Félix Sanz Roldán, quien fuera director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante una década –entre 2009 y 2019–, ha negado en la Audiencia Nacional que los espías participasen de algún modo en los seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas. "El CNI no tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, en el caso sobre el que se me está preguntado. Ninguna, cero absoluto", ha resaltado el también exjefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) durante su comparecencia como testigo en el juicio de Kitchen, la supuesta operación parapolicial para evitar que documentación sensible para la formación conservadora que pudiera tener su excontable acabara en la investigación judicial del caso Gürtel.

La sombra de sospecha en torno al servicio secreto ha planeado desde el principio en la investigación, si bien es una línea de investigación que nunca se terminó de explotar. El comisario Enrique García Castaño, durante años jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –la que realizó el grueso de seguimientos sobre la familia Bárcenas– y que se ha librado del banquillo de los acusados por motivos de salud, deslizó en enero de 2019 ante el juez instructor que el extesorero había sido espiado "por otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente, Guardia Civil y CNI". Unos espías a los que también ha apuntado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

El director del Centro Nacional de Inteligencia ha prestado declaración como testigo una semana después del "no me consta" de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría al ser preguntada por la posible participación del servicio secreto en una operación alrededor de la familia Bárcenas. Y durante su comparecencia ha rechazado tajantemente que sus espías participasen de algún modo en la Kitchen. "No tuvo actividad alguna, ni por acción ni por omisión, sobre el caso por el que se me está preguntando. Ninguna, cero absoluto. El CNI actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su Gobierno para aportar elementos de juicio para tomar buenas decisiones", ha resaltado Sanz Roldán.

Que su comparecencia iba a estar vigilada al milímetro es algo que dejó claro desde el primer momento la Fiscalía Anticorrupción. "Todas las actividades del CNI están clasificadas con el grado de secreto", advirtió el fiscal César de Rivas antes de arrancar el interrogatorio. Por tanto, continuó, solo podría responder a aquellas cuestiones que tuvieran que ver con la Kitchen, un asunto sobre el que el Gobierno ha desclasificado información. Y él, de hecho, se ha mostrado en todo momento dispuesto a hablar. "Quiero responder", ha señalado cuando se le ha lanzado la pregunta clave. "Ningún Gobierno a los que he servido me ha pedido que hiciera nada ilegal, y esto lo habría sido", ha afirmado Sanz Roldán.

En la sesión de este lunes también se ha puesto el foco en la Guardia Civil. Y, más en concreto, sobre la Unidad Central Operativa (UCO). Al menos, durante unos segundos. "¿La UCO, a través de algún agente a su mando, intentó captar al señor [Serio] Ríos, al chófer del señor Bárcenas, en algún momento?", ha lanzado el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, uno de los acusados en este procedimiento. "No, en absoluto. El tiempo que yo estuve al mando de la UCO, en absoluto", ha respondido Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la unidad de élite del Instituto Armado. El abogado de Ríos insistió para saber si le constaba un movimiento así previo a su mandato. "No, en absoluto. Nunca fue objeto de investigación ni antes ni durante ni después", ha zanjado.

Tanto Sanz Roldán como Corbí fueron llamados a petición de la defensa de Villarejo, que ejerce Antonio Cabrera. Y con un objetivo claro: dibujar Tándem, la macrocausa en la que se integra Kitchen, como una oscura operación de varios organismos estatales para hacer caer al comisario jubilado. De ahí que buena parte de las preguntas dirigidas al exdirector del CNI versaran, precisamente, sobre la mala relación con Villarejo. Sanz Roldán ha rechazado tener una enemistad manifiesta con él. Y ha dicho que si le denunció fue porque sintió la "obligación" como director del CNI de "salir al paso de mentiras tan crueles" que se decían sobre sus "subordinados". Del mismo modo, ha negado haber pedido hasta en tres ocasiones a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía y acusado en este procedimiento, que cesara al comisario.

"¿Y ha dicho en reuniones que o el Estado acaba con Villarejo o Villarejo acaba con el Estado?", ha preguntado Cabrera. "No lo he dicho porque nunca he tenido la sensación de que fuera tal su capacidad", ha respondido Sanz Roldán. La defensa del comisario jubilado, del mismo modo, ha interrogado al exjefe de los espías sobre una serie de correos electrónicos que recibió su defendido desde cuentas con dominio "areatec", que ha vinculado al Centro Nacional de Inteligencia y que vendrían a demostrar que el servicio de espionaje estaría detrás de su caída en desgracia. "No solo no lo reconozco, sino que con los datos que tengo de la forma en que escribía el CNI y cómo trataba las cosas, ese correo es falso. Lo diré mejor: este correo no tiene su origen en el CNI, ni en mí ni en ninguno de mis colaboradores", ha apuntado Sanz Roldán.

La tesis del abogado de Villarejo es que Tándem está contaminada desde el inicio. Y, por tanto, también Kitchen. Así, relata en su escrito de defensa que la UCO de la Guardia Civil recibió en su día una información de David Rodríguez Vidal, quien fuera durante años colaborador del CNI, que terminó derivando en una reunión con el fiscal jefe Anticorrupción y el fiscal que se hizo cargo de la macrocausa contra el comisario jubilado, Ignacio Stampa. Y que, pese a participar en un momento inicial de las pesquisas, "no informó en ningún momento" de que había tenido a su "disposición" los "documentos" que luego se aportaron de "forma anónima" por Vidal en el Ministerio Público o de que, incluso, "conocía la identidad del denunciante".

Tanto Corbí como Francisco de Borja, quien fuera agente del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, han confirmado que, efectivamente, el excolaborador del CNI les trasladó que un empresario –Francisco Menéndez– tenía "información sobre corrupción policial" y que quería negociar con la Fiscalía en relación con un problema tributario que tenía. Tras hacer unas indagaciones, comprobaron que la información "podía ser veraz" y se pusieron en contacto con Anticorrupción. En concreto, Corbí se reunió con el entonces fiscal jefe, Manuel Moix, quien organizó un encuentro posterior en el que participaron De Borja, Vidal o el fiscal Ignacio Stampa. "Recuerdo que se habló de que la otra persona –Menéndez– no había acudido y de que Vidal decía que había sido por miedo a represalias", ha explicado De Borja.

El exjefe de la UCO ha contado que después de aquello Moix le comentó que iban a abrir una investigación y que quería que la llevaran de forma conjunta Policía Nacional y Guardia Civil, algo que Corbí rechazó. Al final, ha completado, la labor de la unidad de élite del Instituto Armado se limitó a "una diligencia": "Averiguar el paradero y la identidad de una persona". En concreto, de Asunción Mba, nombre que aparecía en el anónimo remitido a Anticorrupción que dio origen al caso contra Villarejo. Una nota cuyo autor es, en realidad, Vidal, quien se decidió a enviar la carta ante la indecisión de Menéndez. Meses antes, ha contado en la Audiencia Nacional, había trasladado al comisario general de Policía Judicial, José Sánchez Aparicio, información sobre sociedades en Panamá de Villarejo.

Frente al tribunal del caso Kitchen, que preside la magistrada Teresa Palacios, ha testificado también este lunes el empresario Javier Pérez Dolset, que fue quien aportó a la causa una serie de audios relativos a conversaciones mantenidas entre Villarejo y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, también en el banquillo de los acusados. Grabaciones que, según ha explicado, formaban parte de unos ficheros que le facilitó un hombre cuando buscaba "material probatorio" para defenderse de un "montaje" en su contra. Unos archivos que él y su equipo consiguieron desencriptar y que ya estaban circulando en los chats del eurodiputado Luis Alvise Pérez cuando se los hicieron llegar a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional.

Durante su comparecencia, en la que ha acusado a fiscales y políticos de estar conchabados para dirigir el caso Tándem en la dirección que ellos querían, Pérez Dolset también ha relatado un encuentro en su casa con el ex secretario de Estado de Seguridad en el que éste le pidió perdón por unos hechos que afectaron al empresario. Además, ha relatado que Martínez le dijo que las instrucciones las había recibido "de distintas vías". En concreto, ha hablado del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. "O sea, ¿este señor es el máximo responsable de lo que ha ocurrido aquí? Ni de coña", ha completado el empresario.

Cuando el magistrado jubilado Manuel García-Castellón puso punto y final a la investigación del caso Kitchen todavía quedaban algunos hilos de los que tirar. Ocurrió en el verano de 2021, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones. Tras tres años de pesquisas, el instructor decidió que hasta ahí llegaba el caso y circunscribió la trama parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas alrededor del Ministerio del Interior. Ni se seguiría explorando la rama política ni se tratarían de resolver algunas de las grandes incógnitas que surgieron durante la instrucción. Cuestiones que han salido, aunque de pasada, durante el arranque de esta cuarta semana de juicio –tercera con testigos– en la Audiencia Nacional.

Si la última sesión de la vista oral estuvo marcada por la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el plato fuerte de la de este lunes era la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Su testimonio despertaba un gran interés por dos motivos. En primer lugar, por su posición clave en el Ejecutivo conservador: fue, durante casi ocho años, su número dos. En segundo lugar, por su papel en relación con los servicios de inteligencia. Durante todo este periodo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estuvo adscrito al Ministerio de Presidencia que ella encabezaba. Y la sombra de los espías ha planeado en todo momento sobre la Kitchen.

En enero de 2019, apenas dos meses después de que comenzaran las pesquisas, compareció ante el instructor el comisario Enrique García Castaño, durante años jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –la que realizó el grueso de seguimientos sobre la familia Bárcenas–. Y apuntó hacia otras fuerzas de seguridad. Así, dijo que Bárcenas había sido espiado "por otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente, Guardia Civil y CNI". Habló de "motoristas con cámaras" en el casco, así como de motocicletas con "matrículas y documentación falsa". A este ex alto mando policial, conocido como El Gordo, un problema de salud lo ha dejado fuera del banquillo de los acusados.

