La Policía Nacional ha detenido este martes en Las Palmas de Gran Canaria a un médico cuando salía de su domicilio por supuestamente agredir sexualmente a diez mujeres que atendía en su consulta de Telde, y que ya había sido arrestado por hechos similares en febrero, e incluso condenado en el pasado.

Fuentes del gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Canarias han informado de que el detenido pasará este miércoles a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido el que ha ordenado su detención, según la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Según fuentes cercanas al caso, el facultativo, de 37 años, ha sido arrestado por esta nuevas agresiones sexuales y por delitos contra la intimidad.

El detenido ya no forma parte del personal médico con cargo al Servicio Canario de la Salud, sino que se dedicaba a sus tareas en una consulta privada, han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Cuando fue detenido el pasado 3 de febrero por supuestamente agredir sexualmente de dos pacientes, se le impuso como medida cautelar una orden de alejamiento de las dos víctimas, han indicado fuentes cercanas al caso.

Además de la detención del facultativo, la Policía ha practicado un registro de su domicilio en la capital grancanaria donde se han incautado dispositivos electrónicos, han señalado las fuentes policiales.

En febrero, las dos víctimas relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

La investigación entonces reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer estos hechos.

La Agencia Estadounidense de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha dado el visto bueno a un medicamento de terapia génica desarrollado a partir de una investigación realizada en España para combatir una enfermedad poco frecuente pero muy grave causada por una inmunodeficiencia debido a un desorden genético.

El medicamento (denominado Kreslady) ha sido desarrollado por la empresa farmacéutica Rocket Pharma y ha demostrado en los ensayos su eficacia para combatir la 'deficiencia de adhesión leucocitaria tipo I', una inmunodeficiencia de baja prevalencia pero muy grave y que está asociada a infecciones que son potencialmente mortales, ha informado hoy el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia.

El nuevo medicamento fue diseñado por un equipo investigador del Centro de Investigaciones Energéticas y Ambientales (CIEMAT), del Área de Enfermedades Raras del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERER) y del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz; y el Hospital Universitario Niño Jesús participó en el ensayo clínico para probar su eficacia y seguridad.

Los resultados que se obtuvieron demostraron que, pasados más de 3 años desde el tratamiento, los 9 pacientes que fueron tratados siguen vivos y libres de episodios recurrentes de infección.

La aprobación por parte de la administración estadounidense representa, según el Instituto de Salud Carlos III, "un hito" para la investigación en terapia génica en España, y ha valorado que gracias a la colaboración internacional se ha traducido en el primer medicamento de terapia génica desarrollado a partir de una investigación española que obtiene autorización comercial.

La 'deficiencia de adhesión leucocitaria tipo I' es una inmunodeficiencia genética poco frecuente que se produce por mutaciones que afectan a una proteína necesaria para que los glóbulos blancos migren desde la sangre hacia los focos de infección e inflamación.

Como resultado, los pacientes de esta enfermedad experimentan infecciones recurrentes, potencialmente mortales que comienzan en la primera infancia, así como problemas en la cicatrización de las heridas, y hasta ahora el único tratamiento viable es el trasplante de células madre, lo que puede conllevar riesgos y complicaciones importantes.

El tratamiento aprobado por la FDA fue concebido y ensayado en modelos experimentales por personal investigador de la Unidad de Innovación Biomédica del CIEMAT –dependiente del Ministerio de Ciencia- y del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, bajo la dirección de la doctora e investigadora Elena Almarza (actualmente directora en el departamento de operaciones técnicas de Rocket Pharma en España) y el investigador Juan Bueren, director de la Unidad Innovación Biomédica del CIEMAT.

Tras la firma del acuerdo de licencia en 2016, la empresa Rocket Pharma llevó a cabo un ensayo clínico internacional dirigido a evaluar la eficacia y la seguridad de este nuevo medicamento en un total de nueve pacientes, antes de solicitar la autorización de comercialización de este tratamiento para pacientes con esta enfermedad.

El ensayo clínico internacional se realizó en tres hospitales pediátricos: el Hospital del Niño Jesús de Madrid, el Children Hospital de la University College de Los Angeles y el Great Ormond Street Hospital de Londres, y los resultados obtenidos después de más de 3 años tras el tratamiento muestran una supervivencia sostenida de los pacientes, sin que éstos hayan sufrido infecciones graves recurrentes ni necesitado de un trasplante de médula ósea.

La Cumbre de Impacto IA 2026 concluyó este sábado en Nueva Delhi con la firma de la "Declaración de Delhi", el mayor acuerdo diplomático de la historia sobre inteligencia artificial, con el respaldo de 88 países, tras haber pospuesto su clausura una jornada por los desacuerdos en su redacción, según recoge EFE.

"La llegada de la IA marca un punto de inflexión en la trayectoria de la evolución tecnológica. Las decisiones que tomemos hoy moldearán el mundo impulsado por la IA que heredarán las generaciones futuras", subraya el texto oficial publicado por el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India.

El documento, que suma a potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea, busca establecer un marco ético global ante una tecnología que, según los líderes de Silicon Valley presentes en la cita, podría alcanzar la "superinteligencia" en apenas 24 meses.

El desbloqueo del acuerdo, que recuperó a 12 países que se resistían a firmar el viernes, fue posible gracias a que el texto final especificó que las directrices son "voluntarias y no vinculantes".

Esta cláusula permitió salvar la postura de Estados Unidos, que se mantuvo a contracorriente de la voluntad general de líderes como Narendra Modi, Emmanuel Macron o Lula da Silva, quienes abogaron por democratizar la herramienta para evitar aristas autocráticas o riesgos existenciales para la sociedad.

El jefe de la delegación estadounidense, Michael Kratsios, había tachado inicialmente la regulación de "cosmética" y defendió que la autonomía estratégica nace de poseer la tecnología y no de limitarla.

Entre los puntos, destaca la creación de un "almacén global" de seguridad (Trusted AI Commons) donde los países compartirán sus manuales para frenar errores de la IA antes de que sean peligrosos, además de la firma de una "carta de democratización" para que los países pobres puedan comprar chips a precios justos y no se queden fuera de la carrera tecnológica.

El acuerdo también prioriza el uso de la IA en sectores críticos como la medicina y la agricultura mediante modelos de acceso abierto, y sella un plan de contingencia laboral ante el impacto de la automatización masiva previsto para el próximo lustro.

Durante la cumbre, Sam Altman (OpenAI) urgió a descentralizar el desarrollo tecnológico para evitar la emergencia de "regímenes totalitarios" ante la llegada de la superinteligencia, mientras Demis Hassabis (DeepMind) vaticinó la culminación de la inteligencia artificial general para 2031.

La cita, que ha movilizado inversiones por 300.000 millones de dólares y ha colapsado Nueva Delhi durante cinco días, concluye como el primer gran esfuerzo internacional por someter a la razón humana una ventana al futuro que el mundo espera poder controlar.

Durante décadas, el acceso a los medicamentos se entendió como una cuestión principalmente clínica y económica. Hoy, sin embargo, se ha convertido también en un asunto geopolítico. Las tensiones internacionales, la concentración industrial y las estrategias de poder de los Estados influyen cada vez más en qué tratamientos llegan antes, a qué precio y para quién. Los fármacos agonistas del receptor GLP-1, utilizados en la diabetes y la obesidad (y cuya marca más conocida es Ozempic), ilustran con claridad esta transformación.

La pandemia de covid-19 marcó un punto de inflexión. Las vacunas evidenciaron hasta qué punto la salud depende de decisiones tomadas fuera del ámbito sanitario: control de patentes, capacidad industrial, diplomacia internacional y política comercial. Desde entonces, conceptos como “soberanía sanitaria”, “autonomía estratégica” o “seguridad del suministro” han entrado de lleno en la agenda pública. Ya no se trata solo de innovar, sino de garantizar el acceso en un mundo más fragmentado e incierto.

Este cambio de contexto afecta a todas las tecnologías sanitarias, pero es especialmente visible en los medicamentos. La innovación farmacéutica se concentra en pocos países y empresas, generando una asimetría estructural: quienes controlan la investigación, la producción y la propiedad intelectual tienen también mayor capacidad para fijar las condiciones de acceso.

En este escenario, los sistemas sanitarios se ven obligados a negociar no solo precios, sino también volúmenes, calendarios de suministro y prioridades terapéuticas. Incluso la evaluación de tecnologías sanitarias –tradicionalmente centrada en eficacia y eficiencia– se enfrenta hoy a nuevas dimensiones, como la capacidad de respuesta de las cadenas de suministro o la equidad territorial.

Los medicamentos GLP-1, que imitan el funcionamiento de una hormona natural para controlar el azúcar en sangre, nacieron como tratamiento para la diabetes tipo 2, pero su eficacia en la pérdida de peso los ha convertido en un fenómeno global.

La demanda se ha disparado en pocos años, impulsada por la evidencia clínica, la cobertura mediática y las redes sociales. Este rápido crecimiento también ha generado riesgos de sobreutilización y expectativas poco realistas, mientras los sistemas sanitarios tratan de equilibrar innovación, seguridad y sostenibilidad.

Esta situación ha puesto de relieve un problema estructural: la innovación avanza más rápido que la capacidad de garantizar el acceso al producto. La fabricación de estos fármacos es compleja, está concentrada en pocas plantas de producción y protegida por patentes que limitan la competencia. Cuando la demanda crece de forma abrupta, el mercado no responde con la rapidez necesaria.

Las consecuencias son visibles: escasez, retrasos en el suministro y priorización de determinados mercados. Pacientes con diabetes han visto interrumpidos tratamientos, mientras que personas con obesidad encuentran barreras económicas y administrativas para acceder a esta terapia.

Aquí es donde la geopolítica se vuelve decisiva. Los países con mayor poder económico y capacidad de negociación aseguran contratos preferentes; otros quedan relegados a la espera. Se reproduce así un patrón ya observado con las vacunas: el acceso depende tanto de la necesidad clínica como de la posición en el sistema internacional.

En Europa, el debate sobre la autonomía estratégica en medicamentos esenciales ha ganado fuerza. Sin embargo, gran parte de la producción y del control tecnológico siguen concentrados fuera del ámbito de decisión de muchos Estados, lo que limita la capacidad para garantizar suministros estables.

Al mismo tiempo, los medicamentos innovadores se han convertido en instrumentos de política industrial. Donde se instalan plantas de producción o centros de investigación, se generan empleo, ingresos fiscales y poder de negociación. La frontera entre política sanitaria y política económica es cada vez más difusa.

El caso de los GLP-1 plantea una cuestión de fondo: ¿qué ocurre cuando una innovación con alto potencial en salud pública se distribuye de forma desigual y se utiliza sin una adecuada priorización clínica? Si estos fármacos consolidan su papel en la lucha contra la obesidad –uno de los grandes desafíos sanitarios del siglo XXI–, pero solo son accesibles para quienes pueden pagarlos o viven en países con mayor capacidad de negociación, el resultado puede ser un aumento de las desigualdades en salud. A ello se suma un riesgo adicional: cuando el acceso se amplía sin criterios claros, la eficacia poblacional puede verse limitada por problemas de adherencia (el seguimiento del tratamiento prescrito por parte del paciente), efectos secundarios o usos inapropiados.

Este dilema adquiere una dimensión aún mayor en un contexto de fragmentación geopolítica. Conflictos, sanciones económicas y tensiones comerciales afectan directamente a las cadenas de suministro farmacéutico, con impactos especialmente graves en los países de ingresos bajos y medios.

La experiencia reciente muestra que confiar exclusivamente en la lógica del mercado no garantiza ni eficiencia ni equidad (recordemos los precios de las mascarillas al principio de la pandemia). La pregunta clave ya no es solo cómo financiar la innovación, sino cómo gobernarla. Esto implica explorar mecanismos de compra conjunta, acuerdos de precios basados en valor, incentivos a la producción local y una visión más amplia de la evaluación de tecnologías sanitarias, que incorpore dimensiones sociales y geopolíticas.

Los GLP-1 son, en este sentido, un caso paradigmático. Anticipan los retos que traerán otras terapias avanzadas: medicamentos personalizados, terapias génicas o soluciones digitales basadas en datos. Todas ellas dependerán de infraestructuras globales y de decisiones que se toman más allá del ámbito clínico.

La gran lección es clara: el acceso a la innovación sanitaria ya no puede pensarse al margen de la geopolítica. Si no se incorporan estas dinámicas a la planificación sanitaria, corremos el riesgo de construir sistemas cada vez más sofisticados, pero también más desiguales.

En última instancia, el debate sobre los GLP-1 no es solo farmacológico. Es un debate sobre qué modelo de salud queremos en un mundo interdependiente pero fragmentado, y sobre si los avances científicos llegarán realmente a toda la población.

------------------------------------------------

Marta Trapero Bertran es profesora agregada Serra Hunter e investigadora en Economía de la Salud en la Universitat de Lleida. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Dos pacientes oncológicos del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento, que ha afectado también a otros tres enfermos, uno de los cuales está ingresado en la UCI, han confirmado a EFE fuentes del hospital, que aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sanidad de Castilla y León (Sacyl) lo asume como propio, según recoge EFE.

Los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en la disolución del fármaco administrado a un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otros, han insistido desde el hospital.

Han asegurado que se ha tratado de un fallo humano, que la gerencia hospitalaria asume como propio del hospital, sin señalar a nadie de la plantilla como responsable, y ha afectado a un total de cinco pacientes: dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.

El gerente del HUBU, Carlos Cartón, ha explicado en rueda de prensa que el error se ha detectado en la ficha del fármaco, un 'patrón' que guía la preparación del medicamento, y en concreto el número de la disolución del vial, que "no se hizo cómo debía haberse hecho". Desde el hospital de Burgos han indicado que, en cuanto tuvieron conocimiento de la situación, se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.

También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicio jurídicos.

Cartón ha insistido en que se ha tratado de un fallo humano, que ha afectado a un exceso de concentración del fármaco administrado y que no tiene que ver con el tratamiento o la dosis prescrita, aunque los cinco pacientes afectados recibieron el mismo fármaco preparado del mismo modo pero en días distintos.

