El 22 de noviembre de 1975, dos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Confirmó al entonces presidente Carlos Arias Navarro, pero le impuso como ministros a algunos de los políticos franquistas en principio más favorables a la apertura, como Manuel Fraga, al frente de Gobernación.

Pese a tal impulso, el Gobierno Arias fue un fiasco. El presidente temía que las reformas pusieran en peligro la esencia del régimen, por lo que su política resultó vacilante y contradictoria. No solo no se legalizaron partidos y sindicatos, sino que ni siquiera se aprobaron los derechos de reunión, manifestación y huelga. No es de extrañar que Arias suscitara el rechazo tanto de los antifranquistas y de los franquistas liberales como del sector más reaccionario. Este era conocido como “el búnker” y tenía un carácter minoritario, pero con presencia en las Fuerzas de Orden Público (FOP).

Por otro lado, la coyuntura socioeconómica resultaba adversa. La crisis del petróleo (1973) había producido carestía de vida, pérdida de poder adquisitivo, inestabilidad laboral, despidos y progresiva dureza de la patronal a la hora de la negociación de los convenios colectivos. De ahí que el clandestino movimiento obrero, con la impronta del Partido Comunista de España (PCE) y la extrema izquierda, protagonizase un ciclo de protestas de enorme incidencia.

Ese fue el contexto en el que hay que enmarcar los sucesos de Vitoria. Debido a un enconado conflicto laboral, las plantillas de varias empresas de la ciudad mantenían un paro desde comienzos de 1976. Tales movilizaciones no estaban impulsadas por los sindicatos, sino por asambleas de trabajadores.

El 3 de marzo, por tercera vez consecutiva, llamaron al conjunto de la población a una huelga general en solidaridad con su lucha. Por la mañana se registraron piquetes, barricadas, pedradas contra los agentes y cargas policiales. Por la tarde se celebró una asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio de Zaramaga. El Gobierno Civil ordenó el desalojo, pero no fue obedecido por las mil personas que se habían reunido allí.

Como Fraga estaba en Alemania, el Gobierno trasladó la responsabilidad a los mandos policiales. Optaron por la mano dura. Incumpliendo el Concordato con la Santa Sede, que protegía el ámbito eclesiástico, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos dentro del templo, por lo que los asistentes a la asamblea se vieron obligados a salir. Los agentes no solo usaron porras y pelotas de goma contra ellos, sino también armas de fuego.

Todavía hay incógnitas por resolver. En palabras del historiador Carlos Carnicero, se trató de “una actuación criminal claramente, pero si hubo una orden directa de actuar así porque era aquello de especial gravedad o fue una decisión de los cuerpos policiales que estaban allí y fue una negligencia, eso es algo que por la documentación no hemos podido saber”.

En total, la Policía Armada mató a cinco trabajadores: Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. A la lista habría que sumar cerca de un centenar de heridos, incluyendo algunos agentes. Por añadidura, el día 6 un manifestante que protestaba por aquella masacre en Tarragona, Juan Gabriel Rodrigo, falleció al caerse de una azotea cuando huía de la Policía.

Siguiendo la consigna “Vitoria, hermanos, no os olvidamos”, se convocó una huelga general para el 8 de marzo. La oposición calculó que habían parado 500.000 trabajadores vascos y navarros. Aunque las fuentes oficiales rebajaban la cifra, reconocieron que tan solo en Guipúzcoa habían hecho huelga 105.000 empleados.

En aquella jornada se sucedieron los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas de Orden Público, que se saldaron con una nueva víctima mortal: un guardia civil mató de un tiro al joven Vicente Antón Ferrero en Basauri. Al día siguiente unas 50.000 personas se concentraron en aquella localidad.

Ningún funcionario fue condenado por el brutal operativo de Vitoria. Tampoco dimitieron sus responsables políticos. Fraga, quien había acuñado el lema “la calle es mía”, se escudó en su ausencia. Al ser incapaz de modernizar las FOP, su imagen reformista y su gestión como ministro fueron muy cuestionadas.

La tragedia de Vitoria tuvo dos consecuencias políticas. Por una parte, empujó a la oposición moderada a fusionar los dos organismos en los que se encontraba dividida. Así se creó la Coordinación Democrática, más conocida como 'Platajunta'.

Por otra, aumentó las tensiones entre Juan Carlos I y Arias, que a la postre provocaron su dimisión en julio de 1976. El rey encargó la formación de un nuevo Gobierno a Adolfo Suárez, el hasta entonces ministro secretario general del Movimiento. A pesar de la lógica desconfianza inicial de la oposición, el nuevo presidente sumó voluntades y lideró la Transición democrática.

¿Se ha recordado el 3 de marzo de 1976? Sí, pero con dos escollos. Por un lado, el olvido institucional. Durante décadas ni se amparó a las víctimas ni hubo homenajes oficiales. Por otro, la utilización política. Las reivindicaciones del movimiento obrero alavés, en gran medida nutrido por inmigrantes de la España rural, eran laborales, no abertzales. Ni ETA ni su entorno habían tenido incidencia.

No obstante, no tardaron en instrumentalizar los sucesos. El 6 de septiembre de 1980, ETA político-militar asesinó al capitán de la Policía Nacional Basilio Altuna con el pretexto de haber participado en el operativo. Posteriormente, usando la expresión del profesor Jesús Casquete, la izquierda abertzale ha vampirizado la memoria del 3 de marzo.

A pesar de todo, el trabajo del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la Universidad del País Vasco, con historiadores profesionales como José Antonio Pérez, Antonio Rivera y Carlos Carnicero, ha servido para localizar las fuentes disponibles, analizarlas, contrastarlas y ofrecer un relato histórico documentado, sólido y riguroso.

En los últimos años, el compromiso de las instituciones ha permitido que las víctimas fuesen reparadas y homenajeadas de manera oficial. En base a la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre 2009 y 2010 el Gobierno de España indemnizó a las familias de las víctimas mortales y a los heridos. Posteriormente el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava aprobaron nuevas partidas. En 2024 el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Obispado de Vitoria y las asociaciones Martxoak 3 y Memoria Gara crearon la Fundación Memorial 3 de Marzo, que también recibe aportaciones económicas del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Al año siguiente la iglesia de San Francisco de Asís fue declarada Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España. En el futuro albergará un museo para recordar los sucesos de Vitoria.

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Gaizka Fernández Soldevilla es responsable del Área de Archivo, Investigación y Documentación, Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

A punto de sumar tres décadas trabajando en la TVG, Ana Pérez hace tiempo que no tiene reparo en hablar claro. La periodista, que fue uno de los rostros más conocidos de la televisión pública, abandonó la pantalla en 2019 tras 23 años delante de las cámaras como presentadora en diferentes espacios informativos. "Sí, fue una represalia", dice con contundencia ahora, advirtiendo de los "castigos" que asegura que ella y otros compañeros sufren por haberse movilizado contra la "manipulación y el control político", el "desmantelamiento" de los medios públicos y por la creación de un consejo de informativos. Entonces llevaba 24 semanas apoyando los viernes negros impulsados por el colectivo Defende A Galega. Va por la 403.

"Nuestra guerra viene de mucho antes", recuerda Pérez. Ya en 2011 había presentado junto a Alfonso Hermida en la Praza do Toural un telediario de protesta en contra de la reforma de la ley de medios, lo que les costó a ambos una amenaza de expediente. Ahora, detrás de la pantalla y desde la redacción de Galicia Noticias, sigue denunciando una situación de los medios públicos que cree "crítica" y que en los últimos años dice ver agudizada por la "desafección" y el "desapego" que nota en la sociedad gallega hacia ellos, más allá de los bajos datos de audiencia. "Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta; ahora no está en casi ninguno", sentencia.

¿Cómo empezó en la TVG?

Entré de prácticas en 1996. Luego, a principios de 1997, me hicieron el primer contrato en la delegación de Vigo. Empecé allí subcontratada por la productora del Faro, una de aquellas contrataciones fraudulentas que derivó en más de 400 denuncias años después, y una circunstancia que marcó los inicios de muchos de nosotros. Fueron seis años allí, haciendo sobre todo información local. Luego me mudé a Santiago en 2002 y desde entonces estuve siempre ligada a informativos.

Lleva casi 30 años en la televisión pública. ¿Cambió mucho la cosa desde entonces?

Era diferente en muchos aspectos. En lo laboral, ahora tenemos más estabilidad; antes la precariedad laboral era mayor, evidentemente, y eso era algo con lo que también se jugaba, metiéndole miedo a la gente para que no levantase la voz si quería que la volviesen a contratar. Encadenábamos contratos de obra, artísticos... Todos los fraudes habidos y por haber. En lo que es la función de servicio público, empeoramos a pasos agigantados. Entonces trabajábamos con mucha más libertad.

¿Durante los Gobiernos de Manuel Fraga?

Con Fraga, que fue ministro de Información con Franco, estábamos mejor en ese aspecto. Habiendo censura y manipulación, que siempre la hubo, no era tan descarada ni tan evidente... No se producía como ahora, que se lleva a cabo sin ninguna vergüenza. La situación actual es muy crítica, pero es cierto que entonces el pastel televisivo era otro, el mapa de las televisiones era diferente y la tarta estaba mucho menos repartida, por lo que las audiencias también cambiaron mucho. Lo que sí creo es que evolucionamos hacia una desafección total. Estamos perdiendo el crédito de los gallegos y de las gallegas, desapegándonos a pasos agigantados.

Usted siempre se significó claramente en contra de la "manipulación" y del "control político" en los medios públicos...

Llevamos con los viernes negros desde 2018, pero nuestra guerra viene de mucho antes. Ya en 2011 habíamos hecho un telediario reivindicativo en la Praza do Toural que tuvo mucha repercusión. Las caras visibles de aquella acción, Alfonso Hermida y yo, fuimos amenazados con expedientes. Entonces ya denunciábamos que se aprobaba una ley de medios que amenazaba que la TVG y la Radio Galega siguieran siendo públicas, que se iba hacia una mayor privatización de los contenidos que hoy en día se está produciendo más que nunca.

¿Tanto es así?

Si examinamos la parrilla de la programación de la TVG la mayoría de los contenidos son de productoras ajenas. De producción propia tenemos los informativos y un programa cultural casi residual como el Zig Zag... Teníamos programas como O Agro o Labranza que eran mucho más extensos y que se fueron reduciendo al mínimo, y con Vivir o Mar, tres cuartos de lo mismo. Teníamos contenidos propios muy interesantes, que atendían a sectores fundamentales para el país que ahora no tienen representación.

¿A qué cree que se debe esta apuesta de la corporación?

La directora lo dijo claramente en su última comparecencia en el Parlamento, donde anunció que íbamos hacia una mayor privatización e incluso que habría más contenidos externalizados también en la Radio Galega. Creo que la razón fundamental es que esa es una manera mucho más fácil de controlar la información porque los productos que compras ya exiges que sean de una determinada manera. Dentro saben que hay una masa de trabajadores que seguimos luchando, intentando ser lo más honestos, plurales y transparentes con lo que debe ser nuestra profesión, pero el producto que compras fuera es mucho más fácil de controlar, evidentemente.

Defende A Galega y usted misma insisten también en el aumento de la manipulación informativa...

Es una deriva que viene desde la anterior dirección, que decidió controlar el discurso y ser el altavoz del partido que está en el Gobierno de la Xunta. Hay un control continuo del relato de cualquier cuestión crítica con cualquier política del Gobierno actual: se oculta o se tergiversa. Si la maquinaria manipuladora funciona, también es gracias al ejército de mercenarios a sueldo que existe y existirá. La dirección premia el servilismo y la sumisión, con pluses y cargos, y castiga la profesionalidad, la valía.

¿Con qué consecuencias?

Lo vimos y lo estamos viendo, por ejemplo, con las manifestaciones por la sanidad pública o por la educación pública. Son servicios esenciales sobre los que debería haber una cobertura acorde con la dimensión que tienen, pero estamos más pendientes de asuntos de Madrid y de desprestigiar al Gobierno de España que de lo que ocurre aquí, de las cosas que afectan realmente a los gallegos. Les estamos dando la espalda constantemente, y más que nunca... Y eso también se nota en la desafección que muestran las audiencias.

¿Son tan malas las audiencias de la TVG?

Los datos son los que son, pero también son muy manejables porque al final todas las cadenas son líderes de audiencia dependiendo de cómo hagas la lectura de las cifras. Pero hay termómetros que son verídicos y reales y yo tengo dos: uno es el de mis padres, que siempre vieron la TVG y son el prototipo de espectadores de la gallega, pero que ya no la ven. Les aburre, no les interesa... No hay información local, además, porque fueron cerrando delegaciones, y únicamente se atienden cuestiones si son para sacarles los colores a un determinado ayuntamiento que no está gobernado por el partido que gobierna la Xunta. En cambio, cuando en uno de estos municipios hay algo digno de darle visibilidad, pues no se le da. Cuando esto ocurre, cuando no encuentras información, la gente la busca en otros lados.

¿Cuál es el otro termómetro?

Desde que me apartaron y me vetaron en pantalla, trabajo en la redacción de Galicia Noticias, que supone recorrer cantidad de aldeas y municipios. Antes, entrabas en un bar en cualquier punto de Galicia y tenían la gallega puesta, y ahora no está en casi ninguno. Hay muy pocas tabernas donde encuentres la gallega... Y eso, para mí, es un dato muy objetivo de lo que ocurre.

Habla de que fue apartada, una situación que dijeron vivir otros profesionales y que fue denunciada por personal de la TVG. ¿Son represalias por movilizarse?

Sí, fueron represalias. Si haces repaso de las personas que éramos caras visibles en la TVG en 2018 y que luego nos vinculamos e implicamos en Defende A Galega, no queda ninguno en pantalla. Algunos se marcharon por decisión propia, como Alfonso Hermida o Tati Moyano, que dimitieron como presentadores precisamente por discrepancias con la línea editorial, y otros fueron apartados con maniobras vulgares, alegando que había que renovar las caras y cosas así. Yo pedí quedarme como redactora en Galicia Noticias. Luego hay casos de gente que se significó en los viernes negros, que se sacó fotos con Defende A Galega y a quienes les dieron un toque... Dejaron de participar o implicarse en las protestas y siguen saliendo en pantalla.

Entiendo que la situación del personal no debe de ser fácil...

No es fácil, no. Ahora mismo el clima es muy tóxico. Siempre digo que esta empresa tuvo y tiene un comportamiento bélico. Ya en los comienzos tuvimos que luchar para que se nos reconociesen nuestros derechos, nuestras antigüedades, para ser contratados por la CRTVG y no a través de subcontratas... Y los tribunales nos dieron la razón, en unos casos por cesión ilegal, en otros por contratación fraudulenta porque encadenábamos contratos de obra... La empresa se dedicó a recurrir sentencias favorables, actuando como una maquinaria contra la plantilla.

¿Cómo se lleva esa circunstancia, querer trabajar de una manera y no poder hacerlo?

Nosotros queremos hacer nuestro trabajo como debe ser, siendo lo más rigurosos, honestos, plurales e independientes posible, pero no nos dejan. Si protestas o levantas la voz, eres apartado para que tengas menos visibilidad. Incluso hay gente que no tiene carga de trabajo, personal al que castigan prohibiéndoles hacer su labor. Yo y muchos de los que alzamos la voz contra la manipulación tenemos conciencia de ser servicio público y de que debemos ser honestos con los gallegos y gallegas porque nos debemos a ellos. Desgraciadamente, la dirección no trabaja en ese sentido, sino en el de agradar y no enfadar al partido del Gobierno, por lo tanto se anula cualquier opción de crítica, de cuestionamiento al poder.

