La guerra civil española no se dio solo dentro de nuestras fronteras. Muchos más sufrieron las consecuencias. Los españoles que estaban fuera tuvieron que ver como sus familias pasaban por una guerra que perdió la mayoría de la población. Pero, de los alejados de su tierra, solo unos pocos vivieron la fractura en carne propia: el cuerpo diplomático español. Las embajadas y consulados tuvieron que luchar por la legitimidad internacional de la República, mientras que Franco avanzaba en la península. Ahora, el historiador y columnista de infoLibre Ángel Viñas reconstruye las trayectorias de aquellos diplomáticos que permanecieron leales al Gobierno constitucional, en su nuevo libro Al servicio de la democracia: Los diplomáticos de la República y la factura de la lealtad, que salió a la venta este martes 29.

infoLibre ofrece un fragmento del octavo episodio del libro, que salió a la venta este martes 29, a través de la Editorial Crítica. El autor del mismo es el también historiador y experto en la guerra civil Enrique Moradiellos.

_______________________________

En vísperas de la guerra civil española, las representaciones diplomáticas y consulares de España en Gran Bretaña eran de las más importantes de todas las mantenidas en Europa y en el extranjero (un conjunto de 42 diplomáticas y 152 consulares). Las razones para ello eran evidentes y obedecían a dos factores correlativos e incontestables. Por un lado, un factor de política internacional: durante los años treinta del siglo xx, al igual que desde hacía más de un siglo, el Reino Unido era una gran potencia económica y militar, constituía la metrópoli de un vasto imperio colonial expandido por los cinco continentes y gozaba de una relativa estabilidad social y política en medio de un mundo todavía convulsionado por la Gran Depresión de 1929. Por otro lado, un factor de política interna española: en 1935, un año antes del inicio de la contienda, en términos económicos Gran Bretaña seguía siendo, como casi siempre desde mediados del siglo xix, el primer país importador de productos españoles, uno de los principales proveedores del mercado hispano y la nación con mayores inversiones directas en España.

Además, en el ámbito geoestratégico, era un país fronterizo en virtud del dominio británico del peñón de Gibraltar, base naval principal en la ruta mediterránea desde la metrópoli al canal de Suez y la India y el Extremo Oriente. Y, por último, el Reino Unido era también, junto con Francia, uno de los principales referentes diplomáticos de España desde los lejanos tiempos de la Cuádruple Alianza de 1834 y de los más cercanos de los Acuerdos de Cartagena de 1907. En definitiva, la plaza de Londres, a muy poca distancia de la de París, era uno de los principales centros neurálgicos de la diplomacia española contemporánea y así se demostraría durante toda la guerra civil.

En gran medida por ese carácter central y decisivo, los avatares de la representación española en Gran Bretaña tras la sublevación militar de julio de 1936 fueron un nítido reflejo de lo sucedido en el conjunto del Cuerpo Diplomático y Consular encargado de la representación de los intereses españoles en el exterior. Ante todo, como resultado del estallido de la guerra civil, esa representación sufrió una profunda e irreversible fractura, al igual que todos los órdenes de la administración estatal española y tal y como sucedió en casi todas las embajadas y consulados del exterior. Además, lo sucedido en el Reino Unido no se diferenció básicamente de la tendencia general dominante en esos círculos, puesto que, si bien el bando insurgente ganó la batalla en cuanto a las adhesiones mayoritarias del personal de plantilla, fue sin embargo el bando republicano el que mantuvo la titularidad jurídica de las representaciones, procediendo a sustituir las vacantes causadas por los desafectos con nuevos nombramientos de emergencia. Como recordaría el periodista socialista Julio Álvarez del Vayo, convertido en septiembre de 1936 en ministro de Estado del nuevo gobierno republicano, para entonces «el 90 % del Cuerpo Diplomático había desertado». No era una exageración impostada, como demuestran los estudios básicamente concurrentes de José Luis Pérez Ruiz y Ángel Viñas.

Entre el 18 de julio y el 27 de agosto de 1936, casi todos los diplomáticos de la embajada española en Londres (incluyendo al propio embajador, Julio López Oliván, recién incorporado hacía pocos meses) presentaron la dimisión de sus cargos y, la gran mayoría, pasaron a actuar abiertamente a favor de las autoridades insurgentes. La representación de estas en Gran Bretaña estaba en manos de una Junta Nacionalista dirigida por dos notables exponentes del monarquismo alfonsino: el ingeniero aeronáutico Juan de la Cierva y Codorníu, hijo mayor del político conservador homónimo, y Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, el duque de Alba, muy apreciado en los círculos oficiales y conservadores británicos por su supuesta doble condición de duque de Berwick y par de Inglaterra. Ambos habían participado de manera activa en la trama civil de la conjura antirrepublicana puesta en marcha por el general Mola desde la victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936.

Desde el inicio de la sublevación militar, esa Junta Nacionalista estuvo en contacto directo y confidencial con el embajador, Julio López Oliván, y con sus principales colaboradores: Pedro García-Conde Menéndez, consejero; Fernando Valdés Ybargüen, primer secretario; José Fernández-Villaverde y Roca de Togores, segundo secretario; capitán Manuel Medina Morris, agregado naval; comandante Emilio Velo, adjunto al agregado naval; y Antonio Vidal Tolosana, adjunto al agregado comercial. También establecieron contacto con los representantes insurgentes en Gran Bretaña cuatro de los seis cónsules acreditados en el país: José Gimeno Aznar (Cardiff), Eduardo María Danís Maranges (Glasgow), Ignacio de Muguiro y Muñoz de Baena (Liverpool) y Álvaro Seminario Martínez (Newcastle). Por el contrario, el cónsul general en Londres, Vicente Álvarez-Buylla y Lozana, así como el agregado comercial, Daniel Fernández-Shaw Iturralde, y el cónsul en Southampton, Roger de Fuentes Bustillo y Cueto, se mantuvieron en sus respectivos cargos con plena lealtad al gobierno republicano. También permaneció en el consulado de Liverpool Tomás Bordallo Cañizal, pero jugando «a dos bandas» hasta su cese en julio de 1937.3 El expediente informativo y depurador incoado por las autoridades franquistas con posterioridad reconocería la importancia de las gestiones hostiles de López Oliván y sus ayudantes haciendo constar «la poca actividad, si así puede llamarse, de la embajada en ese período comprendido entre el 18 de julio y el 28 de agosto, que contrasta con la desplegada con posterioridad».

Así pues, en Gran Bretaña, como en tantas otras partes, la defección de la mayoría del personal diplomático y consular acreditado supuso un duro revés para el gobierno republicano y un abierto triunfo para las autoridades insurgentes. No en vano, ese fracaso republicano reduplicaba otras penalidades aún más importantes puesto que, desde el inicio de la guerra, la suerte de las armas en el interior y la búsqueda de apoyos en el exterior se habían decantado decisivamente a favor de los militares insurgentes y en contra de las autoridades republicanas.

En vista de la debilidad gubernamental francesa y de la apenas encubierta simpatía británica por los insurrectos, tanto Hitler como Mussolini habían accedido a prestar un apoyo militar que podría reportarles indudables ventajas político‑estratégicas en el área mediterránea occidental a bajo riesgo y pequeño coste. En esas circunstancias, la adhesión a fines de agosto de 1936 de todos los gobiernos europeos al Acuerdo de No Intervención en España, patrocinado tenazmente por Francia y Gran Bretaña, sentenció la derrota diplomática de la República por un doble motivo. Primeramente, porque supuso su equiparación de facto a los insurgentes en términos operativos y en una cuestión crucial (la posibilidad de adquirir armas y municiones en los mercados continentales, facultad hasta entonces reservada al gobierno legal reconocido internacionalmente). En segundo orden, porque, desde el principio, la forma de aplicación de dicho acuerdo acentuó esa derrota jurídica dando origen a un sistema asimétrico de ayudas e inhibiciones: mientras los restantes gobiernos europeos cumplían estrictamente el compromiso de embargo e impedían el abastecimiento de la República en sus fuentes de suministros bélicos tradicionales (sobre todo los mercados francés y británico), Alemania e Italia (y en menor medida Portugal) continuaron sus envíos encubiertos de armamento para Franco a pesar de las prescripciones del acuerdo.

Precisamente la magnitud de ese descalabro diplomático sufrido, junto con la conciencia de la importancia de Gran Bretaña en el contexto internacional, motivaron a finales de agosto de 1936 una decisión crucial del gobierno de la República: el 29 de agosto solicitó formalmente el plácet de las autoridades británicas para un nuevo titular de su embajada en Londres: Pablo de Azcárate y Flórez (Madrid, 1890 – Ginebra, 1971).

La aceptación por parte de Azcárate de su nombramiento supuso una gran sorpresa en los círculos diplomáticos continentales porque el recién designado embajador era uno de los más notables funcionarios internacionales españoles en Ginebra y ejercía desde 1934 el influyente cargo de secretario general adjunto de la Sociedad de Naciones (segundo puesto ejecutivo de importancia en el organismo internacional, al que hubo de renunciar de inmediato). Sin embargo, la decisión de los gobernantes españoles respondía a una indudable coherencia política y diplomática: el nuevo y reputado representante de la República en Gran Bretaña iba a ser un genuino exponente de la tradición liberal krausista que había servido a los ideales políticos del republicanismo democrático. Así lo acreditaban los antecedentes familiares del embajador (sobrino de Gumersindo de Azcárate), su formación académica (discípulo de Francisco Giner de los Ríos en la Institución Libre de Enseñanza), su categoría intelectual (catedrático de Derecho Administrativo desde los veintitrés años) y su doble y dilatada experiencia política (diputado por el Partido Reformista en 1918) y administrativa (funcionario de la Sociedad de Naciones desde 1922).

Por supuesto, la decisión del gobierno republicano al nombrar a Pablo de Azcárate como nuevo embajador en Londres, tomada en una coyuntura realmente crítica y dramática, estaba basada en un certero cálculo político y diplomático: la esperanza de que su reconocido prestigio y talante liberal podrían contribuir a paliar el efecto dañino de las deserciones y dimisiones producidas, a la par que reforzaría la imagen democrática de la España republicana y evitaría el supuesto deseo oficial británico de negar el plácet a un nuevo embajador (para reducir así la representación republicana en el país y amortiguar la ausencia de representación formal insurgente). El 31 de agosto de 1936, López Oliván prestó su último servicio encubierto a los insurgentes advirtiendo al Foreign Office que su sucesor en el cargo era «una personalidad destacada y sincera con bastante tendencia hacia el comunismo teorético». Pocos días después, para ayudar a Azcárate en su labor, fueron nombrados los restantes cargos diplomáticos vacantes: Antonio de la Cruz Marín (ministro‑consejero), el comandante Fernando Navarro Capdevila (agregado naval) y el escritor Antonio Ramos Oliveira (agregado de prensa y propaganda). De este modo, tras la llegada del embajador y su nuevo equipo a mediados de septiembre de 1936, la República comenzó a desarrollar una intensa actividad política y diplomática en Gran Bretaña, de la que había carecido en las transcendentales semanas previas.

En sus memorias publicadas póstumamente en 1976, Azcárate describió con precisión los dos objetivos prioritarios de su misión diplomática en Gran Bretaña durante toda la guerra civil: «ganar para la república el mayor apoyo y comprensión posible entre las clases conservadoras inglesas que eran las que en aquel momento gobernaban el país»; y a la par, «extender todo lo posible, dentro del mundo político y social de Inglaterra, y particularmente de Londres, la simpatía y el apoyo moral hacia la causa de la república». Para alcanzar ambos fines, la actuación política y diplomática del embajador se concentró en «dos puntos fundamentales» que recapitularía casi al final del conflicto con las siguientes palabras:

a) Hacer patente la realidad y extensión de la intervención italiana y alemana en favor de los rebeldes; mostrar que lo que está ocurriendo en España es resultado del designio de esas dos potencias de dominar políticamente a España; subrayar los inmensos peligros que esto representa para Inglaterra en el caso de un triunfo de los rebeldes.

b) Destruir la idea de que la república era el comunismo y el bolchevismo en acción; demostrar la inexistencia del influjo decisivo y preponderante de la URSS en la política republicana; sacar el máximo partido de los inmensos progresos realizados por la república, no solo en el orden militar, sino en la reconstitución de toda su vida civil.

