Tres ofertas distintas y más de 100 días de negociación: ocho claves para entender la crisis de Muface

Varias personas durante una concentración, frente a la sede central de Muface, en Madrid.

Muface sigue en el aire. Y todavía sin noticias de cuánto podrá durar la situación. Este lunes vencía el plazo que el Gobierno había dado para que las aseguradoras presentasen ofertas de asistencia sanitaria al millón y medio de funcionarios que continúan acogidos a la mutualidad. Pero el sábado hubo un giro de 180 grados en los acontecimientos. Y este 27 de enero no ha sido la fecha límite de nada. Las condiciones que ofrecía el Gobierno hasta este fin de semana han cambiado y las compañías privadas tienen que volver pensarlo. Así que, por ahora, todo vuelve a stand by.

Está siendo el mayor tira y afloja que ha habido en el sistema. La crisis ha tenido manifestaciones de trabajadores públicos, dos licitaciones, dos ampliaciones de plazo y hasta un choque entre los socios de Gobierno. El Ministerio de Sanidad de Mónica García ya dijo a través de un informe publicado el pasado mes de diciembre que el sistema es "insostenible", pero la cartera de Función Pública que dirige Óscar López, y de la que depende directamente Muface, sigue trabajando para que la mutualidad se renueve. "Hay muchas fórmulas para una solución", dijo el ministro socialista. Pero lo cierto es que el camino está siendo pedregoso. Y largo.

¿Cuándo empezó la crisis y por qué?

Muface es una mutualidad que está sujeta a que su convenio se negocie y apruebe periódicamente y este 2024 debía terminar con un nuevo acuerdo que regulase la asistencia sanitaria para los funcionarios para 2025, 2026 y 2027. Sin embargo, en octubre saltó todo por los aires. El Gobierno anunció que aprobaría la licitación del concierto con un incremento de las primas para las aseguradoras de un 14%, una cifra que las empresas que hasta ahora han dado cobertura al servicio —SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV— consideraron muy insuficiente. Y que el Consejo de Ministros del día 8 de aquel mes incrementó hasta el 17,12%. Era eso o dejar que las tres abandonasen.

Traducido, eso significaba que lo que las compañías recibirían por parte del Estado por atender a cada funcionario se vería incrementado en ese porcentaje. En concreto, pasarían de recibir 1.032 euros al año por persona a 1.208 en 2026. 176,69 euros más.

¿Qué pedían las aseguradoras?

Para ellas no era suficiente. Pedían un 40% de aumento porque si no, aseguraron, no podrían soportar las pérdidas. "La oferta de remuneración realizada se sitúa muy por debajo de lo aceptable por las aseguradoras —y los agentes de provisión sanitaria que prestan el servicio asistencial a los mutualistas—, ya que el cuadro médico sería insuficiente, la calidad asistencial se vería perjudicada y el servicio deficitario ante la cronicidad y la alta frecuentación en la asistencia médica de los funcionarios", criticó la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) al recibir la primera oferta.

La segunda la celebraron, pero también avisaron que se quedaba corta. Y lanzaron una advertencia: el sistema público no iba a soportar tener que atender a un millón y medio más de personas.

¿Era posible que la pública atendiera a los funcionarios?

Fue el Ministerio de Sanidad el que se lanzó rápidamente a desmentirlo. "Por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública" es una opción "tanto viable como razonable", señaló en un informe publicado en esas mismas fechas. En él, el departamento en manos de Sumar aprovechó también para cargar contra un modelo que Mónica García había tachado de "anacrónico" y que levantaba las críticas de los defensores del sistema público. Principalmente por una razón que también esgrimió el departamento en manos de Sumar: las aseguradoras hacían selección de riesgos, evitando tratar a los pacientes más graves.

En este sentido, un estudio realizado por miembros del departamento de métodos cuantitativos en economía y gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mostró que entre los pacientes de Muface atendidos en hospitales públicos hay más casos de lo que sería esperable de enfermedades como linfoma, cáncer o tumores. Las dolencias menos graves, en cambio, tienen una prevalencia menor.

Sin embargo, Función Pública continuó con la hoja de ruta de aprobar el nuevo concierto.

¿Cómo avanzaron las conversaciones?

El 5 de noviembre fue la fecha clave. Adeslas, DKV y Asisa se retiraron de la licitación y dejaron desierto Muface. Ninguna aseguradora estaba dispuesta a dar asistencia privada a los funcionarios por ese precio. Lo argumentaron igual que hicieron al principio: las pérdidas serían tan grandes que desaparecerían.

Se abrió entonces un escenario inédito al que el Gobierno podía responder de dos maneras: o prorrogando de manera forzada el convenio que iba a caducar o reconsiderando su oferta y lanzando una nueva. Y se inclinó por esta última.

¿Cuánto ofreció el Gobierno en su tercera licitación?

La tercera oferta a las aseguradoras llegó el 17 de diciembre. Y con una cantidad muy cercana a lo que exigían las empresas. El Consejo de Ministros de ese día aprobó un incremento de la prima del 33,5%, lo que supondría recibir, de media y por mutualista, 1.262,28 euros en 2027. "Con esta medida, el Gobierno cumple con el compromiso de impulsar una nueva licitación para Muface antes de que terminara el año", dijo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en rueda de prensa.

La pelota volvía a estar en el tejado de Adeslas, Asisa y DKV, que tenían hasta el 15 de enero para dar una respuesta. Pero ya antes de que terminara el año, el 27 de diciembre, la primera compañía dijo que no aceptaba la oferta. Era, dijo, "económicamente insostenible".

¿Qué hicieron DKV y Asisa?

Las otras dos aseguradoras mantuvieron silencio todas las navidades. Y el 9 de enero llegó el segundo rechazo. Esta vez, por parte de DKV. Y con el mismo argumento. "Por primera vez desde la creación de las mutualidades, DKV no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros", dijo la aseguradora en un comunicado.

Asisa se quedó sola. Y el plazo para responder a esa tercera oferta (la del 33,5%) se amplió hasta este lunes.

¿Qué ha pasado este fin de semana?

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Óscar López dijo el viernes sentirse "muy optimista". Y tan sólo un día después llegó la noticia: Muface ha iniciado un proceso para "modificar las condiciones" de la última licitación, retrasando de nuevo la fecha límite para dar una respuesta. Así que Adeslas se lo va a volver a pensar.

Según dijo en un comunicado, la compañía había estado manteniendo a lo largo de la pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que habían culminado en "avances significativos" que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo, dijeron, justo, equilibrado y sostenible para Muface. "Si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración", la compañía "reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface".

¿Qué significa "modificar las condiciones y cuál es el plazo ahora?

Fuentes de Función Pública consultadas por infoLibre han rechazado aclarar si la modificación de las "condiciones" consiste en una cuarta oferta con un nuevo incremento de la prima ofrecida a las aseguradoras. Hace unos días, el Gobierno aclaró que podría compensar las pérdidas si es que las hubiera, pero se desconoce también si la modificación incluye este aspecto. Y tampoco se sabe por ahora cuál es el nuevo plazo. Según ha recogido EFE, fuentes de las compañías creen que el proceso para modificar el pliego de condiciones será rápido y que no se demorará mucho. Tras su publicación, dicen, lo habitual es que se abra un plazo inicial de unos 20 ó 25 días para la presentación de ofertas.

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