El sector cultural evoluciona en España de manera positiva en 2023, primer año libre de restricciones sanitarias y administrativas por la crisis de la covid, pero pese a esos incrementos en público, sesiones y recaudación, no se han recuperado las cifras prepandemia: "Quedan hábitos y quedan miedos".

Así consta en el Anuario SGAE de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales 2024 recogido por EFE, que "urge" a cerrar la brecha producida por los efectos de la pandemia, "no solo por sus repercusiones en el sector, sino por lo que subyace y es que parte de la población, por miedo, está quedando excluida de las prácticas culturales que suponen la reunión en lugares públicos".

El anuario presentado este viernes por el presidente de la Fundación SGAE, Juan José Solana, y el director general de la Fundación, Rubén Gutiérrez, revela que la recuperación de las artes en vivo se mantiene, alcanzando de media en 2023 un 23% más de recaudación, un 10% de sesiones y un 19% más de espectadores que un año antes, pero se mantienen lejos de las cifras de 2019.

La música popular es la única disciplina en vivo que ha superado los niveles de 2019, en recaudación (un 40% más), en espectadores (un 0,4%) y en número de conciertos, un 21%. En total, en 2023 hubo 110.192 conciertos a los que acudieron 21,82 millones de personas. También el número de espectadores que acudieron a macrofestivales superan las cifras de 2022 y ligeramente las de 2019. En este caso Andalucía, Cataluña y Madrid lideran la asistencia.

Mientras, la recaudación de los macrofestivales sigue la misma tendencia al alza con 573 millones de euros, un 27,5% más que en 2022 y un 40,5 % más que en 2019.

En cuanto a la música grabada, el mercado sigue una tendencia creciente con unos ingresos de 519 millones. El 'streaming' continúa una tendencia ascendente mientras que las descargas de música caen un 7,8%.

En 2023 se realizaron 44.742 representaciones de artes escénicas (teatro, danza y género lírico), lo que supone un incremento del 3% respecto al año anterior. Sin embargo, no se ha logrado alcanzar las 50.866 funciones del año anterior a la pandemia, por lo que respecto a 2019 se ha perdido un 12%.

Madrid y Cataluña vuelven a ser las comunidades que concentraron más ofertas. En todo el territorio español se registraron en 2023 un total de 9,35 millones de asistentes lo que supone un crecimiento del 25,7% en relación a un año antes, pero un retroceso el 34% en relación a 2019.

Según el director de la Fundación, la asistencia es el "gran problema" en las artes escénicas ya que hay cinco millones de espectadores que no han vuelto a las salas. En 2023, se recaudaron 160,4 millones, por lo que se mantiene la tendencia creciente, pero lejos de lo ingresado hace cinco años, un 33% menos.

El teatro vuelve a ser la disciplina con más peso en las artes escénicas y representó, en 2023, el 93,5% de las funciones, el 88,6% de la asistencia y el 86,5% de la recaudación. Mientras que Madrid ostenta el liderato del teatro en recaudación y representaciones, Cataluña lo hace en espectadores de danza y género lírico.

La danza, por su parte, concentró el 4,4% de las funciones, el 7,2% de los espectadores y el 4,6% de la recaudación. Mientras, el género lírico acumuló el 2,1% de las representaciones, el 4,2% de la asistencia y el 8,9% de lo recaudado.

La música clásica continúa en 2023 con una tendencia creciente, pero no termina de alcanzar las cifras prepandemia. En 2023, y respecto a un año antes, se observan incrementos del 18,8% en conciertos, 37,5% en público y un 22,9% en recaudación. La Comunidad Valenciana fue la más activa en número de conciertos de este tipo, aunque Madrid lidera asistencia y recaudación.

Si se compara con 2019, hay un descenso del 7,7% en representaciones, del 28,4% en asistencia y del 22,7% en recaudación. Gutiérrez subraya la ausencia de público de más de 65 años, con más miedo a acudir a lugares públicos tras el covid.

La evolución del cine se asemeja a lo expuesto en artes escénicas y clásica. En 2023 los datos son positivos, pero no se recupera la situación previa a 2020.

Los incrementos de 2023 respecto a 2022 fueron del 3,2% en número de sesiones, del 30,8% en espectadores y del 35,6% en ingresos. Si la comparativa es con 2019, sin embargo, hay un retroceso del 13,7% en sesiones, del 25% en asistencia y del 18,9% en recaudación. En España, la media de entradas compradas por persona fue de 1,6 y Madrid, con el promedio anual más alto, llegó al 2,1.

La comunidad con más cines abiertos fue Cataluña, seguida de Andalucía y Comunidad Valenciana. Por número de pantallas, lidera Andalucía, por delante de Cataluña y Madrid. Barbie, Super Mario Bros: la pelicula y Avatar: el sentido del agua fueron las películas más taquilleras en 2023 y el largometraje con más recaudación, Cameponex.

El consumo de televisión se ve reducido en 2023, con medias de 181 minutos por persona al día. También cae el consumo radiofónico que baja a 93 minutos diarios, un minuto menos que en 2022. Mientras, los ingresos por publicidad televisiva suben un 0,3% y los de publicidad radiofónica, un 3,2%. Aún así, están por debajo de los de 2019.

Netflix y Amazon Prime Video son las plataformas con más hogares abonados. El televisor es el dispositivo que con más frecuencia se encuentra en las casas, seguido del teléfono móvil, que gana tres décimas.

Susana de Diego tiene una corta pero fructífera carrera musical. A sus 22 años, esta joven cantante, que se quedó a un paso de poder entrar en OT23, ha logrado publicar un disco y varios sencillos en Spotify donde, desde la pandemia, comparte su música de forma completamente independiente y bajo el nombre artístico de Soosie. “Cuando pasaba rondas en Operación Triunfo, llegué a tener más de 8.000 oyentes mensuales. Ahora mismo, mi primera canción tiene más de 40.000 reproducciones y tengo muchas más publicadas con decenas de miles”, unos números que según la propia artista “no están nada mal”, pero que contrastan poderosamente con los ingresos que le han reportado. “En tres años subiendo mi música he ganado menos de 200 euros, lo cual es muy poco. No sé cuánto te da Spotify por cada reproducción pero es muy muy poquito”, comenta De Diego.

Su caso no es ni mucho menos aislado en una industria dominada por las grandes plataformas de streaming como Apple Music o la propia Spotify. Estos servicios, con un volumen de facturación enorme y con millones de canciones en su haber, propician, sin embargo, una enorme desigualdad en el reparto del dinero, dejando a los artistas, sobre todo a aquellos más pequeños, con unos ingresos mínimos. Tanto es así que el Parlamento Europeo ha decidido tomar cartas en el asunto con una resolución, la cual fue aprobada en la Eurocámara por 532 votos a favor, 61 en contra y 33 abstenciones, que trata de dar un primer paso para lograr, según sus propias palabras, una “distribución de los ingresos más justa y equitativa”.

"La tarta nunca había sido tan grande: estamos en un momento en el que, gracias a la digitalización, escuchamos más música que nunca y, según varios estudios, el volumen de facturación de estas plataformas oscila entre los 20.000 y los 50.000 millones de dólares. Sin embargo, la situación de la mayor parte de artistas es cada vez más precaria”, explica Ibán García del Blanco, eurodiputado del grupo de los socialdemócratas y ponente de la resolución votada en el Parlamento. En el caso de Spotify, la plataforma informa que se queda aproximadamente con el 30% de los ingresos, pero, en opinión de García del Blanco, el pago por reproducción sigue siendo bastante “miserable” y la transparencia en el funcionamiento de las plataformas, mejorable.

“El informe detecta perfectamente la cuestión: los autores, que son los que crean el valor, no pueden vivir de esto y tienen que seguir dependiendo de otro tipos de explotaciones como los conciertos porque el modelo no sostenible para ellos”, comenta Cristina Perpiñá-Robert, directora general de la SGAE desde Estrasburgo en conversación a con infoLibre momentos después de la aprobación de un informe que considera muy positivo para los autores europeos y en concreto para los españoles. "En España es especialmente sangrante porque hemos detectado que, mientras en otros países los ingresos por derechos de autor representan en torno a un tercio del total para los autores, en nuestro país está más o menos oscilando entre un 14 y un 15%", explica.

Este desequilibrio no solo afecta a artistas emergentes o independientes pequeños como De Diego, sino que también repercute de forma directa en otros con cientos de miles o millones de reproducciones. Aún con esos números tan importantes, según el informe europeo, muchos autores son incapaces de vivir directamente del negocio de la música. La situación llega a ser tan crítica que, según asegura el informe, algunos artistas incluso llegan a sacrificar ingresos por tener más visibilidad.

“Estos esquemas de pago por visibilidad, como el payola, están directamente prohibidos por la normativa europea, lo hemos puesto de manifiesto con el informe y hemos dicho que se tiene que terminar y, si es necesario, habrá que establecer una regulación que ataje definitivamente ese tipo de prácticas”, comenta el eurodiputado. 

Otro de los problemas que recoge el informe del Parlamento es el peligro que tienen las obras de los artistas europeos a perderse entre el océano infinito de música en estas plataformas. Mientras que otros sectores como el cinematográfico ya tienen desde hace mucho tiempo directivas que protegen la obra europea y que fijan cuotas de exhibición de las películas comunitarias en los cines, la música aún carece de esta regulación. “Es cierto que no es exactamente el mismo modelo y, probablemente, no se pueda replicar análogamente con las mismas reglas, pero los valores que están en juego son más o menos los mismos y ahí tenemos una obligación de salvaguardar los principios europeos”, comenta el eurodiputado.