El 21 de diciembre ha hecho un año que no estás, y en este tiempo he comprendido algo que quizá solo se entiende cuando falta alguien imprescindible, y es que tu labor no terminó contigo, pero sí dejó un vacío que obliga a mirar la realidad con una mezcla de responsabilidad y lucidez. Desde entonces, cuando veo tus textos, tus análisis y tus intervenciones públicas, lo hago con una mirada nueva. Y cuanto más los analizo, más evidente resulta que muchos de tus diagnósticos no solo eran certeros, sino premonitorios. Parece mentira que, pese a compartir toda una vida, hoy que ya no estás siga aprendiendo de ti.

Tú insistías en que “la salud no es una mercancía, sino un derecho fundamental”, una idea que hoy, en pleno avance de dinámicas privatizadoras, adquiere un sentido especialmente urgente. Lo decías porque sabías que la estructura de un sistema sanitario no es neutral, responde a decisiones políticas, a modelos de gestión y a intereses que, cuando no están bien alineados con el bien común, generan inequidad.

Mientras escribo estas líneas, también sigo con preocupación cómo continúa el sufrimiento en Palestina, aunque ya no sea noticia. Los bombardeos y asesinatos se suceden sin que la comunidad internacional detenga el genocidio, y pienso a menudo en cómo tú analizabas esta masacre desde la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Sé que te dolería profundamente ver cómo sigue creciendo una tragedia que afecta, sobre todo, a población civil indefensa, especialmente niñas y niños.

Hace unos días se fue, también, Robe Iniesta, de Extremoduro, otro placentino y uno de tus cantantes preferidos. Podría decir que, allí donde estés, a buen seguro os habéis encontrado para conversar sin imposturas, como solo saben hacerlo las voces honestas, mientras escribís nuevos versos, cuales poetas.

En el ámbito sanitario, en estos últimos meses han estallado casos que materializan todo aquello que la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), y tú de forma muy particular, veníamos señalando desde hace décadas. Las terribles consecuencias de la privatización de los cribados de cáncer, que estallaron en Andalucía y se han extendido por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP), y las grabaciones del Hospital de Torrejón en Madrid, donde directivos de Ribera Salud, empresa que gestiona el hospital bajo el modelo de concesión administrativa (gestión privada), discutían abiertamente estrategias para seleccionar pacientes según rentabilidad o aumentar listas de espera, constituyen una prueba empírica de cómo el ánimo de lucro altera la lógica del servicio público.

Nada de esto te habría sorprendido. Lo anticipaste cuando defendías que los mecanismos privados trasladados a lo público generan incentivos incompatibles con los valores del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tus argumentos siempre fueron claros al respecto y, como bien trasladabas, el aseguramiento universal es sostenible solo si se basa en planificación, control público y cohesión territorial. La evidencia internacional lo respalda, y tú insistías en ella mucho antes de que fuera políticamente oportuno reconocerlo, incluso cuando había quien miraba para otro lado.

El debate actual sobre una posible ley estatal que elimine la gestión privada del SNS, y que refuerce la transparencia y los controles públicos, es precisamente el tipo de avance regulatorio que llevabas pidiendo desde que comenzaste tu actividad en la FADSP. Es más, se trata de aquel documento de consulta previa al que ya hicimos alegaciones hace casi 20 meses, denominada “Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud”. 

Los datos, una vez más, han terminado dándote la razón: cuando la gestión se privatiza, la opacidad crece, se fragmenta la asistencia y se favorecen decisiones guiadas por el beneficio empresarial a costa de la salud de la población.

Si algo tengo claro este año es que te sentirías orgulloso de la continuidad del trabajo que impulsaste. Casi 45 años después de su creación, la FADSP no solo se mantiene activa, sino que sigue siendo un actor clave en el análisis de políticas sanitarias, en la denuncia de desigualdades territoriales, en la defensa de la Atención Primaria como pilar del sistema y el azote de las políticas privatizadoras.

Tu capacidad para unir rigor técnico con compromiso social es hoy una herencia organizativa. La metodología de los informes, la insistencia en la comparación territorial, la mirada crítica hacia la privatización, el uso de indicadores objetivos, todo ello forma parte del ADN de la Federación.

Y en cada debate que mantenemos, en cada posicionamiento público, aparece una frase tuya que se ha convertido casi en un principio rector: “El Sistema Nacional de Salud seguirá existiendo mientras haya personas dispuestas a defenderlo.”

No era un mensaje retórico, era un recordatorio sobre la dimensión política de lo común, un aviso sobre la necesidad de vigilancia democrática.

En este sentido, hemos impulsado la movilización social, consiguiendo que salieran a la calle cientos de miles de personas en todo el territorio, exigiendo la defensa de la sanidad pública, con especial hincapié en la Atención Primaria, y el fin de la privatización creciente.

No voy a fingir que la pérdida no pesa. Pero también sé que tu legado no es una parte del pasado, sino una estructura de pensamiento que nos sigue guiando. En lo personal, echo de menos muchísimos momentos y cosas, pero si me centro en este ámbito del que hablo, destaco tus argumentos precisos, tu ironía fina, tu humor negro y tu capacidad para desmontar una tesis con dos datos y una reflexión incómoda. En lo colectivo, echo de menos tu autoridad intelectual, que siempre ejerciste sin arrogancia y ahora es más necesaria si cabe.

Te escribo este artículo porque, aunque ya no pueda consultarte, sigo recurriendo a tu manera de analizar la realidad y, con ello, construir un argumento propio. La situación sanitaria de este país aún requiere una mirada crítica, firme y fundamentada, la misma que tú ejerciste con una coherencia que nunca se quebró. Y en ese sentido, continúas siendo el referente.

Seguiremos defendiendo lo que tú defendiste. Seguiremos organizándonos, porque, como te gustaba repetir parafraseando a Gramsci, continuamos luchando “con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad”. Si algo hemos aprendido es que no basta con tener razón; hay que trabajar para que la razón se convierta en realidad.

Y seguiremos haciéndolo desde la convicción de que una sanidad pública accesible, robusta, universal, equitativa y de calidad no solo es justa, sino eficiente y necesaria para una sociedad que quiere reconocerse a sí misma.

__________________________________

Sergio Fernández Ruiz es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y colaborador de la Fundación Alternativas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, rebajó este jueves la clasificación del cannabis para introducirlo en una categoría de drogas menos restrictiva de cara a facilitar la investigación con esta sustancia. Sin embargo, esta seguirá siendo ilegal a nivel federal en lo que se refiere a su uso recreativo, según ha informado EFE.

"Quiero recalcar que la orden (ejecutiva) que estoy a punto de firmar no legaliza la marihuana de ninguna manera, ni en ningún sentido, y de ninguna forma autoriza su uso como droga recreativa", dijo Trump en el acto de firma de la orden en la Casa Blanca.

La iniciativa firmada hoy saca a la marihuana de la categoría I de narcóticos, la misma clasificación que tiene la heroína, para situarla en la categoría III de drogas, la que tiene, por ejemplo, la ketamina.

La orden firmada por Trump también insta a la creación de un programa piloto para reembolsar a pacientes del programa de salud Medicare por la compra de productos elaborados con CBD, un compuesto del cannabis que no tiene propiedades psicoactivas.

En el acto celebrado en el Despacho Oval, Trump estuvo acompañado por profesionales oncológicos, pacientes de cáncer o representantes de la asociación de farmacias. El consumo recreativo de cannabis es legal en EEUU en 24 estados y en Washington DC, pero no a nivel federal. 

La ministra de Sanidad, Mónica García, consultará la semana próxima con los sindicatos del ámbito de negociación si retira el borrador del estatuto marco y, con ello, todas las mejoras que introduce para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), tal y como le ha exigido el PP, según EFE.

Así lo ha asegurado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que los consejeros del PP le han pedido que retire el texto que rechazan los representantes de la profesión médica y también las organizaciones que representan al resto de trabajadores del SNS.

"Sería una pena" retirarlo, ha dicho la ministra, quien ha admitido que lo más fácil habría sido dejar en el cajón la reforma de esta ley que lleva 22 años esperando y que va a seguir defendiendo "a capa y espada".

García ha enfatizado que hará todo lo posible para que llegue al Congreso, pero ha reconocido que el Ministerio no puede decidir "solo" y necesita "el apoyo de las comunidades y los sindicatos".

Por ello, el próximo lunes trasladará a las organizaciones del ámbito sanitario -CCOO, UGT, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde- la exigencia de los populares, que lo que implica es quedarse con el estatuto de 2003 y, con ello, renunciar a las mejoras que se han introducido, desde la reducción de guardias de 24 a 17 horas a las oposiciones cada dos años para acabar con la precariedad.

Respecto a las exigencias de los sindicatos médicos CESM y SMA de tener un estatuto propio para la profesión, García ha insistido en que ello supondría que todas las mejoras que se han negociado se apliquen solo a ellos y no al resto de trabajadores.

El estatuto propio de los médicos, ha reiterado, cabe dentro de un capítulo en el estatuto general y común, porque "los derechos y los deberes, las mejoras y las condiciones laborales mejoradas, les tienen que aplicar a todos los profesionales" y porque en el SNS se trabaja en equipos multidisciplinares. "No queremos fragmentar el sistema", ha zanjado.

Los sindicatos médicos (CESM y SMA) quieren además una mesa de negociación propia y exclusiva al margen de la de los del ámbito general; sobre ello, la ministra ha explicado que ya se les han dado todas las opciones posibles que permite la ley de ordenación de profesiones sanitarias para abrir un foro específico.

Más allá, Sanidad no puede "alterar el resultado de unas elecciones sindicales" que han elegido una representación en el ámbito de negociación.

Con todo, ha querido dejar claro que este no es el texto del estatuto marco del Ministerio de Sanidad, sino que es un borrador nacido de casi tres años de negociaciones en más de 60 reuniones con los sindicatos del ámbito y con los médicos convocantes de la huelga.

Más de 300 horas en las que se ha tratado "cada artículo" y "cada una de las propuestas" de las limitaciones que tiene cada una, "de si se invade o no se invade competencias, de si esto tiene que ir en otra ley, como la de seguridad social o las leyes de presupuestos, no solamente de los generales del Estado, sino de los de las diferentes comunidades".

Por otra parte, la ministra ha informado de que la semana próxima, entre el lunes y el miércoles, se publicarán las listas definitivas de admitidos a concurrir a las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), que se celebran el próximo mes de enero.

Además, se ha referido a las renuncias de este año de las plazas de atención primaria, que esta mañana la Sociedad Española de Médicos Generales (SEMG) ha cifrado en alrededor de 200.

Sobre ello, García ha indicado que el problema es que esas vacantes que los residentes de varios años abandonan "son difíciles de cubrir, porque ya está iniciado el proceso de formación", y que, una vez más dependen de las condiciones laborales en las que trabajan, que responden a "la planificación y los recursos humanos que pongan las diferentes comunidades autónomas".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió este lunes una recomendación en favor del uso de tres medicamentos análogos del GLP-1, concebidos originalmente para tratar la diabetes tipo 2, en pacientes con obesidad, una enfermedad que afecta a 1.000 millones de personas, cifra que podría duplicarse en apenas cinco años.

Se trata de tres medicamentos (semaglutida, liraglutida, tirzepatida) que imitan hormonas intestinales y que tiene el efecto de reducir el apetito, retardar el vaciado gástrico (hacen que la persona se sienta llena más tiempo) y mejorar la regulación de la glucosa, pero su uso para ayudar a la gente a perder peso ha sido polémico.

Entre las razones está que su uso masivo para adelgazar provocó escasez de estos productos para los pacientes diabéticos, al tiempo que surgió un debate ético sobre su utilización con fines estéticos y su elevado precio para los sistemas sanitarios nacionales.

Asimismo se han criticado estas terapias porque hay tendencia a recuperar gran parte del peso perdido si se deja el medicamento, lo que puede convertirlos en un tratamiento de uso crónico.

Frente a ello se encuentra la realidad de una crisis de obesidad, convertida en un problema mayor de salud y que la OMS asocia a 3,7 millones de muertes ocurridas en 2024, mientras que el costo que genera es exorbitante: serán 3.000 millones de dólares en 2030.

La obesidad, además, también es un factor de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer, y contribuye a empeorar los resultados de los pacientes con enfermedades infecciosas.

"Aunque la medicación por sí sola no resolverá esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir los daños asociados a ella", señaló el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En función de los datos recolectados en ensayos clínicos, la OMS decidió recomendar los análogos GLP-1 en adultos (mujeres embarazadas excluidas) para tratamientos de obesidad de larga duración, es decir seis meses o más.

No obstante, enfatizó que esta recomendación "es condicional" debido a la escasez de datos sobre su eficacia y seguridad a largo plazo, sus costes actuales, la preparación inadecuada del sistema sanitario y las posibles implicaciones en materia de equidad".

La organización también ha señalado que se pueden ofrecer intervenciones que incluyan una dieta saludable y actividad física a los adultos con obesidad a los que se hayan prescrito terapias con GLP-1, aunque la evidencia de que esto puede ayudar a mejorar los resultados del tratamiento es baja.

Asimismo, la guía de la OMS plantea el problema de un acceso desigual a las terapias con GLP-1 y de preparar los sistemas de salud para el uso de estos medicamentos.

"Sin políticas adecuadas, el acceso a estas terapias podría agravar las disparidades sanitarias existentes", reconoce la organización.

Incluso con una rápida expansión de la producción, se prevé que las terapias con GLP-1 lleguen a menos del 10% de las personas que podrían beneficiarse de ellas en 2030, por lo cual se plantean estrategias para mejorar el acceso, como compras conjuntas, precios escalonados o acuerdos para que las compañías que poseen las patentes autoricen a otras a fabricarlos y venderlos con el fin de bajar los precios.

El médico palestino Refaat Alathamna, recién evacuado a España con su mujer y sus seis hijos gracias a una campaña apoyada por personalidades del mundo de la cultura española y profesionales sanitarios, relató este miércoles en Madrid parte de su calvario durante la guerra en la Franja de Gaza.

"Ser médico y padre en Gaza es muy duro", relató Alathamna en una rueda de prensa en Madrid, donde aterrizó junto a su familia el 23 de noviembre procedente de Jordania tras un vuelo con escala en Catar.

