La Ertzaintza ha detenido este viernes a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años, que se produjo este miércoles en una vivienda de la localidad vizcaína de Basauri, en un caso que se investiga como violencia de género.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una mujer de 44 años falleció este miércoles por la mañana en una vivienda de Basauri (Bizkaia), tras haber sufrido, al parecer, "una supuesta indisposición", y después de todos los intentos "infructuosos" por salvar su vida de los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Tras el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento se determinó que pudiera tratarse de una muerte violenta.

La Ertzaintza inició entonces una investigación en relación a este suceso, y como resultado de la misma, durante la mañana de este viernes, se ha procedido a la detención de la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el órgano dirigido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aborda la violencia machista desde la administración de justicia, da una importancia crucial al acoso sexual en el ámbito político. Así se desprende de los premios que cada año otorga esa institución en reconocimiento al trabajo por la erradicación de esta violencia estructural y sistémica. En la edición de este año uno de sus ganadores ha sido Adolfo Barreda, abogado de la exconcejala de Ponferrada (León) Nevenka Fernández, primer cargo político en ganar un caso por acoso sexual. El reconocimiento coincide con el caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, al que una exedil acusa por el mismo delito. La víctima asegura que pidió ayuda a su partido, el PP, pero este no solo no se la concedió sino que la presionó para que no denunciara. La actual presidenta del Observatorio es Esther Rojo, vocal conservadora propuesta por ese partido.

Aparte del Consejo, que lo preside, el Observatorio está integrado por los ministerios de Presidencia y Justicia, el de Igualdad, el del Interior, la Fiscalía General del Estado, todas las comunidades con competencias transferidas en materia de Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores. Los representantes de todas esas instituciones decidieron por mayoría el pasado diciembre otorgar uno de esos premios a Adolfo Barreda.

Al penalista que defendió a Nevenka Fernández le correspondió la mención especial Soledad Cazorla (la primera fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer y un referente en la lucha contra la violencia machista, fallecida en 2015), dedicada expresamente a profesionales que combaten la violencia machista desde el mundo del derecho. El Observatorio valora entre los méritos del premiado, "su dilatada carrera profesional" centrada "en la defensa de los derechos humanos y, de forma muy activa, en la defensa del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres".

Barreda ejerció la acusación particular en nombre de Nevenka Fernández, la concejala del PP de Ponferrada (León) que denunció por abusos al alcalde de ese municipio y compañero de partido Ismael Álvarez. Gracias a su asesoramiento, Fernández se convirtió en la primera mujer en España en conseguir una sentencia condenatoria por acoso sexual de un cargo político –el 30 de mayo de 2002– lo que, según fuentes del Consejo, "sentó un importante precedente y puso de relieve la necesidad de abordar la realidad de la discriminación de la mujer en todos los ámbitos".

La resolución, además, causó un gran impacto al poner de manifiesto la importancia de denunciar el acoso sexual y transmitir la necesidad de rechazar este tipo de conductas. Fuentes del Observatorio recuerdan que el proceso se produjo hace más de 20 años, cuando la concienciación social sobre estos delitos era mucho menor que hoy en día. Nevenka se tuvo que enfrentar a todo un examen sobre su pasado e inadmisibles insinuaciones sobre su moralidad, pero acabó ganando el caso. Además de Barreda, los premiados son la activista maliense contra la violencia y la mutilación genital femenina Aminata Soucko y el Defensor del Pueblo.

El premio al que fuera el abogado de Nevenka Fernández coincide con un caso de gran paralelismo que le da una enorme carga de actualidad, aunque el fallo del jurado se produjo antes de que saltara a los medios. Otra exedil del PP se ha querellado esta misma semana contra otro alcalde de ese mismo partido, el de Móstoles (Madrid), Manuel Bautista. Le achaca acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más. Al igual que hace 24 años en el caso Nevenka, en el del regidor de esta ciudad del cinturón de la capital, el partido que actualmente dirige Alberto Núñez Feijóo negó el apoyo que reclamó la víctima cuando denunció su infierno, según adelantó el diario El País el pasado 4 de febrero, y la conminó a no denunciar.

"El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le dijo la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid y número tres de esa formación en la Comunidad, Ana Millán. También escribió a la presidenta madrileña y líder autonómica de su partido, lsabel Díaz Ayuso, que, sin embargo, la remitió a su número dos, Alfonso Serrano. "Una denuncia pública o judicial te afectaría a ti", le advirtió el secretario general del PP de Madrid cuando se reunió con ella. Tras su denuncia pública, Serrano la acusó el pasado 6 de febrero de actuar "de mala fe" y amenazó con emprender acciones legales.

Como en el caso de la exconcejal de Ponferrada, en el de Móstoles ha sido la víctima la que ha terminado dejando su cargo y el partido que, según su denuncia, se negó a ayudarla. Nevenka Fernández, con el asesoramiento de Barreda, logró la condena de Ismael Álvarez, la primera por acoso sexual contra un cargo público. Pero tras dejar el gobierno local, ante las dificultades de encontrar trabajo, tuvo que emigrar al Reino Unido y luego a Irlanda. La denuncia de la exconcejala mostoleña se produce en medio de nuevos ataques por parte del consistorio al que perteneció hasta 2024. El coordinador de Recursos Humanos del Ayuntamiento, Alfonso Pérez Boix, un cargo de confianza del alcalde y presunto victimario se refirió a ella en X como "pájara miserable".

La mujer que fue agredida este domingo en su domicilio de la localidad ibicenca de Sant Antoni por su expareja continúa ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, han informado a EFE fuentes del centro hospitalario.

La víctima, de 31 años, fue trasladada en primer lugar a la UCI del hospital público Can Misses, a las 11.18 horas, en estado crítico por un traumatismo cerebral, según detalló el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

Cuatro horas después fue derivada al centro hospitalario privado donde permanece estable dentro de la gravedad y bajo estricta vigilancia médica.

La madre y la hermana de la mujer, de 56 y 27 años respectivamente, quienes estaban presentes en el momento de la agresión, también tuvieron que ser atendidas en el área de Urgencias de Can Misses por diversas heridas de menor gravedad

El agresor tenía orden de alejamiento de cien metros de su expareja, según confirman a infoLibre fuentes del Ministerio de Igualdad. Fue quebrando la medida prograsivamente, pero la víctima estaba incluida dentro del seguimiento que lleva a cabo el centro Cometa. Cuando percibió peligro, pulsó el botón del pánico, haciendo que los agentes de policía se presentaran en el lugar de la agresión. El maltratador causó varias contusiones y traumatismos a las familiares de la víctima, aunque ambas recibieron el alta la misma mañana del domingo.

La Guardia Civil detuvo al agresor, quien pasará este lunes a disposición judicial, según ha comunicado el cuerpo de seguridad.