Pese a que otros países como Reino Unido ya están tratando en profundidad el problema de la diversidad en este tipo de plataformas musicales en sus parlamentos, la Unión Europea es pionera en lanzar un informe tan completo y concienzudo sobre ello. De hecho, dentro del propio documento se especifica que, si la situación de la obra europea continúa como hasta ahora, se podrían aplicar cuotas a estas plataformas de forma similar a como se hace en el cine, además de incluir indicadores de diversidad para evaluar la variedad de géneros y lenguas en las canciones incluidas en estos servicios. “Alguien puede amar profundamente el reggaeton durante toda su vida y solo escuchar eso, pero tenemos que garantizar que por lo menos haya tenido acceso a otro tipo de música y artistas”, defiende García del Blanco.

A esta situación contribuyen los algoritmos de recomendación de las propias plataformas, los cuales, según el informe, son tremendamente opacos en su funcionamiento. En este sentido, y por los problemas aparejados a estos, a los artistas independientes solo les queda recurrir a entrar en las listas de reproducción para ganar visibilidad: “Es muy difícil que te metan en listas de recomendaciones que genera la propia plataforma si eres un cantante emergente, eso requiere que estés en el top de las playlists o que te descubran. Por eso, una de las cosas que plantea el informe es la necesidad de tener una mayor visibilidad para autores más pequeños o de géneros no tan conocidos”, reivindica Perpiñá-Robert.

El problema de los algoritmos opacos también repercute en los autores por otra vertiente, la de la inteligencia artificial. En los últimos años, han comenzado a proliferar en estas plataformas digitales canciones realizadas con IA con millones de reproducciones y que se cuelan en cientos de playlist de Spotify. Algunas imitan a cantantes famosos, otras son melodías relajantes o para concentrarse y otras sirven, simplemente, para tenerlas en común; sin embargo, todas coinciden en que compiten en condiciones de desigualdad con canciones realizadas por artistas de carne y hueso.

“Conocemos cada vez más casos en los que se utiliza la inteligencia artificial de una forma fraudulenta, por eso también es importante establecer criterios de transparencia para acabar con la opacidad y así proteger igualmente el modelo de negocio de las plataformas”, explica el ponente de la propuesta, la cual prevé medidas como el etiquetado de canciones producidas por IA o el abordar los temas llamados deepfakes (las cuales usan la voz y las identidades y la apariencia de los autores sin su consentimiento). 

El documento que aprobó la semana pasada el Parlamento Europeo establece recomendaciones para el sector, pero aún no es vinculante. Para que lo sea, deberá ser desarrollado por la Comisión y por el Parlamento Europeo que salga de las próximas elecciones de junio. El texto establece un marco para una posible regulación y la creación de un Observatorio de la Música Europeo, que servirá para poner en común a todos los agentes del mundo de la música. “No se trata de poner el problema en solo una parte, el mercado es muy desequilibrado pero sí se trata, en sentido positivo, de animar a todas las partes a que se reequilibre mediante la negociación para que la situación no derive, a largo plazo, en algo que no vamos a permitir”, concluye el eurodiputado.

YouTube quiere sacar partido de las canciones creadas con inteligencia artificial (IA) que se han viralizado recientemente en la plataforma. Los 1,2 millones de visitas de la cover de Freddie Mercury cantando Thriller de Michael Jackson o el streamer español Ibai Llanos interpretando las canciones de Quevedo han llevado al director ejecutivo, Neal Mohan, a asociarse con Universal Music para crear una incubadora de música creada por IA. La inteligencia artificial aprenderá de los artistas, compositores y productores del sello Universal para componer sus futuras canciones. Un terreno, el de la creación en IA, que se presenta como problemático en el ámbito de la protección de los derechos de los creadores, tanto de los que se apoyan en estos programas para sus canciones, como para los que ven sus propias creaciones usadas para alimentar los servidores.

El plan de YouTube también es proteger a la comunidad de creadores, que va de la mano con la monetización de estos contenidos a través del Content ID, su sistema de detección de plagio. La directora general de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Cristina Perpiñá-Robert, explica a infoLibre que las creaciones generadas de forma totalmente autónoma por IA no están protegidas por el régimen de propiedad intelectual conforme al derecho español.

La línea fronteriza para SGAE en el uso de la IA es la creación humana como requisito imprescindible para poder estar protegida y gestionada por la Sociedad de Autores y que los derechos de quien ha creado la composición sean defendidos. Su directora apunta que resulta esencial que toda tecnología de IA se utilice de forma que sirva de instrumento para la cultura y la creación artística, y recalca que, “en ningún caso, sustituya a la creación humana”. La línea que sigue SGAE es la de los principios establecidos en la Human Artistry Campaign, una guía para la utilización responsable de esta tecnología en la cultura y el arte, y que Perpiñá-Robert destaca que “requiere la máxima transparencia por parte de este tipo de herramientas y sistemas”.

Lo que sí está protegido en cualquier caso es el hecho de que el autor haya usado la IA como instrumento al servicio de la creatividad humana. Su uso complementario no afecta a la protección de la obra ni a los derechos de autor. El registro de una obra en SGAE (o en el Registro de la Propiedad Intelectual), según reconocen desde la dirección, no es condición necesaria para su protección ni para que se le reconozcan derechos de autor. La propiedad intelectual de la obra musical corresponde a su autor por el solo hecho de su creación, sin exigirse ninguna formalidad ni registro, como señala el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual. Se considera autor “a la persona natural que la crea” (artículo 5 de la LPI).

Los modelos de inteligencia artificial son entrenados con repertorios que están protegidos y al que tienen acceso sin retribuir ninguna remuneración a los autores y además, según señala el presidente de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (Cisac), Björn Ulvaeus, no tienen ninguna transparencia. Defiende que aunque ve en la IA el perfecto colaborador, no es fácil que un autor pueda impedir el uso de su obra para que el sistema la incorpore y extraiga sus patrones. Las entidades de gestión de derechos están trabajando en la concesión de licencias para este tipo de explotaciones para que sus autores sean reconocidos. Cristina Perpiñá-Robert es clara: “Si una canción es el output de una herramienta de IA que se basa en haber reproducido obras preexistentes, se requiere la autorización de los titulares de derechos de las obras preexistentes”.

El catedrático en inteligencia artificial de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, explica que esta tecnología está basada en algoritmos y la reutilización de modelos que se entrenan. Es el caso del modelo LLM que, según explica, entrenan con todo tipo de información y se utiliza para realizar tareas relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural. Son las empresas las que compran repertorios de información para volcarla en sus motores y enseñar a las IA. La protección de datos no solo protege a los usuarios de publicidad no deseada sino que alimentar inteligencias artificiales.

En medio del debate internacional sobre los derechos de los creadores que tanto Perpiñá-Robert como Corchado se refieren, está la ética que funciona como faro de guía a la hora de continuar pensando y entrenando a la IA. Corchado apunta que desde el laboratorio en el que trabaja tienen que guiarse "por el sentido común" y siendo cocientes de que estas tecnologías "cambiaran el mundo" en función de cómo decidan entrenarlas. Además advierte de que es difícil demostrar en qué medida un autor ha hecho uso de una inteligencia: "El que quiera hacer trampas lo tiene bastante fácil".

La voz es unos de los rasgos que definen, identifican y singularizan a una persona, sea o no artista, señalan desde SGAE, y la réplica sin control degenera en su devaluación. En términos legales, hacer uso de la IA no desprotege a su creador. Tradicionalmente los autores han hecho uso de tecnologías para desarrollar su creatividad, y así entienden también la asistencia de la IA. Solo hasta agosto hubo más de 1.700 millones de visualizaciones de vídeos relacionados con herramientas de inteligencia artificial en YouTube.

El sector cultural ha perdido en 2021 un 60% de público y recaudación respecto a los datos de 2019, según los datos de la Fundación SGAE, que ha presentado este miércoles el Anuario SGAE 2022 de las Artes Escénicas, Musicales y Audiovisuales, sin embargo, para el director general de Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez, el "futuro es esperanzador", según ha informado Europa Press.

"El informe plantea un futuro esperanzador. Teníamos miedo de que esta nueva crisis (covid) se extendiera en el tiempo y pasara lo mismo que con la crisis de 2008. No es el momento de echar las campanas al vuelo porque hay que prestar atención a los años 2022 y 2023, pero la sensación es que en esta ocasión se ha mantenido la actividad congelada, sin que ello supusiese la pérdida de tejido productivo", ha afirmado.

Las cifras se han presentado en una rueda de prensa en la que también han participado el presidente de SGAE, Antonio Onetti y el presidente de Fundación SGAE, Juan José Solana.

El estudio muestra que, tras la pandemia, el sector ha retomado la actividad con una media de 41,5% más de espectáculos en vivo y un 45% más de sesiones de cine, así como un 56% más de público y un 52% más de recaudación que en 2020.

Sin embargo, para la institución cobra especial relevancia el 2019, ya que entienden que las restricciones sanitarias en 2020 provocaron muchos estragos. Así pues, las políticas de seguridad sanitarias implementadas por los gobiernos regionales durante 2021, como las limitaciones de aforo y las restricciones perimetrales, han provocado pérdidas del 33% en el número de funciones; del 62% de la asistencia de público y un 60,5% de media en cuanto a términos de recaudación, respecto a 2019.