Padre de seis hijos, entre ellos un bebé nacido en Jordania hace apenas un mes, Alathamna logró salir de Gaza tras más de año y medio de lucha, y más de diez desplazamientos internos por culpa de los bombardeos continuos.

Alathamna reiteró la importancia de las ayudas de la población civil, ya que “la mayoría de la gente que sobrevive en Gaza es gracias a ellos” porque el bloqueo que continúa ejerciendo Israel sobre la Franja no permite la entrada de la ayuda humanitaria necesaria.

“Lo más terrible es tener cinco niños y sentir la impotencia de no poder cuidarlos” por tener que salir todos los días a comprar agua y buscar baterías para conseguir luz cuando cayera la noche, contó en la rueda de prensa.

En su labor como médico, Alathamna tenía guardias a diario en las que llegaban decenas de heridos de golpe. “Los niños gritaban por sus padres, pero los padres habían muerto” explicó.

Además, relató las numerosas situaciones en las que tanto él como su familia estuvieron a pocos metros de misiles y bombardeos de los que se salvaron por cuestión de segundos. “Cayó un misil y mis hijos justo habían salido. Por suerte no estaban en el sitio exacto por pocos metros”, afirmó. A pesar del alto el fuego vigente, “el problema de Gaza no termina, el sufrimiento no ha acabado”, denunció.

Ahora quiere encontrar en España un nuevo hogar, empezar de cero y tratar de olvidar todo lo ocurrido durante la guerra. La campaña para sacar a Alathamna y su familia de Gaza la pusieron en marcha el pasado julio el director de cine Javier Fesser, la actriz Athenea Mata y la fundadora de la asociación sin ánimo de lucro "Hola Gaza", Lorena Santana.

En ella han colaborado más de 260 personalidades de la cultura española y profesionales sanitarios del país, así como los ministerios españoles de Asuntos Exteriores y de Ciencia, Innovación y Universidades, y los gobiernos de Bolivia y México, según sus organizadores.

Tras medio año de discusiones, polémicas y posturas opuestas, el pacto alcanzado entre la Xunta y los rectores de las tres universidades públicas gallegas cerró temporalmente el conflicto sobre la descentralización del grado de Medicina en Galicia, pero no el debate sobre la conveniencia de tener más facultades. Ricardo Cao, rector de la UDC e impulsor de la demanda de título propio desde el pasado mes de mayo, dejó claro que el pacto solo aplazaba su reclamación y siempre a expensas de que se cumpliese lo acordado, mientras que su homólogo en Vigo, Manuel Reigosa, advirtió de que se retrasaba una posible solicitud.

Cualquier incumplimiento del pacto o el impulso a otro proyecto privado de Medicina reactivaría la implantación de grado propio en A Coruña y Vigo. En el preacuerdo, la Xunta se compromete a no dar el visto bueno a ninguna otra proposición hasta, como mínimo, el curso 2028-29. Todo ello pese a que Alfonso Rueda reconoció este pasado martes que ya hubo “manifestaciones de interés” sobre esta titulación y otras por parte de iniciativas privadas, aunque “ninguna propuesta formal”. Al mismo tiempo, el anuncio de la universidad privada de Abanca de impartir Biomedicina en 2027 elevó aún más las dudas sobre un acuerdo respecto al cual los rectores mantienen todavía diferencias y que sigue sin firmarse.

Sea como fuere, y en el caso de que el acuerdo se cumpla sin problemas, Galicia se quedaría con una única facultad de Medicina hasta, como mínimo, 2029. Hasta entonces, serán varias las que se implanten en España, que duplicó el número de grados en las últimas dos décadas y es el Estado que cuenta con mayor número por habitante.

En 2026, Castilla y León abrirá dos facultades de Medicina más —en Burgos y en León— que se unirán a las ya existentes en Valladolid y Salamanca. Ambas son públicas, como las que se prevén en La Rioja y Teruel para el próximo curso. En el actual se estrenaron dos más privadas, la de la Universidad San Jorge en Zaragoza y la de la CEU Fernando III en Sevilla, y en el anterior la de Nebrija en Madrid, mientras que la primera promoción del grado de la Universidad de Huelva (de titularidad pública) acaba de comenzar su segundo curso.

En Mallorca se prevén dos más privadas en los próximos años, mientras que en Terrassa (Barcelona), la Universitat Politècnica de Catalunya ha aplazado por un tiempo el proyecto ya anunciado para un nuevo grado público.

En lo que afecta a Galicia, el debate tiene dos posiciones claras y hay datos que pueden avalar cualquiera de las dos posturas: la proliferación de facultades de Medicina en España es muy elevada, con alrededor de 60 y en aumento. Superaría con mucho las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a las que aluden los colegios médicos, de 0,5 facultades por cada millón de habitantes.

Pero el caso gallego es también único y una excepción en el Estado, al tener una sola facultad para una población que se aproxima a los tres millones de habitantes y con tres grandes hospitales y, también, porque hay muchas ciudades y provincias mucho más pequeñas con grado propio, así como diversas autonomías mucho menos habitadas con el mismo o mayor número de grados.

Además, la facultad de Medicina de la USC es la que cuenta con mayor número de alumnado en un único grado (403 plazas este año), una cifra a la que solo se acercan las de la Universitat Autònoma de Barcelona (385) o la de la Universidad de Sevilla (352). Cada curso, se registran en Galicia cerca de 4.000 solicitudes para entrar en la titulación de Santiago, entre ocho y diez solicitantes por plaza.

El argumento de la proliferación de títulos de Medicina en todas las comunidades autónomas es a menudo utilizado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, para oponerse a la preferencia de la Xunta o de la USC por una única facultad en Galicia.

“¿Por qué dice Rueda que lo mejor que le puede pasar a Galicia es mantener una única facultad con docencia descentralizada? ¿Y por qué es lo mejor? O sea, que en Catalunya se equivocaron porque hay muchas, en Madrid se equivocaron porque hay muchas, en Valencia se equivocaron porque hay muchas, en Andalucía se equivocaron… En todas partes se equivocaron salvo en Galicia”, dijo Caballero en una de sus últimas declaraciones sobre la polémica.

También recordó que Vigo es la mayor ciudad de España sin facultad de Medicina y cifró en 26 las “más pequeñas” que sí la tienen.

Los datos indican que, en la actualidad, solo cuatro comunidades autónomas, además de Galicia, cuentan con una única facultad de Medicina (Asturias, Extremadura, Cantabria y Illes Balears), todas ellas con una población notablemente inferior, ninguna por encima de 1,25 millones. La Rioja, la única autonomía que no tenía la titulación, la inaugurará el próximo curso, mientras que en las Illes Balears se prevén dos más (privadas) en pocos años.

Castilla y León, con 2,4 millones de habitantes, contará con cuatro facultades públicas de Medicina para el próximo curso, sumando más de 150 plazas a las 466 existentes en la actualidad. Son dos facultades más que en Castilla-La Mancha, que tiene en dos grados prácticamente la mitad de plazas que la USC. Euskadi y Navarra cuentan con sendas dos titulaciones (una privada y una pública), al igual que Aragón.

En el lado opuesto, Andalucía tiene ocho facultades en cada una de sus capitales provinciales y casi 1.400 plazas, además de otras alternativas privadas. Cataluña consta de seis facultades públicas con más de 1.100 plazas, además de tres grados de iniciativa privada.

Solo en tres comunidades el número de facultades privadas supera al de las públicas: Murcia, Comunitat Valenciana y Madrid. La autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso es, además, la única donde hay más plazas privadas que públicas en Medicina: el doble.

Por ciudades, son muchas las que cuentan con facultad de Medicina pese a no ser grandes urbes, como el caso de Girona, Reus, Lleida o Ciudad Real.

En total, en el conjunto de España para este curso 2025-26 hay algo más de 10.000 plazas para el estudio del grado universitario de Medicina en diferentes universidades, de las que 6.800 eran públicas.

Natalia Prego y Ángel Ruíz-Valdepeñas fundaron durante la pandemia Médicos por la Verdad, que hoy es ya una de las principales organizaciones negacionistas de España. Tanto Médicos por la Verdad como Prego y Ruíz-Valdepeñas se dedicaron a desinformar y difundir teorías de la conspiración durante los peores momentos del covid-19. Los dos eran doctores, pero él fue sancionado y ella no. ¿La principal diferencia entre ambos? Que cada uno estaba colegiado en una provincia distinta.

Los médicos en España necesitan estar colegiados para poder ejercer. Pero no existe un único colegio, sino que hay uno por provincia. En total, 52. Se agrupan en la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), pero cada colegio tiene potestad para tomar sus propias decisiones y marcar sus reglas y normas. Y las sanciones médicas no son una excepción.

Los colegios provinciales establecen su régimen disciplinario y se encargan de sancionar (o no) a los médicos que cometen alguna infracción. Los colegios son también quienes deciden qué consideran infracción y qué no, algo que suelen desarrollar en sus estatutos.

Esa autonomía de cada colegio provincial y la falta de transparencia que hay en España con las sanciones médicas generan una falta de control sobre las inhabilitaciones y suspensiones a doctores. Los problemas de coordinación son habituales. La sociedad no puede fiscalizar si los médicos sancionados están cumpliendo con las penalizaciones que se les han impuesto y ni siquiera el Ministerio de Sanidad tiene el listado completo de los médicos que tienen prohibido ejercer.

La investigación Bad Practice (Mala praxis en español), de la que forma parte infoLibre, ha revelado cómo más de 100 doctores tienen permiso para ejercer en algún país europeo tras haber sido inhabilitados en otro. Pero los mencionados desajustes en España provocan también situaciones como que haya médicos inhabilitados que han logrado saltarse la sanción y los controles dentro del territorio nacional, simplemente marchando a trabajar a otra provincia distinta de la que están colegiados.

Además, los criterios de un colegio de médicos y otro para sancionar pueden ser completamente distintos. Ruíz-Valdepeñas, como ya ha explicado infoLibre, fue inhabilitado durante seis años por el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) en 2021 por postular la negación de la pandemia y alentar a no cumplir con las medidas recomendadas para frenar el covid-19. El COMIB consideró que había tenido actitudes que suponían "un importante riesgo para la salud pública" —aunque la sanción ahora mismo está paralizada, después de que el facultativo la recurriera, a espera de decisión judicial—.

El propio colegio anunció esa suspensión temporal. El COMIB es una excepción en la opacidad española con las sanciones médicas, ya que el resto de colegios no acostumbra a publicar ni difundir el nombre de los médicos a los que sanciona. El colegio balear sí lo hace para las sanciones por infracciones graves. Pero cada colegio es autónomo y actúa según su propio criterio. De hecho, así lo demuestra la comparación entre los casos de Ruíz-Valdepeñas y Prego.

La doctora Natalia Prego está inscrita en el Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra (CMPONT). Su colegio también informó públicamente sobre su caso al inicio de 2021. El CMPONT difundió que había acordado remitir a la OMC - CGCOM el expediente abierto a Prego para que se resolviera a nivel estatal debido "al alcance y a la repercusión que en diferentes medios de comunicación nacionales y redes sociales han tenido las declaraciones [de la doctora]".

El CMPONT había abierto un expediente a Prego por realizar "declaraciones presuntamente negacionistas sobre el covid-19" y "poner en entredicho las distintas medidas de las autoridades sanitarias". Los motivos alegados eran los mismos que el COMIB con Ruíz-Valdepeñas. Pero Prego se salvó de la sanción.

La OMC - CGCOM concluyó que no tenía competencias sobre la posible infracción de Prego y que tenía que ser su colegio quien decidiera. El CMPONT, finalmente, no resolvió el expediente. Según ha explicado a infoLibre, porque "pasó la pandemia y el boom de todo este tema, así que fue perdiendo fuerza y quedó en nada". La decisión de la OMC de devolver el expediente al CMPONT y la del CMPONT de no resolverlo y no imponer ninguna sanción no fueron comunicadas públicamente.

Lo cierto es que la OMC - CGCOM no tiene competencias para sancionar a los médicos, que dependen de sus colegios provinciales. La organización estatal solo tiene potestad cuando los posibles infractores son miembros de las juntas directivas u órganos de gobierno de los distintos colegios. Los estatutos del Colegio de Médicos de Pontevedra tampoco recogen la posibilidad de derivar un expediente a la OMC. 

Prego y Ruíz-Valdepeñas, por su parte, siguen con sus labores en la actualidad. Ella sin haber sido sancionada y él a la espera de que la Justicia decida si la suspensión que le impuso el COMIB se convierte en firme. Prego está completamente volcada en Médicos por la Verdad. Ahora tienen en marcha una campaña de petición de donativos para convertir la organización en una fundación. 

Ambos médicos han seguido desinformando y difundiendo mensajes negacionistas. Ruíz-Valdepeñas, además, ofrece consultas por su propia cuenta con un amplio catálogo de pseudoterapias y supuesta medicina alternativa. El doctor ha sido incluso investigado por homicidio imprudente después de que falleciera un bebé en un parto que él mismo asistió en un domicilio particular.

Ruíz-Valdepeñas y Prego demuestran cómo las sanciones médicas en España dependen de la normativa, la forma de actuar y la predisposición que tenga cada colegio de médicos. De todos modos, aunque cada organización decida qué tipo de régimen disciplinario establece para sus propios colegiados, se apoyan en las líneas generales que marca la OMC - CGCOM en sus estatutos. Varios colegios parten de estos para redactar los suyos propios, incluido el apartado disciplinario. 

De hecho, los estatutos de las organizaciones provinciales están supeditados jurídicamente a los de la OMC. Aun así, cada colegio adapta, modifica, amplía o personaliza lo que considera. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Madrid recoge como una falta grave el impago "de dos o más trimestres de las cuotas colegiales". En cambio, los de Pontevedra, Barcelona o Valencia no recogen ningún tipo de falta similar.

Lo mismo sucede con mentir en el currículum. Mientras el Colegio de Médicos de Navarra, el de Baleares o el de Valencia consideran una falta grave que un doctor indique "una competencia o título que no se posee", otros, como el de Barcelona, el de Almería o el de Vizcaya, no recogen nada similar.