El concejal de Deportes del PP en el Ayuntamiento de Tudela de Duero (Valladolid), Óscar Fernández, ha dimitido y entregado su acta tras ser detenido este fin de semana por violencia doméstica, tras intentar agredir con un arma a su pareja, otro hombre, en su vivienda familiar, según han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno y del partido.

En la denuncia, la víctima detalló que su pareja, el concejal, le amenazó con un arma el pasado sábado por la tarde, tras lo que fue detenido por agentes de la Guardia Civil, sin que se tengan más datos sobre las posibles causas del suceso.

Tras ser conducido al calabozo, el concejal pasó a disposición de la autoridad judicial el pasado domingo, y posteriormente fue puesto en libertad, han confirmado a EFE fuentes de la Subdelegación.

La madre del joven que está detenido como presunto autor de matar a su padre el pasado 31 de diciembre en Fuenmayor (La Rioja) estuvo en el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VioGén) hasta 2012, fecha en la que se desactivó la protección porque la pareja retomó la convivencia.

Así lo ha indicado este viernes la delegada del Gobierno en la Rioja, Beatriz Arraiz, en declaraciones a los periodistas, tras la concentración celebrada en Fuenmayor, donde se ha guardado un minuto de silencio en repulsa por la muerte violenta de un vecino.

Este caso estaba en el programa VioGén por unos hechos ocurridos en Navarra, pero después se archivó al reanudarse la convivencia en la pareja, ha precisado la delegada del Gobierno, quien no ha detallado en qué fecha se inició la protección.

Ha añadido que se prevé que el detenido, de 19 años, pase a lo largo de este viernes a disposición judicial como presunto autor de la muerte de su padre y que, después, se levante el secreto de sumario.

El suceso ocurrió en la tarde del pasado miércoles durante una discusión familiar, relacionada con un presunto episodio de violencia de género, que habría derivado en un caso de violencia doméstica, en el que falleció de forma violenta por heridas de arma blanca un hombre de 54 años.

"Tenemos que condenar cualquier tipo de violencia y más cuando estamos hablando de algo que presuntamente parece ser derivado de un hecho de violencia de género", ha insistido.

En la concentración, convocada por el Ayuntamiento de Fuenmayor, también ha participado el alcalde de la localidad, Alberto Peso; la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno riojano, María Martín; y el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez.

Peso ha indicado que esta familia, formada por el matrimonio y cuatro hijos -el presunto agresor y otros tres menores- llegó hace cuatro o cinco años a vivir a Fuenmayor y tenía un comportamiento "normal".

El alcalde ha señalado que los hijos se habían "integrado completamente", acudían al colegio y al instituto, eran "una familia más del pueblo, muy simpática, que te saludaba si te veían por ahí".

Aunque "no tuvieran mucha relación" con el resto de vecinos porque llevaban poco en Fuenmayor, "nadie sospechaba nada", porque esta familia tenía "un comportamiento ejemplar, esto ha sido algo muy extraño", ha subrayado.

Ha agregado que el municipio, de unos 3.300 vecinos, está "nervioso e incrédulo por lo que ha pasado, que es algo que "no esperaba nadie en una localidad tranquila, en la que nunca pasa nada relevante".

Por último, Sáez ha recordado que tanto la madre del presunto parricida y sus otros tres hijos se encuentran alojados en un piso tutelado, tras hacerse cargo de su situación los servicios sociales del Gobierno de La Rioja.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable del homicidio de una mujer de 26 años que en la madrugada del 31 de diciembre se precipitó desde el piso 11 de un bloque de viviendas en el distrito madrileño de Villaverde.

Según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, tras el hallazgo del cuerpo de la mujer una Inspección Técnico Policial de Policía Científica llevó a los investigadores a determinar la supuesta responsabilidad del varón, un hombre de 45 años, en la muerte de la víctima.

El suceso tuvo lugar sobre la una y cuarto de la madrugada del 31 de diciembre, cuando los vecinos alertaron de que la mujer, de 26 años, se había precipitado desde un piso 11 en el número 7 de la calle Santa Escolástica, en el distrito de Villaverde de la capital.

El Grupo V de la Policía Nacional inició la investigación del caso y en la misma mañana del 31 detuvo al hombre como presunto responsable de un delito de homicidio.

Fuentes policiales, no obstante, no han aclarado la relación entre ambos ni los motivos que pudieron llevar al supuesto homicidio, y mantienen abiertas todas las hipótesis.

En Cataluña, con 117 personas detenidas, 27 lo han sido por violencia de género o violencia en el hogar, según ha informado el Departamento de Interior y Seguridad Pública.

Los Mossos, en colaboración con las policías locales, puso anoche en marcha un dispositivo especial con motivo de la Nochevieja que comenzó a las diez de la noche y ha acabado a las diez de esta mañana para garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y la movilidad en la red viaria en el participaron unos 1.800 agentes en toda Cataluña.

La conselleria señala que, de las 117 personas detenidas, 46 lo fueron por delitos contra el patrimonio, 10 por delitos de lesiones, una por un delito contra la violencia sexual y 33 por otros hechos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado este jueves que los asesinatos por violencia de género se han reducido desde 2003 un 35,2%, aunque "ahora es más importante que nunca avanzar frente al negacionismo de Vox que normaliza la violencia machista".

Redondo ha escrito en su cuenta de la red social X que 2025 ha finalizado "sin 46 mujeres, a las que echan de menos, más en estos días, sus familiares y amigos, todas ellas asesinadas por violencia de género".

"Cada una de ellas, sus nombres, sus proyectos de vida truncados, nos interpelan", ha añadido, pero "a pesar de tanto sufrimiento" se trata de "la cifra más baja de la serie histórica".

A su juicio, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género "es el camino" y las políticas públicas feministas son "efectivas" a la hora de procurar "profundas transformaciones sociales, desde una cultura machista y de dominación a una cultura del respeto y la igualdad".

"Los consensos siempre han abierto las puertas a grandes cambios en nuestro país", ha reflexionado también antes de desear "un 2026 libre de violencia de género".

Con las 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España en 2025, que dejan 35 niños y niñas huérfanos, ya son 1.341 las mujeres víctima de violencia machista desde 2003 en España.

En esas cifras no está la mujer que fue hallada muerta tras precipitarse al vacío la madrugada del 31 de diciembre en el distrito madrileño de Villaverde, en un suceso por el que la Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable de un delito de homicidio, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

El 016 atiende a todas las víctimas se violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

A menudo, nos quieren convencer de que todo va mal. A través de la percepción engañosa de que todo empeora para las mujeres, se quiere negar la realidad de nuestros avances y conminarnos a que abandonemos todas nuestras aspiraciones de igualdad. Se abona la idea de que las medidas contra la violencia no sirven de nada o que, si acaso, sólo funcionan para soliviantar más a los maltratadores. Es la pedagogía del miedo y del silencio.