En relación con las artes escénicas, el documento revela que las cifras son más optimistas en 2021 que en 2020, puesto que creció un 42% el número de funciones; la asistencia aumentó un 65,8% y la recaudación un 61,8%. No obstante, frente a los datos de 2019, existe un retroceso del 28% en la oferta, del 59% en el número de espectadores y del 55% en la recaudación.

En este sentido, los datos muestran que el teatro ha sido la disciplina líder en las artes escénicas, al acumular el 94% de las representaciones, el 90% del público y el 89% de la recaudación.

"Todos los sectores se han enfrentado a los mismos obstáculos y todos han intentado superarlos de la misma manera. Los sectores que antes de la pandemia eran débiles, siguen estando débiles", ha lamentado Gutiérrez, que ha añadido que la asignatura "pendiente" de España es la danza. "Es un sector que produce mucho talento pero necesita de apoyos más importantes. Es un sector muy frágil", ha subrayado.

En el caso de la música popular en vivo, hay una mejoría en 2021 comparada con 2020, con un aumento del número de conciertos del 40%, del 59,4% en la asistencia y del 49,5% en la recaudación. Por el contrario, respecto a 2019, las pérdidas en 2021 se suceden: 29% menos en el número de conciertos, 58,3% en el número de asistentes y el 62% de la recaudación.

Durante 2021, se celebraron 64.682 conciertos de música popular en vivo (18.000 más que en 2020). Las comunidades autónomas que celebraron más conciertos de este tipo fueron Madrid (14.258); Andalucía (12.842); y Cataluña (10.543). El número de espectadores, incluyendo macrofestivales, ha sido de 11.770.169 personas, 4,39 millones más que en 2020.

Los ingresos obtenidos en 2021 por la venta de entradas a conciertos de música popular, incluyendo los macrofestivales, según el Anuario, han sido de 154.578.696 euros, más de 51 millones que en 2020.

Por su parte, la música clásica también ha experimentado un incremento en el número de conciertos (38,8%), en el número de espectadores (45,2%) y en la recaudación (38,8%). Pero con respecto a los datos de 2019, se ha reflejado un decrecimiento en todos los casos, con bajadas del 36,1% en la oferta, del 69,3% en la asistencia y del 64,7% en la recaudación.

La música grabada en 2021 se mantuvo en su tendencia creciente de los últimos años, según los datos de SGAE, elaborados a partir de Promusicae. Así, en 2021, se ha recaudado entre el mercado digital y el físico de la música grabada 367,20 millones de euros y aumentó un 16,1% respecto a 2020.

Por su parte, el mercado físico ingresó un total de 63,72 millones de euros, cifra que supone un incremento del 15,4%. En cifras absolutas, el streaming (que incluye no solo las suscripciones sino, además, los ingresos por publicidad en este medio) produjo unos ingresos en España de 297,45 millones de euros.

En cuanto al mercado físico, Gutiérrez ha destacado el crecimiento de ventas de vinilo con 5,46 millones de euros, aunque el CD sigue siendo mayoritario, con ventas que alcanzan los 63 millones de euros.

En el cine, los datos reflejan una situación similar a la de las artes en vivo. En 2021, respecto a los datos de 2020, se reflejan unas subidas del 44,9% en el número de sesiones programadas, del 55,4% en el número de espectadores y del 56,6% en la recaudación.

Sin embargo, enfrentando las cifras con las de 2019, los resultados son diferentes, ya que se observan descensos del 38,3% en las sesiones ofertadas, del 60,7% en la asistencia y del 59,5% en la recaudación.

Por último, el director general de la Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez, ha señalado que, al contrario de lo que sucediera en 2020, en 2021 se registra una importante caída en la media del consumo televisivo por persona al día. De 231 minutos diarios se pasa a 205, lo que implica un descenso en el último año de 26 minutos.

Sin embargo, ha aumentado, por tercer año consecutivo, el uso o de plataformas de pago para ver contenidos audiovisuales. Durante 2021, una media del 54,1% de los hogares con acceso a internet utilizó dichas plataformas con ese fin. Esta cifra supone un incremento de 4,7 puntos en comparación al dato de 2020.

En 2021, aunque bajó la media de consumo televisivo, los ingresos publicitarios en televisión aumentaron hasta los 1.776,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,3% respecto a los del año anterior (135,9 millones de euros). Las televisiones nacionales en abierto concentraron el 89,3% de los ingresos por emisión de publicidad en sus canales, el 5,6% fue a parar a los canales de pago, el 5% a las autonómicas y el 0,1% a las televisiones locales.

En el caso de la radio, en 2021 también se produce un descenso del tiempo que dedican los oyentes españoles a escuchar la radio. Según datos de EGM, la media de consumo radiofónico en España cayó hasta los 92 minutos por persona y día, dos minutos menos que un año antes.

A pesar de la disminución en el consumo radiofónico, los ingresos publicitarios llegaron a los 415,4 millones de euros. Dicha cifra supone un crecimiento del 10,8%.

La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) Eduardo Teddy BautistaTeddy  y a otros nueve acusados por el presunto desvío de fondos de la entidad, unos hechos por los que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas que iban desde los dos años a los doce años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil y asociación ilícita. La sentencia de la Sección Segunda de la Sala Penal, notificada este miércoles, explica que la propia SGAE retiró primero la acusación penal y después la civil al no sentirse perjudicada por estos hechos y que, tras valorar la prueba, no ha quedado acreditado que los acusados actuaran al margen de los órganos sociales de la entidad sino que cumplían y ejecutaban los acuerdos adoptados por aquellos, según informa Europa Press.

En su día también la Fiscalía retiró la petición de responsabilidad civil por los perjuicios económicos causados a la SGAE que cifró en su momento en más de 47,6 millones de euros, tanto respecto de Bautista como del que fuera su mano derecha José Luis Rodríguez Neri y las otras ocho personas que fueron juzgadas desde el pasado mes de septiembre en la Audiencia Nacional.

A lo largo de los 178 folios de la resolución, con ponencia del magistrado Fernando Andreu, se describen el funcionamiento y órganos de decisión de la Sociedad General de Autores como entidad privada que tiene autorización para actuar como entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual y los contratos objeto de enjuiciamiento, como los proyectos TESEO y Portal Latino y los acuerdos con SDAE o Microgénesis.

La Sala dice que no queda acreditada la tesis de la acusación sino que más bien, a la vista del acervo probatorio, "debemos afirmar que ha quedado acreditado que todas y cada una de las decisiones de contratación realizadas entre la SGAE y la SDAE y entre esta y Microgénesis fueron conocidas, adoptadas y aprobadas por los órganos de dirección de ambas sociedades, con previo y pleno conocimiento de las condiciones de contratación, con la aprobación presupuestaria anual a cargo de los presupuestos de la SGAE, quien era la última beneficiaria de los productos contratados". "Productos -añade la Sala- que eran absolutamente imprescindibles para el correcto funcionamiento de la SGAE a fin de dar cumplimiento a sus fines sociales, para la gestión de los derechos de autor, y la retribución de los mismos a los socios, ante el exponencial crecimiento que la reproducción de las obras en medios digitales estaba sucediendo en aquellos años, lo que precisaba, inexorablemente, de la creación de los programas adecuados para la gestión de tales derechos de autor".

Durante su declaración en el juicio por estos hechos, el pasado 15 de septiembre, Bautista afirmó todas las decisiones de contratación de la sociedad con la empresa de José Luis Rodríguez Neri -Microgénesis- venían respaldadas por los órganos de dirección internos correspondientes de la sociedad. Así, incidió en que de hecho ni si quiera fue él quien introdujo a Neri -que acabó siendo directo de la filial digital de la sociedad (SDAE)- en la SGAE, sino que cuando él le contacta lo hace porque ya era "proveedor habitual"

Esta tesis es acogida por la Sala, que señala en su sentencia que en su función de promoción del repertorio de los socios también era "absolutamente necesaria", la creación de portales o páginas web que dieran a conocer tales obras, sobre todo respecto de los autores menos conocidos, así como también era imprescindible la formación en los nuevos programas del personal que iba a ser usuario de los mismos, el propio personal de la SGAE. "Queda acreditado que tales trabajos se realizaron, se desarrollaron y se implantaron en la SGAE, y de hecho al día de hoy siguen siendo utilizados por dicha entidad, tal y como consta y han hecho constar los órganos directivos de la Sociedad, quienes se han pronunciado expresamente para constatar que a su juicio ningún perjuicio se ha ocasionado a la sociedad", concluye.

En los fundamentos jurídicos de la sentencia, la Sala indica también que el delito de apropiación indebida exige la prueba concreta de que el administrador ha hecho suyos fondos que le estuvieron confiados o que les ha dado otro destino. En este caso, aclara la Audiencia, "esa prueba concreta no se ha producido, antes bien y al contrario, a lo largo de la prueba practicada se ha acreditado por las defensas que los fondos de la SGAE, transferidos a la SDAE, se utilizaron para la adquisición y pago de los servicios acordados contratar por los órganos sociales, y que tales servicios se prestaron real y efectivamente bajo unos precios usuales en el mercado, y que en base a tales servicios la SGAE contó con una serie de productos, siendo los principales TESEO y PORTAL LATINO, que le eran básicos para la gestión de la Sociedad en el beneficio de sus asociados, y para la promoción del repertorio y las obras de los mismos".