¿No se está perdiendo mucha valía profesional en los medios públicos gallegos?

¡Claro! Hay compañeros que son brillantes, monstruos televisivos, que no tienen carga de trabajo o que no cubren aquello en lo que son expertos. Pienso en Ana Expósito, una referente en Galicia de la información internacional, que cubrió muchos conflictos bélicos, que recibió numerosos premios y a quien tenían castigada por alzar la voz y protestar por querer hacer su trabajo. La apartaron de la información internacional cuando es la que más sabe. Es absurdo, algo que no pasaría en ninguna empresa privada. Si una profesional es buena, cuentas con ella y ya la castigarás trabajando más... Pero aquí no, aquí lo que hacen es humillarte profesionalmente, no dándote carga de trabajo mientras ves que se paga a una productora externa por emplear los medios de la compañía para hacer el trabajo que otras personas, ya contratadas y dentro del presupuesto de los medios públicos, ya cubrían. Es lo que pasó con los programas A Revista u O Termómetro, casos flagrantes.

¿Siente que se están desaprovechando los medios y los profesionales, que se podría hacer mucho más en cuanto a la información política, deportiva, cultural...?

Es que no hay ningún espacio crítico. Se emite en la G2 el coloquio político que hay en la Radio Galega, algo totalmente residual, cuando en la televisión pública debería fomentarse precisamente el debate político y tener espacios críticos. Pero aquí cualquier voz susceptible de ser crítica con el Gobierno de la Xunta es aplacada.

¿Qué siente cuando escucha a Feijóo o a Tellado denunciar manipulación y control político en TVE?

Me da urticaria. Ves lo que ellos implementaron en los medios públicos gallegos y, claro, ¿cómo puedes ver la paja en el ojo ajeno y no ver un toro en el tuyo? Es absolutamente indignante, porque además llevamos muchos años en la lucha... Y entendemos que mucha gente se baje del carro.

¿Es complejo mantener la movilización, el ánimo?

Es que hay un cansancio psicológico también. Hay incluso gente que enfermó por la situación que estamos viviendo. Si quieres hacer tu trabajo, si te gusta tu trabajo y no te dejan hacerlo... Eso es algo muy deprimente, demoledor. Es muy fácil decir que somos funcionarios, que vamos a cobrar igual a fin de mes... Pero no poder hacer lo que te gusta hacer es muy triste.

¿Cómo ve el futuro a medio plazo en los medios públicos gallegos?

Hay un ambiente muy tóxico, desesperanzador, porque cada vez vamos a peor, la sensación de que esto no tiene forma de mejorar. El futuro que veo es que cada vez vamos a estar más acorralados, con un control más férreo y con unos medios públicos que tienden a tener audiencias ridículas. Pero no hay voluntad por cambiar nada y cuando no hay voluntad... Además, también hay mucha autocensura por parte de los directivos, que ponen el parche antes de la herida para no molestar al político que toque. Hay temas que, a lo largo de toda mi carrera, no se tocaron nunca.

¿Por ejemplo?

La educación y la sanidad, dos de los grandes servicios públicos, fundamentales para la sociedad. Si hay protestas en un colegio porque no tienen profesores de apoyo o les pasa cualquier cosa, esa información no se da. Y todos los problemas con las listas de espera o falta de atención en los centros de salud no se tocan en absoluto. Creo que los gallegos tienen derecho a saber lo que está pasando y a verlo reflejado, que tenga visibilidad en los medios públicos. ¡Porque los pagan ellos! Nos debemos a la sociedad, no a los políticos. La gente es la verdadera propietaria de los medios públicos y todos tienen que sentirse representados, pero cuando hay una voz discordante, esa no va a estar presente nunca.

¿No parece fácil cambiar la situación, entonces?

Al tener el PP mayoría absoluta, y por lo tanto también en el Consejo de Administración, cualquier crítica, cuestionamiento a la gestión, aunque sea por parte de la oposición en la comisión de control, por ejemplo, cae en saco roto. El problema de la actual dirección es la prepotencia y la carencia total de autocrítica. Además, carecemos de órganos como un Consejo de Redacción que velase y garantizase el cumplimiento de nuestro deber como medio de comunicación público.

El Estatuto de Autonomía dice, en su artículo 27, que es competencia exclusiva de Galicia la “organización y régimen jurídico de las comarcas y parroquias rurales como entidades locales propias de Galicia”. En desarrollo de esa competencia, la Xunta de Manuel Fraga aprobó en 1996 una ley comarcal y dividió Galicia en 53 comarcas.

El incipiente desarrollo formal de esas comarcas fue liquidado de hecho en la práctica en la pasada década durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo y ahora el Gobierno de Alfonso Rueda dará el paso definitivo y las derogará expresa y legalmente a través de la nueva Ley de Administración Local de Galicia que está tramitando.

La nueva ley local impulsada por el actual Gobierno gallego, con la que podrá imponer fusiones de ayuntamientos en crisis, contempla en su disposición derogatoria única la derogación expresa de la ley 7/1996, de 10 de julio, de desarrollo comarcal. Esa ley impulsada por Fraga derivó unos meses después en un decreto que estableció 53 comarcas. Pero su desarrollo fue escaso.

Un año más tarde, la ley 5/1997 de administración local, la que ahora va a actualizar la Xunta, siguió contemplando las comarcas y apostó por planes de desarrollo comarcal, pero renunció expresamente a dotarlas de personalidad jurídica para no duplicar funciones y costes. Fraga apostó, por el contrario, por crear fundaciones comarcales centradas en actividades de desarrollo rural.

Aquellas fundaciones comarcales comenzaron a ser desactivadas por la Xunta del PSdeG y el BNG y Feijóo culminó su supresión en 2012 argumentando que así se lograría un ahorro en 53 chiringuitos que para el Consello de Contas fue “residual”. Al mismo tiempo, los gerentes de esas fundaciones comarcales, parte de ellos cargos del PP, fueron recolocados en otros puestos.

Tras quedar así en 2012 las comarcas vacías de contenido, en 2016 Feijóo también las liquidaría sobre el mapa al impulsar la fusión de los ayuntamientos de Cerdedo y Cotobade, que previamente formaban parte de dos comarcas distintas, la de Tabeirós-Terra de Montes el primero y la de Pontevedra el segundo.

Ahora la nueva ley local que tramita la Xunta deroga expresamente la ley comarcal de 1996. Opta al mismo tiempo por “reforzar el papel de las diputaciones provinciales” y “consolidar la existencia de otras entidades locales diferentes de los municipios y de las provincias, como son las mancomunidades de municipios, apostando claramente por estas figuras y fomentando el asociacionismo municipal con la finalidad de lograr una mejora en la calidad de la prestación de los servicios públicos”.

Nada dice la nueva norma respecto a las parroquias, el otro tipo de entidades locales “propias de Galicia”, según el Estatuto de Autonomía. La anterior ley local de 1997 se limitaba a reiterar la posibilidad de desarrollo contemplada en el Estatuto, pero aplazándola a un futuro indeterminado al señalar que “la organización, el funcionamiento y las competencias de la parroquia rural serán regulados, en su día, por una ley del Parlamento de Galicia”.

La nueva ley local no cita el concepto de parroquia en absoluto. Se limita a reiterar la legislación previa para las nueve entidades locales menores existentes en Galicia.

Julio Iglesias está en boca de todos tras las denuncias por trata de seres humanos y abuso sexual de dos exempleadas de una de sus mansiones. Sin embargo, la justicia española ha decidido no investigarlo por "falta de competencia". Ahora, el Colectivo de Víctimas del Franquismo de la provincia de A Coruña recuerda la fuerte vinculación del cantante con la política española y reclama que devuelva los casi dos millones de euros que la Xunta, con el PP en el poder, pagó a Iglesias y a su familia, así como el retiro del título de Embajador de Galicia del cantante madrileño.

En un comunicado de prensa firmado por Manuel Monge González y entregado a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, el colectivo solicita la devolución por parte del cantante de 300 millones de pesetas (el equivalente a 1.803.036 de euros de hoy), concedidos en 1992 por el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en pago por "actividades de representación" y por la compra de los derechos de la canción Un canto a Galicia. En el comunicado se exige que si el artista se niega, es el Partido Popular el que debe devolver el dinero, ya que "fue el beneficiario de la campaña de apoyo electoral de Julio Iglesias al partido".

Desde que se conocen esos contratos con Iglesias, el cantante ha apoyado al Partido Popular activamente, participando incluso en la campaña electoral del partido para las elecciones generales de 1996, en las que José María Aznar quedaría como el ganador. En Zaragoza, durante un mitin del 28 de febrero de ese año, el cantante declaró: "Mi querido presidente. Qué alegría estar contigo, sabiendo que te quiero de verdad... ¡Un beso enorme!". "Con todo mi sentimiento y mi razón, digo que no habrá mejor presidente para España que José María Aznar".

En 1997, Iglesias firmó otros dos contratos con la Generalitat Valenciana, cuando la presidía el también popular Eduardo Zaplana, para promocionar la región, esta vez por 990 millones de pesetas (casi 6 millones de euros), tal y como declaró el cantante en 2012 ante el tribunal que juzgaba al político por corrupción. Años después, Iglesias bromeó sobre el pago que recibió: "Creo mucho en la Comunidad Valenciana, me pagan muy bien... no, es una broma. Solo lo digo para que no me preguntes sobre ello".

Tras recordar todos estos hechos, el colectivo gallego solicita la devolución de los 300 millones de pesetas abonados por la Xunta y piden que se utilicen en forma de subvención de la Xunta para apoyar a las asociaciones de memoria y de víctimas del franquismo, así como "para la recuperación de los restos de las fosas comunes y las cunetas de las carreteras y para el entierro digno de cientos de víctimas de la dictadura criminal". Además, están difundiendo el manifiesto Non queremos ao "camarada Fraga" como fillo adoptivo (No queremos al "camarada Fraga" como hijo adoptivo), en el que piden a los ayuntamientos de A Coruña y Betanzos, así como a la Diputación Provincial de A Coruña, que le revoquen los honores al antiguo ministro del franquismo, en aplicación de la ley de memoria democrática.

El líder del PP presume de mérito y esfuerzo a lo largo de toda su trayectoria, pero su plaza fija de funcionario nació de una ley diseñada a medida por el Parlamento gallego bajo la mayoría absoluta de Manuel Fraga. La carrera política de Alberto Núñez Feijóo tiene un origen que rara vez ocupa titulares, o suscita preguntas al líder del Partido Popular: su acceso a la condición de funcionario de carrera en la Xunta de Galicia. No hacía falta aprobar en sentido estricto; bastaba con se presentaran las tres oportunidades. Oficialmente, el PP de Fraga justificó la medida como una “regularización” de interinos con años de servicio. En la práctica, fue una amnistía encubierta para convertir a muchos interinos en funcionarios fijos sin superar realmente unas oposiciones competitivas.

Solo se aplicó aquel año. Y fue en ese contexto cuando Feijóo consiguió su plaza en el Cuerpo Superior de la Administración (grupo A1).

Pero la historia arranca antes. En los años ochenta, mientras trabajaba como interino en los servicios jurídicos de la Xunta, Feijóo encabezó la Agrupación de Funcionarios Interinos y Contratados Administrativos (AFICA). Desde esta plataforma, organizó encierros, huelgas y protestas en San Caetano reclamando la estabilidad laboral y pasarelas hacia la fijeza. Según recuerda Ansía, miembro de la Confederación Intersindical Galega (CIG), el sindicato de Feijóo tuvo un recorrido breve: “desapareció cuando consiguieron sus plazas de funcionarios”. “Más que un sindicato era un lobby que peleaba por unas oposiciones a la carta para aprobar con facilidad y pasar al grupo A de la administración”. “En realidad, tanto Feijóo como Carlos Negreira (también del PP y que fue alcalde de A Coruña) eran ya unos trepas. Nosotros exigíamos mejoras sociales y laborales que ellos apoyaban porque lo que buscaban era acceder a la carrera de funcionarios, pero no porque les interesaran lo más mínimo aquellas reivindicaciones"

Entre las reclamaciones que Feijóo defendió en aquellos meses se encontraba el derecho a realizar el examen para obtener la plaza hasta tres veces, en caso de suspender en los dos primeros intentos. Un instrumento coyuntural que sirvió de trampolín para transformar a interinos en funcionarios de carrera.

El socialista Fernando González Laxe fue presidente de la Xunta de Galicia entre 1987 y febrero de 1990, los años de “sindicalismo” de Feijóo. Pero no fue hasta 1991, con la presidencia de Manuel Fraga, que pusieron en marcha la oposición “ad hoc”.

La oposición de 1991 no ha dejado de generar críticas en Galicia. La oposición política y parte de la prensa la calificaron como una “oposición a medida”, diseñada para regularizar a determinados colectivos y con un grado de discrecionalidad en la configuración de tribunales que levantó sospechas. En aquel proceso, los méritos acumulados en la Xunta contaban casi tanto como los ejercicios de la oposición. No es anecdótico: en un sistema en el que el acceso a la función pública debe garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, la excepcionalidad de la ley de 1991 abrió un atajo difícil de justificar con criterios de transparencia. Y ese atajo es el que utilizó Feijóo, quien hoy se presenta como el adalid de la meritocracia y la transparencia. 

Aquella oposición fue una excepcionalidad, un sistema extraordinario y único, que solo se aplicó en 1991. Resumiendo: sí, era posible suspender las tres veces y aun así entrar fijo, porque la ley lo garantizaba.

Popularmente en Galicia aquella convocatoria de la primera era Fraga, se conoció como “la ley de las tres oportunidades”.

Con la plaza asegurada, la carrera de Feijóo en la administración fue meteórica. La oposición le dio el título de funcionario de carrera A1 del Cuerpo Superior de la Xunta, pero nunca ejerció como tal en un puesto ordinario; enseguida saltó a cargos de libre designación con peso político. 

En 1991 ya era secretario general técnico de la Consellería de Agricultura. Un año después, Romay Beccaria, su mentor, lo nombró secretario general del Sergas, el máximo cargo administrativo de la sanidad gallega, con apenas 31 años. Desde entonces, Feijóo nunca volvió a ocupar un puesto “ordinario” como funcionario: su trayectoria se desarrolló siempre en despachos de confianza política y cargos de alta dirección.

El debate no es si Feijóo aprobó o no algún examen: El debate es qué tipo de oposición fue aquella y qué papel jugó la mayoría absoluta del PP en su diseño. La de 1991 fue una convocatoria irrepetible, con reglas distintas a las ordinarias y con un resultado claro: la consolidación de interinos que, como Feijóo, encontraron en aquella puerta abierta su pasaporte a la función pública. 

Legal, sí. Ético, no. Así empezó la carrera de quien hoy exige transparencia a los demás. Feijóo es el ejemplo de cómo desde el PP manipulan ciertos engranajes para legislar el enchufe, convertirlo en norma y llamarlo mérito. Otra forma de corrupción.

¿Dará explicaciones algún día, Alberto Núñez Feijóo? Como político que aspira a ser Presidente del Gobierno, no debería dejar estos claroscuros de su currículo sin dilucidar. ¿Hubo trato de favor? Los hechos así lo demuestran.

