La Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha abierto un expediente disciplinario, con suspensión cautelar de empleo y sueldo, a un funcionario que avaló la adjudicación de una vivienda social de la ciudad de Alicante a su mujer, "omitiendo datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte", informa EFE.

Esta decisión, según fuentes de la Conselleria, se adopta después del "segundo análisis" solicitado por la Secretaria Autonómica de Vivienda tras conocerse que una concejal del Ayuntamiento de Alicante, un arquitecto municipal y dos allegados de una alto cargo -la primera y esta última han renunciado a sus cargos tras conocerse los hechos- han sido adjudicatarios de viviendas públicas en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan.

En esta segunda verificación se ha conocido que este funcionario es cónyuge de una de las personas solicitantes y que en la tramitación del expediente omitió datos relevantes referentes a la unidad de convivencia de la que él formaba parte y, por extensión, de la acreditación de ingresos y viviendas en propiedad de las que pudiera disponer y que se deben sumar a dicha unidad de convivencia, según las mismas fuentes.

La Dirección Territorial ha informado de una supuesta comisión de varias faltas tipificadas como muy graves por parte de este técnico funcionario, que "revisó, tramitó y acreditó para su firma" el expediente de su mujer, "estableciendo como revisión favorable todos los requisitos del mismo".

La Conselleria ha afirmado que "actuará con total contundencia, como ha hecho hasta este momento, y trasladará inmediatamente la información a Fiscalía a efectos de que investigue la situación y adopte las medidas oportunas". "Nos encontramos ante un caso en el que un funcionario, haciendo un uso indebido de su posición, habría actuado en beneficio propio o de terceros", ha indicado.

La Conselleria ha subrayado "con total claridad que en ningún caso existe participación alguna de cargos políticos en la emisión de los visados ni en las decisiones adoptadas". "Dicho esto, y precisamente porque actuamos con responsabilidad y tolerancia cero ante cualquier irregularidad, a la vista de lo ocurrido se van a reforzar los mecanismos de control", ha indicado.

En concreto, "además de las medidas incorporadas en el Decreto 180/2024, se reforzará el sistema de revisión en los procedimientos de visado de las Direcciones Territoriales, impulsando una nueva fórmula de comprobación a través de una mesa de verificación", ha avanzado.

"Para este Consell, hechos como los que se han producido son plenamente inadmisibles y no tienen cabida en una gestión pública responsable. No existen ambigüedades cuando se trata de proteger el interés general y de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones", ha señalado.

El Gobierno ha mejorado la oferta salarial para los empleados públicos ofreciendo un incremento del 11% para el periodo 2025-2028, después de que ayer los sindicatos rechazaran un alza del 10%, según confirmaron a EFE fuentes de la negociación.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha vuelto a reunirse con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para este año y los tres próximos después de que el anterior caducara en 2024.

La subida planteada hoy mantiene que en los dos primeros años, 2025 y 2026, el incremento sólo podrá alcanzar el 4%, dejando el resto de la subida para la segunda parte del periodo, algo que a los sindicatos no les gusta pero que se abren a estudiar en el marco de un acuerdo que incluye más medidas.

Según ha trasladado a los medios CSIF, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, les ha asegurado que "no hay un plan B" y ha emplazado a los sindicatos a "hablar con sus organizaciones para decidir una respuesta", que escuchará en la reunión convocada el próximo lunes.

Para el coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo, "es el momento de estudiar detenidamente esta oferta y dar una respuesta responsable que permita desbloquear la congelación salarial que, de facto, sufren las personas trabajadoras del ámbito público".

No obstante, ha añadido que para llegar a un acuerdo es "imprescindible" desbloquear y recuperar la jubilación parcial, la plena implantación de la jornada de 35 horas y la clasificación profesional de técnico superiores y de grado medio, entre otros asuntos.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha considerado que, "a la espera de hacer números", la oferta "le podría valer" al sindicato, siempre que el acuerdo global incluya otros aspectos como la promoción interna o la eliminación de la tasa de reposición de efectivos.

A la espera de que UGT Servicios Pública estudie internamente esta oferta hoy mismo, Araque ha incidido en que es imprescindible que la mayor parte de la subida salarial se complete en 2027.

Si en 2025 y 2026 la subida conjunta no puede pasar del 4%, según ha trasladado el Gobierno, Araque cree que el alza para 2027 tendría que ser del 5%, de manera que en enero de ese año los empleados públicos ya acumulasen una mejora salarial del 9%.

CSIF ha valorado el punto adicional añadido a la oferta de este miércoles, pero ha considerado necesario "poner el acento en la subida de 2025 y 2026 por seguridad jurídica" y ha advertido al Gobierno de que si se mantiene ese criterio "tendremos que volver a las calles".

"Pensamos que todavía hay flexibilidad", ha dicho CSIF, que ha asegurado que la subida salarial es "fundamental" y que "continuará negociando hasta el último minuto".

CSIF ha detallado que esta oferta salarial tendrá un coste de 222.000 millones de euros, contando con el 1 % adicional que se ha incluido en la oferta de este miércoles (2.000 millones de euros más).

Los sindicatos mostraron ayer su rechazo a una propuesta que consideraron insuficiente, hasta el punto de que CCOO amenazó incluso con convocar una huelga general en diciembre si el Gobierno no ofrecía una oferta más ambiciosa.

En la primera reunión hace dos semanas, el Gobierno ofreció una subida para 2026-2028 que incluiría una parte fija y otra variable para que los empleados públicos "no pierdan poder adquisitivo".

En dicho encuentro, los sindicatos reclamaron un incremento diferenciado para 2025.

El Gobierno plantea una subida salarial fija para los empleados públicos del 10 % para el periodo 2025-2028, según han informado los sindicatos, que rechazan esta oferta porque deja la mayor parte del incremento para el final y no permite recuperar el poder adquisitivo.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha mantenido esta miércoles una reunión con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para abordar un nuevo acuerdo salarial y de empleo para el sector público para este año y los tres próximos después de que el anterior caducara en 2024.

Los sindicatos han mostrado su rechazo inicial a una propuesta que consideran insuficiente, hasta el punto de que CCOO ha amenazado incluso con convocar una huelga general en diciembre si no ofrecen una oferta más ambiciosa.

El ministerio no ha comunicado las cifras planteadas en la reunión, pero sí ha asegurado que se compromete "a estudiar los planteamientos realizados por las organizaciones sindicales", a las que ha emplazado a una nueva reunión mañana al mediodía para continuar negociando.

De hecho, fuentes de CCOO aseguran que durante la reunión la Administración se ha visto forzada a retirar la propuesta y ya les ha emplazado a ese nuevo encuentro mañana.

Los sindicatos han explicado que, aunque la subida planteada se repartiría a lo largo de esos cuatro años, el incremento no podrá superar el 4% entre los ejercicios 2025 y 2026 porque, según les ha explicado Función Pública, se superaría el techo de gasto.

De esta manera, explican fuentes de CSIF, quedaría por subir el 6% restante entre 2027 y 2028.

"Este incremento es del todo inaceptable y supone un insulto a los empleados públicos", ha destacado CCOO en un comunicado donde reclama una propuesta "más ambiciosa o la huelga general en diciembre será una realidad".

CCOO ha señalado que un Gobierno que presume "de liderar el crecimiento económico de la Unión Europea" y ha modificado al alza su previsión del 2,7% al 2,9% para este año "propone continuar con la política de contención salarial" para el personal de las Administraciones Públicas.

"No estamos ni para perder oportunidades ni para perder dinero", ha criticado la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.

Sobre posibles movilizaciones, Araque ha señalado que nunca han descartado "ningún escenario de movilizaciones" pero que en plena negociación no quieren hablar ahora de ese punto.

En una línea similar, CSIF ha apuntado que, por responsabilidad, seguirá negociando un acuerdo que permita avanzar en la recuperación del poder adquisitivo perdido a lo largo de los últimos años.

 El sindicato detalla que esta primera oferta no cubriría la subida de los precios, teniendo en cuenta en 2024 el IPC cerró en un 2,8% y hasta octubre la inflación se situó en un 3,1%.

El Gobierno trasladó hace dos semanas a los sindicatos su intención de establecer un marco plurianual (2026-2028) con incrementos salariales vinculados a un componente fijo y otro variable para que los empleados públicos "no pierdan poder adquisitivo".

En ese encuentro, los sindicatos reclamaron una subida diferenciada para 2025 que permitiera a los empleados públicos recuperar el poder adquisitivo.

El anterior acuerdo plurianual fue suscrito para el periodo 2022-2024 entre el Gobierno y CCOO y UGT también con un incremento salarial fijo y otro variable, de forma que en total se aseguraba una subida mínima del 6,5%, que podía alcanzar el 9,5% en función de variables vinculadas al IPC y al PIB recogidas en las cláusulas de revisión.

¡Cuánta gente hay así por el mundo!, cuánta gente del montón, que nunca sobresalieron por nada, que se sintieron ninguneados y olvidados por una sociedad, a su modo de ver, injusta, que no reconocía sus valores  y, de pronto, un día se les presenta la oportunidad de dejarse oír más allá del interior de las paredes de su hogar o de su cutre despacho de funcionarios mal pagados. De repente, tienen en sus manos la ocasión con la que soñaron toda su vida, de repente, tienen a su alcance el poder humillar a los que les humillaron. Por fin les llega  su momento de gloria.

Recuerden a ese policía señalándoles satisfecho su falta, recuerden las veces que se han encontrado en una ventanilla con esa persona a la que se le ilumina el rostro cuando le espeta “le falta un documento, tendrá que volver otro día”, creciéndose en su puesto a sabiendas de que nadie le va a rechistar, cosa que, seguramente, no le pasa en la intimidad de su hogar; por eso, en su efímero reinado, desahogan su ira, su impotencia y su rencor con el placer de un masoquista, regodeándose en su perversión.

Dense pues por aludidos aquellos que, en el fondo de su conciencia, saben que su diario proceder se ve condicionado por ese anonimato al que se han visto encaminados por su vida tan mediocre. Desafortunadamente, no creo que la persona que me ha inspirado estas líneas llegue a leer las mismas, pero no dudo que, en caso de hacerlo, seguro que se reconocerá, aunque –también es seguro– seguirá disfrutando con su misión: morir matando excitado por el éxtasis del poder.

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José Ramón Berné es socio de infoLibre.