Eso sí, el Colegio de Médicos de Vizcaya aprobó unos nuevos estatutos en 2024 y su régimen disciplinario ahora va más allá que la mayoría en cuanto a la lucha contra el negacionismo y las pseudoterapias. Así, entre las faltas muy graves recoge "ofrecer prácticas inspiradas en el charlatanismo, carentes de base y autorización científica, que prometan a las y los pacientes, o a sus familiares, curaciones imposibles" o "proponer o aconsejar actuaciones contrarias a las recomendaciones médicas científicamente aceptadas".

A pesar de las diferencias en las faltas establecidas en unos estatutos y otros, muchos colegios recogen también fórmulas genéricas como "la infracción negligente de las normas deontológicas" —en el de Valencia— o "las simples irregularidades en la observación de la normativa profesional vigente" —en el de Navarra—. Ese tipo de indicaciones les permite sancionar por infracciones que no vengan recogidas de forma expresa en los estatutos. 

Luis Calvo, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Burgos y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Derecho Sanitario, explica a infoLibre que se hace para "poder sancionar otras cosas, sobre todo si están ya recogidas en el código deontológico". "Es lo que en derecho se conoce como tipificación por remisión y es algo habitual. Una norma, en este caso los estatutos, tipifica una infracción si te saltas otras normas. No hace falta llevarlo todo a los estatutos porque si no el régimen disciplinario sería una norma muy larga".

A este problema de que determinadas actuaciones solo sean consideradas como infracciones por algunos colegios, se suma la falta de transparencia en este asunto, como ya ha explicado infoLibre. En España no se puede saber quiénes son los médicos sancionados ni a qué colegio pertenecen. Por tanto, es imposible fiscalizar cuántas sanciones impone cada colegio, de qué tipo son o por qué motivos.

Esa falta de transparencia impide saber si hay colegios que no están poniendo sanciones o comprobar si hay médicos suspendidos o inhabilitados en nuestro país que han marchado al extranjero a trabajar. Pero esos fallos no solo se producen de cara al exterior. También pasa dentro de nuestras fronteras.

El traumatólogo Luis Santiago Mesa empezó a trabajar para el Servicio Canario de Salud en 2016. No hubo ningún problema con su contratación ni saltó ninguna alerta. Otro médico se dio cuenta de que Mesa, debido a una sentencia judicial, estaba inhabilitado desde 2012 hasta 2017 y denunció el caso. La Consejería de Sanidad de Canarias lo despidió, pero el médico llegó a trabajar durante 15 días en la sanidad pública de las islas a pesar de su inhabilitación.

Para evitar este tipo de casos las Administraciones disponen de acceso al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), que gestiona el Ministerio de Sanidad. Se creó a partir de un decreto ley de 2012. Debía estar operativo en 2018, pero no se cumplió con el plazo que marcaba la ley. De hecho, no llegó a abrirse a la ciudadanía hasta 2022 y, a día de hoy, aún hay problemas porque no tiene la información de todos los sanitarios ni de todas las comunidades autónomas, lo que ahonda en la falta de control de las sanciones médicas.

Las comunidades pueden ver en el sistema si un sanitario tiene alguna sanción, pero únicamente si esa información ha sido incluida. Al no estar completo, un caso como el de Mesa podría llegar a repetirse. De hecho, la Consejería de Sanidad madrileña denunció en declaraciones a infoLibre que el ministerio no pone a disposición de las comunidades "ningún registro ni ningún protocolo" que avise de si un doctor tiene una inhabilitación o sanción en España o en el extranjero. Esa es, precisamente, una de las finalidades del REPS, pero ni contiene todas las sanciones que se han impuesto en territorio nacional ni incluye las extranjeras. 

El propio ministerio ha reconocido en declaraciones a infoLibre que el registro aún se está implementando. La Comunidad de Madrid realizó esa queja cuando infoLibre le preguntó por el caso de la doctora Claudia Loren Martínez Higueros, que, a pesar de haber sido inhabilitada en Reino Unido tras equivocarse en dos operaciones y mentir para ocultarlo, ha podido trabajar posteriormente en la sanidad pública española —incluida la madrileña— sin problema.

Para la doctora Martínez Higueros no ha habido consecuencias en España. El Colegio de Médicos de Navarra, donde está registrada, no ha hecho nada al respecto. El organismo tampoco ha contestado a infoLibre, a pesar de que este medio lleva más de un mes contactándole y haciéndole llegar distintas consultas.

Para quien sí las ha habido es para el doctor Jorge Horacio Esbry. Este cirujano fue inhabilitado en Reino Unido, al igual que Martínez. Ambos siguieron trabajando en España tras esa sanción, tal y como ha revelado la investigación Bad Practice (Mala Praxis, en español), coordinada por OCCRP, The Times y VG, y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre.

La diferencia es que Esbry está colegiado en Alicante. El colegio de esa provincia ha decidido abrirle un expediente, remitir su caso a la Fiscalía y suspenderle de forma provisional mientras la Justicia se pronuncia al respecto. La intención es poder homologar su inhabilitación de Reino Unido en nuestro país para que aquí tampoco pueda seguir ejerciendo.

Pero lo que ha pasado con Esbry es una excepción. infoLibre ha desvelado varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que ejercen en España. Solo el Colegio de Médicos de Alicante ha tomado medidas y, por ello, Esbry es el único que ha tenido que afrontar consecuencias en nuestro país. De nuevo, cada colegio ha actuado según su propio criterio.

Más de 100 médicos han sido inhabilitados en España desde 2010 debido a lo que los colegios de médicos consideran faltas graves o muy graves. Así lo ha podido averiguar infoLibre tras varias solicitudes de acceso a la información pública. Estos datos nunca se habían publicado. Hasta ahora.

En nuestro país, ni la Organización Médica Colegial (OMC) - Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ni el Ministerio de Sanidad ni los colegios de médicos —hay uno por provincia— difunden las identidades de los facultativos inhabilitados. Hay alguna excepción, pero lo habitual es que estas sanciones se produzcan sin que ni siquiera la ciudadanía se entere. 

Ahora, la investigación Bad Practice (Mala praxis en español) revela, al menos, las cifras que maneja la OMC - CGCOM, que recopila la información de estas sanciones después de que se las notifiquen los colegios provinciales. Son 126 doctores los que han sido suspendidos en los últimos 15 años. ¿Pero quiénes son?

No hay respuesta. Ante las solicitudes de información que ha realizado infoLibre, al amparo de la ley de transparencia y en el marco de la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—, tanto la OMC - CGCOM como el Ministerio de Sanidad se han negado a hacer públicos sus nombres.

Hay una excepción, el Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB), que sí informa sobre los médicos a los que inhabilita. Pero esto no es lo habitual. La razón de los colegios de médicos para ocultar la identidad de los doctores sancionados es la protección de sus datos personales.

Los actores implicados en las inhabilitaciones son multitud: la OMC - CGCOM, el Ministerio de Sanidad, los colegios provinciales, las comunidades autónomas —que tienen las competencias de sanidad transferidas— o incluso la Justicia —que también puede decretar ese tipo de sanciones—. Pero, más allá de la OMC - CGCOM, ningún otro organismo agrupa todas las suspensiones que se imponen a los médicos en nuestro país, y mucho menos, publica la información. 

El Ministerio de Sanidad aseguraba a infoLibre el pasado mes de mayo que en ese momento solo tenía constancia en su registro de 14 facultativos inhabilitados. A la OMC - GCCOM le constan más de 100 desde 2010, pero eso no significa que todos sigan suspendidos. Esta operativa hace muy complicado saber cuántos doctores sancionados hay en España en un determinado momento, quiénes son y qué ha sido de ellos. La fiscalización, a diferencia de en otros países europeos, es casi tarea imposible.

A pesar de las trabas y la opacidad, infoLibre ha podido confirmar ya varios casos de médicos inhabilitados en Reino Unido que están ejerciendo en España. Pero encontrar casos a la inversa —facultativos inhabilitados en España que se han ido a atender a otros lugares— es más complicado por esa ocultación de su identidad.

En el caso de la excepción del COMIB, sus estatutos ya recogen que "las faltas graves serán sancionadas con amonestación pública". Otros colegios, como el de Madrid, el de Granada o la propia OMC, aunque estipulan que "en caso de sanción por falta muy grave que afecte al interés general se podrá dar publicidad" o fórmulas similares, no acostumbran a hacerlo.

En 2021, el COMIB suspendió al doctor Ángel Ruíz-Valdepeñas. En 2023, a la doctora Nadiya Papel. Ambos son célebres negacionistas. Ruíz-Valdepeñas fue dado de baja de colegiación durante seis años por negar el covid-19 en redes sociales y medios de comunicación y alentar a incumplir con las medidas sanitarias recomendadas durante la pandemia, entre otros motivos. "Ha promovido acciones contrarias a la evidencia científica, así como una inadecuada praxis profesional", resolvió el COMIB.

Papel, por su parte, también ha pronunciado declaraciones controvertidas sobre el coronavirus y contra las vacunas, pero fue expulsada del colegio por promocionar como soluciones médicas productos como "lejía, agua oxigenada o disolvente industrial" para pacientes con cáncer.

Pero más allá de excepciones como las inhabilitaciones del COMIB, pocos casos de médicos sancionados en España tienen nombre y apellido. ¿No existen doctores con infracciones tan graves como las de Ruíz-Valdepeñas y Papel? Sí. Entre el centenar de médicos inhabilitados seguramente habrá situaciones de igual, o incluso mayor, gravedad. Pero en la mayoría de casos no se puede saber quiénes son ni por qué fueron sancionados.

Los colegios de médicos establecen en sus estatutos el régimen disciplinario que imponen a sus colegiados. Normalmente recogen tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Entre las leves se encuentra, por ejemplo, no comunicar la información profesional de forma adecuada al colegio.

Entre las graves, infringir el secreto profesional, emitir informes faltando a la verdad o actuar indisciplinadamente respecto al colegio. Por último, entre las faltas muy graves está atentar contra la dignidad de los pacientes, desatender intencionadamente a los enfermos o cualquier conducta que pueda ser constitutiva de delito doloso —aquel cometido con conocimiento de causa—. 

Los médicos que han sido inhabilitados por los colegios son los que han cometido alguna falta grave o muy grave. Esos dos tipos de infracciones se sancionan, normalmente, con una inhabilitación temporal, conocida también como suspensión temporal del ejercicio profesional, que puede extenderse de unos meses a unos años. La inhabilitación permanente, conocida también como expulsión del colegio, se da, según recogen los estatutos de la mayoría de colegios provinciales, cuando hay una "reiteración en la comisión de faltas muy graves".

Pero no solo los colegios pueden suspender a un médico. También lo puede hacer la Justicia en los casos en los que sus acciones sean constitutivas de delito. Normalmente el tribunal que toma una decisión de este tipo lo notifica al colegio provincial donde el médico estaba registrado y ese colegio, a la OMC. Por tanto, esos casos también deben estar incluidos en la contabilización de la OMC - CGCOM. Sin embargo, en ocasiones también es complicado conocer cuáles han sido los doctores sancionados por la Justicia porque las sentencias en España se publican anonimizadas.

Los casos de inhabilitación contabilizados y recopilados por la OMC - CGCOM incluyen tanto las inhabilitaciones permanentes como las temporales. La organización no ha accedido a aclarar cuántos casos corresponden a cada tipo de sanción a pesar de que las solicitudes de infoLibre pedían ese desglose.

Pero no recoge solo 126 inhabilitaciones. En realidad, la OMC - CGCOM tiene contabilizadas casi medio millar. ¿Cuál es el problema? La forma de actuar del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) en 2012, que desvirtúa la estadística.

Ese año la OMC - CGCOM contabilizó 359 inhabilitaciones, cuando el promedio anual del resto de ejercicios es de ocho. 355 de las 359 corresponden al colegio de Madrid. En 2012, la doctora Sonia López Arribas fue escogida presidenta del ICOMEM. Tras ello, la organización inhabilitó a 355 médicos que no estaban al corriente de pagos.

Ahora, el ICOMEM ya no utiliza ese tipo de sanción, destinada a las infracciones más graves, para los médicos en situación de impago. Tampoco es una causa habitual de inhabilitación en los colegios de otras provincias. Por ello, para tener en cuenta únicamente las inhabilitaciones por infracciones médicas graves o muy graves, hay que descontar esos 355 casos. Lo que resulta en el dato de 126 doctores suspendidos desde 2010.

Sin contar 2012, el récord se dio en 2019, con 13 inhabilitaciones. En lo que va de 2025 se han decretado ocho. infoLibre ha podido conocer el dato de las inhabilitaciones del ICOMEM en 2012, pero para el resto de ejercicios se desconoce el desglose por colegios provinciales. La OMC - CGCOM no ha facilitado ese detalle, solicitado por este medio. La organización alega que informar de cuántos médicos han sido inhabilitados y desglosarlo para cada colegio provincial podría permitir que alguien identificara quiénes son y quedara, así, desprotegida su identidad.

Esa protección de los datos personales es la máxima de la mayoría de colegios de médicos y del propio ministerio. Pero no conocer quiénes son los médicos suspendidos también impide saber qué están haciendo a día de hoy: si realmente están cumpliendo con la sanción, si siguen ejerciendo pero en otro país, si han cambiado de profesión…

Bad Practice ha revelado que más de 100 doctores inhabilitados en algún país europeo cuentan a día de hoy con permiso para ejercer en otros Estados. Algunos de ellos fueron sancionados en el extranjero y ahora trabajan en España. Pero por esa falta de transparencia de las Administraciones españolas, no se ha podido comprobar si también hay médicos inhabilitados en nuestro país que han utilizado la misma treta y ejercen en otros lugares.

infoLibre ha preguntado al Ministerio de Sanidad si se plantea algún cambio normativo para que las sanciones a los doctores en España empiecen a ser públicas, igual que sucede en países como Reino Unido, Suecia o Noruega. El ministerio ha asegurado que ese cambio "requeriría una norma con rango de ley que estableciera expresamente los supuestos, finalidades, destinatarios y salvaguardas aplicables" de un posible registro de inhabilitaciones, pero no ha aclarado si tiene intención de llevarlo a cabo.