La historia de su plaza de funcionario de carrera es también la historia de un sindicato creado para ese objetivo, de un atajo administrativo, y de una rápida conversión de interino rebelde en alto cargo institucional. 

Un episodio que merece revisitarse porque arroja luz sobre la forma en que se construyen las élites del Partido Popular en Galicia, donde la frontera entre meritocracia y nepotismo es más difusa de lo que se reconoce. Es un “modus operandi” para un “modus vivendi” que Feijóo lleva poniendo en práctica toda su carrera política.

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

Desde sus orígenes franquistas –no debemos olvidar que el PP lo fundó Manuel Fraga, ministro de Franco– el Partido Popular ha intentado siempre un viaje al centro a sabiendas de que es en ese sector de votantes por donde se puede crecer electoralmente. Pero este viaje, al menos a nivel nacional, no lo ha llevado nunca a ningún sitio de una forma estable. La esencia del partido, su suelo electoral, estuvo desde el principio –y sigue estando– en ese franquismo lamentablemente arraigado en un sector importante de los españoles. Aznar consiguió en 1996 ganar las elecciones tras la larga etapa de gobierno socialista de Felipe González. En ese momento tuvo claro que debía emprender ese viaje al centro si quería permanecer en el gobierno y consolidarlo como finalmente consiguió en el 2000 con la mayoría absoluta que le otorgaron los españoles. 

Tras la nueva etapa de gobierno del PSOE que lideró José Luis Rodríguez Zapatero, el Partido Popular volvió de nuevo al gobierno, más por el grave desgarro político que provocó la crisis financiera de 2008, que por méritos propios. Con Rajoy en la Presidencia del Gobierno, hay que reconocer que el PP consiguió alcanzar con el singular político gallego esa imagen de moderación que evidentemente nunca pudo tener Aznar. 

La historia es conocida, el largo rosario de escándalos de corrupción, pero fundamentalmente el que ha pasado a la historia con el nombre de Caso Gürtel, dio al traste con el gobierno de Rajoy, que también ha pasado a la historia de la política española como el primero que ha caído por una Moción de Censura. No me voy a detener ahora en la actual etapa de gobierno del PSOE presidido por Pedro Sánchez, primero en solitario y luego con los sucesivos gobiernos progresistas de coalición, porque lo que aquí importa es abordar la evolución del Partido Popular en estos últimos años. 

Coincidiendo con el inicio del gobierno de Pedro Sánchez, llegó a la presidencia del PP Pablo Casado. El nuevo líder popular fue elegido por primera vez mediante unas elecciones internas del partido. Hasta ese momento la elección de los presidentes era “digital”. Casado llegaba así con un perfil diferente y quiso gestionar su partido con otro talante. Intentó por supuesto el “manido” viaje al centro de sus antecesores, pero lo hizo montado en el caballo de los insultos a Pedro Sánchez, especialmente durante la pandemia del COVID 19. Hay que tener en cuenta que en ese momento ya existía Vox y su líder Santiago Abascal, que lanzaba su “artillería política” no sólo contra Pedro Sánchez, también contra Pablo Casado. De esa etapa es la famosa “derechita cobarde”, expresión acuñada por el líder de Vox para referirse al Partido Popular. Abascal quiso en ese momento acelerar la trayectoria política de Vox presentando una Moción de Censura, moción en la que no contó con el apoyo de Pablo Casado. Todavía más, Pablo Casado pronunció en ese evento parlamentario un importante discurso que finalizó con aquel “hasta aquí hemos llegado” con el que marcaba distancias con Abascal. Pero el liderazgo de Casado tenía los días contados, porque ni él ni su Ejecutiva, en la que le acompañaba Teodoro García Egea, contaba con el apoyo de “las fuerzas vivas del PP”, y en concreto de la emergente lideresa del PP de Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Las desavenencias y enfrentamientos de Pablo Casado y Ayuso, con acusaciones de espionaje de por medio, por las comisiones que cobró su hermano con la venta de mascarillas en plena pandemia, tuvieron su punto final con la dimisión forzada de Pablo Casado como Presidente del Partido Popular.

Tras esta grave crisis del PP, llegó a Madrid para salvar la situación y asumir la presidencia del partido Alberto Núñez Feijóo. El líder gallego, que a pesar de las reiteradas peticiones de Génova se había negado hasta ese momento a abandonar su Galicia natal, tuvo claro que era el único que podía salvar el partido, y en el correspondiente congreso extraordinario fue aclamado como presidente del PP. Feijóo llegaba a Madrid con una imagen y trayectoria de moderación que, al menos teóricamente, le avalaban para conseguir ese ansiado crecimiento electoral en el “territorio del centro político”. Pero las cosas no fueron ni son en la actualidad como se preveían, y ello pese a los esfuerzos que hizo Feijóo para conseguirlo. Un ejemplo claro fue la renuncia en su día a asistir a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como Presidente de Castilla y León. El motivo era obvio, su asistencia a este acto le habría obligado a “hacerse la foto con Vox”, partido con el que iba a gobernar en coalición el flamante Presidente castellano-leonés. A pesar de este esfuerzo, el talante moderado de Feijóo duró poco. Enseguida fue consciente de la fuerza y el poder que tenía en el partido la todopoderosa Presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, nadie duda de que tenía en la cabeza la sombra del “triste final” de Pablo Casado. Por añadir un ejemplo claro del poder interno que tenía y tiene Ayuso en el partido, baste recordar la renuncia por parte de Feijóo a firmar el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial porque la víspera del acto una portada del diario El Mundo, y unas declaraciones de la líder madrileña, así se lo indicaban.

Pero vayamos a la situación y realidad actual del Partido Popular. En el inmenso poder autonómico que acumula el PP tras las elecciones de 2023 aparecen dos modelos claros de liderazgo curiosamente contrapuestos, pero ambos exitosos. Me refiero por un lado a Juanma Moreno, que tras un primer gobierno con apoyo de Vox ha conseguido mantenerse en la presidencia de la Junta de Andalucía con mayoría absoluta. El líder andaluz ha logrado, utilizando incluso un falso andalucismo, desmarcarse de Vox y ofrecerse como la garantía para evitar que la extrema derecha entre en el gobierno andaluz. Por su parte Ayuso se ha desembarazado también de Vox, pero no por una estrategia de moderación, sino asumiendo los postulados de la extrema derecha y arrebatando así al partido de Santiago Abascal una buena parte de sus votantes. Parece evidente que, con modelos –insisto– contrapuestos, ambos líderes autonómicos han logrado su objetivo, gobernar con mayoría absoluta. 

Feijóo es consciente de estas dos realidades que hay en su partido y por supuesto él ansía como presidente del PP llegar a La Moncloa, algo que no consiguió y sigue sin conseguir a pesar de ganar las Elecciones Generales de 2023. Feijóo busca desesperadamente el adelanto electoral para aprovechar el desgaste del Gobierno progresista de coalición que preside Pedro Sánchez. A ese ataque contumaz desde diversos frentes, especialmente el judicial, se ha dedicado el líder gallego en los últimos años, pero contempla para su desesperación que el presidente socialista resiste a pesar de los casos de corrupción, reales o no, que le rodean. 

A Feijóo le gustaría llegar a la Moncloa utilizando alguna de las estrategias de las dos versiones de su partido, pero no lo consigue. No logra disminuir el preocupante crecimiento electoral de Vox ni desde el modelo de moderación de Juanma Moreno, ni emulando a Ayuso haciendo suyos los postulados radicales de la extrema derecha. Este es el gran drama del Presidente del PP, que ve cómo su liderazgo se debilita día a día y que las próximas elecciones generales –anticipadas o no– son sin duda su última oportunidad.

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Rafael Sánchez Sánchez es socio de infoLibre.

"Con el 30 % escrutado, el Partido Popular tiene 38 escaños y, por lo tanto, la mayoría absoluta". Jaime Pita Varela, conselleiro de Presidencia, comparece extrañamente pronto ante los medios de comunicación para ofrecer un avance de los resultados electorales. Apenas va un tercio del recuento, pero quien había ejercido durante los últimos años como azote de la oposición explica ante las cámaras que todo apunta a que el PSOE gallego y el BNG van a seguir donde estaban: en la oposición.

Ni "Móvome" ni "Un país novo", ni "Desta vai", ni "Hai que botalos". Ni las encuestas que auguraran el fin del fraguismo durante una campaña en la que el patriarca de la derecha española, presidente desde hacía década y media, diera muestras evidentes de signos de debilitamiento físico y político. En el Gran Hotel y en el Hotel Araguaney, establecimientos compostelanos elegidos respectivamente por el PSdeG y el BNG para seguir la noche electoral de aquel 19 de junio de 2005, las sonrisas se congelaron al aparecer Pita en la televisión gallega al son de aquello de jugar como nunca y perder como siempre.

Pero aquel regreso al fatalismo en la militancia de las dos fuerzas políticas que llevaban meses soñando con protagonizar —ahora sí, "desta vai"— el final del fraguismo no se correspondió con una explosión de alegría en la entonces nueva sede del PP, en el barrio de San Lázaro de la capital gallega. En la maquinaria electoral más precisa de la historia de Galicia no había muchos motivos para celebrar. Los números no daban. Por poco, pero no daban.

Con la información que iba llegando de los colegio electorales al equipo de campaña dirigido por José Crespo, alcalde de Lalín, el escaño 38 no está ni de lejos asegurado. Jesús Palmou, secretario general del partido y conselleiro de Justicia, tampoco está para muchas fiestas. La primera alocución de Pita puede servir para sostener un poco más la ilusión de que en Galicia nada se mueve, pero los datos hablan de un PSdeG disparado once puntos que compensa con creces la caída del BNG, menor que el descenso de un PP que, aun así, marcha en cabeza con alrededor del 45 % de los votos.

La noche avanza y el diputado 38 del PP se convierte en 37. Al hotel del PSdeG vuelve la celebración. En el próximo Parlamento se sentarán 25 representantes socialistas, ocho más que los elegidos en 2001 gracias a un crecimiento superior a los 200.000 votos, en el que también fue clave el apoyo total de la dirección federal de José Luis Rodríguez Zapatero, volcada en una campaña gallega en la que participa Pedro Sánchez como parte del equipo desplazado a Galicia desde la madrileña calle de Ferraz. Pescan cuatro escaños del PP y otros tantos de un BNG que se queda en 13. Suficientes para tejer una mayoría absoluta que coloque como presidente de la Xunta a Emilio Pérez Touriño sobre una base de más de 867.000 votantes socialistas y nacionalistas, que superan en más de 110.000 a los que escogieron la papeleta del PP.

Aun así, la parroquia progresista no se libra del todo del miedo. El último escaño de la provincia de Pontevedra lo ganó el PSdeG, pero falta por contar el mal llamado voto emigrante, los sufragios llegados fundamentalmente desde Sudamérica y sobre cuyo mar de irregularidades nadie duda. Menos aún tras una carrera electoral en la que el digital A Nosa Terra publicó pruebas de cómo en unos comicios anteriores —las europeas de 2004— un colaborador del semanario llegó a votar hasta 17 veces desde el extranjero para demostrar la ausencia de garantías.

El encargado de calmar los miedos acaba siendo el propio Touriño. "Habrá cambio", proclama ante una militancia que, con el paso de las horas, incluso entona por lo bajo los acordes de Se va el caimán con Fraga en el papel del reptil musical. "He hablado con Anxo Quintana y colaboraremos para gobernar", anuncia el candidato socialista.

En esa llamada, Touriño le garantizó al portavoz nacional y debutante como cabeza de lista del BNG que los datos manejados por el PSOE sobre el escrutinio en general y el voto exterior en particular no dejaban lugar a dudas: "Está hecho", le resumió Touriño. Lo que votó la Galicia interior no lo va a cambiar la exterior, reafirman también cargos veteranos de un BNG que se ve ante el paradoja de que, con su peor resultado en elecciones gallegas de la última década, puede gobernar por primera vez en su historia.

Y, efectivamente, los votos de los legalmente denominados residentes ausentes no le fueron suficientes al PP ocho días después, el 27 de junio, cuando las Juntas Electorales recontaron los sufragios del exterior. Cuentan las crónicas de la época que la dirección central del PP, con Federico Trillo como emisario, intentó llevar la batalla al plano legal mediante un litigio incierto que Fraga prefirió frenar.

"Aquel 19 de junio, visto con perspectiva, da un dato de alto valor: que fue posible lo que parecía imposible, la alternancia democrática mediante un proceso electoral en el país". Demostró que "Galicia no estaba condenada a apoyar permanentemente y mayoritariamente al PP", recuerda Touriño en declaraciones a Praza.gal. Este medio solicitó al expresidente una entrevista con motivo del vigésimo aniversario de aquellas elecciones. Tras concertarla, finalmente decidió rechazarla y mantenerse en el silencio que viene marcando su postura pública respecto a la política gallega y general en los últimos años. Posteriormente sí accedió a compartir algunos recuerdos al respecto.

"Tuvimos un resultado histórico, muy lejos de cualquier imaginación hoy", destaca el expresidente. El PSdeG obtuviera un "33,6 % de apoyo popular" que "fue posible —cree— porque tuvimos tiempo y lo utilizamos para construir un proyecto político alternativo y confiable, de corte galleguista y socialdemócrata" y "con un liderazgo claro" en un "PSdeG muy propositivo". Todo, tras una campaña "en la que encontré un extraordinario grado de ganas de cambio, incluso más allá de las filas" de un Partido Socialista que manejaba datos según los cuales "la mayoría social veía la coalición PSdeG-BNG como el mejor gobierno posible". También por eso, asegura, durante el ajustado recuento "no tuve dudas" de que "el cambio estaba hecho" y así lo trasladó primero a Quintana y después a la opinión pública.

"El resultado del BNG no fue óptimo en la medida en que esperábamos tener una representación más nutrida en el Parlamento, pero ese sabor amargo quedó enseguida borrado por la consecución de otro objetivo, quizá más importante para el país: el necesario cambio de gobierno que se iba a producir con la nueva mayoría parlamentaria y el acceso del BNG y del nacionalismo por primera vez a las labores de gobierno del país", resalta Anxo Quintana en una entrevista en Praza.gal.

En las semanas siguientes, las comisiones negociadoras de PSdeG y BNG se pusieron a trabajar en un pacto para gobernar en coalición sobre el que, independientemente de los detalles, nadie dudaba. Touriño y Quintana lo escenificaron con un cordial inicio de las conversaciones en el Hostal dos Reis Católicos y una firma del acuerdo en el  Centro Galego de Arte Contemporánea. 

La alianza contempló la presidencia para el líder socialista y una vicepresidencia única para el nacionalista con competencias en Igualdad y Bienestar. En el nuevo Consello da Xunta, el PSdeG gestionaría Presidencia, Economía, Política Territorial, Educación, Sanidad, Pesca, Medio Ambiente y Trabajo. Al BNG le correspondieron las consellerías de Innovación e Industria, Medio Rural, Cultura y Vivienda. En total, dos consellerías menos que el último gobierno de Fraga.

De aquel gabinete, cuyas desavenencias a veces resonaron en exceso, salieron múltiples medidas. Algunas pioneras en la historia de la autonomía e incluso adelantadas más de una década a la acción de otros gobiernos en materias como ordenación del territorio, igualdad de género, sanidad, políticas para el rural, servicios sociales o vivienda.

