El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

“Me declaré culpable de haber ejercido el periodismo”. El discurso de Julian Assange ante el Consejo de Europa, este martes 1 de octubre, fue pausado. Entre dos frases, el denunciante y periodista, libre desde finales de junio tras catorce años de cárcel, se tomó el tiempo necesario para sopesar sus palabras.

Acudió para responder a las preguntas de los miembros de una comisión que trabaja desde enero en un informe sobre su detención y sus efectos disuasorios sobre los derechos humanos. El informe se presenta a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa este 2 de octubre de 2024. “La experiencia de permanecer aislado te saca de ti mismo, te quita el alma. Expresarme hoy ante ustedes es difícil”, comenzó Julian Assange, que se recupera de su estado de salud junto a su mujer y sus hijos en Australia desde finales de junio. Esta es su primera aparición pública desde su liberación.

Refugiado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido entre 2012 y 2019, Assange fue encarcelado después en la prisión de alta seguridad británica de Belmarsh. El 26 de junio de 2024, llegó a un acuerdo con Estados Unidos al aceptar declararse culpable ante un juez estadounidense. Por ello, finalmente fue condenado a 62 meses de prisión, correspondientes al tiempo que ya había pasado en Belmarsh.

“Quiero ser muy claro con ustedes: hoy no soy libre”, advirtió Julian Assange durante esta primera aparición pública desde el fin de su cautiverio. Considera que el daño a su libertad de expresión sigue siendo inmenso, aunque en principio no volverá a prisión: “Me declaré culpable de haber ejercido el periodismo, no de otra cosa. Espero que mi testimonio sirva para señalar los puntos débiles en la salvaguarda de la libertad de expresión”.

En concreto, Julian Assange admite que era culpable de conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada. “Cuando publicamos este vídeo, mostramos los horrores de la guerra, y el hecho de que los soldados estadounidenses sabían cuántos civiles morirían en este ataque”, explica. “Cuarenta de los 175 años de cárcel a los que Estados Unidos quería condenarme se debían al hecho de que yo había denunciado estas políticas”, señala. El público de la sala del Consejo de Europa contiene la respiración. El carácter excepcional de la visita de Julian Assange es conmovedor. “Estoy feliz de hablar con un hombre libre”, dice un miembro de la comisión.

En varios momentos estallan los aplausos, lo que dibuja una sonrisa de agradecimiento en el rostro de este hombre de 50 años: “El gobierno estadounidense ha tomado una decisión peligrosa al ponerme bajo investigación, ha creado un precedente. Considera que sólo sus ciudadanos tienen libertad de expresión, pero que cualquiera acusado de espionaje según su ley puede ser extraditado para ser juzgado allí”.

Durante su discurso de quince minutos, insiste una y otra vez. Su caso no es aislado, y refleja el sentimiento de omnipotencia de ciertos Estados frente a individuos que revelan sus fechorías. Una “represión transnacional” que “no puede convertirse en la norma”: “Fui condenado por una potencia extranjera por hacer preguntas y publicar información real mientras estaba en Europa. Publicamos vídeos esenciales denunciando crímenes de guerra y eso lanzó un debate público”.

Julian Assange, que recibió otra salva de aplausos cuando pidió que “la luz no se apague nunca”, respondió después a las preguntas de los miembros de la comisión. “No, no habrá investigación judicial sobre los motivos de la petición de extradición, porque Estados Unidos me prohíbe hacer cualquier tipo de petición al respecto. Si no cambian las leyes, seguirá habiendo abusos”, dijo Assange. “Aumentará la impunidad de ciertos Estados y no sabemos si es posible actuar contra eso”, añadió.

La ponente islandesa de la comisión, Thorhildur Sunna Ævarsdóttir, señala que el mensaje debe llegar a oídos de países como Rusia, Bielorrusia y Turquía: “Es inaceptable abusar de la legislación para silenciar a los disidentes políticos y las voces críticas con un régimen”.

Julian Assange señala que la CIA utilizó métodos “extrajudiciales” y “extraterritoriales” contra él y su entorno. Explica los planes de la agencia de inteligencia para asesinarle en Inglaterra, los virus enviados a su ordenador, la infiltración en el sistema de WikiLeaks, la vigilancia de su mujer y la recogida del ADN de su hijo en sus pañales cuando tenía 6 meses. El denunciante ha anunciado que presentará una denuncia en 2022 contra Mike Pompeo, que era jefe de la CIA durante estos hechos.

Desde su liberación, el australiano admite tener miedo a los coches eléctricos y a su ruido, y estar preocupado por los cambios que se han producido en la sociedad en los últimos catorce años. Cuestiona el uso de la inteligencia artificial, a la vez una “oportunidad” y un “riesgo”, sobre el que todavía “no lo ha entendido todo”.

Menciona Gaza y Ucrania, donde las imágenes circulan libremente por las redes sociales y decenas de periodistas han sido asesinados. Visiblemente afectado, lamenta el silencio que rodea a estas muertes, una “fractura de la solidaridad periodística, cuando uno de nosotros es el objetivo, todos lo somos”.

Aunque no ha podido solicitar asilo en el Reino Unido, Julian Assange pide al Consejo de Europa que estudie la protección que debe concederse a los refugiados políticos, “esencial para que una persona perseguida pueda salvar el pellejo”.

Ante la pregunta “¿lo volverías a hacer todo si pudieras volver atrás?”, Julian Assange dudó. Al final respondió que lo haría, pero con más recursos. Aunque sabía que su trabajo con WikiLeaks le expondría a presiones políticas, el padre de familia echa la vista atrás y se da cuenta de que fue ingenuo.

Ingenuo por creer que el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza la libertad de expresión, le protegería: “En la vida real, las leyes no son más que papeles con palabras escritas en blanco y negro. Las escriben los dirigentes y, si no se adaptan a sus propósitos, las reescriben”.

Julian Assange va a solicitar un indulto presidencial en Estados Unidos, con el fin de reparar un “antecedente político” perjudicial. Sin embargo, Julian Assange no parece resignarse mientras declara ante el Consejo de Europa. “Quienes comprenden la amenaza que supone el desarrollo de mi historia son los abogados y las ONG que defienden la libertad de expresión”, afirma. Me alegro de estar ante ustedes, ante aquellos a los que les importa un bledo, como decimos en Australia”.

A las 9.51 horas, Julian Assange estaba cansado. El hombre está agotado físicamente tras años en prisión, durante los cuales un simple resfriado podría haberle roto una costilla. Un poco más tarde, su esposa Stella Assange declaró a los periodistas que la presencia de su marido en Estrasburgo era muy excepcional. “Lo importante es que esté mejor, lo demás es secundario”, afirmó.

Explicó que intentarán solicitar un indulto presidencial en Estados Unidos una vez que su marido se haya recuperado. “El precedente político sentado por su condena no puede repararse más que con este indulto, que es la única manera de garantizar que ningún otro periodista sea condenado por espionaje”, afirma ella.

En la plaza frente al Consejo, muy lejos de las alfombras beige claro de la institución, los partidarios de Assange eran pocos pero muy motivados. Kamila y Michael han desplegado pancartas. Viven en Holanda pero han venido desde Polonia, a más de doce horas en coche. Sólo vieron a su ídolo desde la distancia, ya que fueron interceptados al intentar entrar en la sala del comité. “Tuvimos que tapar nuestros mensajes de apoyo para entrar en la sala", se lamenta Michael, que sigue a la denunciante desde hace ocho años”.

Originaria de Polonia, Kamila conoció a Julian Assange y su historia a través de etiquetas callejeras. “Es mi ídolo”, sonríe. “He participado en manifestaciones, he escrito a políticos... Lo que dice es que la gente que saca a la luz los fallos de los gobiernos está en la cárcel, mientras que los criminales están libres”.

En una breve aparición en la explanada antes de la vista, Julian Assange levantó el puño, acompañado por Stella Assange. “No todos los días ganamos”, susurró una activista emocionada hasta las lágrimas. “La integridad ganará, ganaremos”, coreaba otro.

Un poco más lejos, Geneviève y Jean-Paul, de 75 años, vienen de Metz. Han presentado un permiso para manifestarse hasta las 17.00 horas del 1 de octubre. “Para nosotros, Julian representa el espíritu de libertad y coraje”, sonríe el jubilado. Juntos, cayeron en el activismo para apoyar al denunciante en 2019, al mismo tiempo que se unían a los “chalecos amarillos”.

Estos “activistas de base” se subieron al autobús quince días después de conocer su arresto y detención: “Llegamos con 80 activistas frente al tribunal en Inglaterra, ¡les hizo bastante gracia! Una vez pasamos una semana en la nieve junto a la prisión de Belmarsh para protestar, y no es un lugar agradable para estar... Creamos una base de datos, un sitio web para documentar toda la historia”.

Otros simpatizantes se limitaron a ver a Assange desde la distancia, como dos mujeres todavía enfadadas con la organización, porque al fin y al cabo el acto no estaba abierto al público. Varias horas de viaje para ambos, gastos de hotel y comida... Pero en conclusión, lo admiten: saber que Assange está libre es, en realidad, ya un motivo de satisfacción.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa consideró este miércoles que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha sido un preso político y pidió a Estados Unidos que modifique la ley de espionaje para no volverla a utilizar contra periodistas ni denunciantes. "La Asamblea considera que los cargos desproporcionadamente severos presentados por Estados Unidos contra Julian Assange bajo la ley de espionaje, exponiéndolo a un riesgo, de facto, de cadena perpetua, (...) justifican su designación como preso político", recoge el texto de la resolución que aprobó hoy el organismo por 88 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones.

La institución afirmó que "el uso incorrecto que Estados Unidos ha hecho de la ley de Espionaje de 1917 para procesar" al australiano "ha provocado un efecto disuasorio peligroso, disuadiendo a editores, periodistas y denunciantes de informar sobre la mala conducta gubernamental".

Por eso, pidió a EEUU —que no forma parte del Consejo de Europa pero sí es un país observador— que "reforme urgentemente" para que no se aplique contra editores, periodistas y denunciantes, sino contra "el intento malicioso de dañar la seguridad nacional" del Estado.

La resolución también lamentó que el Reino Unido "no logró proteger con eficacia la libertad de expresión" de Assange, al haberle encarcelado durante cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh y le pidió que "revise urgentemente" sus leyes de extradición para impedir la entrega de "individuos buscados por delitos de naturaleza política".

Asimismo, reclamó al Reino Unido que "coopere de buena fe" con las autoridades judiciales españolas que están investigando el supuesto espionaje que la CIA cometió contra Assange en la Embajada de Ecuador en Londres a través de la empresa de seguridad UC Global, dirigida por el exmilitar español David Morales.

El hecho de que la Asamblea del Consejo de Europa fuese a votar este miércoles esta resolución que le considera un preso político, fue lo que motivó a Assange a romper su silencio tras quedar en libertad el pasado mes de junio, tras un acuerdo con la justicia de EEUU en el que se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje. El miércoles, no obstante, el australiano señaló que si ha podido salir de prisión no es porque "haya funcionado el sistema", sino porque se declaró culpable "haber hecho periodismo".

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró este martes en una intervención en el Consejo de Europa que si está libre es porque se declaró "culpable de haber hecho periodismo". "Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me he declarado culpable de haber hecho periodismo", dijo rompiendo así su silencio después de salir en junio de una cárcel de máxima seguridad en Reino Unido.

"Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré do culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál esa era información. No me he declarado culpable de nada más", continuó Assange, que estuvo privado de libertad entre 2012 y 2012, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en la cárcel.

La puesta en libertad de Assange fue posible tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU en el que se declaró culpable de violar dicha ley de espionaje, lo que suponía una condena de 62 meses de cárcel que quedó anulada por el tiempo ya cumplido en Belmarsh.

Assange, que consideró que ha sido "un preso político" porque Estados Unidos le acusó de 18 cargos por delitos de espionaje e intrusión informática, afirmó que "la transición de años de condena en una cárcel de máxima seguridad antes de aparecer ante los representantes de 46 países ha sido un cambio realmente profundo".

El fundador de WikiLeaks dijo también que su acuerdo con la justicia estadounidense le impide denunciar al país sobre su solicitud de extradición ni pedir información sobre lo que ocurrió y afirmó que la CIA ha quedado "impune" ante los jueces de su país.

Assange, que se hizo famoso en 2010 tras filtrar cientos de miles de documentos secretos o de contenido sensible que revelaron los secretos en Estados Unidos de las guerras de Irak y Afganistán dijo que "los periodistas tienen que ser activistas de la verdad".

Su principal objetivo ahora es readaptarse a la vida en libertad: "Mi readaptación al mundo incluye algunas cosas positivas pero también complicadas como volver a ser un padre de un hijo que ha crecido sin mi. Volver a ser un marido".

Assange rompió así su silencio en una intervención de casi una hora y media en el Consejo de Europa. "Todavía sigue sufriendo los efectos (...) de las duras condiciones a las que se le ha sometido", dijo su mujer, Stella Assange, que le acompañó en esta ocasión. 

La verdad es que nunca sabes qué te puede deparar la vida. A finales de 2006, entró en mi Juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, una denuncia firmada por la Associació per la Recuperació de la Memoria Histórica de Mallorca. Relataban torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones que tuvieron lugar durante el franquismo. Seguirían muchas más. En ese mismo año, un periodista australiano llamado Julian Assange había fundado una agencia llamada WikiLeaks. No nos conocíamos y ninguno de los dos podíamos saber lo que las acciones iniciadas entonces por cada uno de nosotros iban a marcar nuestra vida futura. Aunque creo que, cada cual por su lado, ambos podíamos intuir que el camino respectivo no iba a ser fácil.

En mi caso, recuerdo que en 2008, el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, me dijo: “Baltasar, has destapado la caja de los truenos y te va a traer consecuencias muy negativas para ti, pero has hecho lo que debías”. Alfredo era un buen político, de los que se echan de menos en estos tiempos, y una buena persona.

No sé si alguien avisó a Assange. El año 2010 pasó a la historia de la web, por las impresionantes filtraciones de documentos de WikiLeaks. Empezando por el vídeo Collateral Murder en que se ve cómo soldados estadounidenses disparan en Bagdad desde un helicóptero a dos periodistas de Reuters y varios civiles, incluido un niño, para conmoción del mundo.

De julio a octubre de aquel año, se hicieron públicos miles de documentos en relación con las guerras de Irak y Afganistán con escandalosas revelaciones, y en noviembre, cinco periódicos internacionales reciben más de 200.000 cables diplomáticos del Departamento de Estado USA. La gestión de la política exterior norteamericana se muestra desnuda y pestilente ante el mundo.

