La historia en crisis
La marea negra del 'Prestige', una catástrofe medioambiental que podría volver a repetirse
El 19 de noviembre de 2002 el petrolero Prestige se partió en dos y se hundió a pocos kilómetros de la costa gallega tras seis días siendo remolcado mar adentro por las autoridades españolas.La carga se extendió por el océano y alcanzó a más de mil playas españolas, portuguesas y francesas, afectando gravemente a la fauna marina y a cientos de miles de aves así como causando daños millonarios en la economía gallega.
¿Qué pasó?
Los recientes vertidos de petróleo junto a la isla Mauricio y la costa venezolana han traído a la memoria el desastre medioambiental del Prestige. Este 2020 se cumplirán 18 años de una tragedia cuya mancha en la costa gallega ha quedado indeleble en el recuerdo de quienes la vivieron más de cerca.
El 13 de noviembre de 2002 un buque petrolero con bandera de Las Bahamas lanzó una llamada de auxilio que fue atendida por Salvamento Marítimo, ya que se encontraba a pocos kilómetros de Fisterra. El petrolero había interrumpido su travesía desde San Petersburgo hacia Gibraltar tras sufrir importantes daños estructurales en medio de un gran temporal, y en ese momento se encontraba escorado y prácticamebnte a la deriva.
La respuesta del Gobierno español fue remolcarlo lejos de las costas, hacia el Atlántico, pero su periplo solo se extendió durante seis días. El 19 de noviembre el Prestige no aguantó más y se partió en dos, agravando el vertido de fuel sobre el océano y dando comienzo a una verdadera crisis ecológica.
En total, se derramaron 63.000 toneladas de petróleo y se contaminaron 1.137 playas españolas, portuguesas y francesas —unos 2.980 kilómetros de litoral costero—, aunque Galicia se llevó la peor parte. Murieron más de 200.000 aves marinas.
El hundimiento del Prestige dejó imágenes estremecedoras en las costas gallegas, cubiertas de chapapote durante meses, pero también de la colaboración ciudadana y la implicación de decenas de miles de voluntarios llegados de todas partes de España y Europa que se sumaron a las tareas de limpieza y recuperación del ecosistema.
¿Cómo se desarrolló la crisis?
El Prestige llevaba en funcionamiento desde 1976, cuando finalizó su construcción en Japón y empezó a navegar bajo bandera de Las Bahamas. Su licencia era estadounidense, pero llevaba tres años sin pasar ningún tipo de revisión y algunas empresas petroleras ya lo habían descalificado —Repsol, en 1997, y BP en el 2000—. Además, se trataba de una embarcación monocasco y, por tanto, incumplía la legislación vigente en aquel momento, que obligaba a que los petroleros fueran de doble casco para poder navegar por aguas comunitarias.
Como se ha sabido más tarde, el Prestige llevaba algo más de 2.000 toneladas de fuel por encima de su capacidad, por lo que, en el momento de su avería, portaba unas 76.972 toneladas métricas de crudo. Todo ello contribuyó a agravar los daños causados por el temporal sobre la estructura del buque.
Desde el principio, la coordinación del Gobierno español en la crisis fue "confusa", tal y como advierte la primera sentencia del caso. El capitán del navío, que se quedó a bordo, se negó a remolcar el barco lejos de la costa española, por lo que las tareas de rescate se retrasaron. Finalmente, fue detenido el día 15 de noviembre, después de que la Capitanía Marítima de A Coruña lo denunciara por obstrucción y desobediencia. Sacaron definitivamente a toda la tripulación del buque y prosiguieron con la intención de llevarlo mar adentro, una estrategia impulsada por el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, y que habían desaconsejado estudios anteriores.
Un informe preliminar de la compañía estadounidense ABS —la misma que había certificado años antes la navegabilidad del buque— destacó que el derrame tóxico podría haberse evitado de haber acercado el Prestige a puerto y haber intentado contener las grietas allí.