Una escena similar describió este lunes frente al tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios, Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero de la formación conservadora. "Notamos, tanto mi madre como yo, que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco", señaló. Algo que, continuó, ha llegado a sentir también mientras circulaba él solo con su propio vehículo. "¿Conoce usted que Sergio [Ríos] hizo una maniobra evasiva y pudo sacar unas fotografías de las matrículas de esas motos que les seguían", lanzó posteriormente el abogado del exconductor del extesorero, topo clave en la Kitchen. "No, no lo conozco", respondió el hijo de Bárcenas.

Unos meses después de aquello, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel, protocolizó varios mensajes ante notario. Una serie de comunicaciones que mantuvo en el verano y otoño de 2013, año en el que se desarrolló buena parte de la Kitchen, con un número que él tenía guardado en su agenda con el nombre del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilia. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado", escribía Martínez el 2 de agosto de aquel año. "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado [sic]. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info”, le responden.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y su entorno se referían a los agentes de los servicios secretos como "cecilios". Martínez, de hecho, hizo referencia a La Casa durante su declaración como investigado ante el juez: "El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas". Unas gestiones que, según él mismo ha declarado, las hizo directamente con el director del servicio secreto, Félix Sanz Roldán.

El ex secretario de Estado de Seguridad también apuntó, aunque de manera más sutil, hacia los servicios secretos en su escrito de defensa. En concreto, cuando solicitó que se elevase al Consejo de Ministros "exposición razonada" para, por un lado, la "desclasificación y remisión de las grabaciones realizadas en el exterior del chalé de la familia Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret, remitidos al Ministerio del Interior el 2 de agosto de 2013". Y, por otro, para el envío de "todos los autos dictados por el magistrado especial del artículo 342 bis LOPJ" –es decir, del magistrado del Tribunal Supremo que tutela las operaciones del CNI– relativos "a tales vigilancias o a cualquier vigilancia realizada sobre el Sr. Bárcenas o sobre su esposa Rosalía Iglesias o sobre los inmuebles de su propiedad".

Ni la defensa de Martínez ni la de Villarejo, quien lleva años presentándose como una víctima del servicio secreto, preguntaron este lunes a Sáenz de Santamaría sobre la posible participación de sus espías en la operación. Sí lo hizo, sin embargo, el letrado de Podemos: "¿Recuerda si el CNI tuvo algún tipo de participación en investigaciones al entorno de la familia Bárcenas de 2013 a 2015?". Una pregunta que hizo saltar al fiscal Anticorrupción, César de Rivas: "Señoría, es materia secreta". Pero, tras dejar claro que la cuestión se circunscribía en exclusiva a la Kitchen, la presidenta del tribunal dejó responder. Y Sáenz de Santamaría dijo desconocerlo. La próxima semana, será el exjefe de los espías, Sanz Roldán, quien comparezca en el juicio.

La declaración de la exvicepresidenta del Gobierno apenas duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información. Bajo juramento, la exdirigente conservadora dijo, básicamente,  que se enteró de la Kitchen por la prensa, que ella nunca tuvo "ningún tipo de estrategia" relacionada con el caso Gürtel, que tampoco conocía la que podía tener Cospedal –con quien tenía una guerra abierta– y que lo que dijera Rajoy la pasada semana en sede judicial "bien dicho está". Es más, la exvicepresidenta ha venido a dibujar un escenario en el que parecía que nadie de Moncloa se interesaba por las informaciones que iban saliendo sobre el dinero oculto de su extesorero o sobre la trama de corrupción que terminó por sacar al PP del Gobierno.

E igual que se ha pasado de puntillas por los servicios secretos, lo mismo ha ocurrido con otro rocambolesco acontecimiento: la entrada a punta de revólver de tipo Bulldog de un hombre vestido de negro y con alzacuellos en casa de la familia del extesorero buscando documentación "que pudiera hundir al Gobierno". Los Bárcenas están convencidos de que alguien lo envió. Es más, defienden que no fue "casualidad" que fuera vestido de cura: "Rosalía [Iglesias] –mujer de Bárcenas– es una persona muy religiosa". A raíz del "secuestro" por parte del "sicario", ha explicado el hijo del exsenador, decidieron poner cámaras apuntando a la puerta del domicilio.

Durante la instrucción del caso Kitchen se puso el foco sobre el secuestro ejecutado por Enrique Olivares. Entre otras cosas, se descubrió que varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía habían estado visitándole en prisión. O que había recibido numerosos ingresos en su cuenta de peculio de la prisión pese a pertenecer a una "familia sin recursos". "Aparecen datos que permiten profundizar en la posible participación de Enrique Olivares en el asalto al domicilio de la familia Bárcenas bajo el directo control de los mandos policiales que desarrollaron la Operación Kitchen; o, incluso, bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado", llegó a lanzar la Fiscalía Anticorrupción en uno de sus escritos.

Los investigadores no pudieron determinar el "origen concreto" del revólver utilizado en el asalto. Y no se le pudo tomar declaración en la causa al "no reunir las condiciones psíquicas y físicas" para ello. Con el auto de procesamiento, García-Castellón cerró la puerta a seguir tirando de ese hilo. "No se ha recabado ningún indicio que permita sostener con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto [...] estuviera directamente relacionada con la operación Kitchen", apuntó el instructor. Y completó: "Más importante aún es que ninguno de los investigados que ha declarado ha referido participación alguna en estos hechos, antes bien, todos ellos negaron tajantemente su participación en los mismos".

"En cuanto a que este hecho se hubiera cometido 'bajo el control de otros servicios de seguridad', la amplitud y generalidad de los términos en que se formula semejante afirmación impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma", zanjó el instructor. A comienzos de 2022, el falso cura falleció.

La desclasificación de más de 150 documentos sobre el 23-F prometía respuestas a las múltiples preguntas sobre el papel del rey Juan Carlos I en la noche más larga de la democracia española. ¿Sabía de antemano el monarca lo que iba a ocurrir? ¿Hubo conversaciones con Armada y el resto de golpistas? ¿Se echó atrás en el último momento para presentarse como garante de la incipiente democracia? ¿O fue realmente, como sostiene la versión oficial, el hombre que desde Zarzuela paró con el teléfono lo que otros habían puesto en marcha con las armas? 

Los papeles no responden. O más exactamente: responden en los dos sentidos a la vez, con un equilibrio que deja la incógnita exactamente donde estaba.

Entre los documentos más reveladores figura una carta fechada el 14 de diciembre de 1981, enviada por el secretario general de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, al director del CESID—el precursor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)—, Emilio Alonso Manglano. Fernández Campo adjunta el guión que sirvió de base para una reunión del rey con el presidente del Gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor.

La mayoría del guión es impecablemente constitucional: el papel del rey como árbitro, la reivindicación de su papel del 23-F, la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil… Pero hay pasajes que chirrían. Entrada la reunión, el rey describe a las Fuerzas Armadas como las "vencedoras en una triste guerra civil" que “no obtuvieron beneficios destacados después de su victoria” y “durante cuarenta años sirvieron a España con espíritu de sacrificio" y que se ven ahora sacudidas por la libertad de prensa y el "revanchismo de opiniones". 

También alude a "situaciones tal vez provocadas deliberada y organizadamente" en torno al Consejo de Guerra, en las que la prensa habría “irritado inadvertidamente" a las Fuerzas Armadas. Además, según el rey, en los ámbitos militares cunde la impresión de que sufren más castigos que otros sectores de la sociedad: “Nunca puede estar justificada la exclusividad o la preferencia de la sanción sobre los militares.”, denunció el monarca haciendo suyas las reivindicaciones. 

El contexto de esta intervención importa: el rey no hablaba ante el Parlamento, sino con los máximos jefes militares diez meses después del golpe. La empatía táctica hacia los mandos a los que debía retener dentro del orden constitucional es políticamente comprensible. Pero incluso en este contexto, muchos de los pasajes del documento bordean peligrosamente la justificación hacia quienes habían intentado subvertir ese mismo orden constitucional.

Otro bloque de material comprometedor para la figura del rey no viene de documentos del Estado, sino de las conversaciones intervenidas en el domicilio de la familia Tejero durante y después del golpe. Las transcripciones muestran a Carmen Díez, esposa del golpista, y a sus hijas, convencidas de que Juan Carlos I, junto con Milans del Bosch, Armada y las Capitanías Generales, estaba detrás de la operación y abandonó a su suerte al hombre que tomó el Congreso. 

"A mí me dijeron anoche que estaba el Ejército y el Rey detrás", asegura Díez en una llamada con su madre. “Estaba el rey detrás, Fina. Él... estaba detrás y todo el Ejército, todo, todo el Ejército. Las cinco Capitanías en España. Todo estaba detrás” le dice a su suegra una de las hijas del teniente coronel.

El valor probatorio de estas conversaciones es, en rigor, casi nulo: son las percepciones de una familia moldeadas por lo que Tejero contaba o creía. Pero contienen un elemento llamativo: la convicción de que el nombre del rey había sido utilizado para arrastrar participantes al golpe. Que eso sea cierto o una instrumentalización de su figura sin su conocimiento es una pregunta que los documentos no resuelven.

Sobre el peso que el supuesto apoyo del rey al golpe tuvo en sus participantes se pronuncia también Gil Sánchez-Valiente en comentarios recogidos en un informe de la Dirección General de la Guardia Civil fechado el 9 de junio de 1981. El capitán, que había huido a Roma dos días después del golpe, declara que el rey habría “comentado errores políticos con Armada”, y este habría convertido esas conversaciones en una "orden", transmitiendo a los participantes "la supuesta aprobación del rey", sin la cual Sánchez-Valiente afirma que no habría participado en el golpe.