Ciertamente, la labor de Azcárate se atuvo a esas directrices con notable constancia y coherencia durante toda la guerra, tratando de lograr el «apoyo y comprensión» de las autoridades conservadoras británicas y la simpatía y solidaridad de las restantes fuerzas políticas y sociales del Reino Unido. Sin embargo, si bien sus éxitos serían considerables en la realización de este segundo objetivo, no puede decirse lo mismo respecto del primero. Hasta el mismo final de la contienda, los círculos gubernamentales británicos preservaron intacto su compromiso de no intervención incondicional y rechazaron con mayor o menor frialdad las tentativas republicanas de aproximación y búsqueda de un apoyo moral o material. De hecho, la pretensión de Azcárate representaba un ideal de muy difícil realización, una misión casi imposible habida cuenta de los fundamentos y propósitos de la política exterior  británica frente a la crítica coyuntura de los años treinta en Europa y el mundo.

La política neutralista del gobierno conservador británico ante el conflicto español estuvo determinada desde el primer momento por dos motivos esenciales y complementarios que se reforzaban mutuamente. En primer lugar, los gobernantes del Reino Unido abrigaban la convicción de que España, desde las elecciones de febrero de 1936, estaba inmersa en una crisis similar a la de Rusia en 1917 y creían que dicha crisis había desembocado en un choque frontal entre un Ejército meramente contrarrevolucionario y unas milicias obreras revolucionarias a las que servía de pantalla legitimadora un impotente gobierno reformista. Así lo habían advertido los diplomáticos británicos residentes en el país desde los primeros días de la sublevación: «La verdad sobre España era que hoy no existía ningún Gobierno. De un lado estaban actuando las fuerzas militares y de otro se les oponía un Soviet virtual» (21 de julio). Esa naturaleza subversiva real —ya que no formal— del bando republicano vedaba de facto cualquier ayuda directa o indirecta británica al gobierno español y hacía preferible la victoria, cuanto primero mejor, de las fuerzas militares insurgentes para salvaguardar el orden y la propiedad en España (incluyendo las cuantiosas inversiones británicas en el país y la seguridad de la base naval de Gibraltar).

El segundo motivo de esa neutralidad absoluta e incondicional radicaba en la política general de apaciguamiento (Appeasement Policy) en Europa practicada por Gran Bretaña desde el inicio de la grave crisis económica de 1929. El objetivo esencial de dicha política consistía en evitar cualquier nuevo conflicto entre el extenso y disperso Imperio británico y las tres potencias revisionistas del statu quo que amenazaban su seguridad: Japón en el Extremo Oriente, la Alemania nazi en Europa central e Italia en el Mediterráneo. Aterrados por la sangría humana y económica de la primera guerra mundial, los gobernantes británicos pretendían negociar con esas potencias reajustes en el statu quo como mal menor siempre preferible a una nueva confrontación general. La aguda conciencia de vulnerabilidad estratégica, debilidad económica y desventaja diplomática respecto a 1914‑1918 (ya no cabía contar con la ayuda de Estados Unidos, replegados en el aislacionismo, ni de Rusia, convertida en una amenazante Unión Soviética) aconsejaba transitar la vía del apaciguamiento de Italia (la potencia más débil) y Alemania (la más cercana y poderosa) para evitar así su potencial confluencia hostil. No en vano, los dirigentes británicos creían que incluso si esa guerra pudiera ser librada y ganada (con ayuda de una debilitada Francia), también provocaría irreversibles pérdidas para la posición económica, militar e imperial del Reino Unido. Sin excluir, además, las posibilidades que se abrirían con el conflicto bélico a la expansión del comunismo y la revolución por todo el mundo (propósito atribuido en Londres a los dirigentes soviéticos a pesar de su reciente política de cooperación con las democracias iniciada en 1934).

Habida cuenta de las sólidas razones de esa política de apaciguamiento y de la interpretación oficial sobre la crisis española, no resulta sorprendente que las esforzadas tentativas de Azcárate apenas lograran modificar la actitud gubernamental británica. Entre otras cosas, porque la política de no intervención británica en la guerra española constituía en realidad la aplicación regional y específica de su política general de apaciguamiento en Europa y se acoplaría sistemáticamente a los parámetros establecidos por dicha política hasta su mismo desplome en vísperas de la segunda guerra mundial. Por eso, de nada servían frente a ese fundamento las reiteradas denuncias de Azcárate sobre los peligros de la intervención italogermana o las repetidas garantías de contención del comunismo y voluntad de independencia de la República respecto a la URSS (cuyo crucial apoyo militar comenzó a llegar en octubre de 1936). En esencia, los gobernantes británicos consideraron que esa intervención de Italia y Alemania, aparte de favorecer el deseable triunfo de un bando contrarrevolucionario, no pondría en cuestión a largo plazo los intereses políticos, estratégicos y económicos del Reino Unido en España. No en vano, los hipotéticos riesgos al respecto siempre podrían contrarrestarse por los abrumadores recursos disponibles en caso de emergencia: el poder de atracción de la libra esterlina para encabezar (o frustrar) la necesaria reconstrucción económica posbélica española; y el poder de disuasión de la flamante Royal Navy, con capacidad dual para bloquear y estrangular las costas y archipiélagos españoles o para protegerlas y garantizar sus comunicaciones internas y externas. Mientras llegaba el momento de poner en práctica ambos recursos (el clásico dúo conocido como the carrot and the stick: el palo y la zanahoria), el Acuerdo de No Intervención y su Comité correspondiente establecido en Londres permitían salvaguardar los principales objetivos diplomáticos británicos en el conflicto: confinar la lucha dentro de España y, a la par, refrenar la intervención del aliado francés en apoyo a la República, evitar el alineamiento con la Unión Soviética y eludir el enfrentamiento con Italia y Alemania por su apoyo a Franco. Así lo había definido muy tempranamente el anciano primer ministro, Stanley Baldwin, en su única directriz política a su joven secretario del Foreign Office, Anthony Eden: «De ningún modo, con independencia de lo que haga Francia o cualquier otro país [léase: Italia o Alemania], debe meternos en la lucha al lado de los rusos».

La llegada de Azcárate a Londres como embajador (tomó posesión de su cargo el 13 de septiembre de 1936) coincidió con la primera protesta del gobierno republicano ante su homólogo británico contra los dañinos efectos que el Acuerdo de No Intervención estaba causando a su esfuerzo bélico. El gabinete de Giral había aceptado a regañadientes las cláusulas de dicho acuerdo plegándose al requerimiento de las autoridades francesas y como supuesto mal menor para atajar el apoyo italogermano a los insurgentes. Sin embargo, desde principios de septiembre de 1936, en vista de su fracaso para lograr ese fin primordial, el nuevo gobierno frentepopulista presidido por Francisco Largo Caballero comenzó a exigir su anulación y la restitución de su derecho exclusivo a comprar armas en los mercados continentales. Pero la fuerza de su argumentación legal no lograría modificar la actitud oficial británica ya cristalizada. El funcionario encargado de los asuntos españoles en el Foreign Office reconoció en privado el 10 de septiembre:

... las consecuencias políticas de conceder al gobierno legal las facilidades que indudablemente le corresponden habrían sido demasiado graves para exponerse a ellas. Varios gobiernos de países pequeños han apreciado que «No Intervención», de hecho, significa denegar al gobierno legítimo los medios para combatir una rebelión.

Corroborando ese juicio, sir George Mounsey, subsecretario adjunto encargado de Europa occidental, apuntó igualmente los motivos que habían dictado el desahucio del gobierno republicano y la preferencia furtiva por la victoria insurgente:

Aunque es verdad que desde un punto de vista legal el gobierno español tiene razón, es innegable que, de hecho, si bien no en teoría, se trata de un gobierno que había dejado de gobernar desde mucho antes del inicio de esta rebelión. Lo único que hacían era ceder constantemente a las demandas extremistas de una clase obrera desenfrenada, y eran incapaces de mantener el orden a menos que satisficieran esas demandas. Además, no fue un estímulo para que las potencias civilizadas ayudasen al gobierno español el hecho de que este, cuando estalló la rebelión, procediese inmediatamente a armar a todos los obreros y chusma, incluyendo a jóvenes irresponsables, con las consecuencias que estamos viendo: brutalidades salvajes y contrarrepresalias.

Azcárate pudo comprobar pronto las insuperables dificultades con que se enfrentaba en los ámbitos oficiales británicos. El 21 de septiembre tuvo su primer contacto formal de envergadura. En aquella ocasión, expuso ante lord Cranborne, subsecretario parlamentario del Foreign Office, los fines de su misión en Londres:

... eliminar los malentendidos con respecto al carácter del gobierno español y, si es posible, inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención y ejercer su influencia contra los rebeldes.

El juicio reservado anotado en el Foreign Office sobre esa declaración de intenciones refleja la honda desconfianza británica hacia la causa de la República y la naturaleza casi imposible del objetivo diplomático del embajador:

El señor Azcárate pronto se dará cuenta de que no hay ninguna esperanza de que pueda inducir al gobierno de Su Majestad a revocar su política de no intervención para tomar partido por el gobierno español.

El embajador reiteró infructuosamente sus argumentos ante el propio Anthony Eden, titular del Foreign Office, el 15 de octubre, en su primera entrevista oficial. Para entonces, la decisión soviética de apoyar militarmente a la República había acentuado las prevenciones británicas respecto a la naturaleza revolucionaria del bando gubernamental. De igual modo, había hecho más urgente para Londres la preservación del confinamiento del conflicto logrado por la no intervención, a fin de evitar todo alineamiento con la URSS, atajar cualquier posible enfrentamiento con Italia y Alemania, y posibilitar así la ejecución inalterada de la política de apaciguamiento en curso. Azcárate trató de apaciguar esos temores y modificar esa neutralidad incondicional. Durante los meses de octubre y noviembre de 1936 repitió en varias ocasiones a Eden y Cranborne que la República luchaba por preservar un régimen democrático sin veleidades revolucionarias ni dependencia de la URSS. También insistió en que el recurso de la República a la ayuda soviética era «su última carta» para evitar la inminente derrota militar y estaba motivado por la ausencia de apoyo directo anglo‑francés. Sir Robert Vansittart, subsecretario permanente del Foreign Office, anotaría la siguiente impresión sobre las reiteradas gestiones del embajador negando el carácter revolucionario de la causa republicana:

Es inútil que el señor Azcárate recolecte información para desmentir la acusación de actividades de la Comintern en España antes de la insurrección. Las hubo en abundancia y a gran escala.

Significativamente, los contactos del embajador con las autoridades británicas quedaron reducidos durante la guerra a aquellos cargos oficiales a los que tenía acceso potencial en virtud de su condición de legítimo representante diplomático acreditado. Azcárate señala en sus memorias que nunca tuvo oportunidad, ocasión o invitación para entrevistarse con el premier del Reino Unido:

Ni con Stanley Baldwin, primer ministro durante los primeros meses de mi misión, ni con su sucesor, Neville Chamberlain (primer ministro desde mayo de 1937), tuve ninguna clase de contacto, ni relación oficial ni personal.

El embajador también subraya que esa falta de relaciones no era privativa de los medios oficiales no estrictamente diplomáticos, sino que se extendió en gran medida por todo el ámbito político conservador británico. Al respecto, es ilustrativa una anécdota relatada en sus memorias y relativa a uno de los más prestigiosos parlamentarios y exministros del Partido Conservador, Winston Churchill:

Un signo inequívoco de esto lo tuve en el incidente que se produjo a los pocos días de mi llegada a Londres, cuando, al final de uno de los innumerables banquetes a que tiene que asistir un embajador en Inglaterra, lord Cecil of Chelwood, a quien me unían lazos de respetuosa amistad creados en la Sociedad de Naciones, intentó presentarme a Winston Churchill; al oír que se trataba del embajador de España, rojo de ira y sin estrechar la mano que yo instintivamente le tendía, Churchill declaró que no quería tener relación alguna conmigo y se alejó murmurando entre dientes: «sangre, sangre...».

Ambos hechos no pueden ser más reveladores de la deliberada voluntad oficial británica de marcar distancias con el representante de un gobierno sospechoso y perturbador. Así lo demuestra, por otra parte, la facilidad con la que paralelamente el duque de Alba logró acceso a las más altas instancias políticas y oficiales de Gran Bretaña, a pesar de su condición de representante informal de las autoridades insurgentes (estatuto oficializado en noviembre de 1937). Entre otros interlocutores de Alba en distintas reuniones privadas o fiestas sociales de la aristocracia cabe mencionar al propio rey Jorge VI, a Neville Chamberlain y a un amplio abanico de ministros, exministros, diputados y lores del mundo político y social del conservadurismo británico de la época.

El Gobierno danés considera la reunión de la próxima semana con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, como una buena noticia y un avance en la vía del diálogo, según informa EFE.