Como tantos millares de ciudadanos, me sorprendí e indigné con lo que contaba WikiLeaks, pero yo también tenía mis propios problemas. En mayo de 2010, el Consejo General del Poder Judicial me había suspendido de funciones después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite sendas querellas de la más rancia ultraderecha de este país, por haberme declarado competente para instruir los crímenes del franquismo. A la vez, se abrían otras dos causas contra mí en el Alto Tribunal, una por la interceptación de las comunicaciones de los principales responsables de Gürtel en la prisión y otra más, absurda e inconsistente aparte de referida a hechos prescritos, por unos cursos en la Universidad de Nueva York, donde estaba como investigador invitado en materia de terrorismo.

Por cierto, en la documentación publicada por WikiLeaks, también aparecían los pactos entre la embajada estadounidense en Madrid y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional para acabar con los procedimientos que se referían a Guantánamo que yo dirigía. Se trataba de “doblarme el brazo” (sic).

Mientras, en una carambola propia de los manejos del país más poderoso de occidente, la Fiscalía sueca había emitido una orden de detención contra Assange por unos inverosímiles abusos sexuales, que más bien parecían la excusa para llevarlo a EEUU. Los dos, en la distancia y sin relación alguna, vivíamos en un mundo paralelo en que dominaba el absurdo: nos veíamos atrapados en una telaraña que se iba enredando más y más hasta no dejar escapatoria.

Como saben, en 2012 el Supremo Tribunal español decidió acabar con mi carrera profesional por el asunto Gürtel. Del caso del franquismo fui absuelto ya que el ruido que se había provocado hizo que los magistrados y los políticos que les jaleaban tuvieran precaución ante las reacciones. Pero me quitaron de en medio. Creo que a los jefes del otro lado del océano también les gustó la idea. A fin de cuentas, estaba enredando mucho con Guantánamo y otras hierbas judiciales. Poco importa que, en 2021, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinara que la sentencia proferida contra mí había sido parcial, arbitraria, sin doble instancia y que mi condena estaba falta de previsibilidad penal.

Como mi vida es la Ley, constituí en unión de varias personas comprometidas en las mismas luchas una Fundación pro derechos humanos y jurisdicción universal y un despacho de abogados en 2011 y 2012, respectivamente. Pero también, instituciones como la fiscalía de la Corte Penal Internacional me permitieron trabajar como asesor del fiscal Moreno Ocampo; en Colombia, como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA; en Ecuador, como coordinador de la Veeduría Internacional a la Reforma de la Justicia y, en Argentina, como presidente del Centro de Derechos Humanos de categoría dos de la UNESCO.

Conocerán una leyenda china que refiere que un hilo rojo invisible une a las personas destinadas a conocerse. Este hilo nunca desaparece y permanece constantemente atado a sus dedos, a pesar del tiempo y la distancia. Creo que eso nos pasó a Julian Assange y a mí.

Assange estaba sometido a un proceso de detención y entrega a Suecia, en el que se percibía la mano oculta de USA. Recuerden que el país nórdico había colaborado con este en las denominadas “rendiciones”, uno de los temas desvelados por WikiLeaks. Julian se entregó a las autoridades de Londres y estaba en libertad bajo control electrónico, que quebrantó refugiándose el 19 de junio en la embajada de Ecuador en la capital británica.

La noticia recorrió todas las redacciones del planeta. Una pequeña república latinoamericana, gobernada por un presidente progresista, Rafael Correa, se enfrentaba al todopoderoso EEUU. La lucha se percibía titánica.

En ese contexto, a primeros de julio, estando en Bogotá, recibí una llamada de mi buen amigo y excelente periodista Chechu Yoldi, con el que había compartido largos años de amable confrontación, él como periodista en la Audiencia Nacional y yo como juez. Eran tiempos en los que se cumplían las normas del respeto y entendimiento entre prensa y justicia.

Dolores Delgado le había aconsejado que me llamara porque, al parecer, tenía un mensaje de Julian Assange que me tenía que transmitir. Me dijo que este quería contactar conmigo para proponerme que me hiciera cargo de la coordinación de su defensa a nivel internacional. Quedé en que viajaría a Londres. Lo hice y acepté asumir el reto de su defensa en los momentos más delicados, cuando se le denostaba por los cargos artificialmente montados en Suecia.

Nuestra primera entrevista fue sumamente cordial, nos entendimos desde el primer momento, a pesar de la situación tan adversa en la que estaba, enfrentado a Gran Bretaña y USA. Mi aceptación tuvo dos condiciones, hacerlo pro bono (es decir, sin cobrar, por mera vocación) y libertad de criterio jurídico. Siempre las respetó, hasta el día de hoy. Junto con Garret Pierce, somos los dos abogados que hemos estado desde el principio hasta ahora. Además de su esposa, Stella Assange.

Mi primera impresión fue la de un hombre con unas firmes convicciones, completamente seguro de que lo que había hecho estaba bien y de que jamás se doblegaría. Eso me gustó, pero era consciente de que, de nuevo, mi decisión me traería consecuencias.

El asilo se le otorgó por el gobierno ecuatoriano el 16 de agosto de 2012. Recuerdo que para acceder a la misión diplomática había que sortear un primer círculo de periodistas que rodeaban la embajada, y posteriormente, un segundo círculo de policías británicos que, por aquel entonces, incluso amenazaban con entrar a la fuerza en la misma.

Al salir llovía sin cesar. Una de esas lluvias de agua fina tan típica de Londres. Los periodistas me rodearon e hice mis primeras declaraciones a favor de Julian. Hoy, doce años más tarde, escribo una nueva declaración a favor de este aguerrido informador.

Tres días después, el 20 de ese mes y año, me convocó el Secretario General de la OEA para comunicarme que estaba cesado como asesor de la Misión de Paz de la Organización en Colombia. Le pregunté cuál era la razón y respondió: “tu trabajo es excelente, pero Estados Unidos me impone tu cese por haberte hecho cargo de la defensa de Julian Assange”. Le dije “oponte, convoca la asamblea de Estados”. “No puedo -contestó-, más del 60% del presupuesto está a cargo de USA”. Así terminó mi tiempo en la OEA. ¡Viva la libertad de elección de abogado!

Pero ninguna presión por importante que fuera me iba a desviar de mi objetivo en la defensa de Assange. De nuevo estábamos en la trinchera. Era un caso muy claro de vulneración de la libertad de expresión y de intento de eliminar al mensajero para que no pudiera seguir adelante y, por eso, defender a Julian ha sido siempre un ejercicio de lo mejor que te ofrece el Derecho, la posibilidad de combatir por la integridad de un inocente y, más aún, de defender valores democráticos fundamentales para todos. En la vida debes asumir retos y enfrentarte a quienes pretenden avasallarte. Ceder por miedo es aceptar que los canallas tienen razón. La razón de la fuerza, claro, y hay que confrontarlos.

La causa se estancó por años. Conseguimos pronunciamientos favorables de diversos organismos internacionales, destacando una intachable resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que consideraba que la situación a la que se había llevado a Assange en su persecución debía calificarse como de detención arbitraria. Adicionalmente, también se consiguió archivar la causa sueca, una mera investigación preliminar de la Fiscalía sin sustento, que fue cerrada en el momento en que articulamos una toma de declaración en la embajada.

Todo ese trabajo jurídico implicaba viajes constantes, prácticamente semanales, a Londres. Días y días, sábados y domingos incluidos. Vuelos continuos e interminables; horas encerrados en ese minúsculo piso de la capital británica. Litigamos a nivel jurisdiccional en múltiples países e instancias internacionales. Un equipo brillante con personas de diversas nacionalidades y distintas especialidades que nos nutríamos en cada reunión. Siempre bajo la atenta mirada de Julian, quien escuchaba atentamente, para luego dar siempre una opinión final, que demostraba una gran capacidad de comprensión de materias que cualquiera podría pensar que no dominaría. Todo lo contrario, siempre me ha sorprendido su brillantez para lidiar con la complejidad jurídica de su causa.

Mientras, el protagonista de esta historia mantenía largos años de encierro, en la embajada de Ecuador, primero gracias al asilo concedido por Rafael Correa que sería levantado arteramente más tarde por su sucesor, Lenin Moreno, más pendiente de las órdenes del presidente supremo del norte que de cumplir con la ley.

Fue el 11 de abril de 2019 cuando la administración ecuatoriana de Moreno cometió una flagrante traición a los postulados más básicos de la institución del asilo. Entregó a una persona protegida, simplemente para lograr desbloquear un crédito internacional. Un acto por el que será recordado siempre el mandatario ecuatoriano.

A partir de ese momento, el asunto se centró en la solicitud de extradición de Estados Unidos, inicialmente por un cargo informático y, a continuación, por cargos bajo la temible Ley de Espionaje. Además, saltó entonces el caso, judicializado a día de hoy en la Audiencia Nacional, relativo al presunto espionaje para la CIA de la empresa española que proveía seguridad a la embajada ecuatoriana en Londres.

Durante estos años hemos padecido muchas angustias y muchas vicisitudes, hemos sido vituperados, investigados de la manera más sucia, hemos pasado jornadas aciagas y pocas alegrías, aunque también hemos agradecido defensas importantes, como las de infoLibre, con Jesús Maraña al frente, pero nuestra resistencia era la de Julian y a ella nos debíamos: estaban en juego los valores de la democracia y eso, amigos, son palabras mayores que nadie debe dejar de lado. Y aquí, en España, nuestro equipo, liderado por el abogado Aitor Martínez, sigue tratando de demostrar que, con Assange y todos nosotros, se quebrantaron todos los límites del derecho en favor de la mal llamada “Razón de Estado”.

Desde 2019, la dedicación ha sido constante a un tema que parecía no tener fin. Han sido más de cinco años de proceso de extradición en Reino Unido, viendo cómo Julian se consumía en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, conocida como la “Guantánamo británica”.

Finalmente, el acuerdo que este 26 de junio de 2024 se ha ratificado ante la jueza Ramona Villagómez Manglona en las Islas Marianas del Norte, un Estado libre asociado con EEUU, supone que se ha reducido a un cargo de los 18 que pesaban sobre Julian, y se da por cumplida la sentencia con el tiempo privado de libertad durante el proceso de extradición. Con ello, se reivindica el ejercicio de la libertad de prensa, tras haber informado sobre hechos muy graves que afectan a todos los habitantes de este planeta. El sacrificio ha sido enorme, pero el resultado es importante.

Julian Assange ha llegado a Camberra (Australia), su tierra natal, ha respirado por primera vez en casi catorce años el aire de la libertad. Podrá abrazar sin barreras a sus hijos y su esposa y se encontrará arropado por los suyos. En cuanto a mí, no puedo dejar de pensar en que hay una extraña concatenación de hechos en mi existencia y en la suya. Como pasa con la vida de todos y que, en ocasiones, se evidencia de manera sorprendente.

Verán, ese hilo rojo del que les hablaba se agazapaba tras muchas penurias, pero si los magistrados de la Sala II del Tribunal Supremo, solos o en compañía de otros, no hubieran deseado acabar con mi tarea, la historia de WikiLeaks quizás habría sido otra. No se habría puesto en evidencia a EE.UU. ni dado un toque de atención sobre el peligro que corre la libertad de informar. Sin el esfuerzo de tantos profesionales del derecho que hemos trabajado en el caso en los cinco continentes, y sin las voces indignadas de tantos miles de personas en todo el orbe, Assange posiblemente estaría cumpliendo condena perpetua, o vete a saber si esperando turno en el corredor de la muerte de algún penal norteamericano.

Todos debemos reflexionar sobre en qué lado de esta historia nos hemos posicionado. En mi caso, afirmo que he estado en el correcto. Pero es cierto lo que hace miles de años apuntaba Demócrito: "Todo es fruto del azar y la necesidad".

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Baltasar Garzón Real es jurista y coordinador de la defensa de Julian Assange.

Un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el océano Pacífico, ha aceptado este miércoles el acuerdo de culpabilidad por espionaje del fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo que la Fiscalía ha retirado su solicitud de extradición y el periodista podrá volver a su país natal, Australia.

"Podrás salir de esta sala como un hombre libre", ha anunciado la jueza Ramona Manglona, después de señalar que es "justo" y "razonable" aceptar como condena los 62 meses que ya ha cumplido, puesto que es el tiempo que ha pasado encarcelado en una prisión de máxima seguridad de Reino Unido en virtud de la orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

La jueza ha señalado que no habría aceptado el acuerdo si el caso se le hubiera presentado en 2012, pero ha sostenido que la situación en 2024 es diferente. "Quiero destacar que el tiempo importa", ha concluido. Asimismo, ha indicado que "otro hecho relevante" es que el Gobierno ha señalado que "no hay ninguna víctima personal aquí", es decir, que la publicación de la información "no resultó en daños físicos conocidos".

Tras leer la sentencia, la Fiscalía ha retirado inmediatamente su solicitud de extradición de Assange, por lo que ha podido volar a Canberra, capital de Australia. El periodista, que a la salida del tribunal se ha negado a hablar con la prensa que estaba presente, ha tomado un vuelo a las 13.00 horas (hora local).

Seis horas después, ha aterrizado en Canberra, Australia, escala final de su periplo durante las últimas 36 horas. A su llegada a suelo australiano, el fundador de Wikileaks ha sido recibido por miembros de su familia, entre ellos su mujer, Stella Assange, que ha abierto una campaña de recaudación de fondos para compensar al Gobierno de Australia por el gasto del vuelo chárter fletado para la repatriación.

Tras la audiencia, el Departamento de Justicia estadounidense ha indicado que, como parte del acuerdo de culpabilidad, Assange tiene prohibido regresar a Estados Unidos sin permiso, tal y como reza un comunicado publicado en su página web. Además, ha indicado que su declaración ha "concluido" oficialmente el caso, que se remonta a 2018, cuando fue imputado por primera vez.

Por su parte, el equipo legal del acusado ha afirmado que este caso es una "victoria para la libertad de expresión", destacando que ha dejado un "poderoso legado" y que su historia ha "provocado un importante" debate sobre la libertad de prensa y la seguridad nacional. La abogada Jennifer Robinson ha animado a sus seguidores a "seguir luchando" contra un "precedente peligroso".

"Espero que el hecho de que hayamos podido liberar a Julian Assange contra todo pronóstico y contra uno de los gobiernos más poderosos del mundo da esperanza a todos los periodistas y editores que están en prisión en todo el mundo", ha declarado, tras asegurar que se trata de "un gran alivio" que "después de 14 años de batallas legales" el reportero pueda "regresar a casa como un hombre libre".

El fallo ha llegado horas después de que Assange se declarara culpable de un cargo de violar la Ley de Espionaje para conspirar para obtener y diseminar información clasificada, si bien ha defendido sus acciones ante el tribunal, considerando que su labor como periodista debería haber estado protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.

"Cuando trabajaba como periodista, animé a mi fuente a proporcionar información que se decía que era clasificada para poder publicarla. Creo que la Primera Enmienda protege eso. Creo que la Primera Enmienda y la Ley de Espionaje se contradicen entre sí, pero acepto que sería difícil ganar un caso así dadas todas las circunstancias", según recoge el periódico The Washington Post.