El testimonio tiene limitaciones obvias: son comentarios de un fugitivo huido en el extranjero y con interés en explicar su participación. Pero Sánchez-Valiente era un protagonista directo, presente en el Congreso esa noche, aunque a su vuelta a España afirmó que había acudido “con fines represivos” y a petición del Director de la Guardia Civil, pese a que su simpatía estaba con los golpistas. 

El documento más incómodo para la Corona es una nota interior del CESID fechada el 5 de febrero de 1982, en plena fase previa al juicio oral de los participantes en el golpe. Recoge que en círculos castrenses se daba por cierto que alguien "muy importante de la Casa Real" se había entrevistado con Armada para tratar sobre "comportamientos relativos a la vista oral del proceso", y que cuando se intentó hacer lo mismo con Milans del Bosch, este exigió reunirse con "la propia persona real". 

Según la nota, el rey atendió la petición y habló de forma confidencial con el golpista, con el objetivo de que "la Corona no salga lesionada” del proceso judicial. Por lo que se desprende del documento, el CESID no afirma que la información sea cierta, sino que la recibe de una de sus antenas. Sin embargo, la nota da credibilidad a los hechos que relata y a las fuentes de las que provienen, a las que se refiere como “núcleos cualificados”.

Frente a ese bloque hay otro igualmente sólido, aunque de naturaleza diferente. Una nota del Ministerio del Interior cataloga como campaña de intoxicación los rumores que implicaban al rey, y atribuye esa campaña a los abogados defensores de los procesados y a sectores de la derecha radical, con un doble objetivo: reducir las responsabilidades penales de sus clientes y mantener "munición" contra la Corona para un eventual golpe futuro.

Más llamativo resulta, por su origen, un documento de la Dirección General de Policía sobre las reflexiones internas en el seno PCE. La nota recoge que teóricos del partido comunista —recién legalizado y con escaso entusiasmo monárquico— concluían en sus análisis internos que implicar al rey era un juego de la extrema derecha para destruir la institución democrática: "La extrema derecha quiere implicar a la Monarquía y destrozarla como institución democrática." El valor de este documento reside precisamente en su origen: una fuente ideológicamente poco sospechosa de hacer favores a la Corona que descarta internamente las acusaciones. Que el PCE considerara un error táctico apoyarlas no significa obligatoriamente que pensara que el rey fuera inocente, pero sí refuerza la lectura de que parte del material acusatorio fue instrumentalizado políticamente.

Uno de los elementos más complejos de cuantos recoge la desclasificación es una serie de documentos manuscritos anónimos sobre las conspiraciones golpistas del período 1980-1982. La portada lleva fecha de noviembre de 1980, pero el conjunto incluye material posterior al 23-F —algunos fragmentos hacen referencia expresa a "errores cometidos" en esa operación— y contiene planificación detallada orientada al golpe frustrado que tuvo lugar en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

En esos documentos, el monarca ha dejado de ser una variable a ganar o cooptar para convertirse en un objetivo a neutralizar. Le llaman "el borbón" y señalan como primer fallo del 23-F "dejar al borbón libre y tratarle como si fuese un caballero". El Palacio de la Zarzuela figura en las listas de objetivos físicos de al menos uno de los planes detallados —la llamada "Operación Halcón"— junto a las sedes de los Cuarteles Generales, los ministerios y los medios de comunicación. El mismo rey al que algunos acusan de haber respaldado el 23-F es aquel a quien los conspiradores del siguiente golpe querían neutralizar físicamente. La autoría anónima del material y la imposibilidad de verificar su origen obligan a manejarlo con cautela.

Otro bloque relevante es el que la Casa Real querría que cualquier periodista citara primero: la versión oficial y mito fundacional de la España democrática que presenta al rey como salvador del orden constitucional. Un informe del CESID presenta un relato minucioso con horas exactas y nombres concretos de los sucesos del 23 de febrero según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela. Según este documento, el rey negó a Armada la entrada en Zarzuela el día del golpe y su secretario Sabino Fernández Campo, le arrancó a Armada "su palabra de honor" de que no se dirigirá a los diputados en nombre del rey. Y a la 1:20 del 24 de febrero, el monarca llama a Milans del Bosch y le dicta seis órdenes que incluyen la frase que quedó para la historia: "Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey."

Lo que el relato de Zarzuela no cubre es el período anterior a las cinco de la tarde del día 23 —primera entrada cronológica del documento— Lo que describe a partir de ese momento es impecablemente constitucional. Lo que sucedió antes, en las semanas y meses previos, en las conversaciones entre el rey y Armada cuyo contenido exacto nadie ha podido acreditar ni desmentir del todo, sigue siendo una incógnita.

Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario y exsenador de Junts Joan Matamala.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la magistrada Miriam de Rosa Palacio, sustituta en el Juzgado de Instrucción número dos de Barcelona, resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.

La querella se dirige contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020 Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023 María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-, así como contra la exdirectora del CNI Paz Esteban -ya imputada en otras cuatro causas- y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.

Se trata además de la primera denuncia por el uso del programa espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del 'procés'.

Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.

De hecho, los querellantes -empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance- presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.

Como pruebas periciales, los denunciantes piden que el juzgado encargue analizar sus móviles a los Mossos d'Esquadra -que ya han hallado rastros de espionaje en los teléfonos de otros afectados, entre ellos el expresident Pere Aragonès- y tome declaración, como expertos, a los analistas de Citizen Lab y de Amnistía Internacional que documentaron el llamado 'Catalangate'.

Otra de las diligencias que plantean los querellantes es que el juzgado requiera a la Audiencia Nacional una copia de las causas de Tsunami Democràtic y CDR, en las que asegura fueron espiados bajo secreto de sumario, sin que se les comunicara en ningún momento y sin tener la condición formal de investigados.

En un comunicado, Sentinel Alliance ha celebrado la admisión a trámite de la querella, que en su opinión añade una "dimensión internacional" al caso del espionaje masivo al independentismo, puesto que está acreditado que uno de los denunciantes fue atacado con el software malicioso cuando se encontraba en Suiza.

Además, subrayan, el hallazgo de una infección activa en el móvil de Joan Matamala dio pie a que Microsoft lanzara una actualización de seguridad crítica para proteger a más de 1.300 dispositivos en todo el mundo.

El presidente de Sentinel Alliance Joan Arús, que se cuenta entre los querellantes, ha subrayado que la denuncia "no solo busca una reparación individual, sino que pretende exponer las herramientas con que se degrada la democracia desde dentro. La admisión a trámite abre un debate inaplazable sobre cómo se fiscaliza al Estado", considera.

Una empleada de la productora 360 Global Media, que financiaba el programa Fort Apache del exlíder de Podemos Pablo Iglesias, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le contactó un miembro del CNI interesado en conocer datos sobre la inversión iraní en dicha productora, según informa EFE.

En su declaración este martes en la causa abierta por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial a Podemos y sus dirigentes, esta testigo, Natalia Fátima Carrascosa, ha explicado que empezó a trabajar en dicha productora en 2012, primero como ayudante de productor y después como gerente.

Esta sociedad, ha expuesto, era de capital español, pero se nutría de inversión iraní, ya que los fondos procedían de Hispan TV, un canal de televisión por suscripción internacional de origen iraní​ dedicado a proporcionar programas en español.

Al ser preguntada si en algún momento alguien identificado como policía le pidió documentación sobre Pablo Iglesias u otras personas, ha respondido que una persona del CNI se puso en contacto con ella entre 2015 y 2016, según han informado a EFE fuentes presentes en la declaración.

Ha relatado al respecto que vio a esa persona varias veces y que no le preguntó por Pablo Iglesias sino por Mahmoud Alizadeh Azimi, el entonces CEO de 360 Global Media, y que su interés era saber si la procedencia del dinero era legal.

Sobre la presunta documentación que le pudo facilitar a este supuesto agente del CNI, ha explicado que le enseñó las escrituras de constitución de la sociedad, pero que no le llegó a entregar nada, y que de Pablo Iglesias solo le enseñó nómimas, si bien ha insistido en que esta persona solo estaba interesada en conocer de dónde procedía el dinero y no tanto en que se usaba.

En cuanto a la situación contable de la productora, ha considerado que era perfecta y que vendía programas, entre otros, a Hispan TV, y a su vez pagaba el programa de Fort Apache y a todos su miembros, entre ellos, a Pablo Iglesias.

A la pregunta de si en algún momento la sociedad fue objeto de investigación por blanqueo o por financiación irregular, la testigo ha respondido que no le constaba, si bien ha reconocido que en un momento determinado le fueron bloqueadas cuentas bancarias en el Banco Sabadell, La Caixa y cree que también en el Banco Caminos.

También ha prestado este martes declaración como testigo en esta causa, un policía que ha relatado que en 2016, a petición del entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, DAO, se entrevistó con el gerente de un hotel en el que se habían alojado un grupo de venezolanos y que él se limitó a trasladar esa información.

En esta causa figuran como investigados, además de Pino, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quienes ya declararon como imputados ante Pedraz y rechazaron haber ordenado o impulsado este tipo de investigaciones para después filtrarlas a los medios y desprestigiar al partido.

Esas investigaciones habrían dado lugar al llamado Informe Pisa (Pablo Iglesias, Sociedad Anónima), relativo a la presunta captación de fondos procedentes de Venezuela e Irán para la financiación del partido y que fue elaborado en 2016, pero que al carecer de firma y de sello fue rechazado en los tribunales como prueba de una supuesta financiación ilegal de la formación morada.

El exdirector general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha negado que Abdelbaki Es Satty, el líder de la célula que perpetró los atentados en Las Ramblas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) en 2017, fuera confidente, y ha tildado de "infamia", "maldad" y "vileza" pensar o imaginar que se pudieron evitar 16 muertes y no se hizo, según ha recogido EFE.

