La sombra del CNI y el "sicario" con alzacuellos: los misterios sin resolver alrededor de la 'Kitchen'

Cuando el magistrado jubilado Manuel García-Castellón puso punto y final a la investigación del caso Kitchen todavía quedaban algunos hilos de los que tirar. Ocurrió en el verano de 2021, en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones. Tras tres años de pesquisas, el instructor decidió que hasta ahí llegaba el caso y circunscribió la trama parapolicial para hacerse con información comprometedora para el PP que pudiera tener el extesorero Luis Bárcenas alrededor del Ministerio del Interior. Ni se seguiría explorando la rama política ni se tratarían de resolver algunas de las grandes incógnitas que surgieron durante la instrucción. Cuestiones que han salido, aunque de pasada, durante el arranque de esta cuarta semana de juicio –tercera con testigos– en la Audiencia Nacional.

Si la última sesión de la vista oral estuvo marcada por la comparecencia del expresidente Mariano Rajoy y de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el plato fuerte de la de este lunes era la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Su testimonio despertaba un gran interés por dos motivos. En primer lugar, por su posición clave en el Ejecutivo conservador: fue, durante casi ocho años, su número dos. En segundo lugar, por su papel en relación con los servicios de inteligencia. Durante todo este periodo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estuvo adscrito al Ministerio de Presidencia que ella encabezaba. Y la sombra de los espías ha planeado en todo momento sobre la Kitchen.

En enero de 2019, apenas dos meses después de que comenzaran las pesquisas, compareció ante el instructor el comisario Enrique García Castaño, durante años jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Comisaría General de Información –la que realizó el grueso de seguimientos sobre la familia Bárcenas–. Y apuntó hacia otras fuerzas de seguridad. Así, dijo que Bárcenas había sido espiado "por otros servicios de información de otros cuerpos, presuntamente, Guardia Civil y CNI". Habló de "motoristas con cámaras" en el casco, así como de motocicletas con "matrículas y documentación falsa". A este ex alto mando policial, conocido como El Gordo, un problema de salud lo ha dejado fuera del banquillo de los acusados.

Una escena similar describió este lunes frente al tribunal, que lidera la magistrada Teresa Palacios, Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero de la formación conservadora. "Notamos, tanto mi madre como yo, que había motoristas que nos seguían, que llevaban una cámara en el casco", señaló. Algo que, continuó, ha llegado a sentir también mientras circulaba él solo con su propio vehículo. "¿Conoce usted que Sergio [Ríos] hizo una maniobra evasiva y pudo sacar unas fotografías de las matrículas de esas motos que les seguían", lanzó posteriormente el abogado del exconductor del extesorero, topo clave en la Kitchen. "No, no lo conozco", respondió el hijo de Bárcenas.

"El contacto Cecilia" y las cámaras de Baqueira

Unos meses después de aquello, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel, protocolizó varios mensajes ante notario. Una serie de comunicaciones que mantuvo en el verano y otoño de 2013, año en el que se desarrolló buena parte de la Kitchen, con un número que él tenía guardado en su agenda con el nombre del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. "Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilia. Yo estaré viajando pero totalmente en guardia y conectado", escribía Martínez el 2 de agosto de aquel año. "Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos kedado [sic]. Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info”, le responden.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo y su entorno se referían a los agentes de los servicios secretos como "cecilios". Martínez, de hecho, hizo referencia a La Casa durante su declaración como investigado ante el juez: "El ministro me dice que me va a dar un contacto en el Centro Nacional de Inteligencia para que yo establezca una coordinación y que le diga a ese contacto que cualquier información que pudiesen tener la facilitase a la Policía porque entiendo que en ese momento la prioridad del Gobierno es conseguir toda la información sobre las cuentas y las actividades ilícitas del señor Bárcenas". Unas gestiones que, según él mismo ha declarado, las hizo directamente con el director del servicio secreto, Félix Sanz Roldán.

El ex secretario de Estado de Seguridad también apuntó, aunque de manera más sutil, hacia los servicios secretos en su escrito de defensa. En concreto, cuando solicitó que se elevase al Consejo de Ministros "exposición razonada" para, por un lado, la "desclasificación y remisión de las grabaciones realizadas en el exterior del chalé de la familia Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret, remitidos al Ministerio del Interior el 2 de agosto de 2013". Y, por otro, para el envío de "todos los autos dictados por el magistrado especial del artículo 342 bis LOPJ" –es decir, del magistrado del Tribunal Supremo que tutela las operaciones del CNI– relativos "a tales vigilancias o a cualquier vigilancia realizada sobre el Sr. Bárcenas o sobre su esposa Rosalía Iglesias o sobre los inmuebles de su propiedad".