El buque fue remolcado hacia el sur hasta que las autoridades portuguesas indicaron que no podían seguir avanzando, por lo que se redirigió el rumbo hacia el oeste. No obstante, el viaje se truncó el 19 de noviembre, al mismo tiempo que la estructura del barco se rendía ante la sacudida de las olas. En pocas horas, el petrolero terminó en el fondo del mar.
Las oleadas de chapapote empezaron a llegar a las costas gallegas el día 16 de noviembre —tres días después de que se averiara la nave—, con un impacto inicial sobre el litoral entre Fisterra y Arteixo. Esta marea negra empeoró con el hundimiento del barco.
En un principio, el Gobierno se negó a reconocer los efectos del desastre. El principal responsable político, Mariano Rajoy —por entonces vicepresidente del Ejecutivo—, desmintió en incontables ocasiones la gravedad del asunto. El mismo día del hundimiento, afirmó que "no habría una catástrofe" y que "todo apuntaba" a que el crudo se solidificaría dentro del barco.
Cuando Portugal y Francia empezaron a contabilizar los nuevos derrames de petróleo que asomaban en los alrededores del Prestige, el Gobierno volvió a cerrarse en banda: afirmaron con vehemencia que no había vertidos recientes. Tampoco había consenso sobre la extensión exacta de la mancha. Portugal la acotó en unos 50 por 29 kilómetros cuadrados con varios centímetros de grosor, mientras que la versión oficial española hablaba de 29 por 19 kilómetros. Además, Rajoy apostilló que el grosor era de "20 milésimas de milímetro", lo que se sumó a sus declaraciones sobre las fugas del barco, que calificaría de "hilitos de plastilina"
Con el transcurso de los días, la devastación ecológica del vertido se hacía cada vez más evidente y salieron a la luz varios hechos inquietantes. Por un lado, el ministro de Defensa, Federico Trillo, admitió que se habían planteado bombardear el Prestige para hundirlo y quemar el fuel. Por otro lado, el 27 de noviembre, La Voz de Galicia desveló un informe secreto del Ejecutivo que confirmaba el vertido de más de 20.000 toneladas de petróleo, algo que se seguía negando públicamente.
El mes de diciembre se inauguró ese 2002 con una multitudinaria manifestación en las calles de Santiago de Compostela, que fue secundada por las principales ciudades del país y que exigía claridad en la información oficial sobre el desastre y medidas contundentes para frenarlo cuanto antes. Desde ese momento, y al grito de "¡Nunca mais!" —una consigna que se conformaría más tarde en la Plataforma Nunca Mais—, la ciudadanía salió a manifestarse en todo el país en varias ocasiones más.
Por su parte, los voluntarios se convirtieron en los protagonistas indiscutibles de la crisis. Si en el entramado político destacaba la descoordinación y la falta de transparencia, entre la ciudadanía se impuso el espíritu solidario. Quienes se ajustaron los trajes especiales para la limpieza de las playas se contaban por decenas de miles y en algunas de las poblaciones más afectadas, como Muxía, se registraron más de 120.000 personas en total. A los voluntarios se sumaron la Guardia Civil y Cruz Roja, que enviaron a miles de trabajadores solo en el primer fin de semana.
A partir del año 2003, la Xunta invirtió 882 millones de euros para "relanzar" Galicia y el Gobierno central duplicó el presupuesto destinado a esta comunidad, con el objetivo de paliar los daños que la marea negra había producido sobre el tejido económico de la región —por ejemplo, la pesca de pulpo cayó un 45% en 2005, incluso tres años después de la catástrofe—.
El 19 de enero de 2002 Nunca Mais se querelló contra el Gobierno por su gestión durante los primeros días de la crisis, pero el juicio por el hundimiento del Prestige no tuvo lugar hasta diez años después.
¿Cómo se informó?