El que fuera el máximo responsable del CNI durante una década, entre 2009 y 2019, y cuatro legislaturas (dos con gobiernos del PP y otros tantos con el PSOE), ha sido el primero de los 29 comparecientes llamados por la comisión parlamentaria que pretende indagar en el papel del imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty, el líder de la célula que atentó el 17A.

Durante cerca de dos horas, Sanz Roldán ha recordado que el Ejecutivo no ha desclasificado aún los documentos solicitados por los grupos parlamentarios y que, por tanto, él no estaba eximido de guardar secreto, pese a lo cual ha mostrado su disposición a ayudar e, incluso, a regresar a la comisión si el Consejo de Ministros proporciona la información que han pedido los diputados. Sí ha querido dejar claro que el CNI no tuvo información previa antes de la comisión de esos atentados. "¿De verdad cree alguien que se pudo evitar un atentado y no se hizo?", ha replicado a la diputada de Junts Pilar Calvo, el partido que junto con ERC ha impulsado esta comisión de investigación.

"Si alguien piensa o imagina que pudimos evitar la muerte de 16 personas y no lo hicimos eso es una infamia y no lo digo solo por mi calidad en el CNI", ha enfatizado Sanz Roldán antes de explicar que cuando se perpetra un atentado es porque el adversario "tuvo más capacidad" que las fuerzas de seguridad y del servicio de inteligencia para evitarlo y prevenirlo.

En esta línea ha cargado, aunque sin nombrarla, contra la teoría de la conspiración y ha subrayado que es imposible que todas las instituciones, incluida la sentencia del Tribunal Supremo, puedan haber generado un relato distinto a lo que se dice que ocurrió. "Y no se va a encontrar ningún elemento porque no existió", ha zanjado.

Sanz Roldán ha confirmado que agentes del CNI visitaron a Es Satty en varias ocasiones -"dos veces o como mucho tres, podría ser cuatro, no lo sé"- en la prisión de Castellón, donde cumplió penas por delitos de narcotráfico entre 2012 y 2014, periodo en el que también tuvo encuentros con guardias civiles. Respecto a estas entrevistas, que forman parte de la documentación secreta, el compareciente ha explicado que se enmarcaban en la lucha contra la radicalización y el proxelitismo que se sospechaba se podía estar realizando en mezquitas y prisiones, pero que eso no significa que fueran citas con un confidente.

De hecho, ha negado rotundamente que el imán, fallecido en la explosión en el chalet de Alcanar el 16 de agosto de 2017, un día antes del atentado de Las Ramblas, fuera confidente del CNI, aunque no ha desvelado -se ha acogido a su deber de secreto- si una vez salió de prisión agentes del CNI siguieron reuniéndose con él. "Sin romper en absoluto el secreto, El Satti no fue ni colaborador ni informador del CNI, punto, nunca", ha respondido antes de subrayar que la institución no tuvo ninguna información previa sobre este atentado.

Preguntado por varios grupos sobre los fallos que se pudieron haber cometido, Sanz Roldán ha explicado que el CNI analizó con detalle lo sucedido y dispone de un documento "de lecciones aprendidas" cuyo contenido no ha revelado pero que permitió, tras el 17A, iniciar otra fase en la lucha contra el terrorismo.

Dirigiéndose a los grupos catalanes, se ha mostrado convencido de que se evitaron muchas muertes en Cataluña porque tanto en días previos, como posteriores, como en momentos inmediatos se salvaron vidas.

Durante su comparecencia, PSOE, Vox y PP se han referido a las declaraciones que el excomisario José Villarejo realizó en la Audiencia Nacional en las que deslizaba que detrás de los atentados de Cataluña estaba el CNI y el propio Sanz Roldán, que calculó "mal" el "susto" que pretendía dar a los independentistas.

"No hay mejor método para dignificar una mentira que decir que esa mentira tiene origen en el CNI", ha replicado el citado, que ha cuestionado que se quiera poner "al mismo nivel" a una persona, él mismo, que ha servido "con dignidad" 57 años al Estado, con otra que está encausada en varios procedimientos. Con todo, ha concluido: "Me preocuparía que hablara bien de mí, así que mientras las cosas sigan así no van mal".

Por su parte, el presidente de JxCat, Carles Puigdemont, ha asegurado después de la comparecencia de Sanz Roldán que "la conexión entre el Estado y los autores de los atentados es una evidencia de la que hay que tirar del hilo".

Tras la comparecencia, el expresident ha asegurado en X: "Lo sabía quien lo tuviera que saber. De esta frase tan tenebrosa se pueden extraer muchas conclusiones, pero todas apuntan en la misma dirección. La conexión entre el Estado y los autores de los atentados de Barcelona y Cambrils es una evidencia de la que hay que tirar del hilo, como bien hace Pilar Calvo", ha apuntado el expresidente de la Generalitat.

El CNI investigó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, porque creía que era quien dirigía a los Comitès de Defensa de la República (CDR) y, por este motivo, se instaló el software Pegasus en su móvil.

Fuentes consultadas este jueves por Europa Press han asegurado que los documentos sobre el espionaje a Aragonès que el Gobierno desclasificó parcialmente a petición del juez están "llenos de partes eliminadas", con páginas enteras tachadas, y que quieren estudiar esta documentación.

Todo esto surge pocas horas antes de que la exdirectora del CNI Paz Esteban declare este viernes como investigada por la querella presentada por Aragonès por el caso de espionaje con Pegasus.

Las fuentes han considerado que la justificación del CNI para intervenir el teléfono de Aragonès está "fuera de toda realidad" y que se trata de invenciones inverosímiles, dicen textualmente.

En declaraciones este viernes, Aragonés ha criticado los argumentos y las "mentiras" del CNI para justificar la necesidad de espiarlo y ha pedido ir hasta el final para depurar responsabilidades. "Si no fuera por esta justificación de que he estado sometido durante 9 meses, como mínimo, a un espionaje ilegitimo, sería para reírse, parecería una aventura de Mortadelo y Filemón. Es lamentable las mentiras que se han incluido", ha añadido.

Tras esta filtración, el Gobierno ha asegurado que las escuchas del CNI a Aragonès se iniciaron antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa y que contaron siempre con autorización judicial. Asimismo, ha sostenido que ni el CNI ni el Tribunal Supremo tienen que informar al Gobierno de estas operaciones y que ha sido precisamente el Ejecutivo de Sánchez quien ha decidido colaborar con la justicia y desclasificar esta información a petición de un juez, "siempre con el límite de la seguridad nacional".

Por otro lado, han apuntado que esta información demuestra que "ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia". "Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP", han reprochado.

En declaraciones este viernes, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha considerado que el Estado de derecho funcionó con normalidad en este caso y ha reiterado que el Gobierno de Sánchez no tenía conocimiento de las mismas porque eran operaciones anteriores a su llegada a La Moncloa.

"Ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le correspondía", ha explicado. Por tanto ha querido dejar claro que el Gobierno "en aquel momento, cuando se produjeron esos episodios, ni tenía conocimiento, ni había autorizado", porque eran operaciones "que venían de antes".

Finalmente ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez respeta el Estado de Derecho y no ejerce ninguna presión ni injerencia en el funcionamiento normal de las instituciones "a diferencia de lo que pasaba durante gobiernos anteriores", ha apuntado.

Este viernes, Esteban conectará desde Madrid por videoconferencia con el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona, y el juez y las partes la escucharán desde una sala de la Ciutat de la Justicia. En diciembre, Aragonès compareció ante el juez para ratificar la querella que inició esta causa, y en su declaración atribuyó al CNI el espionaje telefónico que sufrió. El actual president contó al juez que detectó el espionaje en julio de 2020 a raíz del informe de Citizen Lab que lo alertó de que había "varios indicadores de compromiso" en su teléfono.

A raíz de este aviso, encargó un informe pericial que detectó infecciones desde 2018 hasta marzo de 2020 y que habían llegado a su móvil a través de mensajes SMS que él no detectó en el momento, cuando era vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ratificado en el juzgado la querella que presentó por el caso Pegasus, y en su declaración ha atribuido al CNI el espionaje telefónico que sufrió, han explicado fuentes presentes en la sala, según recoge Europa Press.

Después de testificar durante alrededor de una hora, Aragonès ha valorado en declaraciones a los periodistas que ha ratificado su querella "con el objetivo de que se sepa toda la verdad sobre el espionaje" y de que ningún ciudadano vuelva a ser espiado con motivo de su ideología.

Ha añadido que levantar el secreto de las actuaciones del CNI "es una obligación moral de todas las instituciones públicas involucradas", y en concreto lo ha calificado como una obligación ética y moral del Gobierno hacerlo.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que un juez ha iniciado una investigación por revelación de secretos a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por presuntamente filtrar información reservada a Estados Unidos, según informa Europa Press.

Así lo ha hecho durante su visita a la base militar de Adazi (Letonia), donde se encuentran desplegados más de 600 militares españoles, ratificando la información adelantada por 'El Confidencial'.

Robles ha precisado que fue el propio CNI el denunciante de la supuesta filtración, por lo que el procedimiento se abrió a instancias suyas. Sin embargo, la titular de la cartera de Defensa no ha querido entrar en más detalles porque el procedimiento judicial se encuentra bajo secreto. Está en manos de una jueza de plaza de Castilla (Madrid), según informa el citado diario.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que desde el Gobierno aportarán "toda la colaboración" que puedan para que se "esclarezca" la investigación. Bolaños, que se ha pronunciado así en la rueda de prensa celebrada esta tarde en Bruselas tras la reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea, ha reconocido que aunque la investigación no ha trascendido hasta hoy en los medios de comunicación, era una información que tenía "desde hace unos días".

Así las cosas, ha precisado que "ahora lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial". "Toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos", ha señalado el titular de Justicia. Bolaños es el segundo cargo del Ejecutivo que se pronuncia públicamente.