Parte de ellas se aplicaron en apenas tres años y medio. Otras no llegaron a desplegarse porque en las siguientes elecciones, las del 1 de marzo de 2009, PSdeG y BNG volvieron a sumar juntos más votos que el PP, pero los populares lograron en A Coruña un escaño que perdió el Bloque. E inauguraron, con Alberto Núñez Feijóo al frente, una nueva etapa de mayorías absolutas que llega hasta nuestros días.

Hace diez años, Touriño reflexionaba en una entrevista con Praza.gal que aquella de 2009 fue una victoria del PP no solo en votos. PSdeG y BNG, señalaba, habían asumido una derrota "peor que la electoral, la de la hegemonía de las ideas" sobre el Gobierno que compartieran. "Llega Feijóo y crea la sensación de que aquel fue el gobierno del despilfarro, que nos dejó una Galicia quebrada", una "pura mentira" frente a la que en los años siguientes "no se generó un discurso alternativo que reivindicase que se hicieron cosas muy positivas". "Si tú mismo asumes que no puedes defender que cuando gobernaste hiciste una política alternativa, estás vendido", aseveraba el ex presidente.

Con la perspectiva de dos décadas, Quintana considera que "no se ha hablado lo suficiente, sobre todo en el ámbito del nacionalismo, de la importancia de una labor de gobierno" que, a su juicio, "se podría calificar de excepcional". En "muy poco tiempo", dice en una entrevista con Praza.gal, el Bloque fue capaz de "demostrar" que "es capaz de hacer en el gobierno lo que siempre había propuesto cuando estaba en la oposición" y "además, con honestidad y honradez". Pero en muchas ocasiones durante estos años, lamenta, "más que de lo malo" que pudiera haber hecho el primer Gobierno de la historia de Galicia apoyado en una mayoría parlamentaria de izquierdas, "se habló de lo inexistente, de lo que no pasó".

Jesús Pérez Varela (Redondela, 1949) falleció este 16 de enero a causa del cáncer que padecía. Tras casi dos décadas alejado de los focos públicos, tras su fallecimiento proliferan perfiles más o menos descriptivos de quien ocupó un buen número de cargos empresariales y políticos. Dejando entrever, en algunos casos, el alto poder que llegó a manejar quien fuera uno de los artífices políticos del fraguismo gallego con actuaciones cuyos efectos, en no pocos casos, llegan hasta nuestros días.

Pérez Varela fue una de las figuras claves de la campaña que llevó a Manuel Fraga a la presidencia de la Xunta en el primer intento, en 1989, como uno de los responsables de comunicación y propaganda. Y ese mismo papel lo asumió en el Gobierno gallego en 1990, primero como jefe del gabinete de comunicación del nuevo presidente y después como secretario general de comunicación de 1991 a 1996.

Con Pérez Varela en la sala de máquinas de la reformulación como patriarca galeguista del exministro de Información y Turismo de la dictadura, se elaboraron informes, como publicó en exclusiva el extinto Diario 16 de Galicia, sobre las afinidades políticas del personal que trabajaba o colaboraba con la CRTVG, la radiotelevisión pública de Galicia. Eran las que acabaron siendo las famosas listas negras, prolíficas a la hora de designar como "peligrosos" o "radicales" a trabajadores considerados de izquierdas o nacionalistas. Fraga desligó de la preparación de esas listas al PP gallego y al entonces nuevo Gobierno.

Los ecos del franquismo y los años inmediatamente posteriores persiguieron a Pérez Varela también cuando, en 1996, fue ascendido por Fraga a conselleiro de Cultura y Comunicación Social. La oposición, entonces liderada por el BNG de un Xosé Manuel Beiras que le apodó "pequeño Goebbels", evocó su breve etapa a finales de 1979 como director del periódico de derechas El Imparcial, donde anteriormente había trabajado como columnista, para afearle afinidades con personajes implicados en intentos de golpe de Estado como Tejero e Ynestrillas, lo que él negó, afirmando ser un demócrata.

También Felipe González, durante la campaña electoral gallega de 1997 –las primeras que afrontó como expresidente del Gobierno de España, con Abel Caballero como candidato a la Xunta– vinculó a Pérez Varela con aquellas operaciones. Su nombramiento como conselleiro, aseguró en un mitin en A Coruña, era una de las "cuentas a pagar" del PP de Fraga y Aznar "con la Operación Galaxia y el 23F". La polémica volvería a surgir en el año 2000, dando lugar a un intercambio epistolar en las páginas de La Voz de Galicia entre Pérez Varela y Joan Pla, experiodista de El Imparcial y autor de un libro sobre la trama civil del 23F.

El apellido de "Comunicación Social" de la consellería de Pérez Varela implicaba un amplio control sobre las relaciones con los medios de comunicación, incluidos los repartos de ayudas económicas. Desde ese ámbito modeló, en gran medida, una estructura mediática que, con las evidentes variaciones en el tiempo, llega hasta nuestros días.

En la cartera de conselleiro acumuló las competencias turísticas, lo que supuso manejar la joya de la corona fraguista, el Xacobeo. A juicio de su creador, el también popular Víctor Vázquez Portomeñe, su labor en este ámbito comenzó siendo, en gran medida, una "demolición" del proyecto original que él mismo había ideado. 

El Xacobeo basado en grandes eventos fue una de las patas de su gestión en el ámbito cultural del tardofraguismo. Desde ese punto de vista, mostró un perfil afable, incluso simpático y también prolífico en frases y expresiones que quedaron para el capítulo del chiste en la cultura popular, desde señalar a Carmina Burana como "una de las buenas cantantes de este país" hasta su ya legendaria presentación de bandas y artistas que le gustaría tener en el Xacobeo 2004.

El otro gran tramo de su carrera política fue la construcción de la Cidade da Cultura por encargo de Fraga. Para ese proyecto, precisamente, protagonizó una de sus últimas intervenciones políticas relevantes, la comparecencia en la comisión de investigación que, durante el mandato del Gobierno de coalición PSdeG-BNG, investigó la polémica gestión del proyecto a partir de un duro informe del Consejo de Cuentas, que había detectado sobrecostes de hasta el 200%, entre otras irregularidades.

Además de defender su gestión en la materia, Pérez Varela también negó cualquier sombra oscura en su decisión de poner en marcha, junto a otros miembros de su familia, una empresa centrada en la publicidad y la comunicación –Chuvieira SL– al día siguiente de dejar de ser conselleiro. Ocupó su último cargo vinculado a la política desde 2005 hasta 2009, cuando dejó de ser miembro del consejo de administración de la CRTVG a propuesta del PP.

O Lagartiño, una mansión de 1.000 metros cuadrados, piscina y pista de tenis situada en la ría de Arousa (Pontevedra), lleva desde 2019 registrada a nombre del Estado, pero es donde sigue viviendo Marcial Dorado Baúlde, el contrabandista reconvertido en capo de la cocaína con quien pasaba sus vacaciones el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando aún dirigía el Servicio Galego de Saúde (Sergas) en el Gobierno de Manuel Fraga.

El Ayuntamiento de Arousa anunció el pasado jueves que había llegado a un acuerdo con Plan Nacional sobre Drogas, propietario del inmueble y de los 4.000 metros cuadrados de terreno donde está construido, para construir vivienda pública y un parque en dos parcelas decomisadas en su día a Marcial Dorado y ubicadas en el municipio.

Sin embargo, en O Lagartiño el Estado aún no ha conseguido poner un pie. Pese a que en 2016 el Tribunal Supremo dictó sentencia firme, la vivienda sigue siendo, de facto, de Marcial Dorado. Siempre la mantuvo a nombre de terceros, pero era parte esencial de la condena al exnarcotraficante de A Illa de Arousa desde una perspectiva ejemplarizante. Sin embargo, cuando se van a cumplir nueve años de la sentencia, el histórico capo del Winston de batea pasa allí su jubilación junto a su familia, eludiendo las distintas órdenes de desalojo que han sido emitidas a lo largo del tiempo, mediante sucesivos recursos por la vía administrativa, primero, y ahora por la judicial, presentando mil y un documentos para dilatar la acción del desahucio. De forma que la joya de la corona del patrimonio de Marcial Dorado continúa siendo un elemento que distorsiona por completo la lucha contra la droga en Pontevedra, en Galicia y en toda España.

Segipsa, la sociedad estatal encargada de gestionar la venta de la lujosa mansión, probablemente la más valiosa de cuantas siguen a día de hoy en manos de narcos gallegos o sus familiares, no ha podido acceder a la vivienda, primero por la presencia en ella de Otilia Ramos, pareja de Marcial Dorado, que, junto al hijo de ambos, disfrutó de la mansión cuando el capo estuvo entre rejas, pese a que ella misma también fue condenada por blanqueo. Otilia Ramos le esperó hasta su salida de prisión.

“Cuando yo lo conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante”. En julio de 2023, Alberto Núñez Feijóo reconoció por primera vez que, cuando conoció a Marial Dorado, éste era el jefe de una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco. En una entrevista emitida por la cadena Cope, Feijóo admitió los negocios ilegales de quien entonces era su amigo, menos de cuatro horas después de negarlo en laSexta, donde puso como excusa que en aquella época no tenía Internet: “En aquel momento no tenía ninguna acusación por ello; ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet, porque hay Google”, alegó.

Que Dorado fuera el jefe de una organización dedicada al contrabando ilegal no impidió a Feijóo acudir con frecuencia a pasar fines de semana en su mansión en A Illa de Arousa y acompañarle en su yate por las rías gallegas, como acreditan las fotos de mediados de los años 90 que fueron publicadas en 2013 por El País. Ambos compartieron además comidas, excursiones a la montaña, viajes a Cascais (Portugal), Ibiza y Picos de Europa, y la celebración de la Nochevieja. Actividades todas ellas que Feijóo, según sus propias palabras, no recuerda quién pagó.

En 2016, Dorado fue condenado a seis años de prisión, que ya ha cumplido, por blanquear dinero procedente del narcotráfico. Además, se ordenó el comiso definitivo de todas las sociedades y bienes inscritos a su nombre, entre ellos la conocida Quinta do Feital, en Portugal, y la mansión de O Lagartiño. Sobre el papel, esa vivienda pertenecía a Inmobiliaria Marli, una firma creada por la pareja Dorado-Ramos para adquirir la propiedad a la exmujer del narco. Una curiosidad: como parte del pago, ésta recibió un dúplex en la calle de Lepanto, en Pontevedra.

La Policía ha tenido que llamar a la puerta de la vivienda, protegida por altos muros, e identificar a Otilia y al hijo menor que tiene en común con el contrabandista devenido en narcotraficante. La mujer no mostró en ningún momento la intención de abandonar la villa.

Dorado, que ya tenía antecedentes por cohecho, recibió su primera condena por narcotráfico en 2009, un dictamen que adquirió firmeza dos años después. A los 10 años de cárcel que le fueron impuestos por su participación en el intento de introducción de varias toneladas de cocaína a bordo del barco South Sea se unió una segunda investigación por blanqueo de capitales iniciada de forma simultánea en España y en Suiza y que determinó que había lavado al menos 21 millones de euros mediante diversas argucias.

Las autoridades helvéticas se sorprendieron al ver las ingentes cantidades de dinero que había ingresado en metálico en diferentes cuentas bancarias “sin documento alguno que justificase las transacciones”. El dinero negro fluía hacia Suiza. A pesar de que uno de sus socios en el país alpino fue absuelto, los ingresos multimillonarios en al menos 16 cuentas que abrió en Suiza y la creación de sociedades en Islas Vírgenes, Panamá, Belice, Bahamas, Liberia, Liechtenstein y, por supuesto, España y Portugal, a su nombre y al de testaferros, fueron el detonante de una investigación que explotó cuando Dorado decidió repatriar parte de su fortuna con la complicidad de un guardia civil a sueldo del capo y una sociedad llamado Programallo SA.

Narcodiario ha contactado con fuentes oficiales del Gobierno de España. “La casa de la calle Lagartiño es propiedad del Plan Nacional Sobre Drogas, y ya les fue notificada [a Dorado y su pareja] el año pasado la orden de desahucio”, explican fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra. También señalan que la representación legal de Marcial Dorado ha agotado ya todos los recursos por la vía administrativa y en estos momentos hace lo propio por la vía judicial, en lo contencioso. “El tema tiene su recorrido”, destacan, “pero el Plan Nacional Sobre Drogas está muy encima del asunto” para conseguir que finalmente abandone la lujosa propiedad.

El 13 de noviembre de 2002, sobre las tres de la tarde, el capitán del Prestige, un petrolero monocasco con bandera de Bahamas da la primera voz de alarma cuando se encontraba, en medio de un temporal, a 27 millas náuticas al oeste de Cabo Touriñán. Transportaba 77.000 toneladas de fuel-oil pesado.

En lugar de darle refugio en algún puerto cercano, las autoridades, en una descoordinación inédita, con órdenes contradictorias, pasearon el barco arriba y abajo por el Atlántico, en medio del temporal, mientras iba dejando un rastro de chapapote por toda la Costa da Morte.

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, decidió irse el 16 de noviembre, sábado, en plena crisis, alegando “agenda privada”, a una cacería de la que no volvió hasta el domingo 17 por la noche. El exministro de Fomento, Álvarez Cascos, también se fue de cacería ese mismo fin de semana. Un técnico de su ministerio aseguró que había sido el ministro en persona quien dio la orden de enviar el buque "al quinto pino" antes de irse de caza.

Mientras, el Gobierno de José María Aznar y la Xunta de Manuel Fraga utilizaban las televisiones públicas que dependían de ambos gobiernos para minimizar cualquier problema haciendo apreciaciones sin sentido sobre la grave situación del buque y su carga, con argumentos carentes de cualquier sustento técnico, confundiendo así a la población. 

Alrededor de las ocho de la mañana del día 19 de noviembre de 2002 y a 133 millas náuticas del Cabo Finisterre, el petrolero se parte en dos. A las 11:45 se hunde la parte de popa y, posteriormente, a las 16:18 horas y separado unos 3 km. de la popa, se hunde el pecio de proa. Las dos mitades se hunden a unos 3.600 metros de profundidad.

Cuando el buque se partió y naufragó, Mariano Rajoy, vicepresidente y portavoz del Gobierno de Aznar, negaba el peligro de una marea negra y que el pecio supusiera algún peligro ecológico: "Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben de salir de algunas de las grietas unos hilos... Lógicamente, pues estamos todavía estudiando... Están los técnicos estudiando realmente qué es lo que significa esto".

Arsenio Fernández de Mesa era el delegado del Gobierno en Galicia cuando ocurrió la catástrofe. Junto a Rajoy, fue la imagen pública de las mentiras del gobierno de Aznar. 

Pese a la crisis, De Mesa mantuvo su cargo de delegado del Gobierno, lo que le permitió tener en el año 2003 conocimiento del registro de la policía judicial en el chalé de un conocido narcotraficante en el que se habían hallado unas comprometedoras fotografías de un joven con gafas, prometedor gestor gallego, que se había criado bajo la protección del mentor de ambos, José Manuel Romay Beccaria, y que ocupaba entonces la presidencia de la empresa Correos y Telégrafos.

Fue Fernández de Mesa quien alertó a Alberto Núñez Feijóo de la existencia de las fotos que probaban su íntima relación con Marcial Dorado. Años después, Rajoy nombraría a De Mesa director general de la Guardia Civil.

