguiente. En la convocatoria de 2014, el 40% de los fondos estaban ligados a la consecución de los objetivos el ejercicio anterior. En la de este año, es el 60%. Así, de los 1.251 millones inicialmente asignados a las comunidades autónomas –todas menos el País Vasco–, el SEPE les descontó 314 millones el año pasado.

El Plan de Empleo madrileño en curso es bianual. El pasado enero, la Comunidad tenía pendientes de ejecutar 90 millones de los casi 300 que presupuestó para 2014 y 2015. Según denunció CCOO el pasado diciembre, el Gobierno regional sólo había adjudicado 9,52 millones de los 14,11 millones de euros aprobados en julio para completar el salario de los parados que realizan trabajos de colaboración social en los ayuntamientos. Una figura muy polémica que hasta la reforma laboral apenas se utilizaba y que la Comunidad de Madrid ha adoptado casi como programa estrella de su Plan de Empleo, con la oposición de los sindicatos y a pesar de las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo.

Además, el Ejecutivo gobernado hasta ahora por Ignacio González ha renunciado a convocar su propio concurso para seleccionar agencias de colocación privadas. Para ese fin, el SEPE le concedió en 2014 un total de 3,22 millones de euros, la mayor partida de todas las comunidades autónomas. Se han quedado en el cajón. La cantidad sólo puede utilizarse para financiar ese sistema de colaboración público-privada, para ningún otro fin.

Apenas una semana antes de las elecciones autonómicas, la Consejería de Empleo decía estar “a la espera” de que el SEPE resolviera el concurso estatal que ha convocado para colocar parados del Plan Prepara –un proceso con múltiples problemas que aún carece de adjudicación definitiva– antes de convocar el suyo. Otras comunidades, como Castilla y León, Aragón, Canarias, Murcia o Cataluña, no obstante, han resuelto ya sus propios concursos y las agencias llevan meses trabajando.

La parte más cuantiosa del presupuesto destinado a formación se la llevan los 75 millones destinados a certificados de profesionalidad –que acreditan los conocimientos y experiencia laboral de un trabajador aun no habiendo cursado una formación reglada–. No se gastaron más de 71 millones de euros.

Además, la responsable de Políticas de Empleo de CCOO Madrid, Cruz Elvira, recuerda que en 2012 el Gobierno regional gastó sólo 280 millones de los 513 millones de euros de fondos concedidos por la UE. De esa cantidad, el 50% correspondían a la Consejería de Empleo.

Órdenes y notas de prensa

Son sólo cuatro ejemplos de iniciativas con financiación pero desaprovechadas. Porque hacer un seguimiento del Plan de Empleo de Madrid es una tarea cuanto menos ardua. “El Plan de Empleo regional no existe”, responden tanto los sindicatos como los partidos de la oposición cuando se les pregunta por este programa. La única manera de vigilar cómo se ejecutan sus programas, aseguran, es rastrear las órdenes con las que la Consejería de Empleo convoca las subvenciones. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, como Castilla y León o el País Vasco, por ejemplo, donde los planes de empleo están a tiro de click en sus páginas web, en la de Madrid no existe un documento “estructurado” que sintetice o agrupe o explique en qué consisten sus políticas de empleo. Así lo reconoce un portavoz de la Consejería.

Para más detalles, se remite a las notas de prensa que Empleo ha publicado a lo largo de 2014. La misma respuesta han obtenido de la Consejería tanto los sindicatos como las empresas dedicadas a la formación y la inserción laboral, según ha podido saber infoLibre. Además, la Dirección General de Estrategia y Políticas de Empleo, se justifica también la Consejería, carece de responsable desde que el pasado mes marzo la abandonó Valentín Bote Álvarez-Carrasco. En el puesto desde julio de 2007, era el encargado de hacer el seguimiento y evaluación de las políticas de empleo de la Comunidad de Madrid, hasta que se marchó a Randstad, una de las mayores Empresas de Trabajo Temporal (ETT).