"Este es el diálogo que es necesario y que el Gobierno ha pedido, junto con el Ejecutivo groenlandés", dijo este jueves a la televisión pública danesa DR el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya reiterado en los últimos días su interés por hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

Rubio confirmó este miércoles en el Capitolio que se reunirá la semana que viene en Washington con la diplomacia danesa, una entrevista que su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, había solicitado dos días atrás y en la que también estará presente la consejera groenlandesa para Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt. "Creo que es una noticia muy buena, porque muestra que ahora tendremos la posibilidad de hablar directamente juntos en vez de hacerlo a través de los medios", afirmó Poulsen.

La Casa Blanca había insistido el miércoles en que la diplomacia es la primera opción de Trump para tomar el control de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar, sobre la que han especulado últimamente tanto él como otras personas de su Administración. El vicepresidente del país norteamericano, JD Vance, advirtió de que si Europa "no se toma en serio la seguridad de ese territorio" su país "tendrá que tomar medidas al respecto".

Rasmussen había afirmado un día antes que Dinamarca no puede acceder a la petición estadounidense de darle Groenlandia, por lo que pidió "respeto" para lo que considera una "línea roja".

Dinamarca y Groenlandia han recibido en los últimos días el apoyo expreso de varios países europeos, reiterado de nuevo ayer por los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia (en el formato del llamado Triángulo de Weimar).

"Groenlandia no está en venta y no se compra", subrayó el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Barrot insistió en que "Dinamarca puede contar con la solidaridad de la Unión Europea", tras recordar que Francia ha iniciado "reflexiones" que tiene intención de compartir con sus socios comunitarios, sobre la forma de defender sus intereses "si estuvieran amenazados", en una alusión directa a las manifestaciones de Trump.

El titular de Exteriores francés añadió que se trataría de poner en pie un dispositivo "para disuadir cualquier forma de amenaza a sus intereses", pero evitó hablar de "represalias", como lo había hecho horas antes cuando anunció esa iniciativa.

Groenlandia tiene una población de unos 57.000 habitantes en un territorio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados (el 80 % cubierto de hielo de forma permanente) y depende de los ingresos de la pesca y de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.

La diplomática, en Netflix, se está convirtiendo en la mejor serie profesional de los últimos años, en la mejor serie política y en una de las mejores sobre una pareja. Recientemente estrenada su tercera temporada, se demuestra que no solo mantiene el nivel con el que deslumbró en su estreno, sino que crece robusta.

La diplomática sigue la vida de Kate Wyler, embajadora de Estados Unidos en Londres. Keri Russell encarna a la aguerrida funcionaria capaz de enfrentarse a las crisis más delicadas que ponen en riesgo los equilibrios mundiales.

El personaje es dúctil, razonable, infatigable y creativo en la lucha por alejar al mundo de guerras y crisis a menudo creadas por sus jefes, su propio presidente y los demás líderes mundiales.

La interpretación de Keri Russell le añade su encanto innato y una comedia física deliciosa. Russell comenzó su carrera adolescente como bailarina además de como actriz y en este personaje algo muy sutil en su forma de moverse presta su ligereza a unos sofisticados diálogos.

No hace falta desvelar los entretenidísimos giros que esconde esta temporada, pero se mantiene uno de los pilares más gozosos de la serie. La conflictiva relación entre los componentes de un matrimonio en crisis.

El personaje de Kate está casado con Hal Wyler, también diplomático, antiguo embajador en Líbano e Irak. Ambos comparten una pasión desbordada por su trabajo, un conocimiento profundo de las relaciones internacionales o una dedicación laboral de siete días a la semana y veinticuatro horas al día. 

Hal es sin embargo un escorpión y en su naturaleza siempre va a estar utilizar su venenoso aguijón. Kate lo sabe, lo sufre en primera persona y no lo soporta. Pero eso no le impide reconocer el talento de su esposo y la originalidad de sus soluciones.

Una pareja que se ama y se odia, que se respeta y se sabotea, que se admira y se menosprecia hasta el punto de crear una codependencia insana no es una pareja que se vea en televisión todos los días y es una pareja espectacular. Fuegos artificiales que deslumbran y queman.

El británico Rufus Sewell da la réplica a Russell con una actuación con luz y también con un toque de humor en su mirada que le sirve para su lado de pícaro encantador y para el villano. 

Todo sin duda gracias a la creadora y guionista Debora Cahn. “Creo que Debora Cahn es un tesoro nacional”, dice de ella su actriz principal, Keri Russell. La mente tras la serie está avalada por una carrera sin mácula, en la que se encuentra su debut nada menos que en El ala oeste de la Casa Blanca, donde ya ascendió de guionista a productora.

Entre otros trabajos a la altura fue la principal responsable de las dos brillantes temporadas finales de Homeland. Sirvan estos dos empleos como ejemplo de su capacidad para escribir sobre política y relaciones internacionales, además de desarrollar personajes apasionantes.

Cahn tiene lo que hay que tener para mantener una serie excelente en su mejor nivel durante varias temporadas. Ya está firmada la cuarta, que se empezará a rodar en breve pero no podrá verse hasta dentro de aproximadamente un año.

Como serie profesional, Cahn reivindica la labor de los servidores públicos de la diplomacia que dan lo mejor de si en contextos muy delicados. La serie no es tan utópica como El ala oeste, pero combina cierto cinismo con una mirada idealista en cuanto a una alta administración llena de profesionales con talento y vocación.

No solo la embajadora, varios de los empleados de la delegación son protagonistas también de la serie y a todos se trata con respeto intelectual, desde al ama de llaves hasta a la delegada de la CIA.

En cambio, arriba, en la cumbre, políticos y políticas inestables, frívolos, ineficaces. Por la parte americana, el reparto vuelve a reunir a dos de los más queridos personajes de El ala oeste. Quienes allí eran C.J., la actriz Allison Janney, y Josh, el actor Bradley Whitford se unen al reparto. Además como otra pareja con su lado disfuncional.

Por el lado de la serie política, las crisis que se retratan no pueden pretender reflejar el mundo surrealista en el que nos movemos. Presentan los hechos verosímiles en una situación política imaginaria pero que se hace creíble.

Y como serie de pareja se introduce una dialéctica feroz que recuerda a algunas de las mejores comedias del Hollywood clásico. Especialmente a Luna Nueva, de 1940, de Howard Hawks, en la que una pareja de periodistas se atraen y traicionan y a La costilla de Adán, de 1949. 

Esta película de George Cukor, escrita por Garson Kanin y la además memorable actriz Ruth Gordon, lograba una cumbre de la lucha de sexos con el conflicto entre una pareja de abogados en torno a un caso de violencia conyugal, con lo que el problema se abordaba por partida doble.

La diplomática bebe de los tres tipos de argumentos, los de oficina, los políticos y los de pareja y los combina en una forma inteligente, sin renunciar ni a la gravedad ni a la efervescencia, porque nadie dijo que salvar el mundo desde un despacho tuviera que ser aburrido.

La COP de Belém ha comenzado este noviembre de 2025 en un clima de escepticismo generalizado y con un tono mucho más bajo que en el pasado. La sensación dominante es que la emergencia climática, pese a su creciente gravedad, ha sido relegada a un segundo plano por la coyuntura geopolítica. Las tensiones internacionales, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el auge del nacionalismo económico están reconfigurando las prioridades globales. El planeta se calienta, pero la política climática se enfría.

La cita de Belém, celebrada en pleno corazón de la Amazonia, pretendía ser simbólicamente potente, una COP que tiene lugar en el mayor pulmón verde del planeta, en un momento en que la deforestación, las sequías y los incendios avanzan a un ritmo sin precedentes. Sin embargo, no parece que el simbolismo esté siendo suficiente para reavivar el compromiso político. Apenas la mitad de los jefes de Estado han acudido. Ni China, ni India, ni Estados Unidos, los tres países responsables de más del 50% de las emisiones globales, están representados por sus líderes. La ausencia de las grandes potencias marca un precedente preocupante puesto que, poco a poco, se consolida una dinámica en la que el liderazgo climático internacional se diluye.

El regreso de Trump a la Casa Blanca ha tenido un efecto dominó. Su decisión de revisar los compromisos de descarbonización y de recortar la financiación a los fondos climáticos internacionales ha generado un vacío de poder que ni la Unión Europea ni las economías emergentes han sabido llenar. La diplomacia climática, antaño un espacio de cooperación global, hoy se percibe como un escenario de desconfianza. Las alianzas se han fragmentado, las prioridades se han replegado y los acuerdos se perciben más como gestos simbólicos que como compromisos reales.

El resultado de esta desarticulación se refleja con crudeza en los datos. De los cien países que han presentado sus nuevos planes de reducción de emisiones, solo dos, Reino Unido y Noruega, cumplen con la trayectoria compatible con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. El resto, incluida la mayoría de las economías desarrolladas, se mantiene muy por debajo de los compromisos necesarios. La sensación de estancamiento es generalizada. El “punto de partida” que representó el Acuerdo de París en 2015 parece hoy un recuerdo lejano, y no una meta en la que avanzar.

En los últimos tres años, la agenda climática global ha sufrido un proceso de ralentización evidente. La guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Próximo y la competencia estratégica entre China y Estados Unidos han ocupado el centro del tablero internacional, desplazando el debate climático. El auge de la economía fósil, impulsado por la búsqueda de seguridad energética, y la expansión del carbón en Asia son síntomas de una regresión silenciosa.

Mientras tanto, el planeta sigue acumulando récords negativos. 2024 fue el año más cálido desde que existen registros, y 2025 apunta a superarlo. En el Mediterráneo, las olas de calor han vuelto a ser devastadoras; América Latina sufre sequías prolongadas; y en África, las crisis alimentarias se agravan por la escasez de agua. Todo ello sin que la arquitectura global de gobernanza climática logre articular respuestas eficaces.

En este contexto, la COP de Belém corre el riesgo de ser recordada como una cumbre de bajo perfil. Durante las próximas dos semanas, el éxito se medirá no por acuerdos ambiciosos, sino por la mera posibilidad de alcanzar una posición común. Si logra aprobar un plan de mitigación y retomar los mecanismos de financiación para la adaptación y la pérdida y el daño, se considerará un avance. Pero, en comparación con las expectativas que generaron las primeras cumbres de la década, el listón ha bajado de forma dramática.

La Unión Europea, que en otro momento lideró la acción climática global, llega a Belém en un estado de repliegue. La aprobación del Pacto Verde Europeo (Green Deal) y del paquete Fit for 55 marcaron un hito histórico al integrar la sostenibilidad en la política económica comunitaria. Sin embargo, la ambición inicial se ha visto erosionada por el miedo a perder competitividad frente a Estados Unidos y China, el malestar social ante los costes de la transición y el ascenso de las derechas reaccionarias en varios países miembros.

Las elecciones europeas de 2024 confirmaron esta deriva. El aumento de la presencia de las fuerzas negacionistas en el Parlamento y en el Consejo europeos ha provocado un cambio en la agencia verde. El resultado es una pérdida de impulso en la política climática europea justo cuando más liderazgo se necesita. Bruselas llega a Belém sin una narrativa fuerte ni una propuesta de acción común. En lugar de reforzar el carácter estratégico del Green Deal, que no solo es una agenda ambiental, sino también económica, tecnológica y geopolítica, el debate se ha reducido a cálculos cortoplacistas y ajustes nacionales.

Y, sin embargo, la transición verde sigue siendo la gran oportunidad europea. Invertir en energías limpias, reindustrializar el continente sobre bases sostenibles y reducir la dependencia energética externa son pasos clave para fortalecer la autonomía estratégica de la UE. Renunciar a esa visión sería no solo un error ecológico, sino también geopolítico. La UE necesita recordar que su liderazgo climático es también una herramienta de poder blando, de influencia y de cohesión interna.

En Belém, la distancia entre la retórica y la realidad vuelve a hacerse evidente. Los discursos apelan al sentido de urgencia, pero los compromisos concretos brillan por su ausencia. Las negociaciones avanzan lentamente, atrapadas entre la falta de voluntad política y los intereses económicos contrapuestos. La diplomacia climática no ha desaparecido, pero se ha vuelto defensiva, su objetivo ya no es avanzar, sino evitar retrocesos.

La paradoja es que, mientras los gobiernos titubean, las sociedades y las economías están transformándose por sí mismas. Las empresas invierten en renovables, las ciudades implementan estrategias de adaptación, y los movimientos sociales siguen empujando desde abajo. Pero sin un marco político global coherente, estos esfuerzos dispersos resultan insuficientes para frenar el calentamiento.

Belém debía ser un punto de inflexión, el momento de reactivar el espíritu del Acuerdo de París. Sin embargo, todo indica que será recordada más bien como un ejercicio de contención: evitar el colapso total del proceso multilateral. Las tensiones entre Norte y Sur global, el desacuerdo sobre la financiación y la falta de confianza entre bloques amenazan con bloquear cualquier avance significativo.