Hay personas estafadas, agredidas, robadas, asesinadas… y nadie propone que desistan en su denuncia o en la petición de la justicia que merecen. ¿Sostiene alguien que la ley penal es inútil? Sólo a las mujeres se les exige renunciar a sus derechos para no molestar a quien puede redoblar su violencia contra ellas. Sólo a ellas se les pide reserva, paciencia o resignación para preservar una falsa paz que siempre se construye a costa de su libertad.

En el ámbito político, lo ilustra de forma descarnada esa frase de “aguanta, ya sabes cómo es” que dirigió la dirección del PP de Extremadura a la concejala de Navalmoral de la Mata cuando denunció el trato machista y el abuso de poder de su alcalde. Esa frase condensa siglos de opresión: la normalización de la agresión como un rasgo de carácter inevitable ante el cual la mujer sólo puede ofrecer su resignación.

Dado que ninguna organización humana —incluidos los partidos políticos que tenemos la aspiración de la igualdad como seña de identidad— está exenta de las excrecencias machistas, es importante que la reacción sea contundente, clara y a la altura del fenómeno al que responde. Porque sólo enfrentando el machismo sin ambigüedades, desde la coherencia entre discurso y práctica, podremos convertir la igualdad en un principio real y no en un mero reclamo electoral.

Precisamente, el feminismo está haciendo salir a la luz lo que antes se daba por hecho o se consideraba ‘natural’. Que todo, absolutamente todo, salga a la luz es el primer paso necesario para comprender la verdadera dimensión del problema. El segundo paso es crear y utilizar con eficacia mecanismos institucionales para erradicarlo. Lo demás es perpetuar la injusticia.

Por ello, aunque las noticias de hechos repugnantes sean utilizadas por algunos sectores para empujarnos a dar pasos atrás, desde el Ministerio de Igualdad mantenemos firme nuestra ruta. Frente al ruido y la reacción, oponemos gestión, derechos y recursos. Y, en este orden de cosas, el Ministerio ha trabajado durante todo 2025 en medidas que consolidan a España como un referente internacional. Hoy, nuestro país ocupa el cuarto puesto en el Índice Europeo de Igualdad, lo que nos sitúa muy por encima de la media de la Unión Europea, y el décimo en el mundo. No es fruto del azar, sino de políticas públicas progresistas sostenidas en el tiempo.

Y este 2025 no ha sido un año cualquiera. En un contexto global marcado por olas reaccionarias que amenazan con desmantelar derechos que creíamos consolidados, nuestro país se ha erguido como un faro de resistencia y vanguardia. Con banderas como la Ley de Paridad, que eleva a derecho irrenunciable la presencia de las mujeres en los espacios de gobernanza, lanzamos un mensaje, alto y claro, al mundo: la paridad es el único horizonte posible para una democracia que se pretenda plena, sólida y del siglo XXI. 

Y es que, por mucho que la embestida reaccionaria se disfrace de batalla cultural, para nosotras es una cuestión de supervivencia con calado institucional. Por el número de víctimas que genera, por su alcance y por sus gravísimas consecuencias, la violencia de género es, por derecho propio, el problema securitario de Estado más grave que afrontamos. 

Por eso, el consenso mayoritario que hemos logrado este año las formaciones de todo el arco parlamentario en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género es el fondo perfecto sobre el que contrasta, como una mancha indeleble, la posición negacionista de Vox. En 2025, en España se han producido —hasta el momento en que escribo estas líneas— 46 asesinatos por violencia machista, prácticamente una mujer por semana. Sólo desde el patriarcado más rancio e inhumano se pueden considerar estas cifras como algo ‘natural’ y asumible por la sociedad. 

A menudo, nuestra lucha no es uniforme, porque las mujeres no lo somos. Es en la unión de todas, en nuestra diversidad de clase, origen y condición, donde reside la fuerza del "ni un paso atrás". Esta premisa es fundamental, porque creemos que el feminismo del siglo XXI no puede ser un traje de talla única. 

Esta perspectiva interseccional es lo que convierte a nuestro modelo en una muralla infranqueable: cuando las políticas públicas abrazan la diversidad, dejan de ser medidas de élite para convertirse en herramientas de emancipación para todas, especialmente para las que habitan los márgenes.

En esa unión de vivencias dispares reside nuestra mayor resistencia frente a la ola reaccionaria. Mientras algunos sectores intentan fragmentarnos o jerarquizar nuestros derechos, la respuesta de España ha sido la cohesión desde la pluralidad.

La protección frente a la trata, el refuerzo del Plan Corresponsables o la monitorización de la misoginia digital que sufren las más jóvenes son hilos de un mismo tejido. Al tejer juntas estas realidades, logramos que el avance de una sea la garantía de todas, demostrando que en esta democracia diversa no sobra nadie y que, frente al intento de devolvernos al pasado, nuestra pluralidad es el escudo más robusto del Estado.

Frente al ruido de quienes añoran un pasado de silencio de las mujeres, España responde con la solidez de sus instituciones, la determinación de su sociedad civil feminista y la fuerza de todas las mujeres. No es una moda, es democracia en estado puro. Al cerrar este 2025, la consigna es innegociable: en la España que ha hecho de la igualdad su seña de identidad, cada derecho conquistado es hoy un territorio liberado donde el retroceso ya no tiene cabida.

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María Guijarro es secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Los juzgados gallegos recibieron una media de 21,8 denuncias diarias por violencia machista entre julio y septiembre, lo que supone un descenso del 1,8% respecto al año anterior. En el conjunto del Estado esta cifra asciende a una media de 579 denuncias al día en el pasado verano.

Según el Informe trimestral sobre violencia de género, elaborado por el servicio de estadística del Poder Judicial para el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, en Galicia se presentaron un total de 2.006 denuncias y se registraron 1.815 víctimas, un 7,3% menos que durante el mismo período de 2024.

“Galicia tiene, en base a los datos de este tercer trimestre, la tasa de violencia de género más baja del Estado –12,9 víctimas por cada 10.000 mujeres– pero aun así no es una tasa asumible, porque cualquier víctima que se produzca es inasumible”, defiende Belén Rubido, jueza decana de Pontevedra y especializada en casos de violencia sobre la mujer.

Rubido destaca que, a pesar de la escasa disminución de las denuncias presentadas entre los meses de julio y septiembre, hubo un incremento de las órdenes de protección dictadas, lo que significa que los jueces apreciaron una situación de riesgo objetiva para las víctimas. El aumento es de un 5,7% para las órdenes solicitadas y de un 8,4% para las aprobadas, siempre respecto del mismo período del año 2024.