También a diferencia de otras comunidades autónomas, Madrid carece desde 2011 de Servicio Regional de Empleo. Lo suprimió Esperanza Aguirre por decreto y trasladó sus competencias a la consejería que hoy reúne a Empleo, Turismo y Cultura. Tenía 460 millones de euros de presupuesto y 800 trabajadores. Al desaparecer, sindicatos y empresarios se quedaron sin órgano de interlocución: “Desconocemos los resultados de las medidas que adoptan, no hay ni información ni evaluación de las políticas activas”, protesta Isabel Vilabella, responsable de Relaciones Laborales y Formación de UGT Madrid.

A la falta de transparencia se une el recorte de presupuesto. Desde 2011, cuando la partida para políticas activas ascendía a 147,26 millones de euros, el dinero destinado a mejorar la formación y la empleabilidad de los parados quedó reducido a sólo 28,45 millones en 2014. Este año –electoral– ha subido a 39,37 millones. Otro tanto ocurrió con el dinero destinado a la formación profesional de los ocupados: los 96,36 millones presupuestados en 2011 se quedaron en 44,88 millones tres años más tarde. En 2015 la partida ha vuelto a crecer: son 51 millones de euros, aun así lejos de los presupuestados en 2011. Entre una cifra y otra saltó el escándalo Aneri, la estafa de cursos de formación on line, y la Comunidad de Madrid decidió eliminar los cursos por internet.

Recorte del 80% desde 2011

Pero entre una fecha y otra también ha mediado la llegada al poder del PP en el Gobierno central, que enseguida dio un tijeretazo a sus propios presupuestos de políticas activas, un 35% de recorte que en la Comunidad de Madrid se convirtió en un 80%. Porque todo el dinero que el Gobierno regional lleva destinando desde 2012 a luchar contra el paro procede del SEPE. “Ellos no ponen ni un euro”, asegura Cruz Elvira, responsable de Políticas de Empleo de CCOO Madrid. Lo corrobora el diputado de IU en la Asamblea madrileña Joaquín Sanz: “No invierten ni un euro propio en el Plan de Empleo”.

Así, por ejemplo, la Comunidad de Madrid subvenciona con 4.000 euros a los empresarios por cada contrato indefinido a tiempo completo, cantidad a la que se suman otros 1.000 euros si el trabajador tiene más de 45 años. Esas ayudas son sufragadas íntegramente “con fondos procedentes del presupuesto del SEPE”, explica la orden de septiembre de 2014.

Este año, la partida que el Ministerio de Empleo ha previsto, en principio, para Madrid es de 159,88 millones en total, según consta en los presupuestos regionales. Una cantidad de nuevo dependiente de la ejecución que haya hecho la Comunidad del dinero que recibió del Estado el ejercicio anterior. El reparto definitivo de los 1.414 millones consignados este año por el SEPE para todas las comunidades no se conocerá hasta después del verano.

En las fechas, de hecho, aparece otro problema, se quejan de nuevo sindicatos, oposición y empresas. Las órdenes que convocan las ayudas no se publican en muchos casos hasta el mes de noviembre. Según la consejería, porque el SEPE retrasa los pagos. Según CCOO, por culpa de la “mala gestión” del Gobierno regional. “La apatía es absoluta, no se envía la documentación a tiempo”, acusa Cruz Elvira. De ahí que la consejería no tenga tiempo material para dar uso al dinero que recibe, además de “serias dificultades para justificar el que sí ha gastado”, añade la sindicalista. Parecida explicación ofrece el Ministerio de Empleo: “Se retrasan en la justificación”.

Subvenciones a las empresas

Este año, la Comunidad de Madrid ha aprobado 5,8 millones de euros para subvencionar con hasta 5.000 euros cada contrato indefinido o cada temporal convertido en fijo. Para contratar parados de larga duración anunció otros 11,7 millones de euros. Para que los autónomos empleen trabajadores, de forma temporal o indefinida, la partida en 2015 alcanza los 9,4 millones. Y para que los ayuntamientos recurran a parados para trabajos de colaboración social destinará 5,9 millones de euros más. Todo ello pese a que este tipo de subvenciones a los contratos son, según coinciden unánimemente los expertos, herramientas de dudosa eficacia si se aplican de forma genérica, en lugar de sólo a colectivos muy específicos y con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Subvenciones que, de hecho, el Ministerio de Empleo suprimió en 2012 y sólo ha ido recuperando según se iba acercando el año electoral en curso.