"Si no hay perjuicio, no hay delito"

La sentencia también explica que la SGAE es una entidad de derecho privado, no sujeta a los términos de la contratación en el sector público y la SDAE era otra sociedad privada, participada al 100% por la SGAE, por lo que lo que era bueno para una también lo era para la otra, siendo esta segunda utilizada para actuar con mayor agilidad y eficiencia en el mercado.

Al respecto, señala que en cualquiera de las dos modalidades por las que acusaba de la Fiscalía, bien la principal de apropiación indebida, bien la alternativa de administración desleal, se requiere como elemento típico integrante del ilícito penal la existencia de perjuicio. "En consecuencia, si no hay perjuicio, no hay delito. Y en el presente caso no sólo es que no se haya acreditado perjuicio alguno derivado de la actuación de los acusados para con la SGAE, sino que es la propia SGAE la que no se considera perjudicada y decide retirarse del ejercicio de las acciones penales y civiles" en esta causa, recuerda.

Para la Sala, de las pruebas practicadas "no solo no se ha venido a poner de manifiesto que los acusados, singularmente D. Eduardo Bautista o D. José Luis Rodríguez Neri hubieren actuado al margen de los órganos sociales o extralimitándose en sus facultades, o de distracción o utilización del bien administrado para un fin distinto del establecido o convenido por los órganos sociales, sino que, antes bien y al contrario, se desprende que los mismos cumplían y ejecutaban los acuerdos sociales". Unos acuerdos, prosigue, "adoptados por los órganos competentes para ello, a cuyos miembros se informaba cumplida y extensamente de todos los antecedentes necesarios para su información a la hora de tomar decisiones, y así se deriva del contenido de las extensas, rigurosas y minuciosas actas que se confeccionaban y en las que se hacían constar toda circunstancia relevante en la toma de consideración y acuerdo de las decisiones".

La sociedad de autores SGAE ha sido readmitida en la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) tras implementar una serie de reformas "que han transformado a la entidad y su funcionamiento".

La SGAE fue expulsada temporalmente de la CISAC en mayo de 2019 por infracción de las normas de la confederación internacional, trato discriminatorio a los titulares de derechos e irregularidades en la distribución de derechos.

"El Consejo de Administración de la CISAC ha decidido readmitir a la SGAE, tras realizar una exhaustiva revisión de todos los cambios en las prácticas de la sociedad, que han sido implementados durante los últimos tres años con el apoyo de la CISAC", ha señalado la entidad en un comunicado recogido por Europa Press.

Antes de la expulsión, la CISAC llevó a cabo "una profunda revisión" del funcionamiento de la SGAE y emitió un informe incluyendo un amplio paquete de reformas que la sociedad debía implementar para poder cumplir con las normas de la CISAC.

Entre las reformas que han conducido ahora a la readmisión de la SGAE, se incluye el cese de las prácticas discriminatorias en la elección de los miembros de los órganos de gobierno y de la Comisión de Supervisión o la celebración de nuevas elecciones para la Junta Directiva con la restauración de la representación de todos los titulares de derechos afiliados en los órganos de gobierno de la sociedad.

CISAC también ha destacado la introducción de un nuevo código de conducta para resolver los conflictos de interés; cambios en las ponderaciones y coeficientes de distintas categorías de música, y la separación de bolsas de música y audiovisual o el tope máximo del 20% de derechos musicales en la franja de madrugada de televisión.

El director general de la CISAC, Gadi Oron, y el Presidente del Consejo, Marcelo Castello Branco, han reconocido que se ha tratado de "una difícil tarea de máxima importancia" tanto para los miembros de la CISAC como para los autores españoles, "que se merecen una sociedad que funcione correctamente y en la que puedan confiar".

"Las reformas introducidas deben ayudar a la SGAE para que ésta pueda servir mejor a sus miembros y socios internacionales, y a la recuperación de la recaudación tras la profunda crisis provocada por la pandemia", han concluido.

La vista oral del denominado caso SGAE se celebrará desde este lunes en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, y en ella se juzgará a once personas, entre las que se encuentra el que fuera presidente del Consejo de Dirección de la sociedad de autores Teddy Bautista, por el desvío "masivo" de fondos, según informa Europa Press.

Según el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado del juez instructor José de la Mata, la trama habría cometido delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

De la Mata indicaba, tras siete años de investigación, que los imputados llevaron a cabo "una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de la SGAE" a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a 'Microgénesis' de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas, causando "perjuicios y pérdidas constatados" para la sociedad de autores.

En su escrito de acusación, que data de septiembre de 2017, el fiscal interesaba siete años de cárcel y una multa de 135.000 euros para el expresidente del Consejo de Dirección de la SGAE Teddy Bautista, y le imputa un delito de apropiación indebida.

Entre los otros diez acusados se encuentra José Luis Rodríguez Neri, exdirector de la SDAE —filial digital de la SGAE—, para el que se solicita la pena más alta, doce años y medio de prisión y una multa de 270.000 euros por apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita; lo mismo que para Rafael Ramos, exsocio de Rodríguez Neri.

La mujer de Rodríguez Neri, María Antonia García Pombo, y la hermana de ésta, Pilar, también están acusadas en esta causa de apropiación indebida, falsedad de documentos mercantiles y asociación ilícita, por lo que el fiscal pide para las dos diez años y siete meses de prisión y 258.000 euros de multa.

Otra de las procesadas es la hermana de Rodríguez Neri, Juana Cristina, para quien el Ministerio Público solicita ocho años y tres meses de cárcel y 180.000 euros de multa por los mismos delitos que los anteriores.

La hija del socio de Bautista, Leticia Rodríguez Álvarez, está procesada también por asociación ilícita y el fiscal pide para ella dos años de prisión y multa de 54.000 euros. Según el escrito, colaboró con su padre en diferentes actos jurídicos con la finalidad de ocultar "la auténtica realidad de los hechos relacionados con Microgénesis", empresa de su padre.

Para Enrique Loras García, exdirector general de la SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, exdirector financiero, el Ministerio Público pide en su escrito de conclusiones seis años y un mes de cárcel así como 67.500 euros de multa por un delito continuado de apropiación indebida.

Perjuicio de 47 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción estima que el perjuicio causado a la SGAE por el desvío de fondos ascendería a 47.606.746,46 euros, cantidad con la que nueve de los once acusados tendrían que indemnizar a la asociación.

La Fiscalía también dirige la causa como responsables civiles contra 14 empresas que son Microgénesis, Ribera de Mayorga, Hipotálamo, Micromega Consultores, Servicios Informáticos Ciberneto, Imago Mundi, Canal Micro, Microgénesis producciones, Res Cognita, Luna Promociones, Sciralia, Coqnet, Microgénesis Medio y Communi TV.

Tándem Bautista-Neri

En el escrito, el fiscal apunta que Bautista —que ostentó la presidencia de la asociación durante 16 años— dispensó "en todo momento un trato preferencial" a Neri, quien mantuvo una posición de "privilegio" debido a su cercanía con Bautista.

Precisa que introdujo a Microgénesis (empresa de Neri y a cuyo frente estaba su mujer y también acusada María Antonia García Pombo) en la sociedad en 1998 para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones. La retribución mensual de la compañía oscilaba entre los 5.000 y 6.000 euros.

El afianzamiento de Microgénesis como "sociedad de trato preferencial" de la SGAE se fortaleció "de modo imparable" en el tiempo, según el fiscal, que detalla que se llegó a apoderar a Neri por acuerdo de la Junta Directiva para abrir y gestionar una cuenta bancaria referida a subvenciones de la Comisión Europea.

Neri y su socio, el también acusado Rafael Ramos, idearon una "malla societaria" con la que aparentaron contrataciones ilícitas que les reportaron un "inequívoco lucro ilícito" para ellos y sus familiares, también implicados en la trama. Igualmente se valieron de empresas pantalla como Portal Latino.

SDAE, una nueva estructura "superflua y nociva"

El escrito resalta cómo tanto Neri como Bautista pusieron en marcha en el año 1999 la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), pese a la nulidad acordada por la Audiencia Provincial de Madrid confirmando la del juzgado de primera instancia, y la convirtieron con el paso de los años "en una superestructura, además de superflua, nociva para la SGAE".

Además, los acusados intentaron que no existieran expedientes sobre los procedimientos abiertos en la sociedad de autores y sortearon los controles de las compras estipulados, lo que llevó a Neri a actuar con una "permisividad excepcional" incluso en operaciones superiores a los 6.000 euros.

Anticorrupción expone igualmente que el monto total de perjuicio causado entre los años 2003 y 2007 de la SDAE a la SGAE fue de 2.099.095,13 de euros debido, en gran parte, al impulso que los acusados pretendían dar a TESEO, un proyecto para potenciar la promoción de contenidos en la red y sistema "ilícito desde su origen" para la Fiscalía.

El Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha acordado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del pasado 31 de agosto del Ministerio de Cultura y Deporte en el procedimiento de solicitud de autorización para operar como entidad de gestión en España planteado por Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA). "Lamentamos tener que haber tomado esta medida después de haber recuperado el diálogo y las buenas relaciones con el Ministerio de Cultura y Deporte, pero nos vemos obligados a tomar esta decisión en defensa de nuestros socios, de la propiedad intelectual en el sector de la música y del conjunto de la cultura de España", ha explicado la entidad en un comunicado que recoge Europa Press.

Desde la SGAE han alertado que la nueva entidad "carece" de plan de viabilidad y no dispone de los medios materiales para desarrollar su función, además de "no contar con el conocimiento propio de la gestión de la propiedad intelectual".