Casi 80.000 funcionarios del Sergas (Servicio Gallego de Salud) o de la Consellería de Educación pueden aspirar cada año a un cambio de puesto si cuentan con la experiencia y la puntuación adecuadas. En estas áreas los concursos de traslado son habituales ya que la Xunta los resuelve constantemente sin mayores dificultades. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los cuerpos especiales de la Administración general (ingenierías de todo tipo, arquitectura, biología o diversas escalas técnicas), donde el Gobierno gallego puede dejar pasar más de una década entre un concurso de traslados y el siguiente. 

Este retraso reiterado de la Xunta —en 2021 el Consello de Contas ya criticó en un informe que "en los últimos años las convocatorias de concurso no están siguiendo una periodicidad adecuada"—, junto a la también lenta aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que los funcionarios de nuevo ingreso deben hacerlo ya en su plaza definitiva y no en la provisional, mantiene en la incertidumbre sobre su futuro a cientos de funcionarios de cuerpos especiales, tanto veteranos como de nuevo ingreso. Unos y otros luchan por unas mismas plazas ante la lentitud de la Xunta en ordenarlas adecuadamente.

En 2022, el Constitucional estableció que los funcionarios de nuevo ingreso debían acceder a plazas consideradas definitivas y no provisionales. La Xunta no solo continuó con las asignaciones provisionales, sino que también incluyó muchas de estas plazas en concursos de traslados de cuerpos especiales que no se habían convocado durante años (más de una década en algunos casos). Traslados que ahora están paralizados porque las plazas de destino están ocupadas por funcionarios de nuevo ingreso con plazas provisionales, pero que reclaman que esta sea ya la definitiva para ellos en aplicación de esta sentencia del tribunal de garantías.

Por un lado, el personal de los cuerpos especiales más veteranos ve cómo sus aspiraciones de años, o incluso décadas, de cambiar de puesto se ven ahora frenadas ya que, con los concursos de trasladados por fin convocados, la Xunta los tiene parados. Por otro lado, los funcionarios de nuevo ingreso que obtuvieron plazas temporales reclaman, en aplicación de la jurisprudencia constitucional, su derecho a seguir ocupando esas mismas plazas de forma definitiva (la justicia se pronuncia en cada caso individualmente), lo que bloquearía la movilidad de los más veteranos. 

Ante esta situación, una plataforma de técnicos veteranos de la Xunta está movilizándose para reclamar "respeto a su carrera profesional" y "la toma de posesión inmediata de las plazas" que ya les fueron adjudicadas en los concursos de traslado. Este miércoles se concentrarán desde las 16.00 horas frente al Parlamento de Galicia, donde está prevista la comparecencia del conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos, para responder a una pregunta del PSOE gallego al respecto.

Más allá del estruendo mediático y de la trinchera judicial, numerosas asociaciones de altos funcionarios han formado también un amplio frente contra el Gobierno. El proyecto de reforma de la Administración Pública, mediante el que el ejecutivo pretende impulsar un cambio radical en el modelo de acceso a la Administración General del Estado, ha provocado una sonora respuesta en plena canícula veraniega.

La intención del Ejecutivo consiste en convertir el dilatado proceso de oposiciones, caracterizado por un esfuerzo memorístico de utilidad cuestionable y por sistemas de preparación mayoritariamente privados —y en los que participan activamente los altos funcionarios—, en un máster público de dos años al que daría acceso una prueba selectiva, y que concluiría con otro examen. Los distintos cuerpos de máximo rango de la Administración, agrupados en la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA), consideran que dicho cambio atentaría contra la equidad y el acceso meritocrático a una función pública que debe escoger a los mejores y carecer de sesgo ideológico y arbitrariedad.  

No tiene por qué faltarles razón —aunque la superioridad actual del sistema vigente está por demostrar—, pero hay mucho más. Pese a que estos cuerpos han sido invitados a proponer sus ideas este próximo martes con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, el enfrentamiento viene de antes. Se trata del levantamiento intermitente de una primera línea del Estado, una confederación de élites corporativas de las que depende el funcionamiento de la maquinaria administrativa central.

Esta red de mecánicos estatales ha sido considerada por muchos estudiosos como una verdadera clase burocrática. Para expertos académicos y también funcionarios de primera línea como Mariano Baena del Alcázar, Narciso Pizarro, Juan Linz, Amando de Miguel o Miguel Beltrán, la élite de los altos funcionarios era la única manera de hacer política de manera alternativa al mal llamado partido único de la dictadura. Se trataba de una élite cerrada, dotada de un grado de movilidad social mínimo. 

La llegada de la política democrática no ha reducido el papel de lo que el sociólogo francés Pierre Bordieu denominaría la ‘nobleza del Estado’, una posición dominante en la que influye la meritocracia, la procedencia social, y, sobre todo, las ventajas que el espíritu corporativo de los distintos cuerpos otorga a sus miembros, muchas veces incluso desde las academias preparatorias.

Dichos cuerpos andan especialmente activos desde el principio de la legislatura. La declaración del expresidente José María Aznar –“el que pueda hacer que haga”—, realizada a principios del mes de noviembre de 2023, unos días antes de que las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios otorgaran a Pedro Sánchez la oportunidad de volver a ser presidente del gobierno, ha coincidido con una serie de movimientos que tienen su origen en la oposición a las consecuencias de la ley de amnistía, pero también en fuertes diferencias ideológicas muchas veces difíciles de disimular. 

Pocos días después del pronunciamiento del decano de la derecha española, distintos cuerpos de altos funcionarios realizaron comunicados contrarios a la medida de gracia, acordada para que el nuevo gobierno fuera posible. A los altos cuerpos de la judicatura se unieron las asociaciones mayoritarias de los abogados del Estado, de los técnicos comerciales, los inspectores de trabajo o los administradores civiles, entre otros. Sin embargo, no todos los altos burócratas integrados en estas estuvieron de acuerdo: en FEDECA, el colectivo que agrupa a todas las asociaciones, la presidenta, Laura Yuste, fue acusada de haber disuelto y rebajado la protesta. Unas semanas más tarde esta sería reclutada como asesora en el gabinete del ministro de Economía, y sustituida, a su vez, por Ana Ercoreca de la Cruz, de talante más crítico. Desde asociaciones como la Academia Española de la Administración Pública, de orientación progresista, se criticó entonces la ruptura de la neutralidad política por parte de unos altos funcionarios que teóricamente basan su acción en su saber técnico, pero que no pueden ignorar su ideología. 

Después de este intento de condicionar la investidura gubernamental ha habido un nivel de actividad política creciente. El 13 de marzo de 2024 se presentó en la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona, centro perteneciente a la Asociación de los Propagandistas Católicos, el Pacto de Profesionales en Defensa del Estado de Derecho, firmado para luchar contra la supuesta injerencia del Gobierno en la Justicia y contra las consecuencias de las supuestas cesiones realizadas a Cataluña.

Entre sus portavoces se encontraban sindicatos de la Policía Nacional, de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y del resto de cuerpos anteriormente mencionados. Destacaba Cristina Dexeus, perteneciente a la mayoritaria Asociación de Fiscales y furibunda crítica del proceso independentista catalán. El representante de APSITAL, la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Alberto Bravo Queipo de Llano, mostró su preocupación por la descentralización de competencias para la selección de altos funcionarios para los ayuntamientos catalanes, lo que podría convertirse en una fuente de clientelismo.

Como representante de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado estaba su presidenta, Ana de la Herrán Piñar, especialmente activa en las tribunas periodísticas, en las que ha denunciado la medida de gracia como un paso decisivo para la demolición del Estado y el proyecto de reforma funcionarial como un cambio lesivo para la Administración. De la Herrán es nieta e hija de altos funcionarios: su abuelo fue Blas Piñar Gutiérrez, notario y fundador de la corriente ultraderechista Fuerza Nueva; su padre, Pedro de la Herrán Matorros, también notario, se presentó como número uno por Valladolid en las elecciones de 1979 por la coalición de extrema derecha Unión Nacional Española; solo su suegro, Blas Piñar, logró escaño en el Congreso.

La asociación de técnicos comerciales y economistas del Estado también ha sido especialmente combativa. El presidente de este colectivo es, desde hace unos meses, Álvaro Rengifo Abbad, que ha publicado recientemente un artículo en The Objective sobre las amenazas contra el Estado de derecho. Rengifo fue compañero de promoción de Luis de Guindos; su segundo en la asociación es Íñigo Fernández de Mesa, antigua mano derecha de De Guindos en Lehman Brothers y actual vicepresidente de la CEOE. En 2017, Rengifo fue incorporado al equipo económico de De Guindos como presidente de la empresa CESCE. Su padre, Álvaro Rengifo Calderón, también fue técnico comercial del Estado, y figuró como subsecretario de comercio en los últimos años del tardofranquismo; en 1976 juró el cargo de ministro de Comercio con Adolfo Suárez. Emparentado con el marqués de Villaverde a través de su esposa, Álvaro Rengifo Calderón jugó un papel importante en el inicio de la transición democrática. 

La colonización de las asociaciones mayoritarias es solo una forma más de la captura del Estado a la que se puede hacer progresivamente frente. La nueva ley de acceso a la función pública podría incrementar a medio plazo la diversidad social de los altos cuerpos burocráticos, pero, entretanto, la politización y la polarización de todo asunto público prometen una cruenta batalla administrativa. La nobleza estatal continúa en rebeldía al borde del fundido a negro del verano. 

Unos 250 interinos han presentado una querella por prevaricación contra cinco magistrados del Tribunal Supremo por haberse pronunciado sobre la interinidad desoyendo lo que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según informa EFE.

La querella, fechada el pasado mes de junio y a la que ha tenido acceso EFE, se dirige contra cinco magistrados de la sección 4ª de la sala de lo contencioso administrativo, firmantes de sendas sentencias sobre la posibilidad de que los interinos se conviertan en fijos sin pasar por un proceso selectivo.

A comienzos de este año, la sala de lo contencioso reiteró que el ordenamiento jurídico español no permite convertir en funcionario fijo o equiparable a quien ha recibido nombramientos temporales abusivos sin que medien los procesos selectivos previstos por la ley.

En su exposición de argumentos, la Sala aseguraba que su criterio no se opone a la directiva europea aplicable ni al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de junio de 2024.

El TJUE avaló entonces convertir a los interinos en trabajadores con contrato indefinido como medida sancionadora frente al abuso de contratos temporales siempre y cuando "no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la ley".