Mención aparte merecen las ayudas públicas que la Comunidad de Madrid concede a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para que éstos realicen las llamadas “adscripciones en colaboración social”. Sindicatos y oposición no han cejado de criticar que se estén utilizando como medida de fomento del empleo. No son contratos; no hay relación laboral, por tanto. Se seleccionan parados que cobran la prestación y el ayuntamiento la complementa –con el dinero de la Comunidad– hasta alcanzar la base de cotización que tenían en su último empleo. A cambio, deben recibir formación. Joaquín Sanz niega que se les esté dando. Y censura que los ayuntamientos estén utilizando a estos desempleados para sustituir a trabajadores interinos.

Cada consistorio puede emplear hasta a un centenar de parados en colaboración social. En lo que va de año, de las 997 adscripciones en colaboración social registradas en toda España, el 50% corresponden la Comunidad de Madrid, que firma casi cuatro veces más que la segunda de la lista, Ceuta –133–. En todo 2014 se registraron 2.254 adscripciones, de las que una cuarta parte –637– pertenecen a Madrid. Sólo la supera Murcia, con 746, según los datos del SEPE.

Esta información tardó más de dos meses en gestarse. El primer contacto con la Consejería de Empleo de la Comunidad se produjo antes de la Semana Santa, en marzo. Pero no ha podido completarse hasta la semana anterior a las elecciones del 24 de mayo. La Consejería no ha proporcionado prácticamente ninguna de las informaciones sobre el Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid que infoLibre le requirió, tanto por teléfono como por correo electrónico.

Este periódico preguntó a la Consejería por "el contenido y partidas presupuestarias asignadas al Plan de Empleo 2014-2015 de la Comunidad de Madrid, lo que se ha ejecutado y cuáles han sido sus resultados en 2014, así como lo previsto para que se desarrolle en 2015". También se le preguntó por los 3,2 millones que el SEPE concedió a la Comunidad para contratar agencias de colocación privadas. A esta pregunta sí respondió un portavoz, el día 27 de abril, que no se iba a convocar ningún concurso.

La petición se le reiteró a la Consejería por correo electrónico los días 13, 15, 21 y 24 de abril. Este periódico intentó al mismo tiempo contactar por teléfono con ese departamento repetidamente: todos los días, mañana y tarde, durante los meses de abril y mayo. Sin ningún resultado. La única respuesta que se dio a infoLibre fue que no existe un "documento estructurado" del Plan de Empleo y se remitió a la periodista, el día 27 de abril, a las notas de prensa publicadas sobre el tema a lo largo de 2014. Superan la treintena. Una vez rastreados y estudiados los comunicados, las cifras citadas para las diferentes partidas variaban según la nota de prensa. infoLibre intentó de nuevo obtener los datos precisos y correctos. Sin resultado. Otro portavoz, finalmente, atribuyó la falta de información a que la Dirección General de Estrategias y Políticas de Empleo se había quedado recientemente sin responsable.

Tus méritos: haberle levantado –presuntamente– 4,4 millones de euritos a la Comunidad de Madrid, en subvenciones destinadas a cursos de teleformación. Cursos que, se suponía, se llevaban a cabo a través de una plataforma digital. Cursos tan, tan virtuales que nunca existieron. Un mago, un ilusionista, un escapista de nivel: “El gran Aneri” ¡Tatachán! A tu lado, David Copperfield es un pardillo que juega con el Magia Borrás.

Estudiaste en los Maristas de Córdoba, tu ciudad, y se ve que el día en que los hermanos explicaron el octavo Mandamiento, “no mentirás”, no fuiste a clase. Con los años te convertiste en abogado, en 2006 metiste tus calcetines y tu ambición en la maleta y te marchaste a Madrid. En 2007 montaste tu primera empresa de Riesgos Empresariales y Profesionales de Madrid, llamada: “Preventiva” – qué bien traído el nombrecito, oye, qué visionario de tu futuro en los calabozos–. En 2011, cambiaste el nombre por “Sinergia” y tu negocio creció como la espuma de las fiestas nocturnas que, comentan, conoces bien.

