Los protocolos de PP y Vox minimizan el acoso sexual y no servirían para los casos de Salazar y Errejón
El caso Salazar ha provocado un terremoto político —tanto dentro como fuera del PSOE— que ha obligado a los socialistas a mover ficha tras casi medio año sin investigar las quejas contra Francisco Salazar, el antiguo colaborador del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que pretendía elevar a la secretaría de Organización. Un error que el propio Sánchez ha asumido en "primera persona", según aseguró el pasado sábado. Se trata de una situación especialmente delicada para un partido que ha hecho de la causa feminista una de sus banderas y cuyas denuncias no se limitan a Salazar, según las últimas informaciones.
Desde la oposición, el partido de Alberto Núñez Feijóo está tratando de aprovecharse de lo ocurrido con un doble objetivo: aumentar la presión sobre Sánchez para que dimita —un escenario que Moncloa descarta— y recuperar el voto femenino, una de las asignaturas pendientes no solo para el PP, sino para el bloque de la derecha en general. Esta estrategia replica la que ya pusieron en marcha tras la dimisión del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Por su parte, desde Vox han dado total credibilidad a las acusaciones contra Salazar, lo que contrasta con su recurrente discurso de las "denuncias falsas", que utilizan para negar la violencia machista.
Ambos partidos defienden que, si se produjera un caso similar en el seno de sus organizaciones, su respuesta sería diferente a la del PSOE. Sin embargo, a diferencia del que sí tiene la formación de Sánchez, ninguno de ellos cuenta con un plan de igualdad o contra el acoso sexual específico, sino que los encuadran en protocolos genéricos sobre el acoso laboral. Tampoco tienen habilitado ningún buzón ni canal concreto al que dirigir las quejas de esta índole, según ha podido saber este periódico. Cualquier queja se tramita del mismo modo y en ningún caso puede ser anónima, explican.
El protocolo del PP: tres párrafos al acoso sexual
En mayo de 2023, el PP aprobó un "Protocolo de prevención del acoso laboral", en el que incluyeron el acoso moral, sexual, por razón de sexo y discriminatorio. Se trata de un documento de 13 páginas, al que ha tenido acceso infoLibre, que únicamente le dedica tres párrafos al acoso de índole sexual. En ese apartado, diferencian entre "el chantaje sexual" y el "acoso sexual ambiental". El primero lo definen como aquel "producido por un superior jerárquico" que puede tener efectos "sobre el empleo y las condiciones de trabajo" de la persona afectada; el segundo como "toda conducta que crea un entorno laboral discriminatorio, hostil o humillante".
El PP en ningún momento ha querido hacer público este documento, que el partido aseguró que tenía al hilo de la dimisión de Errejón. Pero ante un caso similar dentro de sus filas el protocolo del PP no se aplicaría, porque las denuncias contra Errejón se produjeron fuera del ámbito laboral, en su vida privada. En ese sentido, fuentes de la formación remiten al código ético y de conducta, ratificado y actualizado en 2023, y señalan que "el mayor protocolo está en el Código Penal porque los delitos no se encubren, se denuncian". El propio Feijóo se quejó en su día de que las denuncias contra el exportavoz de Sumar se hicieran a través de redes y no ante la policía.
¿Y cómo se investigan las denuncias? El PP indica que el "procedimiento" se inicia a partir de la denuncia de la víctima de acoso o de algún testigo y que se dirige al departamento de recursos humanos o al Órgano de Cumplimiento Normativo (OCN) a través del canal ético. La denuncia tiene que detallar qué personas están implicadas, el día y la hora que se produjeron los hechos, los posibles testigos y el tipo de conducta denunciada. La encargada de resolverlo y establecer las sanciones, en caso de haberlas, es una Comisión Instructora, formada por tres personas, que crea "un expediente de investigación" que después se traslada a los órganos competentes del partido "con potestad sancionadora", aunque evitan concretar cuáles son y qué consecuencias acarrearían estas conductas.
El protocolo de Vox: acoso en el ámbito laboral y sin denuncias anónimas
En el caso de Vox, los ultraderechistas también cuentan con un protocolo general de 20 páginas "para la prevención y actuación frente al acoso laboral en Vox". En él, al igual que en el del PP, se contemplan otras formas de acoso como el psicológico o el discriminatorio. "No se permitirán ni tolerarán conductas que puedan ser constitutivas de acoso sexual en cualquiera de sus manifestaciones", señala el documento, al que ha tenido acceso infoLibre. La formación de Santiago Abascal define este tipo de acoso como "cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseada que vulnere la dignidad del trabajador, pudiendo crear un entorno laboral hostil o intimidatorio".