El juez que investiga el caso Pegasus ha citado a declarar a la exdirectora del CNI Paz Esteban a declarar como investigada el miércoles 13 de diciembre a las 9 horas, según un auto consultado por Europa Press.

Como ha adelantado elDiario.es, el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona ha tomado esta decisión a raíz de la petición que hizo el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al querellarse por este caso.

En el mismo auto, el juzgado ha citado a Aragonès para declarar como perjudicado el mismo miércoles 13 de diciembre a las 9.30 horas.

La historia española del programa espía Pegasus es la del cazador cazado. La de un gobierno que supuestamente espía a dirigentes políticos que amenazan con la independencia de parte de su territorio y que, al mismo tiempo, es espiado presuntamente por otro Estado con el que mantiene una tensa relación. En abril de 2022, Forbidden stories publicó un informe de Citizen Lab –un organismo de ciberseguridad de la Universidad canadiense de Toronto– según el cual 63 dirigentes de los partidos catalanistas ERC, Junts y CUP, así como miembros de las entidades cívicas Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) y Òmnium Cultural, habían sido espiados entre 2015 y 2020 con el programa espía israelí, un diseño de la empresa NSO Group, que sólo se lo vende a gobiernos.

El programa no es muy distinto de Predator, desarrollado por Intellexa y vendido por Nexa y sobre el que infoLibre publica estos días una extensa investigación que desvela ventas de material de vigilancia a dictaduras con complicidad europea [ver aquí]. En realidad, Pegasus se le adelantó técnicamente, porque puede infectar teléfonos móviles sin necesidad de que la víctima haga clic en ningún enlace. Pero ambos comparten habilidades para convertir el móvil atacado en un auténtico espía, activando el micrófono y la cámara. Para entonces ya ha capturado todos los datos del teléfono, desde contactos hasta mensajes de Whatsapp, Signal o Telegram.

Las sospechas sobre quién estaba detrás de la maniobra se dirigieron automáticamente hacia el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de inteligencia español. A partir de 2015 el Gobierno ha librado una intensa batalla política contra el independentismo catalán, tras el intento fallido de referéndum en esa comunidad autónoma, la salida a Bélgica de su entonces presidente, Carles Puigdemont, y el procesamiento judicial y encarcelamiento de algunos de los principales dirigentes soberanistas catalanes.

Pero sólo unas semanas después de publicarse el informe de Citizen Lab, fue el propio Gobierno el que anunció que tanto su presidente, Pedro Sánchez, como tres de sus ministros –los del Interior, Defensa y Agricultura– habían sido igualmente espiados con el programa Pegasus en mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos. En este caso las miradas acusadoras se dirigieron hacia Rabat. En aquellos días, las fuerzas de seguridad marroquíes permitieron que miles de sus conciudadanos cruzaran la frontera en Ceuta, como respuesta al permiso que el Gobierno español había otorgado a Brahim Ghali, el máximo dirigente del Frente Polisario, que defiende la independencia del Sáhara Occidental frente a Rabat, para que fuera hospitalizado en La Rioja.

Según reveló el Gobierno, los móviles del presidente y los ministros sufrieron “intrusiones consumadas” que permitieron extraer un considerable volumen datos. Las escuchas, aseguró, eran “ilícitas” y “externas”, y fueron descubiertas después de que se realizara una revisión exhaustiva de los teléfonos precisamente a raíz de la publicación del informe de Forbidden Stories. De ahí que la Abogacía del Estado presentara una denuncia en la Audiencia Nacional para que investigara el espionaje.

Desde entonces, se han sucedido las denuncias en los tribunales, también los intentos de investigación parlamentaria de ambos espionajes. Pero sin mucho éxito. La denuncia del Gobierno en la Audiencia Nacional quedó archivada el pasado mes de julio por la “absoluta falta de colaboración” de Israel, que no ha contestado a ninguna de las comisiones rogatorias enviadas por el juez español.

Antes incluso de que se publicara el informe de Citizen Lab, en julio de 2020, el expresidente del Parlamento catalán Roger Torrent y el diputado de ERC Ernest Maragall ya habían presentado una querella que igualmente fue archivada por un juez de Barcelona por la falta de colaboración de Israel.

El mismo juzgado instruye las denuncias de otros tres diputados de la CUP y otro magistrado investiga la presentada por el actual presidente de Cataluña, Pere Aragonès. Además, un tercer juzgado de Barcelona tiene a su cargo la demanda de otros dos diputados de ERC, Josep María Jové y Diana Riba, que denuncian haber sido espiados en 2019: el primero piensa que lo fue mientras negociaba la investidura de Pedro Sánchez y la segunda sospecha que fueron escuchadas las conversaciones que mantenía con su marido, Raül Romeva, condenado por el proceso soberanista. Este juez ha pedido que se cite como investigada a la empresa israelí NSO Group, y como testigo a la actual directora del CNI, Esperanza Casteleiro.

Los nombres de estos dos diputados aparecen entre los 63 espiados según el informe de Citizen Lab, pero el Gobierno niega que los investigara. Cuando se hizo público el escándalo, la entonces directora del CNI, Paz Esteban, compareció a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, pero sólo reconoció que el CNI había espiado a 18 de esos 63 políticos catalanes. Y siempre con autorización judicial. Entre esos 18 sí se encuentra Aragonès, pero no Jové y Riba. Paz Esteban fue destituida apenas cinco días después de esta comparecencia. Fue la cabeza que el Gobierno sacrificó para salvar su relación con ERC, sus socios parlamentarios.

Pero la crisis está lejos de haberse cerrado. El Parlamento catalán ha creado una comisión para investigar el espionaje telefónico a los líderes soberanistas, en la que han rechazado comparecer tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como su antecesor, Mariano Rajoy. Otra comisión abierta en el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de mayo un informe en el que pedía a las autoridades españolas que investigaran de forma “completa, justa y exhaustiva” la vigilancia a la que se había sometido a los políticos catalanes, pero también las escuchas a los ministros y el presidente Sánchez. Y en agosto, en plenas negociaciones entre el PSOE y sus posibles socios tras unas elecciones de las que no ha salido una mayoría de gobierno, los socialistas pactaron con los partidos catalanes que se cree una comisión de investigación sobre el caso Pegasus en el Congreso. Tanto en lo que atañe a los dirigentes independentistas como a los ministros espiados.

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#PredatorFiles se basa en documentos confidenciales obtenidos por Mediapart y Der Spiegel, y está siendo publicado por medios asociados a European Investigative Collaborations (EIC): NRC, Politiken, Expresso, Le Soir, De Standaard, VG, infolibre y Domani en colaboración con Shomrim (Israel), Die Wochenzeitung (Suiza), Reporters United (Grecia), Daraj Media (Líbano) y The Washington Post (EEUU).

La abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ejerció la acusación contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el caso de la grabación de una reunión de Asuntos Internos con el CNI, ha denunciado que sufrió un robo con fuerza en su vehículo particular durante la celebración del juicio, fruto del cual le fueron sustraídos dispositivos que contenían documentación de esa causa, según informa Europa Press.

Así consta en un escrito de 11 de noviembre de 2022 de la Abogacía del Estado dirigido a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que concretamente le robaron su ordenador portátil oficial y un dispositivo externo de almacenamiento electrónico.

Indica que el robo tuvo lugar el 8 de noviembre, tras la celebración de una de las jornadas de este juicio, en el que finalmente Villarejo fue absuelto de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que le atribuía la Fiscalía por supuestamente haber ordenado grabar y publicar en un medio una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativa a la investigación sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El Pequeño Nicolás.

Seoane resalta en el escrito que ambos dispositivos robados habían sido utilizados por ella durante la sesión del juicio y contenían información y documentación de la causa —tomos escaneados— que guardaba para uso profesional. Advierte que podrían contener datos de carácter personal, por lo que lo pone en conocimiento del tribunal por si debiera advertir a las partes personadas.

Añade además que los hechos lo ha puesto en conocimiento de la Policía mediante la interposición de la correspondiente denuncia.

Cabe recordar que el tribunal decidió absolver al comisario jubilado al no haber encontrado a lo largo del juicio una base probatoria en el argumento de la Fiscalía y sí, en cambio, una falta de coherencia lógica en el relato que proponía el Ministerio Público que les impide condenar al comisario.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia de Madrid también absolvía de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos a la esposa del comisario, Gemma Alcalá, y al periodista Carlos Mier.

El tribunal ha explicado que no se han considerado probados los hechos que denunciaba la Fiscalía porque no han logrado esclarecerse las dudas sobre cómo se realizó la grabación del CNI que fue publicada en el portal Información Sensible, del que Villarejo era accionista y su mujer directiva.

A los magistrados lo único que les ha quedado claro es que dicha reunión tuvo lugar, que alguien grabó su contenido y que posteriormente se publicó. Pero no han conseguido pruebas suficientes para atribuir los hechos a ninguno de los acusados.

Así, el exmando de la Policía se libra de la petición de 4 años de cárcel de la Fiscalía. El comisario, de momento, queda pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional relativa a tres piezas —Iron, Land y Pintor—, en la que se enfrenta a una petición de 83 años de prisión por presuntamente usar medios policiales para sus clientes privados.

El juez Adolfo Carretero ha ampliado la investigación que dirige contra el comisionista Alberto Luceño a un delito de falsedad documental en relación al informe de la Policía Científica que concluyó que la tarjeta identificativa del CNI y una placa localizadas en su vivienda en un registro son íntegramente falsas, según informa Europa Press.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que también se requiere, a instancias de la Fiscalía, al Ayuntamiento de Madrid y a la empresa Kuehne & Nagel para que informen acerca de la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa Leno en 2020 con destino a la empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.

En la resolución se solicita que el Consistorio exprese claramente si se trata de pares o unidades y, en el caso de que se hubiesen recibido en distintas remesas, la fecha y los detalles de cada una de las operaciones de importación, aportando documentación justificativa que obren en su poder.