Lo peor llegó cuando la contestación social y también la interna en el PP de Galicia contra el ejecutivo central, por parte de los de la boina, encabezados por Xosé Cuíña, fue creciendo.  

El movimiento “Nunca Máis” fue imparable y comenzaba a hacer mella en la gestión del ejecutivo. La multitudinaria manifestación del 1 de diciembre de 2002, cuando cerca de 200.000 personas avanzaron por las calles de la capital de Galicia, se convirtió en un acto de repulsa nacional al Ejecutivo de Aznar. Es entonces cuando el aznarismo se desató en toda su intensidad, “el que pueda hacer que haga”. Iniciaron una campaña de descrédito hacia el movimiento desprestigiando a los líderes de “Nunca Máis” con graves acusaciones.

La carrera política de Alberto Núñez Feijóo empezó a escribirse entonces. Esa tragedia y cómo se llevó a cabo la gestión de la crisis abrió la oportunidad que el joven estaba esperando. Su liderazgo nació del chapapote.

Feijóo, como ya hemos dicho, era presidente de Correos en el gobierno de Aznar, cargo en el que le había enchufado su mentor, el exministro de Sanidad, Romay Beccaria, creador de la leyenda “Feijoo, el gran gestor”. 

Formaba y forma Romay (tiene actualmente 90 años) parte del Opus Dei, de ahí el apodo de "Romay Vicaría" u “Obispo”, con el que le han bautizado sus colegas de partido. El propio Fraga escribió en sus memorias que ese hombre que iba a alcanzarlo todo en la política española tenía además "plaza importante en la curia romana". 

La operación que hizo que Feijóo llegase a líder del PPdeG, y más tarde a presidente de la Xunta de Galicia, se inició en un lugar muy conocido por los políticos del PP gallego, en “Casa Vilas”, un restaurante de Santiago, donde era habitual ver a Don Manuel y su cohorte, celebrando enchentas (comilonas)

Allí se cerraban acuerdos al estilo de su querido amigo Terito, el contrabandista.

Fue allí, en “Casa Vilas”, donde cenaron Romay y Mariano Rajoy, también discípulo del “Obispo”, la noche en que decidieron abortar la decisión ya tomada por Fraga de nombrar a Cuíña vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Medio Ambiente para que tomara las riendas de la gestión de la crisis del Prestige y auparlo así más adelante a presidir el partido. Así lo contó Rafael Cuíña, hijo de Xosé Cuíña en una entrevista hace unos años.

Xosé Cuíña Crespo era el delfín llamado a suceder a Fraga, era su favorito.

Boinas contra birretes. Los birretes eran Romay, Rajoy y varios secuaces, entre ellos Juan Juncal. ¿Recuerdan a Juan Juncal? El exalcalde de Ferrol y jefe de Miguel Tellado. Ejerció de apoderado en una venta de una empresa al testaferro del narco Marcial Dorado, Manuel Cruz, chófer a la vez de Romay Beccaria y Juan Fernández.

Aquella cena de Romay y Rajoy en Casa Vilas diseñó la estrategia para evitar a toda costa que Cuíña fuese el sucesor de Fraga y, con la connivencia de Aznar, colocar en su lugar a Alberto Núñez Feijóo. 

Alguien “anónimo” acusó a Xosé Cuíña Crespo de haber sido él quien filtró a la prensa que Fraga se había ido de caza.

Pocos días después, Génova filtró a los medios que una empresa de la familia Cuíña Crespo, “Gallega Suministros Industriales”, había vendido a la Xunta a través de otra empresa 8.520 trajes de agua y 3.000 palas para la limpieza de chapapote. Fraga le dijo entonces a Cuíña que tenía que dimitir.

El delfín de Fraga dimitió ese mismo día, defendiendo que su familia no había hecho negocio alguno con la operación porque había donado a la Xunta contenedores para la recogida de fuel por un valor similar al de la venta del material de limpieza, pero no le sirvió de nada. Los del birrete habían hecho jaque mate.

El 18 de enero de 2003, el joven gestor, amigo de un narco, con el que todavía tenía relación, a pesar de estar ya siendo investigado, tomó posesión del despacho señalado para el sucesor de Fraga. Año y medio después era ya vicepresidente. Dos años más tarde, el disciplinado funcionario se convirtió en presidente del PP en Galicia, hasta hoy, que preside el PP nacional con una maniobra parecida por la que se cargaron a Pablo Casado. 

Cuentan que Feijóo comentó a Fraga lo de las fotos con el narco y éste, para quitarle hierro al asunto, le dijo: ¿Tú sabes quién es Ligero, el alcalde de A Guarda? le llaman así porque "corría muy rápido delante de la Guardia Civil cuando hacía contrabando con Portugal".

Mi teoría es otra. El narco Marcial Dorado era hijo de “madre soltera” como se decía en esa época. Su padre era alguien muy poderoso y cercano a Manuel Fraga, por lo que esas fotos no eran ningún impedimento para Don Manuel.

Pero esa historia la contaré otro día…

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Cristina P. Marcote es la autora del libro 'Feijóo y el narco'.

Este fin de semana el nuevo president de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne a puerta cerrada durante dos días en el Monasterio de Poblet con sus consellers para que se conozcan entre ellos y definir las líneas de actuación política de su recién conformado Govern. Una reunión que replica con mucha similitud las que hacía anualmente durante su Presidencia de la Xunta Manuel Fraga, que se celebraron principalmente en monasterios por toda la geografía gallega. Convivencias similares con sus equipos, pero más laicas, organizaron también en los últimos tiempos a nivel estatal Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, los dos en Toledo. 

Para la convivencia con su Gobierno, Salvador Illa ha escogido el Monasterio de Poblet, ligado a la figura del expresident Tarradellas, del que allí se custodia su archivo personal. Fraga, por su parte, defendía su elección de monasterios para sus reuniones anuales con el argumento de que quería que sus conselleiros no tuvieran distracciones exteriores. 

Así, durante sus quince años en la presidencia de la Xunta, entre 1991 y 2005, no faltó el encuentro anual, preferiblemente antes de Semana Santa, en lugares como los monasterios de Oseira, Samos, Sobrado dos Monxes o Poio, pero también en los paradores de Santo Estevo de Ribas de Sil, que había sido monasterio, o en su Vilalba natal.

A nivel estatal, las reuniones de los líderes políticos con sus equipos ya las utilizó Mariano Rajoy cuando estaba en la oposición con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno. Pero obtuvieron un nuevo impulso con Pedro Sánchez que, tras su llegada a La Moncloa en 2018, se retiró con sus ministros a la finca Quintos de Mora, propiedad del Estado, en el municipio de Los Yébenes, en Toledo. Un retiro que se celebró por última vez el pasado mes de enero.

Y en Toledo ciudad, Feijóo también se encerró con su equipo por las mismas fechas para diseñar su estrategia opositora. Sin embargo, si los dirigentes del Estado optaron por espacios más laicos, ahora Illa replica la imagen de contención monacal que quiso transmitir Fraga durante 15 años.

Doce años después de su muerte, Manuel Fraga sigue siendo objeto de disputa en Vilalba (Lugo), su localidad natal. Allí, en una céntrica plaza, hay expuesto un busto del exministro franquista y fundador del Partido Popular que data del 1970. Al ser una fecha preconstitucional, el BNG local ha propuesto en el Pleno de este jueves cumplir con la Ley de Memoria Democrática y, de esta manera, retirarlo.

Desde 1979 hasta 2019, el PP había logrado mayorías absolutas en diez elecciones municipales seguidas, llegando a recibir casi el 82% de los votos en 1983. Pero en el último lustro el partido en el poder ha cambiado y ahora es el PSOE, cuatro años en minoría y otro en coalición, el que gobierna en la localidad lucense.

Además de no hacerse con el gobierno local, los populares pueden ver desaparecer una imagen clásica de la localidad lucense: el busto de Manuel Fraga que preside el centro de Vilalba. Tras varios actos vandálicos en los últimos años, incluido un robo, el monolito fue repuesto por Agustín Baamonde, último alcalde popular, en 2017. Una decisión que provocó quejas entre los partidos progresistas. Recientemente, altos cargos del PP como Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Rueda han posado frente al monolito para reivindicar la figura del fundador del partido.

Debido a que 1970 es una fecha preconstitucional, el BNG ha presentado en el Pleno un ruego para el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y retirar el busto de Manuel Fraga. Los nacionalistas, con Tino Alvite como portavoz, han solicitado “el cumplimiento de la ley para retirar todas aquellas placas y homenajes a personas relacionadas con el franquismo”. Preguntado por qué pasará si la propuesta queda finalmente en un limbo, Alvite ha asegurado que volverán a “presentar otro ruego hasta que se resuelva la situación”.

También ha incidido en este tema Modesto Renda, vicealcalde de Vilalba y portavoz municipal de Vilalba Aberta, que ha opinado “que lo fundamental es seguir la ley e igual que nadie discute que la ley del suelo hay que cumplirla, nadie debe discutir que la Ley de Memoria Democrática debe cumplirse también”. Renda también ha asegurado que el busto “no debe estar en la Alameda (zona céntrica de la localidad)”, si no que el mejor lugar es “la Fundación Manuel Fraga o la sede del Partido Popular de Vilalba”. Además, recuerda que Vilalba Aberta ya había llevado una iniciativa en 2017 para retirar la figura.

infoLibre también ha contactado con la alcaldesa de Vilalba, la socialista Marta Rouco, que ha incidido en que "desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando” en la aplicación de la ley. Rouco ha avanzado que, mediante “un taller de digitalización”, están recogiendo documentación para “rescatar la memoria de las personas que fueron represaliadas en la Guerra Civil y la dictadura” en la localidad. “Esto es lo principal y lo siguiente es estudiar los cambios necesarios por ley en el callejero vilalbés y otras consideraciones”, ha aclarado la socialista, que ha añadido que la retirada del busto se tratará a lo largo de la legislatura.

Desde el PP, han defendido a Manuel Fraga, se han centrado únicamente en destacar su labor en su etapa democrática y lo han situado como una figura inmensa “a nivel local, autonómico y estatal”. “No se puede negar su contribución en los primeros pasos de la Constitución”, ha señalado el concejal popular Daniel Orosa, que ha destacado también su papel de “fundador” del Partido Popular y el político que “consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas” en Galicia.

El BNG de Vilalba (Lugo) ha presentado una moción, que firma su concejal Constantino Alvite, en la que, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria, pide, entre otras cuestiones, retirar el busto de Manuel Fraga en la Alameda y cambiar la denominación de la ciudad cultural que lleva nombre del que fue ministro franquista y luego presidente de la Xunta durante 16 años.

En la moción, para su debate en el pleno este jueves, recuerda que el artículo 35 de la Ley de Memoria Democrática recoge que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las "edificaciones, escudos, insignias, placas y cualquier otro elemento u objeto" que estén anclados a edificios públicos en los que se realicen menciones personal o colectiva a la sublevación militar de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura.

Así, y dado que incluye desde mobiliario urbano a nomenclaturas, el BNG pide que se retire y/o elimine la placa situada en la parte exterior de una de las paredes de la iglesia de Sancovade, el monumento situado en el cementerio de Goiriz, el monumento situado delante del cementerio de Alba, el busto de Manuel Fraga Iribarne situado en la Alameda, la denominación de la Cidade Cultural Manuel Fraga Iribarne y la denominación de la calle Luis González Valdesuso.

“Esto está claro. Señores diputados, ha quedado aprobada la Ley de Amnistía”. Las palabras son de Fernando Álvarez de Miranda, entonces presidente del Congreso, y se pronunciaron a las 14:35 horas del 14 de octubre de 1977, hace ahora 46 años. Votaron a favor 296 diputados de 317 presentes, todos menos los de Alianza Popular (AP), el origen del actual Partido Popular, y los de la izquierda vasca representada por Euskadiko Ezkerra.

¿Qué argumentó para negarse a votar a favor AP, el partido del exministro franquista Manuel Fraga, que no solamente dio origen al actual Partido Popular, sino que fue quien abrió paso a la política a Alberto Núñez Feijóo? ¿Qué defendió, en cambio, UCD, entonces el grupo mayoritario, que votó a favor y muchos de cuyos miembros acabaron décadas más tarde hallando cobijo dentro del PP?

Un repaso a las intervenciones desde la tribuna de aquel día desnudan las contradicciones del discurso con el que la derecha española en general y el Partido Popular en particular, tratan de deslegitimar la hipótesis de una medida de gracia que, seis años de que tuvieran lugar, ponga fin a las consecuencias judiciales del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Teniendo en cuenta además que la mayoría de ellas no pasan de la categoría de multas administrativas.

Según datos publicados por Òmnium Cultural, una de las dos grandes organizaciones sociales que sirven de motor al independentismo en Cataluña, el censo de afectados no pasa de 1.432 personas, más de la mitad de las cuales (880) solamente están amenazados por el pago de una multa y no por ninguna consecuencia penal. El resto son, siempre según Òmnium, 113 condenados penalmente, 35 pendientes de decisiones del Tribunal de Cuentas, 17 pendientes de sentencia y 387 con causa penal abierta.

El PP de Feijóo se opone a esta posibilidad porque, sostienen sus dirigentes, es el precio a pagar a Junts y a Esquerra para investir un presidente, pero también por contenido, que consideran contrario a la Constitución.

“Atenta contra algunos principios básicos del Estado de derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica” y la consecuencia de su aprobación “sería no solo exculpar centenares de delitos sino deslegitimar el Estado de derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo” en 2017.

Pero en realidad, cuando AP —el origen franquista del PP— se negó a apoyar la Ley de Amnistía de 1977, lo hizo con argumentos que recuerdan mucho a los de ahora. Su líder de entonces, Manuel Fraga, anticipaba que el país se iba a deslizar hacia la anarquía, impidiendo la consolidación de la democracia.

El portavoz de Alianza Popular en aquel debate en el Congreso, el diputado Antonio Carro, también exministro de la dictadura, apeló a razones de Estado para no respaldar la ley, algo que también alega ahora el PP de Feijóo. “Nuestro voto responde a una verdadera preocupación de Estado”. Y, “en cuanto hombres de Estado, hemos de ser conscientes de que la amnistía es una institución de excepción en todo Estado de Derecho”, alegaba. 

La del PP de entonces no era una oposición a cualquier amnistía, sino únicamente a cualquiera que no tuviese como justificación la “reconciliación nacional” o la “pacificación”. Algo que, según Carro, ya no era de aplicación en aquel momento porque el 15 de junio se habían celebrado elecciones libres.

Igual que ahora hace Feijóo, Antonio Carro alegaba que el país tenía otros problemas de los que ocuparse en vez de dedicarse a hablar de amnistías. “¿Es que España no está repleta de problemas graves y agudos de orden político, de orden económico y de orden social, que merecen la atención prioritaria de nuestro Gobierno y de este Parlamento? ¿Qué razón hay para que la amnistía siga siendo la gran estrella de nuestra recién estrenada democracia?”. Y añadía: “Parece que la preocupación fundamental en estos momentos es amnistiar en lugar de gobernar”.

El portavoz de AP apelaba también a la gravedad de los hechos que se iban a perdonar, que entonces, a diferencia del momento presente, incluían delitos de sangre: “No se entiende que hechos que han conmocionado a los españoles, que han merecido condena unánime, puedan, a renglón seguido, ser incluidos en peticiones de amnistía generales e indiscriminadas”.