Por su parte, representantes de Estados Unidos han caracterizado a Wikileaks como un sitio web que pretendía deliberadamente sacar a la luz información militar y de defensa sensible que amenazaba la seguridad nacional. Con todo, han acusado a Assange de animar a altos cargos a revelar dicha información, mencionando los documentos filtrados por la exanalista de las Fuerzas Armadas Chelsea Manning, que estuvo aproximadamente siete años en prisión.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha subrayado que el caso de Assange "se ha prolongado durante demasiado tiempo". "No se gana nada con su encarcelamiento continuo y queremos que lo traigan a casa, a Australia", ha manifestado en declaraciones a la cadena de televisión australiana ABC. Asimismo, ha comentado el proceso judicial señalando que se trata de "un avance positivo" pero ha agregado que los "procedimientos son delicados y deben ser respetados". "Esto no es algo que haya sucedido en las últimas 24 horas, es algo que se ha considerado pacientemente, trabajado de manera calibrada, que es la forma en que Australia se comporta internacionalmente", ha concluido.

En la víspera, el Tribunal Superior de Londres le dejó en libertad bajo fianza tras el acuerdo, por el que se declara culpable a cambio de una sentencia que equivale a los más de cinco años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido. Desde Londres se ha dirigido a Saipan, antes de hacer una parada en la capital de Tailandia, Bangkok.

Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años. Desde entonces, se encuentra en una prisión de máxima seguridad, en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

A finales de mayo, el Tribunal Superior de Londres falló en favor del fundador de Wikileaks para permitirle apelar contra su orden de extradición al país norteamericano, donde se temía que se enfrentase a una batería de cargos que podía implicar hasta 175 años de cárcel. El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción gubernamental y abusos contra los Derechos Humanos sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.

El acuerdo al que ha llegado Julian Assange con las autoridades norteamericanas parece que ha puesto, al menos, punto y aparte a un proceso que lleva poniendo durante años en el epicentro de la esfera pública el debate sobre la libertad de prensa y cómo ésta se ha intentado coartar bajo el paraguas de la seguridad nacional y la razón de Estado.  

Desde el año 2006, año en que se creó WikiLeaks, esta empresa de noticias estuvo en el centro de las sospechar del gobierno norteamericano. Pero el detonante de esta persecución contra su creador, Julian Assange, comenzó con la publicación, el 5 de abril de 2010, de un vídeo que mostraba lo que había sucedido en Bagdad el 12 de julio de 2007 y que se tituló Asesinato colateral.  En él se mostraba el ataque de un helicóptero Apache norteamericano en Iraq donde murieron dieciocho civiles, incluidos dos periodistas de Reuters. En ese vídeo también se observa cómo, cuando llega otro vehículo a auxiliar a los heridos, los soldados norteamericanos continúan disparando, matando a otros dos hombres e hiriendo a dos niños más. En el vídeo se escucha el comentario de un soldado que dice: “Es culpa suya por traer a los niños a una batalla”. En este soporte audiovisual quedaba demostrado que el gobierno norteamericano de la época había mentido flagrantemente sobre los acontecimientos de ese día.

Durante los años que siguieron, WikiLeaks comenzaría a publicar cables del Departamento de Estado que comprometían de manera muy seria las acciones del gobierno en materia de derechos humanos, corrupción y transparencia y además lo hizo en colaboración con un consorcio de medios convencionales entre los que se encontraban The New York Times, The Guardian o El País.  La información le había llegado a través de una fuente, Chelsea Manning, trabajadora del Pentágono, que fue condenada en 2013 a 35 años en la prisión de Fort Leavenworth en Kansas, y luego indultada en 2017 por el presidente Obama.

El dilema ante el que se situó la inteligencia norteamericana fue identificar cuáles serían los cargos que se podrían presentar contra Assange. Tenían que encontrar la manera de imputarle bajo la Ley de Espionaje norteamericana de 1917, diseñada entonces para perseguir comunistas, y que otorga al Estado poderes inmensos sobre la persona detenida bajo el amparo de la “protección de la seguridad nacional”. La cuestión era cómo hacerlo sin vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución americana, que establece que “el Congreso no promulgará ninguna ley que limite la libertad de expresión o de prensa”.

Cuando hay quien compara el caso Assange con Ellberg y los Papeles del Pentágono, conviene recordar que, en este caso, el papel de Ellberg no lo juega Assange, sino Manning, la que realizó la filtración, y que el papel de Assange es el que jugó en su momento The New York Times. La libertad de prensa e información han sido sagradas, en 1971 desde luego fue así, pero no ha sido el caso en estos más de doce años en los que Assange no ha podido disfrutar de libertad.

Los argumentos de que las filtraciones de WikiLeaks eran ilegales porque ponían en peligro la seguridad nacional, al igual que en el caso Ellberg, en realidad sólo se sostenían porque en ambos lo que ahí se desvelaba dejaba en muy mal lugar al gobierno, sea este el de Nixon, el Bush o el de Obama, un gobierno en el que los ciudadanos no podían confiar porque les hurtaba lo más sagrado, la verdad de los hechos.

Y esta es precisamente la clave de bóveda de todo el caso. La necesidad imperiosa de un Estado, en este caso EEUU, de ocultar a su opinión pública información veraz sobre lo que realmente ocurrió en Iraq y en Afganistán y en las razones (o sin razones) que lo habían provocado. Y por eso es por lo que, a toda costa, han intentado durante estos años imputar a Assange por delitos que esquivaran esa Primera Enmienda.

La puesta en libertad de Assange tras llegar a un acuerdo con EEUU es, desde luego, una excelente noticia para la situación personal de Assange y su salud; también lo es para el gobierno de Biden que necesita huir de cualquier tema que pueda polarizar aún más su delicada situación durante los meses previos a las elecciones presidenciales. Pero no es una buena noticia para la libertad de prensa. 

Desde luego el acuerdo es mejor que una sentencia judicial, pero el hecho de que Assange haya tenido que reconocer que ha violado la Ley de Espionaje significa ni más ni menos que reconoce que “ha recibido y conseguido información secreta que no debe ser comunicada a personas que no tengan derecho a recibirla”, es decir, la opinión pública. Y en sí mismo constituye un peligroso antecedente en un país que en unos meses puede estar gobernado por alguien que, de manera reiterada, ha tachado a los medios de comunicación como “enemigos del pueblo”, algo que no es, desde luego, ninguna buena noticia.

"Julian Assange es libre." Muchos temían no ver nunca escritas estas palabras. Sin embargo, sí aparecieron en el titular del comunicado de prensa emitido por WikiLeaks en la noche del lunes 24 al martes 25 de junio tras el anuncio sorpresa de un acuerdo entre la justicia estadounidense y los abogados del periodista.

"Abandonó la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras pasar allí 1.901 días", dice el comunicado, publicado en X, que va acompañado de un vídeo en el que se ve al fundador de WikiLeaks, libre por fin, subiendo a un avión que le llevará finalmente a su país de origen, Australia.

Sin embargo, Julian Assange no ha acabado del todo con la justicia americana, que ha solicitado su extradición para ser juzgado por los dieciocho cargos que se le imputan –algunos de ellos relacionados con espionaje– y que conllevan una pena total de 175 años de cárcel.

Esta liberación sorpresa es el resultado de discretas negociaciones que han desembocado en un acuerdo de culpabilidad por el que Julian Assange acepta admitir cargos reducidos a una "conspiración para obtener y divulgar información relativa a la defensa nacional" y ser condenado a 62 meses de prisión, el mismo tiempo que ha estado detenido en Gran Bretaña.

El acuerdo –cuyas dos primeras páginas fueron publicadas en X por uno de los abogados de Julian Assange, el español Aitor Martínez– especifica que, tras una escala técnica en Bangkok, el avión volará primero a las Islas Marianas, un territorio estadounidense situado al este del Mar de Filipinas. Julian Assange debía ser juzgado y condenado allí el miércoles por la mañana por un tribunal federal antes de reanudar su vuelo a Australia.

“Estoy agradecida de que el calvario de mi hijo esté llegando por fin a su fin", declaró la madre de Julian Assange, Christine Assange, en un comunicado difundido por los medios de comunicación australianos. “Esto demuestra la importancia y el poder de la democracia discreta", añadió.

La palabra "calvario" utilizada por su madre no es demasiado fuerte para describir el embrollo legal en el que se ha encontrado el periodista australiano. Los catorce años de procesos judiciales, doce de los cuales los pasó casi en régimen de aislamiento, son en sí mismos un castigo para un hombre que ahora se describe como física y mentalmente agotado por sus condiciones de detención.

Aunque WikiLeaks publicó sus primeros documentos en 2006, no fue hasta 2010 cuando la organización se consolidó como uno de los principales medios de comunicación internacionales, sobre todo con la publicación del impactante vídeo Collateral Murders (Asesinatos colaterales), en el que se veía a miliares estadounidenses en helicóptero abatiendo entre doce y dieciocho civiles iraquíes, entre ellos dos periodistas.

Ese mismo año, Julian Assange y su equipo publicaron cientos de miles de documentos secretos que detallaban los abusos de Estados Unidos en Irak y Afganistán, así como cables diplomáticos que ponían al descubierto la diplomacia americana. Esta salva de revelaciones, recogida por periódicos de todo el mundo, fue posible gracias a los documentos facilitados por la denunciante Chelsea Manning.

Pero 2010 también marcó el comienzo de los problemas de Julian Assange. En primer lugar, WikiLeaks se dio cuenta de que las autoridades americanas estaban decididas a tomar represalias. En mayo, Chelsea Manning fue identificada y detenida. Fue condenada a treinta y cinco años de prisión en agosto de 2013 y puesta en libertad anticipada en enero de 2017.

En agosto, Julian Assange fue acusado de agresión sexual por dos mujeres suecas. Según ellas, durante un viaje a Estocolmo, el editor jefe de WikiLeaks mantuvo relaciones sexuales consentidas con ellas, pero durante las cuales no utilizó preservativo, sin avisar.

Julian Assange fue puesto en libertad y regresó a Londres, pero en diciembre fue detenido con vistas a su extradición a Suecia. Impugnó la extradición y, a la espera de la decisión de los tribunales británicos, quedó en libertad bajo fianza.

El 14 de junio de 2012, el Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó su última apelación y, cinco días después, Assange se refugió en la embajada del Ecuador en Londres, incumpliendo así su libertad bajo fianza.

Julian Assange siempre ha rebatido las acusaciones de agresión sexual formuladas contra él y ha denunciado un complot de la justicia americana. Para los abogados del periodista, no había duda de que en cuanto pisara suelo sueco, la justicia americana habría emitido una acusación formal.

Julian Assange había llegado a declarar que estaba dispuesto a aceptar su extradición a condición de que el gobierno sueco se comprometiera a no extraditarlo a Estados Unidos. El gobierno sueco se negó, alegando que tal promesa sería contraria a la separación de poderes.

La investigación sueca se archivó finalmente en mayo de 2017. Pero este procesamiento justificó que Julian Assange permaneciera incomunicado durante siete años en una pequeña habitación de la embajada ecuatoriana, de la que no podía salir sin correr el riesgo de ser detenido: incluso después de que la justicia sueca retirara los cargos, la justicia británica mantuvo la orden de detención dictada contra Julian Assange por incumplimiento de su libertad condicional, el único delito que pesaba sobre él.

En 2017 y 2018, la periodista italiana Stefania Maurizi logró, tras una larga batalla legal, obtener algunos de los correos electrónicos intercambiados entre representantes de los departamentos gubernamentales sueco y británico encargados del caso de Julian Assange.

En ellos se mostraba cómo el jefe de la fiscalía, Paul Close, había hecho todo lo posible no sólo para que continuara el procesamiento sueco, sino también para ralentizarlo. Por ejemplo, se había opuesto a que su homóloga, Marianne Ny, viniera a Londres para poder entrevistar a Julian Assange, lo que era esencial para que fuera acusado formalmente y el proceso avanzara.

En otra serie de correos electrónicos que se remontan a 2013, la fiscal sueca también había anunciado la retirada de la orden de detención por la falta de "proporcionalidad de las medidas coercitivas" tomadas contra Julian Assange en relación con los cargos que se le imputaban. "A medida que pasa el tiempo, los costes y la gravedad del delito deben ser considerados a la luz de la intrusión y el daño sufrido por el sospechoso", escribió Marianne Ny.

A esa decisión se opuso Paul Close, que declaró: "No creo que los costes sean un factor determinante en este caso". En aquel momento, la prensa británica revelaba que la vigilancia de Julian Assange ya había costado al Estado 3,8 millones de libras (casi 4,5 millones de euros).

Durante sus años de confinamiento en la embajada ecuatoriana, Julian Assange ha estado sometido a una intensa presión por el riesgo de ser detenido, secuestrado o incluso asesinado en cualquier momento. Temores alimentados regularmente por declaraciones de responsables americanos, como la realizada el 13 de abril de 2017 por Mike Pompeo, entonces flamante director de la CIA, en la que calificaba a WikiLeaks de "servicio de inteligencia no estatal hostil, a menudo alentado por actores estatales como Rusia".

Como informó Mediapart en enero de 2020, Julian Assange también fue sometido a una estrecha e ilegal vigilancia llevada a cabo por una empresa española en nombre de Estados Unidos. En el marco de la operación bautizada como 'Operación Hotel', su despacho fue acondicionado con cámaras y micrófonos, incluso en los aseos, y los aparatos digitales de sus visitantes fueron sistemáticamente desmontados y fotografiados.

Esas condiciones de confinamiento ya habían tenido un gran impacto en la salud de Julian Assange. En enero de 2018, dos médicos que pudieron examinarle advirtieron de que su estado era "peligroso" y pidieron que le concedieran un salvoconducto para que pudiera ser tratado en un hospital.

Mientras tanto, la justicia americana se cuidó mucho de no revelar su acta de acusación, a pesar de que la existencia de un proceso contra WikiLeaks era un secreto a voces. La acusación no se reveló hasta su detención el 11 de abril de 2019, cuando Julian Assange fue sacado por la fuerza de la embajada ecuatoriana. Posteriormente se modificó, incluso durante las audiencias de extradición.

Tras su confinamiento en la embajada ecuatoriana, Julian Assange fue internado en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres. Allí ha estado recluido en condiciones de aislamiento denunciadas regularmente por sus abogados, con visitas limitadas.

"Los sufrimientos cada vez más graves infligidos a Julian Assange como consecuencia de su prolongada reclusión en régimen de aislamiento equivalen no sólo a una detención arbitraria, sino también a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", declaraba el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, en diciembre de 2020.

La salud de Julian Assange también había ocupado un lugar destacado en las vistas en primera instancia ante los tribunales británicos, durante las cuales los médicos habían hablado de los problemas mentales del periodista, de su estado de depresión e incluso de pensamientos suicidas.