A pesar de esa posible necesidad de una ley, que, en cualquier caso, por lo menos serviría para reforzar la base legal para hacer públicas las inhabilitaciones, ya hay instituciones como el COMIB anunciando las sanciones más graves con la identificación del doctor afectado. El Colegio Oficial de Médicos de Baleares detalla a infoLibre que actúa de esta forma porque "es obligación del colegio velar no solo por la buena praxis médica, sino por el bien de toda la sociedad y de los ciudadanos".

"Nosotros entendemos que es importante decir quiénes son los médicos a los que se inhabilita para que se les pueda fiscalizar y la sociedad sepa quiénes son. Nuestros casos surgieron a raíz de la pandemia y hay una doctora que ha ido más allá con tratamientos con lejía para el cáncer. Eso afecta a los pacientes y a la sociedad. No podemos ocultarlo, es una realidad que está ahí y hay que denunciarlo", explica el COMIB.

"Allí donde es público quien incumple, y hablamos de infracciones graves, las cosas funcionan mejor. Es una de las mejores maneras de proteger y promover servicios de calidad. ¿Por qué nos sigue resultando tan difícil señalar a quien incumple?", reflexiona Joaquín Meseguer, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y experto en transparencia.

La publicación de las inhabilitaciones a doctores ayudaría a su fiscalización e incluso a evitar que se salten los controles y sigan ejerciendo. La publicidad de estas sanciones en Reino Unido ha permitido que Bad Practice e infoLibre revelaran que varios médicos inhabilitados en ese país ahora atienden a pacientes en España.

Del mismo modo, se han conocido casos de médicos inhabilitados en nuestro país que han seguido ejerciendo dentro de nuestras fronteras. Como el doctor mallorquín Mateu Verd Vallespir, que a pesar de estar inhabilitado por la Justicia por negligencia médica en una liposucción que acabó con el fallecimiento de la paciente, entre otros motivos, continuó con su desempeño profesional. Tal y como explicó el Diario de Mallorca, cuando ya estaba suspendido de colegiación, realizó una operación de cirugía estética a otra paciente que también falleció y fue detenido por ello.

Algo similar pasó con Ruíz-Valdepeñas. Su caso acabó en la Justicia, ya que recurrió la inhabilitación del COMIB. A día de hoy hay dos procesos penales abiertos al respecto y hasta que los tribunales decidan no se sabrá si la suspensión del colegio de médicos se convierte en firme, así que ha podido seguir ejerciendo. De hecho, ha asistido partos a domicilio. Uno de esos partos, en Ibiza, acabó con el fallecimiento del bebé. Por ello ha sido investigado por homicidio imprudente. 

Tanto en el caso de Ruíz-Valdepeñas como en el de Verd, la ciudadanía se enteró de que no se estaban cumpliendo las sanciones cuando hubo consecuencias fatales para los pacientes y su mala praxis llegó hasta la Justicia y saltó a la prensa. Pero, ¿qué están haciendo el resto de médicos inhabilitados? ¿Cuántos han seguido ejerciendo en España? ¿Alguno está colegiado en el extranjero y atiende a pacientes en otro país? No se puede saber.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha suspendido al doctor Jorge Horacio Esbry. Así lo ha confirmado el propio COMA ante las preguntas de infoLibre. El colegio le ha abierto un expediente disciplinario, ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante y le ha suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión médica al considerar "que se ha podido cometer un ilícito penal y una infracción del código deontológico y de los estatutos del COMA" al ejercer en España mientras pesaba sobre él una inhabilitación en Reino Unido.

infoLibre ha revelado durante las últimas semanas, en el marco de la investigación internacional Bad Practice (Mala praxis, en español), varios casos de médicos inhabilitados en el extranjero que no han tenido problema para seguir ejerciendo en España. Uno de ellos es Jorge Horacio Esbry, que, al menos por ahora, no podrá seguir haciéndolo.

El facultativo, de origen argentino, trabajaba para una clínica de Londres desde 2015. En 2017 atendió a una paciente a la que intentó besar. También le profirió improperios verbales con intención sexual y le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer —ella solo quería retirarse los que ya tenía—. Estas son solo algunas de las infracciones que quedaron probadas según el tribunal médico de Reino Unido que llevó el caso.

El tribunal, del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) —el organismo que se encarga de resolver cuando se encuentran indicios de mala praxis por parte de médicos— sentenció que Esbry había tenido conductas indebidas en tres categorías: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Así que se le inhabilitó y se le prohibió la colegiación en Reino Unido, por lo que Esbry no puede volver a trabajar en el país. "Imponerle una suspensión inmediata es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público", resolvió el tribunal que lo juzgó.

Esa sanción en Reino Unido data de 2020. Pero tras ella, Esbry, que ya estaba colegiado en España, siguió trabajando en nuestro país sin ningún problema. El doctor ha seguido ejerciendo como cirujano estético y reparador en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante hasta este mes de octubre, cuando se publica la investigación Bad Practice —coordinada por OCCRP, The Times y VG—.

El COMA ha comunicado ya a esas clínicas que Esbry está "suspendido provisionalmente para el ejercicio de la profesión" y que, por tanto, al menos hasta que se resuelva el caso, no puede volver a trabajar.

Además, el colegio le ha abierto un expediente disciplinario "por infracción del código deontológico y de los estatutos colegiales así como de la normativa legal" al haber seguido trabajando en España sin tener en cuenta que había sido inhabilitado en otro país.

El COMA también ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Alicante "por si los mismos revistiesen carácter penal, de fraude en el ejercicio de la profesión médica, a sabiendas de la suspensión que pesaba acordada por el Medical Practitioners Tribunal, incurriendo en un posible delito de intrusismo profesional u otro tipo delictivo".

Casos como el de Esbry se dan cuando los doctores sancionados en otro país ya estaban colegiados en España antes de ejercer en el extranjero. Para colegiarse en nuestro país, a los médicos se les pide un certificado de idoneidad expedido por el Estado en el que ejercían previamente, en el que se debe recoger que no tienen ninguna sanción. Sin ese documento un médico no puede colegiarse en España. Pero si ya estaba inscrito en un colegio de nuestro país y se marcha al extranjero sin darse de baja, a su vuelta nadie le va a pedir un certificado.

De todos modos, el Colegio de Médicos de Alicante, a diferencia de otros, está abierto a homologar ambas situaciones. Es decir: dado que un médico no puede colegiarse en España si está inhabilitado en otro país (ya que no se le expediría el certificado de idoneidad necesario), en el caso de que ya estuviera colegiado aquí y resultara suspendido en el extranjero, tampoco podría ejercer en España por no cumplir con los requisitos que se piden para poder inscribirse en un colegio.

Ahora, según lo que decida la Fiscalía –que tiene que resolver si lleva el caso a los tribunales o no–, la Justicia se podrá pronunciar al respecto. "Se mantendrá la suspensión temporal hasta que Fiscalía diga si presenta denuncia en el juzgado o no. El expediente sancionador [del colegio], mientras, queda suspendido por si hay una causa penal", explica el COMA a infoLibre.

En 2011 un juzgado de Alicante resolvió sobre un caso similar. El COMA había expulsado del colegio a un médico por haber sido inhabilitado en Alemania por la Justicia de ese país. El facultativo reclamó ante los tribunales españoles, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante dio la razón al colegio de médicos y la inhabilitación se homologó en nuestro país. Según el juez, el médico, tal y como interpreta el COMA para estos casos, había "dejado de ser idóneo, según la normativa vigente en España, para desempeñar la profesión médica en nuestro país".

En el caso de que sobre Esbry no haya causa judicial porque la Fiscalía no vea indicios de delito y no presente denuncia, será cuando el propio Colegio de Médicos de Alicante resuelva internamente a través del expediente disciplinario que ha abierto y se encuentra suspendido. En cualquier caso, durante todo ese proceso el doctor tiene prohibido ejercer como médico debido a la suspensión provisional que ha decretado la junta directiva del COMA de forma unánime.

infoLibre ha intentado recabar también la versión de Esbry, pero este ha declinado hacer declaraciones. Este medio contactó con el doctor por primera vez el pasado 19 de septiembre. Más de un mes después, no ha dado respuesta a ninguna de las preguntas que se le han hecho llegar.

El caso de Esbry es el primero revelado por Bad Practice e infoLibre en España en el que se toman medidas. Este medio ha informado también sobre otros tres doctores inhabilitados en Reino Unido que han seguido trabajando en España. Se trata de Juan Ruiz Alconero, Ramón Martos Martínez y Claudia Lorena Martínez Higueros, que están colegiados en Madrid, Almería y Navarra, respectivamente.

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) respondió a infoLibre sobre el caso de Ruiz Alconero: "(...) el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España". Añadió que "no se ha adoptado ni se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor".

Los colegios de Almería y Navarra, por su parte, no han respondido a las preguntas de infoLibre, a pesar de que este medio contactó con ambas instituciones por primera vez el pasado 30 de septiembre.

En todo caso, los colegios deberían haber sabido de la existencia de estas sanciones a sus médicos antes de la publicación de la investigación de infoLibre y OCCRP. Existe un mecanismo, llamado Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), a través del cual los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) lanzan alertas cuando sancionan a algún facultativo.

En España esas alertas llegan al Ministerio de Sanidad, que luego las remite a la Organización Médica Colegial (OMC) y al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). Tras ese aviso, la OMC - CGCOM informa a los colegios provinciales de médicos.

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante explica a infoLibre que, de hecho, no ha actuado antes en el caso de Esbry porque hubo un problema con la alerta sobre este doctor en 2020. Reino Unido mandó un aviso al IMI cuando se suspendió a Esbry el 7 de marzo de 2020. El COMA recibió la notificación por parte de la OMC - CGCOM, aunque sin copia de la resolución del tribunal británico, pero fue "en los días previos a la aprobación del estado de alarma [...] y debido a la excepcionalidad coyuntural derivada del covid-19, impidió la puesta en marcha de los mecanismos de verificación y tramitación de sanciones internacionales".

El colegio, además, explica que tras conocer el caso de Esbry por la publicación de la investigación Bad Practice, "ha procedido a verificar si existe algún otro caso como el de este doctor [entre los colegiados en Alicante], sin que se haya constatado ninguna otra incidencia". De nuevo, a infoLibre no le consta que otros colegios hayan hecho esa misma revisión, ni tampoco la OMC - CGCOM o el Ministerio de Sanidad.

Cuando se está en una “guerra cultural”, como denominan las posiciones conservadoras a la transformación social a favor de la Igualdad que lleva años avanzando, no es de extrañar que a la más mínima ocasión recurran a su artillería para intentar debilitar a quienes consideran su enemigo. Y en estas lides, sin duda, como buena legionaria y acostumbrada a las trincheras, Isabel Díaz Ayuso es la primera en disparar.

La mentira directa, los bulos a partir de trozos de realidad y la desinformación al distorsionar y retorcer la comunicación son las principales armas de esta guerra, para que después la tropa de las redes siga disparando y la difunda por todos lados.

Estos días hemos visto de forma clara esta estrategia y a su protagonista.

1.   Ha utilizado la mentira al decir que el lehendakari la amenazó usando la fórmula que empleaban los entornos de ETA, y no ha dudado en señalar en un programa de máxima audiencia que Imanol Pradales dijo: “Ayuso entzun, 'pim, pam, pum'". La situación es tan surrealista que fue muy fácil comprobar que lo que en realidad dijo Pradales fue, “Ayuso entzun, Euskadi euskaldun”, o sea, “Ayuso escucha, Euskadi habla euskera”.

2.   Por otro lado, ha retorcido la realidad para desinformar sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sin dudar en atacar a las mujeres que se encuentran en esa situación, al tiempo que ha hablado de “lista negra” para referirse al registro donde el médico o la médica que lo decida puede inscribirse al objetar razones de conciencia para practicar una interrupción del embarazo. Su manipulación política queda demostrada al comprobar que nadie entiende que un registro secreto regulado por una ley, en el que conste la decisión de no desarrollar determinadas actuaciones profesionales por el conflicto que ocasionan con sus ideas, creencias o valores, pueda ser una “lista negra”. No hay nada de oscuridad en ese proceso, todo lo contrario, lo que hay es mucha luz, transparencia y libertad para actuar en conciencia. “Lista negra” es la lista de espera de las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo y no pueden, y a las que ella les dice que vayan a hacerlo fuera del “Madrid de la libertad”. Y quizás, según insinúan sus palabras y la propuesta lanzada por Núñez Feijóo para que el registro sea de quienes realizan la IVE, también sea una “lista negra” quienes formen parte de ella.

3.   Y en tercer lugar, se ha actualizado el bulo sobre el caso judicial de su pareja cuando hemos conocido las declaraciones de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ante el Tribunal Supremo reconociendo que la información sobre el pacto de la Fiscalía con su novio, el ciudadano Alberto González Amador, no era tal, sino la consecuencia de su “pelo blanco y de sus años en política”.

El problema es grave en cualquier circunstancia, pero mucho más cuando se tiene el Boletín de la Comunidad de Madrid a su disposición y todas las estructuras institucionales democráticas para pervertir su uso en contra de una parte de la sociedad a la que se debe por responsabilidad.

No es un juego ni un error, sino una estrategia para rentabilizar el daño y hacer caja con los medios que crean, difunden y potencian los bulos y desinformaciones, pues nada se repite más que una mentira necesaria.

Una cosa es el interés legítimo para que otros proyectos políticos y modelos no logren vencer y desarrollar sus propuestas, y otra cosa cuando ese otro proyecto es presentado como un ataque y una amenaza para intentar imponer su modelo de sociedad, no con los instrumentos democráticos de la información, sino con elementos antidemocráticos como la mentira, los bulos y la desinformación.

Que la base de la democracia, que es el conocimiento de la realidad para que la sociedad se pueda posicionar ante ella y decidir con el voto a qué proyecto apoya, sea manipulada desde determinados partidos políticos y medios de comunicación es inadmisible y una clara demostración del “pim, pam, pum” que muchos quieren imponer sabiéndose vencedores en el río revuelto de la desinformación, porque siempre tendrán cerca las orillas de la cultura y su normalidad conservadora y androcéntrica, para nadar hasta ellas cuando las aguas agitadas hagan caer a la gente de la nave del progreso o la vuelquen completamente.