La emergencia climática no entiende de calendarios electorales ni de ciclos económicos. El calentamiento avanza con una inercia implacable. La Amazonia, el epicentro simbólico y físico de esta cumbre, sigue perdiendo superficie forestal a pesar de los esfuerzos de Brasil por revertir la tendencia. El planeta se acerca peligrosamente a puntos de no retorno que harán cada vez más difícil contener los impactos del cambio climático.

Frente a ello, la falta de ambición política es una forma de irresponsabilidad histórica. No se trata solo de proteger ecosistemas o cumplir metas de emisiones, lo que está en juego es mucho más y esto incluye la estabilidad económica, la seguridad alimentaria, la salud y la cohesión social. El clima no es un asunto sectorial; es la base sobre la que se asientan todas las demás políticas.

Belém 2025 nos deja, por ahora, un mensaje incómodo, aquel que muestra un mundo que parece estar resignado a vivir en crisis permanente. Pero la crisis climática no admite treguas. La humanidad comparte un destino común, y cada retraso en la acción hace que la transición sea más costosa y más injusta. Si algo debería recordarnos esta cumbre es que el tiempo político y el tiempo climático ya no coinciden. Y que, si seguimos esperando el momento “adecuado” para actuar, pronto descubriremos que ese momento ha pasado.

____________________________

Ruth Ferrero-Turrión es doctora internacional por la UCM y MPhil en Estudios de Europa del Este (UNED). Profesora de Ciencia Política en la UCM.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha bromeado respecto a las discrepancias con España en relación al gasto en defensa durante su discurso final en la cumbre de paz celebrada este lunes en Egipto, cuando ha preguntado a Pedro Sánchez, si "está trabajando ya en ello".

En mitad de un largo discurso en el que Trump ha felicitado uno por uno a los líderes que han asistido a la reunión por su papel para acercar la paz en Oriente Medio, el mandatario estadounidense se ha referido de forma ligera y en claro tono amistoso a España y sus recientes declaraciones sobre la conveniencia de expulsar al país de la OTAN por su falta de compromiso a la hora de invertir en defensa.

Antes, Sánchez y Trump han protagonizado este lunes un saludo cordial acompañado de sonrisas de ambos en la ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza.

Trump llegó con bastante retraso a la cumbre en la ciudad egipcia de Sharm El Sheij, y antes de la foto de familia y la firma del plan de paz, saludó uno a uno a los líderes asistentes al evento.

Cuatro días después de que planteara la salida de España de la OTAN, el presidente estadounidense esperó con una sonrisa a Sánchez, ambos estrecharon sus manos y el presidente del Gobierno español devolvió también la sonrisa mientras intercambiaban un breve comentario.

Mientras posaban para los informadores gráficos, Trump, al igual que hizo con otros líderes, dio un ligero tirón del brazo de Sánchez, y el jefe del Ejecutivo posó brevemente su mano sobre la espalda del presidente estadounidense.

Trump organizó la cumbre junto al presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi, y Sánchez acudió a ella entre la treintena de líderes y dirigentes de organizaciones internacionales invitados.

Después de que Trump planteara la salida de España de la OTAN, el Gobierno español aseguró que está muy tranquilo porque España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN, y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como Estados Unidos.

El saludo en Egipto es el primero entre ambos desde que el presidente estadounidense llegó por segunda vez el pasado mes de enero a la Casa Blanca.

Desde entonces han coincidido en la cumbre de la OTAN de La Haya celebrada en junio pasado, pero no hubo entonces ningún saludo entre ellos.

En esa cumbre España fue el único país de la Alianza que no se comprometió a un gasto en defensa del 5% del PIB, lo que provocó las críticas del presidente estadounidense.

Sánchez estuvo presente en septiembre en Nueva York en la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde Trump tomó la palabra, pero no asistió a la tradicional recepción que con este motivo ofrece el presidente de Estados Unidos a los líderes presentes en ese foro.

Fue el rey Felipe VI quien encabezó este año la delegación española y, por tanto, fue él quien acudió a la recepción de Trump y su esposa, Melania.

Sánchez y Trump sí mantuvieron una conversación telefónica en noviembre pasado, tras las elecciones en Estados Unidos y antes del relevo en la Casa Blanca, en la que el jefe del Gobierno le felicitó por su triunfo y aseguró que los dos países seguirían trabajando juntos para hacer frente a los desafíos globales.

El ministro británico de Exteriores, David Lammy, denunció este domingo que las autoridades israelíes detuvieron e impidieron la entrada a dos diputadas del Reino Unido que formaban parte de una delegación parlamentaria a ese país, según informa EFE.

"Es inaceptable, contraproducente y profundamente preocupante que las autoridades israelíes hayan detenido y rechazado su entrada a dos diputadas británicas de una delegación parlamentaria a Israel", dijo Lammy, según un comunicado del Foreign Office.

Aunque el ministro no identificó a los implicados, se trata de las diputadas laboristas Yuan Yang y Abtisam Mohamed, ambas elegidas por primera vez para la Cámara de los Comunes (baja) en los comicios del pasado julio.

El jefe de la diplomacia británica aseguró haber "dejado claro" a sus contrapartes en el Gobierno israelí que "esto no es manera de tratar a parlamentarios británicos".

Londres ha mantenido el contacto con ambas diputadas durante la noche para ofrecerles apoyo, que también recibieron por parte del personal consular de la Embajada del Reino Unido en Tel Aviv.

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, Yang y Mohamed se mostraron "espantadas" ante el "paso sin precedentes" dado por Israel de impedirles la entrada y la visita que tenían prevista a la Cisjordania ocupada.

"Es vital que los parlamentarios sean capaces de testimoniar en primera persona la situación en los territorios palestinos ocupados", señalaron.

Asimismo reivindicaron que los legisladores puedan expresarse con libertad en la Cámara de los Comunes "sin temor de convertirse en un objetivo".

Yang y Mohamed explicaron que su viaje dentro de una delegación parlamentaria tenía la intención de visitar proyectos de ayuda humanitaria a comunidades en Cisjordania junto a ONG británicas con más de un década de experiencia en este tipo de viajes con diputados. 

"El Gobierno del Reino Unido sigue centrado en conseguir una vuelta del alto el fuego y las negociaciones para detener el derramamiento de sangre, liberar los rehenes y poner fin al conflicto en Gaza", agregó Lammy.

La líder de la oposición británica, la conservadora Kemi Badenoch, dijo en una entrevista en la BBC "no estar sorprendida" por la detención y reivindicó el derecho de cada país a "controlar sus fronteras, que es lo que está haciendo Israel".

Estas palabras suscitaron la reacción del propio Lammy a través de su cuenta en la red social X, donde calificó de "vergonzosa" la posición de Badenoch.

"Es vergonzoso que estés animando a que otro país detenga y deporte a dos diputadas británicas. ¿Dirías lo mismo con los diputados 'tories' vetados de China?", escribió el ministro de Exteriores.

Lammy añadió que su gobierno "seguirá defendiendo los derechos de nuestros diputados a decir su opinión, al margen de cuál sea su partido".

El ministerio de Exteriores de Israel anunció este domingo el cierre de su embajada en Dublín, después de que la semana pasada Irlanda anunciase que se unirá a la demanda sudafricana contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por genocidio en Gaza, según informa EFE.

"Irlanda ha cruzado todas las líneas rojas en su relación con Israel", dijo hoy en un comunicado el nuevo ministro de Exteriores, Gideon Saar, que calificó de "antisemita" las acciones y la retórica utilizadas por Irlanda.

"La decisión de cerrar la Embajada de Israel en Dublín se tomó en vista de la extrema política antiisraelí del Gobierno irlandés", añade el texto, que explica que Israel priorizá las relaciones bilaterales con los países del mundo en función de la actitud que adopten hacia él.

En el comunicado, Saar anunció, por otro lado, la apertura planeada para este 2025 de una embajada israelí en Chisinau, capital de Moldavia, donde dijo que se encontraban en la búsqueda de un edificio adecuado para la legación, así como en el procedimiento para nombrar un embajador israelí.

“Las relaciones entre Israel y Moldavia son amistosas y ambos países están interesados ​​en ampliarlas y profundizarlas. Moldavia ya tiene una embajada en Israel y ha llegado el momento de que Israel tenga una embajada en Moldavia”, indicó Saar.

El pasado mayo, Israel retiró a su embajador en Dublín, después de que ese país reconociera Palestina como Estado, en una declaración conjunta en la que también lo hicieron España y Noruega, y que provocó represalias del Gobierno israelí y la declaración de nuevos asentamientos en territorio palestino ocupado.

Ya en marzo Irlanda había anunciado que intervendría en el caso de genocidio en la CIJ contra Israel, pero el pasado 11 de diciembre el ministro de Exteriores irlandés, Micheal Martin, dijo que había logrado el apoyo del gabinete y que la intervención se presentaría a finales de este mes.

En un comunicado, el departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda dijo que "al intervenir legalmente en el caso de Sudáfrica, Irlanda pedirá a la CIJ que amplíe su interpretación de lo que constituye la comisión de genocidio", detalló en un comunicado, en el que justificó que una lectura "muy estrecha" puede favorecer una cultura de la impunidad.

El pasado 5 de diciembre Amnistía Internacional concluyó de forma “inequívoca” que Israel “ha cometido y sigue cometiendo un genocidio” en Gaza, basándose en el patrón de conducta de sus tropas, las declaraciones “deshumanizadoras” de sus dirigentes y militares, la ocupación militar y el “bloqueo inhumano” del territorio.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, supeditó este viernes la normalización de relaciones con España, en un impás diplomático por no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el próximo martes, a una "ceremonia de desagravios".

"En México cuando se descubría una ruina arqueológica, por ejemplo Petén o Palenque, las comunidades lo que pedían era una ceremonia de desagravios porque estábamos entrando en su territorio, tierra y cultura. Eso es lo que solicitaba México, una especie de reunión de desagravio de hace 500 años", dijo Bárcena en una rueda de prensa en Naciones Unidas.

Después de la decisión de Sheinbaum de no invitar a Felipe VI a su ceremonia de investidura el 2 de octubre, el Gobierno español declinó acudir al acto, en un nuevo desencuentro diplomático entre ambos países durante el mandato del presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Bárcena indicó que "lo más importante" es que "este tema no es reciente", sino que llega a colación de una carta que el gobernante mexicano envió a la jefatura del Estado español en 2019 solicitando "una reunión y un reconocimiento de los pueblos indígenas de México" y que no encontró respuesta.

"Esa era un poco la tónica, invitando al rey (Felipe VI) y a las autoridades españolas a que vinieran a México y nos sentáramos a hablar", añadió Bárcena quien, no obstante, expresó que como canciller tiene una relación "excelente" con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y con su titular de Exteriores, José Manuel Albares.

La próxima responsable de Medio Ambiente en el gobierno de Sheinbaum aseguró también que "entiende el problema desde la perspectiva de España", con cuyas autoridades, indicó, se ha reunido durante la semana de Alto Nivel de la ONU, pero ambos países tienen "la solución" y "hay que llevarla adelante". Bárcena calificó la relación entre México y España actualmente como de "gran dinamismo político y económico", después de momentos históricos distintos en los que se produjeron "agravios durante la colonia", y después el país latinoamericano "recibió a más de 40.000 españoles en le época de (Francisco) Franco".

El Gobierno español trasladó el pasado martes una "nota verbal" (conducto normal de comunicación escrita entre las embajadas y el Ministerio de Exteriores) para mostrar su queja formal ante la no invitación al rey Felipe VI. El Ejecutivo español, que no participará a ningún nivel en la ceremonia de traspaso de poder, evidenciaba así su posición ante un hecho sin precedentes en la relación que España y la Corona han tenido con los países de América Latina, y en la representación del monarca en las tomas de posesión de los respectivos mandatarios en la región. 

Por su parte, López Obrador, acusó este viernes a Sánchez, de "faltarle al respeto" a la mandataria electa por, según él, sugerir que fue idea del gobernante mexicano no invitar al rey a la investidura.

“Ahora con el asunto este de España me están faltando al respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa", declaró López Obrador en su conferencia matutina. El gobernante mexicano señaló que es "una falta de respeto adicional" del mandatario español el considerar que Sheinbaum "es manipulable" por atribuirle a López Obrador la decisión de no invitar al monarca a la toma de posesión de Sheinbaum, el 1 de octubre. 

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado que participó "en la tarea de facilitación" para que el líder opositor venezolano, Edmundo González, pudiera venir a España y se ha mostrado seguro de que "antes o después" habrá intentos para llegar a una solución política. "¡Ojalá sea así!", ha subrayado Zapatero, que ha hecho estas declaraciones a su llegada al Ateneo, donde se ha presentado el libro La democracia y sus derechos, del que ha sido coordinador.