La ampliación de la investigación sobre Luceño se realiza en relación con el informe de la Sección de Documentoscopia de la Unidad Central de Criminalística de la Comisaría General de Policía Judicial, que concluyó que la tarjeta y placa del CNI halladas en su vivienda eran falsas.

En cuanto a la petición al Ayuntamiento, el instructor requiere al Consistorio y a la empresa Kuehne & Nagel para que informen en el plazo de un mes a este Juzgado acerca de la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa Leno Sdn Bhd en 2020.

El juez expone que los requerimientos pedidos por el Ministerio Fiscal tanto al Ayuntamiento de Madrid, como a la empresa Kuehne & Nagel, son necesarios para acreditar el perjuicio del Ayuntamiento y de la Funeraria, toda vez que de los 2.500.000 pares de guantes contratados, sólo llegaron al parecer a España 1.250.000 pares .

El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en su vivienda una placa en la que ponía "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.

El juez Carretero abrió entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento.

Anticorrupción pidió a Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.

La Comisión de Investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus y otros software espía ha señalado este martes "lagunas" en el marco legal de España para autorizar el seguimiento de personas, señalando que la protección legal es "obsoleta", al tiempo que ha apuntado que la Inteligencia española trabaja con poca transparencia, según informa Europa Press.

Así lo ha señalado el borrador del informe de la comisión de investigación elaborado por la liberal neerlandesa Sophie in't Veld, centrado en el uso de Pegasus en Polonia, España, Hungría, Grecia y Chipre, entre otros Estados miembros. El texto será objeto de enmiendas antes de que su versión final en marzo sea votada en la propia comisión y el Pleno de la Eurocámara.

El informe preliminar da por confirmado el espionaje a 65 independentistas catalanes que destapó el centro Citizen Lab en un informe en abril, de los cuales la mayoría 63 fueron infectados con Pegasus y establece que en el caso español existen lagunas en el ordenamiento jurídico en lo relativo a la protección legal para realizar estas actividades.

De esta forma, señala que pese a que el marco legal español parece dar una "consideración significativa" al permiso judicial para iniciar las labores de seguimiento de una persona, "en todo caso parece que hay una gran laguna relativa a la naturaleza retroactiva del ciberespionaje".

"Incluso con el requisito legal de que la duración de la vigilancia se estipule específicamente antes de la autorización, no se contempla que una vez que un dispositivo está infectado con un software, es posible revisar retroactivamente las comunicaciones y los datos anteriores de una manera que no era posible con medidas tradicionales de vigilancia", recoge el informe.

Las disposiciones legales para realizar tareas de seguimiento en España corresponden a un momento en el que la tecnología de vigilancia era menos avanzada y no existían programas como Pegasus, señala el informe de In't Veld, que concluye que "las garantías legales corren el riesgo de quedar obsoletas y no brindar a los ciudadanos una protección suficiente".

Pese a que el informe no señala la autoría del espionaje en el caso de los dirigentes catalanes, centra gran parte de sus conclusiones en el papel del CNI, al que acusa de "haber estado envuelto en varios escándalos relacionados con la vigilancia" y de actuar con opacidad.

En este sentido, recalca que la Constitución española no permite el acceso a documentos o información relativa a los servicios de Inteligencia y el servicio de espionaje está ausente en el marco de la ley de transparencia. "Gran parte del trabajo del CNI se mantiene en secreto y carece de transparencia", apunta el informe.

También pone el foco sobre la ley de Secretos Oficiales de 1968, lamentando que se originó durante "la era franquista" y "su reforma ha sido objeto de debate desde hace tiempo en España". "El mayor problema con esta legislación en gran medida anticuada es que no describe un período de tiempo más allá del cual expirará el secreto impuesto", sostiene el informe preliminar.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este martes se sienta en el banquillo por presuntamente ordenar grabar y difundir una reunión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre El Pequeño Nicolás, ha acusado a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, de utilizar este organismo estatal como si fuera una agencia privada de detectives, según informa Europa Press.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid y en declaraciones a los medios, Villarejo ha achacado a Santamaría que usara al CNI, "un cuerpo tan importante y fundamental para la seguridad del Estado, para perseguir y pincharle el teléfono a un jovenzuelo", en referencia a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. "Lo más aberrante es que esta señora haya utilizado el CNI como si fuera una agencia de detectives privados porque un jovenzuelo estaba hablando de ella", ha asegurado.

Antes de cargar expresamente contra la exvicepresidenta, Villarejo ha afirmado que afronta este juicio con "mucha ilusión", ya que entiende que "por fin" va a haber una "catarsis" con la que se va a "demostrar" que una institución como el CNI fue utilizada por "un individuo que ya no está afortunadamente, en su venganza personal", en una velada alusión al exdirector del centro Félix Sanz Roldán.

"Solicito la nulidad de toda la causa por vulneración de derechos, porque se ha contaminado toda la causa. Se ha vulnerado su derecho a defensa desde el principio", ha señalado el abogado del excomisario Antonio García Cabrera.

El letrado ha insistido en que se han vulnerado los derechos de Villarejo porque este procedimiento es "un ejemplo paradigmático de una investigación exenta de control judicial". "Se coloca al frente de la investigación a los propios policías que intervienen en la grabación", ha asegurado.

La defensa ha cuestionado, además, la legitimidad de la Abogacía del Estado para participar en el juicio como acusación. "Se presenta en esta pieza con un escrito genérico en el que no justifica la acusación particular. ¿En interés de quién se presenta?", ha señalado.

La Fiscalía pide para el comisario una pena de cuatro años de prisión por presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Además, el Ministerio Público solicita tres años de cárcel como cooperadores necesarios para la mujer del comisario y titular del medio Información Sensible, Gemma Alcalá, y para el periodista Carlos Mier. La Abogacía del Estado solicitó las mismas penas por los mismos delitos.

La acusación ejercida por Podemos eleva a cuatro años de prisión su petición por revelación de secretos para Alcalá y Mier y a cinco años la pena que insta para Villarejo. Además, acusó a los tres de un delito de estafa procesal por el que reclama ocho meses de cárcel a cada uno.

Por su parte, la acusación que ejerce la Plataforma x la Honestidad solicita seis años de prisión para Villarejo y cinco para Mier y para Alcalá por revelación de secretos y por pertenencia o integración en grupo criminal. Añade, además, un delito de estafa procesal por el que pidió ocho meses de cárcel para cada uno, y otro de injurias y calumnias a funcionarios públicos en el que reclamó seis meses más de prisión.

Los hechos se remontan a una reunión celebrada el 20 de octubre de 2014 entre el comisario entonces jefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y unos agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los que iba a informar sobre la investigación en curso sobre El Pequeño Nicolás, a quien tenían bajo sospecha por presuntamente hacerse pasar —ante varios empresarios— como enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real, y como agente de Inteligencia.

Según la Fiscalía, Villarejo tuvo conocimiento de la convocatoria para aquella reunión "y planeó grabar la conversación" con el propósito de difundirla posteriormente en 'Información Sensible' y otros medios de comunicación "y lograr así obstaculizar, entorpecer o bloquear la investigación en curso" sobre Gómez Iglesias.

El contenido de la reunión fue grabado y posteriormente difundido en dicho portal, del que era titular Alcalá, y en el que trabajaba Mier. La Fiscalía sostiene que fue la mujer de Villarejo quien ordenó al periodista grabar aquel encuentro.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presentará una querella por el espionaje con el programa Pegasus contra la exdirectora del CNI Paz Esteban y contra la empresa NSO, la propietaria y comercializadora del software con el que se hicieron las escuchas, ha informado Europa Press.

Lo ha dicho este martes la portavoz del Govern, Patricia Plaja, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en la que ha explicado que la querella se presentará en "las próximas horas".

Aragonès ya anunció que presentaría una querella cuando trascendió el caso de espionaje en abril y ahora ha concretado que se dirigirá a Esteban y a la empresa propietaria de Pegasus.

No soy original cuando asocio los servicios de espionaje españoles con la TIA de Mortadelo y Filemón, el genial tebeo de Francisco Ibáñez. Cuando sabemos alguna cosa de ellos suele ser tan siniestra como irrisoria, así que enseguida me vienen a la cabeza los personajes del jefazo Súper, el profesor Bacterio, la oronda Ofelia y, por supuesto, el colérico Filemón y el camaleónico Mortadelo. Por razones profesionales, he tratado con empleados de otras agencias de inteligencia, y también con escritores de novelas de espionaje como John Le Carré, y les puedo asegurar que ellos tampoco sitúan a nuestro CNI en esa Champions League donde están el Mossad, la CIA, el antiguo KGB o la inteligencia de la Cuba castrista. Cierto es que el CNI no conoce el espectacular porcentaje de topos o traidores de los británicos MI5 y MI6, pero tampoco podría hacer creíble un personaje de ficción como James Bond.

Lo de los últimos años es más bien de traca. Ni el CNI (antiguo CESID) ni los departamentos similares de la Policía Nacional y la Guardia Civil se coscaron de que sendos grupos de islamistas enloquecidos preparaban los atentados del 11 de marzo de 2004, en Madrid, y del 17 de agosto de 2017, en Barcelona. Esto pasa en las mejores familias, ya lo sé, no lo discuto. Incluso es muy posible que nuestros espías hayan logrado evitar otras salvajadas yihadistas, y cabe agradecérselo. Pero en lo de 2004, el que era jefe del CNI, Jorge Dezcallar, confesó que, una vez producida la barbarie, él y su gente no dudaron en atribuírsela a ETA. Atribuírsela de oficio, sin mayores dudas, y eso que el mundo vivía entonces aterrorizado por Al Qaeda y sus epígonos, y el mismísimo Bin Laden había señalado a España como uno de sus objetivos prioritarios. En cuanto a lo de Barcelona, resulta muy inquietante que el gurú de la banda yihadista, el llamado imán de Ripoll, fuera un confidente del CNI.