Muy romántico todo, el joven abogado “locuaz e intrépido”, según te describen, que fue a la capital para convertirse en un hombre de provecho. Y vaya si te aprovechaste, cari, en menos de un año –según la documentación de la policía–, creaste un entramado para el desarrollo de cursos de formación a distancia, cursos “on line” que, en tu caso, fueron “off line”.

Pasito a pasito, te hiciste con listados de personas que pertenecían a asociaciones a las que, con tu gracia y tu desparpajo, ofrecías cursos gratis. Después multiplicabas las identidades –sin pensar, supongo, que a alguien le pudiera extrañar encontrar tantos nombres repetidos, para listo, tú– . Para rizar el rizo, al cruzar los datos los técnicos de Empleo comprobaron que, en algunos casos, una misma persona era al tiempo alumno, profesor y tutor. Una versión 2.0 del misterio de la Santísima Trinidad: tres perfiles distintos y ni un solo alumno verdadero. Sublime.

Se comenta que la Comunidad ha tardado un año en reaccionar, a pesar de que tenía indicios de que algo olía a podrido en tu despacho de la calle Orense. Ni informó públicamente de la misteriosa desaparición de tal pastón, ni denunció los hechos a la policía, ni puso el asunto en manos de los jueces ni la fiscalía. Nada por aquí, nada por allá. Magia potagia.

Para complicar la trama, aparece en escena Joaquín Velázquez, subdirector de Formación Continua y Emprendedores, diciendo que cuando alertó de fraude y se lo comunicó a la policía, le premiaron con la destitución. Velázquez fue destituido tres días después de ir a la poli, “por pérdida paulatina de la confianza”. Ay, si los ciudadanos empezáramos a destituir por “pérdida paulatina de la confianza” a los que administran nuestros dineros y nuestras vidas, esto iba a estar más vacío que un concierto de la artista conocida como Yurena, antes Ámbar, antes Tamara.

El tiempo dirá si bailabas solo o si la coreografía, como aseguras, tiene más estrellas. El nombre de tu empresa, “Sinergia”, lo define la RAE como: “Participación activa y concertada de varios órganos para realizar una función”.

De momento, Alfonso Tezanos, el hombre al que conociste en un curso para cortar jamón y que te ayudó a convertirte en el que cortaba el bacalao, ha dimitido de sus cargos en la Cámara de Comercio y en la Confederación de empresarios minoristas, aunque asegura que lo hace por no perjudicar a Arturo Fernández –el de chatina, no, el del catering– y no porque él tenga nada que ver con esos cursos. Veremos…

Dicen que adelgazaste cincuenta kilos, al tiempo que adelgazabas las arcas de ésta Comunidad. Vamos, José Luis, que los pringaetes que tributamos aquí, te hemos pagado la dieta de la alcachofa y ese chándal tan fashion, mientras tú te empleabas en hacer el trabajo creativo, inventando cursos y participantes, como el que hace la lista de figurantes para “300”. Lo tuyo sí que ha sido una superproducción de las de ciencia ficción, fatal que no te hayan dado ningún Óscar. Hollywood te subestima.

Suerte con lo que venga, Aneri, que, además de los 4,4 millones de euros, hay por ahí otros 11 millones en ayudas del Ministerio de Empleo que, al parecer, no has justificado. Ve buscando vales de taxi y tickets restaurante…De momento, como dicen que eres muy activo en Facebook, cuando tengas que actualizar estado ya puedes poner: enmarronado.

NOTA: He visto que has publicado en tu muro una bonita cita que dice así: “Ama lo que tienes antes de que la vida te enseñe a amar lo que perdistes”. Sobra la “ese” final de “perdistes”, tranqui, en esa cayeron hasta los de Mecano, hazte un curso on line de gramática y tan ricamente.