Es la primera vez que Zapatero participa en un acto público tras las elecciones de Venezuela del 28 de julio, en las que intervino como observador dentro del Grupo de Puebla, y también la primera que se pronuncia públicamente sobre los comicios, cuyos resultados no reconoce la oposición venezolana ni tampoco la comunidad internacional, que sigue reclamando las actas electorales.

Zapatero ha mantenido que su posición en Venezuela sigue siendo el diálogo y conseguir una solución pacífica a través de tejer consensos y esa tarea, para que sea útil, ha subrayado, "exige discreción". Para él, "es un derecho y un deber mantener la discreción, eso hacen los mediadores" y esta ha sido y será su actitud, ha defendido ante las críticas que ha recibido por su silencio y las acusaciones de ser cómplice de Nicolás Maduro. "Yo he procurado siempre buscar soluciones, que a veces han estado cerca y otras no, y ayudar a las personas con dificultades", ha replicado ante esas acusaciones.

Sobre si facilitó la entrada de Delcy y Jorge Rodríguez en la Embajada española donde se vieron con Edmundo González, quien ha denunciado haber sido coaccionado para poder abandonar el país, el expresidente se ha limitado a señalar que facilitó "la solución que ha habido". Tampoco ha hablado acerca de si esperaba que Maduro hiciera públicas las actas electorales al insistir en que no va a hacer valoraciones de las posiciones de unos y otros y ha apelado a preservar la confianza, y la única manera de hacerlo, ha recalcado, "es manteniendo la serenidad y la discreción". En cuanto al futuro de Venezuela, el expresidente ha señalado que hay que esperar, apostando por el diálogo como vía para resolver conflictos.

Zapatero también ha hablado del papel del Gobierno, al recordar, en primer lugar, que reconoció a Juan Guaidó y que es el Ejecutivo que más ha ayudado a los venezolanos en el mundo. Además ahora acoge a Edmundo González, sobre quien ha expresado su "máximo respeto", ha añadido, al asegurar que mantiene una buena relación con los opositores.

Mientras tanto, el líder opositor, Edmundo González, que está a la espera de que España le conceda asilo político, ha recibido el apoyo del Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, y se ha reunido ya con el presidente, Pedro Sánchez, y los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy.

Tanto a la entrada como a la salida del acto, un reducido grupo de personas con banderas de Venezuela ha increpado a Zapatero al que han llamado "vendido", "corrupto", "traidor" y "delincuente" entre otras cosas. A la salida del acto algunos manifestantes trataron de bloquear el paso del coche en el que iba el expresidente y lo lograron por unos instantes hasta que la Policía los apartó.

En los conflictos de legitimidad democrática entre los gobiernos y la oposición dentro de un país, la reserva y la discreción en las tareas de mediación son cruciales para preservar la estabilidad política y social, así como para proteger la integridad del sistema democrático. Es un principio conocido y reconocido internacionalmente, aunque en las últimas semanas, desde que tuvieron lugar las elecciones en Venezuela, el PP ha decidido ignorarlo y centrarse en exigir una declaración pública del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El dirigente socialista lleva años desempeñando tareas de intermediación en América Latina, en particular en Venezuela, a petición de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), con el apoyo del Vaticano, el Gobierno de España, la Unión Europea y Estados Unidos. Gracias a ello, ha conseguido la liberación de decenas de prisioneros políticos, entre ellos quien fuera líder de la oposición, Leopoldo López. Cualquiera que conozca cómo se desarrolla una mediación en un conflicto sabe que, en contextos como el venezolano, la exposición indebida de información sensible, el manejo imprudente de las comunicaciones o la falta de discreción en las negociaciones pueden exacerbar las tensiones y profundizar la polarización, dificultando cualquier solución pacífica.

La tarea de mediar en Venezuela, sin embargo, más allá del interés del PP en convertir la figura de Zapatero en arma arrojadiza contra el Gobierno, a pesar de que Pedro Sánchez se ha alineado claramente con la Unión Europea y los gobiernos de Brasil, Colombia y Chile, negándose a reconocer la victoria de Nicolás Maduro en tanto no se hagan públicas las actas de los centros de votación, se está complicando. Fuentes próximas al expresidente, consultadas por infoLibre, aseguran que, al menos por el momento, las posiciones del oficialismo en el poder y de las fuerzas de la oposición son “inamovibles”.

Más allá del resultado real, acerca del cual no existe evidencia incontrovertible porque la administración electoral venezolana se ha negado a publicar las actas oficiales del recuento, el problema de fondo que ha aflorado “con toda su crudeza” es que ambas partes “se niegan legitimidad y reconocimiento”. Una vez más, aseguran las mismas fuentes, la clave de la solución pasa por el papel que Estados Unidos, inmerso en su propio proceso de elecciones, quiera jugar. Y eso depende de cuánto “le importe” de verdad Venezuela.

Con muy escaso margen para acercar posiciones, todo indica que Zapatero seguirá guardando silencio en las próximas semanas. Al menos mientras crea que puede seguir jugando un papel en la mediación entre las partes, que continúan reclamando la victoria en las elecciones y que sólo se han puesto de acuerdo a la hora de rechazar la solución pactada propuesta por varios países de América Latina. 

Un silencio que, según las citadas fuentes próximas a Zapatero, “debería ser fácil de entender”, tratándose de alguien que “lleva años, con más o menos intensidad, facilitando y promoviendo el diálogo con unos y con otros”. Si hay algo que evitan los mediadores internacionales es convertirse “en opinadores” en relación con los conflictos que tratan de ayudar a resolver. No pueden ser “jueces o fiscales”.

En el fondo, señala el entorno del expresidente, hay una mezcla de “ignorancia” y “mala intención” cuando se le pide un pronunciamiento público. En España, a diferencia de lo que sucede en Noruega o en Suiza, “tenemos una muy limitada cultura de la solución pacífica de los conflictos y de la mediación”.

Parte del problema, añaden las mismas fuentes, es el progresivo abandono de la doctrina de la solución pacífica de los conflictos, un principio que hasta hace poco tiempo era muy apreciado en las democracias, pero que “ha perdido vigencia, apoyos y capacidad movilizadora”. Y eso se ve en las dificultades que implica poner fin a conflictos que difícilmente se van a resolver por la fuerza, como los que tienen lugar entre Rusia y Ucrania, o la durísima ofensiva militar contra la población civil en la Franja de Gaza, con la excusa de acabar con Hamás tras los ataques terroristas del 7 de octubre.

Once países del hemisferio occidental, entre los que figuran Estados Unidos, Chile y Argentina, expresaron este viernes su “categórico” rechazo a la sentencia dictada el jueves por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que avala el supuesto triunfo electoral del presidente Nicolás Maduro.

“Solo una auditoría imparcial e independiente de los votos, que evalúe todas las actas, permitirá garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”, señalaron en una nota que suscriben también Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El documento, que evita dar por ganador al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, expresa además su “profunda preocupación” por las violaciones de los derechos humanos que se estarían perpetrando en Venezuela contra los ciudadanos que reclaman “pacíficamente” el “respeto al voto de la ciudadanía” y el “restablecimiento de la democracia”.

La posición de España sigue siendo clara y alineada con este planteamiento. Este viernes, el Gobierno reiteró que no reconocerá la reelección de Maduro mientras no se publiquen “de manera íntegra y verificable” las actas de los comicios celebrados el pasado 28 de julio. Exteriores ha reiterado, además, “el llamamiento a que se respete el derecho de los venezolanos a manifestarse de manera pacífica y a expresar libremente sus opiniones políticas”.

Es una posición compatible con el respaldo que el Gobierno ha otorgado en las últimas semanas al papel de Zapatero en Venezuela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló hace unos días que el Ejecutivo “valora y aprecia” la labor de mediación que viene desarrollando Zapatero en Venezuela. El ministro se quejó también de que el PP hable “más” de Zapatero que de “los venezolanos”.

El expresidente “habla con el gobierno y habla con la oposición, y ha participado muy directamente en acercar ese diálogo entre venezolanos que nosotros queremos y en la liberación de muchos presos políticos”, subrayó Albares.

La postura de la Unión Europea es la misma que la de España. “Mientras los resultados no sean verificables, no va a haber reconocimiento de los mismos”, reiteró este viernes Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que trabaja para que los 27 fijen una posición en este sentido, “si no ahora, para el próximo Consejo de Ministros de Exteriores de la próxima semana”.

El PP de Feijóo, en cambio, quiere ir más lejos y propone reconocer la victoria de González Urrutia, dando por válido el recuento no oficial ni verificado llevado a cabo por la oposición. Tal es su interés en trasladar a España este asunto que, según su secretaria general, Cuca Gamarra, proponen someter a votación en el Congreso una petición para que España reconozca la victoria del candidato de la oposición.

Ignacio García-Valdecasas Fernández (Granada, 1953) ha dedicado casi toda su vida a la diplomacia. Ha sido embajador en Paraguay y Chipre. Ha ejercido como número dos de la Embajada en Moscú. Ha estado destinado en Ciudad del Cabo. Y estuvo al frente del Consulado General de España en Jerusalén. Una delegación que se encuentra ahora mismo en el centro de la ofensiva diplomática iniciada por Israel tras el anuncio de España de que reconocerá formalmente al Estado palestino. El Gobierno del Estado hebreo ha anunciado este viernes su intención de impedir que dicha representación preste servicio a los palestinos. Una decisión que, desliza García-Valdecasas, puede tener consecuencias "a todos los niveles", desde cultural hasta político, de cooperación o académico.

El Consulado General de España en Jerusalén, explica el excónsul en conversación con infoLibre, es "un caso único en la red diplomática y consular". Es uno de los llamados "históricos". Se creó en 1853, mucho antes de que existiese el Estado de Israel. "A diferencia de otro puesto diplomático o consular, cuando a alguien le nombran Cónsul General en Jerusalén no tiene que pedir un visado de acreditación ni el ministerio hace una comunicación formal ni a Israel ni a Palestina informando del nombramiento. El cónsul se presenta allí, toma posesión y manda una nota verbal a las autoridades israelíes anunciando su llegada y pidiendo ser documentado para moverse con libertad", señala el embajador de España (jubilado) al otro lado del teléfono.

El área de trabajo de la legación, que realiza las labores consulares habituales en materia asistencial, notarial, de registro civil o de visados, comprende la ciudad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina como capital de su Estado, así como Cisjordania y la franja de Gaza, los territorios palestinos ocupados. Por lo tanto, el Cónsul General en Jerusalén, un puesto que García-Valdecasas ocupó durante dos años, es el "representante" de España en Palestina. "En los territorios palestinos, el Consulado funciona como una pequeña embajada: labores políticas, culturales, comerciales...", apunta el diplomático, que durante su estancia en la zona mantuvo una relación fluida con ministros y altos cargos palestinos: "Cruzaba casi todos los días a los territorios ocupados".

El movimiento israelí en torno al Consulado General de España aún está por concretarse. "He decidido cortar la conexión entre la representación diplomática de España en Israel y los palestinos y prohibir al consulado español en Jerusalén prestar servicios a los palestinos en Judea y Samaria –Cisjordania–", se ha limitado a anunciar en redes sociales su ministro de Exteriores, Israel Katz. García-Valdecasas cree que en lo que puede estar pensando el Gobierno de Netanyahu es en "impedir" a miembros del Consulado el "acceso total" a unos territorios palestinos que Israel controla, dado que el Estado hebreo ya ponía antes del anuncio de este martes trabas a los palestinos para llegar a la zona donde se ubica el Consulado: "Bloquea los movimientos de los palestinos cuando quiere y como quiere".

Ahora bien, ¿y si los mismos no residen en los territorios ocupados? ¿Y si viven ya en Jerusalén Este, donde se ubica la legación? En ese caso, García-Valdecasas da por hecho que podrán seguir accediendo al Consulado General de España. "Salvo que Israel ponga una barrera de soldados en la puerta, pero no creo que la sangre llegue a ese río", apunta el diplomático. De hecho, el ex cónsulgeneral en Jerusalén asevera que hacer algo así sería "bloquear una representación diplomática", algo que iría en contra del Convenio de Viena de relaciones diplomáticas y consulares. "Como también puede ser contrario al mismo el impedir el acceso de los diplomáticos y funcionarios del país a los territorios ocupados", completa.

