Ser catalogada como 'riesgo bajo' y morir a manos de tu expareja o cómo el sistema sigue fallando a las víctimas

Tenía 54 años cuando fue asesinada hace unos días en Motril (Granada). Murió a consecuencia de los golpes que presuntamente le asestó quien había sido su compañero sentimental. Ella había dado la voz de alarma, siguió los pasos que se les presupone a las víctimas. Entró en el sistema de protección y a él le impusieron una orden de alejamiento como medida cautelar. Las autoridades determinaron que el riesgo era bajo, según han publicado diversos medios. El engranaje institucional no funcionó, las medidas pensadas para proteger a las víctimas no bastaron para salvaguardarla. La Delegación del Gobierno contra la Violencia Machista está investigando las circunstancias de su muerte. 

En lo que va de año, otras tres víctimas mortales de la violencia machista habían denunciado a los hombres que finalmente acabarían con sus vidas. Son las mujeres a las que el sistema les dio la espalda. Ampliando el foco estadístico, un total de 285 víctimas habían denunciado a sus maltratadores desde que hay registros, en 2003. Son el 21,6% del total. 

Especialistas y perspectiva de género

Las conclusiones de Nuria Varela, experta en políticas públicas de igualdad, se alimentan de su paso por las instituciones, constatando en primera persona sus carencias y limitaciones. Lo dice con total claridad: "El sistema no es bueno, el sistema falla". A su juicio, se han ido sucediendo a lo largo de los años "los suficientes casos para tener clara la necesidad de revisarlo y modificarlo donde no esté funcionando". Y esos frentes necesitados de una remodelación urgente no son pocos: valoración de riesgo, protección de las víctimas, seguimiento de las órdenes de protección y protección de los menores, cita la experta en conversación con este diario. "VioGén no funciona, lo sabemos hace mucho, porque no hay especialistas ni gente formada", asiente. 

Victoria Rosell, jueza y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, estima que casos como el analizado obligan a "escarbar en las costuras del sistema" para ser capaces de entrever sus defectos. Al otro lado del teléfono, recuerda que la valoración de riesgo parte de las habilidades de un algoritmo y subraya que cuanta más información tiene, más preciso es capaz de ser. "Puede haber errores en una primera valoración, pero cuando más se actualice, cuanto mejor sea el seguimiento y tenga más información, la evaluación debería ser más exacta". Su análisis parte de la aparente anomalía que supone el riesgo bajo con el que fue calificada la mujer asesinada en Motril. "Siempre hemos hablado de la necesidad de incluir perspectiva de género en ese algoritmo que es bastante opaco", señala.

Varela cree que es ahí donde anida parte del problema. "Quien está al frente de los servicios no es gente especializada, precisamente porque la administración no tiene plazas de especialistas". Esta realidad, unida a la "privatización y externalización" de los recursos, hace que "falle el corazón del sistema de lucha contra la violencia de género".

Se renuncia a un sistema fuerte de prevención y detección, a cambio de caminar hacia un "sistema asistencial que no funciona", continúa Varela. "Se atiende desde las políticas sociales y de seguridad, en lugar de hacerlo desde una perspectiva de políticas públicas de igualdad", zanja. La apuesta por personal formado y especializado cambiaría radicalmente la situación: "Las mujeres serían atendidas siempre por expertas, no harían denuncias sin haber sido asesoradas, no tendrían que avanzar sin acompañamiento, habría un sistema de atención psicológico especializado… eso no existe en ninguna administración".

No tener alternativas también es un fracaso del sistema

Pero el sistema tiene muchas formas de fallar a las mujeres. Rosell pone un ejemplo a partir de una situación que se repite con cierta frecuencia: el quebrantamiento de medida tras reanudar la relación. En el caso de Motril, el agresor parecía haber estado conviviendo con la víctima desde hacía algunos días. "Muchas veces decimos que si la pareja decide volver, ella consintió. Hay que ver si ese consentimiento es libre o está condicionado por factores externos", analiza.

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Menciona, en ese sentido, la falta de seguridad económica, la dependencia emocional y la ausencia de alternativas habitacionales. Durante su etapa al frente de la delegación, la jueza detectó "varios casos en los que se producía una cohabitación forzosa por falta de vivienda". Eso, determina la experta, es también un fallo del sistema. Sin alternativas vitales, no hay salida posible para las víctimas: romper con la violencia debe implicar que "se abra una puerta y no te quedes desasistida, en la calle y con más incertidumbre. Las ayudas no pueden tardar meses en tramitarse".

Hace tres décadas, un juez decidió dividir la casa de una pareja que acababa de divorciarse, para repartirla entre ambos, a pesar de las señales de maltrato: ella viviría en la parte de arriba, él abajo. En medio de esa convivencia, él terminó con la vida de su expareja. La víctima se llamaba Ana Orantes. "Esto ya no sucede, pero seguimos teniendo un prejuicio machista sobre las reanudaciones y los quebrantamientos", lamenta Rosell.

Repensar el mensaje

El mensaje que llega a las víctimas puede resultar contradictorio y demoledor: las instituciones insisten en incentivar la denuncia, pero ni siquiera seguir los cauces formales es garantía de protección. "Lo peligroso es decirles que denuncien y luego no protegerlas", clama Varela. "Ese es el peligro: que denuncien y las asesinen". La experta cree importante huir del eslogan y relativizar el valor de la denuncia como única fórmula para romper con la violencia. "Muchas veces aboca a las mujeres a seguir un camino que no es seguro para ellas, esto lo vemos una y otra vez". Pero la clave no pasa por alterar el mensaje, sino por cambiar el sistema: "Esto no se acaba con discursos, sino con políticas públicas".