En fin, no hurguemos en esas heridas, vayamos a otro tipo de asuntos donde igual la eficacia de nuestros agentes es superior. Por ejemplo, el llamado procés, el absurdo intento de secesión protagonizado el 1 de octubre de 2017 por la Generalitat que presidía Carles Puigdemont. Recuerdo muy bien que Mariano Rajoy, inquilino entonces de La Moncloa, se jactaba de que los separatistas no lograrían ni tan siquiera poner urnas en los colegios electorales de su ilegal referéndum. Y también recuerdo que los separatistas lograron ponerlas, pese a la febril actividad desplegada en las semanas previas por los funcionarios del CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ni por lo legal ni por lo ilegal o paralegal descubrieron el origen de las urnas y sus mecanismos de distribución. Decepcionante, ¿no?

Bajemos ahora al sur. El 17 de mayo de 2021, unos 8.000 jóvenes marroquíes se colaron en Ceuta, sin que, al parecer, nuestros servicios secretos lo hubieran olfateado. Y eso que había pistas: Marruecos estaba abiertamente enfadado por la acogida en un hospital español del independentista saharaui Brahim Ghali; se cuchicheaba por las localidades del noroeste marroquí que la gendarmería local no haría esta vez de barrera a los intentos de entrada en Ceuta; otros rumores anunciaban a los jóvenes de esas localidades que en Ceuta estarían Cristiano Ronaldo o Messi para firmarles camisetas y balones… ¿Y nadie, absolutamente nadie en el lado español, intuyó que podía producirse un asalto masivo?

Quizá nuestro CNI no tenga buenos confidentes en el norte de Marruecos, lo que resulta preocupante, pero seguro es que los contribuyentes españoles le hemos dotado de modernos recursos tecnológicos de espionaje. Hasta le hemos comprado el sistema israelí Pegasus, lo último o penúltimo inventado para infectar un teléfono móvil y sacarle subrepticiamente toda la información que contenga. Lo hemos sabido por The New Yorker, que hace unas semanas informó de que los móviles de decenas de independentistas catalanes habían sido escuchados y leídos merced a Pegasus. 

En el momento en que escribo estas líneas, nadie nos ha dicho aún por qué se efectuó esta generalizada violación de la privacidad de los independentistas, ni quién la ordenó. Como mucho, se nos ha contado que fue autorizada por un juez del Tribunal Supremo, organismo, como es bien sabido, nada ideologizado ni politizado, donde se trata con exquisita honestidad, ecuanimidad y garantismo al separatismo catalán. ¿Es que los espiados planeaban acciones terroristas que podían causar mortandad y destrucción? Ah, en este caso… Pero no, nadie ha osado ni tan siquiera sugerirlo, se pretende que nos contentemos con un patriótico acto de fe: las escuchas estaban justificadas por la persistencia de los espiados en sus ideas malvadas y antiespañolas. ¿Por sus ideas? A mí lo de que te espíen por lo que piensas o deseas me pone los pelos de punta. Se empieza con los separatistas, se sigue con los izquierdistas y sindicalistas y se termina con una Gestapo 2.0 que te declara culpable de los peores crímenes mientras no demuestres lo contrario. Si eso no es Big Brother, ¿qué lo es?

Bueno, hoy estoy comprensivo. Voy a suponer que el CNI y sus mandos políticos cometieron un exceso de celo a posteriori, cuando buena parte del independentismo catalán ya iba asumiendo el rechazo a la unilateralidad y la aceptación de la vía del diálogo, la negociación y el pacto. Voy a creerme que el espionaje masivo con Pegasus estuvo alimentado por el rencor y la frustración de los que cobran por mantener la sagrada unidad de la patria tras haber fracasado estrepitosamente en su intento de que no se colocaran las urnas de 2017. Tarde y mal, se pasaron de frenada.

Pero, entonces, en un giro dramático de los acontecimientos, el Gobierno español va y cuenta a bombo y platillo ¡que su presidente y algunos ministros también han sido espiados! Cabe suponer que no por el mismo CNI que husmeaba a los catalanes, quizá por los servicios marroquíes, que, al parecer, también tienen Pegasus. Caramba, me digo, siempre he pensado que estas cosas no son para pregonarlas. En fin, este es un país de cotillas, malo para los asuntos secretos, concluyo. Y voy al fondo del asunto: el CNI, como mínimo, ha fallado en impedir el espionaje al Gobierno. Paga, pues, los platos rotos su jefa. Es lo normal: la regla número uno del mundo de las sombras es que, si te descubren en un error, sea por acción u omisión, husmeando o permitiendo que otros husmeen, estás acabado. Si los de un país extranjero te pillan espiando, vas directo al trullo, a la espera de una expulsión o un intercambio en un puente de Berlín. Si te pillan en una cagada interna, te cesan y continúas sirviendo al Estado en un puesto burocrático. Así es: nadie te obliga a ser espía, jefe de espías o responsable político de los espías. Es un trabajo voluntario. Y de alto riesgo.

Aunque, al parecer, no en España. El cese de la jefa del CNI produjo en mayo un penoso espectáculo. Los agentes del CNI y sus amigos políticos y mediáticos se pusieron a gimotear desconsoladamente. Lloraban porque la jefa había perdido el cargo, aunque fuera a seguir cobrando un buen sueldo de funcionaria; lloraban porque habían fallado, se había sabido que habían fallado y alguien pagaba por ello. ¡Qué gente más floja, caray!, me dije. Es evidente que no tienen el temple de Mata Hari y Richard Sorge, que acudieron con la cabeza alta a sus respectivos cadalsos en el París de 1917 y el Tokio de 1944. Y no me malinterpreten ustedes, por favor. No le deseo a nadie la ejecución, absolutamente a nadie, pero sí espero de cualquier profesional un poco de capacidad de sacrificio y vergüenza torera.

Cuando la ineptitud de los servicios de seguridad e inteligencia se ve acompañada por la blandenguería, el victimismo y la autoconmiseración, las cosas van mal. En la España de hoy nos estamos acostumbrando demasiado a que antidisturbios acorazados cual un castillo medieval se quejen de que los manifestantes antidesahucios los miren con antipatía. O a que militares en la nómina del CNI acusen a los rojos de no ponerles medallas cuando meten la pata. Y, en vez de exigirles eficacia y dignidad, cierto periodismo bizcochón aplaude sus lloriqueos. Es otro de los tristes aspectos de la actualidad patria.

España, sin embargo, ha dado buenos espías, claro que sí. Por ejemplo, Francisco Paesa y Joan Pujol García, más conocido este último como Garbo. Pero el primero, magníficamente interpretado por Eduard Fernández en la película El hombre de las mil caras, iba más bien por su cuenta. Y el segundo, cuya historia está contada en el documental Garbo: el espía, ganador de un Goya en 2009, trabajaba para los servicios secretos británicos.

Hace unos años, escribí aquí mismo, en tintaLibre, que, si fuera capaz por una vez en su vida de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, Paesa podría escribir las memorias más apasionantes de un espía español. ¿Qué negocios hizo con el sátrapa guineano Macías? ¿Cómo logró hacerse pasar por traficante de armas y venderle a ETA dos misiles que llevaban chivatos de localización y terminaron dando las coordenadas del zulo donde habían sido almacenados? ¿Estuvo él en los GAL? ¿Cómo engañó a Luis Roldán y delató su paradero a las autoridades de Madrid? ¿Es cierto que se quedó con el dinero de las dos partes? ¿De veras pensaba que alguien iba a creerse lo de su falsa muerte en Tailandia, en 1998?

“A Paesa”, escribí entonces, “se le ha llamado abusivamente el James Bond español. Cierto es que su cobertura habitual es la de un apuesto empresario latino al que le gustan el champagne, las bellezas de la alta sociedad y los Rolls Royce. Pero no hay la menor constancia de que, como el imaginario 007, sea un agente con licencia para matar. De las armas usadas por las agencias de espionaje, Paesa siempre ha preferido el engaño a la pistola”.

En cuanto al barcelonés Joan Pujol García, fue uno de los grandes agentes dobles de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes creían que trabajaba para ellos, pero en realidad lo hacía para los británicos, que, maravillados por sus cualidades interpretativas, lo llamaban el agente Garbo, un homenaje a Greta Garbo. Como los espías de ficción de Nuestro hombre en La Habana, de Graham Greene, y El sastre de Panamá, de Le Carré, Pujol se inventó una red de informadores al servicio de los nazis en territorio británico. La imaginaria red transmitía a Berlín pequeñas verdades y mentiras enormes. Y tan contentos estaban los nazis con Pujol que le creyeron cuando informó de que el desembarco anglosajón en Francia no iba a hacerse en Normandía sino en el Paso de Calais. Pujol acortó así el final del Tercer Reich.

También tenía cualidades interpretativas ese personaje más actual llamado Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el Pequeño Nicolás. Sus andanzas dan para una novela, aunque más en la tradición picaresca española que en el género negro. Quedó acreditada su habilidad para colarse en la élite conservadora madrileña, y es probable que no exagere demasiado cuando dice que fue colaborador del CNI. ¿No reclutaría usted a un joven tan espabilado? ¿No son el disfraz, la mentira y la estafa —la capacidad para llevar una doble o triple vida— cualidades del oficio? ¿O es que usted se cree que las cloacas del Estado están limpias como una patena y son recorridas por santos?

Hablando de las cloacas del Estado, sería injusto no mencionar aquí al comisario Villarejo, que no se ha perdido casi ninguna de las más turbias acciones policiales de las últimas décadas, siempre al servicio de la grandeza de España y el aumento de su cuenta bancaria. Que Villarejo tenga pinta de estafador castizo de la Puerta del Sol siempre me ha parecido un acto de justicia poética. Nuestros servicios secretos policiales son como son. Recuerden que los que en su tiempo movían el GAL terminaron siendo descubiertos porque pagaban con tarjetas de crédito oficiales sus gastos en casinos y prostíbulos del sur de Francia. Esto último podría atribuírsele a otro personaje de nuestro tebeo: Anacleto, agente secreto.