"Acogemos con satisfacción la liberación de Julian Assange [...] en el Reino Unido y los importantes progresos realizados hacia una solución definitiva de este caso, sin más detenciones", ha declarado este martes 25 de junio a la AFP Elizabeth Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. "Seguiremos vigilando la situación en los próximos días", añadió.

En su sentencia en primera instancia, dictada en enero de 2021, la justicia británica rechazó la petición de extradición de Estados Unidos, pero su decisión fue en parte desfavorable para Julian Assange.

La juez Vanessa Baraitser había rechazado la petición americana únicamente por los riesgos para la salud de Julian Assange que se derivarían de las drásticas condiciones de detención a las que sería sometido en Estados Unidos. "El estado mental de Julian Assange es tal que sería abusivo extraditarlo a Estados Unidos", afirmó en su sentencia.

Al mismo tiempo, sin embargo, la jueza rechazó los argumentos relacionados con el derecho a la información, el interés público de la información publicada por WikiLeaks y la condición de periodista de Julian Assange.

En respuesta, el gobierno estadounidense recurrió esta decisión y, en febrero de 2021, envió a los tribunales británicos una "nota diplomática" en la que pretendía ofrecer una serie de "garantías", como el hecho de que Julian Assange no sería internado en una prisión de alta seguridad o que podría ser retenido en Australia.

En diciembre de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Londres aceptó las promesas de Estados Unidos y anuló la sentencia de primera instancia. En enero de 2022, los defensores de Julian Assange obtuvieron el derecho a presentar un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo. Pero en marzo siguiente, el Tribunal Supremo se negó a examinar el recurso y, un mes después, la orden de extradición pasó a manos de la Secretaria de Estado del Ministerio del Interior, Priti Patel, que la firmó el 17 de junio de 2022.

Julian Assange había perdido desde entonces otro recurso y obtuvo el derecho a presentar un recurso final contra la firma de la orden de extradición. La vista del recurso estaba prevista para los días 9 y 10 de julio.

Aunque la liberación de Julian Assange fue una sorpresa para muchos, ya se había anunciado el 20 de marzo en un artículo del Wall Street Journal. El procesamiento del periodista australiano planteaba una espinosa cuestión jurídica al Departamento de Justicia de Estados Unidos: dado que muchos periódicos, incluidos los estadounidenses, han reimpreso información de WikiLeaks, ¿cómo garantizar que una eventual condena de Julian Assange no siente un precedente y acabe amenazando a la prensa estadounidense?

El fundador de WikiLeaks también ha recibido el apoyo de numerosos medios de comunicación internacionales, algunos de ellos estadounidenses, aceptando que publicara información que les había facilitado y advirtiendo de la amenaza a la libertad de expresión. Mediante el acuerdo alcanzado con los abogados, los tribunales cierran este caso, al tiempo que salvan la cara al validar judicialmente los sesenta y dos meses de prisión que ha soportado Julian Assange.

A partir de ahora, podrá reunirse con su familia en Australia, en particular con su pareja, Stella Assange, y sus dos hijos. "¡Julian es libre! No hay palabras para expresar la inmensa gratitud hacia USTEDES, sí, USTEDES, que han trabajado durante años y años para que esto sea una realidad".

Traducción de Miguel López

Diversas organizaciones internacionales dedicadas a la libertad de prensa han aplaudido este martes el acuerdo alcanzado entre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el Gobierno de Estados Unidos por el que se declara culpable de un cargo de espionaje a cambio de una sentencia que equivale a los más de cinco años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido.

"Julian Assange ha hecho frente a un proceso judicial que tuvo graves implicaciones para los periodistas y la libertad de prensa a nivel mundial", ha dicho la directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Jodie Ginsberg, según un comunicado publicado por la organización. "Si bien celebramos el fin de su detención, la persecución de Assange por parte de Estados Unidos ha sentado un precedente legal perjudicial al abrir la puerta a que los periodistas sean juzgados en virtud de la Ley de Espionaje si reciben material clasificado de los denunciantes", ha señalado, antes de recalcar que "esto nunca debería haber sucedido".

En este sentido, Reporteros Sin Fronteras (RSF) se ha mostrado "enormemente aliviado por el hecho de que este proceso judicial haya terminado finalmente", según un mensaje publicado en su cuenta en la red social X. "Es una victoria para el periodismo y la libertad de prensa, por lo que RSF ha defendido desde el inicio. Hacía mucho que se debía haber liberado a Assange", ha zanjado.

Asimismo, la presidenta de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Dominique Pradalié, ha ensalzado que "Julian Assange está libre". "Victoria para el derecho a informar y ser informado. Victoria para los periodistas de todo el mundo", ha manifestado. El vice secretario general de la FIP, Tim Dawson, ha sostenido además que "la libertad de Assange, si bien con una condena penal, es una victoria para el sentido común, la libertad de prensa y la decencia humana". "Se ha retirado una sombra sobre todos los que informan sobre asuntos de seguridad nacional", ha apostillado.

La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) se ha congratulado del acuerdo alcanzado entre Assange y EEUU. "De esta manera acaban 14 años de persecución, tanto judicial como política, que ha sufrido Assange por parte de Estados Unidos tras la revelación de los papeles de Wikileaks", ha manifestado la organización. Según ha señalado el sindicato, Julian Assange "siempre" ha defendido que la publicación de los miles de informes, catalogados como secretos por la administración norteamericana, se realizó "por interés público y en aras de la libertad de información y expresión y por eso su liberación supone una gran noticia aunque haya tardado tantos años en producirse". "Durante todo este tiempo la causa de Assange era la causa de la defensa de la libertad de expresión y del derecho que tiene la ciudadanía de acceder a una información veraz en el mundo", ha concluido.

Está previsto que Assange comparezca ante un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el océano Pacífico, donde se declararía culpable de un cargo bajo la Ley de Espionaje para conspirar para obtener y diseminar información clasificada. La petición de extradición sería posteriormente retirada y el fundador de Wikileaks no haría frente a más cargos, lo que derivaría en su liberación y en su viaje a Australia, dado que se habría acordado una sentencia de cinco años ya cumplida durante su periodo en prisión en Reino Unido. Sin embargo, el acuerdo alcanzado aún debe ser aprobado por un juez durante la jornada del miércoles.

Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años por la orden de arresto emitida por Estados Unidos por las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción y crímenes de guerra cometidos por Washington.

El Tribunal Superior de Londres ha dejado este lunes en libertad bajo fianza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos en el que se declara culpable de un cargo de espionaje a cambio de una sentencia que equivale a los más de cinco años que lleva en una prisión de máxima seguridad en Reino Unido.

"Julian Assange está libre. Ha abandonado la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días. El Tribunal Superior de Londres le ha concedido la libertad bajo fianza y ha sido puesto en libertad en el aeropuerto de Stansted por la tarde, donde ha embarcado en un avión y ha partido de Reino Unido", reza un comunicado de Wikileaks publicado en su cuenta de la red social X que recoge Europa Press.

Así, la organización ha agradecido todo el apoyo recibido para lograr la libertad de Assange, quien se encuentra de camino a Australia, su país de origen, donde se reunirá tanto con su esposa, Stella Assange, como con sus hijos, que "solo han conocido a su padre entre rejas", denunciando que se encontraba en régimen de aislamiento 23 horas al día en una celda de 2x3 metros.

"Este es el resultado de una campaña mundial que ha abarcado a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a Naciones Unidas. Esto creó el espacio para un largo periodo de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha desembocado en un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente", ha añadido Wikileaks. Asimismo, ha publicado un vídeo en el que se ve a Assange en libertad y embarcando en un avión a las 17.00 horas (hora local) del lunes en el mencionado aeropuerto.

Está previsto que Assange comparezca ante un tribunal federal de Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense en el océano Pacífico, donde se declararía culpable de un cargo bajo la Ley de Espionaje para conspirar para obtener y diseminar información clasificada, según documentos judiciales recogidos por el diario británico The Guardian.

La petición de extradición sería posteriormente retirada y Assange no haría frente a más cargos, lo que derivaría en su liberación y en su viaje a Australia, dado que se habría acordado una sentencia de cinco años ya cumplida durante su periodo en prisión en Reino Unido. La elección de las Islas Marianas del Norte habría tenido lugar por la negativa de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a su proximidad a Australia.

Sin embargo, el acuerdo alcanzado aún debe ser aprobado por un juez. Assange está ya viajando hacia Saipan de cara a una vista que tendrá lugar durante la jornada del miércoles, en torno a las 1.00 horas, en la España peninsular e Islas Baleares, según indica el tribunal de distrito de las Islas Marianas del Norte en su página web.

El avión que traslada al periodista ha hecho una parada en la capital de Tailandia, Bangkok, aparentemente para repostar, según recoge Flight Radar, que agrega que este vuelo chárter tiene previsto Saipan como próxima parada.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha recalcado que el Ejecutivo "es consciente" de que Assange "tiene procedimientos legales programados en Estados Unidos". "Estos procedimientos son cruciales y delicados. Dado que estos procedimientos están en marcha, no es apropiado hacer comentarios detallados", ha sostenido. "Diré, sin embargo, que el Gobierno australiano ha seguido brindando asistencia consular a Assange", ha apuntado ante el Parlamento, antes de indicar que el Alto Comisionado ante Reino Unido, Stephen Smith, "viajó con Assange cuando salió de Reino Unido". Asimismo, ha insistido en que "ha sido muy claro" sobre el hecho de que "al margen de la opinión que tenga la gente sobre las actividades de Assange, el caso se ha alargado demasiado".

"No hay nada que ganar con su continuado encarcelamiento y queremos que vuelva a casa a Australia. Hemos defendido los intereses de Australia utilizando todos los canales apropiados para lograr un resultado positivo", ha explicado Albanese, quien ha incidido en que tendrá "más que decir" una vez que "los procedimientos hayan concluido". "Espero que sea muy pronto", ha zanjado.

Asimismo, la ministra de Exteriores de Australia, Penny Wong, ha destacado que Albanese ha abordado este caso durante los últimos dos años con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, y ha insistido en que "el primer ministro fue muy claro sobre la prioridad que otorgaba u otorga al caso de Assange", según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.

Cabe destacar que el Gobierno australiano ha estado presionando a Estados Unidos para que permitiese a Assange volver al país y, aunque la Casa Blanca se había negado a hablar en público al respecto, el presidente estadounidense, Joe Biden, llegó a expresar en abril que estaba considerando las peticiones de Canberra.

Por su parte, la esposa de Assange, Stella, ha aplaudido que "Julian es libre". "Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud con ustedes. Ustedes, los que se han movilizado durante años para que esto sea una realidad. Gracias, gracias, gracias", ha señalado en su cuenta en X.

Los padres de Assange también han expresado su alegría y alivio por la noticia de que "el calvario" de su hijo "está llegando a su fin", y ha agradecido a todos los que han trabajado por su liberación frente a aquellos que le han usado para "impulsar sus propias agendas". "Estoy agradecida de que el calvario de mi hijo esté llegando por fin a su fin. Esto demuestra la importancia y el poder de la diplomacia discreta. Los últimos 14 años obviamente me han pasado factura como madre, así que quiero darles las gracias de antemano por respetar mi privacidad", ha declarado Christine Assange.

El padre, John Shipton, ha celebrado que su hijo vaya a poder "disfrutar de una vida normal con su familia y su mujer" tras haber pasado 15 "de sus años más productivos en alguna forma de encarcelamiento u otra".

Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años. Desde entonces, se encuentra en una prisión de máxima seguridad, en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

A finales de mayo, el Tribunal Superior de Londres falló en favor del fundador de Wikileaks para permitirle apelar contra su orden de extradición al país norteamericano, donde se temía que se enfrentase a una batería de cargos que podía implicar hasta 175 años de cárcel.

El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sobre corrupción gubernamental y abusos contra los Derechos Humanos sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.

La High Court de Londres da un balón de oxígeno al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Tras varios meses de tensa espera, los magistrados Victoria Sharp y Adam Johnson han decidido este lunes frenar temporalmente la extradición a Estados Unidos del periodista y concederle una vez más la posibilidad de recurrir su entrega ante la justicia británica al entender que las garantías aportadas por la Administración de Joe Biden a mediados de abril en el caso no son suficientes como para dar luz verde definitiva al envío de Assange a suelo estadounidense.

Estados Unidos fue el único país que decidió iniciar una ofensiva legal por las filtraciones de WikiLeaks. Tras su detención en la Embajada de Ecuador en Londres, en la que estuvo refugiado durante siete largos años y en la que fue espiado, el Departamento de Justicia americano solicitó formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, a quien se imputan delitos de espionaje o conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales que podrían implicar una condena de hasta 175 años de cárcel. Se abrió entonces una batalla judicial que se ha prolongado durante todo un lustro. Un enfrentamiento jurídico que el periodista australiano ha seguido desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.

En primera instancia, los tribunales británicos rechazaron la extradición de Assange por razones humanitarias. La jueza Vanessa Baraitser consideró que se si autorizaba la entrega el riesgo de que el fundador de WikiLeaks se suicidara era "elevado". Pero Estados Unidos recurrió y presentó una serie de garantías para garantizar la seguridad del periodista si era extraditado –entre otras, que no sería encerrado en una prisión de máxima seguridad y que recibiría "tratamiento médico y psicológico apropiado"–. El tribunal de apelaciones revocó entonces la decisión de Baraitser. Y el Supremo, unos meses después, desestimó el recurso presentado por los abogados de Assange contra esta última decisión.

El Gobierno británico firmó entonces la orden para que el fundador de WikiLeaks fuera enviado a suelo americano. Pero la defensa del periodista volvió a maniobrar. Y solicitó, de nuevo, permiso para recurrir. Lo hizo poniendo sobre la mesa hasta nueve motivos diferentes de apelación –los llamados grounds of appeal–, en los que señalaban, entre otras cuestiones, que la entrega era contraria al tratado de extradición entre EEUU y Reino Unido o que chocaba contra varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos –entre otros, el relativo a la libertad de información–. Puntos de apelación sobre los que se discutió largo y tendido a finales de febrero en una audiencia de dos días celebrada en la High Court de Londres.

Los magistrados vieron entonces que la defensa de Assange tenía base jurídica sólida como para recurrir su entrega en tres de los puntos de apelación. En concreto, aquellos que versaban sobre la posibilidad de que pueda verse vulnerado el derecho a la libertad de información, de que el periodista pueda recibir un trato discriminatorio por su nacionalidad en un futuro proceso judicial en suelo estadounidense o de que se le pueda imponer una condena a muerte. Ahora bien, decidieron dejar dicha apelación en el aire a la espera de ver si Estados Unidos ofrecía garantías para cubrir todas esas lagunas.