Tal y como la sociedad de autores remarcó en su escrito de alegaciones en el seno del expediente administrativo, esta nueva entidad "cede gran parte de la administración de sus derechos a entidades extranjeras y pone en riesgo el sector cultural español".

SGAE se ha mostrado sorprendida ante el hecho de que el Ministerio de Cultura haya podido conceder esta licencia de entidad de gestión en el ámbito musical "cuando un informe técnico objetivo y fundamentado, elaborado por la Subdirección General de la Propiedad Intelectual, máximo órgano competente, rechazaba precisamente esta posibilidad". "Queremos mostrar nuestra preocupación por las graves consecuencias que puede tener para el patrimonio cultural español y para el mercado europeo de las entidades de gestión y creemos que lejos de favorecer los intereses generales de la propiedad intelectual en la música, supondría un elevado riesgo para los titulares de derechos de autor y una gran inseguridad jurídica para los usuarios", ha señalado.

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ya se mostraba "sorprendido" en una entrevista con Europa Press la semana pasada de que a esta entidad "se la mire con lupa" mientras surgen nuevas sociedades como SEDA que nacen con "un plan de viabilidad que no es verosímil". "Sus estatutos no cumplen ni con la directiva europea ni con la Ley de Propiedad Intelectual y han aportado un plan que se basa que en dos años van a tener un 50% de cuota de mercado. Eso ninguna empresa que llega nueva a un sector en que ha habido una sola entidad puede alcanzarlo, es difícil de creer. Hay muchas deficiencias y me sorprende que se le haya concedido licencia en esas condiciones", lamentó.

Onetti ve además "otro aspecto preocupante" para la nueva entidad de derechos musicales: su financiación "básicamente viene de entidades de gestión francesa e inglesa" y el reparto estará "subcontratado" con otra entidad francesa. "Eso es confiarle la gestión de nuestro patrimonio musical a una entidad francesa", reiteraba.

Licencia para SEDA

La entidad de derechos de autor SEDA recibió el pasado 31 de agosto la licencia del Ministerio de Cultura y Deporte y ya puede operar, tal y como confirmó a Europa Press uno de sus fundadores, Manuel Recio (Patacho).

Desde la entidad se apuntó a que el Ministerio ha valorado tanto que los Estatutos de SEDA cumplen con los requisitos establecidos en la legislación como que se ha presentado un plan de viabilidad para "asegurar la eficaz administración" en todo el territorio español. También añadió que la concesión de la licencia a SEDA "favorece los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual". SEDA se constituyó el pasado 5 de noviembre de 2019 y un mes después se presentó ante el departamento encabezado por José Manuel Rodríguez Uribes.

Patacho explicó que la idea inicial era la de haber obtenido la licencia antes del 30 de junio de 2020, para que varios de los autores que estaban en la SGAE -que administra derechos de autor musicales, sector al que está dirigida exclusivamente la nueva entidad- pudieran tramitar su baja.

La creación de SEDA (Sociedad Española de Derechos de Autor), nueva entidad de gestión de derechos de autor que quiere postularse como principal competidora de la SGAE, se encuentra ante un nuevo escollo. Más de 200 músicos y 70 editoriales críticos con la entidad tratan de obtener, desde diciembre, la autorización del Ministerio de Cultura para empezar a funcionar y poder así marcharse de la SGAE teniendo una alternativa segura. A la llegada de la pandemia, que detuvo este junto a otros muchos trámites administrativos, se une la oposición de la propia SGAE y de Unison, empresa de gestión de derechos de autor, de los que SEDA sería competencia directa. Los artistas críticos temen que la participación de estas dos entidades en el proceso obstaculice la obtención de la licencia. 

La directiva de SEDA critica que Cultura haya consultado en el proceso a ambas organizaciones, que según ella se han pronunciado en contra de la autorización. La nueva entidad denuncia que esto podría ir en contra de la Ley de Propiedad Intelectual: la normativa de 1998 recogía que para que se concediera la autorización a una nueva entidad, había que contemplar, entre otros criterios, "el informe de las entidades de gestión ya autorizadas", pero esto se eliminó en la ley de 2009. "Los abogados de SEDA están estudiando el caso y van a responder legalmente en unos días", asegura a este periódico Patacho Recio, portavoz de la nueva entidad. "Nosotros consideramos que los únicos interesados en la creación de la entidad son los solicitantes, y desde nuestro punto de vista no hay motivos por los que el Ministerio tenga que contar en el proceso con la competencia".

El Ministerio de Cultura explica que SGAE y Unison "habían solicitado personarse en el procedimiento por operar en el mismo mercado que operaría SEDA". Como tanto SGAE como Unison se dedican a la gestión de derechos exclusivos de autor en la música, Cultura considera que tienen derechos "que puedan resultar afectados por la resolución de este expediente administrativo" y por lo tanto les reconoce como parte interesada. Fuentes del Ministerio explican que, aunque ya no sea necesario el informe de la competencia para conceder la licencia, en base a la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas sí están obligados a consultar a los interesados en el procedimiento, en este caso "a todas aquellas entidades de gestión que operen en el mismo sector que la entidad que solicita la autorización".

Este periódico ha preguntado tanto al Ministerio de Cultura como a SGAE por el contenido de las alegaciones, pero ambos han rechazado pronunciarse sobre un procedimiento administrativo en marcha. Igualmente, este periódico ha intentado, sin éxito, contar con las impresiones de Unison. 

Un modelo monopolístico en quiebra

Las entidades de gestión de derechos de autor son organizaciones un tanto particulares: según la ley, deben ser organizaciones sin ánimo de lucro y contar con la autorización del Gobierno, que puede también revocarla. Esto había dado lugar a un sistema monopolístico de facto, con distintas entidades que se ocupaban de campos diferentes y rara vez se solapaban —como sí es el caso del audiovisual, en el que compiten SGAE y DAMA—, pero este sistema ha empezado a resquebrajarse. Desde 2018, e implantando dos años tarde una normativa europea, España permite también la actividad de los llamados "operadores de gestión independiente", empresas con ánimo de lucro y no gestionadas por los creadores —las entidades de gestión tradicionales son asociativas—, entre las que se cuenta Unison. También existe otra entidad de gestión de derechos de autor dedicada al ámbito musical, Ekki, pero como fue el Gobierno Vasco el que concedió su licencia, la actividad de la entidad debe desarrollarse primordialmente en esta comunidad. 

Para SEDA, la fecha de la concesión tiene su importancia. Después de pedir la autorización en diciembre, Cultura emitió una serie de subsanaciones; para aplicarlas, SEDA retiró la solicitud y volvió a presentarla el 12 de marzo. Con los plazos habituales, el Ministerio tendría que haber respondido positiva o negativamente antes de tres meses, esto es, el 12 de junio. Era un límite oportuno según los planes de SEDA: para abandonar la SGAE el 1 de enero, como establece la normativa de la entidad, los socios tienen que pedir la baja con seis meses de antelación, es decir, el 1 de julio. Daba tiempo a crear SEDA e, inmediatamente después, comunicar su marcha a la SGAE. Pero la pandemia retrasó los plazos, y las editoriales y músicos críticos se quedaron sin red de seguridad; si retiran sus derechos de la SGAE sin trasladarlos a otra entidad, no pueden cobrar por ellos como vienen haciéndolo. Descartado el cauce habitual de salida de la entidad, los músicos tendrán que buscar alternativas que aún están estudiando. 

En un informe de 2010, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llegó a recomendar la sustitución del sistema de autorización del Ministerio de Cultura por uno de registro. "La Ley de Propiedad Intelectual", decía el documento, "incorpora una serie de condiciones para operar como entidad de gestión que han contribuido decisivamente a configurar el actual régimen de monopolios y que dificultan la aparición de nuevos operadores que compitan con las entidades ya autorizadas". En este informe, la CNMC denunciaba también que "los contratos de gestión con los titulares se caracterizan por incluir altos periodos de permanencia y preaviso" y apostaba por una disminución de los plazos, limitando el preaviso a un máximo de tres meses. De la misma forma, la CNMC multó en 2019 a la SGAE por "abuso de posición dominante" en distintas prácticas, entre las que se incluye la "imposición" a los socios de condiciones que "restringen injustificadamente" la revocación o retirada parcial de derechos. 

Son más de 200 artistas y 70 editoriales, y tenían un plan. Llevaban años disgustados con la SGAE, que acumula un historial de episodios de corrupción de viejo y nuevo cuño, tirones de orejas del Gobierno y de la comunidad internacional de entidades de gestión de derechos de autor, y una concatenación de tres direcciones distintas en los últimos dos años. Querían marcharse de allí y crear una nueva entidad, SEDA, Sociedad Española de Derechos de Autor, que sería la única competencia estatal de la SGAE en el ámbito musical. Debían comunicar su partida antes del 1 de julio, y se propusieron tener la autorización de licencia para la nueva organización antes de esa fecha. Pero llegó la pandemia y los trámites administrativos se paralizaron, y ahora el Ministerio de Cultura tiene hasta el 1 de septiembre para responder. Si no lo hace antes de fin de mes, defienden los autores, tendrán que mantenerse en la SGAE hasta 2022. 