Los 250 interinos que han presentado la querella señalan que estos cinco jueces, con un afán voluntarista, personal y ajeno a Derecho" y en contra de lo que manda la directiva europea aplicable y lo que establece el TJUE, "hacen su propio camino” en contra de lo que les resulta exigible.

Los querellados no han respetado "ni la legalidad que les vincula, ni las resoluciones vinculantes del TJUE en la materia objeto de controversia y, con pleno conocimiento de su actuación, dictan resolución injusta contraria a las mismas, anteponiendo su voluntad personal a la voluntad de la Ley", explica la querella de 68 páginas. Todo ello "sin duda configura el tipo de la prevaricación", añade el texto.

El pasado 7 de julio, la Comisión Europea dio luz verde al desembolso del quinto pago del fondo de recuperación a España, cuya cuantía redujo en 1.100 millones de euros por incumplimiento de algunos compromisos, entre ellos uno para reducir la temporalidad de los funcionarios. En concreto, descartó el desembolso de 627 millones por considerar insuficientes las medidas adoptadas para reducir la temporalidad en el sector público.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha planteado que los nuevos funcionarios se incorporen al sistema nacional de salud (SNS), al tiempo que ha desaconsejado la integración del conjunto de los mutualistas a la sanidad pública, dadas las listas de espera, informa EFE.

La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, ha presentado este lunes los estudios de la primera fase del Spending Review 2022-2026: Asistencia sanitaria del mutualismo administrativo e Instrumentos financieros de apoyo a sectores productivos.

Tras evaluar la eficiencia de la asistencia sanitaria en el mutualismo administrativo, ha constatado que el sistema de España "es una excepción singular" entre los países del entorno.

Herrero ha afirmado que, sin refuerzo del SNS y sin evaluar los determinantes de las listas de espera, es inviable la migración del conjunto de mutualistas a la sanidad pública.

Según el ejercicio realizado por la AIReF, traspasar al SNS los 1,6 millones de mutualistas y beneficiarios del sistema (principalmente hijos) supondría 0,9 consultas adicionales al día en atención primaria, 24,6 pacientes más por cada mil habitantes en consultas especializadas y 1,3 pacientes más por cada mil habitantes para intervenciones quirúrgicas.

Herrero ha destacado que la propuesta de traspaso progresivo de los funcionarios al SNS está respaldado por el hecho de que el 72 % de los nuevos mutualistas ya elige la modalidad pública.

De acuerdo con la AIReF, esta tendencia se acentúa en las patologías severas, ya que más del 66 % de las hospitalizaciones de severidad mayor o extrema son atendidas en centros de titularidad pública, porcentaje que se eleva al 90 % cuando el mutualista en esa circunstancia es menor de 40 años.

El informe constata que la modalidad privada del sistema mutualista destaca por su mayor accesibilidad a algunos servicios sanitarios, con una tasa de frecuentación que cuadruplica las ratios del SNS en especialidades como traumatología, dermatología y ginecología por el mayor acceso a pruebas diagnósticas avanzadas.

La AIReF ha propuesto asimismo que la adscripción a las diferentes mutualidades deje de ser obligatoria para los funcionarios de carrera y se convierta en un régimen voluntario, previa consulta a todos los mutualistas durante la vigencia del próximo concierto sanitario hasta 2027.

Este cambio permitiría generar ahorros, tanto para el funcionario como para las arcas publicas, al eliminar las aportaciones de aquellos que opten por abandonar el sistema mutualista.

Herrero ha incidido en que, si el sistema fuera voluntario, el funcionario dejaría de pagar una cuota y el Estado no abonaría la prima por asegurado; mientras que con el sistema actual ambas partes siguen aportando al sistema, aunque el funcionario decida integrarse en la sanidad privada.

Más allá de las dos reformas estructurales, que pasan por incorporar a los nuevos funcionarios al SNS y por hacer voluntario el mutualismo administrativo, la AIReF propone medidas para mejorar la eficiencia del sistema en el ámbito farmacéutico principalmente.

La autoridad ha constatado que los centros privados facturan a las mutualidades medicamentos hospitalarios a precios más elevados que el de adquisición en los centros públicos, que en algunos casos los sextuplican.

Ante esta situación, propone optimizar los mecanismos de compra de medicamentos hospitalarios, implantar un programa integral de uso de genéricos y biosimilares, y desarrollar la receta electrónica.

Plantea también implantar, con carácter general, la historia clínica digital, además de reforzar la evaluación integral de la calidad asistencial, la coordinación con el SNS o la frecuentación a consulta y pruebas.

El empleo público tiene una evidente repercusión en dos aspectos de vital relevancia para cualquier país. Por un lado, tiene una significativa importancia como parte de los puestos de trabajo que ocupa la población activa y, por tanto, es determinante en los niveles de ocupación del conjunto del mercado de trabajo, y, por otro lado, la calidad de los recursos humanos de las Administraciones Públicas está directamente asociada a la posibilidad de estas para prestar los servicios que se comprometen a facilitar a la sociedad y a su capacidad para garantizar los derechos de los ciudadanos.

En relación con el primero de los aspectos, es clave señalar que el empleo público tiene unos ciclos de crecimiento o contracción que difiere en periodos cortos de tiempo con los ciclos del empleo privado. Es decir, el empleo público reacciona con retardo a los ciclos económicos.

Sin perder de vista este comportamiento diferencial, podemos analizar la situación del empleo público a partir de la crisis económica de 2008 y su evolución hasta la actualidad, así como la previsible proyección, en el contexto de los países de la OCDE y el distinto comportamiento de las diversas administraciones públicas y los diferentes sectores.

En relación con el segundo de los aspectos, en un Estado constitucionalmente descentralizado, es fundamental estudiar de forma separada la variación en el empleo público a nivel central (en la Administración General del Estado) y la variación en el empleo del conjunto de las demás administraciones públicas (especialmente a nivel autonómico) y como estas variaciones afectan a la capacidad de cada uno de estos niveles administrativos para prestar sus servicios públicos.

Entre 2007 y 2019, en 10 países de la OCDE, el empleo en la administración general creció con más fuerza que el empleo total, las mayores diferencias se dieron en España (donde la diferencia fue de 1,24 puntos), México (0.94 puntos) y Luxemburgo (0.88 puntos).

El caso español presenta la peculiaridad, la anomalía en términos comparativos, de que el nivel general de empleo disminuyó, por lo que el diferencial de crecimiento del empleo público ha de ponderarse conforme a esa situación. Esto puede verse de forma comparativa en los gráficos que recoge el Informe Government at a Glance (2021) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Entre 2013 y 2019, es decir justo después de la crisis económica de 2008 y como consecuencia de las medidas adoptadas para afrontarla, el número de empleados de administración general del gobierno central cayó en España un 1,2% anual, sólo superada por Estonia, 3% anual, y seguida por Lituania, 0.9%.

Centrándonos ahora en el crecimiento del empleo público en su conjunto, observamos que las dotaciones de las administraciones públicas españolas crecieron a lo largo del periodo 2002-2024. Primero incrementándose el número de efectivos hasta 2012, después con una ligera bajada 2013-2015, reflejo de los recortes adoptados ante la crisis económica de 2008 (efectos del retardo ya comentado).

Se observa además que esta bajada que no se dio en otros países de la Unión Europea donde los recortes no supusieron una disminución del número de empleados públicos.

Se percibe en el gráfico (Fuente Registro Central de Personal, RCP) que las distintas administraciones no se comportaron del mismo modo, con un resultado de crecimiento neto en las Comunidades Autónomas que hemos de comparar con el Sector Público Estatal y la Administración Local.

Si acercamos aún más la lupa veremos que los puestos de pura administración, Administración General del Estado (que incluye la Seguridad Social) y Administración Central de Comunidades Autónomas, evolucionaron de forma totalmente dispar:

El Estado pierde más de un 16% de sus efectivos en un proceso que se acelera a partir de 2010 con las medidas de austeridad y del que no se recupera, mientras que las Comunidades Autónomas incrementan sus plantillas hasta converger en número con el Estado y muy por encima de lo que podría justificarse por un proceso de transferencias que, en esos años, no se ha producido de forma significativa en términos de efectivos. 

En todo caso las CCAA recuperan en 2024 los niveles de 2002 y, tras la crisis de 2010, que produce recortes de menos entidad que en el Estado, tienen un proceso de incremento más rápido.

Afinando más el análisis, se ve cómo los recortes de plantillas afectaron más a la Administración General del Estado que a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas, que no sufrieron las mismas notables pérdidas de efectivos por los recortes adoptados ante la crisis económica, produciéndose, además, en estos dos últimos casos, una más acelerada recuperación.

La Administración de Justicia del Estado merece una mención especial. Su trayectoria plana sorprende, dadas las reiteradas quejas sobre su insuficiencia de medios y, consecuentemente, la poca eficiencia de su funcionamiento observada en la práctica.

Siguiendo con aproximaciones de detalle a las cifras, sorprende el crecimiento de las policías estatales frente a la evolución de los cuerpos autonómicos

Volviendo a la Administración de Justicia, ya vimos que en el caso del Estado tenía una evolución casi plana, ligeramente descendente, pero en el caso de la parte de empleo de la Administración de Justicia que depende de las Comunidades Autónomas, el crecimiento se produce a buen ritmo, salvo una pequeña caída en enero de 2014. La última transferencia de personal es en 2011 después de un proceso que inicia en 1988 y se ha transferido el 79,8% de las unidades judiciales.

Volviendo a la AGE, superadas las medidas de recortes asociadas a la crisis de 2008, dada la reducción de efectivos y que no se producía un proceso de recuperación de estos, en el seno de la AGE se empezó a considerar como situación de partida la de los servicios de 2013, como si estos servicios no presentasen notables deficiencias para sus prestaciones a ciudadanos y empresas, además de las nuevas necesidades derivadas de la tecnificación, la dependencia como nuevo pilar del estado del bienestar y los nuevos desafíos a los que se enfrenta la administración. 

Se detecta además que, para compensar la falta de efectivos y de conocimiento, se habían producido externalizaciones que obligaron a tomar medidas para:

En los últimos tiempos se ha producido un esfuerzo considerable para recuperar una dotación de personal, pero ya los servicios se encuentran degradados hasta poner en riesgo la gestión de las administraciones públicas, especialmente la del Estado y, dentro de él, significativamente, la de la Seguridad Social, la del Servicio Público de Empleo Estatal y la de otros sectores concretos, como los relacionados con las personas migrantes, a niveles realmente escandalosos respecto de los peticionarios de asilo o del estatus de apátrida.