Es lo que hemos visto estos días con las mentiras, bulos y desinformaciones de la presidenta Díaz Ayuso, a pesar de contar con mayoría absoluta, una situación que a priori le permitiría centrarse en la gestión de los problemas que tienen todos los madrileños y madrileñas. Pero ya hemos visto que no quiere eso, que solo busca una política para la parte de la ciudadanía que piensa como ella; para el resto, como les ha dicho a las mujeres que deciden abortar, que se vayan a otro lugar.

_____________________

Miguel Lorente Acosta es médico y profesor en la Universidad de Granada y fue Delegado del Gobierno para la Violencia de Género.

Más de un centenar de médicos inhabilitados en países europeos tras haber incurrido en conductas indebidas siguen teniendo licencias o permisos para trabajar en otros lugares. Es una de las principales conclusiones de la investigación Bad Practice (Mala praxis, en español), que ahonda en cómo decenas de doctores se saltan los controles en el continente para ejercer en un país distinto del que han sido sancionados.

La investigación, coordinada por OCCRP, The Times y VG, y llevada a cabo por 50 medios entre los que se encuentra infoLibre, revela también que entre esos médicos sancionados hay doctores que a día de hoy están habilitados para ejercer en España. Además, al menos tres de ellos siguen ejerciendo en nuestro país sin ningún tipo de problema. Los tres fueron inhabilitados en Reino Unido por infracciones como mala praxis clínica o comportamientos y comentarios sexuales hacia sus pacientes, pero ahora atienden y visitan a pacientes en clínicas españolas.

A pesar de la falta de transparencia que hay en nuestro país con los datos de los médicos habilitados para ejercer y los de los sancionados que no pueden trabajar, infoLibre ha podido confirmar varios casos de doctores a los que se les ha prohibido ejercer la medicina en otro país europeo pero a los que ningún tipo de control les ha impedido tener licencia en España. Los tres facultativos que siguen ejerciendo aun estando inhabilitados son Jorge Horacio Esbry, Ramón Martos y Juan Ruiz Alconero.

Todos trabajaban anteriormente en Reino Unido. Allí es un procedimiento habitual que sea un tribunal médico del Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS) quien resuelva cuando hay quejas o indicios de conducta indebida por parte de doctores. Los tribunales que juzgaron a los tres fueron claros en cada caso.

"La conducta del doctor es fundamentalmente incompatible con continuar habilitado", sentenció uno de esos tribunales sobre Ruiz Alconero. "Imponerle una suspensión inmediata [de la profesión] es necesario para proteger a los ciudadanos y al interés público, debido a la gravedad de su conducta indebida", resolvió otro respecto a Jorge Horacio Esbry. "Resulta necesario inhabilitarle para el ejercicio profesional a fin de proteger la confianza pública en la profesión médica y promover los estándares adecuados de conducta de sus miembros", sentenció el tercer tribunal sobre el caso del doctor Martos.

El MPTS no tuvo dudas en el caso del doctor Ruiz Alconero. Este médico, licenciado por la Universidad de Alcalá de Henares, lleva toda su carrera dedicado a realizar trasplantes e injertos capilares. Al menos entre 2016 y 2017 trabajó en la clínica KSL Hair, situada en Glasgow (Escocia) y conocida por operar a los jugadores del Celtic y del Rangers —los dos clubes de fútbol más importantes de la ciudad—, que la promocionaban en redes sociales. 

Pero este centro médico también se hizo famoso en Reino Unido por las quejas de muchos de sus pacientes, que han denunciado múltiples operaciones fallidas. El cirujano capilar español operaba en esa clínica sin haber visitado ni visto en persona a sus clientes antes de la intervención y sin estar habilitado como médico en el Reino Unido. A veces tampoco atendía a los pacientes después de la operación, a pesar del necesario postoperatorio en una intervención de este tipo, y ni siquiera se encargaba de darles el alta. 

Otra de las infracciones que quedó probada, según el tribunal médico, es que en algunas ocasiones había permitido a asistentes o técnicos sin la preparación necesaria llevar a cabo ciertas partes del procedimiento que debería haber ejecutado él como cirujano, como inyectar la anestesia local, extirpar injertos, extraer folículos o realizar incisiones a los pacientes. Llegó incluso a abandonar la sala de operaciones durante algún trasplante y, por tanto, no solo no continuó él con la intervención sino que dejó de supervisarla.

Por todo ello, el MPTS se explayó en su sentencia: "El Tribunal considera que la deshonestidad acreditada del Dr. Ruiz Alconero dañaría la confianza de la sociedad en la profesión si no se declarara su inhabilitación para el ejercicio profesional. Asimismo, sus fallos en la atención clínica ponen a los pacientes en riesgo de sufrir daños. El Tribunal entiende que una persona razonable y debidamente informada de los hechos se alarmaría ante la actuación descrita. A la vista de los hechos probados y de la gravedad de la conducta indebida, el Tribunal concluye que es necesaria una declaración de inhabilitación para promover y mantener los estándares de conducta propios de la profesión médica".

A pesar de ello, a Ruiz Alconero no le ha ido mal. Ahora ejerce en España, donde tiene su propia clínica en el madrileño barrio de Chamberí: Capilae. Además, aparece citado como experto capilar en distintos medios de comunicación y participa en seminarios y congresos sobre el tema. En su perfil de LinkedIn se promociona con la siguiente afirmación: "Toda la cirugía al completo realizada por mí mismo. Nadie más toca la cabeza de mis pacientes más que el médico [sic]". Las frases chocan totalmente con lo que resolvió el tribunal de Reino Unido.

infoLibre ha contactado por diversas vías con su clínica en Madrid, pero han declinado hacer declaraciones. El Colegio Oficial de Médicos de Madrid, donde está colegiado Ruiz Alconero, ha asegurado ante las preguntas de infoLibre que "el hecho de haber sido sancionado en Reino Unido no implica que, con motivo de esa sanción, deba ser inhabilitado en España".

Y, por chocante que pueda parecer, la legislación vigente en España avala la afirmación del Colegio. Para colegiarse en España, a los médicos se les pide certificar que no tienen sanciones en el país en el que ejercían antes. El problema se suele producir cuando se colegiaron en España, luego se fueron a trabajar a otro país, fueron inhabilitados allí y después regresaron. Es lo que pasó con Ruiz Alconero, que se colegió en Madrid en 1999 y en Reino Unido en 2017 —a pesar de que trabajaba en Escocia, sin poder hacerlo, al menos desde 2016—. Al estar ya colegiado aquí cuando Reino Unido lo sancionó, no le supuso un problema volver a ejercer en España.

El Colegio madrileño también asegura a infoLibre que Ruiz Alconero "no ha sido sancionado disciplinariamente nunca" por su parte y que en el momento de la inhabilitación en Reino Unido, la Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) –que agrupan y coordinan a los colegios de médicos provinciales–, les informó de que "se había procedido a la suspensión del registro del Dr. Ruiz Alconero [en ese país] sin especificar la causa". "A este colegio no le consta ninguna otra información sobre la suspensión de este registro", añaden, a pesar de que la sentencia del tribunal médico inglés es pública. 

El Colegio afirma, además, que "la suspensión [en Reino Unido] puede ser debida a múltiples causas, sobre todo administrativas". Pero no fue ese el motivo de la inhabilitación de Ruiz Alconero, como ya le había indicado infoLibre. De hecho, según la sentencia, quedó demostrado que el doctor tuvo conductas indebidas en tres categorías distintas: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y ejercicio de la profesión sin habilitación. 

Que haya respuesta del Colegio madrileño, más allá de reconocer que no han investigado el caso de uno de sus médicos pese a haber sido sancionado en otro país, es una excepción. El organismo asegura no saber por qué se sancionó a Ruiz Alconero y que "no se plantea ninguna medida disciplinaria contra este doctor ya que no se ha objetivado ninguna causa para ello", pero al menos ha respondido a las cuestiones de infoLibre. 

No sucede igual con el Ministerio de Sanidad y con la OMC - CGCOM, que se niegan a aclarar nada sobre los casos específicos de estos tres doctores. Ambos citan la protección de datos personales como la razón que les impide hablar sobre los médicos inhabilitados. El ministerio alega también que las sanciones a los doctores en España son confidenciales, a pesar de que Ruiz Alconero, al igual que Esbry y Martos, fue penalizado en Reino Unido, donde se da completa publicidad a este tipo de infracciones y a las sentencias sobre los casos.

Uno de los problemas en España es esa confidencialidad de las sanciones. Aquí no se publica a qué médicos se ha inhabilitado o impuesto algún tipo de castigo. Además, tanto el ministerio como la OMC - CGCOM se han negado a facilitar esta información ante múltiples solicitudes de información realizadas por infoLibre al amparo de la ley de transparencia. La protección de los datos personales de los médicos inhabilitados pasa por encima del interés público y la protección de la salud de los ciudadanos. Por tanto, ¿se puede pedir cita con un médico en nuestro país y que resulte que ha sido sancionado? Sí, podría pasar, y lo más probable es que el paciente no lo supiera.

Eso es, precisamente, lo que muy posiblemente haya ocurrido con la mayoría de los pacientes que ha atendido el doctor Jorge Horacio Esbry en Alicante y Murcia durante los últimos años. Fue inhabilitado en 2020 en Reino Unido, como ya ha explicado infoLibre, pero ejerce sin problemas en clínicas de esas dos provincias desde entonces.

Con Esbry, al igual que con Ruiz Alconero, el MPTS encontró conductas indebidas en tres categorías. En su caso, en las de actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual. Todo se remonta a una paciente que Esbry operó en una clínica de Londres en 2017. Le practicó una extracción de implantes mamarios, una mastopexia —la cirugía estética para levantar y remodelar el pecho— y una liposucción.

Entre otras infracciones recogidas en la sentencia, el doctor la intentó besar; le profirió improperios verbales con intención sexual como que "debería ser el primer hombre en probarlos [en relación a los pechos]"; le puso unos nuevos implantes mamarios en contra de la voluntad de la mujer, que solo quería retirarse los que ya tenía; y la engañó asegurando que los nuevos no eran de alto perfil —un tipo de implante mamario que hace sobresalir más del pecho y tiene una forma más redonda— cuando sí lo eran.

A pesar de todo ello, Esbry sigue trabajando y atendiendo a pacientes en al menos tres clínicas privadas de Murcia y Alicante, según infoLibre ha podido confirmar. 

La clínica Mejórate, ubicada en Montesinos (Alicante), dice no saber nada sobre la sanción británica, pero asegura que estudiará el caso para tomar una decisión. Las otras dos no han contestado a las preguntas de este medio. Una de ellas es la clínica Praxis, en El Campello (Alicante), especializada en pseudociencias y supuestas terapias de medicina alternativa como la cromoterapia o la aromaterapia. Esbry ejerce en ella a pesar de ser cirujano estético y reparador, una ocupación que no tiene nada que ver con la actividad de dicho centro. Praxis pertenece al doctor alemán Miguel Corty, que fue candidato de Vox a la alcaldía de su municipio.

El doctor Esbry ha declinado realizar declaraciones para esta investigación. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante, en el que está registrado, en cambio, ha asegurado a infoLibre que no tenía conocimiento del caso hasta este momento pero que ahora "ha procedido a investigar y averiguarlo". La OMC - CGCOM ha declinado, como para el resto de casos concretos, hacer valoraciones, pero ha asegurado que informó al Colegio Oficial de Médicos de Alicante, igual que al resto de colegios provinciales, de la inhabilitación de Esbry en Reino Unido después de que el Ministerio de Sanidad —a quien le llega la información a través del Sistema IMI— se lo transmitiera.

Si el Colegio Oficial de Médicos de Alicante efectivamente acaba investigando a Esbry, algo que aún debe terminar de oficializarse, se trataría de la única investigación en España para los casos de médicos inhabilitados en otros países revelados por Bad Practice. 

No sucede igual en otros lugares. De hecho, mientras el ministerio español no quiere hablar de los casos de Ruiz, Esbry y Martos, en otros Estados las instituciones se han mostrado preocupadas, incluso públicamente, sobre doctores en situaciones similares que han acabado ejerciendo en su país. 

El secretario de Salud y Seguridad Social del Reino Unido, Wes Streeting, ha solicitado una "aclaración urgente" al General Medical Council (GMC), el organismo que regula la profesión médica en Reino Unido, sobre los doctores inhabilitados que Bad Practice ha revelado en ese territorio.

En Noruega la situación ha ido incluso más allá. El ministro de Salud y Servicios Asistenciales, Jean Christian Vestre, ha anunciado que propondrá a los países de la Unión Europea y a los Estados nórdicos la creación de un registro de doctores a nivel europeo.

"Estos errores no deberían haber ocurrido y es positivo que la Autoridad Sanitaria Noruega se tome el asunto en serio y haya adoptado medidas inmediatas para solucionarlo. Pero también es importante contar con medidas a largo plazo para evitar que esto vuelva a ocurrir", ha declarado a VG, medio coordinador de Bad Practice. La investigación transnacional ha revelado una veintena de casos de doctores inhabilitados o sancionados en otros países que actualmente ejercen en Noruega.

El registro propuesto por el Gobierno noruego podría ayudar a que no se produjeran este tipo de casos. Además, si fuera acompañado de un sistema europeo en el que las habilitaciones y las sanciones se compartieran entre los distintos Estados, cuando un médico fuera inhabilitado en un país, directamente pasaría a tener prohibido ejercer también en el resto del continente.

Así, casos como el de Ruiz Alconero o Esbry no sucederían. Tampoco el del doctor Ramón Martos Martínez, que a pesar de tener prohibido el ejercicio en Reino Unido desde 2021, sigue colegiado en Almería y tiene su propia consulta privada en esa capital andaluza. 

Él, a diferencia de Esbry y Ruiz Alconero, se personó ante el tribunal médico inglés para que no le quitaran la licencia. Y, aunque incluso admitió algunas de las conductas indebidas, la decisión del tribunal fue clara: "La conducta del Dr. Martos quedó tan por debajo de los estándares razonablemente esperables de un médico, que constituye una conducta indebida grave". Por ello, se procedió a su inhabilitación. 