Algunos músicos de la talla de Sabina o Fito Páez habían amagado ya con pedir la retirada de sus derechos, es decir, con romper su contrato con SGAE. El problema era que el sistema de entidades de gestión de derechos propicia el monopolio y hace que esta entidad no tenga, en la práctica, competencia en el ámbito musical —con las mismas funciones, solo existe EKKI, cuya labor se limita a Euskadi—. Y parte de los derechos de autor se tienen que gestionar de manera colectiva, de forma que para cobrarlos hay que estar, sí o sí, asociado a una entidad. Si los críticos con la entidad, organizados desde hace años en torno a Coalición Autoral, y ahora en SEDA, dejan la SGAE sin tener un plan b, no recibirán estos ingresos. "Hay gente que no va a dar marcha atrás, se apruebe o no a tiempo SEDA", explica el músico Patacho Recio, portavoz de este colectivo, "pero hay otros que si no hay alternativa no van a atreverse. La administración tiene el deber de darnos libertad de elección". 

SEDA presentó la documentación ante el Ministerio de Cultura, que debe otorgar la autorización, el 12 de marzo. La administración tiene tres meses para aprobarla, de forma que el plazo acababa el 12 de junio. Pero la crisis del coronavirus detuvo los trámites administrativos entre el 13 de marzo y el 1 de junio. Ahora, el Ministerio podrá contestar hasta el 1 de septiembre. "La cuestión no es si nos van a dar la autorización", dice Recio, "sino cuándo". Porque las normas de la SGAE establece que los socios que quieran abandonar la entidad lo harán el 31 de diciembre del año en curso, siempre y cuando avisen con seis meses de antelación. Es decir, la marcha tiene que comunicarse antes del 1 de julio. Los críticos con la entidad argumentan que la incertidumbre con respecto a la aprobación hará que muchos no se arriesguen a dar el paso, y forzará a los críticos a permanecer en la entidad contra su voluntad. El Ministerio de Cultura, por su parte, responde que "está tramitando dicho procedimiento administrativo, garantizando los derechos de todos los interesados en el mismo y procederá a su resolución dentro del plazo máximo para resolver".

En SEDA dicen que desconocen el motivo por el que el Gobierno no les ha dado aún una respuesta, pero mirar con cierta suspicacia esa referencia por parte del Ministerio a "todos los interesados". "¿Se refieren a la SGAE?", se pregunta Recio. Asegura que, cuando en mitad de la pandemia, pidieron a Cultura que se levantara la suspensión del plazo, la administración le respondió algo similar: que iban a consultar a los interesados. "Nosotros les replicamos con la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual [LPI], porque si están consultando con la SGAE se la están saltando", critica el portavoz de la entidad. La ley de 1998, recogía que para que se concediera la autorización a una nueva entidad, había que contemplar, entre otros criterios, "el informe de las entidades de gestión ya autorizadas". Esto se eliminó en la ley de 2009. "No tiene sentido que tengamos que contar con el consentimiento de la competencia", denuncia Recio. 

El Ministerio de Cultura no ha aclarado a este periódico quiénes son, concretamente, estos "interesados" a los que estaría teniendo en cuenta en el procedimiento, e insiste en que el trámite "será resuelto dentro del plazo legal para ello": "Por ley, el Ministerio debe considerar interesados en dicho procedimiento administrativo no sólo a quienes lo han promovido, sino también a quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte, y a aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva". La LPI establece varios criterios de autorización: que los estatutos sean correctos, que la entidad tenga capacidad para asegurar la gestión y que la autorización "favorezca los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual". No se hace referencia explícita a quiénes deberán ser tenidos en cuenta para conceder o no la licencia. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha manifestado en varias ocasiones que el funcionamiento de las entidades de gestión de derechos supone una situación monopolística y vulnera la competencia. En un informe de 2010, llegó a recomendar la sustitución del sistema de autorización gubernamental por uno de simple registro. "La Ley de Propiedad Intelectual", decía el informe, "incorpora una serie de condiciones para operar como entidad de gestión que han contribuido decisivamente a configurar el actual régimen de monopolios y que dificultan la aparición de nuevos operadores que compitan con las entidades ya autorizadas". En este documento, la CNMC criticaba asimismo que "los contratos de gestión con los titulares se caracterizan por incluir altos periodos de permanencia y preaviso" y apostaba por una disminución de los plazos, limitando el preaviso a un máximo de tres meses. 

Hasta ahora, las distintas entidades de gestión de derechos de autor se han repartido de facto su campo de actuación, de forma que no son, en general, competencia las unas de las otras. SGAE tenía hasta ahora solo una entidad a la que podía considerar adversaria: DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales), que se encarga de cine y televisión, uno de los ámbitos en los que también trabaja la SGAE. Y la existencia de esta organización ha sido decisiva para la organización: en octubre de 2019, 120 creadores del audiovisual, entre quienes se encontraban Almodóvar, Bayona o Sorogoyen, se dieron de baja en la SGAE para cambiarse a DAMA. Con 270 socios esperando junto a la puerta —"estos son los que lo han dicho por escrito", dice Patacho Recio, "otros muchos nos lo han comunicado informalmente"—, la existencia de otra entidad de gestión estatal dedicada a la música podría resultar decisiva para el futuro de la SGAE. SEDA sigue esperando.   

El guionista Antonio Onetti ha sido nombrado presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), tal y como ha acordado la junta directiva de la entidad reunida en sesión extraordinaria, tras una votación en que ha contado con 21 votos a favor, 8 abstenciones y 6 en contra, según recoge Europa Press.

Onetti ha sustituido en el cargo a Fermín Cabal, que ha ocupado la presidencia de manera interina desde el pasado 15 de abril, tal y como estipulan los estatutos de la entidad. De esta manera, el también dramaturgo se convierte en el presidente número 44 de la institución. Onetti ha adelantado que su principal objetivo en la presidencia es "restablecer la confianza en el correcto funcionamiento de sus órganos de gobierno".

Tras asegurar que trabajará "con absoluta profesionalidad en la gestión", ha señalado que convocará "lo antes posible" elecciones a la junta directiva y el nuevo órgano de supervisión y buscará superar las consecuencias económicas provocadas por la pandemia "con el máximo apoyo a los autores y el menor coste posible para la entidad". Para ello espera contar con la colaboración con las instituciones culturales de las que depende la SGAE: Ministerio de Cultura y CISAC. "La cooperación, el diálogo y el cumplimiento escrupuloso de todos sus requisitos deben marcar nuestra inmediata hoja de ruta para normalizar la vida de la entidad", ha señalado el autor.

Onetti renunció a su cargo como presidente de la Fundación SGAE y también a su puesto en la junta directiva en febrero de 2014 –accedió a mediados de 2012– para centrarse en su trabajo de autor. El guionista coincidió en la entidad durante el mandato de Antón Reixa y también de José Luis Acosta. Posteriormente, volvió a la junta directiva en el año 2018.

La junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha celebrado este jueves 30 de abril una convocatoria extraordinaria para elegir nuevo presidente de la entidad. Pilar Jurado fue destituida el pasado 15 de abril como presidenta, al no superar una moción de censura. Jurado, que accedió a este cargo en febrero de 2019, ponía de esta manera fin a un mandato de más de un año y era sustituida temporalmente por Fermín Cabal.

El dramaturgo pasaba a ocupar el cargo de presidente interino de la SGAE ya que, tal y como establecen los estatutos, es el vicepresidente de mayor edad, en este caso Cabal, quien por un período máximo de un mes podía desempeñar la función de la presidencia.

A lo largo del mandato de Jurado, la Confederación Internacional de Autores (CISAC) expulsó durante un año a la SGAE –en mayo de este año se cumple ese periodo– y también se recibieron diversos requerimientos del Ministerio de Cultura y Deporte, departamento que incluso ha pedido judicialmente la intervención de la entidad.

Todos estos temas están pendientes para abordar por el nuevo presidente de la SGAE. Fermín Cabal es miembro de la Junta Directiva elegida tras las elecciones celebradas el 26 de octubre de 2018 y ha sido el presidente número 43 de la entidad, que cuenta con más de 120 años de historia.

Pilar Jurado ha sido destituida como presidenta de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) al no superar una moción de censura que ha tenido 22 votos a favor y trece en contra, según han informado a Europa Press fuentes de la junta directiva. Jurado, que accedió a este cargo en febrero de 2019, se enfrentaba este martes a una moción de censura incluida como único punto del orden del día de una junta directiva extraordinaria, que se ha celebrado telemáticamente.

Tal y como contemplan los estatutos, será el vicepresidente de más edad, Fermín Cabal, quien la sustituya como presidente en funciones, hasta la convocatoria de una Junta Directiva -en el plazo de un mes- para votar al nuevo dirigente de la entidad.

Pilar Jurado fue elegida nueva presidenta tras salir adelante la moción de censura contra José Ángel Hevia. La soprano explicaba entonces en una entrevista con Europa Press que se había llegado a una "situación insostenible" en la entidad y muchos de sus socios estaban "desesperados" con la pasada gestión. "Ha habido decisiones muy desafortunadas que nos han llevado a una situación peor. Vamos a ver si podemos enderezarlo", señalaba Jurado, quien se convertía en la primera presidenta ejecutiva de la entidad -Ana Diosdado fue de 2001 a 2007 presidenta institucional-.

A lo largo de su mandato, la Confederación Internacional de Autores (CISAC) decidió expulsar durante un año a la SGAE -en mayo de este año se cumple ese periodo- y también ha recibido diversos requerimientos del Ministerio de Cultura y Deporte, departamento que incluso ha pedido judicialmente la intervención de la entidad.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado este martes dirigir contra 14 entes televisivos, entre los que se encuentran las principales cadenas de televisión españolas, el procedimiento denominado La ruedaLa rueda, en el que se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. El magistrado les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización criminal.