En una nota diplomática remitida por la embajada estadounidense en Londres, las autoridades americanas se comprometieron a que Assange "no se verá perjudicado por razón de su nacionalidad con respecto a las defensas que pueda alegar en el juicio y en la sentencia". También señalaron que no se solicitaría ni se le impondría la pena de muerte. El hecho de haber puesto todas estas garantías sobre la mesa es lo que terminó derivando en la vista de este lunes, en la que los magistrados tenían que decidir si las mismas eran o no suficientes y si el fundador de WikiLeaks podía, o no, apelar nuevamente ante los tribunales británicos su extradición.

Al final, Sharp y Johnson han decidido dar una nueva oportunidad en Reino Unido al periodista. En concreto, han concedido el permiso para apelar sobre los dos primeros puntos, que giran alrededor de la posibilidad de acogerse a la Primera Enmienda –que garantiza la libertad de prensa–, pero no sobre el relativo a la pena de muerte. "La apelación de esos dos puntos se hace en relación a todos los cargos que se le imputan (a los 18), sin exclusión de ninguno, porque la High Court considera que todos ellos podrían estar afectados", explican fuentes jurídicas.

Ahora, la justicia británica deberá analizar a fondo estos dos puntos de apelación, algo que retrasaría de nuevo una posible entrega del fundador de WikiLeaks. Primero, porque no podría producirse mientras se estudian en detalle todos estos puntos. Y segundo, porque una resolución sobre el fondo de los mismos –ya sea positiva o negativa– podría ser recurrida de nuevo ante el Tribunal Supremo. Por el momento, explican fuentes jurídicas, el próximo viernes se celebrará una nueva vista "para formalizar la organización de los tiempos de apelación sobre estos dos puntos".

Las filtraciones de WikiLeaks pusieron al desnudo las vergüenzas de medio mundo. Desde que echó a andar allá por 2006, se han destapado redes de corrupción en África, incidentes nucleares, vertidos tóxicos, tramas bancarias o detalles sobre la censura en Internet. Pero también graves violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos. Es el caso del asesinato indiscriminado de civiles en Irak desde un helicóptero Apache del Ejército estadounidense, un vídeo que circuló por todo el planeta y que hizo que WikiLeaks ganase relevancia pública. O la filtración relativa a las torturas cometidas contra presos de Guantánamo o Abu Ghraib, un centro de detención ubicado a pocos kilómetros de Bagdad.

Las revelaciones también tuvieron repercusiones en España. Sobre todo, a raíz de la publicación de los llamados papeles del Pentágono, más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados por la Administración estadounidense a sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fueron las maniobras de EEUU para intentar frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de José Couso, el cámara español asesinado por las Fuerzas Armadas estadounidenses mientras se encontraba informando sobre la invasión de Irak desde el Hotel Palestina, cuartel general de los periodistas internacionales.

El Tribunal Superior de Londres anunciará este martes su decisión sobre la posible extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks, Julian Assange, imputado en el país norteamericano por la difusión de miles de documentos secretos, según informa Europa Press.

Tanto la mujer de Assange como Wikileaks han anunciado en sus redes sociales que la vista en que se conocerá el resultado arrancará a las 10.30 (hora de Londres). Los jueces pueden determinar que el caso merece un nuevo examen jurídico o, por el contrario, darlo por cerrado, lo que dejaría como alternativa final el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El Gobierno de Reino Unido ya dio luz verde al traslado en junio de 2022, pero Assange, que llegó a permanecer cerca de siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, ha tratado de bloquearlo por todas las vías posibles. Sobre él pesan cargos por violar la Ley de Espionaje estadounidense y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel.

En las vistas de febrero, los abogados del fundador de Wikileaks pusieron en duda que pudiese recibir un juicio justo en Estados Unidos y reivindicaron que en este proceso están en juego libertades fundamentales, ya que las actuaciones de Assange entrarían dentro del ámbito del periodismo y merecerían especial protección.

Asimismo, alegaron que a su cliente se le imputaban "delitos políticos" y que, por tanto, en su caso no era aplicable el tratado de extradición entre Estados Unidos y Reino Unido.

Para la parte estadounidense, en cambio, se trata de hechos de especial gravedad y durante las vistas hicieron hincapié en las "profundas consecuencias" de las filtraciones, especialmente para las fuentes que aparecían identificadas en los documentos publicados por Wikileaks y relativos a situaciones de conflicto.

El confundador de Wikileaks se enfrenta durante este martes y miércoles al juicio que decide si es puesto en disposición de la justicia estadounidense, donde está acusado de la divulgación de documentos militares clasificados y 18 infracciones contra la Ley de Espionaje. Diferentes organizaciones como los chalecos amarillos han convocado más de 80 movilizaciones por todo el planeta que pasan por toda Europa, Norte América o Brasil.

En España los manifestantes saldrán a la calle en Barcelona (19.00 horas, frente al Consultado Británico), Bilbao (19.00 horas, en Udaletxea), Els Pallaresos (municipio de Tarragona a las 19.00 horas en Casa de la Vila), Huesca (19.00 horas, plaza de Zaragoza), Las Palmas (18.00 horas, frente al Consulado de Estados Unidos), Reus (19.00 horas, en La Col-lectiva, en la Avenida Salou), Tarragona (19.00 horas, en la Estátua dels Despullats) y València (12.00 horas, frente al Consulado de Estados Unidos). En Madrid, la movilización se producirá a las 19.00 horas frente a la Embajada de Estados Unidos.

Stella Assange, mujer del cofundador de Wikileaks, ha señalado, en una conferencia de prensa en Londres, que la salud de su marido está empeorando física y mentalmente. "Su vida corre peligro cada día que permanece en prisión y, si lo extraditan, morirá", ha afirmado. Stella Assange también ha compartido en X un vídeo del puente de Londres pidiendo la liberación de Assange y acudirá hoy a la protesta convocada. La abogada ha contado en una entrevista con infoLibre cómo están viviendo las últimas horas antes de la decisión de la justicia británica.

El periodista y premio Pulitzer, Chris Hedge alerta así de la amenaza de que el juicio acabe con Assange pisando suelo estadounidense: "Julian Assange presentará esta semana su último recurso ante los tribunales británicos para evitar la extradición. Si es extraditado, significará el fin de las investigaciones sobre el funcionamiento interno del poder por parte de la prensa".

Los convocantes de las movilizaciones han indicado que "la persecución de Assange por parte de las autoridades estadounidenses representa un ataque a la libertad de expresión, ya que su trabajo periodístico ha puesto al descubierto abusos de poder y violaciones de derechos humanos". En el comunicado que han difundido, las organizaciones han señalado la importancia de proteger a la independencia de los periodistas y los denunciantes que sacan a la luz informaciones de interés público, "sin importar lo incómoda que esta pueda resultar para determinados sectores".

Los abogados de Assange han indicado que su defendido ha sufrido un drástico empeoramiento de su salud física y mental en estos últimos años y se arriesga a una condena de hasta 175 años de cárcel en un centro de máxima seguridad. Entidades como Amnistía Internacional han mostrado también que temen por su propia seguridad, pero también por el "efecto disuasorio" que esta condena supondría para la prensa en todo el mundo.

Assange fue detenido en Reino Unido en abril de 2019, después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. El programador se refugió en un primer momento en la Embajada para evitar su posible extradición a Suecia, donde también estaba siendo investigado, y ante el temor de que fuese un primer paso hacia Estados Unidos.

El Gobierno británico autorizó en junio de 2022 el traslado de Assange al país norteamericano, pero el fundador de Wikileaks intenta agotar todas las vías posibles para evitar su traslado. El caso está ahora en manos del Tribunal Superior, que celebra entre hoy y mañana el juicio que decide su futuro.

Último asalto en la batalla judicial alrededor del fundador de WikiLeaks. La High Court de Londres estudiará a partir de este martes el recurso interpuesto por la defensa de Julian Assange contra su extradición a Estados Unidos. Lo que resuelvan los magistrados será clave para el futuro del periodista. Si el tribunal admite alguno de los puntos de apelación, deberá celebrarse una vista sobre el fondo del asunto y la decisión final podrá ser de nuevo recurrida ante la Corte Suprema. Pero si se rechaza todo, la instancia interna británica se habrá agotado. Y la única carta que podrán jugar los abogados será ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), solicitando una medida provisional de no entrega hasta que Estrasburgo resuelva finalmente el caso.

Assange vive esta guerra, que también lo es por la libertad de información, recluido en Belmarsh, una prisión británica de máxima seguridad. Allí llegó hace un lustro, tras ser detenido en la Embajada de Ecuador en Londres. Un agujero al que acuden a verle su esposa e hijos. La última vez que estuvieron con él fue el pasado fin de semana. "Es un momento muy estresante y duro", cuenta en entrevista con infoLibre Stella Assange. La familia es consciente de que el de esta semana puede ser el último cartucho para un activista que piensa en su futuro desde una celda de seis metros cuadrados en la que pasa más de veinte horas al día. "Su estado de salud es precario. Está tomando medicación", cuenta la abogada. Hace no mucho, tuvo una pequeña embolia.

Las filtraciones de WikiLeaks pusieron al desnudo las vergüenzas de medio mundo. Arrojaron luz sobre las ejecuciones extrajudiciales en Kenia, la corrupción en Islandia, la censura en China o las violaciones de derechos humanos por parte de Estados Unidos: desde las torturas en Abu Ghraib o Guantánamo hasta el asesinato indiscriminado de civiles en Irak desde un helicóptero Apache. A pesar de ello, sólo los americanos iniciaron una ofensiva legal contra Assange, para quien piden hasta 175 años de cárcel. En primera instancia, los tribunales británicos rechazaron la extradición por razones humanitarias. Pero Estados Unidos recurrió, ofreciendo una suerte de garantías diplomáticas por las que se comprometía a salvaguardar la integridad de Assange. A la High Court le pareció bien. Y dio el visto bueno a la extradición.

El Gobierno británico firmó la orden para que el fundador de WikiLeaks fuera enviado a suelo americano. La misma que ahora la defensa del periodista intenta derribar en los tribunales británicos. Una última batalla para la que cuentan con el respaldo de la sociedad civil. Este martes, están convocadas concentraciones en Barcelona, Huesca, Las Palmas, València y Madrid. En la capital, será a las 19.00 horas frente a la Embajada de Estados Unidos. "No puede ser que las personas que han cometido los crímenes gocen de impunidad y él, que es quien los ha revelado, esté siendo perseguido", sostiene Virginia Fernández, autora, junto a Víctor Manuel Díaz, de la obra El poder de la información, que se estrenará el 1 de marzo en el Teatre Gaudí.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Alice Jill Edwards, pidió hace poco a Reino Unido que no se acuerde la extradición por razones humanitarias. ¿Cómo se encuentra Julian Assange en estos momentos?

Es un momento muy estresante y duro para él. Su estado de salud es precario, se encuentra tomando medicación y, además, pasa veintiuna horas al día metido en una celda de seis metros cuadrados. Hace no mucho, estuve charlando con un periodista que había estado encerrado en una prisión turca y me dijo que las condiciones humanitarias de Julian eran incluso peores que las que él había experimentado cuando estuvo preso, ya que a éste sí que le dejaban salir de la celda durante el día.

¿Por qué es tan importante lo que se va a decidir a partir de este martes en la High Court? ¿Es vuestro último cartucho?

Sí. Si no conseguimos ganar esta ronda la decisión será definitiva y no podremos acudir a la Corte Suprema. Obviamente, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero estamos preocupados. Si los tribunales confirman la extradición no habrá posibilidad de recurso en Reino Unido.

Pero aún os quedaría una vía en Estrasburgo.

Eso es. Si Julian pierde recurriremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y pediremos que, de forma cautelar, se pare el proceso de extradición hasta que se resuelva el asunto. Esto es algo excepcional, solo se concede en casos muy extremos donde se puede producir un daño irreparable. Un riesgo que aquí existe, tal y como ha recordado el relator de Naciones Unidas sobre la tortura. La vida de Julian corre peligro si es extraditado.

¿Cuáles son vuestros argumentos para paralizar la extradición?

Nosotros planteamos hasta ocho puntos diferentes. Por un lado, argumentamos que la extradición de Julian, que está procesado por su trabajo como periodista, no responde a un fin legal, sino político. Lo que se está buscando es asustar a los informadores para que no denuncien los crímenes que puedan cometer las autoridades. Es la primera vez en la historia que Estados Unidos aplica la Ley de Espionaje, que tiene más de cien años, contra un periodista.

Además, Estados Unidos dice que si es extraditado no podrá acogerse a la Primera Enmienda, que es el derecho constitucional a la libertad de expresión e información, porque es australiano y porque no estaba en suelo estadounidense cuando ocurrieron los hechos. Es una barbaridad que lo discriminen por su nacionalidad.

Luego, existen evidencias de que durante la Administración Trump, con Mike Pompeo como director de la CIA, se habría pedido que se elaboraran planes para asesinar a Julian en Reino Unido.

Y otro de los argumentos que planteamos es que no existen garantías de que no le será impuesta la pena de muerte si se le extradita. Una vez que esté en Estados Unidos, el fiscal podría calificar de manera diferente el asunto para que se pueda imponer la pena capital.

A lo largo de todo este proceso, Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un documento en el que se ofrece a Reino Unido una serie de garantías respecto al trato que iba a recibir el fundador de WikiLeaks si era extraditado. ¿Se las cree? ¿Qué consecuencias tendría para Julian Assange ser enviado a Estados Unidos?

Esas supuestas garantías son condicionales. Aquel documento no prohíbe que sea maltratado, sino que señala que lo pondrán en condiciones de aislamiento extremo sólo si él hace algo que lo justifique. En resumen, que si lo torturan es por culpa suya.

Sabemos que en Estados Unidos y en un caso clasificado como de seguridad nacional, son las agencias de inteligencia quienes recomiendan cómo se tiene que tratar al preso. Por lo tanto, será la CIA quien imponga y determine las condiciones de aislamiento a las que deberá enfrentarse Julian. Y los médicos que han examinado su estado mental y de salud han avisado de que si lo aíslan de la manera en la que suelen hacerlo en casos como éste, eso tendrá para él consecuencias fatales.

¿Lo que se va a decidir será, por lo tanto, un asunto de vida o muerte?

Así es. Si perdemos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no frena la extradición, Reino Unido lo mandará en un avión a Estados Unidos. Y una vez que esté bajo su custodia, no sabemos si lo vamos a ver más.

¿Qué riesgos tiene este caso para la democracia y la libertad de prensa?

Es el caso más grave que ha existido nunca contra el periodismo. Estamos hablando de un país que dice que puede encarcelar a un periodista extranjero fuera de sus fronteras por haber publicado información, lo que puede sentar un precedente peligroso, como han denunciado una y otra vez la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras e, incluso, el sindicato de periodistas al que pertenece Julian en Australia. El hecho de que [el fundador de WikiLeaks] esté en prisión pone en riesgo a los informadores en todo el mundo, ya que crea una nueva realidad legal y política en la que pueden ser encarcelados incluso en el Occidente más supuestamente democrático.