“Cuando se dicta una orden de protección cada juez valora la situación, tiene que haber indicios racionales de delito, pero también una situación objetiva de riesgo —incide Belén Rubido—. Con lo cual, tenemos menos denuncias en número, pero más órdenes de protección proporcionalmente a las denuncias que existen. Con los datos en la mano, podemos afirmar que la protección se incrementó; eso supone que los jueces y juezas que tuvieron los casos delante valoraron un mayor riesgo para las víctimas”.

Las órdenes de protección adoptadas por los juzgados gallegos —tanto los específicos como los de guardia— sumaron un total de 413. En casi la mitad de los casos (46%) la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de petición de la orden de protección al órgano judicial.

Con todo, para la jueza Belén Rubido el dato más relevante de este informe del Poder Judicial es que “cada vez las mujeres hablan más y cuentan lo que les pasó”. En los casos estudiados entre julio y septiembre disminuyó un 6,4% el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del derecho a prestar declaración, respecto del año pasado en este mismo período.

Las víctimas que son pareja o cónyuge de su agresor tienen, por disposición legal, el derecho a no prestar declaración, sin que por acogerse al silencio puedan ser sancionadas. “¿Qué pasa en los casos de violencia de género? Que las víctimas son más reticentes a declarar que en otros procedimientos”, señala Rubido.

“Aunque apliquemos la perspectiva de género, a veces tenemos que luchar contra las propias víctimas para poder ayudarlas”, confiesa Belén Rubido. “Desgraciadamente es así porque ellas en muchas ocasiones huyen del procedimiento porque no quieren más problemas, pues tienen miedo de que pueda haber represalias por parte de sus agresores. Esto supone una parte muy importante de los silencios que hay en los procedimientos; la otra parte está en el propio ciclo de la violencia de género, porque en los períodos de ‘reconciliación’ es difícil que las víctimas presten declaración”, desgrana la jueza.

Para que todo el procedimiento judicial no dependa única y exclusivamente del testimonio de la víctima en la fase de instrucción, y después ya en el propio juicio, se necesitan otros elementos probatorios para sustentar la acusación. Para Belén Rubido, los buenos datos actuales respecto a las mujeres que continúan con su denuncia obedecen a los avances en este sentido, a pesar de que no es fácil conseguir otras pruebas —biológicas, documentales o testificales— en todos los casos.

Estos buenos datos consolidados en Galicia distan de la foto fija a nivel estatal, donde creció un 22,5% el número de mujeres que se acogieron a la dispensa del derecho a declarar. Los datos del Poder Judicial muestran que la tasa de mujeres que renunciaron a testificar en el juicio contra sus agresores fue de 11,5 por cada 100 víctimas de violencia de género durante el verano. Un porcentaje que disminuye hasta el 10,17% si solo se cuenta a las víctimas de origen español y que se sitúa en el 12,67% entre las víctimas de origen extranjero.

Por otra parte, las víctimas siguen siendo mayoría presentando las denuncias. 1.616 de las recibidas en este tercer trimestre en Galicia fueron presentadas directamente por las víctimas en los órganos judiciales, una cifra que sigue siendo muy superior a la de las interpuestas por terceras personas: los familiares formalizaron 38, mientras que 61 derivaron de partes de lesiones; 16 de servicios de asistencia y terceros; y 263 de la intervención de la Policía. Además, se registraron dos víctimas menores tuteladas.

“Es complejo, pero pienso que está creciendo la conciencia social sobre la violencia contra las mujeres y que eso permite que haya más personas externas a las relaciones, en el caso de las parejas, que deciden presentar denuncia”, apunta la jueza de Pontevedra.

Belén Rubido describe cómo los actores del sistema judicial con formación en perspectiva de género llevan años intentando que haya un tratamiento “unívoco” de todos los casos de violencia sobre la mujer, “entendida como violencia sexual y como violencia, digamos, intrafamiliar”.

“Creo que ese es el paso que nos queda por dar y que vamos en el buen camino, pero no podemos ni queremos conformarnos. Tenemos que reforzar esa conciencia y la formación de toda la sociedad, y ayudar a las víctimas para que sean conscientes de que hay un camino más allá de la denuncia, que no hay ningún abismo”, defiende.

Esta es la foto fija de lo sucedido en el verano, pero el último trimestre del año acostumbra a ser el peor en cuanto a los datos de violencia machista. En este caso ya sabemos que lo fue en feminicidios, con más de una docena de mujeres asesinadas desde el mes de octubre. Hasta este 24 de diciembre se han confirmado como feminicidios los asesinatos de 46 mujeres por parte de sus parejas o exparejas y otras 15 mujeres fueron asesinadas por hombres con los que no habían mantenido una relación afectiva.

Una mujer de 35 años ha sido hospitalizada en estado grave después de ser agredida esta madrugada con un cuchillo por su expareja en Costitx (Mallorca), que ha sido detenida por la Guardia Civil.

Los hechos han ocurrido este domingo hacia las cinco de la madrugada en una casa de campo de Costitx a la que la víctima había acudido para celebrar una fiesta con unos amigos. Cuando la mujer ha accedido al coche para abandonar el lugar, ha sido agredida por su expareja.

La Guardia Civil ha asumido la investigación de lo ocurrido y ha arrestado al sospechoso, de 31 años, tras intentar suicidarse, tal como ha avanzado 'Crónica Balear'.

Como ha informado el instituto armado, al hombre le constaba una orden de alejamiento sobre la víctima, que continua hospitalizada en estado grave. El presunto autor también se encuentra hospitalizado y bajo custodia.

Por su parte, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado en su cuenta de X "con absoluta rotundidad" este nuevo caso de violencia machista que se ha registrado en la isla.

"Todos los servicios del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) están desplegados y a disposición de la víctima y su entorno. Todo mi afecto y apoyo a la familia y amistades", ha continuado Prohens en su mensaje.

La presidenta ha recordado a la ciudadanía que si una víctima necesita ayuda o detecta algún riesgo debe llamar al servicio de emergencias 112, mientras que el número del servicio de atención telefónica 24 horas del IBDona es el 900178989.

Por su lado, el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

El hombre de 30 años detenido este miércoles por asesinar de varias puñaladas a su exnovia de 21 años en un domicilio del distrito de Villaverde de Madrid delante de su bebé de 15 meses tenía una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima, que estaba catalogada en VióGen con riesgo "bajo", según informa EFE.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que, según las primeras pesquisas, no era la primera vez que el hombre violaba la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, que residía actualmente en una habitación alquilada en la calle de Los Astilleros junto a su bebé de 15 meses.

En torno a las 15.00 horas del lunes, el hombre irrumpió en el domicilio y asestó varias puñaladas a la joven hasta causarle la muerte.

Las fuentes consultadas apuntan que la víctima figuraba en el sistema de seguimiento de casos de violencia machista, VióGen, con riesgo "bajo".