En el documento se apunta que el protocolo cubre acciones en el trabajo, en los espacios del mismo o durante desplazamientos vinculados a esa actividad, como viajes, aunque también menciona el "marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación". Esa aplicación al marco laboral de forma exclusiva, igual que sucede con el protocolo del PP, haría que no fuese aplicable a un caso como el de Errejón. Tampoco aplica a Carlos Flores, al que Vox sitúa como número uno en la lista del Congreso por València. El hoy diputado fue condenado por violencia psíquica habitual y más de una veintena de faltas de coacciones e injurias vertidas contra su expareja.
La forma de actuar es similar en el caso de ambas organizaciones, aunque aparece más detallada en el documento de Vox. Si se produce una denuncia, Vox advierte que no será "anónima", pero sí "secreta" y de gestión "confidencial". Así, detallan que es procesada e investigada por una Comisión Instructora compuesta por tres personas: un responsable de Recursos Humanos, un encargado de la comisión de garantías para el cumplimiento normativo, y el coordinador jurídico del partido. Esas últimas competencias las ejercen tanto Jorge Buxadé, vocal de la dirección y eurodiputado, como la responsable jurídica, Marta Castro. Ante una queja, se recoge que la comisión debe reunirse en un plazo máximo de tres días laborables. Se exige una tardanza no mayor a una semana para resolver el caso.
Del alcalde del PP en Algeciras al concejal de Vox en Xàbia
A la hora de la verdad, sin embargo, el protocolo de ambos partidos es mucho más laxo. Tras las denuncias contra el alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, que se remontan a octubre de 2024, los conservadores iniciaron supuestamente una investigación interna de la que nunca se supo el resultado. Es más, en el PP andaluz cerraron filas con Landaluce mientras que Génova miró para otro lado. Las denunciantes relataron cómo Landaluce tocó un pecho a una de ellas sin consentimiento en un acto oficial y sujetó de la mano "y la puso sobre su entrepierna" a otra.
"Nada tenemos que hacer porque nada hay", afirmó meses después el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, dando por zanjado el asunto. Génova, por su parte, se remitió a la postura de los populares andaluces. La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, lo redujo a una "denuncia del Partido Socialista" y aseguró que se trataba de un tema lo suficientemente serio como para hacer política". Es, precisamente, esa denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo lo que ha forzado a Landaluce a suspender "temporalmente" su militancia en el PP, aunque sin renunciar a los cargos institucionales como alcalde y senador.
El alcalde de Algeciras se mantiene en el cargo pero renuncia a la militancia del PP
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Landaluce mantiene su "absoluta inocencia" y el interés en "continuar ejerciendo su derecho a la defensa con todos los medios legales a su alcance". De nuevo, el portavoz del partido en el Parlamento andaluz, Toni Marín, cerró filas con él. "Muchas veces, la mejor estrategia para uno poder defenderse es abandonar el cargo y poder defenderse desde fuera; si lo ha considerado lo adecuado, me parece perfecto", argumentó. Génova, que ha evitado hablar públicamente sobre el caso, no le ha reclamado ni su acta de senador ni tampoco la de concejal, al tiempo que está pidiendo al PSOE que actúe con mayor contundencia.
El PP tampoco movió ficha con el alcalde de Estepona, José María García Urbano. En un auto notificado a las partes el pasado viernes, el juez instructor concluyó que había "indicios suficientes" de que el alcalde esteponero contrató para el Ayuntamiento a una "amiga íntima" que no fue nunca a trabajar, creando una “mera ficción jurídica", precisamente lo que le recrimina el PP al exministro José Luis Ábalos. El regidor enfila ya el banquillo por un delito de malversación, aunque ese el juez archivó la investigación por acoso sexual abierta tras la denuncia de esa misma mujer. Tras ese archivo, la presunta víctima interpuso una denuncia de violencia contra la mujer ante un juzgado de Córdoba. En Génova dieron por buenas sus explicaciones, sin expediente.
Vox tampoco se libra. Su portavoz y único concejal en el Ayuntamiento de Xàbia, José Marcos Pons Devesa, ha recibido denuncias por acoso sexual y hostigamiento por parte de una asesora municipal que trabajaba bajo su supervisión, según publicó el diario Levante-EMV. La empleada, Clara Mengual, renunció a su cargo de confianza antes del verano de 2025, alegando que no podía soportar el hostigamiento diario y las humillaciones. El concejal de Vox se apresuró a negarlo y lo atribuyó a afirmaciones "malintencionadas" con las que se busca dañar tanto su imagen personal como la del partido. Aunque la formación ultra abrió una investigación, según el propio concejal denunciado el órgano interno ha concluido que no existió acoso ni conducta irregular. Eso, sin embargo, no ha impedido que la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, del PP le retirara este viernes las delegaciones y la tenencia de alcaldía "por motivos de ejemplaridad institucional hasta que se esclarezcan los hechos".