Si la ley salía adelante, aseguraba Carro, “en lugar de contribuir a la reconciliación nacional” iba a traducirse “en un fermento de inseguridad social, en la institucionalización del desconocimiento del Estado de Derecho y en una profunda erosión de la autoridad”. Argumentos que se pueden encontrar estos días en casi todas las intervenciones públicas de Feijóo y sus dirigentes a la hora de hablar de cualquier posible medida de gracia en relación con el 1 de octubre. “Estamos deslizándonos por el plano inclinado del menosprecio de las leyes, del desgobierno y, en fin, de la anarquía”, advertía. 

Tanto lo pensaba que señaló el peligro que la amnistía suponía también para la monarquía (otro argumento que utilizan algunos representantes de la derecha en estos momentos, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso): “Sabed que las cárceles se pueden vaciar, se pueden asaltar y se pueden tomar, como ocurrió con la Bastilla el 14 de julio de 1789. Pero recordar también que esa fecha se ha convertido en la fiesta nacional francesa, como desencadenante de la Revolución que guillotinó al rey Luis XVI”.

Había otras dos razones que AP alegaba para no apoyar aquella ley en 1977 que recuerdan a las que el PP utiliza hoy: “la defensa de la opinión pública, que, sinceramente, creemos que no os sigue en este proyecto”, y “la defensa de la democracia”. “Frente a los ataques a la democracia no es buena medicina la amnistía. La única medicina que aplican las democracias más genuinas y consolidadas es una estricta aplicación de la ley y de la justicia”. “Una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. 

La intervención de Antonio Carro de aquel día podría trasladarse hoy, con pocos cambios, a los discursos con los que Feijóo se opone a la amnistía que reclaman los soberanistas catalanes con el apoyo de sus homólogos vascos y gallegos y de Sumar. Pero no sucede lo mismo con la de Rafael Arias Salgado, que en la misma sesión defendió el voto a favor de UCD, el grupo mayoritario, y que años después no solamente militó en el PP, sino que acabó formando parte del primer gobierno de José María Aznar.

La defensa que UCD hacía de la amnistía reivindicaba su naturaleza “política”, porque “en sí misma, no es la solución concreta de ningún problema específico” . Y abogaba por su aprobación a pesar de que no incluía ninguna garantía de que los delitos perdonados nunca más fuesen a repetirse: no “excluye, desgraciadamente, la comisión (en el futuro) de delitos semejantes o idénticos en sus efectos a aquellos cuya existencia borra”.

Pero era, decía Arias Salgado, “una decisión política” que “constituye una medida necesaria en determinados momentos de la historia de los pueblos, especialmente aquellos cuyo periplo vital como colectividad se singulariza por acusadas oscilaciones”. “Es necesaria”, añadía, “siempre que se persiga construir algo nuevo. Siempre que se persiga sentar las bases de una nueva convivencia”.

Feijóo tacha de indigna la posibilidad de una amnistía para las personas condenadas o pendientes de alguna causa relacionada con el referéndum ilegal. UCD, en cambio decía que “la amnistía nos permite a todos, creo que absolutamente a todos, mirar al futuro con dignidad”.

"En esta foto aparecen Manuel Fraga y Mariano Rajoy, el resto (J.M. Barral, Marcial Dorado, Vicente Otero, Pablo Vioque… son narcotraficantes gallegos)". Con mensajes como este se difunde una imagen afirmando que Mariano Rajoy y Manuel Fraga, del Partido Popular, están posando junto a narcotraficantes como M. Barral, Marcial Dorado, Vicente Otero, Pablo Vioque. Es un bulo: en esa foto no aparecen "Sito Miñanco y otros narcos y miembros de la Mafia Gallega".

La foto se hizo en la Fiesta del Albariño de 1987. Para identificar a los integrantes de la foto, en Maldita.es hemos contado con la ayuda de periodistas gallegos como Elisa Lois y Nacho Carretero, entre otros.

De izquierda a derecha, aparecen Antonio Liste, párroco en Cambados; Sánchez Polack "Tip", parte del dúo "Tip y Coll"; Manuel Fraga, fundador de Alianza Popular; Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno; y Antonio Pillado, alcalde de Cambados, senador y conselleiro de Justicia con Fraga.

Además, no hay pruebas de que el hombre que falta por identificar, el que aparece a la derecha, sea Jesús Puente ni la mujer Mayra Gómez Kemp, como hacen referencia otras publicaciones en internet.

Varias fuentes nos han dicho que el hombre podría ser un empresario ligado a la Denominación de Origen y la Fiesta del Albariño, pero no tenemos pruebas. Si alguien conoce su identidad que se ponga en contacto con nosotros.

Esta imagen ya se movía hace dos años con nombres de otros narcotraficantes. En Maldita.es ya desmentimos que Rajoy y Fraga tampoco salían en una foto con los narcotraficantes Marcial Dorado y Pablo Vioque ni con los contrabandistas Vicente Otero y J.M. Barral.

Por lo tanto, es un bulo que esta foto muestre a Manuel Fraga y Mariano Rajoy junto a los  narcotraficantes gallegos J.M. Barral, Marcial Dorado, Vicente Otero o Pablo Vioque. 

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Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.

La Mesa del Congreso ha rechazado este martes la petición de Bildu de que se retiren de la Cámara los retratos del expresidente de Alianza Popular y expresidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, dado que fue ministro en la dictadura de Franco. Sólo Unidas Podemos ha apoyado la iniciativa, que se ha topado con el rechazo de PSOE, PP y Vox.

Bildu argumentaba que los cuadros de Fraga debían retirarse en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, pero, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, socialistas, conservadores y Vox han defendido que la previsión de esa norma sobre los retratos de personas vinculadas a la dictadura no afecta al Congreso.

En concreto, el artículo 35.4 de la nueva Ley de Memoria Democrática prevé la retirada de los elementos contrarios a la memoria democrática ubicados en edificios de carácter público, pero sólo menciona que "carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la Dictadura".

En el caso de Manuel Fraga, tal y como han recordado algunos miembros de la Mesa del Congreso, además de ministro del franquismo fue uno de los protagonistas de la Transición, ponente de la Constitución, fundador de Alianza Popular y del Partido Popular, líder de la oposición con Felipe González, y presidente de la Xunta de Galicia elegido por mayoría absoluta en varias ocasiones.

En su escrito, Bildu señalaba a Fraga como "responsable de las fuerzas de orden público" en los sucesos de Vitoria de 1976, cuando durante la masacre del 3 de marzo de 1976, en los que, como consecuencia de una intervención policial, murieron cinco trabajadores en huelga que se habían encerrado en la iglesia de San Francisco de Asís de la capital alavesa. La formación abertzale tiene también pedida una comisión de investigación en el Congreso sobre este episodio.

Al hilo de este debate, los representantes de Unidas Podemos en el órgano de Gobierno de la Cámara también han recordado que en la Galería de Presidentes de la institución —donde están los retratos de los máximos responsables del Congreso desde las Cortes de Cádiz— siguen colgados los retratos de los tres presidentes de las Cortes franquistas: Esteban Bilbao, Antonio Iturmendi y Alejandro Rodríguez Valcárcel.

Este asunto ya se planteó tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y tampoco fue atendido. El entonces presidente de la Cámara, José Bono, rechazó retirarlos subrayando que esos retratos no estaban afectados.

Desde Unidas Podemos han sugerido que, por lo menos, se pueda poner un cartel junto a estos tres retratos para dejar claro que las Cortes que presidieron no eran democráticas, pero tampoco han encontrado eco en PSOE, PP ni Vox.

La campaña de primarias de Alberto Núñez Feijóo, reconvertida en gira de presentación ante sus compañeros de partido, a la vista del acuerdo suscrito por todos las barones para dejarle expedito el camino hacia la Presidencia del PP, se cerró el domingo cuando iba por el mitin número catorce. Le han faltado tres, los de País Vasco, Navarra y La Rioja, que celebrará en los próximos días a pesar de que la votación ya tuvo lugar. 

En sus intervenciones, Feijóo ha combinado críticas muy duras contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas con explicaciones acerca del rumbo que piensa dar a su partido a partir de ahora. Por el medio, no faltaron las mentiras, las medidas verdades y las pifias propias de quien se ve obligado a repetir discursos. Estas son algunas de ellas.

“Somos un partido que nació para redactar la Constitución”. En su entusiasmo por identificar al PP con la Carta Magna, Feijóo olvidó que durante la transición, cuando se llamaba Alianza Popular —fue fundado por jerarcas del franquismo, incluidos siete ministros de gobiernos de la dictadura—, se dividió en la votación de la ponencia constitucional en el Congreso. El 31 de octubre de 1978, el dictamen fue aprobado por 325 votos a favor, 14 abstenciones y seis votos en contra, cinco de ellos de su partido. Alianza Popular se partió en tres aquel día: de sus 16 diputados, ocho votaron a favor, cinco en contra y tres se abstuvieron. El líder de entonces, Manuel Fraga, no ocultaba sus reservas: “La referencia a la palabra ‘nacionalidades’ no la entendemos compatible con el principio de unidad de la Nación”, aseguraba. Como tampoco le gustaban algunas competencias de las comunidades autónomas.

A Feijóo le da igual. El suyo, afirmó en varios de sus mitines, es “un partido que se hizo para redactar la Constitución, para ejecutar y extender el Estado de las Autonomías”. 

Feijóo está mostrando tanto empeño como su antecesor, Pablo Casado, en defender una rebaja generalizada de impuestos como único instrumento de política económica. Para combatir el alza de los precios de la energía, pero también como política general de su partido. En toda circunstancia. En su afán por desacreditar los impuestos, con los que se financian la políticas públicas, llegó a decir que “el Gobierno se está forrando con el incremento de la luz y el incremento de la gasolina” porque “el 50% del precio de la luz y de los carburantes son impuestos”.

Lo que no dijo es que ese dinero no lo ingresa el Gobierno sino el Estado. Y se utiliza para financiar, entre otras cosas, la sanidad, la educación y las infraestructuras, tres políticas públicas que él todavía gestiona como presidente de la Xunta y que dependen de ese dinero.

El todavía presidente de la Xunta aprovechó sus intervenciones para reivindicarse como un político con gran experiencia de gestión al que nadie, y menos el Gobierno, le puede dar lecciones sobre la España rural y cómo combatir la despoblación. “Para mí es un honor presidir la comunidad que aprobó la primera ley de fomento de la natalidad”. “En Galicia en el rural no se pagan impuestos”, aseguró.

Más allá de que en las áreas rurales de Galicia se siguen pagando impuestos, lo cierto es que las políticas de Feijóo durante los últimos trece años han sido incapaces de frenar la involución demográfica de su comunidad. La emigración de los jóvenes hacia otros territorios de España y Europa en busca de oportunidades que no encuentran en su tierra y el retroceso de la población de la práctica totalidad de los ayuntamientos gallegos siguen muy presentes, pese al cambio de tendencia provocado temporalmente por la pandemia. 

Galicia ha perdido más de 100.000 habitantes desde el año 2010, 50.000 jóvenes dejaron la comunidad en la última década y y tiene índices de envejecimiento récord.

Feijóo ha repetido en sus mítines que lo que España necesita es “un Gobierno que se construya desde la centralidad, no desde el radicalismo ni desde el populismo”. Un proyecto en el que el presidente puede “nombrar y destituir” a sus ministros. Un Gobierno “unido que hable con una sola voz”. “No creo en la política de ‘o me das lo que te pido o hay elecciones anticipadas”, llegó a decir en una de sus intervenciones.

El nuevo líder del PP se estaba refiriendo al Gobierno de España pero sus palabras describen muy bien el nuevo Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, que él mismo avaló. Allí el PP se vio obligado a dar entrada a la ultraderecha populista en la Junta para evitar elecciones anticipadas y su presidente no tendrá más remedio que nombrar consejeros a quienes decida Vox. Tampoco parece que ese Gobierno vaya a tener una sola voz: los líderes ultras ya están dejando claro que van a tratar de derogar normas contra la violencia machista y en defensa de la memoria democrática, así como a intentar otorgar a los padres la posibilidad de controlar la enseñanza de sus hijos siguiendo criterios ideológicos.

El nuevo líder del PP reivindica el principio de que gobierne el partido más votado aunque no tenga mayoría parlamentaria. Se queja de que su partido deba “estar en la oposición aun ganando” porque otras formaciones llegan a acuerdos y consolidan mayorías suficientes para gobernar. “Creo en las mayorías que salen de las urnas, creo en las listas más votadas. Creo que el Pacto del Tinell destruyó el principio intocable de que en España gobernaba el que ganaba“ y “empezó a destruir el legado de la transición”. 

Pone incluso como ejemplo a Felipe González porque en 1996 “sumaba con PNV y CiU pero entendió perfectamente que debía dar paso a Aznar, que había ganado las elecciones. Así se construye la democracia”. “Creo en esa España y en esa limpieza democrática”, subrayó dando a entender que la formación de mayorías parlamentarias entre varios partidos le parece, por oposición, algo sucio.

En realidad el Pacto del Tinell que dio lugar a un gobierno tripartito en Cataluña en 2003 ante la incapacidad de Convergència i Unió, la formación más votada, de formar una mayoría en el Parlament, no es el primer ejemplo de acuerdos políticos que privan del ejecutivo a la lista que queda en primer lugar. Ese no sólo es el modelo que se deriva de la Constitución (España no es un régimen presidencialista) sino que es exactamente lo que ha hecho el PP cuando ha tenido oportunidad: ocurrió en Murcia, Madrid (también en el ayuntamiento), Andalucía y Castilla y León, donde la lista más votada en 2018 y 2019 fue la del PSOE.

Feijóo también se presenta como alguien con “experiencia en ganar al socialismo, le hemos ganado siempre en Galicia”, asegura. No es cierto. En 2019 el PSOE ganó por primera vez las elecciones generales en la comunidad gallega.

“Los que más tienen” lo son porque “han trabajado más”, sostiene Feijóo. Los datos de Eurostat sobre riesgo de pobreza según el nivel educativo de los padres dicen lo contrario, desmienten el ideal meritocrático y constatan la avería del ascensor social. En el periodo 2011-2019, la tasa de pobreza subió para los hijos de padres con estudios básicos y medios, mientras bajaba para los hijos de padres con estudios superiores. La brecha pasa de 8,5 a 11 puntos y España es el país de los 35 estudiados con mayor riesgo de pobreza entre los hijos de padres con estudios medios. Los estudios que se basan en la renta llegan a la misma conclusión.

Se ha convertido en una frase hecha que repiten los dirigentes del PP. Pablo Casado la decía a menudo, en referencia a Europa, y a Feijóo le encanta: “Cómo no voy a creer en España, si es la nación más antigua del mundo”. Una afirmación que a veces matiza diciendo que se trata de un título que comparte con Francia. Pero no lo es, en opinión de la mayoría de los historiadores. Si por nación se entiende un Estado, los reinos de Francia e Inglaterra se remontan a los siglos X o XI, algo que en España no puede argumentarse, como mínimo, hasta el siglo XV, que es la fecha a la que se refiere Feijóo, aunque en ese momento todavía existían varios reinos en la península. Aunque si se habla de Estado nación, en el caso español no puede identificarse hasta 1812. La afirmación del presidente de la Xunta se complica aún más si se extiende, como hace él, a todo el planeta. Como civilización, China existe desde el siglo V.