¿Os sentís abandonados a nivel político?

Absolutamente, los países europeos están sentando un precedente político con su silencio. Si los Estados europeos hicieran el cinco por ciento de lo que hacen por los presos políticos en otros lugares, no estaríamos como estamos. Denunciar lo que hace un país amigo tendría un impacto en la situación y se podría hacer de muchas maneras, pero me temo que ni tan siquiera lo han hecho de forma privada. No hay voluntad política porque no hay un compromiso real con la libertad de prensa. Es una tragedia que se toleren presos políticos.

¿Qué ha supuesto Julian Assange para el derecho a la información?

Su contribución no se puede cuantificar. Ha revolucionado el periodismo. Ha inspirado a toda una nueva generación de activistas y periodistas, convirtiéndose en un símbolo de la libertad de información. Él siempre ha buscado democratizar la información para democratizar la democracia. Y creo que periodistas de investigación, historiadores y académicos utilizarán dicha información durante generaciones.

A todos, y a mí el primero, se nos llena la boca con una enorme facilidad al pronunciarlo. Libertad de prensa. Suena a vientos de franqueza y de sinceridad. Banderas de ética y moral frente los todopoderosos. Un derecho adquirido por el individuo que debe preservar la voluntad de estar informado.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dice literalmente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Qué brillante y admirable declaración de principios. Sin embargo, todo eso se me viene abajo, se me derrumba cuando en las imágenes de televisión, cada vez más tardías, veo a un tipo que ha pasado la mayor parte de su vida perseguido, asomado a un balcón sin poder salir de la embajada de Ecuador en Gran Bretaña, y que ahora perece lentamente encarcelado por haber descubierto secretos innombrables de las más oscuras cloacas del estado imperialista de los EEUU. En la sombra espera paciente la extradición a su cruento final.

Veo el rostro de Julian Assange y observo cómo han pasado los años en silencio, condenado al ostracismo. Cómo se ha acabado con su juventud y sus momentos de gloria periodística al frente de WikiLeaks. Cómo se le ha apartado para siempre de su hijo al que ya no podrá ver crecer junto a él. Y cómo se le ha condenado a ser un eterno prófugo o perseguido, por no entregarse y morir en los calabozos americanos al estilo de Guantánamo.

Tal y como ha dicho Amnistía Internacional en su página web, “la persecución de Julian Assange es un ataque a la libertad de expresión. Extraditar a Assange a EEUU supondría estar expuesto a sufrir violaciones de los derechos humanos como malos tratos o la reclusión prolongada en solitario”.

Sin irnos muy lejos, la propia organización de Amnistía Internacional llega a decir que se ha sabido que la CIA consideró la posibilidad de secuestrar o matar a Assange mientras estaba refugiado en la embajada de Ecuador.

Dicen que la expresión del cuarto poder, para definir a la prensa, se empezó a emplear en el siglo XIX gracias a Edmund Burke, como uno de los grandes poderes que sirve para vigilar a los otros tres, el legislativo , el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, lo que se ve hoy día es que la prensa se ha convertido en un altavoz mass media de esos grandes poderes, sobre todo del Estado, y que los utiliza como megáfonos de su propaganda mediática para vilipendiar a quien osa ir contra él. Pobre de aquel que aventure a sacar a la luz las fosas sépticas y alcantarillas del asqueroso mundo de la política, o los secretos de Estado que están cubiertos de las más sucias maldades que uno pueda imaginar.

No hay escapatoria alguna, pues EEUU ha puesto su dedo acusador sobre la cabeza de Julian Assange. Desde entonces se ha intentado vilipendiar su nombre acusándole de violaciones infundadas por parte de la policía sueca y por el propio ministro sueco Frederick Reinfeldt, quien se permitió el lujo de considerarle culpable públicamente, aun a pesar de que la fiscalía retiró la acusación a las pocas horas, declarando que no había motivos para sospechar de que él estuviera implicado en ninguna violación.

Se le ha perseguido con una ferocidad inusitada en todos y aquellos países donde llegan los tentáculos del todopoderoso EEUU, y todo por ejercer ese brillante artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por haberse atrevido a filtrar el ataque aéreo en Bagdad del 12 de julio de 2007, así como varios registros de la Guerra de Afganistán o de la Guerra en Irak, denunciando delitos amparados y consentidos por el Pentágono.

De él han llegado a decir que era un allegado a Al Qaeda y a los talibanes. El asesor del primer ministro del gobierno de Canadá Tom Flanagan manifestó en una entrevista a la BBC que Assange debía ser asesinado, una opinión tan justa y ética que, cómo no, corroboró Donald Trump en 2010, y sin despeinarse.

¿Acaso no son estas manifestaciones un grave atentado a la libertad de expresión? Frente a todas esas opiniones vertidas por parte de las bien llamadas cloacas del Estado, gracias a Dios, se oyen voces en el desierto como las de Ken Loach o John Pilger, donde se indica que Assange lo único que ha hecho es “realizar la labor de un periodista y merece el apoyo de las personas que creen que la democracia se sustenta en el libre flujo de la información”.

Tristemente, el caso de Julian Assange me recuerda al del periodista turco Khashoggi, asesinado y torturado en el consulado saudí de Estambul el 2 de octubre de 2018 por haberse atrevido a criticar la actitud bélica contra Yemen del príncipe heredero de Arabia Saudí. Como también se me refresca en la mente el envenenamiento de Alexander Litvinenko, asesinado en Londres con una dosis letal de isótopos de polonio-210 colocados en su taza de té, después de haber tenido la insolencia de acusar a Putin de pedofilia.

Ahora, con el caso de Julian Assange, no me pregunto si será culpable o no de todo aquello de lo que se le acusa y con lo que se ha intentado manchar el nombre de un periodista que se atrevió a ir contras las fuerzas del Estado y toda su malvada corruptela. No pierdo el tiempo en hacerme esa pregunta.

De lo que sí estoy convencido es de que, si antes no aparece asesinado o 'auto-suicidado', jamás tendrá un juicio justo en el interior de las fronteras del Tío Sam. Y todo ello por haberse creído a pies juntillas ese fulgurante artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa entelequia de la libertad de prensa.

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Francisco Vicente Manjón Guinea es socio infolibre 

La prestigiosa abogada sudafricana Stella Assange no se cansa de avisar una y otra vez de que el caso que afecta a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks y desde el pasado mes de marzo su marido, es todo un torpedo contra el periodismo a nivel mundial. Al fin y al cabo, recuerda la jurista al otro lado de la pantalla, al activista se le está persiguiendo en estos momentos bajo una interpretación extensiva de la Ley de Espionaje estadounidense que abarca su "actividad periodística". "Es como si China o Turquía dijeran a un periodista español que no está autorizado a escribir y publicar informaciones sobre actividades que perjudiquen a sus intereses porque sus leyes dicen que eso puede ser calificado de espionaje. Incluso si no es chino o turco, incluso si no se encuentra en ninguno de esos países", trata de ejemplificar.

La abogada será la encargada de recoger este viernes el Premio especial Almudena Grandes a la defensa del derecho a la información que este diario ha concedido al fundador de WikiLeaks. Y, con motivo de este galardón, charla por Zoom con infoLibre. Durante casi una hora, la abogada analiza en profundidad el caso que afecta a Assange, quien lleva más de tres años y medio encerrado en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh. Y alerta de los riesgos que una extradición a Estados Unidos, que con toda seguridad iría acompañada de un "aislamiento extremo", pueden tener para la propia vida del periodista.

¿Cómo se encuentra Julian Assange?

Lleva encerrado en la prisión de Belmarsh, la más dura del Reino Unido, desde el 11 de abril de 2019. Más de tres años y medio, incluyendo el periodo covid, en el que no nos pudimos ver en persona durante más de seis meses. Está en una celda individual y solo sale unas tres horas al día, aunque en ocasiones pueden ser menos. Con el paso de los años, obviamente, esto tiene un impacto muy severo sobre su salud física y mental. No obstante, el apoyo que tiene le da fuerza. Ahora mismo, creo que hay una conciencia muy amplia de que esto se trata de un caso político y de que él es un preso político.

¿Cómo está en estos momentos el procedimiento de extradición?

El caso se encuentra en las etapas de apelación. El tribunal de segundo nivel de Reino Unido está considerando ahora si le escucha o no, algo que no está obligado a hacer. Por lo tanto, nos encontramos a la espera.

Si la audiencia finalmente se celebra, ésta se centrará en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el que protege la libertad de prensa. Julian Assange está acusado bajo la Ley de Espionaje. Sin embargo, no hablamos de espionaje en los términos que tradicionalmente entendemos. Han ampliado el significado de esta norma para abarcar la actividad periodística, desde la recepción, posesión y difusión de la información al público hasta una supuesta conspiración con la fuente para publicarla.

Además, se pretende incluir la reciente información que apunta a que bajo la Administración Trump había planes concretos, encargados por el director de la CIA, Mike Pompeo, para secuestrar y asesinar a Julian Assange en el Reino Unido. Esto ya debería impedir cualquier extradición, no se puede enviar a una persona a un país que ha planeado su asesinato.

¿Tiene alguna posibilidad de ganar legalmente?

Si esto fuera una batalla legal, ni siquiera estaríamos aquí, él no estaría en la cárcel y esto no se habría prolongado durante tanto tiempo.

En este caso habría que mirar, más bien, el contexto político. En Estados Unidos, los principales diarios, como The New York Times o The Washington Post, así como las organizaciones de derechos humanos y en defensa de la libertad de prensa, coinciden en que la causa debe abandonarse, en que supone un ataque a la Primera Enmienda. Sin embargo, el caso genera mucha controversia dentro de la propia Administración.

Hay que recordar que este caso ha estado bajo la administración de Obama, la de Trump y ahora la de Biden, que tendrá que decidir si frena este ataque al periodismo o si continúa facilitándolo en caso de que regrese Trump, que ya ha anunciado su intención de volver a presentarse a las elecciones presidenciales y que no ha dudado en decir en mítines que los periodistas que ejerzan el secreto profesional deberían ir a la cárcel.

¿Y qué le podría esperar en EEUU si es finalmente extraditado?

Se enfrentaría a una condena de 175 años de cárcel. El juicio, además, se llevaría a cabo en el Distrito Este de Virginia, una zona donde hay una alta concentración de contratistas militares de seguridad de los Estados Unidos. Nunca alguien acusado de un delito como este ha ganado un caso allí. Todos los que se sentarán en el jurado estarán, de alguna manera, conectados con el aparato de la seguridad nacional.

Además, se le pondría en aislamiento. Y bajo formas extremas. Una de ellas es la que se conoce como SAMs –Medidas Especiales Administrativas y de Extremo Aislamiento, por sus siglas en inglés–. Bajo este régimen, sólo se le permitirían dos llamadas de quince minutos al mes, teniendo que elegir si usarlas con sus abogados o con su familia. Además, no tendría contacto ni siquiera con la persona que le daría la comida a través de una rendija en la puerta.

En este sentido, los expertos médicos que revisan a Julian han alertado de que un aislamiento tan extremo podría llevarle a quitarse la vida. Por eso hay que detener la extradición.

¿Cree que con el paso del tiempo el apoyo a Assange se ha reducido, que se ha quedado solo?

No, creo que el apoyo está creciendo. Antes de su detención, y a fin de reducir su apoyo político y facilitar su encarcelamiento, se llevó a cabo un enorme ataque a su reputación. Sin embargo, desde que fue encarcelado creo que su aceptación ha ido en aumento. De hecho, yo diría que en Reino Unido es muy difícil encontrar a alguien que defienda que Julian debe ser extraditado, algo que también rechazan los periódicos a izquierda y derecha, desde el Daily Telegraph a The Guardian, que dicen que tiene que ser liberado.

Además, este año ha sido uno de los tres finalistas del Premio Sájarov del Parlamento Europeo, lo cual es muy significativo porque muestra la relevancia política de su caso y la importancia que se le da en relación a los valores europeos.

Y a nivel político, ¿están haciendo algo el Gobierno español y los Ejecutivos europeos o han preferido no mover un dedo?

España está relacionada íntimamente con este caso. Como sabes, en la Audiencia Nacional se está investigando todo lo relacionado con UC Global [empresa bajo la lupa por, supuestamente, haber espiado a Assange para EEUU]. En este sentido, creo que hay un esfuerzo sincero por llegar al fondo del asunto. El juez, por ejemplo, ha pedido que declare Mike Pompeo, exdirector de la CIA.

A nivel político, el Gobierno alemán ha emitido un comunicado en el que asegura estar preocupado por el caso, y el comisario de Derechos Humanos también ha salido pidiendo la liberación y señalando que se trata de un ataque a la libertad de prensa. En cuanto al Gobierno español, no tengo conocimiento de lo que ha hecho. ¿Puede hacer más? Estoy segura de que puede y debería. Por ejemplo, hablar con sus aliados, con Reino Unido y Estados Unidos, para que abandonen el caso. 

¿La denuncia de irregularidades se ha convertido en una actividad de alto riesgo?

Sí, por supuesto, la adopción de medidas penales muy fuertes contra estos alertadores lo han convertido en una actividad de alto riesgo. No obstante, en los últimos años ha habido mayor concienciación sobre la denuncia de irregularidades o esfuerzos para impulsar legislaciones que los protejan, aunque a menudo no se haga de la manera adecuada.

De todos modos, es importante señalar que Julian no es un denunciante. Él es un editor, un alertador sería Chelsea Manning. Es cierto que a veces se le incluye en ese mismo contexto, seguramente con buena intención, pero hay una diferencia importante, a él se le persigue por su actividad periodística.

WikiLeaks pretendía aumentar la conciencia sobre los derechos humanos, el abuso de poder y los riesgos para la libertad de expresión. ¿Cuál es la situación más de una década después? ¿Está la verdad infravalorada?

WikiLeaks surgió como un movimiento que buscaba aumentar la rendición de cuentas y la transparencia de los Gobiernos. Desde entonces, desde estas publicaciones en 2010, se ha producido un deterioro muy importante de nuestras democracias porque ya no se habla de esa responsabilidad y transparencia. Los gobiernos se han vuelto increíblemente poderosos, saben mucho más sobre nosotros, como también las empresas de social media o la industria de la vigilancia. Y ese contrato social que teníamos en marcha se ha roto, aumentando el secretismo.

Se habla mucho de la verdad y de la guerra de la información. En este sentido, WikiLeaks nunca ha publicado algo que no fuera cierto, nunca ha tenido que retractarse de una historia, nadie ha sido capaz de acusarle de publicar una información falsa. Y quizá por eso se ha visto a WikiLeaks como una amenaza, porque a medida que los gobiernos y las corporaciones se vuelven más poderosos tienen más miedo a la rendición de cuentas y a la transparencia. 