Aunque más extrema en la Administración central, en el ámbito autonómico, la pérdida de recursos humanos ha de reseñarse especialmente en las áreas de gestión de los servicios relacionados con la salud, la educación y la dependencia.

El esfuerzo de recomposición de los niveles de empleo público, aún y todo, en el caso del Estado, como vimos gráficamente, está lejos de recuperar los niveles de dotaciones de personal previos a los recortes promovidos anteriormente.

Una de las primeras consecuencias ya comentadas de la falta de recursos humanos, ha sido la externalización de servicios, la contratación con empresas para tratar de cubrir las funciones que la falta de personal hace imposible que las administraciones sigan desempeñando.

Se puede observar que hay cierto paralelismo entre el gasto de personal y el dedicado a gastos corrientes en bienes y servicios, pero también que el recorte por las medidas adoptadas como respuesta a la crisis económica de 2008 afectó sobre todo al gasto en personal, la externalización de servicios requirió mantener el gasto de capítulo 2 no obstante los recortes generales.

En los años más recientes, cuando se recupera, muy modestamente eso sí, el gasto de personal, se produce una reducción del gasto corriente: la disponibilidad de personal propio reduce las necesidades de servicios externos.

La externalización de servicios tiene además un primer límite que periódicamente se recuerda en los informes de fiscalización y del Tribunal de Cuentas: aquellas funciones que implican el ejercicio de autoridad y que, en consecuencia, no se pueden trasvasar a los sujetos privados por ser inherentes al poder público.

En este ámbito de la contratación de servicios se ha producido otra desviación que evita la libre concurrencia de las empresas a las licitaciones respectivas. Se trata del recurso a los denominados recursos propios y la utilización del instrumento de la encomienda de gestión.

Hay especialistas administrativistas que defienden la contratación de servicios externos por parte de las administraciones argumentando que la gestión privada es más eficaz y también mejor económicamente para las arcas públicas, algunos añaden como argumento la importancia que tiene la facturación de esas empresas a las administraciones públicas en el conjunto de la economía.

Si un responsable de un ámbito de gestión considera que la forma de gestionar de su organización es menos eficiente que la de otra entidad, en este caso una empresa privada, debería replantearse su modelo organizativo y de gestión, puesto que es el responsable del mismo y, sino sabe cómo mejorarlo o no puede hacerlo por restricciones de su administración, debería permitir que los ciudadanos que sostienen ese organismo público conozcan esa situación y después dimitir.

Sobre la importancia de la contratación pública para las cuentas de las empresas de servicios nada puede contraponerse, tiene un peso incluso relevante para el PIB, pero es un argumento que, quien dirige la administración y opte por la externalización por ese motivo, ha de exponer abiertamente: se trata, por tanto, de transferir dinero público a empresas privadas, inyectar dinero de los presupuestos directamente en el mercado.

El argumento que no se sostiene es el del coste económico cuando se trata de subcontratar, externalizar, servicios con vocación de permanencia (no hablamos de la realización de proyectos puntuales y cerrados).

De la información que podemos extraer de las licitaciones publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público resultan estos datos. 

1. Coste total de la contratación a una empresa de los servicios de un titulado superior, total: 62.291-132.132 €/año à coste medio 97.212 €/año

2. Coste total de contratación a una empresa de los servicios de un diplomado universitario, total: 41.527-92.492 €/año à Coste medio: 67.010 €/año

Si tenemos en cuenta el coste de los funcionarios A1 y A2 del Estado en 2023, equivalentes a los perfiles anteriores:

- A1, coste medio por todos los conceptos: 64.500 €/año

- A2, coste medio por todos los conceptos: 43.000 €/año

Hay diferencias todavía mayores si vemos sectores como las tecnologías de la información. Ha de tenerse en cuenta, además, que la opción por personal propio o externo implica menor capacidad de dirección y un problema para la conservación del conocimiento que puede quedar en la administración correspondiente o ser plenamente dependiente de empresas o incluso de personas concretas.

La mera comparación de los datos anteriores explica por qué la externalización de estos servicios con vocación de permanencia no es eficiente para las administraciones públicas, sin ni siquiera haber entrado en la reducción de capacidad y conocimientos que esta externalización produce en la propia administración. 

Otro aspecto relevante para evaluar la evolución del empleo público es el nivel de envejecimiento de las plantillas.

En la OCDE, la media de empleados de más de 55 años de las administraciones centrales creció ligeramente, entre 2015 y 2020, desde el 25% al 26%.

Esta cifra presenta importantes diferencias entre países. En España los empleados de más de 55 años pasaron del 35 % al 46%, en Grecia del 27% al 37%, siendo Italia el país con más empleados mayores: el 48% de los empleados de la administración central tenían, en 2020, 55 años o más. 

Considerando la población activa española, ésta se sitúa próxima a la media europea, el 34,90%, ocupando España un lugar intermedio en relación con el resto de los países de la Unión Europea en este ranking de edad.

Entre las asalariadas y asalariados tienen más de 50 años: 32,06% (datos EPA), 35,03 % (datos ELFS), 34,31% (datos OCDE). Entre los asalariados y asalariadas del sector público: 46% (datos OCDE, ≥ 55 años), 43,65% (datos EPA). Centrándonos en el Personal de la Administración General del Estado 59,95% (datos BEPSAP) frente al 29,34% (datos EPA) en el sector privado.

El dato de envejecimiento en la plantilla de la Administración General del Estado es todavía más acusado en los empleados públicos de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (28.355 efectivos pertenecientes a IMSERSO, INGESA, ISM, INSS, TGSS y Gerencia de Informática), con el 73,01% de sus asalariados con 50 años o más.

El porcentaje de mayores de 50 años para la AGE, respecto a los cuatro años anteriores, muestra una sostenida tendencia a la baja, pasando de un 66,15% en 2020 al 59,95% en 2024. Esto puede ser consecuencia de la incorporación de nuevo personal por las ofertas de empleo público de los últimos años.

No obstante, lo anterior debe considerarse en conexión con la ya comentada continua pérdida neta de efectivos en el seno de la AGE, especialmente en el periodo 2014-2023.

En el caso concreto de los funcionarios de carrera, la diferencia entre altas y bajas ha sido notable hasta el año 2018 y la falta de convocatoria de plazas ha contribuido a agravar el problema del déficit de personal, lo que no se ha revertido pese al aumento de plazas convocadas de los último 5 años.

La reducción de los empleados que integran las administraciones públicas y la externalización de servicios por parte de las entidades públicas ha llegado a una situación crítica que ha reducido de forma notable la capacidad de las administraciones para actuar las funciones que la sociedad les asigna, garantizar los derechos de la ciudadanía y proteger sus intereses.

La necesidad de reforzar la dotación de empleados públicos se ha vuelto urgente, especialmente en la Administración General del Estado dada esa situación crítica. Las Ofertas de Empleo Público, incrementadas notablemente en los últimos años, han supuesto un avance en esa dirección, pero los datos las revelan, insuficientes ante las consecuencias heredadas de los recortes practicados con motivo de la crisis económica de 2008, y un envejecimiento de las plantillas que obliga, ya de por sí, a un proceso de sustitución que también en este punto es apenas suficiente.

Es, a su vez, necesario analizar y transformar los procesos de selección para, garantizando la calidad de los profesionales de la administración, aproximar los requisitos de esta a los perfiles que se requieren en la actualidad del servicio público, además de un esfuerzo de atracción e información al talento que se quiere captar y que en buena medida se está perdiendo. Se debe continuar, además, terminando con la temporalidad y evitar que se reproduzcan procesos irregulares del pasado. Este aspecto afecta más a otras administraciones, especialmente autonómicas, pero para servicios esenciales como sanidad, educación, dependencia.

Los gestores públicos han de verse reforzados y reconocidos en su capacidad como tales y, al propio tiempo, han de adoptarse medidas que terminen con la externalización de servicios que suponen una disminución en la eficiencia económica y en la calidad de la actuación de las administraciones públicas y en la propia capacidad de estas para actuar.

Las Administraciones Pública podrán, de esta forma, recuperar la capacidad transformadora de la sociedad, su sentido de existencia y una cultura de actuación al servicio del interés general. 

Me he entretenido un rato leyendo el último  Boletín Estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas de julio de 2024, que se publica desde 1990 y forma parte del Plan Estadístico Nacional.

He indagado buscando evidencia con la que constatar sensaciones personales y localizar algún dato con el que ilusionar y orientar a la chavalada de 15 años que esta semana ha participado en un programa de inmersión en mi centro de trabajo. 

Las sensaciones personales son estas: en mi anterior centro de trabajo no era habitual hablar de nuestros padres y madres. Era más habitual hablar de nuestros hijos e hijas. En mi actual centro de trabajo es más habitual interesarse por los ascendentes que por los descendientes cuando las conversaciones giran en torno a la conciliación y a los cuidados. La conciliación en mi nuevo ecosistema laboral es imprescindible para cuidar a los mayores, cuando en mi ecosistema laboral de procedencia lo era para cuidar a los menores. 

He clasificado en tres los datos ilusionantes. El primero es que hay en España tres millones de personas al servicio de la ciudadanía a través de su trabajo en las administraciones públicas. Poco más de medio millón (el 18% del total), contratadas por el Estado ya sea para integrar la Administración General del Estado (AGE), las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Administración al servicio de juzgados y tribunales. Cerca de dos millones (61%) integran los servicios públicos prestados por las comunidades autónomas (sanidad, educación y muchos otros), y seiscientos y pico mil (21%) de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares y otras de ámbito local.

Tres millones, que son pocos para todo lo que tienen que hacer. Recordaréis que en los años de la Gran Recesión nos familiarizamos con el concepto de “tasa de reposición” por la vía de los hechos, porque se limitó al 10% en la ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2011. De este modo, por cada diez personas empleadas en el sector público que se jubilaban, solo se podría convocar una plaza en nuevas oposiciones. Así, y durante más de una década hasta que en 2023 se fijó en el 110% como norma general para “compensar” la sangría de años anteriores, la calidad de los servicios públicos se ha ido deteriorando por falta de efectivos. Llámalos médicas/os, enfermeros/as, maestros/as, trabajadoras/es sociales o inspectoras/es de Hacienda. 