Una de las cosas en las que más ha insistido Feijóo durante su gira por toda España es en su valía como gestor, ya desde la época en la que, durante el primer mandato de José María Aznar, se ocupaba de la sanidad pública, entonces todavía sin traspasar a la mayoría de las Comunidades Autónomas. En sus mítines ha repetido una y otra vez lo importante que es gastar bien el dinero público y no dejar nada a deber: “Cuando un político inaugura un hospital, la pregunta que hay que hacer es: ‘¿Este hospital lo deja usted a deber o está pagado?’ Porque si lo deja usted a deber, haga el favor de marcharse rápidamente y empezar a pagarlo”.

El ejemplo que utiliza no puede ser más paradójico. El Gobierno gallego que él preside todavía debe 500 millones de euros por la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, la ciudad más populosa de Galicia. Cada año la Xunta paga una suma millonaria —los presupuestos de 2022 incluyen para este fin casi 40 millones de euros—, una partida a la que hay que sumar en torno a 33 millones destinados a pagar a la concesionaria privada del centro hospitalario los servicios no sanitarios que presta.

España ya era “el país con más déficit y más deuda de la Unión Europea antes de la guerra”, ha repetido incansable durante sus mítines por las comunidades autónomas españolas. No es verdad. El país con más déficit de la UE era entonces Malta y al menos otros tres Estados miembros tenían una deuda más abultada: Grecia, Italia y Portugal.

Durante el mitin que protagonizó en Barcelona, Feijóo se puso a sí mismo como modelo a seguir para una convivencia armónica entre lenguas oficiales, a diferencia de lo que, según él, sucede en Cataluña. Para subrayar sus propias virtudes llegó a presumir de que, gracias a su modelo educativo, Galicia es la comunidad que más utiliza su lengua propia. 

Lo que no explicó al público asistente es que ya lo era mucho antes de que él se hiciese con la jefatura del Gobierno gallego y que desde que es presidente el uso de la lengua gallega no ha dejado de retroceder. 

Feijóo también ha tratado de ridiculizar la apuesta del Gobierno de España —que es también la de Europa— por completar una transición energética hacia una menor dependencia de energías contaminantes que además en su mayor parte obligan a consumir materias primas que hay que importar de otros países. “La transición energética se ha convertido en uno de los fracasos más absolutos de este gobierno”. Y llegó a decir que la causa del elevado precio del recibo de la luz está en la decisión del Ejecutivo de cerrar las centrales térmicas. En realidad es el gas el que está provocando el alza de la factura por culpa del mecanismo de fijación de precios del mercado energético.

Durante su recorrido por España, el presidente de la Xunta ha coleccionado algunos errores y meteduras de pata que no ha tenido más remedio que tratar de rectificar. Al menos en parte. 

Empezó con buen pie en València: era su primer mitin y se sintió obligado a decir que para él era “un honor empezar en la Costa Dorada” un “itinerario que no va a ser fácil”. En realidad, la Costa Dorada está en Tarragona. 

En Santiago puso en duda que asesinar a los hijos de una mujer pueda ser considerado “violencia machista” y defendió que sea calificado como “violencia intrafamiliar”, la expresión con la que la ultraderecha trata de negar la existencia de una violencia dirigida específicamente contra las mujeres por el hecho de serlo. El presidente de la Xunta trató después de matizar sus declaraciones cuando le hicieron ver que sus palabras contradicen no sólo la legislación española y los pactos que el PP ha suscrito contra la violencia de género sino incluso la ley que él mismo impulsó en 2021 en Galicia para reconocer la violencia vicaria como violencia machista. “Cuando un padre mata a un hijo que está pegando a su madre o una madre comete un parricidio”, eso es violencia intrafamiliar, intentó enmendarse a sí mismo. “Que nadie dude de que lucharemos contra todas las violencias y que no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista”.

En Madrid, en presencia de Isabel Díaz Ayuso, proclamó su amor por la capital. “Madrid ama la libertad, por eso quiero volver a vivir en Madrid. Ya me siento como en casa”, alegó contradiciendo su apego a Galicia, a la que en el pasado ha definido como esposa y como madre. Apenas dos días después, de nuevo en Santiago, se olvidó de la capital y afirmó que seguirá siendo militante del PP de Galicia. “Galicia es nuestra casa, el principio, el comienzo y el fin“, remarcó entre lágrimas.

La última pifia la cometió hace apenas unos días. En un acto en A Coruña descalificó al Gobierno de Pedro Sánchez llamándolo “autista”. Autismo España le respondió inmediatamente: “Desafortunadas palabras de Feijóo, utilizando ‘autista’ de manera peyorativa. Las personas con autismo luchan cada día por el respeto a su dignidad como ciudadanos de pleno derecho, y los representantes públicos tienen especial responsabilidad en su tratamiento adecuado”. El presidente gallego no tuvo más remedio que llamar al director de la entidad para disculparse. 

Una catástrofe sin precedentes amenaza a una población que se siente abandonada a su suerte. La familia de un líder político de primera línea hace negocio con la venta de material destinado precisamente a hacer frente a esa crisis. No estamos en Madrid, ni en 2020. No se trata del coronavirus. Pero sí del Partido Popular. Ocurrió en Galicia, en el año 2002. Un enorme petrolero acababa de hundirse a 28 millas de la Costa da Morte, tiñendo de luto prácticamente todo el litoral gallego. La compra de material de limpieza a una empresa vinculada al conselleiro de mayor peso político de Manuel Fraga pone contra las cuerdas a la Xunta de Galicia, paralizada ante el mayor desastre medioambiental que se recuerda. La crisis está servida.

Las entrañas del Prestige ensombrecieron con su chapapote a la comunidad autónoma con más kilómetros de costa y a buena parte del Cantábrico. Cerca de 3.000 kilómetros de litoral acabaron enfangados de un fuel de mala calidad, afectando a 1.137 playas y 450.000 metros cuadrados de superficie rocosa. En contraste, los arenales y las rocas se llenaron de voluntarios vestidos enteramente de blanco –con unos trajes a los que más tarde pondríamos el nombre de EPI– e hicieron acto de presencia las por aquel entonces extrañas mascarillas.

Parte de ese material fue proporcionado por la empresa Gallega Suministros Industriales. La administradora de la sociedad, María Isolina Crespo Taboada, no era una empresaria cualquiera. La octogenaria era también la madre de uno de los hombres de más relevancia del Gobierno gallego, el todopoderoso Xosé Cuiña Crespo, al frente de la Consellería de Obras Públicas e Ordenación Territorial. Pero sobre todo, Cuiña era el número dos de Manuel Fraga y el candidato eterno a sucederle algún día al frente del PP gallego y de la Xunta. Isolina Crespo en realidad fue la empresaria pantalla para liderar un conglomerado de empresas familiares que llegó a facturar al año 48 millones de euros. 

En diciembre de hace casi veinte años, en plena marea negra, la empresa de la madre del conselleiro comienza a vender miles de trajes y palas por valor de 40.000 euros a la propia Xunta y a la empresa pública Tragsa, responsable de la limpieza de las playas. Lo hizo a través de un mediador, la sociedad radicada en Pontevedra Peycar S.L., quien compra el material para posteriormente revenderlo a las instituciones. El precio de la compra evidenció, según afirmaron los propios dueños de la compañía intermediaria, que sí hubo un beneficio para la empresa familiar. La venta se desarrolla justo después de que una marea humana, resguardada por cientos de miles de paraguas que se hicieron icónicos, abarrotara el 1 de diciembre las calles empedradas de Santiago de Compostela en lo que sería la génesis de aquel categórico Nunca Máis. El rugido de más de 200.000 personas cargó contra la ineficaz gestión de la catástrofe. 

Solo un mes más tarde –en esta historia sí– llega la dimisión, después de que la Cadena Ser desvelara el escándalo. El eterno delfín de Manuel Fraga presenta su renuncia un 16 de enero de 2003. "Considero un deber presentar mi dimisión y espero poder aclarar que las empresas participadas por mi familia no cometieron ninguna ilegalidad ni irregularidad sino, simplemente, una donación y una colaboración en el caso del Prestige", blandía en la misiva hecha pública aquel jueves. Años después, el lalinense reivindicaría su inocencia y reprocharía al que fue su partido hasta el día de su fallecimiento no haberle permitido enarbolar su defensa públicamente.

Su renuncia fue en realidad, dan cuenta las crónicas de entonces, una destitución que llegó después de una reunión celebrada la tarde de aquel enero con el líder de los conservadores gallegos. "En aquella destitución pesó mucho la estrategia que Cuiña defendió dentro de la Xunta durante los primeros días de la crisis. En el Consello de la Xunta que se celebró en Santiago horas después de la multitudinaria manifestación del 1 de diciembre de 2002, el conselleiro de Política Territorial le recomendó a Fraga que dejase de obedecer a Madrid y actuara como un verdadero Gobierno gallego. Aquella propuesta llegó a oídos del partido en la capital de España y algunos de sus dirigentes interpretaron que Cuiña quería formar una administración paralela en Galicia", publicaba el diario El País. La Voz de Galicia llevaba en portada un rotundo "Fraga destituye a Cuiña".

"El presidente de la Xunta exigió la dimisión del conselleiro porque una empresa de su familia vendió material para limpiar el fuel del Prestige", decía el rotativo gallego. El diario informaba también, en esa misma edición, de que el Servicio Galego de Saúde atendía cada día a casi una veintena de voluntarios afectados por el fuel, el 40% menores de 25 años. Al día siguiente, La Voz de Galicia publicaba que Fraga zanjaba "la era Cuiña con un gabinete en sintonía con Madrid". La crisis de gobierno había culminado con el cambio de cinco conselleiros.

En este episodio de la historia del partido también hay una pugna por el liderazgo de la facción gallega, también hay bandos –los de la boina y los del birrete, la política en clave regional frente al perfil urbano– y también hay colisión entre los conservadores gallegos y la dirección nacional. Cuiña era de los de la boina y era quien ostentaba el grueso del poder dentro del feudo conservador gallego: después de trece años en la Xunta junto a Manuel Fraga, desde 1990, el conselleiro llegó a afirmar que antes de su dimisión enviaba a su presidente un parte detallando su gestión, cada noche, para que el líder conservador "pudiera conciliar el sueño".

Al igual que con los sanitarios en la pandemia hace dos décadas también hubo héroes, los voluntarios que pusieron en riesgo su salud para limpiar las playas. Las consecuencias de la marea negra tardarían años en cuantificarse, pero los "hilitos de plastilina", en palabras de Mariano Rajoy, harían un daño irreparable en la economía y la biodiversidad del litoral.

En enero de 2003 Xosé Cuiña vería cómo se esfumaba el vaticinio más que palpable de suceder a Manuel Fraga. "El abandono de Cuiña irá acompañado de una amplia remodelación en el Gobierno autonómico, al que, según fuentes de la Xunta, se incorporarán varias caras nuevas procedentes de los cuadros jóvenes del partido", informaba El País entonces. Quien entró en sustitución del exconselleiro y quien pondría rostro a esa facción más joven del partido es hoy un viejo conocido: Alberto Núñez Feijóo. En febrero de 2003, la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlamento gallego aprobó con los votos del PP un dictamen por el que señalaba que las actividades de las empresas del exconselleiro eran "compatibles" con su actividad política.

En cuanto a Peycar S.L., con el estallido de la crisis del coronavirus ha recuperado curiosamente un hueco en la actualidad. Una vez que las mascarillas aterrizaron en las cadenas de supermercado, la compañía se convirtió en una de las principales empresas proveedoras que se encargaron de suministrar algunos de los modelos llegados directamente desde China.

Este 6 de abril se cumplen 40 años de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Galicia, la ley orgánica que reconoció como "nacionalidad histórica" al territorio y cerró el capítulo abierto en 1936, cuando in extremis la ciudadanía gallega refrendó su estatuto, truncado por el golpe de estado que hizo estallar la Guerra Civil y precedió cuatro décadas de dictadura, l, según recoge Europa Press

La actual norma estatutaria realizó un largo recorrido que arrancó en la preautonomía. Uno de sus hitos remontan a enero de 1979, con la constitución de la conocida como Comisión dos Dezaséis -que ya venía de un debate y recogida de proyectos previos-, y cuyo cometido fue la redacción del que sería el primer documento conjunto y de consenso estatutario. La propuesta del presidente preautonómico, Antonio Rosón, fue la de aglutinar a las fuerzas políticas parlamentarias y sin representación pero que habían presentado un proyecto estatutario, al que también contribuyeron entidades de la sociedad civil y cultural.

En aquel grupo dos 16, participaron la UCD, Alianza Popular (AP), PSdeG-PSOE, Partido Galleguista (PG), Partido Obrero Gallego (POG) y Partido do Traballo de Galicia (PTG) y una sola mujer, Lutgarda García Boente. Los acuerdos alcanzados se trasladaban a la prensa en un comunicado conjunto y pactado para evitar filtraciones.

Cuatro décadas después de la promulgación del Estatuto, Galicia solo recuerda un intento de reforma entre los años 2006 y 2007, cuando saltó por los aires la posibilidad de consenso entre las únicas tres fuerzas políticas que tenían representación parlamentaria, cuyos líderes fueron incapaces de reproducir el consenso que llevó a Galicia a mantener su estatus de "nacionalidad histórica" en la democracia posfranquista, como así se recogen en las actas de las sesiones parlamentarias y en la documentación recopilada en la obra de Baldomero Cores Trasmonte O Estatuto de Autonomía de Galicia: Documentación oficial (1977-1981), consultada por Europa Press.

En los archivos del Congreso de los Diputados se encuentran las cerca de 400 discrepancias que se presentaron para la elaboración del dictamen de la ponencia del texto, cuyos cambios introducidos desembocaron en la gran manifestación contra lo que se denominó el estatuto da aldraxe, del que habían quedado autoexcluidas sensibilidades políticas que luego fundaron el BNG, aunque algunos de los que participaron en el aquel proceso como Camilo Nogueira fueron (y es) destacado miembro militante de esta formación.

El PP apoyó la categoría del gallego como lengua oficial

En uno de los debates finales en el Congreso, que antes tuvieron el conocido como Pacto do Hostal para limar las asperezas y que el texto fuese adelante, era el de aquel exministro de Franco y representante de Alianza Popular, Manuel Fraga, que pocos años después se mantuvo, bajo las siglas del Partido Popular de Galicia, 16 años al frente de la Xunta autonómica.

Fraga defendió entonces el voto favorable al artículo 5º, que establece la categoría oficial de la lengua gallega y rechazó las enmiendas que se habían presentado. "Hay un estatus para la lengua franca de todos los españoles, un estatus para la lengua oficial dentro del Estado que hay el derecho y el deber de conocer y un estatus de oficialidad para las otras lenguas inscritas en los estatutos. Existe una protección además para otras vanidades y todo lo demás son ganas de buscar tres pies al gato".

Tras rechazar, eso sí, que "en Galicia no había una lengua oprimida", defendió el artículo 5º del ahora Estatuto vigente: "En todo caso, este artículo dice todo lo que tiene que decir: que el gallego es la lengua propia de Galicia, que el castellano y el gallego son los dos idiomas oficiales, que se prohíbe la discriminación y se aconseja la potenciación del gallego. Esto es lo que hay que decir y no otra cosa".