¿Cree que Assange y WikiLeaks han influido en la forma en que los medios de comunicación informan sobre temas sensibles?

WikiLeaks fue pionero en disponer de un buzón electrónico para recibir información de forma completamente anónima de las fuentes cuando la mayoría de los periodistas seguían usando los correos electrónicos sin ser conscientes de lo inseguros que eran.

Además, fue pionero en los consorcios de medios para analizar grandes bases de datos. Eso es algo que, con el paso de los años, se ha replicado. El ICIJ –Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, por sus siglas en inglés– es una réplica de lo que WikiLeaks hizo hace una década con los cables diplomáticos de Irak o Afganistán, reuniendo a casi un centenar de publicaciones diferentes.

¿Por qué este caso es un torpedo contra la libertad de prensa?

El movimiento de Estados Unidos es un ataque contra el periodismo a nivel mundial que busca restringir y criminalizar la actividad de los periodistas y editores en el extranjero. Es como si China o Turquía, por ejemplo, dijeran a un periodista español que no está autorizado a escribir y publicar informaciones sobre actividades que perjudiquen sus intereses porque sus leyes dicen que eso puede ser calificado de espionaje. Incluso si no es chino o turco, incluso si no se encuentra en ninguno de esos países.

El caso es un ataque contra el periodismo a nivel mundial que busca restringir y criminalizar la actividad de los periodistas y editores en el extranjero

Todo esto es, por tanto, un ataque al territorio soberano, a la cultura política y a las salvaguardas legales del espacio europeo. WikiLeaks, al final, publicó junto a periódicos de España, Francia, Alemania y otros países. Por tanto, este mismo caso podría montarse exactamente igual contra ellos.

Los departamentos legales de los diarios también entienden que ellos mismos podrían ser acusados de lo mismo si publicasen ciertas cosas. Por eso, no están sacando algunas filtraciones de alto valor que están recibiendo, ya que ahora son vulnerables al mismo tipo de procesamiento.

Usted recibirá el premio infoLibre a la defensa del derecho a la información en nombre de su esposo. ¿Cómo se siente? ¿Qué le gustaría decir a la gente de España?

Es increíblemente importante que se reconozca su trabajo y que está siendo perseguido y castigado por haber realizado un servicio público. Él modeló WikiLeaks sobre la premisa de que la asunción de responsabilidades del Gobierno es un elemento esencial en una democracia. Julian, a través de WikiLeaks, expuso crímenes de guerra concretos por los que nadie se ha enfrentado a un solo día en un tribunal, que han quedado impunes.

La lucha de Julian es, por tanto, una lucha de la rendición de cuentas frente a la impunidad. Una persecución política en la que las fuerzas de la impunidad se vengan de las fuerzas de la responsabilidad.

El Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 proclama: ”Nosotros, el Pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una Unión más perfecta, establecer la justicia, afianzar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la Libertad… ”sanciona una Constitución pionera que pudiéramos bautizar como la madre de todas la Constituciones.

Orgullosos de sus antecedentes, quisieron simbolizar sus conquistas en una Estatua emblemática que se ha asumido por todos los países libres como el símbolo de la libertad. La Estatua de la Libertad porta una antorcha en la mano para alumbrar a todos los pueblos del mundo y enseñarles cuál es el camino para promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. La Constitución norteamericana se complementa con una serie de Enmiendas que van configurando un elenco de libertades cívicas que constituyen la base de la estabilidad y la credibilidad de un sistema político que pretende ser modélico y exportable a otros países.

La Primera Enmienda siempre ha sido uno de los ejes fundamentales sobre los que se ha construido el sistema de libertades que da paso a una sociedad que considera que los ciudadanos deben gozar unas garantías entre las que se considera que el Congreso no aprobará ley alguna que coarte la libertad de palabra o de imprenta. Es decir, el derecho a publicar todo aquello que redunde en beneficio de la comunidad y que contribuya a formar una sociedad más libre, más fuerte y más segura.

El presidente John Fitzgerald Kennedy, en uno de sus famosos y conocidos discursos, dijo: “El grado de la calidad democrática de un país se mide por la cantidad de información auténtica que el gobierno proporciona a sus ciudadanos tratándoles como adultos responsables”. Corrían otros tiempos. La sociedad norteamericana participaba de estas ideas que se desprendían de su Constitución y de los valores encarnados en sus numerosas Enmiendas. Por desgracia, se han deteriorado estos valores y se impone la supremacía del poder sobre los derechos de los ciudadanos. La Estatua de la Libertad porta en la mano derecha una antorcha que ilumina la oscuridad de los que viven bajo regímenes totalitarios y les invita a rebelarse frente a la tiranía de los poderosos. Últimamente parece que la ha perdido.

El derecho a recibir información veraz por cualquier medio de comunicación obliga a todos los poderes públicos y a los diversos departamentos que integran la Administración General del Estado, a informar de forma transparente y veraz a los ciudadanos tratándoles como adultos responsables. La acumulación de información y su ocultación, con el pretexto de la seguridad nacional, proporciona a los gobiernos, y mucho más a las grandes potencias, una situación de preeminencia incompatible con el lema de la igualdad y la libertad. 

Ya sabemos que en la confrontación en el mundo en el que nos ha tocado vivir entre los Estados que pretenden ostentar la supremacía mundial, se utiliza la información como un arma más poderosa que los artefactos bélicos convencionales. La secuestran y la administran a su conveniencia y reaccionan con virulencia frente a los que solo pretenden que los ciudadanos estemos plenamente informados. Julian Assange es una víctima propiciatoria sobre la que pretenden expiar las culpas de los crímenes que en aras de la seguridad nacional han cometido los poderosos. Sin duda alguna, sus actividades son una contribución a la libertad y no un peligro para la convivencia o la paz mundial.

El derecho a la información es un instrumento indispensable para la formación de la voluntad popular y decidir cuál debe ser su participación en la vida política y democrática. En todas las Constituciones se establece, también en la nuestra, que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, si bien con la salvedad de los que afecten a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Este escudo de protección nunca puede ser absoluto y debe ceder ante otras prioridades.  Como nos señala Stefano Rodotá, en su libro La vida y las reglas, para profundizar en la democracia es necesario salir, a través del deshielo constitucional, del túnel de la guerra fría, por desgracia persistente,  para caminar hacia la progresiva apertura de nuevos espacios de libertad.

Julian Assange, junto con otras personas, crearon en el año 2006 la plataforma  WikiLeaks. Numerosas personalidades y organismos de reconocido prestigio, como Amnistía Internacional, han avalado sus actividades por considerar que realiza la labor propia de un periodista y merece el apoyo de las personas que creen que la democracia se sustenta en el libre flujo de la información.​

La doctrina del Tribunal Supremo norteamericano sobre el contenido de las libertades de expresión y de prensa contenidas en la Primera Enmienda ha señalado que, salvo en situaciones excepcionales, como los tiempos de guerra, era necesario salvaguardar los derechos de los ciudadanos norteamericanos frente a sentencias que limitaban la libertad de expresión. Son interesantes los votos del juez Brandeis y del juez Holmes, decididos partidarios del predominio absoluto de la libertad de expresión porque estiman que, en tiempos de paz, no existe ningún peligro para la Nación ni se socava la actividad del Gobierno.

Uno de los precedentes jurisprudenciales más importantes en favor de la libertad de información se recoge en la sentencia de 30 de junio de 1971, caso New York Times Co. versus United States, en la que abordó la cuestión de la divulgación, por parte del New York Times y del Washington Post, de documentos clasificados como de alto secreto y sensibilidad que se referían a la intervención militar de los Estados Unidos en el sudeste asiático. El Secretario de Defensa Robert McNamara solicitó un informe conocido como Los papeles del Pentágono en los que se ponía de manifiesto la estrategia de ocultación que había puesto en marcha el Gobierno norteamericano frente a la opinión pública e incluso hacia el Congreso, en relación con la guerra del Vietnam. El Gobierno sostuvo que no solo se estaba divulgando un material clasificado secreto, sino que se estaba poniendo en peligro las vidas de los soldados norteamericanos y la paz en Asia. Una vez más, los Gobiernos, con argumentos falaces, tratan de ocultar sus decisiones equivocadas y sus fracasos para evitar la exigencia de responsabilidades.

Hubo discrepancias entre los jueces, pero todos coincidieron en que la censura previa era en principio inconstitucional. Es interesante conocer sus razonamientos: “todo sistema de censura previa del que conozca este tribunal tiene una fuerte presunción de estar viciado de inconstitucionalidad. Al Gobierno le corresponde el deber de asumir la dura carga de justificar la necesidad de la censura” . Con ello se fomentaba una discusión política libre y el Gobierno tenía que responder ante el pueblo. El juez Brennan dijo que, aunque la situación mundial podía considerarse cercana al tiempo de guerra, el Gobierno no ha justificado que la publicación de los documentos pudiera provocar una situación de guerra. Los jueces admiten que alguno de los documentos pueda perjudicarlo, pero no se puede afirmar que la publicación de todos y cada uno de ellos perjudique directa e irreparablemente a nuestro país o a sus ciudadanos. Se señala que la evaluación del efecto negativo de una determinada publicación no reside solo en el Gobierno. Son los tribunales los que deben establecer el ámbito de la protección de los valores de la Primera Enmienda frente a las interferencias del poder. Los documentos que ha publicado contienen, fundamentalmente, información del Ejército de Estados Unidos sobre las guerras de Afganistán e Irak.  En mi opinión, las publicaciones de WikiLeaks gozan de la misma protección que los Papeles del Pentágono.

La persecución montada contra Julian Assange ha superado todos los límites admisibles en una sociedad democrática. El fundador de WikiLeaks continúa en la prisión de Belmarsh, mientras se decide definitivamente la demanda de extradición del Gobierno estadounidense por haber revelado informaciones de interés público. Que lejanos los tiempos en los que la Inglaterra del siglo XVII acuñó y difundió el derecho a la libertad de expresión en general y la libertad de prensa en particular. Esta doctrina se plasma en la Primera Enmienda y ha sido plenamente acogida por la Corte Suprema norteamericana. Existen razones jurídicas y políticas para que se rechace la demanda de extradición. Si los tribunales británicos desoyen las razones legales que esgrimen sus abogados, el Gobierno, por medio del  Ministerio del Interior, tiene la oportunidad, por razones humanitarias, de devolver la antorcha perdida a la Estatua de la Libertad.

La familia Couso tuvo desde el principio la sensación de que algo raro se movía alrededor de la causa abierta por el asesinato del cámara. No había victoria, por mínima que fuese, que no fuera seguida de una zancadilla al proceso. Y eso, repetido una y otra vez, hizo que entre los familiares del reportero gráfico anidase una duda permanente sobre las altas esferas políticas y judiciales españolas. El problema es que entonces eran solo eso, meras sospechas. Y lo fueron hasta que WikiLeaks soltó los papeles del Departamento de Estado. La revelación de todos aquellos documentos lo cambió todo. La familia pudo comprobar que no estaba loca, que Estados Unidos maniobraba para frenar casos como el de José Couso. Por eso, están "enormemente agradecidos" a la organización y a Julian Assange. Un activista que ahora se encuentra a solo un paso de ser extraditado a suelo norteamericano.

Cuando se produjo la filtración masiva, los Couso llevaban ya siete años dando la batalla en los tribunales para que se depurasen responsabilidades sobre el asesinato del cámara. Un camino repleto de éxitos y fracasos. Por aquel entonces, el caso ya se había cerrado y reabierto, en este caso por orden del Supremo, en dos ocasiones. Y el Ministerio Público no estaba por la labor de que el asunto continuase vivo. De ahí, el rechazo mostrado por el fiscal a las órdenes de detención internacional dictadas por el magistrado Santiago Pedraz y las peticiones de archivo de la causa. Una postura contra la que cargaron con dureza desde la familia del cámara: "Exigimos al fiscal general del Estado que se ponga a trabajar ya, a investigar lo que pasó, y que no se dedique más, ni él ni el Gobierno español, a tratar de torpedear una investigación judicial".

Aquellas palabras fueron pronunciadas por el hermano del reportero solo tres meses antes de que Pedraz se viese obligado a pedir explicaciones a Interpol por su negativa a poner en situación de búsqueda y captura a los tres militares procesados por la muerte del cámara –sargento Thomas Gibson, capitán Philip Wolford y teniente coronel Philip de Camp–. Y resonaron con más fuerza si cabe a finales de aquel año 2010, cuando WikiLeaks filtró más de 250.000 documentos con niveles de confidencialidad de todo tipo enviados desde la Administración central estadounidense hacia sus representaciones diplomáticas en todo el mundo. En total, más de 10.000 comunicaciones hacían referencia a España y 3.600 eran de la embajada estadounidense en Madrid.

Si algo pusieron de manifiesto aquellos cables, publicados por el diario El País, fue el intento de EEUU para frenar algunas causas judiciales que le afectaban seriamente. Entre ellas, la de Couso. Los documentos recogían, por ejemplo, una reunión en enero de 2007 del embajador Eduardo Aguirre con el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "para pasar revista a las preocupaciones del Gobierno de EEUU sobre la deriva del caso Couso y para averiguar cómo planea reaccionar el Gobierno español ante las novedades judiciales de la causa". Un encuentro en el que, según el informe, Conde-Pumpido aseguró que los fiscales "seguirían oponiéndose" a las órdenes de detención que acababan de ser dictadas por Pedraz. De hecho, solo unos meses después el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, avisaba a la legación que se había opuesto al procesamiento de los militares.

Las comunicaciones, del mismo modo, también hacían referencia al Ejecutivo español, entonces liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. Así, un cable dirigido por el embajador norteamericano a su entonces secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aseguraba que el Gobierno español había "ayudado entre bastidores a que la fiscalía apelara" las decisiones del juez. No era, sin embargo, la única vez que se mencionaba algo similar. "Ministros importantes se han movido rápidamente para hacernos saber que el Ejecutivo está trabajando para resolver esta situación. Deben actuar con cuidado mientras tratan de influir en la judicatura española, ferozmente independiente", se recogía en otro telegrama confidencial que llevaba el siguiente título: "Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen las órdenes de detención".

David Couso, hermano del cámara, recuerda a la perfección todas esas informaciones. Una cascada de comunicaciones que les dejaron con una sensación "agridulce". "Por un lado, pudimos ver que no estábamos locos, que existían papeles que confirmaban esa traición y torpedeo sistemático a la causa. Pero, al mismo tiempo, mostraba cómo altos cargos habían actuado como lacayos, reconociendo órdenes de una potencia extranjera", afirma en conversación telefónica con infoLibre. De hecho, al conocerse todos estos documentos la familia del reportero gráfico decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía. Consideraban que el contenido de los papeles podía indicar "la existencia de una conspiración o concierto delictivo". Pero no llegó a ningún lado. "Se quedó en nada. ¿Cómo iban a investigar los que maniobraron?", dice el hermano del reportero gráfico.