El segundo dato ilusionante está en el Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la AGE 2021 y proyección futura a 2031, que arrojaba que el 65 % de efectivos tiene 50 años o más (más del doble que en el conjunto de personas asalariadas). Contrasta una edad media de 44 años para las personas ocupadas con los 52 años del subconjunto de empleadas/os públicas. No en vano, la española es la segunda plantilla pública de la OCDE más envejecida, solo superada por Italia.

Tener 50 años o más es fantástico. Que en 10 años más del 50% de los y las servidoras públicas esté jubilado, también, pero es un escenario anticipado por los datos para el que debemos prepararnos. 

El tercer dato ilusionante es que “ser funcionario/a” es el tipo de figura social que una de cada tres personas en España elegiría ser si pudiera, y nada menos que para casi la mitad de la generación Z (esa que nació entre 2000 y 2010, aproximadamente), según el informe Trends Review 2025 titulado “El bienvivir” de VML The Cocktail. 

Zennials -hoy adolescentes cursando la ESO- que tendrán alrededor de 25 años dentro de 10, que habrán alcanzado mayoritariamente una titulación técnica o universitaria, que habrán superado unas oposiciones y a quienes esperamos con los brazos abiertos para que formen parte de unas administraciones públicas imprescindibles para el bienestar de todos. 

Aprovechemos estas tendencias demográficas, la previsible total eliminación de la tasa de reposición en los próximos PGE y las preferencias personales para preparar el gran reemplazo rejuvenecedor y, en la medida de lo posible, que se cuide y fomente la convivencia entre cohortes y generaciones, porque tenemos mucho que aprender unas de las otras.

Por cierto: a tres millones de efectivos asciende también el personal de la administración federal de los EEUU (sin incluir Fuerzas Armadas) que la motosierra del energúmeno de Musk está esquilmando de forma libertaria, por describir el esperpento de forma suave.

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Verónica López Sabater es economista y consejera de la Cámara de Cuentas de Madrid.

Más de medio millón de funcionarios, entre personal docente, de Correos y de la Administración General del Estado, están convocados por el sindicato CSIF el próximo jueves 13 de febrero a una jornada de huelga ante la falta de un nuevo convenio que garantice la asistencia sanitaria privada de Muface hasta 2027, según informa EFE.

Tras dos licitaciones (la primera quedó desierta) y dos mejoras de las condiciones económicas del concurso, el próximo 4 de marzo acaba el plazo para que las aseguradoras privadas presenten sus ofertas para hacerse cargo de la asistencia sanitaria de más de 1,5 millones de mutualistas, entre funcionarios y familiares.

El convenio actual caducó el 31 de enero, pero se ha prorrogado durante tres meses, lo que obliga a las actuales prestadoras del servicio (Adeslas, Asisa y DKV) a seguir atendiendo a los mutualistas, aunque CSIF denuncia que se están produciendo irregularidades.

Junto con la jornada de huelga, CSIF ha convocado concentraciones el jueves en todas las capitales del país, frente a las subdelegaciones del Gobierno, y ante el Ministerio de Hacienda en el caso de Madrid.

Al paro está convocado el personal público docente (tanto universitario como no universitario), el personal de los centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y el personal funcionario de Correos.

Los funcionarios de policía también se ven afectados, pero no tienen reconocido el derecho a la huelga, aunque CSIF asegura que el sindicato mayoritario de la Policía Nacional (Jupol) apoya la convocatoria.

Este lunes CSIF tiene además previsto presentar ante la Fiscalía General del Estado los casos recopilados de mutualistas que han sufrido la cancelación de citas o pruebas médicas.

El pasado 28 de enero, el Consejo de Ministros aprobó modificar las condiciones de la licitación del concierto sanitario con una financiación adicional de 330 millones de euros, hasta un total de 4.808,5 millones de euros, lo que eleva la prima por asegurado un 41,2 %.

Tras este incremento, Asisa y Adeslas ven viable la posibilidad de concurrir de nuevo al concurso del convenio sanitario de Muface.

CSIF ha valorado este acercamiento para alcanzar un nuevo convenio, pero ha dicho que mantendrá las movilizaciones hasta que se conozca "un acuerdo concluyente que termine con la incertidumbre de nuestros mutualistas".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, insiste en que "en una situación difícil el Gobierno se ha remangado y ha traído soluciones".

No obstante, la mejora del presupuesto ha generado discrepancias en el seno del Gobierno de coalición, entre ellas, las manifestadas públicamente por la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha afeado que se hayan primado las cuentas de resultados de las aseguradoras "por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos".

Entre tanto, la licitación del concierto para la asistencia sanitaria de los funcionarios destinados en el exterior sigue su curso, con una única aseguradora candidata, Nueva Mutua Sanitaria, a la que se han pedido información adicional sobre la viabilidad de su oferta.

La mesa de contratación volverá a reunirse este lunes día 10 para analizar las subsanaciones y, en caso de estimarse correctas, se procederá a la apertura del sobre de oferta económica.

El presupuesto de este convenio, que ampara a más de 8.000 funcionarios en el extranjero, asciende a 77,7 millones de euros.

El Gobierno ha lanzado una nueva licitación del concierto sanitario de Muface para los tres próximos años y ha dado de plazo hasta el 4 de marzo para que las aseguradoras interesadas puedan concurrir. Según consta en la plataforma de contratación del Estado, la nueva licitación publicada este viernes tiene un presupuesto estimado de 4.429 millones de euros sin impuestos.

El Gobierno acordó el pasado mes de enero volver a elevar la partida del concierto en aras de zanjar la crisis abierta después de que la primera licitación para la asistencia que ampara a 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, quedara desierta. Esta nueva licitación representa una mejora de 330 millones de euros respecto a la lanzada anteriormente sin éxito y de 1.276,5 millones respecto al concierto vigente.

Los sobres con las ofertas se abrirán el próximo 5 de marzo y la vigencia del concierto será del 1 de abril de 2025 al 31 de diciembre de 2027. Hasta entonces, el concierto actual está prorrogado.

La prima media ponderada aumentará acumuladamente en un 41,2 % durante los tres años de vigencia del convenio. No obstante, en el nuevo pliego se establecen una prima fija que se abonará mensualmente y que varía en función de la edad del beneficiario, de forma que a mayor edad, mayor cuantía.

Así, esas primas oscilan entre los 54,05 euros que se abonará al mes en 2025 por cada paciente de entre 0 y 4 años, hasta los 273,97 euros que se pagarán en 2027 cada mes por cada beneficiario de más de 74 años. Esta era una de las exigencias que ya habían planteado las aseguradoras al Gobierno, junto con las compensaciones en caso de circunstancias extraordinarias.

En los nuevos pliegos se establece además que Muface podrá compensar a las aseguradoras, "restablecimiento del equilibrio económico financiero del concierto", siempre que la asegurada "justifique debidamente la existencia conjunta" de tres supuestos.

El primero, detalla el pliego, será un "cambio extraordinario e imprevisible de las circunstancias" en el momento de ejecutar el concierto respecto de las que se tuvieron en cuenta al celebrarlo.

La segunda, un "aumento sustancial de la onerosidad" de la prestación como consecuencia de ese cambio de circunstancias y, la tercera, la "inexistencia de medios alternativos para evitar o paliar el desequilibrio causado, garantizando el cumplimiento del concierto".

Que quedaran claramente recogidos estos puntos para poder compensar eventuales pérdidas había sido una de las claves de la negociación para poder asegurar la concurrencia de las empresas a la nueva licitación.

Transcurrido el plazo del actual concierto para la asistencia sanitaria de Muface a finales del año pasado, la licitación del nuevo lanzada quedó desierta al considerar las aseguradoras que prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) que la subida propuesta era insuficiente.

Las aseguradoras Asisa, Adeslas y DKV, que han venido prestando asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios, estudiarán la nueva licitación del concierto de Muface lanzada por el Gobierno para decidir si finalmente participan en él.

El Gobierno acordó el pasado mes de enero volver a elevar la partida del concierto en aras de zanjar la crisis abierta después de que la primera licitación quedara desierta.

Aun así, desde un primer momento Asisa se mostró dispuesta a reconducir la situación y a finales de enero dejó entrever que la confirmación de su participación en Muface estaba más cerca, después de que fuentes de la aseguradora valoraran "muy positivamente" el esfuerzo hecho por la Administración para mejorar la financiación. Asisa prometió que estudiaría las condiciones del concierto para tomar una decisión definitiva sobre su continuidad, aunque pidió tiempo para estudiarlas y tomar oficialmente una decisión, la misma idea que reitera este viernes a preguntas de EFE.

En esta línea, desde Adeslas trasladaron que veían más clara su participación en el nuevo convenio de Muface tras conocer los acuerdos del Consejo de Ministros que mejoraban la financiación de este sistema privado de salud. Por esta misma razón, la aseguradora había decidido replantearse su negativa a participar en el proceso, lo mismo que ha pasado con DKV, que hasta el último momento ha mantenido su rechazo a volver a prestar asistencia médica a los funcionarios de Muface y ahora abre la puerta a reconsiderar este rechazo.

DKV informó a EFE esta misma semana que estaba a la espera de conocer el detalle de la nueva propuesta de los pliegos de condiciones para evaluarla y ver si presenta oferta en esta ocasión. 

La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá indemnizaciones a los dos millones de trabajadores federales si renuncian antes del 6 de febrero, según este martes la Oficina de Administración de Personal (OPM) y recoge EFE. Un alto funcionario del Gobierno dijo a la cadena NBC News que esperan que entre el 5% y el 10% de la fuerza laboral federal de EEUU renuncie, lo que, según estiman, podría generar alrededor de 100.000 millones de dólares en ahorros.

Quienes acepten esta "dimisión diferida" podrán acceder a un paquete de indemnización de aproximadamente ocho meses de salario y beneficios.

De acuerdo con la OPM, los trabajadores recibirán detalles sobre esta opción esta semana y la oferta se aplica a todos los empleados federales de tiempo completo, excepto al personal militar, a los componentes del Servicio Postal y a quienes trabajan en la aplicación de la ley de inmigración o en la seguridad nacional.

El sindicato de empleados federales más grande, la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), dijo este jueves en un comunicado que estas indemnizaciones tendrán consecuencias no deseadas que causarán caos para los estadounidenses.