El doctor trabajaba en distintos hospitales ingleses y tenía también su propia consulta privada en el país. A pesar de que, a diferencia de Esbry y Ruiz, él no tuvo conductas indebidas en su praxis clínica, el tribunal demostró que había primado sus propios intereses por encima de los de sus pacientes en diversas ocasiones y que había mentido presumiendo de cargos que no tenía y al presentarse a una oferta de trabajo.

En dos ocasiones propuso a sus pacientes que fueran a visitarlo a su consulta privada para obtener un diagnóstico o unos resultados más rápidos que si esperaban a las citas y tiempos del hospital público en el que los atendía. Según el tribunal, los casos no requerían de una mayor urgencia y el doctor, aún así, intentó que se pasaran por su clínica privada poniendo "su propio interés financiero por delante de los intereses de sus pacientes en un acto deplorable y de grave conducta indebida". "El doctor Martos repetidamente actuó de forma deshonesta en pro de sus propios intereses", añade la sentencia.

Por otro lado, el facultativo se describió a sí mismo como Fellow of the American College of Cardiology (FACC) y Fellow of the Royal College of Physicians of London (FRCP) en los membretes y documentos oficiales de un hospital en el que trabajaba y de su clínica privada, así como en diversas webs médicas. En realidad, no era fellow [miembro] de ninguna de las dos asociaciones, por lo que, de nuevo, se le encontró responsable de una conducta indebida, que, además, según el tribunal, le podría haber beneficiado de cara a su ejercicio privado para conseguir más pacientes.

Esa situación ya había sido investigada por uno de los hospitales en los que trabajaba antes de que el MPTS decidiera sobre su inhabilitación. Entonces, solo se abordó su uso de las siglas del FACC, pero él no comentó que había hecho lo mismo con las del FRCP. Del mismo modo, falsificó el historial de un paciente en la carta a otro doctor para inducir a error en la citada investigación interna, según resolvió luego el tribunal médico del MPTS.

Tras todo ese proceso, Martos fue despedido y se presentó a una oferta de otro centro asegurando que buscaba trabajar "en un hospital universitario con un departamento de cardiología más dinámico". Ocultó que le habían expulsado del anterior puesto y que estaba siendo investigado por conducta indebida.

Ni el doctor ni el Colegio Oficial de Médicos de Almería han contestado a las preguntas de infoLibre sobre el caso. El Colegio, eso sí, intercedió por Martos en 2021 enviando una carta al tribunal médico inglés en la que aseguraba que no había problemas con su trabajo en España y apuntaba que aquí "no es necesario ni habitual que los especialistas acrediten o consignen" la membresía (fellowship) a ese tipo de organizaciones. Aún así, la sentencia recuerda que eso no es motivo para el uso interesado de unas atribuciones inexistentes, y más al tener en cuenta que el doctor había ejercido en el Reino Unido durante varios años

El Grupo HLA, para el que trabaja Martos en Almería a día de hoy, sí ha dado respuesta a las preguntas de infoLibre, pero únicamente ha indicado que forma parte de su plantilla porque "está colegiado en el Colegio Oficial de Médicos de Almería y cumple con las titulaciones y los requisitos legales necesarios para ejercer la profesión médica en España", sin entrar a valorar su sanción en Reino Unido ni aclarar si la conocían antes de las revelaciones de Bad Practice.

"Aunque no estés contenta con tus pechos, yo creo que son preciosos y, de hecho, deberías tapártelos, porque, al fin y al cabo, soy un hombre". Eso le dijo el doctor Jorge Horacio Esbry a una paciente en una consulta postoperatoria cuatro meses después de haberle realizado una extracción de implantes mamarios, una mastopexia —la cirugía estética para levantar y remodelar el pecho— y una liposucción en una clínica de Londres.

"Debería ser el primer hombre en probarlos", le dijo también. Esas afirmaciones quedaron probadas por un tribunal médico en Reino Unido, que juzgó el caso tras recibir la queja de la propia paciente. Desde entonces, en enero de 2020, el doctor Esbry está inhabilitado en Reino Unido y ya no puede ejercer en el país. El tribunal resolvió que Esbry había tenido conductas indebidas en tres categorías: actuaciones clínicas, prácticas deshonestas y comportamiento de carácter sexual.

Pero eso no quiere decir que ya no trabaje. Esbry sigue ejerciendo, visitando a pacientes y operando en España. El doctor está registrado en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante y trabaja para distintas clínicas privadas en esa provincia y en la vecina Murcia. Así lo ha podido confirmar infoLibre, aunque él no ha contestado a las preguntas que este medio le ha hecho llegar. 

El caso de Esbry no es una excepción. La investigación Bad Practice (Mala praxis, en español), realizada por 50 medios de comunicación de 45 países, entre los que se encuentra infoLibre, demuestra que más de 100 médicos que han sido inhabilitados o a quienes se les ha prohibido ejercer la medicina en uno o más países siguen contando con licencias o permisos a día de hoy para trabajar en otros lugares.

Esta investigación transnacional, coordinada por OCCRP —consorcio de investigación periodística del que es socio infoLibre—, The Times y VG, ha contabilizado y confirmado multitud de casos de este tipo por toda Europa y países cercanos. Aun así, debido a la falta de transparencia y el oscurantismo sobre el tema en Estados como España, todo apunta a que se trata solo de la punta del iceberg. 

Los más de 100 casos ya permiten localizar doctores con faltas graves que están en esa situación. Entre otras: agresiones sexuales, operaciones e intervenciones no solicitadas o tratamientos médicos fallidos. La mayoría no solo siguen habilitados para trabajar en otra jurisdicción, sino que continúan ejerciendo y atendiendo a otros pacientes. Así lo han podido confirmar para la mayoría de casos los periodistas de los 50 medios que han trabajado en Bad Practice. 

Esta situación se produce con el propio Jorge Horacio Esbry. infoLibre contactó con tres clínicas privadas de municipios alicantinos y murcianos a finales de septiembre. Las tres permitían concertar cita con el doctor, que ejerce como médico estético y cirujano estético y reparador.

La historia de Esbry en Reino Unido pivotó alrededor del trato a la paciente a la que le había lanzado los improperios, que, según sentenció el tribunal médico, tenían "motivación sexual". Pero el doctor no solo cometió esa falta. Según quedó demostrado en la resolución, también la tocó en ciertas zonas sin su consentimiento y la intentó besar. 

Además, tras extraerle los implantes mamarios que llevaba, le puso unos nuevos de reemplazo, algo que hizo en contra de la voluntad de la mujer. Esos implantes no eran necesarios para el resultado estético que se esperaba de la operación y engañó a la paciente asegurándole que no eran de alto perfil —un tipo de implante mamario que sobresale más del pecho y tiene una forma más redonda— cuando sí lo eran.

Estas son solo algunas de las faltas que quedaron demostradas en el tribunal médico y que llevaron a la inhabilitación de Esbry. Desde entonces, a decisión del tribunal, ya no está registrado como médico ante el General Medical Council (GMC), el organismo que regula la profesión médica en Reino Unido, por lo que no puede ejercer en el país.

El doctor, de origen argentino, pasó entonces a trabajar únicamente en España. Esbry ya estaba colegiado en nuestro país con anterioridad, lo que le sirvió para poder seguir desarrollando su actividad como médico. Se trata de una práctica habitual entre los médicos investigados en Bad Practice. Muchos de los que están inhabilitados en alguna jurisdicción siguen ejerciendo gracias a que ya estaban colegiados en otro lugar. 

También hay casos en los que obtienen la licencia en otro país tras haber sido inhabilitados en el que estaban ejerciendo, pero esto no es tan sencillo que ocurra —y, de hecho, no debería suceder— porque para colegiarse la mayoría de países europeos exigen a los médicos un certificado de idoneidad. Ese documento es expedido por la autoridad médica del país donde ya han trabajado o ya están colegiados para acreditar que un doctor es apto para ejercer y no tiene sanciones.

Entre los casos analizados hay infracciones de todo tipo. Incluso algunas muy severas, como las agresiones sexuales. Es el caso del doctor rumano Iuliu Stan o el del alemán Bernhard Scheja. 

Stan trabajaba como médico residente en el Royal Cornwall Hospital, en el suroeste de Inglaterra. Según resolvió un tribunal médico —al igual que con Esbry, ya que es un procedimiento habitual en Reino Unido—, abusó sistemáticamente de niños y hombres jóvenes cuando trabajó en ese centro entre 2015 y 2020. 

El tribunal encontró probado que Stan sometió a pacientes a "procedimientos innecesarios, invasivos e íntimos para su propia gratificación sexual". El doctor había suministrado analgésicos y laxantes por vía rectal 277 veces a pacientes hombres en los cinco años que estuvo en el Royal Cornwall. A mujeres, solo en una ocasión.

El médico ha negado a Public Record, medio rumano que ha participado en Bad Practice, que hubiera abusado sexualmente de sus pacientes en el Reino Unido, pero el tribunal médico no tuvo duda y lo inhabilitó el año pasado. En cualquier caso, Stan ya había vuelto a Rumanía en 2021. Allí trabaja en el Hospital de Urgencias del Condado de Cluj.

Su caso ha sido cubierto en la prensa rumana, pero más allá de eso no ha habido repercusiones en su país natal y se le permite ejercer. "No tenemos ninguna investigación que llevar a cabo aquí sobre lo que ocurrió hace no sé cuánto tiempo en el Reino Unido", ha asegurado a OCCRP el director del organismo regional que supervisa a los médicos en el condado de Cluj, Ion Cosmin Puia. 

Por su parte, Bernhard Scheja fue sancionado con la inhabilitación profesional de por vida en Suiza en 2023 por agredir sexualmente a una paciente de 18 años que había acudido a la consulta privada donde trabajaba por un resfriado. Según determinó un tribunal suizo, el doctor le realizó un examen vaginal innecesario sin darle una explicación adecuada y sin utilizar guantes. La paciente únicamente quería un justificante médico del constipado para poder entregarlo en su trabajo.

El doctor fue condenado por agresión sexual y se le impuso también una pena de prisión de 15 meses, aunque se suspendió su entrada a la cárcel. Actualmente es internista en otro centro médico privado. Ahora en Düsseldorf, Alemania. 

Ni Scheja ni la clínica para la que trabaja han contestado a las preguntas de Bad Practice. En cambio, el Gobierno del distrito de Düsseldorf, responsable de su licencia médica, ha asegurado a OCCRP que va a investigar inmediatamente el caso y que no había sido informado de su condena en Suiza.

Los países de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) cuentan con un sistema de intercambio de información para lanzar alertas ante este tipo de casos y estar enterados de las inhabilitaciones y sanciones en otros lugares. Pero Suiza no forma parte de la UE ni de la EEE y no participa del mismo.

A pesar de ello, el mecanismo, llamado Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), tampoco funciona como debería en muchos de los países que tienen acceso al mismo. De hecho, los Estados miembros están obligados a enviar alertas a través del IMI sobre las suspensiones y prohibiciones de médicos y otros profesionales, pero Bad Practice ha podido comprobar, tras obtener datos de la Comisión Europea a través de diversas solicitudes de acceso, que hay países que apenas lo usan y algunos, incluso, no han mandado alertas a través del mismo en ninguna ocasión.

Entre los casos que han llevado a la inhabilitación de médicos son frecuentes las malas praxis clínicas, como realizar diagnósticos incorrectos o pautar tratamientos inadecuados. Incluso ha habido situaciones de negligencias médicas más graves.

El doctor alemán Jerlan Omarchanov, licenciado en Kazajistán, trabajaba en un hospital en Noruega y realizó importantes intervenciones quirúrgicas ortopédicas sin ser especialista ni tener suficiente experiencia, según la junta de salud noruega que le retiró la licencia para ejercer en el país en 2021.

En una ocasión, un paciente al que operó dos veces, desarrolló úlceras y una sospecha de sepsis, lo que provocó que finalmente se le tuviera que amputar la parte inferior de la pierna. A pesar de las urgentes advertencias de Noruega —las autoridades sanitarias del país informaron incluso a la embajada de Alemania en Oslo—, Omarchanov está habilitado actualmente en su país natal y trabaja en una clínica en la ciudad de Markdorf.

Algo similar pasó con el doctor Simon Moskofian. Fue inhabilitado en Suecia por incompetencia grave en diciembre de 2021, después de que la junta nacional de salud determinara que carecía de conocimientos básicos en áreas médicas fundamentales y que sus investigaciones médicas eran "inadecuadas de forma sistemática".

La junta resolvió que no había documentado sus procedimientos y que había administrado medicamentos de forma inadecuada a, al menos, 14 pacientes. Uno de ellos sufrió un colapso pulmonar doble después de que Moskofian le administrara incorrectamente inyecciones de cortisona para el dolor artrítico cuando trabajaba en un centro de salud en el suroeste de Suecia. "Expuso al paciente a un peligro evidente de muerte", concluyó la junta. 

Tras la decisión sueca, en 2022 Noruega también le retiró la licencia que tenía para ejercer en el país. Pero Moskofian está habilitado como médico en Chipre y trabaja en una clínica del país desde 2019. Las autoridades chipriotas no han aclarado a Bad Practice si ya eran conocedoras de esas sanciones, pero han asegurado haber abierto una investigación sobre el doctor.

Chipre es uno de los países que iniciará alguna investigación interna tras ser contactado y preguntado por los hallazgos de la investigación Bad Practice. Ha pasado igual con autoridades de Reino Unido, Alemania y Noruega.

En España, infoLibre ha confirmado varios casos de médicos inhabilitados en otros Estados, sobre todo en Reino Unido, que ejercen en nuestro país. La única autoridad que ha asegurado que indagará sobre alguno de ellos es el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, que ha confirmado que "ha procedido a investigar y averiguar el caso del doctor Esbry".

La Organización Médica Colegial (OMC) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), que agrupan y coordinan a los colegios de médicos provinciales, y el Ministerio de Sanidad, en cambio, no han querido valorar los casos concretos detectados por infoLibre y Bad Practice escudándose en la protección de los datos personales de los médicos inhabilitados y la confidencialidad de esas sanciones en nuestro país.

La protección de datos personales es un motivo alegado por muchos de los países investigados en Bad Practice. Tanto para no comentar sobre médicos inhabilitados que siguen ejerciendo como para no hacer público el listado de doctores que han sido sancionados.