Las televisiones investigadas son: Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, TV Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radio Televisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, Radio Televisión Española, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radio Televisión de Castilla y León y la Televisión de Castilla-La Mancha.

La trama conocida como La rueda de las televisiones se destapó con un operativo policial en 2017 para desarticular un sistema por el que varios socios de la SGAE habrían defraudado entre 2006 y 2011 unos 100 millones de euros mediante el registro fraudulento de obras musicales.

En esta causa se investiga el registro de supuestas modificaciones de obras originales libres así de derechos de autor y obras de escasa o nula calidad puestas a nombre de terceros –en algunos casos ni siquiera eran músicos–, para emitirlas como hilo musical en programas nocturnos de televisión y facturar por ello.

La asamblea general de la SGAEha aprobado por mayoría cualificada la nueva propuesta de estatutos en una sesión extraordinaria celebrada este jueves en Madrid.

En total, los nuevos estatutos han recibido el respaldo de un total de 22.070 socios, lo que supone un apoyo del 85,19 por ciento, mientras que un total de 3.323 han votado en contra (12,38%) y 514 se han abstenido, con un total de 25.907 votos. De esta forma, los socios de la SGAE dan luz verde a unos estatutos necesarios para adaptar la SGAE a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que entró en vigor el pasado mes de marzo.

Este es uno de los puntos del día de esta reunión, en la que también se someterá a votación la ratificación de los artículos 173, 190, 191 y 229 del Reglamento de la SGAE; la aprobación de la transmisión de los bienes inmuebles, propiedad de la entidad: Oviedo y Fuenlabrada; la aprobación de la incorporación en los ingresos de la entidad de la diferencia existente en los derechos pendientes de reparto; el examen y aprobación del Plan de viabilidad de la Fundación SGAE; y la aprobación de la cesión de activos y pasivos de los inmuebles de Sevilla y Madrid.

Tal y como han señalado a Europa Press fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte, la aprobación de una modificación estatutaria que hiciera que los Estatutos de la entidad cumplan las previsiones legales "sin duda haría al Ministerio revisar las actuaciones que pueden ser imprescindibles para ese reencauzamiento de la situación".

No obstante, el departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes precisa que, para ello, tras ser aprobada por la Asamblea, la modificación estatuaria ha de ser "analizada y aprobada" por el Ministerio. En concreto, la SGAE dispone de un mes para presentarlos ante el Ministerio, y este tiene tres meses para confirmar que se ajusta.

"Toda aquella modificación que se considere que no es acorde con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual será denegada por el Ministerio y ello deberá de ser corregido por la SGAE mediante un nuevo procedimiento de modificación estatutaria.Hoy por hoy sólo puede decirse que no se ha producido ningún hecho que haga abandonar la decisión de intervenir la entidad", advierten desde Cultura.

Tercera votación desde la nueva LPI

Esta no ha sido la primera vez que los socios de la SGAE someten a votación nuevos estatutos. En diciembre del año 2018, no se alcanzó la mayoría necesaria para adaptarlos a la normativa europea, tal y como reclamaba el Ministerio de Cultura y Deporte encabezado por José Guirao. Ya con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada, en junio de 2019 volvió a someterse a una votación que siguió sin conseguir la mayoría necesaria.

La asamblea celebrada este jueves estaba prevista para el pasado mes de octubre, pero finalmente fue atrasada tras un requerimiento de Cultura relacionado con la salida de autores de la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 4 años de prisión por un delito de administración desleal e indemnización a favor de la SGAE de 29,8 millones de euros para el que fuera su presidente, Teddy Bautista, que será juzgado por su gestión del llamado Proyecto Arteria. De acuerdo al escrito de acusación, Arteria, antes Iberautor, fue un paso más en la compleja estructura societaria que Bautista promovió desde su presidencia en la SGAE. Desde esta sociedad se realizaron inversiones por encima de los 259 millones de euros dentro y fuera de España, especialmente en la compra de teatros.

"No obstante la diversidad de entidades involucradas en el Proyecto ARTERIA, el acusado, con su posición preponderante en todas ellas, que no suponía más que una extensión de sus enormes prerrogativas en todas y cada una de las que conformaban el llamado "Grupo SGAE", evitó la creación de una auténtica estructura directiva ordenada y funcionalmente responsabilizada", dice Anticorrupción.

Considera que esto "desembocó, como ya sucedía en el resto de la organización, en una concentración y falta de rigor de las decisiones meramente personalistas que acometió y que le eran sometidas a su criterio de forma asistemática por quienes por él fueron situados en diversos órganos y comités con supuesta participación en el Proyecto".

Un total de 120 nombres del cine y la televisión, entre ellos "nombres muy destacados" del audiovisual, han presentado su preaviso para abandonar la SGAE SGAE y pasar a formar parte de la entidad Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).

Según ha confirmado a Europa Press el presidente de DAMA, Borja Cobeaga, se trata del mayor aumento de socios que pasan a formar parte de la entidad, que de esta forma pasará a estar formada por 1.300 socios. Además, destaca que la mayor parte de ellos están en activo y siguen produciendo, a diferencia de muchos miembros de la SGAE.

Los autores del audiovisual tenían hasta este lunes 30 de septiembre para presentar el preaviso de abandono de la entidad, que se hará efectivo a partir de enero de 2020. Tal y como publica ABC, entre los nombres del cine que abandonan la SGAE destacan Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Sorogoyen o Mateo Gil, entre otros, a los que se suman en el apartado televisivo los de los hermanos Alberto y Laura Rodríguez Caballero, creadores de Aquí no hay quien viva.

Cobeaga espera que quienes hayan pedido el traslado no tengan los problemas que tuvo él, quien durante los tres meses previos a su salida tuvo que reclamar el pago de su obra en televisión, una "táctica frecuente que usa la SGAE para amilanar", tal y como ha criticado.

Estos 120 autores del audiovisual anuncian su marcha a pesar de que la entidad anunció el pasado 10 de septiembre que el colectivo audiovisual de la SGAE gestionará de manera "independiente y coordinada" sus servicios "en una misma unidad administrativa, con el objetivo de ofrecer un servicio integral, ágil y especializado de todos los procesos de gestión.

Además, se suman a los autores y editoriales que pidieron el pasado mes de junio la retirada de su repertorio de la SGAE a partir del 1 de enero de 2020, ante la situación de "insostenibilidad", un reparto que consideran "injusto e inequitativo" y una SGAE gobernada por las televisiones y la "rueda".

Entre ellos, destacan varios autores como Julio Iglesias, Sabina José Luis Perales , Fito Páez, Ramón Arcusa (integrante de el Dúo Dinámico), Txus (Mago de Oz), Jorge Ilegal, Alejandro Jaén, o Iván y Amaro Ferreiro, entre otros artistas, así como las principales editoriales, tanto internacionales como independientes.

Varios autores como Julio Iglesias, Sabina, José Luis Perales o Fito Páez han pedido la retirada de su repertorio de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a partir del 1 de enero de 2020.

Según ha podido saber Europa Press, a estos nombres se suman otros como los de Ramón Arcusa (integrante de el Dúo Dinámico), Txus (Mago de Oz), Jorge Ilegal, Alejandro Jaén, o Iván y Amaro Ferreiro, entre otros artistas, así como las principales editoriales, tanto internacionales como independientes.

Según diversas fuentes consultadas por Europa Press, los autores se han visto "obligados" a retirar sus repertorios a partir del 1 de enero de 2020 ante una situación de "insostenibilidad total", con un reparto que consideran "injusto" e inequitativo dada la actual situación de gobierno de la SGAE que, según sostienen, está gobernada por las televisiones y "La Rueda".

Este viernes termina el plazo para presentar la carta de preaviso, por lo que aún quedan seis meses para "revertir la situación". Por ello, piden una nueva convocatoria de elecciones a la presidencia y a la Junta Directiva, ya que considera que el actual organismo de dirección sigue representando "la Rueda".

Patacho Recio, portavoz de la Coalición Autoral, ha señalado a Europa Press que hasta el momento se han enviado alrededor de 300 cartas y esperan superar las 500, ya que algunos autores seguirán enviando sus solicitudes por correo electrónico antes de que termine el plazo, este domingo 30 de junio.

Según ha destacado, algunos de los firmantes equivalen a nombres internacionales como "Bob Dylan, Bruce Springsteen o Adele" y la retirada puede suponer "un 60 por ciento de los ingresos de la SGAE". La alternativa para estos autores sería funcionar de manera "colectiva" o con alguna "nueva entidad de gestión".

En este sentido, ha indicado que la alternativa para cambiar de opinión sería el "rescate" por parte del Ministerio de Cultura y Deporte o la convocatoria de elecciones a la presidencia, que ahora ocupa Pilar Jurado.

Por su parte, Rafael Aguilar, de Peermusic, una de las editoras, ha criticado que la Rueda "no ha terminado" y que sus representantes ""siguen siendo mayoría" en la Junta Directiva. "O nos toman como socios de pleno derecho o nos tendremos que ir a otro sitio, retirando además el repertorio Internacional que representamos", ha señalado.