"La cantidad de funcionarios públicos no ha cambiado significativamente desde 1970, pero ahora hay más estadounidenses que dependen de los servicios gubernamentales. Purgar al gobierno federal de funcionarios públicos de carrera dedicados tendrá consecuencias enormes e imprevistas que causarán caos para los estadounidenses que dependen de un gobierno federal que funcione", anotó el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley.

En su primer día como mandatario, Trump firmó órdenes ejecutivas que exigen el regreso a tiempo completo al trabajo presencial -al menos cuatro días a la semana- para los empleados del gobierno y que congelan la contratación de trabajadores federales. Así como una orden que desmantela algunas de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión del expresidente Joe Biden dentro del gobierno federal.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado su "contundente discrepancia" con el Ministerio de Función Pública y ha calificado de "mala y decepcionante noticia" el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros que eleva a 4.808,5 millones el presupuesto para el concierto sanitario de Muface en los próximos tres años.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado modificar las condiciones de la licitación del concierto sanitario de Muface con una financiación adicional de 330 millones de euros, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

"En el seno del Gobierno tenemos sanas, pero contundentes discrepancias, en este caso con el Ministerio de Función Pública", ha reconocido la ministra de Sanidad respecto de su socio de gobierno. A su juicio, el acuerdo ha sido una "mala noticia, para nosotros decepcionante".

En declaraciones a los medios, tras el acto de entrega de los Premios Nacionales de Informática y Salud 2024, organizados por la Sociedad Española de Informática de la Salud, García ha argumentado, en primer lugar, que "se ha primado las cuentas de resultados de las aseguradoras por encima de las cuentas de resultados en salud de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios".

En segundo lugar, ha proseguido, "se va a perpetuar un sistema anacrónico que no existe en ningún lugar del mundo, que es ineficiente y, como ya ha demostrado, a los pacientes, cuando vienen mal dadas, les va a dar una patada".

Por ello, ha defendido que el sistema sanitario público es "robusto", reconocido en todo el mundo. "Ya nos gustaría a nosotros tener un 40% más de presupuesto" ha comentado la titular de Sanidad, quien ha prometido seguir trabajando para que este sistema sea atractivo para todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios.

"Todos los países han eliminado el modelo Muface porque es un subsistema dentro del sistema, que es ineficiente. Si se trasladara al resto de la sanidad, nos habríamos cargado la sanidad", ha sostenido la ministra, quien ha advertido de que el modelo "es inseguro para los pacientes", cuando se hacen mayores o vienen mal dadas.

Asimismo, al ser preguntada por sus discrepancias con sus socios de Gobierno ha insistido: "Hemos hecho objeciones, hemos hablado en el Consejo de Ministros y soy transparente. Tengo legítimas discrepancias con el resultado de esta negociación, aunque entienda las realidades de todos los ministerios".

El acuerdo está, ahora, más cerca. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cuarta oferta a las aseguradoras que hasta ahora prestaban servicio a los funcionarios acogidos en Muface y asistidos en el sistema privado. Y lo ha hecho con una jugosa cifra que supera las exigencias de las empresas que han puesto en jaque un sistema que lleva 50 años en pie. En concreto, el Ejecutivo ha puesto ahora encima de la mesa de Adeslas, Asisa y DKV un incremento del 41,2% en las primas que recibían por dar cobertura sanitaria a un millón y medio de empledos públicos. Ellas fueron claras desde el principio: menos de un 40% era un montante difícil de aceptar. Ya lo han conseguido, así que ahora vuelven a tener la pelota sobre su tejado.

Son 330 millones de euros adiciones para 2025, 2026 y 2027, según ha especificado el Ministerio de Tranformación Digital y Función Pública en una nota de prensa. El presupuesto total del contrato asciende por tanto así a 4.808 millones de euros, 1.276 más que el vigente. El siguiente paso ahora es la publicación de los pliegos en el Portal de Contratación, a lo que seguirá la apertura de 25 días de plazo para presentar ofertas. Es decir, lo previsible es que hasta el próximo mes de marzo no haya un desenlace.

Han sido más de 100 días de tira y afloja. El pasado mes de octubre el Gobierno ofreció incrementar en un 14% la cantidad que las tres compañías percibían por dar cobertura a los mutualistas, un porcentaje que fue rápidamente rechazado por todas ellas y que provocó que el Consejo de Ministros lo subiese hasta el 17%. Pero ellas ya eran claras: todo lo que no alcanzase el 40% era insuficiente. Provocaría, argumentaban, unas pérdidas inasumibles. "La oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras —y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas—, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", criticó la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe).

Así que en noviembre plantaron a Muface y dejaron el concierto desierto. En un terreno desconocido.

El Gobierno tenía entonces dos salidas: o prorrogaba a la fuerza el acuerdo que ya caducaba en 2024 o hacía una nueva oferta. Y eso hizo. Esta vez, del 33,5%. Aun así, Adeslas y DKV se apartaron, dejando todo en manos de Asisa, que nunca llegó a dar una respuesta. 

El pasado sábado, a sólo 48 horas de que se cerrase el plazo para presentar ofertas, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública anunció que modificaba las condiciones, atrayendo de nuevo a Adeslas. "Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía "reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface", señaló la aseguradora en un comunicado. No trascendió nada más. Hasta ahora.

En cualquier caso, y ya en la mañana de este martes, sin conocerse todavía los avances, el sindicato CSIF convocó una huelga para el próximo 13 de febrero. La protesta afecta a más de medio millón de personal funcionario de todo el país en distintos ámbitos: personal docente universitario y no universitario, centros de la Administración General del Estado (ministerios, organismos y dependencias adscritas, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno, entre otros) y personal funcionario de Correos. Según CSIF, el sindicato de la Policía Nacional Jupol también apoya esta convocatoria, aunque los policías no tengan reconocido el derecho a la huelga.

Su postura está clara: no permitir bajo ningún concepto que Muface desaparezca. Según lamentaron hace unos días, la organización ya estaba atendiendo a miles de trabajadores públicos que estaban sufriendo "desatención sanitaria".

Las voces críticas, no obstante, también se han escuchado. Y es que muchos defensores de la sanidad pública, e incluso el departamento de Mónica García, abogan por una desaparición progresiva de un sistema que la ministra de Sanidad ha calificado en numerosas ocasiones de "anacrónico", principalmente por una razón que también esgrimió el departamento en manos de Sumar: las aseguradoras hacían selección de riesgos, evitando tratar a los pacientes más graves.

En este sentido, un estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mostró que entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.

Muface sigue en el aire. Y todavía sin noticias de cuánto podrá durar la situación. Este lunes vencía el plazo que el Gobierno había dado para que las aseguradoras presentasen ofertas de asistencia sanitaria al millón y medio de funcionarios que continúan acogidos a la mutualidad. Pero el sábado hubo un giro de 180 grados en los acontecimientos. Y este 27 de enero no ha sido la fecha límite de nada. Las condiciones que ofrecía el Gobierno hasta este fin de semana han cambiado y las compañías privadas tienen que volver pensarlo. Así que, por ahora, todo vuelve a stand by.

Está siendo el mayor tira y afloja que ha habido en el sistema. La crisis ha tenido manifestaciones de trabajadores públicos, dos licitaciones, dos ampliaciones de plazo y hasta un choque entre los socios de Gobierno. El Ministerio de Sanidad de Mónica García ya dijo a través de un informe publicado el pasado mes de diciembre que el sistema es "insostenible", pero la cartera de Función Pública que dirige Óscar López, y de la que depende directamente Muface, sigue trabajando para que la mutualidad se renueve. "Hay muchas fórmulas para una solución", dijo el ministro socialista. Pero lo cierto es que el camino está siendo pedregoso. Y largo.

Muface es una mutualidad que está sujeta a que su convenio se negocie y apruebe periódicamente y este 2024 debía terminar con un nuevo acuerdo que regulase la asistencia sanitaria para los funcionarios para 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, en octubre saltó todo por los aires. El Gobierno anunció que aprobaría la licitación del concierto con un incremento de las primas para las aseguradoras de un 14%, una cifra que las empresas que hasta ahora han dado cobertura al servicio —SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV— consideraron muy insuficiente. Y que el Consejo de Ministros del día 8 de aquel mes incrementó hasta el 17,12%. Era eso o dejar que las tres abandonasen.

Traducido, eso significaba que lo que las compañías recibirían por parte del Estado por atender a cada funcionario se vería incrementado en ese porcentaje. En concreto, pasarían de recibir 1.032 euros al año por persona a 1.208 en 2026. 176,69 euros más.

Para ellas no era suficiente. Pedían un 40% de aumento porque si no, aseguraron, no podrían soportar las pérdidas. "La oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras —y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas—, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", criticó la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) al recibir la primera oferta.

La segunda la celebraron, pero también avisaron que se quedaba corta. Y lanzaron una advertencia: el sistema público no iba a soportar tener que atender a un millón y medio más de personas.

Fue el Ministerio de Sanidad el que se lanzó rápidamente a desmentirlo. "Por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública" es una opción "tanto viable como razonable", señaló en un informe publicado en esas mismas fechas. En él, el departamento en manos de Sumar aprovechó también para cargar contra un modelo que Mónica García había tachado de "anacrónico" y que levantaba las críticas de los defensores del sistema público. Principalmente por una razón que también esgrimió el departamento en manos de Sumar: las aseguradoras hacían selección de riesgos, evitando tratar a los pacientes más graves.

En este sentido, un estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mostró que entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.

Sin embargo, Función Pública continuó con la hoja de ruta de aprobar el nuevo concierto.

El 5 de noviembre fue la fecha clave. Adeslas, DKV y Asisa se retiraron de la licitación y dejaron desierto Muface. Ninguna aseguradora estaba dispuesta a dar asistencia privada a los funcionarios por ese precio. Lo argumentaron igual que hicieron al principio: las pérdidas serían tan grandes que desaparecerían.

Se abrió entonces un escenario inédito al que el Gobierno podía responder de dos maneras: o prorrogando de manera forzada el convenio que iba a caducar o reconsiderando su oferta y lanzando una nueva. Y se inclinó por esta última.