De confirmarse la naturaleza machista del crimen, sería la segunda asesinada por su pareja o expareja en la región madrileña en lo que va de año y la 31 en toda España. Desde 2003 en que comenzó a elaborarse la estadística de feminicidios este asesinato sería el 1.326.

En torno a las tres de la tarde los servicios de emergencia recibieron un aviso de la arrendataria de la vivienda después de que una niña de 12 años que reside en este domicilio y que no guarda vínculos familiares con la joven asesinada, encontrase su cuerpo con varias heridas de arma blanca y junto a su bebé de 15 meses.

Por el momento se desconoce si el menor es hijo del presunto agresor al que horas después agentes de la Unidad de Prevención y reacción (UPR) de la Policía Nacional detuvieron en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha condenado este nuevo crimen machista y ha apelado a la "unidad de acción" de todos los demócratas. "No hay lugar a más titubeos, a más relativismos, a más negacionismos", ha defendido.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron ayer en Manresa (Barcelona) a un hombre de 35 años por apuñalar y lanzar por la ventana a su mujer, la cual se encuentra hospitalizada en estado grave, aunque no se teme por su vida, y de la que tenía una orden de alejamiento.

Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la mañana de ayer sábado, en la vivienda donde reside la víctima, situada en la plaza de Sant Ignasi, según ha avanzado NaciòManresa y han confirmado a EFE fuentes policiales.

El hombre, presuntamente, agredió primero a la víctima con un arma blanca y después la empujó por la ventana, a unos cuatro metros de altura, para posteriormente huir del lugar.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron poco después, sobre las siete y veinte de la mañana, al presunto agresor en una gasolinera de esta localidad.

La Policía de la Generalitat lo acusa de los delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper la orden de alejamiento que tenía de su mujer.

Según informan a EFE fuentes policiales, el detenido tiene además varios antecedentes, y pasará en las próximas horas a disposición judicial por esta agresión.

La víctima, que resultó con heridas de gravedad por el apuñalamiento y la caída, aunque su vida no corre peligro, fue trasladada por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) al Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Hace nueve años empezó el caso de Juana Rivas, que no es otro que el de una mujer que quiere proteger a sus hijos de un hombre maltratador. Sin embargo, lo que me interesa destacar en este artículo no es la intrahistoria de este caso sino algunos de los subtextos que alberga el relato fabricado mediáticamente.

El primero de los subtextos es la idea de que un marido agresor puede ser un buen padre. Es el prejuicio de que la violencia se puede aislar y el maltratador solo es violento en un tipo de relación, la que tiene con su esposa. Si aceptamos este argumento, defendemos que el maltratador puede ser un buen padre porque su violencia no se dirige a sus hijos sino a su pareja. Vamos a imaginar que esto es así (que no suele serlo porque los agresores dirigen la violencia contra quienes creen que tienen el derecho de controlar). Sin embargo, hay que preguntarse en qué modelo de masculinidad está educando a sus hijos e hijas. ¿Socializar a los hijos en la violencia contra las mujeres es un buen modelo educativo? ¿No deja heridas en las criaturas las agresiones contra su madre, uno de los pilares sobre los que se asienta su seguridad? ¿Se puede afirmar que quien educa a sus hijos en un hábitat de violencia es un buen padre?

El segundo muestra la doble vara de medir que se usa para madres y padres. A estas últimas se les exige completa responsabilidad y cuidado de su prole casi en exclusiva. Sin embargo, está tan normalizado que los padres puedan desentenderse de sus criaturas, que la sociedad patriarcal no penaliza ni el abandono ni la falta de cuidados paterna. Hay una fuerte presión normativa hacia las madres para que los cuiden más allá de sus propias fuerzas y para que organicen su vida alrededor de sus necesidades, abdicando de la propia si es preciso. Ahora bien, cuando un padre exige ejercer la autoridad que emana de su paternidad, emerge la verdad al desnudo: en las sociedades patriarcales los hijos son de los padres. Solo hace falta que surja un conflicto entre ambos para que aflore esa verdad. Y el caso de Juana Rivas lo muestra. Por eso, el pensamiento reaccionario y misógino defiende a Arcuri.

El tercer subtexto esconde una enorme variedad de mensajes emocionales sexistas que se están difundiendo en las redes sociales. El odio y resentimiento con el que se trata a Juana Rivas en muchos de ellos muestra hasta qué punto este caso se ha convertido en un test del poder patriarcal. Si Juana logra la custodia de su hijo pequeño, es decir, apartarlo de la violencia paterna, la misoginia social e institucional lo entenderá como una derrota del poder masculino.

El cuarto muestra la inoperancia y cobardía, en el mejor de los casos, de sectores de la justicia o su carácter abiertamente misógino, en el peor. El hecho de que quieran encausar a la madre de Daniel por impedir que el padre maltratador se lo lleve desvela el ensañamiento de la justicia con Juana. Y, de ese modo, envía un mensaje a todas las mujeres. No se pueden desafiar los privilegios masculinos, sobre todo, aquellos que tienen lugar en el ámbito de la familia patriarcal y de la sexualidad. El estructural dominio masculino se impone en caso de conflicto. Y lo hace con toda la fuerza y violencia que tiene a su alcance, tal y como estamos viendo.

En el caso Juana Rivas se concentra esa idea que tanto aparece en los medios de comunicación: ‘que la igualdad ha ido demasiado lejos’. El pensamiento reaccionario de la extrema derecha y la misoginia transversal a todas las posiciones políticas están reelaborando un nuevo discurso sobre las mujeres en el que se cruzan viejos estereotipos sobre las mujeres como ‘mal’ con nuevos prejuicios de que quieren ocupar los roles y espacios masculinos. Este caso es una radiografía de la correlación de fuerzas actual entre el pensamiento misógino y el feminista. Entre la derecha más extrema y el progresismo político. Su resultado nos dará pistas. Por eso, es un aviso para navegantes.

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Rosa Cobo es profesora de la Universidad da Coruña, escritora y teórica feminista.

El hijo mayor de Juana Rivas y el italiano Francesco Arcuri ha formalizado una querella contra su padre por atentado contra la integridad moral y coacciones cometidos contra Daniel, el otro hijo de la expareja, y ha pedido medidas cautelares para evitar que ejerza la custodia.

En la querella presentada ante el juzgado en funciones de guardia, a la que ha tenido acceso EFE, Gabriel, de 19 años, acusa de estos dos delitos a su padre y a la psicóloga que lo acompañó este martes al punto de encuentro familiar en el que el menor tenía que pasar por orden judicial de la madre al padre.

El mayor de los hijos de la expareja actúa contra su padre, al que acusa de instar a la psicóloga a comparecer en el punto de encuentro familiar para presionar al menor y "doblegar su voluntad" con el objetivo de que Daniel accediera a marcharse a Italia con Arcuri.