Tras la filtración, el Ministerio Público trató de defenderse. Así, una semana después de que viesen la luz los papeles del Departamento de Estado el fiscal general hizo llegar una nota a todos los fiscales jefes en la que resaltaba que la actuación por parte de los miembros del Ministerio Público había sido "irreprochable" y "absolutamente ajustada a derecho", al tiempo que mostraba su confianza en que "el rigor técnico" y la "acreditada profesionalidad" evitarían "cualquier menoscabo del interés general o de los derechos y garantías de los ciudadanos". No obstante, mostraba su preocupación por el "perjuicio" que causaba a la institución la difusión "fragmentaria y tratada de modo preordenado a su explotación mediática" de todos estos cables "relacionados con determinados procedimientos judiciales".

Porque aquellos documentos secretos no solo ponían en evidencia los movimientos de Estados Unidos en relación con el caso Couso. También destapaban movimientos y contactos en relación con otras dos causas judiciales más. Una de ellas era la relativa a los famosos vuelos secretos de la CIA, en la que se investigaba el uso del aeropuerto de Palma de Mallorca como punto de tránsito clandestino de sospechosos capturados ilegalmente y torturados en centros de detención secretos. En junio de 2006, el Consejo de Europa difundió un demoledor informe en el que acusaba a una docena de gobiernos europeos –entre ellos el español– de permitir el uso de sus aeródromos para estas prácticas. Pocas horas después, la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con el embajador Aguirre y, según los cables, le trasladó que España no tenía "reparos a los vuelos de inteligencia".

Y luego estaba el caso Guantánamo, que se inició a partir de una querella de la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España contra varios asesores de la Administración Bush por la detención ilegal y tortura de personas internadas en el centro ubicado en Cuba. En este asunto, los funcionarios estadounidenses se centraron en el fiscal Zaragoza. Según el relato que hizo la propia embajada, el representante del Ministerio Público les trasladó que la querella estaba "bien documentada" y que no tendría "otra opción más que abrir el caso".

No obstante, puso sobre la mesa una alternativa. Según recogen los documentos, deslizó que si el Gobierno de EEUU abriese una investigación España no podría reclamar la jurisdicción universal. "Exploraremos con más detalle esta opción con Zaragoza (formato, timing, cuánta información necesitamos) aunque dejando claro que aún no se ha tomado una decisión", apuntaba la embajada en un cable confidencial.

El asunto, por aquel entonces, estaba en manos del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, siempre según la versión que los americanos dejaron en sus comunicaciones, tenía intención de que fuera otro juez, el que estaba llevando los vuelos secretos de la CIA, quien se hiciera cargo del caso. Zaragoza esperaba que Garzón acabase abandonando el asunto. Pero si no lo hacía, según la embajada, tenía "una estrategia para retorcer el brazo" al magistrado, que consistía en airear que el juez no había investigado nada al respecto cuando había tenido datos para hacerlo. "Garzón no hizo nada cuando los presos volvieron a España y le contaron los malos tratos que habían sufrido", recogía aquel cable.

Ahora, doce años después, el fundador de aquella organización que arrojó luz sobre todos estos documentos secretos está a un paso de ser enviado a territorio estadounidense., y Baltasar Garzón es uno de sus principales abogados. El Gobierno de Reino Unido dio luz verde la pasada semana a la extradición de Assange, a quien las autoridades norteamericanas le acusan de más de una docena de delitos diferentes, una decisión que aún puede recurrir. "Estamos en deuda con esta persona y así se lo estamos pagando. Es grave que no defendamos a los informadores. De esta manera, lo que estamos haciendo es legitimar que el mundo pueda ser controlado por los poderosos", sostiene David Couso, quien echa en falta un mayor movimiento político, una "defensa" como antes se hacía del activista australiano. "No está de moda", se lamenta. (Garzón, por su parte, publica hoy en estas mismas páginas un artículo titulado El silencio condena a Julian Assange).

Las filtraciones de WikiLeaks tuvieron una gran repercusión a nivel mundial. Principalmente, porque de ellas bebieron los grandes medios internacionales, entre los que destacaban The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde o El País. Algunos de ellos, sin embargo, ni siquiera se han pronunciado ahora sobre la extradición. En el caso del rotativo estadounidense, el último artículo de opinión del equipo editorial en el que se hace referencia a Assange es del pasado mes de diciembre. En él deja claro que no es equiparable el caso del activista con el de todos aquellos periodistas que son encarcelados por líderes autoritarios que solo buscan mantener un "incuestionable poder". Pero también que, a pesar de los métodos a veces "turbios" de WikiLeaks, su caso podría sentar "peligrosos precedentes" que podría interferir con la "prensa libre".

El País tampoco ha lanzado ningún editorial tras el acuerdo de extradición de Assange, igual que no lo hizo cuando el Supremo británico dio vía libre al envío del activista a suelo estadounidense. Sí que lo hizo, sin embargo, tras su detención. "Merece un procedimiento justo, donde tenga la oportunidad de defender sus tesis y bajo ningún concepto puede ser sometido a un proceso secreto, relacionado con la seguridad nacional de EE UU. Si Suecia reabre la causa por abusos, el acusado tiene el derecho a comparecer primero ante el tribunal que originó esta situación. Otra decisión daría crédito a la tesis de Assange de que todo se trata de una argucia legal de EE UU para lograr castigar sus revelaciones".

Quien sí se apresuró a pronunciarse tras la última decisión del Ejecutivo de Boris Johnson fue The Guardian. En un duro editorial, el periódico británico resaltó que la decisión tomada "debería preocupar a cualquiera que se preocupe por el periodismo y la democracia": "Esta acción potencialmente abre la puerta para que periodistas de cualquier parte del mundo sean extraditados a los EEUU por exponer información considerada clasificada por Washington". El diario también señaló que Assange ya había "sufrido lo suficiente" y criticó que lleve tres años en una prisión de alta seguridad sin ser condenado. "La señora Patel –ministra del Interior– ha asestado un golpe a la libertad de prensa y contra el público, que tiene derecho a saber qué hacen sus gobiernos en su nombre", culminaba The Guardian, al tiempo que exigía a la Administración Biden que retirase contra Assange unos cargos que "nunca deberían haberse presentado".

Cuando todo saltó por los aires, los nubarrones de la Gran Recesión planeaban sobre el Viejo Continente. Corría el año 2010. Por aquel entonces, WikiLeaks apenas tenía relevancia pública. Pero todo cambio en apenas unos meses. La filtración de un vídeo sobre el ataque de un helicóptero del Ejército de Estados Unidos contra 11 ciudadanos iraquíes, seguido de la publicación de miles de cables diplomáticos y documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán, terminaron por catapultar a la fama a la organización. Su principal cara visible, Julian Assange, no tardó en convertirse en el whistleblower más buscado del mundo. Ahora, y después de siete años encerrado en la embajada ecuatoriana en Londres, el activista está a un paso de ser enviado a territorio norteamericano, donde le acusan de casi una veintena de cargos que podrían terminar comportando una pena de prisión de 175 años.

A los alertadores, por aquel entonces, apenas se les prestaba demasiada atención. Y eso que no era una figura novedosa –sólo hay que recordar a los gargantas profundas de los Papeles del Pentágono o el Watergate en los años setenta–. Una situación que empezó a cambiar a medida que las filtraciones masivas se fueron repitiendo. A la de Chelsea Manning, que fue quien entregó a la organización 700.000 documentos, le siguieron las revelaciones del extrabajador del HSBC Hervé Falciani y del analista de la NSA Edward Snowden. Y la publicación de SwissLeaks, LuxLeaks, Panamá Papers, Football Leaks o Cambridge Analytica. Buena parte de aquellos cables afectaban a los intereses económicos del Viejo Continente. Y eso, ya sí, empezó a preocupar a una Unión Europea que había mirado hacia otro lado con Assange.

La protección que hasta entonces se estaba ofreciendo a los alertadores en suelo comunitario era dispersa y desigual. Por eso, el Ejecutivo comunitario decidió poner sobre la mesa una directiva sobre la materia. Lo hizo en abril de 2018, cuatro años después de las primeras revelaciones importantes de WikiLeaks. "Muchos escándalos recientes podrían no haber salido nunca a la luz si personas de dentro no hubieran tenido el valor de expresarse. Sin embargo, al hacerlo asumieron riesgos enormes. Así pues, si protegemos mejor a los denunciantes de irregularidades, podremos detectar y prevenir mejor los perjuicios para el interés público", aseguró entonces el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, que recordó que la normativa cubriría “a quienes sirvan de fuentes a los periodistas”

La directiva obliga a establecer canales seguros de denuncia tanto dentro de determinadas empresas como en organismos públicos, además de proteger a los alertadores de castigos como el despido o la degradación. El texto da cobertura a todos aquellos trabajadores del “sector público o privado” que revelen hechos que “puedan causar serios daños a los intereses públicos” en materia de contratos públicos, servicios financieros, seguridad nuclear o protección del medio ambiente. Pero no afecta, sin embargo, a aquello que tiene que ver con la defensa, la seguridad nacional o la información clasificada, eje central de las revelaciones de Assange, Snowden o Manning, que fue condenada a 35 años por sus filtraciones pero liberada a los seis por el Gobierno de Barack Obama.

El problema es que la gran apuesta del Ejecutivo comunitario para cubrir a los whistleblowers se ha topado con la lentitud de los Estados miembro. Tenían hasta diciembre de 2021 para transponer la directiva a su ordenamiento jurídico. Sin embargo, la inmensa mayoría aún no lo han hecho. Según los datos recopilados por el EU Whistleblowing Monitor, elaborado por diferentes colectivos con presencia en el Viejo Continente, solo ocho países han adoptado la norma en sus legislaciones: Croacia, Chipre, Dinamarca, Francia, Letonia, Lituania, Malta, Portugal y Suecia. El resto ya llevan siete meses de retraso. En la práctica totalidad de los casos, se han producido movimientos. Con la única excepción de Hungría, donde aún no se ha dado paso alguno en la transposición de la directiva, tal y como denunció recientemente el colectivo Watchdog Atlatszo.

España es uno de esos Estados que aún tienen pendiente la aprobación de una directiva para la protección de los alertadores. De ahí que Bruselas decidiese abrirle en febrero un procedimiento sancionador por el retraso. Solo un mes después, el Gobierno dio un paso al frente y aprobó, después de meses de trabajo, un anteproyecto de ley en esta dirección. Son más de medio centenar de artículos en los que se regulan los sistemas internos de información para las denuncias –tanto en el sector privado como en el público–, se recoge la obligación de proteger al alertador o su entorno y se establecen sanciones que pueden llegar hasta el millón de euros. Eso sí, se deja claro en el texto que la protección prevista en la ley "no será de aplicación a las informaciones que afecten a la información clasificada".

El Ejecutivo espera tener lista la ley antes de que llegue una multa desde Bruselas. Mientras, Lara Carrasco, presidenta de Corruptil, muestra su preocupación por la tardanza a la hora de aprobar un texto que proteja a los denunciantes. "Hay una falta de voluntad política y demasiada permisibilidad ciudadana con la corrupción, una tolerancia pasmosa sobre la que debería trabajarse a base de concienciación", asevera. Un retraso que también critica la Fundación Hay Derecho, que cree que el Gobierno no parece "entender la urgencia" de tener una norma que acabe con la "extrema situación de vulnerabilidad" en la que acaban viviendo denunciantes que por hacer lo correcto terminan arruinando "sus vidas".

El colectivo ha analizado el anteproyecto puesto sobre la mesa por el Ejecutivo. Y se ha topado con varias lagunas. Les preocupa que por represalias se entiendan solo aquellos "actos u omisiones" que se produzcan mientras dure la investigación o en los dos años siguientes a su finalización o a cuando se produjo la revelación pública: "La mayoría de los alertadores las sufren durante años, incluso de por vida".

Tampoco les convence que la ayuda psicológica y financiera al alertador sea exclusivamente "de forma excepcional" o que la Autoridad Independiente de Protección del Informante esté vinculada al Ministerio de Justicia. Ni terminan de ver que se sugiera que los denunciantes deben acudir "preferentemente" a los canales internos de denuncia: "La realidad es que, sin una adecuada gestión, estos mecanismos frecuentemente anulan la posibilidad del anonimato y desencadenan represalias".

Cinco días después de que el Gobierno británico aprobara la extradición de Assange, que el activista recurrirá, diferentes organizaciones de periodistas, editores y redactores de varios países han lanzado un grito por la libertad de la cara visible de WikiLeaks "en nombre de la libertad de prensa". Lo han hecho este miércoles en un acto organizado por el Club de Prensa Suizo, en el que han alertado de que una posible condena en este caso sentaría un peligroso precedente que impediría a los informadores emplear las "filtraciones" y los "documentos clasificados" aunque contengan información "de gran interés público".

Pero no es el único frente que tiene abierto la libertad de prensa. A este hay que sumarle otro derivado de algunas normativas que aún perviven en el Viejo Continente. Un ejemplo de ello lo encontramos en Suiza. En el país alpino, que en el último año ha caído del puesto décimo al decimocuarto en la clasificación de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, el artículo 47 de la Ley Bancaria pone a los periodista del país en riesgo de ser procesados por la mera posesión de datos bancarios privados, aunque no los lleguen a publicar y aunque sean de interés público. Este blindaje al secreto bancario se introdujo en 2015. Y ha impedido al medio suizo Tamedia participar en la investigación internacional Suisse Secrets, que en España publicó infoLibre.

Sindicatos de periodistas de toda Europa han pedido “liberar” al fundador de Wikileaks, Julian Assange, “en nombre de la libertad de prensa”. Así lo han reivindicado los responsables de 15 sindicatos este miércoles 22 de junio en una conferencia de prensa internacional en Ginebra, Suiza. Este evento lo ha organizado el Club de la Prensa Suiza, y ha contado con representantes españoles de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). 

Según expone FeSP, el objetivo de esta conferencia de prensa no es únicamente impedir que Assange no sea entregado por Gran Bretaña a EEUU, sino que “sea puesto en libertad y se retiren los cargos que pesan contra él”. 

El pasado 17 de junio la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, aceptó la solicitud del gobierno de EEUU de extraditar a Assange para ser juzgado allí. El activista australiano lleva recluido desde hace tres años en una prisión de alta seguridad cerca de Londres, y se enfrenta a 175 años de prisión en EEUU por filtrar en 2010 unos 700 mil documentos militares y diplomáticos estadounidenses confidenciales (relacionados en su mayoría con los registros de guerra afganos e iraquíes). Estos papeles revelaban “violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción”, según asegura FeSP. 

La decisión del Gobierno británico ha sido considerada por las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP/EFJ) como una “decisión vergonzosa” que sienta “un precedente terrible para todos aquellos que luchan a diario para decir la verdad”.