Ni la defensa de Martínez ni la de Villarejo, quien lleva años presentándose como una víctima del servicio secreto, preguntaron este lunes a Sáenz de Santamaría sobre la posible participación de sus espías en la operación. Sí lo hizo, sin embargo, el letrado de Podemos: "¿Recuerda si el CNI tuvo algún tipo de participación en investigaciones al entorno de la familia Bárcenas de 2013 a 2015?". Una pregunta que hizo saltar al fiscal Anticorrupción, César de Rivas: "Señoría, es materia secreta". Pero, tras dejar claro que la cuestión se circunscribía en exclusiva a la Kitchen, la presidenta del tribunal dejó responder. Y Sáenz de Santamaría dijo desconocerlo. La próxima semana, será el exjefe de los espías, Sanz Roldán, quien comparezca en el juicio.

La declaración de la exvicepresidenta del Gobierno apenas duró un cuarto de hora. Y apenas aportó información. Bajo juramento, la exdirigente conservadora dijo, básicamente,  que se enteró de la Kitchen por la prensa, que ella nunca tuvo "ningún tipo de estrategia" relacionada con el caso Gürtel, que tampoco conocía la que podía tener Cospedal –con quien tenía una guerra abierta– y que lo que dijera Rajoy la pasada semana en sede judicial "bien dicho está". Es más, la exvicepresidenta ha venido a dibujar un escenario en el que parecía que nadie de Moncloa se interesaba por las informaciones que iban saliendo sobre el dinero oculto de su extesorero o sobre la trama de corrupción que terminó por sacar al PP del Gobierno.

El falso cura al que nunca se tomó declaración

E igual que se ha pasado de puntillas por los servicios secretos, lo mismo ha ocurrido con otro rocambolesco acontecimiento: la entrada a punta de revólver de tipo Bulldog de un hombre vestido de negro y con alzacuellos en casa de la familia del extesorero buscando documentación "que pudiera hundir al Gobierno". Los Bárcenas están convencidos de que alguien lo envió. Es más, defienden que no fue "casualidad" que fuera vestido de cura: "Rosalía [Iglesias] –mujer de Bárcenas– es una persona muy religiosa". A raíz del "secuestro" por parte del "sicario", ha explicado el hijo del exsenador, decidieron poner cámaras apuntando a la puerta del domicilio.

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Durante la instrucción del caso Kitchen se puso el foco sobre el secuestro ejecutado por Enrique Olivares. Entre otras cosas, se descubrió que varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía habían estado visitándole en prisión. O que había recibido numerosos ingresos en su cuenta de peculio de la prisión pese a pertenecer a una "familia sin recursos". "Aparecen datos que permiten profundizar en la posible participación de Enrique Olivares en el asalto al domicilio de la familia Bárcenas bajo el directo control de los mandos policiales que desarrollaron la Operación Kitchen; o, incluso, bajo el control de otros servicios de seguridad del Estado", llegó a lanzar la Fiscalía Anticorrupción en uno de sus escritos.

Los investigadores no pudieron determinar el "origen concreto" del revólver utilizado en el asalto. Y no se le pudo tomar declaración en la causa al "no reunir las condiciones psíquicas y físicas" para ello. Con el auto de procesamiento, García-Castellón cerró la puerta a seguir tirando de ese hilo. "No se ha recabado ningún indicio que permita sostener con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto [...] estuviera directamente relacionada con la operación Kitchen", apuntó el instructor. Y completó: "Más importante aún es que ninguno de los investigados que ha declarado ha referido participación alguna en estos hechos, antes bien, todos ellos negaron tajantemente su participación en los mismos".

"En cuanto a que este hecho se hubiera cometido 'bajo el control de otros servicios de seguridad', la amplitud y generalidad de los términos en que se formula semejante afirmación impiden un pronunciamiento específico, dado que parece referirse a acontecimientos que ni son objeto de esta pieza ni parecen guardar vinculación alguna con la misma", zanjó el instructor. A comienzos de 2022, el falso cura falleció.