Fracaso en la reforma

Galicia, que pudo retomar su reforma estatutaria en los albores de la democracia gracias a la "voluntad" expresada en 1936, fracasó, sin embargo, en el diálogo impulsado en la primera década de los años 2000, en que sí vieron luz verde nuevos estatutos como el andaluz o el catalán, luego modificado por sentencia del Tribunal Constitucional.

En 2006, tras registrarse una petición conjunta de PPdeG, PSdeG y BNG, la Cámara autonómica activó la comisión parlamentaria encargada de estudiar una reforma que encalló en la residencia oficial del presidente de la Xunta, liderada entonces por el socialista Emilio Pérez Touriño, con el apoyo del BNG de Anxo Quintana en la Vicepresidencia.

Entonces, el líder de la oposición, que dos años después se convirtió en presidente del Gobierno gallego hasta la actualidad, el conservador Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el acuerdo no había sido posible por "36" puntos de discrepancia. Pero Touriño le reprochó su posición al respecto de asuntos como el idioma propio de Galicia como uno de los tres escollos que lo mantuvieron "inflexible hasta varar el buque de la reforma" del dirigente popular, al que acusó de seguir los dictados de "Génova".

La discusión pública que contienen las actas del diario de sesiones del 7 de febrero de 2007, consultadas por Europa Press, remiten al encuentro que se prolongó en Monte Pío el 17 de enero de 2007. Seis horas en las que se dio portazo a un año de trabajos parlamentarios en vísperas de las elecciones municipales de ese año.

Touriño quiso, no obstante, mostrar optimismo acerca de una reforma que nunca volvió a retomarse y de la que se quedó fuera en las elecciones de 2009 al perder, el bipartito de PSdeG y BNG, la mayoría que sostenía la Xunta. "Me niego a pensar que este aplazamiento sea un punto y final", pronunció el entonces presidente.

Feijóo retó entonces a cambiar la propuesta y presentar un proyecto y afirmó que, de no hacerlo, lo haría su partido. "Si no tengo esa propuesta antes de las municipales (de 2007), el Partido Popular de Galicia presentará su propuesta otra vez", señaló en aquel debate, aunque doce años después de su mayoría absoluta no se abordó.

En aquel debate, Quintana centró su intervención en reclamar apoyos para la transferencia de competencias. "¿Está usted de acuerdo con que Galicia tenga competencia plena para la defensa de nuestras costas en materia de seguridad marítima?", le planteó Quintana a Feijóo. "Les propongo salir de esta Cámara no con un reparto de culpabilidades, sino con una imagen de unidad y generosidad y con un gran pacto nacional para que Galicia no pierda ni una sola oportunidad", apeló.

Competencias sin completar

Cuarenta años después no se han completado las competencias del texto de la autonomía gallega, como así lo recordaron los integrantes de la comisión dos 16 al recibir en 2017 la Medalla del Parlamento de Galicia. "Las transferencias están sin completar", dijo Fernando Solla, quien se refirió en concreto a la gestión de la Seguridad Social, en el artículo 33.

Luis Sobrado, por su parte, lanzó en 2017 el mensaje de la "necesaria reforma" de un estatuto que no contempla a Galicia en Europa por los tiempos en que se redactó.

"Una nueva puesta al día", apuntó, por su parte, José Vázquez Fouz, sobre un estatuto que fue "una experiencia modelo" en palabras de Francisco Puy Muñoz, quien apeló, a quienes tengan en el futuro la misión de redactar un nuevo estatuto, "a saber tener como modelo" el trabajo que desembocó en la promulgación del Estatuto en 1981. "Nuestras diferencias no nos apartaron nunca del objetivo", proclamó Víctor Vázquez Portomeñe.

Basta con acudir a los diarios de sesiones para comprobar que el debate de transferencias ha seguido vigente. Uno de ellos, la creación de una Policía Autonómica propia. El más reciente, la petición de competencias marítimas que actualmente urge Feijóo en plena tramitación de la ley estatal de cambio climático.

El caso Matesa fue el primer gran escándalo de corrupción del franquismo. La empresa textil de Juan Vilá Reyes, conocida como la primera multinacional española, se benefició de 10.000 millones de pesetas en créditos para exportaciones que después resultaron falsas. El caso, destapado en 1969, fue utilizado por los falangistas como la excusa perfecta para desacreditar al sector aperturista del Opus Dei en un momento en el que la continuidad de la dictadura era cada vez más vulnerable.

¿Qué pasó?

1969 acogió entre sus curvas al verano del amor. La euforia hippie y la llegada de Neil Armstrong a la Luna marcaron el final de una década de optimismo que terminó con los asesinatos de Charles Manson en Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, un empresario catalán vivía un verano completamente distinto. Se trataba de Juan Vilá Reyes, propietario y fundador de la empresa textil española Matesa, que fue detenido el 28 de julio de 1969 por el mayor escándalo de corrupción del franquismo.

Matesa (Maquinaria Textil del Norte de España, S. A.) llevaba en funcionamiento desde 1956, y había sido acogida por el sector más aperturista del régimen como adalid de los cambios que habían introducido los tecnócratas y el Plan de Estabilización de 1959. La presentaron como la primera multinacional española, que había alcanzado el éxito fuera de nuestras fronteras gracias a su telar sin lanzadera. Matesa fundó numerosas filiales en varios países y se vanagloriaba de sus supuestas exportaciones masivas.

La empresa de Vilá Reyes se había beneficiado de créditos oficiales por valor de 10.000 millones de pesetas, pero al menos "dos tercios de las exportaciones eran falsas", según apunta el historiador Fernando Jiménez. Como consecuencia, Vilá Reyes permaneció seis años en prisión provisional acusado de estafa y falsedad en documentos mercantiles, hasta conseguir la amnistía de manos de Juan Carlos I en 1975. Matesa fue embargada y siguió funcionando, bajo administración judicial, hasta 1983. Pero la verdadera importancia de este caso radica en su rama política.

¿Cómo se desarrolló la crisis?

El caso Matesa salió a la luz tras la denuncia que Víctor Castro Sanmartín, director general de Aduanas, presentó contra la multinacional en el Tribunal de Delitos Monetarios el 17 de julio de 1969. Acusaba a Vilá Reyes de deber al Estado una cantidad por valor de 10.000 millones de pesetas —al cambio, unos 1.400 millones de euros actuales—, que había solicitado como préstamos oficiales para la exportación de sus telares sin lanzadera. Además, Matesa también se había beneficiado de un 11% de desgravación fiscal. Sin embargo, esas exportaciones masivas no eran reales. Ante el fracaso de su producto en el exterior, eran las filiales de Matesa las que terminaban adquiriendo los telares, en un proceso de falsa venta que les permitía seguir a flote a costa de los créditos del Estado.

Vilá Reyes fue detenido junto a su hermano y su cuñado, también directivos de la empresa, el 28 de julio de 1969. Pero la verdadera importancia de la crisis recae en la contienda política. Al nombramiento de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco, se le sumó la corrupción empresarial de Matesa. La multinacional era el paradigma del aperturismo de los tecnócratas, el bando de ministros economistas pertenecientes al Opus Dei que se habían incorporado al gobierno del régimen en 1957. Desacreditarla era favorable a sus contrarios políticos, los falangistas, el brazo militar y más conservador del franquismo.

De hecho, Jiménez apunta que las causas del régimen para apostar por Matesa fueron políticas desde el principio. El producto de Vilá Reyes era nuevo y su exportación estaba repleta de riesgos, pero el empresario era también un hombre popular tanto fuera como dentro del país. Además del negocio textil, Vilá Reyes era amigo de Giscard d'Estaing, el entonces presidente de Francia, había participado económicamente en la campaña presidencial de Nixon, era presidente del club de fútbol Español y cercano al Opus Dei —aunque siempre desmintió su pertenencia directa—.

Por todo ello, el plan inicial de Franco al descubrirse la falsificación de exportaciones era "apartar" a Vilá Reyes de la empresa e "incautarla", según queda registrado en el "Informe sobre situación de Maquinaria Textil del Norte de España, S. A. y acuerdo sobre medidas a adoptar", redactado por el Ministerio de Hacienda en julio de 1969. Sin embargo, los intereses políticos y la relevancia que se le dio al caso en los medios impidió esta estrategia de discreción.

El 14 de agosto, apenas dos semanas después de las detenciones, fueron destituidos los responsables de la entidad que había concedido el dinero a Matesa, el Banco de Crédito Industrial (BCI). Además, se ordena una comisión de investigación en las Cortes, que se saldó con una reforma de las mismas y la llegada del conocido como "gobierno monocolor" —formado en su mayoría por tecnócratas— en el mes de octubre.

Franco sacó del Gobierno a Fraga y José Solís, por parte de los falangistas, y a Faustino García Moncó, Juan José Espinosa San Martín y Mariano Navarro Rubio, por parte de los tecnócratas. Estos tres últimos fueron después juzgados por el Tribunal Supremo por negligencia, pero, antes de que pudiera haber sentencia y sin que lo hubieran solicitado, Franco les concedió el indulto.

Esta acción sorprendente —e ilegal— acogía también a Vilá Reyes, pero no le libró de la carga penal. La Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 223 años de prisión por delitos de estafa y falsedad en documentos mercantiles, además de una multa de 9.500 millones de pesetas. No obstante, solo cumplió seis años de privación de libertad, ya que el rey Juan Carlos I lo indultó en 1975, apenas unos meses antes de que el Tribunal Supremo ratificara su culpabilidad, ya sin efectos prácticos.

Hasta 1983, Matesa continuó su actividad productiva bajo administración judicial. En marzo de ese año fue subastada por 66.000 pesetas y repartida entre los miembros de una sociedad laboral formada por antiguos trabajadores.

¿Cómo se informó de ello?

Manuel Fraga, ministro de Información y artífice de la ley de prensa de 1966, y José Solís, ministro-secretario general del Movimiento, fueron dos de los políticos más comprometidos con la caída de Matesa. Bajo su permiso implícito, fue posible una libertad informativa hasta entonces impensable en el franquismo. Los medios del Movimiento se volcaron en la desacreditación de la empresa de Vilá Reyes, mientras que los demás analizaban sin pudores sus trapos sucios.

Entre la prensa falangista, destaca el caso de Diario SP, que habló de Matesa como "uno de los affaires mayores de nuestra historia económica" y se afanó en culpabilizar de todo a los tecnócratas del Opus. Una semana antes de cerrar "por problemas financieros", este diario pidió directamente la dimisión de los ministros económicos.

El 13 de agosto de 1969, ABC publicó un editorial en el que habla de las "evidentes repercusiones económicas e, incluso, políticas" que entrañaba el escándalo. Se atrevieron a exigir responsabilidades por parte del gobierno, afirmando que "el país —y con él nosotros— pide conocer la versión auténtica de lo sucedido". Esta inusitada libertad de prensa quedó registrada en el análisis de Nuevo Diario, en el que se escribió: "El hombre de la calle, espectador mudo y asombrado (...) adivina que, en el fondo, se está ventilando una durísima y nada académica lucha por el poder".

Si el caso Matesa se convirtió en toda una crisis para la dictadura franquista fue precisamente por el factor mediático. Al dejar que la prensa elucubrara sobre la materia libremente, se puso en marcha la maquinaria de construcción de la opinión pública que vio, por primera vez con claridad, la fractura del franquismo. Uno y otro bando se disputaron la posesión de la verdad sobre el caso y debatieron públicamente sobre la consiguiente depuración de responsabilidades. Todo ello inaudito en un régimen autoritario.

Este descanso de la censura franquista terminó antes de que Franco concediera su indulto, ya que ninguno de estos diarios se pronunció al respecto, a pesar de la vehemente defensa de la justicia que habían hecho apenas dos años atrás. Solo la revista Cuadernos para el diálogo publicó un análisis del caso, pero se amparó en "una perspectiva exclusivamente científico-jurídica" y aclaró que no pretendían faltar al "respeto a la persona del legislador", protegiéndose así ante posibles represalias.

¿Qué consecuencias tuvo?

El destape del caso Matesa por parte de los falangistas tenía como objetivo reforzar su grupo en el gobierno franquista y menoscabar la reputación de los economistas tecnócratas. Sin embargo, consiguieron lo contrario. Dos de las caras más visibles del movimiento contra Matesa, Fraga y Solís, fueron apartados del Ejecutivo y, en octubre de ese mismo año, las Cortes se transformaron en territorio casi enteramente tecnócrata —el llamado "Gobierno monocolor"—. En parte, gracias a que los cercanos al Opus Dei contaron con el apoyo de Carrero Blanco, que no dejaba de ascender y ascender en el poder.

Los tres exministros que pasaron por la vía judicial se vieron exonerados por el indulto de Franco, que llegó antes incluso que la condena y sin que hubiera sido solicitado por las partes. Eso sí, poco antes Vilá Reyes había amenazado por carta a Carrero Blanco con desvelar una lista de miembros del Gobierno que habían evadido divisas en el extranjero. El propio Vilá Reyes continuó en prisión hasta que le fue concedida la amnistía del rey Juan Carlos I en 1975. Tanto él como su hijo han defendido hasta la actualidad la supuesta legalidad de las acciones de la empresa.

Por otro lado, en 1984 se cometió el asesinato de Jean de Broglie, diputado y aristócrata francés fundador de la filial luxemburguesa de Matesa, Sodetex. Tanto Le Monde como un documental de la televisión gala vincularon su muerte con el impago de Sodetex al negocio de Vilá Reyes. Sin embargo, el hijo de este lo ha desmentido en varias ocasiones y ha achacado el asesinato a "rencillas entre mafias francesas".

¿Qué aprendimos?

El caso Matesa fue solo la punta visible de un iceberg de problemas que la dictadura llevaba años acumulando: el deterioro físico y mental de Franco, las tensiones crecientes entre falangistas y tecnócratas, la elección de Juan Carlos de Borbón como heredero de la dictadura. Con el cambio de gobierno de octubre de 1969, se intentó cerrar todas las fracturas del régimen. Para Carrero Blanco fue todo un éxito porque, gracias a ello, el caso Matesa "no podrá nunca pasar a la Historia como la ‘crisis Matesa’, que representaría un estigma para el Régimen, por afectar a más personas de las afectadas por este lamentable asunto". Se refería, cómo no, a esa reorganización del gabinete, que había expulsado del Ejecutivo tanto a personalidades vinculadas con la polémica como completamente ajenas.

No obstante, el militar franquista andaba bastante desencaminado. El caso sí ha trascendido como una de las mayores crisis políticas del franquismo, una que desmonta punto por punto aquel mito de que con Franco no había corrupción. En palabras del historiador Paul Preston, "hay pocas naciones a las que la corrupción no haya manchado" y, en el caso de la dictadura, esa corrupción fue "institucionalizada".

Según Jiménez, es común en casos similares que la opinión pública —ciudadanos, medios de comunicación e, incluso, fuerzas políticas— exijan responsabilidades políticas y no solo legales, como ocurrió con Matesa. La diferencia en este caso es que lo que sucedió en 1969 lo hizo en el marco de una dictadura, por lo que cualquier sentido de justicia real queda descartado. Así lo demostraron tanto la comisión de investigación, que no tenía poder real de fiscalización del gobierno porque no era independiente, como la actuación final de Franco al conceder el indulto a los exministros. Esto último "dejó claro", a ojos del investigador, "el lugar central y el papel imprescindible que jugaba en el régimen" el dictador y, por contraparte, la debilidad propiciada por las luchas internas que dejaría a su muerte.