La querella asegura que, en las cerca de tres horas que los dos hermanos estuvieron en el punto de encuentro, se incumplieron las normas deontológicas y los protocolos y se sometió al menor a un "durísimo interrogatorio" que le generó "ansiedad y desasosiego".

Añade que Gabriel grabó con su teléfono móvil esas más de dos horas y media en las que su hermano sufrió una "inaceptable tortura psicológica" e interpreta la conducta de la psicóloga como una presión sobre el menor que le ocasionó una "crisis aguda de ansiedad". Según el equipo jurídico de Gabriel, estos hechos constituyen un delito de coacciones y otro de atentado a la integridad moral, una intimidación para "influir a un menor". Suma además que se trata de un delito de coacciones consumado y solicita que se tome declaración a Arcuri y a la psicóloga querellada y se proceda a volcar la grabación de todos estos hechos que se contienen en el teléfono personal del querellante para que sirvan de prueba.

También pide la querella que declare Gabriel como testigo y que se explore a Daniel "con la máxima garantía y respeto a los hechos", además de solicitar un informe a los técnicos del punto de encuentro sobre en calidad de qué actuó la psicóloga.

La querella añade la petición de medidas cautelares, incluida una orden de protección del menor, que su padre no pueda comunicarse con él ni estar a menos de 200 metros de Daniel y que se deje sin efecto la orden de entrega del niño con Arcuri, que tiene su custodia, por el "gravísimo padecimiento psicológico" de las presiones.

Antes de conocerse esta querella, el hijo mayor de Juana Rivas, de 19 años, ha pedido en una carta que, antes de que este viernes se efectúe la entrega de su hermano, de 11 años, a Arcuri, lo escuchen y atiendan "su miedo sin coacciones" para evitar que sea "demasiado tarde". Según informa EFE, en esta nueva misiva, hecha pública por la plataforma de apoyo a Juana Rivas y dirigida a "cualquier autoridad competente de España", Gabriel relata que en 2017, cuando tenía 11 años, la misma edad que ahora su hermano, tuvo que regresar con su padre.

"A partir de ahí fueron cinco años de abuso y de maltrato, hasta que tuve el valor de defenderme a los 16. Eran tan evidentes mis heridas cuando pedí ayuda que ya no podían esquivar la situación: le quitaron mi custodia a Francesco y le obligaron a devolverme a mi casa, España", señala.

Dice que ahora, tres años después, su padre "miente" sobre él: "Lo mismo que ya hizo con mi madre", agrega. "Pero la única verdad es que desde que cumplí 18 años lucho en los tribunales para salvar a Daniel. A ese hombre lo juzgarán en Italia en menos de dos meses por malos tratos continuados hacia nosotros durante años", continúa la carta, en la que traslada su confianza en que en el juicio que se celebrará contra él el próximo 18 de septiembre en Italia por presunto maltrato hacia sus hijos, lo condenen, "porque la Fiscalía aporta muchas pruebas irrefutables".

Y concluye: "No permitan que lo seden y entreguen mañana, como hicieron conmigo hace ocho años. Escuchen a Daniel antes de que sea demasiado tarde".

Finalmente adjunta un documento emitido en su día por la Fiscalía italiana sobre los delitos por los que en septiembre se sentará en el banquillo, así como el testimonio de Itziar Prats Fernández, "víctima de violencia vicaria y violencia institucional", pidiendo que se tenga en cuenta la opinión del menor, Daniel, "por su integridad".

El equipo jurídico de Francesco Arcuri ha contestado a la carta remitida por el mayor de sus hijos con un repaso documentado a los informes emitidos desde 2018 y hasta que la custodia exclusiva del niño pasó por petición de él a la madre. El decreto de custodia de Gabriel y otros informes posteriores, consultados por EFE, apuntan a que existe un comportamiento repetido por la madre y centrado más en "una victoria judicial sobre Arcuri" que en el bienestar del hijo mayor, por lo que los servicios sociales que los han atendido recomiendan "medidas específicas" para proteger al menor de los dos hijos.

La justicia italiana también solicitó medidas para garantizar "la neutralidad" en los encuentros entre Juana Rivas y el menor de sus hijos y añade que "también el hermano mayor ha presionado para que contara que había sufrido maltratos por parte del padre".

La entrega, fijada inicialmente para el martes pasado pero aplazada por la juez de Primera Instancia 3 de Granada atendiendo a la petición de los profesionales que lo trataron en el punto de encuentro familiar de Granada, tendrá lugar este viernes, según lo acordado por la magistrada, pero en condiciones distintas a las del martes: en un lugar privado y con la única asistencia de los progenitores para evitar "exposiciones innecesarias" como la vivida en aquella ocasión, entre una gran expectación mediática y momentos de tensión que hicieron que el menor rompiera a llorar.

El machismo, como la temperatura en verano, siempre es elevado en un ecosistema cultural donde nunca se pone el sol, de ahí el color blanco y negro que impone a la realidad. Lo que ocurre es que a veces se presenta con más intensidad, como “olas de machismo” que generan todo tipo de daños.

Lo importante es ser conscientes de que antes de que empiece la “ola machista” ya existe el machismo, y que cuando termina continúa también. Justo igual que sucede con la ola de calor, que es un aumento de su intensidad durante un periodo de tiempo, pero sin que antes o después deje de haber una temperatura alta.

El problema que tenemos es que la raíz cultural androcéntrica impide tomar conciencia de su gravedad, y hace que la sociedad se posicione frente al machismo de manera muy diferente a otras manifestaciones que también generan problemas, como ocurre con las olas de calor. Veamos algunas consecuencias de esa manera de entender las manifestaciones machistas:

La actitud y la respuesta institucional ante las olas de calor es muy diferente. Nadie reduce el verano a la ola de calor, ni normaliza las altas temperaturas que puedan existir antes o después, tampoco se preguntan “qué está pasando” para que se produzca la ola, saben lo que significa y los elementos que confluyen en ese aumento temporal de las temperaturas. Y cuando se producen incendios, golpes de calor, deshidrataciones… también son conscientes de que se deben a la ola de calor. 

Pero lo más llamativo es que conocer esas consecuencias se traduce en hechos para prevenir sus efectos, y todo son consejos y recomendaciones para que no se salga a la calle a determinadas horas, para que si se sale se adopten medidas y cautelas que eviten las consecuencias, para que se adapten las jornadas laborales de determinados trabajos, o para que en todo momento se beba mucha agua. Siempre considerando la vulnerabilidad previa que pueda existir en personas con determinadas patologías que las hacen más susceptibles de sufrir problemas ante los efectos del calor.

Y si al final se producen consecuencias negativas, nadie las niega, todo lo contrario, sirven para adoptar más medidas e intensificar las existentes.