Esta traba, que se produce en países como España, pero también en Francia, Grecia o Italia, impide saber qué médicos han sido inhabilitados en esa jurisdicción. Por tanto, es imposible rastrear qué ha sido de ellos y conocer si están trabajando a día de hoy. Ese es uno de los principales motivos por los que los resultados de Bad Practice son solo la punta del iceberg. 

Muy probablemente, a día de hoy los médicos que tienen permiso para trabajar en un país europeo tras haber sido inhabilitados en otro sean más que el centenar que ha conseguido comprobar esta investigación.

Los 50 medios que han participado en Bad Practice han intentado obtener los datos, por un lado, de los médicos con permiso para ejercer y, por otro, de los doctores inhabilitados o con sanciones por mala praxis en 49 países europeos o cercanos al continente. Con esa información, la idea era cruzar los datos y poder comprobar qué médicos siguen trabajando en Europa aún teniendo alguna inhabilitación.

A pesar de la importancia de esta información para el interés público y la protección sanitaria de los ciudadanos, solo siete países hacían directamente pública la información de a qué médicos sancionaban o inhabilitaban. Por ello, los medios del resto de Estados la solicitaron utilizando sus respectivas leyes de transparencia. Solo otros nueve accedieron a entregar información.

Aun así, gracias a esos datos y a los obtenidos sobre los médicos habilitados para ejercer en cada país, OCCRP creó una base de datos, central en en esta investigación, con más de 2,5 millones de registros. En ella se han unido bases de datos de doctores que ya eran públicas junto a la información conseguida vía ley de transparencia y alguna de otras fuentes, como registros judiciales o noticias de medios de comunicación. 

La base de datos contiene tanto registros de doctores habilitados o con permiso para trabajar como de doctores inhabilitados o con sanciones. Así, se han podido cruzar los distintos registros para buscar médicos coincidentes y poder investigar esos casos.

Entre ellos constan varios de médicos que, al igual que el doctor Esbry, tras haber sido inhabilitados en el extranjero, actualmente ejercen en España o al menos tienen licencia para ello. Posiblemente, en España también habrá más casos que los que ha podido comprobar por ahora esta investigación.

Ni el Ministerio de Sanidad ni la OMC - CGCOM publican siquiera de forma abierta y reutilizable la lista de todos los médicos habilitados para ejercer en nuestro país. Únicamente ponen a disposición de la ciudadanía un buscador que permite consultar la información de doctores concretos a través de parámetros como su nombre o su número de colegiado, pero no es posible consultar el listado completo con todos los doctores. Esto dificulta poder fiscalizar quién está ejerciendo en España y conocer si los médicos pueden tener una inhabilitación previa.

Además, tanto el Ministerio de Sanidad como la OMC - CGCOM se han negado a facilitar a infoLibre el listado de médicos inhabilitados en nuestro país, a pesar de las múltiples solicitudes de información realizadas por este medio al amparo de la ley de transparencia. Desde 2010 se han decretado 481 inhabilitaciones permanentes o temporales en España. ¿Quiénes eran esos doctores? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Se han ido a trabajar a otros países? No se puede saber.

Un estudio internacional ha demostrado que un análisis de sangre basado en el biomarcador p-tau217 permite identificar de forma eficaz a personas sin deterioro cognitivo, pero con acumulación de beta amiloide, una de las principales alteraciones cerebrales características del mal de Alzheimer.

El estudio ha sido liderado por la Universidad de Lund (Suecia), con participación del Barcelonaβeta Brain Research Center (BBRC), centro de investigación de la Fundación Pasqual Maragall.

La investigación, publicada en la revista JAMA Neurology, a la que ha tenido acceso EFE, ha contado también con la participación del Hospital de Sant Pau y 12 cohortes independientes de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, ha informado la Fundación Pasqual Maragall.

Detectar la enfermedad de Alzheimer en sus fases más tempranas es clave para poder aplicar estrategias preventivas y optimizar los nuevos tratamientos que actúan sobre las proteínas que causan la enfermedad.

Una de estas proteínas es la beta amiloide, cuya acumulación es una señal de que una persona sufrirá alzhéimer, incluso antes de que se expresen los síntomas.

Los investigadores han estudiado muestras de 2.916 participantes sin síntomas de deterioro cognitivo, entre ellos 395 adultos cognitivamente sanos de la cohorte ALFA+, que forma parte del estudio ALFA del BBRC, impulsado por la Fundación "la Caixa”.

En esta muestras se ha estudiado el biomp-tau217 en plasma, que es un elemento que se puede ver en una analítica (un biomarcador) y que ha demostrado que indica acumulación de beta amiloide en el cerebro

Concretamente, el trabajo muestra que la detección de p-tau217 en plasma ofrece una precisión del 81 % para identificar correctamente la positividad de beta amiloide.

Además, cuando se combina con una segunda prueba de confirmación (un escáner PET o análisis de líquido cefalorraquídeo), la precisión aumenta hasta el 91 %.

"Estos resultados refuerzan la utilidad del análisis de sangre con p-tau217 como herramienta de cribado inicial en personas sin síntomas, especialmente en un momento en que los ensayos clínicos y los tratamientos modificadores de la enfermedad requieren identificar casos muy iniciales", ha explicado la autora principal del estudio, Gemma Salvadó, investigadora principal del grupo de Neuroimagen en el BBRC.

Los biomarcadores en sangre, como el p-tau217, representan una alternativa más accesible y escalable frente a pruebas invasivas como la punción lumbar o costosas como la tomografía por emisión de positrones (PET).

En este estudio, se evaluó el diagnóstico en dos pasos: primero un cribado inicial con el biomarcador plasmático p-tau217 y posteriormente, en los casos necesarios, una confirmación con PET o análisis de líquido cefalorraquídeo.

Este enfoque permitió reducir en más de un 40 % la realización de estas pruebas invasivas y costosas en comparación con un procedimiento que prescinde del cribado en sangre, sin comprometer la fiabilidad diagnóstica, según los autores del estudio.

El ensayo clínico internacional 'Reboot' ha demostrado que los betabloqueantes, los fármacos que desde hace cuarenta años se prescriben tras un infarto de miocardio, no solo no aportan beneficio alguno a los pacientes de infartos no complicados sino que, además, elevan el riesgo de muerte o reinfarto en las mujeres.

'Reboot', coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en colaboración con el Instituto Mario Negri de Milán (Italia), se puso en marcha hace cinco años para determinar si los betabloqueantes prescritos de por vida eran necesarios para los infartos en los que no había disminuido la contracción del corazón (infartos no complicados).

Aunque el tratamiento consigue reducir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad para mejorar el flujo de sangre a las arterias, presenta efectos secundarios como fatiga, astenia o disfunción sexual.

Los autores del ensayo, en el que participaron más de 8.500 pacientes de 109 hospitales de España e Italia, han publicado los resultados en las revistas 'The New England Journal of Medicine' y 'The Lancet', y los presentan hoy en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología que se celebra en Madrid.

Divididos en dos grupos aleatorios, tras el alta hospitalaria, los participantes del ensayo recibieron (o no) betabloqueantes. Tras una media de seguimiento de cuatro años, los investigadores no encontraron diferencias significativas en las tasas de mortalidad, reinfarto o ingreso por insuficiencia cardiaca entre los que habían tomado los fármacos y los que no

"Reboot va a cambiar el tratamiento en estos casos en todo el mundo, ya que hasta ahora más de un 80% de los pacientes con este tipo de infarto no complicado son dados de alta con tratamiento con betabloqueantes", asegura Borja Ibáñez, investigador principal del estudio, director científico del CNIC y jefe de grupo en el CIBER de enfermedades cardiovasculares (CIBERCV).

Además, en un metaanálisis con otros ensayos más pequeños, confirmaron que los betabloqueantes solo reducen significativamente el riesgo de muerte, infarto recurrente o insuficiencia cardíaca en los pacientes que tras un infarto presentan una función contráctil cardíaca moderadamente reducida.

Cada año, más de 2 millones de personas sufren un infarto en Europa, unos 70.000 en España. Hasta ahora, más del 80% de los pacientes recibían el alta con un tratamiento con betabloqueantes, una práctica que este ensayo pone en cuestión.

"Estos hallazgos serán la base para el tratamiento futuro del infarto de miocardio y provocarán un cambio radical en las guías de práctica clínica", destaca Ibáñez, autor principal del metaanálisis.

Reboot también ha revelado notables diferencias entre sexos: mientras que los hombres no experimentaron ningún beneficio ni riesgo al ser tratados con betabloqueantes, las mujeres que tomaron estos fármacos tuvieron un aumento significativo del riesgo de muerte, reinfarto u hospitalización por insuficiencia cardíaca en comparación con las mujeres que no los tomaban.

Además, las mujeres tratadas con betabloqueantes tenían un riesgo absoluto de mortalidad un 2,7 % mayor que las que no fueron tratadas con betabloqueantes durante los 3,7 años de seguimiento del estudio.

Otro hallazgo importante del ensayo Reboot es que las mujeres que presentaban infarto tenían un perfil cardiovascular peor. Eran mayores, tenían más comorbilidades (incluida una mayor prevalencia de hipertensión, diabetes y dislipidemia) y sufrían con mayor frecuencia infartos sin obstrucción de las arterias coronarias (6 % frente al 2 % en los hombres).

Cabe destacar que, en general, las mujeres tenían un pronóstico significativamente peor que los hombres (la mortalidad a lo largo del estudio fue del 4,3 % en las mujeres frente al 3,6 % en los hombres).

Para Xavier Rosselló, científico del CNIC, cardiólogo del Hospital Universitario Son Espases de Mallorca y uno de los responsables del ensayo, estos hallazgos ponen de manifiesto que “en muchos casos, recetar betabloqueantes a mujeres tras un infarto sin complicaciones puede ser más perjudicial que beneficioso. Los médicos deben sopesar cuidadosamente los riesgos y los beneficios, y considerar ajustes de dosis o terapias alternativas al tratar a pacientes mujeres", añade .

Valentín Fuster, director general del CNIC, presidente del Mount Sinai Fuster Heart Hospital subraya que “aunque sabíamos que la presentación de las enfermedades cardiovasculares es diferente en mujeres y hombres, este estudio contribuye significativamente a este conocimiento al demostrar que la respuesta a los medicamentos no es necesariamente igual en mujeres y hombres. Este estudio debería impulsar el tan necesario enfoque específico por sexo para las enfermedades cardiovasculares".

El primer trasplante de pulmón de un cerdo genéticamente modificado a una persona en muerte cerebral se mantuvo viable y funcional nueve días, aunque con signos de daño y rechazo. Una operación que muestra la posible viabilidad del procedimiento pese a que hay que superar retos importantes, según informa EFE. 

El xenotrasplante corrió a cargo de un equipo liderado por investigadores chinos del Hospital Universitario de Guangzhou, que describen el procedimiento en un estudio publicado en Nature Medicine. 

Estudios previos demostraron la viabilidad de trasplantar riñones, corazones e hígados de cerdos modificados a seres humanos, pero los pulmones presenta retos distintos debido a su complejidad anatómica y fisiológica. 

El trasplante se realizó a una persona de 39 años declarada en muerte cerebral tras una hemorragia en el cerebro. El cerdo fue sometido la edición de seis genes mediante la herramienta CRISPR para eliminar los antígenos que podrían activar el sistema inmunitario humano.

El equipo, que trasplantó solo el pulmón izquierdo del cerdo y la persona conservó el derecho, supervisó el funcionamiento del órgano y la respuesta del sistema inmunitario humano.

El órgano mantuvo su viabilidad y funcionalidad durante las 216 horas (nueve días) que duró el periodo de seguimiento, sin signos de rechazo hiperagudo (inmediato) o infección, “superando las barreras clave que históricamente han limitado el xenotrasplante pulmonar, señala el artículo.  

Sin embargo, se observaron signos de daño pulmonar a las 24 horas, en concreto un edema grave similar a la disfunción primaria del injerto, “posiblemente debido a una lesión por isquemia-reperfusión”, un daño causado cuando el suministro de sangre vuelve al tejido después de un período de falta de oxígeno. 

El paciente estuvo sometido a un fuerte tratamiento de inmunosupresión y esteroides en dosis crecientes, con ajustes realizados durante el período posoperatorio basados en evaluaciones del estado inmunitario.

El rechazo mediado por anticuerpos “pareció contribuir al daño del xenoinjerto” en los días tres y seis después de la operación, con una recuperación parcial en el día nueve, escriben los investigadores.

Aunque el estudio “demuestra la viabilidad” del xenotrasplante de pulmón de cerdo a humano, los autores reconocen que siguen existiendo “retos importantes” relacionados con el rechazo de órganos y las infecciones, y son necesarios más estudios preclínicos antes de la traducción clínica de este procedimiento.

Un reto clave en el xenotrasplante de pulmón es el elevado riesgo de infección, dado que la interfaz directa de este órgano con el aire ambiente aumenta la susceptibilidad a los patógenos ambientales.

Además, la aparición temprana del edema pulmonar subraya la importancia de prevenir la disfunción primaria del injerto en futuros trasplantes pulmonares xenogénicos.

El estudio, según sus autores, proporciona información crucial sobre las barreras inmunitarias, fisiológicas y genéticas que deben superarse, y allana el camino para futuras innovaciones en este campo.

El fundador de la Organización Nacional de Trasplantes en España, Rafael Matesanz, que no participó en el procedimiento, señaló que “aparte de demostrar que se puede hacer, son más las incógnitas que se plantean que las respuestas que se derivan de este estudio”. 

El investigador apuntó que al conservar el paciente uno de su pulmones en buen estado, “la valoración de la evolución funcional del injerto es complicada". En todo caso, consideró que habrá que seguir profundizando en esta línea de investigación, indicó a Science Media Centre, una plataforma de recursos científicos dirigida a periodistas.

“La posibilidad de que se consiga una buena evolución de uno de estos pulmones en un enfermo, con una supervivencia aceptable, se antoja lejana y, desde luego, bastante más complicada que en el caso del riñón o del hígado”.

Este primer xenotrasplante de pulmón, dijo, “entreabre una pequeña puerta más en el mundo del xenotrasplante, pero con bastantes más dudas que certezas”.