La tercera oferta a las aseguradoras llegó el 17 de diciembre. Y con una cantidad muy cercana a lo que exigían las empresas. El Consejo de Ministros de ese día aprobó un incremento de la prima del 33,5%, lo que supondría recibir, de media y por mutualista, 1.262,28 euros en 2027. "Con esta medida, el Gobierno cumple con el compromiso de impulsar una nueva licitación para Muface antes de que terminara el año", dijo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en rueda de prensa.

La pelota volvía a estar en el tejado de Adeslas, Asisa y DKV, que tenían hasta el 15 de enero para dar una respuesta. Pero ya antes de que terminara el año, el 27 de diciembre, la primera compañía dijo que no aceptaba la oferta. Era, dijo, "económicamente insostenible".

Las otras dos aseguradoras mantuvieron silencio todas las navidades. Y el 9 de enero llegó el segundo rechazo. Esta vez, por parte de DKV. Y con el mismo argumento. "Por primera vez desde la creación de las mutualidades, DKV no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros", dijo la aseguradora en un comunicado.

Asisa se quedó sola. Y el plazo para responder a esa tercera oferta (la del 33,5%) se amplió hasta este lunes.

Óscar López dijo el viernes sentirse "muy optimista". Y tan sólo un día después llegó la noticia: Muface ha iniciado un proceso para "modificar las condiciones" de la última licitación, retrasando de nuevo la fecha límite para dar una respuesta. Así que Adeslas se lo va a volver a pensar.

Según dijo en un comunicado, la compañía había estado manteniendo a lo largo de la pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que habían culminado en "avances significativos" que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo, dijeron, justo, equilibrado y sostenible para Muface. "Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía "reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface".

Fuentes de Función Pública consultadas por infoLibre han rechazado aclarar si la modificación de las "condiciones" consiste en una cuarta oferta con un nuevo incremento de la prima ofrecida a las aseguradoras. Hace unos días, el Gobierno aclaró que podría compensar las pérdidas si es que las hubiera, pero se desconoce también si la modificación incluye este aspecto. Y tampoco se sabe por ahora cuál es el nuevo plazo. Según ha recogido EFE, fuentes de las compañías creen que el proceso para modificar el pliego de condiciones será rápido y que no se demorará mucho. Tras su publicación, dicen, lo habitual es que se abra un plazo inicial de unos 20 ó 25 días para la presentación de ofertas.

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) iniciará un proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación del concierto de asistencia sanitaria nacional, ante lo que la aseguradora Adeslas ha anunciado que "reconsideraría" su postura si se "consolidan" los "avances" en la negociación con el Gobierno.

Muface ha comunicado este sábado que ha dejado sin efecto el plazo de presentación de ofertas para el concierto de asistencia sanitaria, que acababa este lunes, y que ha iniciado el proceso para modificar las condiciones de la segunda licitación del mismo.

La mutua ha afirmado que se acordará un nuevo plazo para la presentación de ofertas, y que, mientras se resuelve este asunto, "todos" los mutualistas, tanto titulares como beneficiarios, van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales.

Justo después de que la mutua hiciera este anuncio, Adeslas ha asegurado en un comunicado que ha estado manteniendo a lo largo de esta pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y que fruto de estas conversaciones se han producido "avances significativos" que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface.

"Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía "reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface".

La aseguradora ha apuntado que siempre ha estado a favor de este modelo sanitario por los beneficios que ofrece a los funcionarios públicos y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario.

Esta es la segunda licitación lanzada por Muface y la segunda vez que se amplía el plazo para recibir ofertas de las aseguradoras, con las que el Gobierno negocia contrarreloj para dar continuidad los próximos tres años al modelo dual de asistencia sanitaria de los funcionarios, que pueden elegir entre la sanidad pública o la privada.

DKV y Adeslas, dos de las prestadoras que actualmente dan servicio a 1,5 millones de beneficiarios, entre funcionarios y familiares, habían comunicado que no se presentarían al concurso en las condiciones publicadas por considerar que la prima ofrecida por Muface les haría incurrir en pérdidas millonarias. Según el pliego de condiciones, la prima media por mutualista al año pasará de 1.032,12 euros en la actualidad a 1.262,28 en 2027.

Hace una semana el Gobierno contestó a una consulta vinculante formulada por Asisa en el marco de la licitación, a la que aclaró que compensaría a las aseguradoras que acudan al nuevo concierto si hay "variaciones significativas" en el coste de la prestación del servicio ante determinados supuestos.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se mostraba este viernes "optimista" y "casi convencido" de que habrá un acuerdo para sacar adelante el concierto.

En declaraciones en Onda Cero, incidía en que se está trabajando "intensamente" y explorando fórmulas para dar una solución a la situación de Muface, lo que incluye conversaciones con el sector asegurador.

Más allá de este nuevo contrato, la situación ha abierto el debate sobre la idoneidad de un sistema que implica que el Estado cofinancie un seguro médico privado para los funcionarios públicos.

Dentro del propio Ejecutivo existen discrepancias. Sumar ya planteó en su programa electoral la extinción progresiva de la atención sanitaria privada para los funcionarios y el Ministerio de Sanidad publicó recientemente un informe en este sentido.

Para el PSOE, según el titular de Función Pública, Oscar López, es un debate que se puede abordar, pero una vez quede resuelta la situación para los próximos tres años.

En todos estos meses, los sindicatos han venido reclamando la continuidad de este modelo que rechazan calificar de "privilegio". CCOO y UGT han pedido al Gobierno y a las aseguradoras un esfuerzo para garantizar su continuidad y, de forma más beligerante, CSIF ya ha anunciado una convocatoria de huelga si la licitación vuelve a quedar desierta.

La convocatoria afectaría a todos los ámbitos con personal afectado por la "crisis" en Muface: centros educativos públicos, centros de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, entre otros) y Correos.

Otros sindicatos (ANPE, FEDECA, SIAT, SPP, SUP, UFP, USIE y USO) han creado una plataforma para defender y exigir conjuntamente la continuidad de este servicio, reclamando responsabilidad a todas las partes esta semana ante la sede madrileña de Muface.

Los empleados públicos cobrarán el 0,5 % de subida salarial adicional relativa a 2024, una vez que se ha conocido el dato revisado de la inflación de diciembre con el que se cumple la condición para que se aplique el citado incremento, informa EFE.

El acuerdo de subida salarial para 2022, 2023 y 2024, firmado por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, establecía que se aplicaría un incremento retributivo adicional al de 2024 y consolidable del 0,5 %.

Esta subida estaba condicionada al cumplimiento de un requisito macroeconómico: que la variación acumulada del IPC armonizado (14,6 % entre 2022 y 2024) superase el incremento retributivo fijo de ese periodo (8 %).

Este incremento será efectivo una vez sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se aplicará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

Con este último incremento, el alza salarial acumulada para los empleados públicos entre 2022 y 2024 será del 9,5 %, aunque el efecto real será mayor porque cada aumento se aplica sobre la subida previa.

El acuerdo recogía un incremento salarial para 2022 del 3,5 %; para 2023, el 2,5 % fijo más un 0,5 % adicional vinculado al IPC y un 0,5 % adicional vinculado al PIB; y para 2024, un 2 % fijo más un 0,5 % adicional vinculado al IPC.

En un comunicado, CCOO y UGT recuerdan que con este incremento se pone fin al acuerdo salarial pactado por ambos sindicatos con el Gobierno, al que instan a iniciar la negociación de un nuevo pacto para los próximos años.

Este nuevo acuerdo, añaden, debe avanzar "en áreas esenciales como empleo, derechos y retribuciones para mejorar las condiciones laborales de las empleadas y los empleados públicos y el servicio que se presta a la ciudadanía".

CSIF, que no firmó el anterior acuerdo salarial, calcula que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos del 5,8 % desde 2022, que elevan al 20 % desde 2010.

"Exigimos la convocatoria urgente de la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar la subida salarial para 2025", añade el sindicato.

La desgraciada historia comienza con la Ley 29/1975, de 27 de junio, en la que se crea el organismo Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), que entonces tenía las características de ser el único mecanismo para conseguir atención sanitaria y además ser de adscripción obligatoria para dichos trabajadores.

Además de esta decisión, en el caso de otros funcionarios del Estado (militares, docentes, judiciales, etc.) se generan otras mutualidades similares (ISFAS, MUGEJU, MUNPAL, …) y con los mismos objetivos: conceder el teórico privilegio a todos los funcionarios para ser atendidos con una pretendida mejoría con respecto a la exigua Seguridad Social franquista, con el agravante de que se trataba de contratar para ello a entidades de medicina privada, es decir, un importante presupuesto económico público terminaba siendo un negocio privado.

La desvergüenza institucional con Muface era privilegiar a los trabajadores propios en lugar de preocuparse por la ciudadanía en general. Es cierto que estamos hablando todavía del período de dictadura franquista, con un Sistema de Seguridad Social para la población muy desorganizado y con unos niveles de calidad muy bajos. En lugar de mejorar la asistencia universal se “decide” premiar a los que trabajan para el Estado.

Recalcar la mentira franquista, que incluso hoy llega a ser invocada, cuando se narra que en tiempos de Franco ya existía Sanidad Pública. La realidad era que sólo aquellas personas que trabajaban y cotizaban tenían derecho a la atención de la Seguridad Social, que por cierto era lamentable en cuanto a calidad. Los amplios sectores que no trabajaban, sobre todo en Andalucía, la única posibilidad que tenían era la beneficencia, con una implantación nula fuera de las ciudades. La realidad entonces era que la población del ámbito rural no contemplaba la opción de acudir a ser atendidos sanitariamente. Podemos asegurar por experiencias propias, que muchas personas de cualquier pueblo andaluz no acudían a un médico en su vida. Para rematar el escenario, lo mismo ocurría con la educación o la protección social de las personas discapacitadas. Las mujeres se constituían de forma obligada en los servicios sociales y en las cuidadoras universales. 

Con la llegada de la transición política y con el fuerte impulso de múltiples colectivos sociales y profesionales en su mayor parte integrados en la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se consigue el Servicio Nacional de Salud (SNS) gracias a la Ley General de Sanidad en 1986. Esto dio lugar al desarrollo de una Sanidad Pública de gran calidad en los años posteriores. 

A partir de esa fecha, y ante las críticas de colectivos sociales que reivindicaban ese modelo de Sanidad Pública, la respuesta política fue que la situación de privilegio teórico de las mutualidades debía desaparecer. Es decir, la intención política era que Muface (y el resto de las mutualidades similares) fueran absorbidas, en los tiempos que fueran precisos, por la Sanidad Pública general. Pero eso hoy aún no ha ocurrido.