Ya hemos visto que en la violencia de género no ocurre lo mismo. Por eso cada año por esta época, cuando aparece la “ola de machismo” alrededor de las vacaciones y del cambio de rutinas que ocasionan, y se produce el consecuente impacto en las dinámicas de familia que lleva al aumento de la violencia, no se es consciente de todos los elementos que definen la situación. Tampoco se valora la vulnerabilidad de las mujeres que ya están sufriendo los efectos de la violencia antes de que comience la “ola de machismo”. Y del mismo modo, sigue sin considerarse el efecto que tiene sobre los agresores que están pensando en asesinar a sus parejas el hecho de que otro agresor lo haya hecho antes, como si no formaran parte de la misma realidad y sus referencias androcéntricas, y como si no buscaran los mismos objetivos.

Y todo ello se acompaña del “negacionismo” de un sector de la sociedad que, en la práctica, actúa como quien “echa leña al fuego” para que los agresores se sientan reforzados y las víctimas desconfiadas ante un sistema que desde sus instituciones niega la violencia que sufren.

La cultura androcéntrica, desde su origen, viene definida por un calentamiento global y progresivo. Necesitamos un enfriamiento de la violencia a través del aire fresco y limpio de la igualdad. No basta con ventiladores ni aire acondicionado, necesitamos un nuevo hábitat cultural feminista.

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Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

La Audiencia de Cádiz ha confirmado íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal 3 de Jerez de la Frontera que condenó a dos años y un mes de cárcel al cantaor Diego Ramón Jiménez Salazar, conocido como Diego El Cigala, por malos tratos cometidos contra su ex pareja sentimental, según ha podido saber EFE.

En la sentencia, fechada este pasado 30 de junio, la Sección Tercera desestima los recursos de apelación presentados por la defensa del condenado y por la acusación particular ejercida por su exmujer contra la sentencia que dictó el Juzgado de Jerez en diciembre de 2024, según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La jueza condenó a El Cigala por tres delitos de malos tratos hacia su expareja: uno de ellos una agresión en un hotel de Jerez en el que le dio una bofetada, otro en un hotel de Palafrugell (Girona) en el que la pateó y otro en la casa de Jerez en la que convivían y en la que, en presencia de los hijos, la agarró por el cuello diciéndole "me cago en tus muertos".

Además, lo condenó por un delito leve y continuado de vejaciones en el ámbito doméstico.

La magistrada lo absolvió de otro delito de maltrato por no considerar probado que el cantaor la agarrara del brazo y la zarandeara en el aeropuerto de Punta Cana (República Dominicana) en agosto de 2017, y cuando la mujer estaba con su hijo en brazos esperando un vuelo.

La defensa del acusado recurrió la sentencia al considerar que la jueza habría incurrido en un error en la valoración de la prueba del testimonio de la víctima y una incorrecta individualización de las penas.

La Audiencia Provincial recuerda en su resolución que el Juzgado de lo Penal tildó el testimonio de la víctima de “claro, congruente, coherente y coincidente con lo manifestado en su denuncia, ante el Juzgado de Instrucción y también ante los profesionales que la atendieron, por lo que lo consideró “plenamente persistente”.

Además añade que la sentencia examinó “rigurosamente episodio por episodio” hasta un total de ocho “para destacar aquellos que resultan corroborados por elementos externos más allá del testimonio de la denunciante de aquellos que no lo son, declarando probados los primeros y no probados los segundos”.

La Audiencia subraya que la sentencia ofreció "en algunos casos" con "una precisión quirúrgica" la valoración de las pruebas.

También rechaza el alegato de la incorrecta individualización de las condenas para cada delito pues “esta existe en todas y cada una de ellas, y se hace de una manera plausible".

Además, añade, las penas “están situadas cerca del mínimo legal, donde el deber de motivación se ve relajado”.

El TSJA rechaza también el recurso de la acusación particular contra la decisión de la jueza de no atender su solicitud de que el El Cigala indemnizara a su expareja con 3.000 euros como responsabilidad civil, ya que, entre otros aspectos, los expertos de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIGV) concluyeron que la mujer “no presenta sintomatología psicológica” a consecuencia de los hechos.

La Audiencia explica que, en la sentencia, la jueza razonó "bastante" por qué no consideró acreditada la existencia de secuelas psicológicas en la víctima.

La sentencia ahora confirmada, contra la que no cabe interponer recurso ordinario alguno, relata que el cantaor inició en el 2014 una relación sentimental con la víctima, fruto de la cual han nacido dos hijos.

Durante el tiempo que duró la relación sentimental, la mujer, explica la sentencia, “ha sido dependiente económicamente del acusado”.

La jueza explicó que cuando la víctima se quedó embarazada de su primer hijo, la relación sentimental entre ambos “comenzó a deteriorarse y las discusiones entre ellos (...) se volvieron frecuentes”.

En estas discusiones, “en las que ambos se gritaban mutuamente, el acusado, con menosprecio hacia la persona” de su entonces pareja, “le ha proferido en diversas ocasiones las expresiones “puta”, “maldita perra”, “desgraciada” (...) y le ha llegado a echar de la casa o de la habitación como forma de desprecio”.

La magistrada no consideró probado que la relación sentimental de ambos fuera “asimétrica" ni que existiera "una situación de dominación y sometimiento por parte de él hacia ella”.

En 2024 se registró un aumento de condenas por violencia de género en España: 39.056 maltratadores fueron condenados con sentencia firme por agredir a sus parejas o exparejas, un 5,1% más que en 2023, según datos del Instituto Nacional del Estadística (INE) y recoge EFE. En su Estadística de violencia doméstica y violencia de género relativa al año 2024 publicada este miércoles, donde ofrece datos de víctimas y denunciados con órdenes de protección o medidas cautelares dictadas que han sido inscritos en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género del Ministerio de Justicia.

Frente al aumento de sentencias condenatorias firmes, se han producido un descenso en el número de mujeres víctimas con medidas cautelares u órdenes de protección (34.684, un 5,2% menos), en los menores víctimas de la violencia vicaria (1.758, un 3,2% menos), en las medidas cautelares dictadas (103.035, un 5,8% menos) y en la cifra de agresores denunciados por sus parejas o exparejas (34.529, un 5,2% menos).

Casi el 50% tanto de las víctimas como de los maltratadores tenían entre 30 y 44 años, y por nacionalidad, el 60,6% de las víctimas eran españolas, como el 60,9% de los agresores. El 1,85% de las víctimas con medidas dictadas tenía menos de 18 años, un total de 642, mientras que 128 agresores denunciados no habían alcanzado la mayoría de edad, el 0,37%.