Los medios de comunicación españoles desarrollaron un papel importante durante la crisis medioambiental. Desde un primer momento, recogieron los datos y predicciones aportados por científicos expertos y cuestionaron la gestión del Gobierno, al tiempo que daban voz a los datos que ofrecían instituciones internacionales para contrarrestar con el silencio inicial del Ejecutivo.
Resulta especialmente curioso que el lenguaje empleado para hablar sobre el hundimiento del Prestige y la consiguiente marea negra se adscribiera a un léxico fundamentalmente bélico, con términos que incitaban a “luchar” contra la contaminación oceánica, “vencer” a la marea negra o que calificaban las labores de limpieza como “contiendas”.
A partir de la manifestación del 1 de diciembre, el relato mediático cambió. De juzgar la actuación del Gobierno se pasó a cubrir la implicación ciudadana. Hay un importante incremento de reportajes sobre los voluntarios que limpian las playas y las iniciativas solidarias de marineros y otros colectivos a partir de ese momento.
¿Qué consecuencias tuvo?
Solo en los seis primeros meses se encontraron más de 23.000 aves cubiertas por completo de fuel. En el primer año tras la tragedia, se retiraron casi 100.000 toneladas de arena y petróleo. De las más de 76.000 toneladas que portaba el Prestige se consiguió rescatar una pequeña parte —valorada en unos dos millones de euros—, que recolectó Repsol y se puso a disposición del tribunal. Más tarde, se taponaron de forma provisional algunas grietas del navío, pero el petróleo siguió escapando.
Los datos oficiales apuntan a que el total del derrame ascendió a 63.000 toneladas de crudo que produjeron 170.700 toneladas de desechos. Cerca de 3.000 kilómetros de costa acabaron enfangados de petróleo, lo que afectó a 1.137 playas y 450.000 metros cuadrados de superficie rocosa. Sobre el fondo oceánico, unas 526,3 toneladas de fuel provocaron la muerte de cientos de miles de animales marinos y entre 115.000 y 230.000 aves marinas. La pesca se suspendió durante más de seis meses en los alrededores de la costa gallega, lo que ocasionó unas pérdidas de más de 22 millones de euros para el sector.
La Audiencia provincial de A Coruña condenó a nueve meses de prisión al capitán del barco, el griego Apostolos Ioannis Mangouras, por desobediencia grave. No obstante, una sentencia posterior del Tribunal Supremo en 2016 corrigió esta decisión y lo acabó condenando a dos años de cárcel por un delito contra el medio ambiente, ya que habría actuado "temerariamente y a sabiendas de que probablemente se causarían tales daños". La revisión del Tribunal Supremo no operó cambios en las absoluciones, que incluían al director de la Marina Mercante y al jefe de máquinas del Prestige.
El Supremo sí fijó nuevas responsabilidades civiles e indemnizaciones que superaron los 1.500 millones de euros en algunos casos. Habrían de aportarlas entre Mangouras, la compañía aseguradora del navío, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) y la propietaria del buque, Mare Shipping INC. El dinero se repartió entre el Gobierno español, portugués y francés, la Xunta de Galicia y más de 600 personas afectadas individualmente.
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¿Qué aprendimos?
El hundimiento no fue el vertido tóxico más relevante que ha ocurrido en el país —ya vimos que lo ocurrido en Aznalcóllar tuvo mucho más impacto— y, sin embargo, las imágenes de la costa gallega cubierta de negro, las aves muertas, asfixiadas por el petróleo, y los voluntarios afanándose por devolver a la vida las playas, se guardan en un lugar privilegiado del recuerdo colectivo.
Por otro lado, las consecuencias medioambientales del vertido son todavía visibles en muchas de estas playas, como apunta un estudio de Ecologistas en Acción, y el Prestige sigue hundido a varios kilómetros de la costa, con una cantidad indeterminada de fuel en su interior. Más de una década después de la crisis, España "sigue sin estar preparada" para afrontar un desastre ecológico de magnitudes semejantes, tal y como remarcó Greenpeace en 2017.