Desde todo este tiempo, la FADSP y posteriormente las Mareas Blancas, han denunciado que, con un Sistema de Sanidad Pública desarrollado no tenía ningún sentido mantener que la asistencia sanitaria de los funcionarios de un estado fuera atendida por entidades privadas, por la consiguiente distorsión funcional, además del importante montante económico que este hecho significaba. Pero es que, además, este sistema perpetúa unos privilegios y desigualdades entre sectores sociales, lo cual es incompatible con un Servicio Nacional de Salud al que se le exige una atención equitativa a toda la población.

En los últimos años, del millón y medio de posibles mutualistas de Muface, solo queda un millón, ya que el medio millón restante ha decidido pasarse a la Sanidad Pública general. Son sobre todo los mutualistas más jóvenes. Hay varias causas que han conducido a esta disminución. Por un lado, está la percepción general de que la calidad que ofrece el aseguramiento privado se limita, en muchos casos, a la relativa libertad de visita con especialistas, pero carece de la calidad contrastada que ofrece la Atención Primaria pública.

Por otro lado, recientemente se ha comprobado que existen más diagnósticos de cáncer en personas provenientes de Muface que en la población general cuando se analizan las altas hospitalarias de hospitales públicos españoles. Esto puede ser una evidencia indirecta de riesgo de selección por parte de las mutualidades y/o pone de manifiesto el doble aseguramiento de los mutualistas de Muface. Para problemas menores utilizan las instalaciones más cómodas de las aseguradoras y para los problemas graves eligen las instalaciones y los recursos del Sistema Nacional de Salud con mejores dotaciones e infraestructuras para ello. Un doble privilegio financiado con dinero público, lo cual resulta inaceptable por la inequidad que supone con el resto de los ciudadanos.  

Y llegamos al momento actual. Las ganancias económicas de Muface (que son en la práctica sobre todo Adeslas, Asisa y DKV) no les son suficientes. ¿Qué significa en cifras el conflicto presente? Muface supone un gasto de 4.478 millones de euros de presupuestos públicos dirigidos directamente a compañías privadas , para los tres próximos años. Pero ahora quieren que aumente la cuantía en un 40%. Por ese motivo, a la convocatoria pública de renovación no se han presentado y ha quedado desierta . Y posteriormente Adeslas comunica a sus mutualistas que dejara de prestarles asistencia a partir del 31 de enero.

Este hecho ha generado lógicamente una preocupación generalizada en los funcionarios civiles. Este es el chantaje de las aseguradoras privadas: si no se aumenta en un 40% la cuantía del concierto, dejan la atención sanitaria de este colectivo. Para el gobierno central es una obligación mantener a todos los ciudadanos bajo la cobertura del SNS. Por su parte, el Ministerio de Sanidad ha estudiado el problema y ha presentado un plan que hace viable el trasvase total de los funcionarios a la Sanidad Pública. Posteriormente el gobierno ha aprobado una segunda licitación para Muface con una subida del 33,5%. Y el ministro de Administración Pública, Óscar López, se da tres años para “repensar el modelo Muface”. Las contradicciones están servidas.

En cuanto a los sindicatos, CSIF exige la continuidad del modelo Muface mientras que USTEA, claramente opta por el paso de todos los mutualistas al sistema general. Y lamentamos que los sindicatos de clase, como CCOO y UGT, también estén apoyando el mantenimiento de Muface. La coherencia no es gratis, pero es muy aconsejable para no perder credibilidad o generar descrédito y desafección. Los sindicatos de clase deben tener ideología social por encima de defender privilegios para algunos trabajadores.

El dilema de siempre. Entendemos que el mejor modelo sanitario para el país es el de un Sistema Sanitario universal, gratuito, de calidad y 100% público (no sólo la financiación, sino también los servicios). Este es el modelo que la FADSP y las Mareas Blancas defienden y reivindican por muchas razones. Es más eficaz y más eficiente (mejores resultados a menor coste) , es más equitativo, lleva integrado la Promoción de la Salud con programas Comunitarios Preventivos y la atención a la Salud Mental y su eje central es la Atención Primaria. Lo que ocurre, cuando poderosos intereses económicos y/o ideológicos privatizan en distintas formas los sistemas sanitarios también está demostrado. En el Reino Unido la externalización de los servicios a entidades con ánimo de lucro se ha asociado con un aumento de la mortalidad evitable y el National Health Service en el momento actual está prácticamente destrozado . El modelo liberal de asistencia sanitaria en Estados Unidos ha situado a la Sanidad de ese país en una situación desastrosa cuando se compara con el resto de los estados occidentales.  

El Sistema Nacional de Salud en nuestro país es uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, un logro social extraordinario, aprobado como muy necesario por una gran mayoría de ciudadanos, está en la actualidad en proceso de ser absorbido por un mercantilismo insaciable donde el objetivo fundamental es la rentabilidad empresarial. Los ciudadanos votan a alternativas de gobierno progresistas para que lo potencien y lo consoliden, no para que sea privatizado y desmantelado. Es que la coherencia ahora, no es que la consolidación de la Sanidad Pública sea deseable, sino que es imprescindible. Así, con un Sistema Nacional de Salud de calidad los funcionarios civiles y de todo tipo, deben recibir la misma y buena atención que toda la población. La inclusión de todos ellos en el sistema público será compleja, pero supondrá un impulso económico y funcional para recuperar una Sanidad Pública de la mayor calidad para toda la población sin excepción.

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Antonio Vergara de Campos es ex Jefe de Sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz).

José Antonio Brieva Romero es ex Jefe de Servicio (jubilado) de Inmunología Clínica en el Hospital Universitario Puerta del Mar (Cádiz).

Manuel Torres Tortosa es ex Jefe de Sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas.

Asisa se ha quedado como la única posible candidata para dar cobertura sanitaria a los 1,5 millones de funcionarios y familiares acogidos a Muface, después de que DKV haya anunciado este jueves su decisión de no presentarse al concurso convocado por el Gobierno. "Por primera vez desde la creación de las mutualidades, DKV no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros", ha dicho la aseguradora en un comunicado que ha recogido EFE.

DKV se suma así a SegurCaixa Adeslas, que ya adelantó recientemente que -pese al incremento del 33,5 % de la prima ofrecida por el Gobierno para cada asegurado- había decidido no presentarse a la segunda convocatoria lanzada por el Ejecutivo para renovar el concierto, después de que la primera quedara desierta.

Ahora DKV dice que renuncia a participar en el nuevo concierto por la insuficiencia de las condiciones económicas ofrecidas por Muface. Explica que calcula que, de continuar prestando el servicio, por efecto de la normativa contable IFRS 17 en el año 2024 tendría que imputar las pérdidas del nuevo contrato y estima que éstas serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros.

Según DKV, el modelo de Muface está "infrafinanciado" y dice que en el último concierto el gasto de prestaciones médicas ha sido sustancialmente superior a la prima que ha recibido. Además, ha recordado que el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y de las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido sólo un 31,6%, es decir apenas la mitad del incremento del gasto.

DKV ha manifestado que la propuesta de nuevo concierto no sólo no recoge los requisitos que reclamó, como que el convenio tuviera una duración de un año, que la prima se incrementara un 40% y que el modelo se vinculara con el aumento que experimente el gasto sanitario público, sino que sigue siendo insuficiente para equilibrar ingresos y gastos.

El consejero delegado de DKV, Fernando Campos, ha señalado que "una empresa responsable y con una buena reputación en el mercado como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución insuficiente de los profesionales sanitarios".

La aseguradora ha recordado los plazos de cambio comunicados por Muface a los mutualistas, si bien advierte que pueden ir actualizándose. Entre el 1 y el 31 de enero, los mutualistas pueden solicitar el cambio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) -servicios públicos de salud de comunidades autónómas e Ingesa en Ceuta y Melilla- en cumplimiento del convenio suscrito con ese organismo.

Si finalmente se logra un nuevo concierto, desde el momento en que esté vigente y hasta la fecha que se disponga se abrirá un segundo plazo para cambiar del servicio de salud autonómico a una entidad o entidades concertadas que sean adjudicatarias del servicio. DKV seguirá dando cobertura a los mutualistas en los mismos términos y condiciones de forma transitoria obligada por la orden de continuidad dictada por Muface.

Ninguna aseguradora se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el pasado 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar insuficiente la subida de las primas del 17% propuesta por el Gobierno, que posteriormente la elevó al 33,5% en una segunda convocatoria. Los nuevos pliegos se publicaron el pasado 23 de diciembre y dan de plazo hasta el 15 de enero de 2025 para presentar las ofertas a un concierto que suma un presupuesto de 4.135 millones de euros.

A la espera de que se resuelva la licitación, el Gobierno ha dictado una orden de continuidad para garantizar el servicio a los 1,5 millones de mutualistas en las condiciones actuales durante los próximos tres meses, con una partida prevista de 343 millones de euros. Esta es la cantidad que se prevé abonar a las tres compañías que actualmente prestan el servicio: DKV, Asisa y Adeslas. Durante el periodo de continuidad del servicio, según la orden, los mutualistas continuarán adscritos a la entidad que lo estuvieran a 31 de diciembre de 2024 o podrán cambiar de compañía.

Adeslas, que gestiona la cobertura de prácticamente la mitad de los mutualistas de Muface, anunció en diciembre que no estaba dispuesta a concurrir a la convocatoria para el periodo 2025-2027, y ahora DKV también ha renunciado, con lo que sólo queda por conocer la decisión de Asisa, que sigue analizando los pliegos de condiciones, según han indicado fuentes de esta aseguradora a EFE.

Han añadido que el que puedan quedarse solos prestando el servicio es un escenario que ya habían completado, al igual que seguir haciéndolo junto a otras compañías.

Por otro lado, DKV, en el comunicado en que ha hecho público su decisión de no presentarse al concurso, ha dicho que sigue abierta a seguir en Muface Internacional un año más, pues la situación es distinta, pues DKV fue la única aseguradora que participó en la licitación del concierto anterior.

La compañía ha dicho que, aunque la nueva licitación no recoge sus demandas (un aumento de la prima del 30,35 % y una duración de un año), confía en llegar a un acuerdo con Muface para seguir prestando los servicios en 2025, siempre y cuando haya una adecuada cobertura de costes.