La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,6 por cada 1.000 mujeres de 14 años o más, una media que superaron diez comunidades y las dos ciudades autónomas: Melilla (4,8), Ceuta (3,3), La Rioja (2,5), Cantabria (2,5), Canarias (2,4), Baleares (2,4), Región de Murcia (2,3), Andalucía (2,1), Extremadura (2), Comunidad Valenciana (2), Castilla-La Mancha (2), Castilla y León (1,7) y Aragón (1,6). Por debajo de la media nacional se situaron Asturias (1,5), Navarra (1,4), Madrid (1,1), Galicia (1,1), Cataluña (0,8) y País Vasco (0,7).

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron 8.860 víctimas de la violencia doméstica con órdenes de protección o medidas cautelares (un 2,9% menos) y 7.221 personas denunciadas sobre las que se adoptaron medidas (un 4% menos).

Mientras que las víctimas son mayoritariamente mujeres (60,6% frente a 39,4% de varones), los agresores son principalmente del sexo masculino (un 70,% frente al 29,9% de agresoras).

El número de víctimas de violencia doméstica fue mayor que el de personas denunciadas, con una relación de 1,2 víctimas por cada persona denunciada. Una de cada cinco víctimas de esta violencia eran menores de edad (1.900, el 21,4%) y el 80% del total, españolas, mientras que el 71,6% de los agresores también eran de esta nacionalidad. La mayoría de las personas maltratadas fueron el padre o la madre (37,1% de los casos), pero también hubo hijos o hijas (25,5%), hermanos (9,7%) e incluso abuelos y nietos.

En 2024 los tribunales condenaron a 9.229 personas (6.074 hombres y 3.155 mujeres) por violencia doméstica con sentencia firme, un 6,2% más que el año anterior. Y se dictaron 17.935 medidas cautelares en los asuntos de violencia doméstica, un descenso del 1,8%.

Esta estadística del INE refleja que la magnitud de la violencia de género es superior a la de la violencia doméstica: el número de mujeres maltratadas casi cuadruplica a las víctimas de violencia doméstica y los maltratadores machistas son casi cinco veces más que los agresores de violencia doméstica, 34.529 en el primer caso y 7.221 en el segundo.

Josefa, de 76 años y asesinada presuntamente por su marido en O Bolo (Ourense), es la séptima víctima mortal por violencia de género en lo que va de año y la número 1.301 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas de feminicidios en el ámbito de la pareja en 2003, según recoge EFE.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes la naturaleza machista del crimen y ha informado de que no existían denuncias previas por maltrato contra el presunto feminicida, un hombre de 72 años que ha sido detenido. Este domingo, 6 de abril, Josefa fue atacada por su marido, que la acuchilló hasta la muerte en su casa de la parroquia de As Ermidas.

Según ha confirmado este lunes el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, la mujer asesinada no estaba en el sistema de protección de víctima de violencia de género (VioGén), que suma unas 4.000 mujeres en Galicia en este momento.

Se trata del primer asesinato por violencia de género en Galicia en lo que va de año y el número 73 desde 2003. Son tres las víctimas de crímenes machistas en 2025 que tenían más de 70 años, y 83 desde 2003.

De las siete víctimas mortales por violencia de género en lo que va de 2025, cuatro eran españolas y tres habían nacido en otro país y solo en uno de los casos constaban denuncias por maltrato contra el agresor.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha querido enviar su "más sentido pésame" a la familia de Josefa y ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando "para acabar con esta violencia estructural que atenta contra las mujeres por el hecho de serlo". "Si eres víctima llama al 016, sabed que no estáis solas", ha subrayado Redondo en un mensaje en X.

A las 1.301 mujeres asesinadas por violencia machista se suman otros 62 menores asesinados desde 2013, fecha en la que comenzaron a contabilizarse los crímenes de violencia vicaria.

La Academia de la Música ha anunciado este jueves el cese de su director gerente, Víctor Romano, nombrado hace solo un mes, como parte de su "firme compromiso con la igualdad de género así como la defensa sin fisuras de los derechos de la mujer en la sociedad y en la música", según informa EFE.

Ha sido en un comunicado que su presidenta, la también artista Sole Giménez, ha remitido a los socios y en el explica que la decisión se ha tomado después de que la Comisión Ejecutiva tuviera "conocimiento ahora de ciertas circunstancias que, de haber sabido con anterioridad", habrían determinado la "no contratación" de Romano. "Como presidenta de la Academia de la Música quería que todas las personas socias estuvieran informadas de este cambio de primera mano", ha subrayado en su escrito, en el que reafirma tanto su voluntad como la del equipo directivo en "la defensa sin fisuras de los derechos de la mujer en la sociedad y en la música".

Aunque en su escrito no explica exactamente el motivo, el diario El País ha publicado que el motivo es que Romano se declaró conforme en 2022 con una pena de 22 días de trabajos en beneficio de la comunidad tras propinar "numerosos golpes" y causar "diversas lesiones" a una mujer.

Fue el pasado 16 de enero cuando se hizo público el nombramiento de Romano, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, "con más de 20 años de experiencia en la gestión en diversas entidades del sector cultural, destacándose por su liderazgo y capacidad para impulsar proyectos de gran impacto". "Sólo deciros que todos los miembros de la Junta directiva vamos a seguir trabajando juntos para avanzar en esta nueva etapa en la que nuestro mayor empeño va a ser que los grandes valores esenciales, culturales y éticos sean la raíz de una institución como la nuestra", culmina el comunicado de la Academia.

Giménez fue elegida el pasado mes de diciembre como nueva presidenta de la Academia de la Música de España (ACAMUS) con el 85,17% de los votos en las primeras elecciones de esta organización, junto a otras figuras de la industria y artistas como Zahara, Mikel Izal o Nacho García Vega.

Un hombre de 77 años ha muerto este jueves al caer al foso de un ascensor en obras desde una altura de tres plantas en un edificio del barrio madrileño de Entrevías mientras intentaba tirar a su mujer, que ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada al hospital, según informa EFE.

Según fuentes policiales, el hombre ha intentado empujarla por el hueco del ascensor pero en el forcejeo han caído los dos. Se trata de una pareja que, según los vecinos, discutía habitualmente. Las primeras pesquisas de la policía científica apuntan a esta hipótesis por la posición de los cuerpos, añaden las mismas fuentes. El cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid ha rescatado a ambos del interior del agujero.

El hombre ha sufrido una parada cardiorrespiratoria que no ha podido ser revertida tras 30 minutos de reanimación por parte de los facultativos médicos de Samur-Protección Civil, han detallado desde Emergencias Madrid.

La mujer ha sufrido politraumatismos y después de ser estabilizada por los servicios de emergencia ha sido trasladada al centro hospitalario en estado grave. La Policía Municipal ha redactado el atestado y la Policía Nacional se ha hecho cargo de las diligencias de investigación.