Dicho esto, el diplomático, que asegura que durante su estancia en la zona nunca tuvo problema con las autoridades israelíes, señala que un bloqueo como el que ahora desliza el Ejecutivo de Netanyahu puede tener consecuencias. "Puede afectar a todos los niveles: de cooperación, académico, consular, cultural, político...", resalta. Al fin y al cabo, el Consulado supervisa mediante una Oficina Técnica la cooperación española en los territorios ocupados. En 2023, España triplicó su apoyo a Palestina con respecto al año anterior, hasta superar los 50 millones en fondos humanitarios y de cooperación. "En la medida que la decisión detenga la presencia de diplomáticos y funcionarios españoles en los territorios ocupados, esto puede verse afectado", apunta García-Valdecasas.

El de este viernes es el segundo movimiento diplomático de Israel –el primero fue la llamada a consultas de sus embajadores– desde que el Gobierno español, en coordinación con el irlandés y el noruego, anunció su intención de reconocer a Palestina como Estado, dando cumplimiento a una exigencia salida del Congreso de los Diputados hace ya casi una década. Un reconocimiento que para el diplomático jubilado era necesario. "Hasta ahora, hemos estado haciéndonos trampas al solitario, reconociendo a la parte fuerte, que es Israel, y condicionando el reconocimiento a la parte débil a la consecución de un acuerdo entre las dos partes. Pero eso no ha funcionado. Y, por ello, hay que buscar otra vía", dice García-Valdecasas.

"Y la otra vía es poner a las dos partes en pie de igualdad, que es lo normal, que es lo que han hecho 140 Estados miembros de Naciones Unidas", sostiene el diplomático en conversación con este diario. Dado el paso, habrá que ver si el mismo genera un efecto dominó en el Viejo Continente. Una incógnita que se irá despejando la próxima semana. "Los candidatos son Eslovenia, Malta, Bélgica y Luxemburgo", apunta el ex cónsul general en Jerusalén. "Cuando llegue un momento en el que en lugar de 140 sean 160 o 170 los Estados que lo reconozcan, y entre ellos esté buena parte de la Unión Europea y países como pueden ser Japón o Australia, Estados Unidos va a tener una presión bastante notable y le va a resultar difícil mantener el veto a Palestina en el Consejo de Seguridad de la ONU", continúa García-Valdecasas.

El diplomático está convencido de que la solución a un conflicto que lleva enquistado más de medio siglo no va a salir de dentro de Oriente Próximo. "Tiene que venir impuesta desde fuera", apunta. Pero eso tiene que aceptarlo Estados Unidos. "Y no lo va a hacer mientras el lobby israelí tenga la influencia que tiene y mientras haya sesenta millones de evangelistas que apoyan a Israel por razones teológicas", prosigue. Por eso, es pesimista sobre una resolución del conflicto en un corto espacio de tiempo. "Por tanto, lo que habrá que hacer será gestionarlo y tratar de curar las heridas y calmar los dolores y el sufrimiento", sentencia el ex cónsul general en Jerusalén.

Mientras tanto, la presión de la justicia internacional sobre el Estado hebreo se redobla. A comienzos de semana, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó formalmente la emisión de órdenes de detención contra, entre otros, el primer ministro israelí y su titular de Defensa, Yoav Gallant, una petición que, de concretarse, impediría a Netanyahu viajar tranquilamente por los 124 países que son parte del Estatuto de Roma. Pero este viernes, además, la Corte Internacional de Justicia ha ordenado al Estado hebreo que detenga inmediatamente su ofensiva sobre la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. En teoría, las resoluciones de este tribunal son vinculantes para los Estados. Ahora bien, Israel sabe bien lo que es hacer oídos sordos a lo que sale del Palacio de La Paz de La Haya.

La Unión Europea está preparando un plan de diez puntos para una solución "creíble e integral" al conflicto en Oriente Próximo basado en la coexistencia de dos estados, palestino e israelí, y la normalización de relaciones entre Israel y los países de la región, según un borrador inicial recogido por el portal Euractiv, especializado en información de la Unión Europea.

El plan contempla a la Autoridad Palestina como representante reconocida del pueblo palestino en Gaza y Cisjordania en lo que se trataría de la exclusión del movimiento islamista palestino Hamás, en una hoja de ruta que comenzaría en firme con la celebración de una "Conferencia Preparatoria de Paz" con la presencia de la Unión Europea, Estados Unidos, Egipto, Jordania, Arabia Saudí, la Liga Árabe y Naciones Unidas, según ha informado Europa Press.

No obstante, los participantes en esta conferencia estarían "en todo momento y a cada paso en contacto" con responsables israelíes y palestinos a los que informarían de la evolución de los acontecimientos, si bien los primeros pasos de este plan no contemplan "esfuerzos para que ambos se vean las caras".

Israelíes y palestinos no comenzarían a participar activamente en las conversaciones hasta un año después de esta conferencia, el plazo estimado por la UE para fijar las líneas maestras de este plan de paz, que será presentado a "las partes en conflicto" como "base para negociaciones finales".

"Les tocaría a ellos (israelíes y palestinos) la negociación del texto final", añade el borrador recogido por Euractiv.

Sin precisar detalles, la UE considera que un elemento esencial para este plan sería "el desarrollo de robustas garantías de seguridad tanto para Israel como para el futuro Estado palestino independiente", condicionado a partir del "completo reconocimiento diplomático mutuo y la integración de ambos en la región".

Además, el plan contempla la incorporación de un "paquete de respaldo a la paz", entendido como un conjunto de "mecanismos políticos y de seguridad, tanto regionales como globales" a disposición tanto de israelíes y palestinos "a partir del día que concluyan su acuerdo de paz".

De momento, y de nuevo según Euractiv, el representante de la UE para el proceso de paz, Sven Koopmans, ya ha mantenido conversaciones preliminares a este respecto con Egipto, Jordania, Arabia Saudí y la Liga Árabe para "intentar revivir" el proceso y ha planteado la posibilidad de celebrar un encuentro para discutir específicamente la propuesta inicial de la UE antes de la mencionada conferencia internacional.

Ocurrió hace un siglo, pero sigue vivo en la memoria del pueblo armenio –ya viva en Nagorno-Karabaj, en Armenia o en la diáspora– y en la de los historiadores. Las imágenes de miles de familias armenias huyendo por las carreteras de Nagorno-Karabaj del avance de las tropas del autócrata azerí Ilham Aliyev no pueden sino evocar el genocidio de los armenios cometido por el Imperio Otomano. El genocidio –término negado tanto por Azerbaiyán como por Turquía– acabó con la vida de entre 1,2 y 1,5 millones de personas en 1915 y desplazó a cientos de miles más.  

La ofensiva militar azerí, aunque sorpresiva, lanzada el 20 de septiembre, no habrá extrañado a nadie. El año pasado, ese mismo ejército atacó la frontera armenia en esta misma época del año, causando 200 muertos. Por no hablar de los miles de muertos en la "guerra de los 44 días" de 2020, que permitió a Azerbaiyán recuperar el control de una gran parte de Nagorno-Karabaj, región montañosa habitada, entre pueblos y aldeas, por más de 100.000 armenios. Un enclave secesionista no reconocido por la comunidad internacional.  

Ante estas imágenes, destinadas a reavivar los traumas de la región, Francia y Estados Unidos alzaron la voz en la arena diplomática, entre otras cosas por el tamaño de la diáspora armenia en estos dos países. Pero tuvo que pasar una semana para que los veintisiete países de la Unión Europea se pusieran de acuerdo en una declaración conjunta. 

Esta declaración sigue siendo comedida y no condena directamente a Bakú, contentándose con pedir "un acceso humanitario sin trabas a la población civil necesitada" y entablar "un diálogo global y transparente con los armenios del Karabaj para garantizar sus derechos y su seguridad, incluido su derecho a vivir con dignidad en sus hogares". 

Es fácil echar la culpa del bloqueo a Hungría, estrecho aliado de Ilham Aliyev, para explicar el retraso y la moderación de los europeos a la hora de condenar lo que está ocurriendo a unos miles de kilómetros de las capitales europeas, en una región sometida a grandes tensiones. 

Pero eso sería olvidar que hace poco más de un año, en julio de 2022, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Comisario de Energía, Kadri Simson, estuvieron en Bakú para reunirse con el Presidente Ilham Aliyev y su ministro de Energía, Parviz Chahbazov, para reforzar la cooperación existente entre la UE y Azerbaiyán y firmar un nuevo memorándum que amplíe el acceso europeo al gas de Azerbaiyán como parte de un esfuerzo por liberar al país de su dependencia de las fuentes energéticas rusas. 

Las convulsiones geopolíticas vinculadas a la guerra de Ucrania están teniendo un impacto sin precedentes en la situación de Nagorno-Karabaj, lo que explica también el reciente posicionamiento de la diplomacia rusa. Moscú, partidario histórico de Armenia, se ha distanciado en los últimos días, criticando al primer ministro armenio, Nikol Pachinian, por desentenderse de su responsabilidad "por los fracasos de la política interior y exterior armenia". 

Rusia es teóricamente garante –en particular mediante la presencia de un contingente de soldados en Nagorno-Karabaj y en las fronteras entre Azerbaiyán y Armenia– del alto el fuego firmado en 2020 bajo los auspicios directos de Vladimir Putin. 

Un alto el fuego pisoteado por el régimen de Aliyev desde el 20 de septiembre, a pesar de unas declaraciones tranquilizadoras que resultan difíciles de creer cuando se observa la realidad militar de los últimos cuatro años. Y más cuando estas declaraciones se hacen al lado de un Erdogan cuyo proyecto político no es sólo rehabilitar la herencia otomana en todas sus dimensiones, incluidas las que condujeron a la masacre y el exilio de cientos de miles de armenios, sino también alcanzar los viejos objetivos del panturquismo.  

Entrevista con la historiadora Taline Ter Minassian, co-directora del Observatorio de los Estados pos-soviéticos del INALCO (Instituto nacional de lenguas y civilización orientales) y especialista en el genocidio armenio, autora de Sur l'échiquier du Grand Jeu, XIXe-XXIe siècles, Agents secrets et aventuriers (En el gran tablero de ajedrez, siglos XIX al XXI, Agentes secretos y aventureros, edic. Nouveau Monde) publicado el 6 de septiembre.

 Mediapart: ¿El éxodo de familias armenias que huyen de Nagorno-Karabaj, bajo dominación azerí, le hace temer que se repita lo ocurrido hace un siglo durante el genocidio de armenios en el Imperio Otomano? 

Taline Ter Minassian: No es una cuestión de miedo. Lo que está ocurriendo ahora es una repetición del escenario del genocidio de principios del siglo XX, porque el objetivo del genocidio es erradicar a una población de un territorio determinado. Después de Najicheván, una región que en su día fue predominantemente armenia y que los soviéticos concedieron a Azerbaiyán, los armenios se enfrentan ahora a la pérdida de Nagorno-Karabaj.

¿Es posible utilizar ya el término "limpieza étnica"? 

Las terribles imágenes que estamos viendo de coches bloqueados y a merced de Azerbaiyán así lo sugieren, si bien es cierto que no sabemos si todos se están marchando, la proporción de los que ya se han marchado, los que están en camino o los que han decidido quedarse aunque su destino sea incierto. Pero me temo que toda la región está siendo vaciada de su población armenia y que, por tanto, es legítimo hablar de limpieza étnica.   

¿Podría haberse llevado a cabo el ataque contra Azerbaiyán sin el acuerdo de Turquía?  

Es evidente que no. Aliyev está siendo calentado por Erdogan, al igual que durante la guerra de 2020. Para los turcos, en este momento, la configuración es perfecta, en el contexto de la relación que mantienen con los rusos en la región, hecha de conflictos episódicos pero también de intereses mutuos bien entendidos. 

Justo antes del ataque a Azerbaiyán, Erdogan había declarado que Crimea nunca volvería a ser ucraniana, como dando a Rusia unas cuantas garantías antes de permitir que su aliado azerí atacara Nagorno-Karabaj. 

Por lo que sabemos, Rusia fue informada de este ataque sólo unos minutos antes de que se produjera, y murieron soldados rusos de la fuerza de mantenimiento de la paz allí desplegada, entre ellos un militar de alto rango.

Una vez que Azerbaiyán haya recuperado el control total de Nagorno-Karabaj, ¿es probable que se pare ahí, o pretende expandirse hacia el sur de Armenia para unirse con su enclave, la república autónoma de Najicheván, a su vez asociada a Turquía? 

Tanto turcos como azeríes llevan mucho tiempo esgrimiendo la idea de que son una nación en dos países, y ambos quieren estar vinculados entre sí pasando por territorio armenio. Son significativas las imágenes de un Aliyev todo sonriente recibiendo a Erdogan en el aeropuerto de Nakhchivan. 

Esta unión entre los territorios de Turquía y Azerbaiyán a espaldas de Armenia es deseada desde hace cien años. Si no se produjo entonces fue porque el Imperio Otomano salió derrotado de la Primera Guerra Mundial. 