En junio del año pasado, varios autores presentaron también un preaviso para retirar sus repertorios si la situación no cambiaba. En octubre, José Ángel Hevia fue elegido presidente, en sustitución de José Miguel Sastrón, y duró en el cargo tan solo cuatro meses, ya que a finales de febrero fue cesado y Pilar Jurado fue elegida para situarse al frente de la entidad.

El pasado lunes 24 de junio, la Asamblea General no apoyó con mayoría de dos tercios la reforma de los estatutos que exige la directiva europea y que pide tanto el Ministerio de Cultura y Deporte como la CISAC, organismo internacional del que la entidad española fue expulsada de manera temporal el pasado 30 de mayo.

La SGAE responde: va a seguir trabajando para defender a sus socios 

Al respecto, la SGAE ha emitido un comunicado en el que asegura que ha sido objeto de "una acción coordinada de peticiones de salida de socios de esta entidad", situación motivada por la presión ejercida por las editoriales multinacionales discográficas y secundado por algunos autores "con el mero objetivo de que la comunidad autoral ceda a sus pretensiones" pero que, como aseguran, "carece de efectos inmediatos".

La institución señala que "es la tercera vez que las editoriales multinacionales discográficas utilizan esta medida de presión" y precisan que "en septiembre de 2016 y en junio de 2018 ya ejercieron idéntica amenaza que finalmente no llevaron a cabo".

La SGAE recuerda que "antes de abandonar la entidad hay que estar al corriente de pago" y aclara que "las opciones de futuro que los autores pudieran contemplar y que los promotores de la iniciativa les están haciendo llegar, carecen de infraestructura alguna en el cobro y en la recaudación en España".

Por este motivo, prosigue, "aboga por el diálogo, tal y como solicitó el Ministerio de Cultura, con el fin de concluir con los requisitos legales de aprobación de los nuevos estatutos, que cuentan con el apoyo de la mayoría de los autores y el bloqueo de las editoriales multinacionales discográficas".

Por todo ello, la SGAE insiste en que "va a seguir trabajando para defender los derechos de sus más de 127.000 socios sin caer en favoritismos hacia los intereses individuales de ningún grupo empresarial, en la defensa de un patrimonio cultural de España y de toda la comunidad iberoamericana, y de sus trabajadores, que la han mantenido, a lo largo de estos años, entre las cinco primeras entidades de gestión del mundo".

El Ministerio de Cultura ha recurrido este viernes el auto en el que la Audiencia Nacional le negaba, el pasado martes, la intervención temporal de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), según un comunicado hecho público por el propio Ministerio. El tribunal argumentaba que no tiene competencia para atender a la petición del Gobierno, y sugería que este recurriera a un tribunal ordinario. La sala concluía que no cabía sino denegar la petición de Cultura, realizada el pasado febrero, "al resultar inadecuado el procedimiento". El área dirigida por el ministro José Guirao ha recurrido esta decisión, que no era firme. 

Cultura había solicitado en febrero la autorización para una "intervención temporal" de la entidad, de seis meses, que incluiría la "remoción de los órganos de gobierno". El plan de Guirao era nombrar un gestor interino "constituido bajo la forma de una comisión", según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Esta comisión "asumiría las funciones legales y estatutarias" de los órganos de gobierno de la entidad anulados judicialmente, y estaría integrada por un subsecretario de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un "juez de lo mercantil especialista en derechos de autor" que "está de excedencia en un bufete de abogados privado", en calidad de experto.

El comunicado enviado por el Ministerio defiende que el auto "no aceptó a trámite la solicitud efectuada por el Ministerio por motivos estrictamente formales de jurisdicción competente, sin entrar a valorar el fondo". de esta forma, el Gobierno insiste en que "el procedimiento administrativo de revocación de la autorización de la SGAE", iniciado en septiembre de 2018 con un primer apercibimiento, no se ve afectado por la decisión de la Audiencia, y este sigue "abierto y plenamente vigente". Cultura insiste en que la entidad de gestión de derechos de autor no ha cumplido aún las peticiones del Gobierno: el comunicado señala que no se han modificado los Estatutos, como se pidió, no se ha resuelto el litigio en torno al reparto de ingresos de 2018, y no se han celebrado unas elecciones a la Junta directiva "respetando todos los derechos de los miembros de la entidad (incluyendo el derecho al voto electrónico anticipado)".

Por su parte, la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, se mostró satisfecha el martes por la resolución de la Audiencia Nacional. La soprano, elegida a finales de febrero, reiteró su "compromiso con la legalidad vigente, la modernización de la sociedad y la defensa de los derechos de autor de los 127.000 creadores y editores que forman parte de la SGAE", según un comunicado de la entidad hecho público entonces. La sociedad ha modificado su reglamento en los últimos meses para admitir el voto electrónico también en las elecciones de su Junta Directiva, unas de las solicitudes del Ministerio. En su comunicado, Cultura no menciona este hecho, y solo hace referencia a que la actual Junta no fue elegida de esta forma.

Por otra parte, los socios de la entidad votan el próximo lunes 24 de junio, en Asamblea, unos nuevos Estatutos que incorporarían las indicaciones del Gobierno. Las preasambleas regionales celebradas entre el 11 y el 18 de junio han votado mayoritariamente a favor del nuevo reglamento, lo que prefigura una victoria para Jurado. Según la información otorgada por la SGAE, de los 3.683 votos emitidos, 3.192 han aceptado los nuevos Estatutos, lo que supone un 86,7% del total. Esta cifra alcanza la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar la modificación. La entidad asegura en un comunicado que la nueva normativa "cuenta con el respaldo de los vicepresidentes de los cuatro colegios que integran la Junta Directiva, Pequeño Derecho, Gran Derecho, Obras Audiovisuales y Editores Musicales". 

Tras eso, la SGAE tendría que resolver el litigio en torno al último reparto de 2018: el Ministerio exige que se haga conforme a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que establece un tope del 20% del total para los derechos obtenidos por la emisión de música en televisión —una forma de combatir la trama de la rueda—, algo que comparten parte de los socios, mientras que la entidad defiende que esa normativa no debería regir ese último reparto. 

Los problemas de la entidad han traspasado también las fronteras: el pasado 30 de mayo, la Confederación Internacional Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) votó a favor de la exclusión durante un año de la entidad española, aseguraba en un comunicado que las denuncias interpuestas contra la SGAE eran "motivo de gran preocupación" y hablaba de "trato discriminatorio de titulares de derechos" y "la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa". En el comunicado, la CISAC exhortaba a la sociedad de autores a realizar los "cambios reglamentarios necesarios" e implantar "importantes desarrollos técnicos", con "la esperanza de poder readmitir a la SGAE como miembro lo antes posible".

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición del Ministerio de Cultura para realizar una intervención temporal cautelar de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Así, el auto, al que ha tenido acceso la agencia Europa Press, considera que no tiene competencia para atender a la petición del Gobierno, y sugiere que este recurra a un tribunal ordinario. La sala concluye que no cabe sino denegar, "al resultar inadecuado el procedimiento", la autorización de remoción de los órganos de representación de la SGAE y su intervención temporal interesada por el Abogado del Estado. 

La Audiencia Nacional señala que no ha lugar "a conceder en este trámite la autorización de remoción de los órganos de representación y la intervención temporal de la SGAE solicitada por el Abogado del Estado". La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ha expresado su satisfacción por la resolución de la Audiencia Nacional, que llega cuatro meses después de la petición de intervención del Ministerio, a la vez que ha reiterado su "compromiso con la legalidad vigente, la modernización de la sociedad y la defensa de los derechos de autor de los 127.000 creadores y editores que forman parte de la SGAE", según un comunicado de la entidad.

El Ministerio ha señalado en un comunicado que, en el Auto de la Sala, "esta no se considera competente para dirimir sobre esta materia y no entra a evaluar la cuestión de fondo sobre la pertinencia o no de la intervención". "Los problemas que tenía la SGAE sin solventar los sigue teniendo", ha dicho el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao en una atención a medios en Lisboa. "El Auto rechaza autorizar la intervención del Ministerio por una cuestión formal, no de fondo", ha insistido Guirao. A finales del pasado mayo, la Confederación Internacional de Autores decidió expulsar durante un año a la SGAE por el "trato discriminatorio de titulares de derechos" y "la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa"

El Ministerio de Cultura y Deporte envió el pasado mes de febrero a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, la petición de autorización para intervenir de forma temporal —por un plazo inicial de seis meses— la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entre la que incluía el nombramiento de un gestor interino para la entidad. La SGAE señala que la petición se realizó en el marco de un procedimiento judicial en curso, en el que la entidad de gestión había a su vez presentado un recurso contencioso-administrativo contra un apercibimiento del propio Ministerio. "Es evidente entonces que la remoción de órganos de representación y la intervención temporal de la entidad gestora son en todo caso, y por expresa previsión legal, actos posteriores al apercibimiento", señala el auto de la Sala que se declara no competente para resolver sobre la intervención solicitada.

"La vía que se nos presenta es acudir a otra vía judicial o retirar la autorización como entidad de gestión a la SGAE. Es algo que nunca hemos querido hacer", ha señalado el Ministro, "y hemos optado por una vía moderada que pasara primero por los requerimientos y, cuando la SGAE no ha respondido adecuadamente a los mismos, hemos acudido a la vía judicial". En su comunicado, el Ministerio de Cultura ha insistido en que "la SGAE es una entidad privada" y en que este departamento "desearía que se dieran las circunstancias para no necesitar acudir a otras instancias judiciales para solicitar que se autorice la intervención de ésta".