Me viene ahora a la cabeza el recuerdo de una de las primeras actuaciones internacionales de nuestros servicios secretos de las que mi generación tuvo constancia. Fue el intento de asesinato en Argel del independista canario Antonio Cubillo, en 1978. Dos sicarios del Estado español lo acuchillaron en el portal de su casa argelina como a un gorrino en día de matanza. Pero no consiguieron matarle. Eso sí, lo dejaron tan malherido y paralítico que Cubillo renunció a la violencia para promover su causa. Los sicarios fueron detenidos por la Policía argelina y, pocos años después, España tuvo que pagar un precio nunca revelado por su liberación. ¿Llamarían ustedes terrorismo de Estado a aquel atentado?

En el ADN de los servicios secretos, de todos los servicios secretos, está escrita la máxima de que el fin justifica los medios. Y esos medios suelen ser los mismos que los de los villanos de las películas de Hollywood: el robo, la violación de la privacidad, la mentira, el chantaje, el secuestro, la tortura, el asesinato, el golpe de Estado… Por supuesto, los agentes y sus jefes se justifican diciendo que trabajan por la seguridad de todos sus compatriotas. Pero hay que ser muy ingenuo para creer que consideran iguales a todos sus compatriotas. La defensa del establishment patrio frente a rivales internos o externos es su sagrada misión.

Nuestro CNI, por ejemplo, ha dedicado mucho tiempo y muchos recursos a intentar proteger al rey Juan Carlos I de su lujuria y su codicia. Sobornando o chantajeando a amantes. Amenazándolas incluso, como ha denunciado Corinna Larsen ante la justicia británica. ¡Ay, cuántos viajes a Londres de jefes del CNI hemos financiado los españoles con nuestros impuestos! Pero no nos quejemos: la causa era buena, lo hacían por nuestra seguridad.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha amparado este lunes en la Ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no revelar si los servicios de espionaje alertaron de movimientos de Marruecos para forzar un cambio de postura de España respecto al Sáhara Occidental.

"Todo lo que realiza el CNI tiene carácter de secreto y no se puede hacer ninguna manifestación al respecto", ha sostenido en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, respecto a la información que publica este lunes El País sobre la crisis migratoria en la valla de Ceuta de mayo del pasado año. Según lo publicado por el periódico, el servicio de inteligencia atribuyó la crisis al "discurso agresivo" de Rabat sobre el Sáhara. Marruecos hubiera buscado, de esta manera, presionar para que Madrid reconociera la soberanía de Marruecos.

En cualquier caso, la ministra de Defensa ha aludido al "rigor" de todas las actuaciones del CNI y ha ensalzado el trabajo "serio y riguroso" de sus más de 3.000 miembros, tanto dentro con fuera de España, y "siempre sometidos a la legalidad".

Aunque no ha querido ahondar en este asunto, sí que ha apuntado que las relaciones entre España y Marruecos "han dado un giro importante" y ha sostenido la necesidad de que España tenga una buena relación con sus países vecinos, como Marruecos, Argelia, Francia o Portugal.

Además, ha evitado señalar al reino alauí en el caso del espionaje a móviles de miembros del Gobierno con el programa Pegasus —entre ellos el suyo— y ha explicado que en estos casos es muy difícil comprobar la autoría de las intrusiones y no se deben hacer acusaciones "sin pruebas".

"Yo no sé quién ha sido", ha asegurado recordando que hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional y "la prudencia" aconseja no hacer manifestaciones "carentes de ninguna prueba".

El Partido Popular y Vox acusaron este jueves al presidente del Gobierno de “embarrar” la política por haber recordado los casos de corrupción que afectan al PP y en especial la Operación Kitchen, la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de poner al servicio de los intereses de su formación los medios de la policía y del estado para tapar el caso de los papeles de Bárcenas. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ausente del debate porque no es diputado, endureció de nuevo el tono contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como hace siempre que el jefe del Ejecutivo saca a relucir los casos de corrupción de su partido. La comparecencia de Sánchez “no puede ser mas decepcionante”, aseguró desde una cooperativa vitivinícola en Albacete. “No se puede vivir de rodillas todos los días, no puede pedir disculpas” a los independentistas por un espionaje que según Feijóo él mismo ordenó.

Para el presidente del PP, Sánchez actuó como “un diputado de la oposición haciendo un discurso de moción de censura al Gobierno de hace cuatro años” por haber hecho referencia a los casos de corrupción de su partido.

Feijóo criticó también las modificaciones legales anunciadas, que en su opinión no son más que un modo de negar explicaciones sobre lo ocurrido. “Esta ley a servido para los gobiernos anteriores” de cualquier signo, argumentó. 

Pese a las palabras de Feijóo, PP y Vox, liderados en el Congreso por Cuca Tamara y Santiago Abascal, aunque coincidieron en las críticas a Pedro Sánchez por su gestión del escándalo del espionaje a personas vinculadas al independentismo que, al menos en parte, ha reconocido haber llevado a cabo el CNI, y por haber revelado el robo de información de los teléfonos móviles del presidente y de dos de sus ministros, discreparon en la respuesta a las medidas anunciadas por el jefe del Ejecutivo.

El PP, anunció Gamarra, se ofrece al Gobierno para mejorar los “medios y capacidades” de los servios de inteligencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso que empezó su intervención calificando de “bengalas” improvisadas el anunció de que el Ejecutivo promoverá la reforma de las leyes reguladoras del CNI y de los secretos oficiales.

Santiago Abascal, en cambio, se situó de nuevo en la intransigencia de la que siempre hace gala la extrema derecha y aprovechó ese hecho para mostrar distancia con el PP de Feijóo, al que emplaza desde hace meses para visibilizar una alternativa común al actual Ejecutivo. Lo que hace falta, aseguró, es mantener una distancia infinita con Sánchez”, no dar “ni agua” a este Gobierno. “Hay que racharlo”, subrayó. “Por eso no entedemos qué hace Feijóo ofreciendo pactos después de lo que se ha escuchado aquí”, como darles un “balón de oxígeno” pactando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Más allá de esa discrepancia, y de las críticas que el líder de Vox dirigió a la “derechita incauta” que según él confiaba en la ministra de Defensa, Margarita Robles, derecha y ultraderecha coincidieron en no dar crédito a las explicaciones del presidente, en exigir explicaciones por la destitución de la directora del CNI y en sugerir que el espionaje sufrido por el Gobierno lo cometió Marruecos para obtener información sensible con la que chantajear a Sánchez y obligarle a cambiar la política española sobre el Sáhara.

“Los españoles no saben si tienen un presidente libre en sus decisiones o atado de pies y manos”, llegó a plantear la portavoz del PP. “No tiene credibilidad, Es una mentira con patas” que quiere “la voladura del Estado”. Un “autócrata”, repitió.

El Gobierno ha autorizado al Centro de Inteligencia Nacional (CNI) a que colabore con el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la investigación que está llevando a cabo en secreto sobre el espionaje que habrían sufrido con Pegasus el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los ministros de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a través de sus teléfonos móviles.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 pidió al Gobierno que autorizara a la ya ex directora del CNI Paz Esteban y a los autores de los informes del Centro Criptológico Nacional que acreditaron el espionaje a Sánchez y estos ministros a declarar en el caso de que el magistrado lo considerado oportuno, algo a lo que Moncloa ha dado el visto bueno, de acuerdo con las fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.

Las mismas fuentes subrayan que se trata en realidad de un mero formalismo como parte de la investigación judicial, al tiempo que apuntan que, al margen de estas eventuales declaraciones, no hay más información relevante para esta causa judicial que haya que desclasificar.

Calama abrió diligencias previas el pasado 26 de abril, apuntando a posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, tras la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, una denuncia que fue ampliada posteriormente tras confirmarse también la infección del teléfono de Grande-Marlaska con este "software" espía.

En esa resolución, el instructor aportó detalles sobre la denuncia inicial presentada por la Abogacía del Estado, según la cual, tras el análisis de los dispositivos móviles del jefe del Ejecutivo y de la titular de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, "se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, "software" espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021".

Los informes del Centro Criptológico Nacional sobre los móviles de Sánchez y Robles ponían de relieve que "el dispositivo móvil del presidente del Gobierno analizado fue infectado por Pegasus en dos ocasiones (el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021)", mientras que el de Robles habría sido infectado en junio de ese año.

En sendos casos, recogía Calama, los informes fijaban que "se produjo exfiltración de información", pero actualmente ninguno de los dos teléfonos presenta "indicadores conocidos de infección en curso de Pegasus".

La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llevó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla, con el ministro de Interior.

Además, el 18 de mayo fue cuando Marruecos llamó a consultas a su embajadora en Madrid, Karima Benyaicha, la que se había convocado en Exteriores para protestar por los acontecimientos en Ceuta. El mismo día 19, Sánchez estaba en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La segunda habría tenido lugar cuando el presidente del Gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la XIII Cumbre Hispano-Polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del Gobierno respecto al Sáhara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Precisamente, este último declaró el 1 de junio como imputado ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional por la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) por genocidio y horas más tarde voló de regreso a Argelia.

En cuanto al teléfono móvil del ministro de Interior, el Gobierno informó después de que Grande-Marlaska sufrió dos ataques en el mismo junio de 2021. En el primero de ellos le fueron sustraídos 4 megas y en el segundo un volumen mucho más importante de información, 6,3 gigas.

El análisis de los terminales de otros miembros del Gobierno también pudo determinar un intento de infección del teléfono del titular Agricultura, Luis Planas, que resultó fallido, y se produjo igualmente en junio del pasado año.