Como observadora preocupada por Armenia, sólo puedo esperar que potencias regionales como Irán y Rusia impidan esa unión. Pero estamos ante una región en guerra, parte del "arco de confrontación" que se extiende desde Ucrania a Siria y Afganistán. El Cáucaso se encuentra en el centro de esta confrontación, que en la actualidad pesa sobre las poblaciones armenias de Nagorno-Karabaj.

 ¿Cómo es posible que Azerbaiyán, derrotada militar y políticamente por Armenia a principios de los noventa, se haya convertido en un país tan hegemónico dos décadas después? 

En primer lugar, porque ha experimentado un fantástico crecimiento económico desde principios de los noventa gracias a los hidrocarburos. También hay que reconocer que ha tenido algo que ver la continuidad dinástica entre Aliyev y su padre . El padre del actual líder de Azerbaiyán, al que sucedió en 2003, había sido del KGB. Tanto él como su hijo mantenían muy buenas relaciones con los hombres fuertes, oficiales y oficiosos, del poderoso vecino ruso tras la desaparición de la URSS y hasta la actualidad. 

La naturaleza autocrática del régimen también puede haber jugado a favor de Azerbaiyán. Mientras Armenia estaba sumida en incesantes enfrentamientos políticos y permanecía económicamente bajo tutela rusa, sobre todo por falta de petróleo, la riqueza petrolífera y gasística de Azerbaiyán le permitía comprar armas modernas a Turquía e Israel. Por no hablar de la propensión de Azerbaiyán a corromper todo lo corrompible a nivel europeo, como demuestra el llamado asunto "caviargate". 

Pero hay que decir que si bien la situación actual es consecuencia del creciente poder financiero, militar y político de Azerbaiyán, también es el resultado de treinta años de mala gestión por parte de los sucesivos gobiernos de Armenia, que no han sabido crear ni mantener un Estado verdaderamente independiente.

Los manifestantes salen cada día a las calles de Ereván para criticar a Nikol Pachinian, el Primer Ministro armenio, por no apoyar más al pueblo de Nagorno-Karabaj. Pero, ¿tiene poder para hacerlo?  

Hay que entender por qué gran parte de la opinión pública considera a Pachinian un traidor. Llegó al poder en 2018 a lomos de una "revolución de terciopelo" llena de promesas de paz y del fin de la corrupción, pero llevó al país a una humillante derrota en 2020. 

Murieron más de 5.000 jóvenes , la mitad de su cohorte de edad, por absolutamente nada, ya que Azerbaiyán consiguió todo lo que quería, y ahora los rusos revelan que se ofrecieron a mediar tres veces antes de que Pachinian admitiera su derrota. 

Es más, en la reunión celebrada en Praga en octubre de 2022 entre Nikol Pachinian, Ilham Aliyev, Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el primer ministro armenio reconoció la plena soberanía de Azerbaiyán sobre su territorio, lo que significaba que tarde o temprano tendría que aceptar la conquista definitiva de Nagorno-Karabaj. 

Por tanto, es comprensible que muchos armenios carguen ahora contra Pachinian, aunque la sociedad armenia esté fracturada, porque también existe un "alivio cobarde" en muchas familias traumatizadas por el pasado, lejano o reciente, que prefieren que no haya guerra por defender Nagorno-Karabaj y que sus hijos en el servicio militar no corran el riesgo de morir en un ataque del ejército azerí, como volvió a ocurrir en septiembre de 2022.

Traducción de Miguel López

Tras la desastrosa presidencia de Jair Bolsonaro, Brasil vuelve a la escena internacional de la mano de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de asumir el cargo en enero, Lula ya lo había advertido en noviembre, durante su visita a la COP27 en Egipto: "Brasil está de vuelta para renovar sus lazos con el mundo (...). Volvemos para ayudar a construir un orden mundial pacífico, basado en el diálogo y el multilateralismo". 

De vuelta al poder tras dos mandatos sucesivos (2003-2011) y una estancia en prisión, el presidente de izquierdas ha emprendido una campaña diplomática que le ha llevado a prácticamente todos los continentes desde principios de año: Argentina, Uruguay, Estados Unidos, China, Portugal, España y Reino Unido. También tiene prevista una gira por África. Este peso pesado de la política sudamericana, de 77 años, se ha convertido en una de las figuras más visibles de este "Sur global", que vuelve a estar de moda en los comentarios desde la agresión rusa en Ucrania.

La prioridad de Lula es relanzar la integración regional. En enero, este ex líder sindical no acudió al Foro de Davos y prefirió participar en una cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), un organismo creado en 2011 que Brasilia abandonó en 2020 bajo el mandato de Bolsonaro por considerar, en palabras del entonces el canciller Ernesto Araújo, que "la Celac no estaba logrando resultados significativos en la defensa de la democracia en la región; al contrario, estaba sirviendo de escenario a regímenes antidemocráticos como Venezuela, Cuba y Nicaragua".

El martes 30 de mayo, Lula también reunió a doce líderes regionales para relanzar otro organismo regional, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que creó en 2008 con su homólogo venezolano Hugo Chávez para ofrecer una alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo influencia estadounidense. Unasur es desde 2017 una cáscara vacía, tras la salida de la mitad de sus miembros conforme llegaban al poder gobiernos de derechas. Una nueva ola de izquierdas en el continente permite a Lula soñar con una renovación, aunque sigan presentes diferencias ideológicas. 

Muestra de ello es la recuperación de la estima del presidente venezolano, no exenta de críticas dentro de este cenáculo sudamericano. Lula recibió a Nicolás Maduro el lunes 29 de mayo, en vísperas de la cumbre de Brasilia, y lamentó los prejuicios "muy significativos" contra Venezuela, afirmando que la imagen de país "antidemocrático" era una "narrativa" promovida por los países occidentales, y en particular por Estados Unidos.

Al día siguiente, esos comentarios provocaron reacciones del presidente de izquierdas de Chile, Gabriel Boric, y de su homólogo de derechas en Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou. El primero expresó "respetuosamente" su desacuerdo con las declaraciones del presidente Lula: "Esto no es una construcción narrativa, es una realidad, es grave y he tenido la oportunidad de verlo en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy viven en nuestro país y que también exigen una posición clara y firme sobre el respeto a los derechos humanos, cualquiera sea la orientación política del gobierno".

El politólogo Oliver Stuenkel cree que aunque Nicolás Maduro ya no es un paria para Occidente (Macron le estrechó la mano en los pasillos de la COP27), "el apoyo inequívoco de Lula a Maduro disminuye la capacidad de liderazgo de Brasil en Sudamérica, donde varios presidentes (de derechas e izquierdas) han expresado dudas sobre las formas autoritarias de Venezuela y donde muchos países están lidiando con los refugiados venezolanos".

En un intento por superar esas grandes diferencias, Lula subrayó la "urgente necesidad" de que Sudamérica y sus 450 millones de habitantes, enfrentados a una economía en declive y a la inestabilidad institucional y política de algunos países, se unan para llevar a cabo políticas comunes en áreas como infraestructuras, sanidad y defensa, y también para luchar contra el cambio climático. "Todos hemos salido perdiendo" con la polarización política, explicó en la reunión, cuando "hemos dejado que las ideologías nos dividan".

En concreto, propuso "poner en marcha iniciativas de convergencia regulatoria, facilitando y reduciendo la burocracia en los procedimientos de exportación e importación de mercancías". "Mientras estemos desunidos, no haremos de Sudamérica un continente desarrollado en todo su potencial. La integración debe ser un objetivo permanente para todos nosotros. Debemos dejar raíces sólidas para las generaciones futuras", afirmó el líder brasileño. “Debemos negarnos a pasar otros 500 años en la periferia. Las condiciones humanas y materiales de nuestro desarrollo soberano están en nuestras manos".

Igual de controvertida es la postura de Lula sobre Ucrania, que da la impresión de mantener la equidistancia entre agresor ruso y el agredido ucraniano. Se explica por su voluntad de establecer una diplomacia independiente y su negativa a verse atrapado en el conflicto entre Estados Unidos y China, su mayor socio comercial desde 2009. Pero también porque no quiere elegir entre Rusia y Ucrania, a riesgo de ofender a esta última. Al margen de la última reunión del G7 en Japón, el Presidente Volodímir Zelensky dejó plantado a Lula.

El martes, Lula volvió a presentarse como posible mediador: "Todo el mundo sabe que Brasil es muy crítico con la invasión rusa del territorio ucraniano. Todo el mundo lo sabe. Por eso Brasil forma parte del llamado bloque de la paz. Tanto es así que hemos mantenido conversaciones con China, India e Indonesia para ver si podemos crear un grupo. Y cuando los países en guerra quieran hablar de paz, hablaremos de paz". Sin embargo, continuó, "por el momento, lo que se sabe es que ninguno de ellos quiere hablar de paz".

Esta posición brasileña, que el ex diplomático chileno Jorge Heine califica de "no alineamiento activo" –"No alineamiento activo significa que los gobiernos latinoamericanos no aceptan a priori las posiciones de una u otra de las grandes potencias en conflicto. Por el contrario, deben actuar en defensa de sus propios intereses nacionales, sin ceder a las presiones de las potencias hegemónicas", escribe–, podría beneficiar a Brasil. Lo mismo piensa Rafael R. Ioris, especialista en historia moderna de América Latina en la Universidad de Denver. “Ha sido después de la visita de Lula a China", señala en la web The Conversation, "cuando la administración Biden ha anunciado que multiplicará por diez su contribución al Fondo Amazonia. Así que está claro que, en un mundo cada vez más dividido, la posición de no alineamiento de Brasil podría ser el mejor camino a seguir.”

Traducción de Miguel López

A apenas 120 kilómetros de la frontera rusa se encuentra la base militar de Adazi (Letonia), uno de los principales centros de operaciones de la OTAN en el este de Europa. Bajo una intensa nevada y frente a una decena de carros de combate y vehículos acorazados custodiados por las tropas de la Alianza Atlántica, Pedro Sánchez compareció este martes junto a los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau, y Letonia, Arturs Krišjānis, así como con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un claro intento de exhibir unidad y despliegue militar ante Vladimir Putin.

"Venimos a garantizar la seguridad de las fronteras europeas", afirmó el presidente español antes de comprometerse a que su Gobierno "estará siempre donde tiene que estar y hará lo que deba hacer". Al igual que sus homólogos, durante la comparecencia Pedro Sánchez quiso hacer hincapié en que "el vínculo trasatlántico está más fuerte y unido que nunca" e hizo un llamamiento de aislamiento global al régimen ruso: "Lo crucial es estar unidos  como vemos hoy. Las sanciones económicas son uno de los medios más contundentes de que disponemos para hacer frente a una guerra tan injustificada como la que está librando Putin. Todo el mundo está con Ucrania, Putin está solo y eso se tiene que notar en su aislamiento", dijo el presidente. Sobre las consecuencias económicas que podrían sufrir también las economías europeas, admitió que "va a costar, aunque mayor sería el coste si no actuáramos contra Putin".

En la base de Adazi se encuentran desplegados 1.500 soldados en una misión de la OTAN que lidera Canadá y en la que España es el segundo país que más tropas aporta. Hasta ahora España contaba con un destacamento de 350 soldados, aunque con el aumento del despliegue de la OTAN llegarán 150 más en los próximos días.

En la Moncloa enmarcan la visita de Pedro Sánchez junto al primer ministro de Canadá y el secretario general de la OTAN como un mensaje de apoyo a los países bálticos y al este de Europa y como refuerzo del flanco oriental del continente ante la amenaza expansionista rusa.

Según fuentes del Ejecutivo, el compromiso de España ante la OTAN se refuerza con ese nuevo despliegue de 150 soldados del llamado Plan de Repuesta Graduada, compuesto por fuerzas de muy alta disponibilidad de la alianza atlántica preparadas para ser desplegadas entre 5 y 7 días. Aclara el Gobierno que, en todo casi, la misión de desarrolla en el contexto de planes de disuasión y no de defensa con el objetivo de mandar un mensaje claro: "Estamos preparados".

Durante su visita oficial, Pedro Sánchez ha mantenido una intensa agenda de trabajo diplomático con reuniones bilaterales con el primer ministro de Letonia, de Canadá y con el secretario general de la OTAN. El presidente del Gobierno también ha visitado a los soldados españoles desplegados en Letonia.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha considerado que el unilateralismo independentista en Cataluña "ha fracasado" igual que ocurrió en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, subrayando que la única vía para el cambio pasa por el diálogo y el respeto a las instituciones.

Así se ha pronunciado en una entrevista concedida al diario italiano Avvenire y recogida por Europa Press, en la que sostiene que en Cataluña "la ilusión del unilateralismo ha perdido mucho vigor y francamente lo que hemos visto en Estados Unidos ha sido una voz de alarma".

"Todos somos conscientes de que si queremos construir convivencia, comunidad y proyecto político, no se puede hacer sobre la base del unilateralismo, sino en las reglas del juego y el respeto de las instituciones", ha defendido, subrayando que "si las reglas del juego no gustan, se cambian, pero siempre en el ámbito de los ordenamientos".

La ministra de Exteriores ha considerado que ese es "refleja también el sentir de una amplia mayoría de las fuerzas políticas de Cataluña" y ha sostenido que aunque a las próximas elecciones a la Generalitat "pueden presentarse partidos políticos diversos, desde la extrema-derecha a la extrema-izquierda", "la búsqueda de la independencia a través del unilateralismo ha fracasado claramente".

Por otra parte, ha opinado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "también tiene que elegir", puesto que "la democracia, que es el gobierno de todos y para todos", es incompatible "con el unilateralismo".

"Nunca como en los últimos días hemos visto que el único camino sensato es el democrático del diálogo y la negociación", ha subrayado González Laya, en referencia al asalto al Capitolio por parte de partidarios del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado 6 de enero.

En su opinión, de este suceso se pueden extraer varias lecciones. "La primera es que no hay democracia sin respeto de la división de poderes, de las instituciones y de los adversarios políticos, y que las palabras preceden los comportamientos", ha señalado.

La segunda, según la titular de Exteriores, es que "la normalidad democrática exige que cuando se gana se asume la responsabilidad y cuando se pierde uno se hace a un lado, pero no se deslegitima un gobierno emanado de la libre voluntad de los electores".

Y en tercer lugar, ha añadido, "el debilitamiento de la idea misma de la democracia como gobernanza, que da pie a modelos autoritarios". "Esto me preocupa particularmente porque España ha conocido una dictadura y sabemos lo que significa", ha incidido.

Por último, ha señalado que confía en que la llegada de Joe Biden y Kamala Harris a la Casa Blanca "contribuirá a un clima de concordia en Estados Unidos y de entendimiento en el sistema multilateral".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lleva desde hace varios años trasladando maletas y maletines con prendas de ropa sucia en sus visitas a la Casa Blanca para beneficiarse del servicio gratuito de lavandería que ofrece la sede presidencial a los jefes de Estado y de Gobierno, según han contado varios responsables gubernamentales estadounidenses al diario The Washington Post.

El rotativo norteamericano ha indicado que el 'premier' israelí ha desarrollado "durante años" una reputación con el personal de la Casa de Invitados de la Casa Blanca por llevar "maletas y bolsas con prendas sucias".

"Los Netanyahu son los únicos que realmente traen maletas con ropa sucia para que se la lavemos nosotros", ha afirmado uno de los responsables estadounidenses consultados. "Tras múltiples viajes, ha quedado claro que es algo intencionado", ha añadido.

Responsables gubernamentales israelíes han negado que Netanyahu esté abusando del servicio gratuito de lavandería que la Casa Blanca ofrece a los líderes extranjeros y han dicho que esa acusación es "absurda", tras admitir que el primer ministro israelí ya ha sido objeto en el pasado de acusaciones por temas de lavandería.

En 2016, el primer ministro israelí denunció a su propia oficina y a la Fiscalía General para impedir la publicación de sus facturas de lavandería en aplicación de la Ley de Libertad de Información israelí. El juez encargado de la demanda le dio la razón al jefe del Gobierno y dictaminó que no se podían publicar las facturas.

La Embajada de Israel en Washington ha publicado un comunicado en el que ha subrayado que la acusación sobre el uso excesivo de la lavandería de la Casa Blanca es un intento de ensombrecer los acuerdos firmados por el Gobierno israelí con Bahréin y Emiratos Árabes Unidos la semana pasada en la Casa Blanca.

"Estas acusaciones absurdas y sin fundamento tienen como objetivo menospreciar el monumental logro del primer ministro Netanyahu en la histórica cumbre de paz impulsada por el presidente Trump en la Casa Blanca", ha subrayado la legación diplomática israelí.

Los responsables gubernamentales que han confirmado a The Washington Post que Netanyahu trajo en el pasado maletas llenas de ropa sucia son tanto altos cargos políticos como funcionarios de carrera que han trabajado en el Gobierno en la etapa de Barack Obama y en la del actual mandatario, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas para cargar de nuevo contra China, a la que acusa de plantear "falsedades" sobre la expansión del coronavirus, y ha instado a la organización internacional a "hacer responsable de sus actos" al gigante asiático.

Trump ha afirmado que, 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se asoma de nuevo a una "gran lucha global", a una "fiera batalla contra un enemigo invisible", en alusión a al covid-19, una enfermedad derivada de lo que el mandatario norteamericano sigue denominando el "virus chino".

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado convencido de que Estados Unidos podrá "derrotar" el coronavirus y distribuir una vacuna, dando pie a "una nueva era de prosperidad, cooperación y paz sin precedentes", pero alega que, a su juicio, la pandemia no habría llegado a los niveles actuales si China hubiese actuado de otra forma.

El virus se originó en 2019 en la ciudad china de Wuhan y, según Trump, Pekín ocultó datos esenciales desde el primer momento. "En los primeros días del virus, China impidió los viajes internos mientras permitía que los vuelos saliesen de China para infectar el mundo", ha denunciado en un discurso grabado.

Además, ha criticado que el Gobierno chino –"y la Organización Mundial de la Salud, que está 'de facto' controlada por China"– aseguró que no había indicios de contagios entre humanos. "Más tarde, dijo falsamente que las personas sin síntomas no transmitían la enfermedad", ha añadido.

Por todo ello, Trump considera que "Naciones Unidas debe hacer responsable de sus actos a China", un país con el que el presidente de Estados Unidos mantiene una escalada de tensiones que van desde el ámbito sanitario al político, pasando por el económico.

Política exterior

Trump ha presumido de logros en materia de política exterior, desde "revitalizar" la OTAN a golpe de avisos a otros países aliados a desvincular a Estados Unidos del "terrible" acuerdo nuclear suscrito en 2015 con Irán, en contra del criterio de la propia ONU. Washington ha vuelto a imponer esta semana sanciones contra Teherán.

La lista del presidente incluye también el pacto para la normalización de relaciones económicas entre Serbia y Kosovo, un "acuerdo de paz" en palabras del presidente, así como los acercamientos de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, "después de décadas sin ningún progreso".

Además, según Trump, "Estados Unidos también está trabajando para poner fin a la guerra en Afganistán", lo que pasa por "traer las tropas" de vuelta a casa. La Administración norteamericana prevé reducir a 3.000 el número de efectivos en el país asiático.

El presidente ha defendido igualmente su decisión de sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, que considera imparcial, y lamenta que se quiera "castigar" al país norteamericano en términos medioambientales mientras "se ignora la contaminación rampante de China".

En relación a América Latina, ha dejado claro que Washington seguirá trabajando a favor de la "lucha en la libertad" en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que pasa en términos prácticos por mantener la presión contra sus respectivos gobiernos.

"Durante décadas, las mismas voces cansadas han propuesto las mismas soluciones fallidas, persiguiendo ambiciones globales a expensas de su propia ciudadanía. Solo cuando te preocupas de tus propios ciudadanos encuentras una verdadera base para la cooperación", ha remachado Trump.

El diplomático Álvaro Alabart, destituido el pasado junio de su puesto de cónsul en Bayona, ha presentado ante la Subsecretaría del Ministerio de Exteriores un recurso de reposición contra su cese por considerarlo "injusto y arbitrario" y ha pedido que se le restituya en su cargo, según un comunicado remitido a Europa Press por su abogado.

Alabart fue cesado después de que Mediapart, socio editorial de infoLibre, publicase que el 24 de marzo, en pleno confinamiento, Alabart cruzó la frontera para recoger, en San Sebastián, a un matrimonio contratado como servicio doméstico en su residencia oficial. También decía que el cónsul había obligado a abandonar la residencia al matrimonio jubilado de nacionalidad ucraniana que hasta entonces desempeñaba esa labor.

Sin embargo, el diplomático afea al Ministerio que no contrastase unos hechos que, a su juicio, se difundieron de forma tendenciosa, y ha decidido hacer públicos los hechos para "proteger su honor y su dignidad profesional", porque considera que el Ministerio "se ha parapetado en unos argumentos falsos para cesar a un funcionario con 42 años de ejercicio profesional, dos Embajadas a su cargo (Kuwait y Mozambique) una Gran Cruz de Mérito Militar y, desde hace más de un año Embajador de rango".

Según el relato contenido en su comunicado, los motivos de su cese fueron que no comunicó al Ministerio dicha salida, que utilizó el vehículo para un "servicio extraordinario" y un "asunto privado" sin autorización, que el viaje se hizo durante el estado de alarma y que la contratación del matrimonio como "asistencia técnica" se autorizó el 26 de marzo con efectos 1 de abril, y el diplomático recogió a sus nuevos empleados el 24 de marzo.

Además, Exteriores afirmaba que el haber "forzado" a marcharse de la residencia oficial al matrimonio de trabajadores jubilados, "tras doce años de trabajo, pertenecientes a un grupo de edad vulnerable, ha supuesto un perjuicio a la imagen de España, en general, y al servicio exterior español, en particular, por la falta de humanidad" que se desprende de ello.

Esta acusación es la que el diplomático niega de plano, afirmando que no solo no les "forzó" a irse sino que les "ofreció todo tipo de facilidades para que su traslado fuera lo menos gravoso posible".

El matrimonio, dice, se marchó "voluntariamente y sin avisar" el 4 de abril a vivir con unos amigos a unos 100 metros, donde todavía siguen y el canciller del Consulado, siguiendo sus instrucciones, se puso en contacto con ellos para comprobar que sus condiciones "eran las adecuadas". De su marcha fueron testigos los nuevos trabajadores, dice.

El diplomático se muestra sorprendido de que se le acuse de alojar en su residencia a dos trabajadores que aún no han empezado a prestar servicios y, al mismo tiempo, de no mantener en ella a los que ya se habían jubilado. "Podría decirse que se limitó a aplicar la normativa laboral, que impide permanecer en el puesto de trabajo a aquel trabajador que ya se ha acogido a la jubilación voluntaria", añade su relato.

El viaje tenía "carácter oficial"

Pero además, rechaza que Exteriores califique su viaje de "asunto privado" o "servicio extraordinario" porque "resulta evidente que el mismo respondía a una necesidad del Consulado y, por tanto, tenía carácter oficial". Además, afirma que "en ningún caso se vulneró el confinamiento".

En ese sentido, recuerda que los diplomáticos sí tenían permitido desplazarse y cruzar las fronteras pese al estado de alarma. En todo caso, añade que aun así avisó con carácter previo al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa, que le confirmó que podía desplazarse afirmando que, como español, no tenía limitación para entrar en España y que el personal diplomático estaba exceptuado de las restricciones "siempre que sus desplazamientos estuvieran vinculados a sus funciones oficiales".

Por otro lado, aunque admite que la autorización oficial para esta contratación se produjo el día 26 de marzo, ya antes había recibido autorización extraoficial, con comunicación enviada por el director general del Servicio Exterior de fecha 9 de marzo.

"No se puede deducir de este hecho un supuesto de pérdida de confianza que sea motivador de un cese, cuando el propio Ministerio estaba informado del detalle de toda la operación, tal y como se desprende de las diversas comunicaciones", añade.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, recibió este lunes pasado en la sede de su departamento al responsable de Turismo en el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro sin que ninguna de las dos partes diera publicidad a ese encuentro, según informa Europa Press.

Fuentes del departamento que dirige Ábalos han confirmado a Europa Press la reunión, que versó sobre "transporte aéreo" y que surgió con motivo de la presencia del ministro venezolano, Félix Plasencia, en Madrid para visitar la feria Fitur.

Las mismas fuentes han recordado que en los últimos meses Ábalos, en su calidad de secretario de Organización del PSOE, se ha entrevistado en hasta seis ocasiones con representantes del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por España como presidente interino de Venezuela. En dos de esas ocasiones, Ábalos conversó por teléfono con Guaidó.

Desde que España reconociese a Guaidó como presidente interino de Venezuela, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desarrollado lo que el exministro de Exteriores Josep Borrell denominó diplomacia "creativa", consistente en combinar los contactos con el entorno de Guaidó con mantener la relación con Maduro, que retiene de facto los resortes del poder en Venezuela.

De hecho, Borrell se vio desde entonces en al menos dos ocasiones el ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza. La sucesora de Borrell, Arancha González Laya, piensa recibir en estos próximos días en Madrid a Guaidó, con motivo de su visita a España.